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miércoles, 28 de abril de 2021

Solo Turquía segrega más a su alumnado pobre que la Comunidad de Madrid en toda la OCDE (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

 Reproducimos esta información de ELDIARIO.ES



Un informe de Save the Children y Esade asegura que "las políticas educativas juegan un papel esencial en la segregación escolar" y señalan los elementos que caracterizan las políticas educativas madrileñas; España es el tercer país más segregador entre los desarrollados pese a que hay regiones, como Catalunya, que la han reducido en los últimos años

Si Madrid fuera un país, solo Turquía segregaría más a su alumnado en función de su origen socioeconómico. Dicho de otra manera: la región que preside Isabel Díaz Ayuso separa (o agrupa) a su alumnado según su clase social más que ninguna otra en toda España y está entre las que más lo hacen de todo el mundo desarrollado, según el estudio elaborado por Save the Children y Esade. El informe, titulado Diversidad y libertad, reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro, deja una pista de las posibles razones tras este dato: "Las políticas educativas juegan un papel esencial en la segregación escolar".


Esta afirmación cobra todo el sentido cuando se piensa en Madrid y se cotejan sus políticas con los elementos que, según este informe, influyen en aumentar la segregación: financiación de los centros, las cuotas de la escuela concertada, los baremos para elegir colegio o instituto, la matrícula viva o la zonificación escolar son algunos de los elementos que se señalan como decisorios. Y de ahí las grandes diferencias entre comunidades autónomas que señala el informe, elaborado a partir de datos de los exámenes internacionales PISA y TIMSS.


A España como conjunto no le va mucho mejor, en parte por los datos madrileños, que tiran de la media hacia arriba. El país es el tercero de la OCDE que más segrega, superado solo por Lituania y Turquía, añade el texto. En el otro extremo de Madrid destacan, por su menor segregación, La Rioja y Cantabria, con cifras que se quedan en la mitad de las madrileñas. También sobresale el trabajo de regiones como estas dos mencionadas o Catalunya y Asturias, que han conseguido reducir su segregación desde 2015. En Madrid, la tierra de la libertad de elección, ha subido tanto en Primaria como en Secundaria. Los pobres están cada vez más con otros pobres y los ricos, cada vez más con otros ricos.

Esta segregación no es anecdótica, dicen los autores del informe, sino que "se ha convertido en un problema cada vez mayor para la calidad, equidad y libertad de educación en España". Tampoco ha caído del cielo o simplemente se da de manera más o menos natural, por ejemplo por el mero hecho de que la distribución geográfica de la población ya la agrupa por nivel socioeconómico (barrios pudientes, barrios humildes).

El texto, elaborado por Álvaro Ferrer, especialista en equidad educativa de Save the Children, y Lucas Gortazar, director de Investigación de Esade EcPol, no se limita a describir la situación. También defienden los autores que la capacidad de elegir centro debe estar incluida en el concepto "libertad educativa", si bien añaden que para ello esa posibilidad de elección debe ser real y no sostenerse solo sobre el papel como ahora, y proponen ocho medidas para que sea posible. Algunas de ellas son: aumentar la discriminación positiva a grupos socioeconómicos en la admisión; abordar la matriculación del alumnado que se incorpora durante el curso; dotar a los centros [concertados] de financiación suficiente y control para evitar el pago de cuotas; y mejorar la oferta escolar de centros públicos, entre otras.

Este informe confirma los datos de otro, de febrero de 2018, que ya señalaba a Madrid entre las regiones más segregadoras de Europa.
La foto fija

El informe analiza la segregación en la escuela a partir de dos variables, la etapa escolar y el origen del alumnado. Y concluye que es mayor en Primaria que en Secundaria y que se da más por clase social que por origen geográfico. Casi huelga decir que Madrid lidera la segregación socioeconómica tanto en Primaria como en Secundaria, aunque queda a mitad de tabla en la que mide las diferencias por lugar de nacimiento del alumno (inmigrantes versus nacidos en el país).

En Primaria y en función del nivel socioeconómico, Madrid segrega al nivel de Lituania y por encima de España como conjunto, pero también de Francia, Chile o Portugal. Por encima solo está Turquía en todo el mundo desarrollado. El índice de Gorard en este caso, que mide la "uniformidad" del sistema, arroja un resultado de casi 0.35 para la región dirigida por Díaz Ayuso. Dicho de otra manera, el 35% de los alumnos que pertenecen al 25% más pobre de la sociedad (se ha elegido esta medida como podía haber sido cualquier otra) tendrían que cambiar de centro para que la representatividad de este colectivo concreto fuera la misma en los colegios que en la sociedad. El dato ha subido (empeorado) desde 2015, cuando estaba en 0,30.

España como país presenta un dato algo mejor, con una segregación de 0,32. Sin embargo, no le sirve mucho para bajar en esta clasificación. Nuestro país es el tercero que más segrega en Primaria, a un nivel similar al de los vecinos franceses, pero más alto que Portugal, por ejemplo, o Italia. Con los países nórdicos, en los puestos de honor de la tabla, es difícil compararse (ver gráfico).Segregación en Primaria en España y en Madrid.

En Secundaria, la estadística deja a España prácticamente en la media de la OCDE, rozando un índice de Gorard del 0,30. También a Madrid. En este caso, destacan los autores del informe, llama más la atención la amplia diferencia entre regiones, con Madrid y el País Vasco a la cabeza (correlación o causalidad, son las dos regiones que más escuela concertada tienen) y La Rioja y Cantabria a la cola. En esta etapa sobresale, al contrario que en Primaria, que la media nacional ha bajado en los últimos años (menos segregación), impulsada por la caída de Catalunya, Asturias, Canarias, Cantabria y La Rioja (ver gráfico). Como sucede en Primaria, la segregación no aumenta en función de la nacionalidad de origen del alumnado (a nivel nacional, sí ocurre en autonomías como Andalucía o Euskadi). No es, parecen apuntar esto datos, la nacionalidad; es el dinero.Segregación en Secundaria.
"Más allá de la estructura residencial"

¿Por qué se da esta segregación? ¿Cuánta culpa tiene la existencia de la red concertada, como a menudo se señala? ¿Y la mera división de los municipios en barrios más o menos acomodados? "Distintos estudios muestran que más allá de la estructura residencial de ciudades y regiones y de la doble red pública-concertada, las políticas educativas juegan un papel esencial en la segregación escolar", responde el informe.

Ferrer explica que lo primero es que el debate público está pervertido. "Creemos que en el debate que se está teniendo sobre la libertad hay que compatibilizar dos ideas: se habla de la libertad de elección de centro, un derecho reconocido, pero también debe hablarse de la libertad que da a niños y niñas tener las mismas posibilidades de elegir qué van a hacer con su vida", argumenta. Libertad de elección de centro, sí, dicen Ferrer y Gortazar. Libertad de elegir uno mismo y que la vida no elija por uno porque no ha tenido las mismas oportunidades debido a que el sistema educativo, teórico garante de ello, no ejerce, también.

Y el problema, continúa este experto, es que muchas familias realmente no eligen. "Las familias con menor nivel socioeconómico o de origen extranjero tienen menos acceso a información, porque tienen menos red social", arranca Ferrer. "Las familias autóctonas o de nivel socioeconómico más alto recurren a amigos o conocidos, también tienen menos preocupaciones en su vida como para poder dedicarle más tiempo a conocer sus centros, etc.", continúa. Además, "las familias de nivel socioeconómico más bajo priorizan la cercanía porque la lejanía tiene un coste en transporte y en conciliación. También las cuotas que se cobran en la mayoría de los centros concertados [y algunos públicos], que impiden que sean accesibles para todas las familias".
La discriminación positiva suma

Llegados a este punto, los autores del informe proponen soluciones que, en su opinión, servirían para simultáneamente "reducir la segregación escolar y respetar (e, incluso, para las más vulnerables, ampliar) la capacidad de elección de las familias". Según explica Ferrer, todas estas medidas se han probado ya en algún sitio (de España o fuera) con éxito. En cualquier caso, añade, se ofrece una batería de medidas y se anima a las administraciones a "experimentar".

