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“Con los impuestos de todos financiamos los privilegios de unos pocos”. Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CC OO Madrid, resume así el proceso de escolarización para el curso que viene. Un curso en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha multiplicado por diez el dinero en becas que se dará a los alumnas y alumnos que se salgan de la escuela pública en Bachillerato. Al mismo tiempo, y según los datos recabados por CC OO, en todas las zonas educativas se recortarán 233 aulas en la pública, lo que supone la supresión de 3.600 plazas en Primaria y más de 2.600 en Secundaria. Un total de 6.200 plazas menos, lo que acarrea además una pérdida de 395 docentes: 144 en Primaria y 89,5 en Secundaria.
“A la vez que se suprimen unidades en todas las enseñanzas, pocos días antes del proceso de escolarización, se difunde la ampliación de las mal llamadas becas en centros privados para cursar Bachillerato. Son políticas educativas claras. Manipulan la oferta de la enseñanza pública antes del proceso de escolarización, hacen actuaciones que promueven e incentiva a las familias el uso de escuelas privadas. Estamos en una comunidad donde el gobierno de Díaz Ayuso ha decidido que quiere minimizar la oferta pública y aumentar la privada”, asegura Galvín en rueda de prensa, en la que han presentado el resultado de sus indagaciones sobre el total de aulas públicas que desaparecerán, después de recabar el 92% de datos de todos los colegios de la red pública madrileña.
Este año las becas para Bachillerato serán para el alumnado que entre en la privada y se invertirá un total de 43,5 millones de euros
Las becas para Bachillerato, que arrancaron durante el curso 2019/2020, supusieron la concesión de 4,5 millones para alumnos y alumnas de Bachillerato que decidieran irse a la concertada durante el curso pasado. Este año serán para el alumnado que entre en la privada y se invertirán un total de 43,5 millones de euros. “La concertada se les queda corta y dan un salto a la escuela privada. Esto rompe el consenso constitucional, que se desarrolló en la primera ley orgánica de educación tras la Constitución. El gobierno de España debería reflexionar, porque si en Madrid se está haciendo esto es que algo falla”, avisa Galvín.
Dinero para familias pudientes
Así las cosas, el pasado 19 de abril, dos días antes del inicio del proceso de escolarización, la Consejería de Educación anunciaba que las becas de Bachillerato para el alumnado que acude a centros privados pasarán de los 2.861 beneficiarios actuales a 15.130 y su cuantía, ahora de hasta 3.000 euros, también crecerá un 25% durante la próxima convocatoria.
Esto significa que una familia de cuatro miembros tiene que ganar menos de 143.652 euros al año, es decir, familias que ganan más de 100.000 euros pueden optar a estas ayudas
Para poder solicitar estas becas, la Consejería pone un límite máximo de renta per cápita de 35.913 euros para cada familia. Esto significa que una familia de cuatro miembros tiene que ganar menos de 143.652 euros al año, es decir, familias que ganan más de 100.000 euros pueden optar a estas ayudas.
Para Galvín, además de constituirse como un método para transvasar dinero público a la privada, más que ayudas a la educación son ayudas fiscales para las clases pudientes. “Estas ayudas, que se dan en centros cuyas matrículas rondan los 6.000 y hasta 10.000 euros anuales, son un incentivo fiscal. En Madrid hay una preocupación porque los que más tengan paguen menos y esto ayuda. Las familias se pueden desgravar las matriculas realizadas en la privada y además les damos una compensación“, se queja la portavoz de CC OO.
Y todo esto en una comunidad en la que la financiación a la educación está a la cola de España, siendo del 2,7% del PIB. “Y también a la cola de Europa, donde países de nuestro entorno están en el 7%. Con los impuestos de todos financiamos los privilegios de unos pocos”, insiste Galvín, quien espera que la situación se reconduzca.
¿Libertad de elección?
“La libertad de elección es uno de los buques insignias del PP desde Esperanza Aguirre, la que promovió la libertad de centro”, añade Eugenia Alcántara Miralles, inspectora de Educación. Sin embargo, y tal y como se constata con estas medidas, estamos ante una libertad “muy sui géneris”. Desde luego, no para las familias que eligen la pública, tal y como denuncia Alcántara, quien avisa de que CC OO ha judicializado la situación.
“Hay unos 60 centros en los que estimamos que hacía falta abrir una unidad más y en junio no se abrieron. Se está incumpliendo el decreto de libre elección de centro porque no se están teniendo en cuenta las preferencias de las familias”
Tal y como explica esta inspectora de Educación, el decreto de libertad de elección de centro 29/2013 obliga a la consejería a tener en cuenta para reorganizar la oferta educativa las preferencias manifestadas por las familias en los procesos anteriores. “Tenemos judicializado la rectificación con respecto a lo elegido por las familias en Madrid capital en el curso pasado. Hay unos 60 centros en los que estimamos que hacía falta abrir una unidad más y en junio no se abrieron. Se está incumpliendo el decreto porque no se están teniendo en cuenta las preferencias de las familias. No solo no se han ofertado esas unidades sino que se han cerrado más”, se queja.
Y desde este sindicato estarán vigilantes durante el curso 2022/2023 para ver como evoluciona la situación. “En este curso, cuando salgan las resoluciones de cada centro educativo, iremos contrastando y viendo donde ya en el curso pasado no se abrieron pese a la demanda e impugnaremos. Se vulnera el derecho a las familias a elegir centro y estaremos tras ello”, concluye.