La primera propuesta y quizá la más llamativa es "aumentar la discriminación positiva a grupos socioeconómicos en los baremos de admisión". España, y esto es una cuestión algo particular, no apuesta estrictamente por la zonificación escolar, explica el informe. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay un distrito único en toda la región. Pero, como se ha explicado anteriormente, no todas las familias tienen la misma capacidad de elección real. "En la medida en que las familias con menor nivel socioeconómico se benefician menos de la elección, tiene sentido discriminarlos positivamente en la admisión y no premiar a familias de renta alta, como se hace en algunas comunidades", escriben los investigadores.

Ferrer explica el caso de la Comunidad de Madrid. El Decreto de Libertad de Elección de 2013 introdujo un cambio en los baremos de admisión al reducir el peso de la renta como criterio e introducir el punto extra por ser familiar de antiguo alumno, junto a otro punto a discreción de la dirección del centro. "Ese fue el factor que contribuyó al aumento de la segregación por nivel socioeconómico y origen migrante y no la introducción del distrito único", aseguran los autores. Para remediarlo proponen aumentar el peso de los criterios socioeconómicos y eliminar el punto extra por antiguos alumnos o los discrecionales, que algunos centros han utilizado para favorecer a las rentas más altas.
La 'matrícula viva'

Otra propuesta de Save the Children y Esade pasa por modificar la llamada 'matrícula viva', la matriculación de alumnado –normalmente extranjero– que se produce con el curso ya en marcha y que tiende a desfavorecer a los colegios con mayor concentración de alumnado vulnerable, como demuestran los datos de Catalunya. La solución es sencilla en este caso: "Un uso inteligente de reservas de plaza y aumentos y reducciones de ratio permite gestionar equilibradamente la matrícula viva".

Una tercera propuesta atañe a la financiación de los centros, explica Ferrer. "Tanto en términos de abordar la correcta financiación de la escuela concertada como una financiación más aplicada a la situación del alumnado", sostiene. Respecto a lo primero, opinan los autores, una ajustada financiación de la escuela concertada supondría que se dejarían de cobrar las cuotas, excluyentes, y en cualquier caso se vigilaría que así fuera. Las cuotas también suelen resultar en que la infrafinanciación se convierte en sobrefinanciación, permitiendo a estos centros un aumento de recursos que se destina "a mejoras de la calidad o la diferenciación de la misma oferta escolar en un contexto de casi-mercado educativo".

Respecto a la financiación, el informe sostiene que una escuela pública con una financiación por centro más dirigida y menos generalista es capaz de reducir la segregación. "En el Reino Unido se da más recursos a los centros con más alumnado vulnerable en la escuela pública. Se ha reducido la segregación gracias a esta financiación más equitativa", ilustra Ferrer.

Además de estas, los autores proponen implementar en los centros sistemas de dobles listas de espera que discriminen por nivel socioeconómico y adjudiquen plazas en función de las vacantes; organizar (mejorar) la oferta escolar del sistema público para que sea más atractivo (comedores, aula matinal, jornada compacta); sustituir el actual mecanismo de asignación de plazas; e impulsar la red de oficinas de escolarización, información y acompañamiento para que todas las familias tengan las mismas condiciones a la hora de elegir su centro.

¿Hay alguna de estas medidas más importantes, con mejores resultados que las otras? "El problema de la segregación es muy complejo", responde Ferrer. "Por eso ofrecemos varias soluciones y animamos a las administraciones a experimentar, a probar y ver cuáles funcionan mejor. Pero todas han sido implementadas en algún sitio, de España o el extranjero, y está demostrado que funcionan", cierra.

lunes, 25 de agosto de 2014

La contrarreforma de Wert reduce a la mínima expresión la educación sexual

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DIAGONAL PERIÓDICO.NET: Lomce: una ley que recorta los cuerpos, los derechos y también las emociones

¿Qué es la educación sexual? La educación sexual no es solo educación de los genitales, ni educación "coital", ni mucho menos educación para prevenir embarazos y/o infecciones: la educación sexual atiende a los procesos por los cuales las personas interaccionamos con las demás y con nosotras mismas desde una identidad sexual que nos sitúa en un mundo global. En esas interacciones entran en juego aspectos relacionados con lo físico, lo emocional y lo social, así como dimensiones que van desde la reproducción, lo lúdico y lo relacional. En definitiva, la educación sexual pretende que nos entendamos, que nos conozcamos y que convivamos.
Mucho se ha escrito sobre los cambios que la aprobación de la LOMCE trae al sistema educativo así como sobre las repercusiones que estos cambios tendrán en las vidas de una generación. Estos análisis se han centrado en criticar multitud de aspectos relacionados principalmente con su tendencia mercantilizadora, pero en esta ocasión abordaremos lo que esta ley va a significar para el auto concepto, la identidad y la expresión emocional de futuros hombres y futuras mujeres.
La educación sexual siempre ha formado parte de lo "extraescolar" y de lo "transversal". Los contenidos relacionados con la educación sexual eran incorporados dentro de los de los contenidos generales de aquellas asignaturas obligatorias comunes para todos y todas: en Biología se trataba la reproducción, en Lengua la comunicación, en Educación Física el cuidado del cuerpo, etc. Para reforzar el trabajo llevado a cabo desde la transversalidad, en la LOE (anterior ley educativa, aprobada en 2006) se explicitó, dentro de los objetivos generales de cada etapa educativa obligatoria, la necesidad de trabajar en el proceso de enseñanza con los cuerpos, las capacidades afectivas o el valor y el respeto entre los sexos.En esta línea irrumpió la asignatura obligatoria de Educación para la Ciudada­nía, estructura formal en la que sí se consideraban contenidos relativos a la sexualidad humana y su aspecto más social: nuevos modelos de familia y de relaciones, derechos reproductivos y sexuales, posicionamiento de las identidades y orientaciones, etc. A pesar de la polémica que esta asignatura levantó entre los colectivos vinculados a la iglesia católica y los partidos más conservadores, la realidad es que los contenidos explicitados en los libros de texto no su­ponían una amenaza a las es­tructuras patriarcales y heteronormativas. Buenas intenciones que se quedaron en un intento que se olvidó de partir desde la raíz, que no tuvo en cuenta la sexualidad como proceso vital y que se limitó a dar unas pinceladas superficiales y políticamente correctas sobre los cambios sociales que ya llevaban años siendo visibles.
¿Dónde queda la educación sexual en el currículum LOMCE? Con la LOMCE el abanico de posibilidades para dedicar tiempo en el aula a la educación de los sexos se limita a la mínima expresión. Se suprime Educación para la Ciudadanía y se sustituye por la asignatura Edu­ca­ción Cívica y Cons­titucional, que en palabras del propio Wert, está libre «de cuestiones controvertidas» y borrará del plan de estudios aspectos como la homosexualidad o la visión crítica de género. En cuanto a las etapas educativas y sus contenidos específicos, hasta el momento solamente se ha publicado la modificación detallada en forma de “Real decreto” del currículo específico de educación primaria, en donde no se hace ningún tipo de referencia a la sexualidad humana más allá del concepto de “abuso sexual” y su prevención.
La Ley Wert es centralista y reduce las competencias de las comunidades autónomas en materia de educación tal y como ya lo han denunciado varios gobiernos autonómicos, como el de Asturies. Esta realidad también limitará las posibilidades de las mismas para desarrollar proyectos curriculares que incluyan la educación sexual en el marco formal, relegando esta materia a posibles proyectos extraescolares, o al interés propio del profesorado y equipos directivos, generando desequilibrios y desigualdades entre alumnado y centros educativos. El resultado es que estos posibles proyectos no llegarán a todos los centros, no existirá unicidad de criterios de actuación y lo que es más importante, no todo el profesorado estará involucrado.
La educación es mucho más que el currículum explícito y que el sistema reglado: la LOMCE abre las puertas a los conciertos para centros que segregan por sexos, vinculados en su mayoría a la prelatura del Opus Dei y justificando esta decisión como una medida para garantizar la libertad de las familias a decidir. Actualmente los dos centros que segregan por sexos y están vinculados a esta orden religiosa en Asturies, Peñamayor y Los Robles, están concertados con dinero público, por lo que las asturianas y los asturianos estamos pagando ya desde hace varios años una edu­cación sexista. Así mismo, la Con­ferencia Episcopal ha contribuido al desarrollo de esta ley, participando activamente en su redacción y consiguiendo que la asignatura de Religión contabilice dentro de la nota media del alumnado. No olvidemos que esta iglesia se opone oficialmente al uso del preservativo, único método anticonceptivo que, además, previene de las ITG como el SIDA. En contra de lo que el gobierno del PP y la Con­ferncia Episcopal quiere hacer creer, hablar de sexualidad en la escuela no es centrar un discurso en las bondades del aborto y del condón. Detrás de la educación sexual, y de la E­ducación en general desde una perspectiva liberadora y basada en el desarrollo humano, se asienta una idea clave: el conocimiento nos hace libres para poder decidir. ¿Está entre los objetivos de la LOMCE construir una ciudadanía con capacidad para decidir, o es más bien una ley educativa destinada a perpetuar un sistema político y productivo concreto?

miércoles, 2 de julio de 2014

Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias rechazan los plazos y la financiación para implantar la Ley Wert

Gracias a  hemos leído esta noticia:


EL HUFFINGTON POST.ES: Cuatro autonomías se oponen a la implantación de la Lomce que propone Wert

 Wert no consigue convencer a todas las comunidades autónomas sobre el modelo de financiación e implantación d ela Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias se oponen tanto a las cuentas como a los tiempos que propone el ministro de Educación.
La consejera de Educación, Cultura y Deporte del gobierno asturiano, Ana González, ha exigido al Gobierno financiación para poner en marcha la ley en 1º,3º y 5º de Primaria.
González ha afeado a Wert la falta de financiación para implantar en Primaria el programa plurilingüe, de nuevas tecnologías o los bancos de libros de texto. "Es una imposición absurda, una reforma educativa sin pies ni cabeza, cuyo único objetivo es echar a la gente de la escuela y privatizar la educación pública o, mejor dicho, acabar con la escuela pública", ha asegurado.
La responsable de Educación del Principado también ha destacado el baile de cifras que baraja el Ministerio y ha recordado que la Lomce se presentó con una memoria económica de casi 500 millones de euros, que posteriormente pasaron a 2.000 millones sólo para la Formación Profesional Básica y los itinerarios de 4º de la ESO, una cantidad que ahora se convierten en 964 millones. "Es una cantidad móvil que crece y decrece y que no se detiene, y tenemos miedo de que se marche por el desagüe", ha añadido.
Por su parte, el consejero canario, José Miguel Pérez, considera imposible poner en marcha la Formación Profesional Básica en septiembre porque, dice, dos meses antes de que entre en vigor la ley, el Ministerio ha reducido de 2.000 a 964 millones la cantidad que las autonomías iban a recibir para su desarrollo.
En opinión del consejero canario, desde que el PP llegó al Gobierno se ha reducido la inversión en educación en "9.000 millones de euros". "Frente a la supuesta aportación de 900 millones de euros (de la LOMCE), 9.000 millones de euros de menos que han sido retirados de la inversión educativa por parte del PP".
Pérez denuncia que Educación sólo pondrá uno de cada cinco euros del coste por alumno de la implantación de la FP Básica en su comunidad. "Cuatro lo pondrá la comunidad autónoma", ha puntualizado, añadiendo que de ese euro que en teoría financia el Ministerio, "el 80% lo pondrá en Fondo Social Europeo, y el 20%, el Ministerio".
"¿Cómo se puede montar la ley, buscarse un préstamos con cargo a las comunidades para financiarla, ser tan errático en el cálculo de la realidad, y encontrarnos a día 30 de junio con un grado de incertidumbre tan terrible?", ha lamentado Pérez.

sábado, 12 de abril de 2014

El Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos presentados por PSOE y algunas CC.AA. contra la Ley Wert

EL HUFFINGTON POST.ESEl Constitucional admite a trámite los recursos presentados contra la Lomce


El proyecto estrella de José Ignacio Wert llega al mismo Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite los seis recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
Los recursos presentados contra la reforma educativa liderada por el ministro José Ignacio Wert los interpusieron el grupo parlamentario socialista en el Congreso, el Gobierno y el Parlamento de Cataluña y los Gobiernos de Andalucía, Asturias y Canarias.
El TC ha acordado dar traslado de cada una de las demandas al Congreso, al Senado yal Gobierno, que dispondrán de 15 días para personarse en los distintos procedimientos y formular las correspondientes alegaciones.
La admisión a trámite, añade el comunicado, "no supone un pronunciamiento alguno sobre el fondo de los recursos", que este Tribunal resolverá en "próximas fechas".
Tampoco implica la paralización de la Lomce, que entró en vigor el pasado 30 de diciembre y que comenzará a implantarse el próximo curso en Primaria y en la nueva Formación Profesional Básica.
INVASIÓN DE COMPETENCIAS Y SEGREGACIÓN
Fuentes del Gobierno vasco han explicado a Efe que, aunque el recurso de inconstitucionalidad contra la Lomce está formalizado, se ha pedido una comisión bilateral Estado-País Vasco -que el Gobierno ha aceptado- para, en el plazo de seis meses (desde febrero), llegar a un acuerdo.
Si se consiguieran acuerdos satisfactorios se retiraría el recurso ante el TC, han añadido las mismas fuentes.
En general, los recursos de las autonomías apuntan a la invasión de competencias, como subraya Canarias, y hacen hincapié en el asunto lingüístico, como es el caso Cataluña.
Tanto el recurso de la Generalitat como el del Parlamento catalán recurren, entre otros puntos, la disposición adicional 38 por la que el Gobierno asumirá el coste de la escolarización privada en castellano de los alumnos que lo deseen cuando no se les garantice una oferta razonable sostenida con fondos públicos. Estos gastos se repercutirán después a la comunidad.
Según el recurso de los diputados socialistas, la ley segrega a los estudiantes en itinerarios académicos, también los divide por sexos al permitir financiar con fondos públicos colegios de educación diferenciada.
Además, los centros pueden seleccionar a los alumnos, se impide la participación real de las familias en los centros escolares, se elimina Educación para la Ciudadanía y se impone Religión como alternativa obligatoria a una clase sobre Valores.
Andalucía enfatiza que la norma "vulnera", entre otros, el artículo 14 de la Constitución, que garantiza la igualdad y no discriminación, o el 16.3, que declara el carácter aconfesional del Estado.
El Gobierno asturiano entiende que la Lomce es una normativa que da la espalda a la Carta Magna y persigue dejar fuera del sistema a un gran número de estudiantes mediante la imposición de barreras como las "reválidas o los ránking de centros".
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha afirmado tras conocerse esta admisión que se trata de "un trámite absolutamente automático".

sábado, 1 de marzo de 2014

Gomendio, a las cinco CC.AA. que se oponen a la LOMCE: imlantar la Ley Wert "no es una opción"

EL PAÍS.COM: El Gobierno advierte a las autonomías de que aplicar la LOMCE “no es una opción”


El Gobierno ha enviado hoy un mensaje de firmeza a las comunidades díscolas con su reforma educativa: no hay espacio para resistencias, la LOMCE debe empezar a aplicarse este próximo curso, la discutan o no. La implantación de la Ley Wert "no es una opción", ha asegurado esta mañana la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, en un encuentro con periodistas tras la aprobación hoy en Consejo de Ministros de los decretos que desarrollan la ley en la educación primaria y la nueva FP básica, las primeras enseñanzas en las que empezará aplicándose la reforma este curso próximo, el 2014-2015.
La secretaria de Estado ha esgrimido precisamente la aprobación hoy de los decretos como argumento de que las autonomías tienen tiempo suficiente para desarrollar y aplicar la ley. "Ya hemos sido flexibles en ampliar el calendario de aplicación un año, más facilidades no podemos dar", ha afirmado la número dos del ministerio, que ha deslizado un aviso —que "no una amenaza", ha precisado— a Gobiernos autónomos y padres: la nueva norma trae evaluaciones para obtener el título (las nuevas reválidas, en secundaria y bachillerato) y si no se adaptan los currículos los estudiantes pueden tener problemas para superarlas. "Si eso ocurre debería ser un motivo de gran preocupación para las familias porque pone en riesgo la posibilidad de que sus hijos obtengan un título tanto al final de la ESO como en bachillerato", ha advertido Gomendio.
Cinco comunidades, País Vasco (PNV), Cataluña (CiU), Andalucía (PSOE), Asturias (PSOE) y Canarias (CC-PSOE) han anunciado que se resistirán a aplicar la ley, contra la que van a presentar los próximos días recursos de inconstitucionalidad. Dos de ellas, País Vasco y Cataluña, han llevado la rebelión más lejos y no adaptarán los libros de texto a la LOMCE. "Hemos negociado con las editoriales y este es un escenario realista, hay tiempo para elaborar los libros", ha insistido Gomendio.

Los cambios en primaria y la nueva FP básica

La nueva FP básica está dirigida a los alumnos con más dificultades para completar la educación obligatoria, que antes se derivaban a los Programas de Cualificación Inicial (PCPI). Con la reforma educativa, estos se convierten en la FP básica, a la que se podrá acceder a partir de los 15 años y no dará el graduado de secundaria, aunque sí acceso directo a la FP de grado medio y la posibilidad de hacer la reválida de ESO y, si se aprueba, conseguir el título. La FP básica tendrá una duración inicial de dos años (2.000 horas), aunque podrá durar hasta cuatro o cinco años si el alumno repite curso, algo que, según algunos profesionales, puede disuadir a los estudiantes de escoger esa opción en lugar de abandonar los estudios: frente al actual programa, que sí otorga el título de ESO tras dos cursos, se encuentran uno más largo que además no da el graduado en secundaria de forma automática. "Va a costar muchísimo convencer a padres y alumnos de que escojan esta opción", asegura el director de instituto Miguel Recio.
Los profesores de la actual FP y de la ESO impartirán la FP básica. El Gobierno dará un periodo de transición de dos años para que los centros se adapten a las nuevas exigencias, aunque eso no significa que vayan a coexistir con los PCPI, que desaparecerán este próximo septiembre.
En primaria, la LOMCE introduce dos novedades fundamentales: la desaparición de Educación para la Ciudadanía, que se sustituye por la alternativa a Religión Valores Sociales y Cívicos, y la introducción de dos evaluaciones, en tercero y al final de la etapa, que no son reválidas como en ESO y bachillerato (es decir, que suspenderlas no supone que no se promocione), sino que tienen finalidad diagnóstica y orientativa.
La ley agrupa las asignaturas en tres bloques: troncales, cuyo contenido y evaluaciones fija el Estado; específicas, cuyo contenido desarrollan las comunidades pero el Estado define los criterios de evaluación; y las de libre configuración autonómica, definidas enteramente por las comunidades.
Las troncales serán Lengua, Matemáticas, Lengua Extranjera y Ciencias (la actual asignatura de Conocimiento del Medio), que se se desdobla en dos: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. En las específicas se incluyen Educación física, Religión o su alternativa, Valores Sociales y Cívicos (impartida por los maestros de primaria) y al menos una entre Educación Artística, Segunda Lengua Extranjera, Religión o Valores Sociales y Cívicos. Las de libre configuración son Lengua Cooficial y otras a determinar por la autonomía o de las específicas que no haya sido elegida. 

jueves, 27 de febrero de 2014

Asturias y Cataluña detectan inconstitucionalidad en la LOMCE y pide su paralización

EL DIARIO.ES: Asturias pide la suspensión de la 'ley Wert' hasta que decida el Tribunal Constitucional


El Gobierno de Asturias solicita la suspensión de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), más conocida como la ‘ley Wert’, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que presentará contra la reforma educativa que propone el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Los servicios jurídicos del Principado han elaborado un informe, en el que concluyen que la nueva normativa incumple varios principios fundamentales, como invadir y vaciar de competencias educativas a la comunidad autónoma, favorecer la discriminación por sexo del alumnado y limitar la participación de los padres en el control y la gestión de los colegios e institutos.
Ahora, el ejecutivo autonómico elevará este informe al dictamen del Consejo Consultivo para recurrir al Tribunal Constitucional antes del 10 de marzo, último día de que disponen las comunidades autónomas para frenar la ‘ley Wert’. Asturias es la quinta autonomía, junto con Andalucía, País Vascos, Canarias y Cataluña, que rechaza la normativa impulsada por el Ministerio de Educación.
Según la consejera de Educación, Ana González, en el recurso se hará la petición expresa de suspensión de la LOMCE, que Wert quiere poner en marcha el próximo curso, ante "los perjuicios irreparables que va a causar a derechos fundamentales como la igualdad, la libertad religiosa y la educación".
Los servicios jurídicos han detectado varios artículos que incumplen principios recogidos en la Constitución. La nueva normativa invade varios preceptos competenciales, entre ellos privar a Asturias de las posibilidades de completar los estándares de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación establecidos para las asignaturas troncales y específicas.
Además, vulnera el artículo 27.2 y 3 de la Constitución en la regulación de las asignaturas de Valores Sociales y Cívicos y Valores Éticos como alternativas a la asignatura de Religión. Otro punto es la discriminación del alumnado, al autorizar la financiación de centros privados que apuesta por la separación de sexos en la enseñanza.
En contra de las sentencias judiciales dictadas a este respecto, la ‘ley Wert’ introduce dos nuevos párrafos, que consideran que "no constituye discriminación la organización de la enseñanza diferenciada por sexos" y que "en ningún caso, la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y centros un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas".
En este caso, el Gobierno de Asturias se plantea la inconstitucionalidad, tanto en lo que se refiere a la enseñanza de alumnos y alumnas separados, como del acceso de estos centros a la financiación de fondos públicos. A juicio del Principado, la LOMCE también vulnera el artículo 27.7 de la Constitución, al limitar la participación de los padres en el control y gestión de los centros en favor de la figura del director. Para Ana González, "es una más de las contrarreformas impulsadas por Mariano Rajoy".


EL DIARIO.ESCataluña llevará al Constitucional la ley Wert por invasión de competencias

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), conocida como Ley Wert, ha tropezado con el enésimo obstáculo. El pleno del Parlament catalán ha aprobado este miércoles recurrir 11 de sus artículos ante el Tribunal Constitucional, a iniciativa de PSC y ERC, a los que se añadieron los votos de CiU, ICV-EUiA y CUP. Cataluña se suma así a los gobiernos andaluz, vasco, canario y asturiano, que han anunciado su intención de llevar la norma del ministro Wert al Constitucional.

Las comunidades tienen hasta el el 10 de marzo para para presentar los recursos contra una de las leyes más contestadas de la legislatura, tanto desde las instituciones como desde el mundo educativo y en la calle. Pero pese a lo polémico de la norma del ministro de Educación, la propuesta aprobada por el Parlament solo se centra en los 11 puntos que podrían interferir en sus competencias autonómicas e inmersión lingüística. ERC y PSC habían presentado una moción más amplia, cuestionando hasta 28 puntos relativos a cuestiones socioeducativas, como la segregación por sexo, el tratamiento de la materia de religión o el modelo económico que impone la Ley, además de los otros 11 recogidos en la propuesta que se ha acabado aprobando.

CiU votó en contra de la segunda propuesta, junto a PP y C's, por lo que finalmente el Parlament solo llevará a exámen constitucional los puntos que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó como contrarios a la Constitución y el Estatut. En concreto, el órgano consultivo de la Generalitat consideró contrario a la Constitución que el Estado pueda determinar la proporción de usos de lenguas en la escuela catalana y dictaminó que la Ley laminaba la autonomía financiera de Cataluña.

La diputada de Esquerra, Ana Simó, ha defendido la propuesta más amplia asegurando que la Ley Wert no solo vulnera competencias sino que además es "dirigista y adoctrinadora". "Esquerra estará en todas las trincheras contra la LOMCE y en el apoyo al modelo educativo catalán", ha asegurado Simó. Por su parte la diputada socialista Rocío Martínez ha recordado el consenso que ha reunido esta ley "porque todo el mundo, menos el PP, está en contra". Una ley que se debe combatir porque, según el PSC, es "recentralizadora, uniformizadora, retrógada e ideologizante" y "rompe el concepto de una escuela inclusiva". 
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miércoles, 29 de enero de 2014

Wert se encuentra con un frente común contra la LOMCE, el formado por Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco

EL DIARIO.ESCinco comunidades hacen frente común para plantar a la LOMCE


Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco, unidos frente a la LOMCE. Ese es el mensaje con el que acudirán esta tarde a la Conferencia Sectorial a la que acudirán todos los consejeros de Educación autonómicos para reunirse con el ministro José Ignacio Wert.
Pero antes de plantar cara conjuntamente a las autoridades del ministerio, los responsables de estas comunidades han explicado en rueda de prensa su posición, y han pedido públicamente que se "frene" la forma educativa aprobada el pasado año, ya que es "imposible" ponerla en marcha el próximo curso.
La consejera vasca, Cristina Uriarte, ha destacado que las cinco comunidades representan el 52% del alumnado del Estado. "No hablamos por hablar, sentimos una responsabilidad a nuestras espaldas a la hora de defender nuestra crítica a la Lomce", ha subrayado.
La consejera de Educación catalana, Irene Rigau, han enfatizado su "rechazo absoluto" a la norma y ha criticado que, tras aprobarse, "el Ministerio ha seguido trabajando con improvisación, precipitación e imposición y sin dotación presupuestaria que los cambios requieren, cambios imposibles de aplicar".

Uriarte ha entrado al detalle de los pasos que deben seguir las CCAA para justificar este rechazo a los tiempos que marca el ministerio. "Cuando estos decretos se aprueben, si se aprueban", ha comenzado, se inicia un proceso bastante largo que es el del desarrollo normativo, que "puede durar unos nueve meses", ya que se debe elaborar, analizar por órganos consultivos y asociaciones, debatir y finalmente aprobar. Con lo cual, ha calculado que es materialmente imposible que estén listos para el inicio de curso, en septiembre. 
La LOMCE debe ya aplicarse el próximo curso en 1º, 3º y 5º de Primaria y las 14 titulaciones de la nueva FP Básica. Para el resto de Primaria y los cursos impares de Secundaria y Bachillerato, las modificaciones aterrizarán en 2015-2016, y en los cursos pares la reforma se aplicará en 2016-2017. "Nunca antes una ley había fijado un calendario de aplicación semejante. Se marcaban periodos de 5 o 10 años, pero en ningún país se puede pretender implantar una nueva ley al cabo de dos meses", ha enfatizado Rigau. 
Todos los consejeros han criticado que la ley no tenga una memoria económica de implantación. "No sabemos de dónde va a salir el dinero", han repetido en varias ocasiones. "Hemos calculado que sólo para la aplicación de Primaria y FP Básica necesitaríamos en Andalucía 150 millones de euros al año", aseguró el consejero educativo andaluz, Luciano Alonso.

La pelea en el Constitucional y los libros

Alonso ha recordado la intención de su comunidad de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional y ha comentado que, aunque no serán insumisos a la ley, adoptarán medidas propias en cuanto al currículo y, así, mantendrán la asignatura de Educación para la Ciudadanía y no harán públicos los resultados de "las reválidas".
Además, aseguró que Andalucía no cumplirá con otra de las novedades que incorpora la LOMCE: el blindaje a los centros educativos que separan a los alumnos por sexo. La norma garantiza que estos colegios puedan suscribir conciertos con la administración pública. Esto anula la decisión del Tribunal Supremo que se había pronunciado en sentido contrario precisamente por un caso de Andalucía, al entender que esta separación encerraba un tipo de discriminación.
El cambio en los currículos es otro de los puntos que enfrentan a estas comunidades con el ministerio. Al menos tres de ellas han asegurado en la rueda de prensa que no cambiarán los libros de texto, una consecuencia de las modificaciones en los contenidos, que también han sido criticados por los responsables autonómicos.
"Los currículos que ha preparado el ministerio ocupan más de 1.000 páginas", ha detallado Irene Rigau, la consejera catalana, que los ha calificado de exageradamente exhaustivos. "Atacan la autonomía de los centros que le ley dice promover y disminuye las competencias de las comunidades autónomas", aseguró. Y para ejemplificar la diferencia con otros países del entorno mencionó el caso de Francia, un "estado centralizador" en el que el plan de estudios de Primaria ocupa unas 30 páginas. En el caso de los países anglosajones, con modelos mucho más descentralizados, el documento "no supera las 180 páginas", explicó. 
Alonso aseguró que Andalucía continuará con su política de gratuidad de libros, pero aclaró que sólo financiará aquellos "con los contenidos aprobados por la comunidad autónoma".

lunes, 27 de enero de 2014

Un estudio de BBVA demuestra que Madrid es una de las CC.AA. que menos invierte en Educación y sitúa a Asturias a la cabeza en gasto educativo

Gracias a  hemos leído esta noticia: 

ASTURIAS 24.ES: Un informe sitúa a Asturias a la cabeza en el gasto educativo y a Madrid a la cola



Asturias fue en 2010 la región con mayor gasto medio por estudiante junto a las dos comunidades forales (País Vasco y Navarra). También la que experimentó un mayor aumento del gasto por alumno entre los años 2000 a 2010. Son las principales conclusiones del estudio recién publicado por el BBVA y que está dirigido por el gijonés Ángel de la Fuente junto a José Bosca. Al informe, un clásico en el análisis de la educación por regiones, hay que añadirle un matiz temporal: el enjambre de recortes que han incidido en el sector educativo en los últimos tres años.
El estudio del BBVA muestra la brutal desigualdad de inversión en educación que registran las comunidades. Asturias, junto a las comunidades forales, supera en 17 puntos la media nacional, fijada en 100 puntos. A la cola, representando las políticas más cicateras, se encuentra Madrid, Andalucía, Canarias, Murcia y Extremadura. Un alumno madrileño recibe 32 puntos menos que un asturiano (117 frente a 85) y 100 menos respecto a un estudiante vasco. Las diferencias se acentúan en Secundaria y reproducen un mapa dividido en un Norte que cree en la educación (a las regiones citadas hay que añadir La Rioja y Galicia) a un Sur que descuida su sistema.
El informe está basado en los datos del ministerio y del INE, aunque los autores lamentan las limitaciones de la información que las administraciones públicas ofrecen y la existencia de diferencias en las prácticas contables. En los índices de gasto medio incluidos los del sector privado y público y todos los niveles (Primaria, Secundaria y Universidad), Asturias vuelve a salir bien parada y logra un índice 115, sólo superada por las regiones forales. En cuarta posición se sitúa Cataluña, debido al enorme peso que en esa región tiene la educación privada. En penúltima posición aparece de nuevo Madrid. En la comunidad presidida entonces por Esperanza Aguirre, el gran peso de la privada (con un índice por encima de 200) no logra compensar la escasa inversión en educación pública.
El periodo comprendido entre 2000 y 2010 ha estado caracterizado por un fuerte crecimiento del gasto educativo. Mientras,  el número de estudiantes se ha mantenido constante en la primera mitad de la década y ha crecido significativamente en la segunda, en buena parte gracias al aumento de la escolarización infantil. En Asturias, el gasto pasó de 4.443 euros por alumno en el año 2000 a 6.650 en 2010, un crecimiento del 50% sólo rebasado por Castilla-La Mancha (55%). El incremento del componente público del gasto ha sido especialmente rápido en esta década. El gasto directo por estudiante en centros públicos ha aumentado entre un 25% en secundaria y FP y un 80% en enseñanza universitaria. El componente privado muestra sin embargo un comportamiento menos dinámico especialmente en la segunda mital del periodo, cuando comienza a acusarse la crisis económica.
Asturias sumaba 72.000 alumnos de Primaria e Infantil en 2010, 57.000 estudiantes de Secundaria y 26.000 en Universidad. La región estaba ese año a la cabeza en los gastos medios en Secundaria y ocupaba una posición media en Primaria e Infantil y  en Universidad. En el ránking de lo que el informe define como gasto combinado (todos los niveles y centros) el Principado sale consolidado como la tercera región con más peso en España mientras Madrid se  mantiene a la cola. 

domingo, 13 de octubre de 2013

La doble vara de medir del gobierno: ahora "las leyes nos obligan a todos"; antes había que objetar a Educación para la Ciudadanía

elpais.comSaénz de Santamaría: “Las leyes nos obligan a todos”
  • El Gobierno recuerda a las autonomías que no cabe insumisión a la reforma educativa
  • Asturias y Andalucía se plantean pelearla en los tribunales
  • ESPECIAL Todo sobre la LOMCE
“La ley nos obliga a todos”. Con esta contundente frase, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quiso zanjar este viernes las amenazas de insumisión manifestadas por Cataluña y País Vasco a la polémica ley Wert, aprobada sin consenso el pasado jueves en el Congreso de los Diputados y sobre la que ya se cierne la sombra de recursos ante el Tribunal Constitucional. Las autonomías pueden recurrir la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ante los tribunales si consideran “que puede vulnerar ese reparto competencial” pues así lo establece la Constitución, “por violación de los preceptos constitucionales”, vino a decir la vicepresidenta, e ironizó: “Indudablemente, las opciones políticas no forman parte de los motivos de esos recursos”.

Detrás de cualquier declaración hay política y el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ahondó en la idea de que la LOMCE es una más de las “cargas explosivas contra Cataluña” y contra los que quieren “dialogar hasta el último segundo aun sabiendo que el tiempo se acaba”. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, aseguró que la futura Ley Vasca de Educación que pretenden aprobar “dejará sin efecto” en Euskadi la reforma y “salvaguardará” su modelo educativo.

Sáenz de Santamaría lamentó que existan estas intenciones de insumisión “cuando se habla de la formación de los jóvenes y no hay ningún argumento a favor de que este sistema educativo funcione”. Un modelo que, dijo, “ha demostrado que es un fracaso”. España tiene una de las peores cifras de abandono temprano de los estudios de Europa: uno de cada cuatro jóvenes no termina la educación obligatoria. Tampoco sale bien parado en los informes internacionales, como el PISA —que mide los conocimientos de los estudiantes—, donde ocupa una de las peores posiciones. “El Estado respeta las leyes de las comunidades dentro de su ámbito competencial y pido a todos colaboración porque hablamos de la formación de los más jóvenes, un elemento clave luchar contra el desempleo”, aseveró.

Los nacionalistas insisten en que la reforma es inconstitucional. Principalmente porque obliga a ofrecer una escolarización en castellano (un punto que solo afecta a Cataluña, no al resto con lengua cooficial), permite a la Administración central controlar el temario —hoy dispar entre comunidades— y también deja en sus manos las reválidas.

A la controversia se suman los Gobiernos de Andalucía y Asturias (ambos socialistas) que se plantean también llevar la norma —que ha movilizado a una huelga general de educación el 24 de octubre—, a los tribunales. Andalucía pretende “superar la LOMCE, desde el más absoluto respeto a la legislación básica que se imponga”; aunque haciendo uso del margen que dan las competencias autonómicas. Y Asturias considera que la regulación supone “un auténtico atentado contra lo público y la igualdad de oportunidades”. Les preocupa que se abandone la idea de una educación como servicio público esencial. Por ello, ven posible inconstitucionalidad en la cesión de suelo público para levantar un centro concertado que es un negocio o la subvención a centros de educación segregada.

En paralelo, los partidos políticos que se han comprometido a tumbar la ley si los populares pierden la mayoría empiezan a consultar a juristas, con vistas a denunciar la norma cuando se apruebe a finales de año. Entretanto, Comisiones Obreras espera el pronunciamiento de Bruselas sobre tres puntos de la LOMCE —desaparición de Educación para la Ciudadanía, segregación y contratación de extranjeros no funcionarios— que ha denunciado por ir en contra de la Carta Magna de la Unión Europea.

Analizar la constitucionalidad de una ley de tanto calado es complejo. Así lo afirmaron este viernes un gran número de juristas consultados por este periódico, que rehusaron pronunciarse antes de estudiar al detalle la norma. Quienes respondieron lo hicieron con algo de tibieza, sin querer entrar en pormenores jurídicos, y se limitaron a señalar algunos aspectos de dudoso encaje constitucional. A Gregorio Cámara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, uno de los expertos que dio su opinión sobre la norma en las comisiones parlamentarias previas a la aprobación de la ley, le despierta “dudas muy serias”. Cree que rompe el equilibrio entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y ve problemas en que la ley entre en competencias autonómicas: “Allí tienen un desarrollo normativo importante”. Apunta que la Constitución “odia” las desigualdades entre sexos que fomentan los centros segregados, y sostiene que se relega la escuela pública “a un papel secundario” si la ley garantiza una plaza a un alumno pero no precisa que será pública.

También ve problemas de acople constitucional el especialista en legislación educativa Ramón Plandiura —también consultado en las comisiones—, que cree que la norma hace una “relectura del artículo 27 de la Constitución que podría crear desequilibrios entre los derechos y libertades”. Plandiura considera que la senda de recurso a la reforma la trazó el dictamen del Consejo de Estado, que ya vio indicios de inconstitucionalidad. Como la subvención a centros segregados, o el vaciado de poder de los Consejos Escolares —que forman padres, estudiantes, profesores y administración—. Algo que también critica Cámara: “Se produce una ruptura del pacto escolar. Se habla de más autonomía y más democracia en los centros cuando es lo contrario. Quien gana autonomía es el director”.

Eva Pons, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, subraya que la LOMCE tiene resquicios que permiten interponer recurso, especialmente en los aspectos lingüísticos. Sobre la enmienda que introdujo UPyD que declara el castellano como lengua vehicular en todas las escuelas, sostiene que este artículo “es contrario a las competencias de la Generalitat para definir el modelo lingüístico educativo”, tal y como recoge el Estatut. “El problema de raíz es que la LOMCE, aprovechando una lectura tergiversada de la jurisprudencia del Constitucional que ha efectuado el Supremo, da carta de naturaleza a un derecho a recibir la enseñanza en castellano, que no contemplan la Constitución ni el Estatut. Ahí se produce una invasión competencial”.

Con información de Ivana Vallespín.

domingo, 27 de enero de 2013

Wert, nombrado "felpeyo" por defender la segregación y la Religión, en lugar de Educación para la Ciudadanía

LNE.ESEl ministro Wert y el obispo de Córdoba, entre los «felpeyos» de Les Comadres

La tertulia acusa al titular de Educación de primar la enseñanza de Religión en la escuela




La entrega de los premios «comadres de oro» y «felpeyos», con los que se elogian o critican trayectorias, actitudes o manifestaciones que la tertulia feminista «Les Comadres» considera positivas o negativas para la respetuosa convivencia de hombres y mujeres en igualdad legal, es ya un clásico del Jueves de Comadres. Es el día reservado para la entrega de estos galardones. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, y el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, son dos de los elegidos para los «felpeyos».

Para Les Comadres, Wert «defiende la educación segregada» y «antepone la Religión en la escuela a la Educación para la Ciudadanía». A juicio de la citadas tertulianas, el obispo de Córdoba «ataca frontalmente la ideología de género» al considerar que «destroza la familia».

Los otros galardonados con los «felpeyos» son la sección sexta de la Audiencia Provincial de Madrid; el ex presidente del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, José Manuel Castelao Bragaño, y Nicolás Jouve, catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro del Comité de Bioética de España.

Las «comadres de oro» son este año para la médica endocrinóloga Carme Valls, la teóloga feminista Teresa Forcades, la catedrática de Derecho Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional cuando se debatieron las leyes de igualdad y violencia de género; la directora de cine Josefina Molina, fundadora de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, así como de la APRAMP, asociación que previene la prostitución femenina.

lunes, 24 de septiembre de 2012

El Tribunal Constitucional admite a trámite recursos de las CC.AA. contra los recortes en servicios públicos

DIARIO DE SEVILLA.ES: El Constitucional admite los recursos contra recortes en educación y sanidad
Si hace poco hubo abucheos, ayer hubo salva de aplausos para el Tribunal Constitucional (TC) en el Gobierno andaluz. El Alto Tribunal ha admitido a trámite los recursos del Ejecutivo que preside José Antonio Griñán contra los recortes dados por Moncloa en educación y sanidad . Para la Junta, que dio su opinión a través de la consejera de Educación, Mar Moreno, es un "paso adelante" en la "defensa de la escuela pública". El PP-A, con encogimiento de hombros, ve "lógico" que el TC haga lo que ha hecho. Es un "paso más" del proceso judicial, dijo lacónicamente la coordinadora de Política Municipal del partido, Carolina González Vigo. 

Por lo que respecta al recurso contra el decreto gubernamental de recortes en educación, el Pleno del TC viene a aceptar el argumento de la Junta contra el artículo 2 de dicho decreto, que permite que las autonomías puedan aumentar hasta un 20% el número máximo de alumnos por aula; y el artículo 3, que establece un mínimo de 25 horas lectivas del profesorado en Infantil y Primaria y de 20 en el resto de enseñanzas y modifica el régimen de horas complementarias que como máximo puede ser de una. 

El recurso del departamento que dirige Mar Moreno incluye también el artículo 4, sobre el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución de los profesores titulares, que se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos; el artículo 5, que aplaza la implantación de los módulos de Formación Profesional de 2.000 horas al curso 2014-2015. También recurre el artículo 6 de este decreto, que plantea cambios a la creación de centros universitarios, la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos, la cooperación entre universidades y entre éstas y centros de investigación y modifica el régimen de dedicación del profesorado universitario. 

El recurso andaluz impugna además el artículo 7, que establece que las autonomías financien con sus presupuestos la diferencia entre el precio público que fijen y el límite mínimo que corresponda a cada enseñanza; y la disposición final primera sobre el fundamento competencial de este real decreto-ley. 

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RTPA.ES: El Constitucional admite tramitar los recursos del Principado contra los recortes
[...]

El Constitucional también ha acordado admitir a trámite el presentado por el Gobierno del Principado de Asturias contra el Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de  racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado el pasado 20 de abril por el Consejo de Ministros, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

 El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha recurrido los artículos 3 y 4, referidos al aumento de las horas lectivas mínimas del profesorado en la enseñanza no universitaria y las sustituciones de docentes titulares por interinos a partir del décimo día de baja de los primeros.

 La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Ana González, ha celebrado este viernes la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno del Principado de Asturias contra sendos decretos del Gobierno central en materia educativa y sanitaria.


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lunes, 20 de agosto de 2012

Semana de reivindicaciones en defensa de la contratación de interinos

LNE.ES: Profesores interinos se movilizan en Oviedo contra la pérdida del empleo

Las organizaciones 'Asamblea de Interin@s por la la Escuela Pública', 'Marea Asturverde' y 'Movimiento Social por la Escuela Pública' y el sindicato Suatea han convocado este lunes una movilización en defensa del sistema educativo público y para protestar contra la pérdida del empleo en el sector.

La movilización ha incluido una concentración en la Plaza de la Escandalera, seguida de una manifestación y una asamblea ante la Consejería de Educación, donde se celebró una asamblea y se procedió a una suelta de globos.

Esta acción de protesta se enmarca en la denuncia de los recortes en educación que la Consejería de Educación asturiana ha aplicado ya y que suponen, entre otras cosas, el despido de más de 600 docentes interinos, el aumento de la ratio en Educación Infantil y el cierre de centros de formación del profesorado, según han señalado los organizadores.

Una de las profesoras afectadas, Irene Muñiz, ha explicado a los medios de comunicación que todos los recortes están "repercutiendo en la calidad de la educación pública" y perjudican a los alumnos porque "empeoran la educación". Ha dicho que esperan que el Gobierno regional les escuche porque la comunidad autónoma "puede parar" las intenciones del Ejecutivo central.

Otra profesora, María Fernández, ha dicho que detrás de estas medidas se esconde un intento de "privatizar y mercantilizar la enseñanza con el falso argumento de que no hay dinero para mantener la pública".



20 MINUTOS.ES: Los profesores de Secundaria se movilizan este martes en Huesca para rechazar la reducción de interinos


La Junta de Personal Docente no Universitaria de Huesca retoma este martes, 21 de agosto, las movilizaciones en contra de la reducción en el número de profesores interinos contratados en el tramo de la educación Secundaria.

Representantes del sector de la educación de Huesca volverán así a manifestar su rechazo a las reformas emprendidas a nivel nacional en materia de Educación.

La convocatoria coincide con la publicación de las listas de profesores interinos contratados para los centros de Secundaria el próximo curso, prevista para esta semana, y el objetivo es hacerse visibles a la Administración y que se tengan en cuenta las peticiones del sector, según ha manifestado el miembro de la Junta de Personal, Arturo Sarasa.

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#InterinosaLasAulas



viernes, 20 de julio de 2012

Asturias: la Consejería defiende la equidad en educación como un valor esencial y, además, no reducirá la inversión en personal universitario

LA NUEVA ESPAÑA.ES: La consejera de Educación lamenta que Wert se olvide de la equidad y sólo piense en PISA


La consejera de Educación y Cultura del Principado, Ana González, manifestó ayer su inquietud por la filosofía de fondo que observa en los planes de reforma del ministro José Ignacio Wert. «Me preocupa que no se hable de equidad, que era una de las fortalezas de nuestro sistema, y que se considere un objetivo mejorar los resultados del informe PISA, como si en educación le dijéramos al alumnado que el objetivo es aprobar un examen, cuando debe ser aprender y mejorar las competencias», subrayó González en un comunicado difundido por su departamento.

La Consejera criticó, asimismo, la «segregación económica» que, a su juicio, implica el proyecto normativo presentado por el Ejecutivo central. El Principado elaborará y remitirá al Gobierno de Rajoy un documento de análisis de «las debilidades y los problemas» que supondrá para la región el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

La titular de Educación realizó estas declaraciones después de asistir anteayer a la sesión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Educación, presidida por Wert, en la que participaron los consejeros autonómicos del ramo. El Ministro subrayó que las evaluaciones finales que se realicen al final de cada etapa educativa tendrán contenidos homogéneos para todas las comunidades autónomas.

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ABC.ES: Consejería de Educación no recortará los gastos de personal de la Universidad

La consejera de Educación de Asturias, Ana González, ha garantizado hoy al rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor, que el Gobierno del Principado no recortará los gastos de personal de esta institución docente.

Ana González ha mantenido un encuentro con Vicente Gotor en el que le ha asegurado que el Gobierno del Principado no aplicará ningún ajuste en la partida nominativa, la más importante que el Ejecutivo regional aporta a esta institución, que este año es de 116 millones de euros y está destinada fundamentalmente a gastos de personal.

La consejera ha expuesto al rector el modo de aplicación del plan económico financiero en la Universidad de Oviedo, ha destacado el entendimiento entre ambas instituciones y ha puesto de manifiesto la intención del Gobierno del Principado de trabajar conjuntamente.

jueves, 19 de julio de 2012

Asturias recurrirá la política de recortes por invasión de competencias en Sanidad y Educación


El Gobierno de Asturias recurrirá ante el Tribunal Constitucional los dos decretos-leyes del Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre los ajustes en sanidad y educación. ¿El motivo? La comunidad considera que ambas normativas invaden competencias del Principado.
El dictamen del Consejo Consultivo del Principado y los informes de las consejerías afectadas aconsejan a juicio del Gobierno regional presentar recursos de inconstitucionalidad contra losajustes educativos y de servicios de salud adoptados por el Gobierno central. Este acuerdo ha sido adoptado hoy en la reunión del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
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martes, 12 de junio de 2012

La Asamblea de Profesorado Interino de Asturias decide continuar la huelga y un encierro indefinido en un instituto público de Oviedo


EL COMERCIO.ES: Los interinos mantienen la huelga y Educación les ofrece «diálogo»

Varias decenas de profesores interinos desembarcaron ayer por la mañana con sus bártulos y sus camisetas verdes en la ovetense plaza de España con la intención de comenzar una acampada en defensa de sus puestos de trabajo, sobre los que se cierne «la amenaza de centenares de despidos». Alrededor de 2.000 de un total de 2.200, calculan. Pero sus planes se frustraron pronto: sólo pudieron pasar la mañana a escasos metros de los mineros allí concentrados, porque el permiso de la Delegación del Gobierno en Asturias no llegó y, a la hora de comer, tuvieron que levantar el campamento para comenzar, eso sí, un encierro indefinido en el IES Doctor Fleming.
Era la primera jornada de la huelga convocada hasta el próximo día 29 con el respaldo de Suatea, un paro que tuvo escaso seguimiento (un 0,3% según la consejería, que incluyó a todo el personal docente en su cómputo), aunque, apuntan, «las cifras son inciertas, porque hay que tener en cuenta a quienes trabajan a media jornada o a quienes se incorporan otros días de la semana».
Una convocatoria, en todo caso, que están dispuestos a «paralizar en cualquier momento» con un único requisito: «Que la consejera de Educación adopte algún compromiso, que aclare lo que va a hacer».
La titular del ramo, Ana González, quien pudo dedicarles apenas unos minutos antes de asistir al VIII Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, no llegó a formularlo, pero explicó que el Gobierno se encuentra «estudiando todos los escenarios posibles» antes de aplicar las medidas impuestas por el Ejecutivo central para rebajar el déficit. Medidas que, según el colectivo, «suponen un ataque sin precedentes al sistema educativo público, avanzando y ahondando en las desigualdades sociales».
Aún así, la Asamblea de Profesorado Interino tuvo tiempo de adoptar varios acuerdos y de realizar una valoración del paro «altamente satisfactoria». Y eso, porque consideran que «el llamamiento a la huelga ha servido para que arranque con fuerza en los centros de enseñanza y en la sociedad asturiana el debate acerca de la amenaza de deterioro de la educación pública asturiana y su consecuencia más inmediata, centenares de despidos de profesorado interino, así como el de la necesidad de una movilización contundente para conseguir dos objetivos: el mantenimiento del empleo y de la calidad del sistema público de enseñanza».
«Situación de diagnóstico»
Ante esos argumentos, sin conseguir concretar, la consejera prometió que tomará «una decisión lo más justa posible, cumpliendo las obligaciones que hay que cumplir».
«Estamos en una situación de diagnóstico y no puedo adelantar qué medidas vamos a tomar. En cuanto las tenga cerradas, me reuniré con todos los sindicatos para explicárselas», añadió González, que subrayó que «la clave de esta legislatura va a ser el diálogo permanente, también con los sindicatos».
El problema de fondo, explicó la portavoz de los interinos, Mer Mediavilla, es que las clases se acaban y ellos no disponen de más tiempo: quieren saber si seguirán trabajando o no el curso que viene.
Para discutirlo en asamblea hoy volverán a la plaza de España a las once de la mañana. Instan «a todo el profesorado a solidarizarse» con sus reivindicaciones y llaman a una «jornada de lucha» el jueves.
Ese mismo día, el profesorado asturiano, convocado por la Junta de Personal Docente, volverá a salir a la calle en defensa de una escuela pública y de calidad.
Léelo en El Comercio.es

domingo, 10 de junio de 2012

Huelga indefinida de interinos en Asturias

Hemos recibido este correo:
 
Y mientras en Asturias los interinos decidían ir a la huelga, en Madrid, ANPE, CC OO, FETE-UGT, CSI-F y STEs, convocantes de la jornada de huelga educativa del 22 de mayo, remitían una carta al ministro Wert para solicitarle también una entrevista en la que abordar con «un diálogo constructivo y fructífero» los problemas del sistema educativo.