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miércoles, 13 de octubre de 2021
domingo, 2 de mayo de 2021
viernes, 30 de abril de 2021
Madrid invierte hoy en Educación un 18% menos que en 2009 pese a que su PIB ha subido un 16% (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
- La comunidad dedica al sector educativo un 2,26% del PIB frente al 4,21% de media a nivel nacional; mientras el Gobierno regional es el que menos dinero público dedica a la Educación en términos relativos en toda España, las familias madrileñas son las que más gastan
29 de abril de 2021
Aunque para según qué siempre hay dinero, Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en Educación de toda España. La región presidida por Isabel Díaz Ayuso dedica al sector un 2,26% de su PIB, según el informe 10 años de degradación de la enseñanza pública en Madrid (2009-2018), presentado este jueves por CCOO, la cifra más baja no solo de este país, sino de toda la OCDE. La media nacional es del 4,21%. Está comúnmente aceptado que el 7% es la cifra ideal –que prácticamente ningún país alcanza–.
Además, en los últimos diez años este indicador –utilizado habitualmente para comparar la inversión en Educación entre diferentes territorios– ha caído un 18,1%. Este comportamiento descendente se asemeja al del resto de España, aunque la caída es algo mayor, de un 18,1% frente al 16,5% de media. Y contrasta con otro dato: el PIB total madrileño ha subido en el mismo periodo un 16,3%. La riqueza global sube en Madrid, el dinero que proporcionalmente se dedica a Educación baja.
Hay más datos que dibujan un panorama “desolador” en la comunidad, en palabras de Jaime Cedrún, secretario general de CCOO Madrid. En 2009, la comunidad dedicaba el 28% de su gasto total a la Educación. Diez años después esta cifra es del 22,5%.
Pero no todas las partidas han sufrido una evolución similar en esta última década. Pese a que la inversión total es inferior hoy que hace diez años, el gasto en conciertos sí ha subido, pasando de 869 millones en 2009 a 1.018 millones de euros en 2018, un aumento del 17,1% que casi duplica al nacional. En el conjunto de España la evolución del gasto en conciertos ha seguido la misma línea, también ascendente, aunque en magnitudes inferiores (de 5.850 millones a 6.276 millones, un 7,1%).
CCOO denuncia los caminos contrarios que llevan una y otra partida. Según el sindicato, y pese a que en conjunto el gasto para enseñanzas no universitarias ha subido en 67,3 millones de euros en diez años –a diferencia de la media española, además–, cuando se desglosa se observa el comportamiento diferente de los presupuestos: el sistema público ha ganado 90.000 alumnos en una década pero perdido 81,7 millones; la escuela concertada ha ganado 64.000 alumnos y ganado 149 millones de euros.
Todos estos datos contrastan, sostiene Isabel Galvín, secretaria general de la sección educativa de CCOO en Madrid, con el hecho de que mientras las partidas de gasto público caen y dejan a la región a la cola de las diferentes tablas, la comunidad sí lidera la clasificación de gasto privado familiar. En el periodo analizado, este ha subido un 31,7% mientras que a nivel nacional, donde también asciende, lo ha hecho un 10,2% (incluyendo el dato madrileño, que tira de la media hacia arriba).
“Este conjunto de datos describe una situación que tiene, como única explicación objetiva, la política fiscal de la Comunidad de Madrid, que limita de forma consciente los recursos financieros existentes, y su desprecio total por los servicios públicos de calidad”, lamenta el sindicato.
miércoles, 28 de abril de 2021
Madrid es la comunidad que menos invierte por alumno en la educación pública y la segunda que más inyecta a la concertada (Álvaro Sánchez Castrillo para INFOLIBRE.ES)
INFOLIBRE.ES publica esta información
- Los últimos datos del Ministerio de Educación cifran en 4.727 euros el gasto por alumno en centros públicos de la Comunidad de Madrid, mil euros por debajo de la media nacional
- En 2019, la región destinó a conciertos y subvenciones a centros privados 1.104 millones de euros, la segunda cifra más alta solo por detrás de Cataluña
- Mientras que el desembolso en conciertos aumentó desde 2009 un 26,6%, el gasto educativo total solo experimentó un crecimiento en esa década del 1,3%
- Durante esta legislatura, el Ejecutivo de Díaz Ayuso solo ha aprobado un proyecto de ley en materia educativa: el que daba luz verde a una nueva universidad privada, una iniciativa del Grupo Planeta
Vallecas, 13 de agosto de 2019. Isabel Díaz Ayuso toma la palabra en la sesión del Pleno de la Cámara autonómica convocada para su investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid. La candidata conservadora articula un discurso sostenido sobre una decena de retos para la región. El primero, el empleo y la bajada de impuestos. El segundo, la educación. "Si queremos dotar de oportunidades a los madrileños para construir su propio futuro, debemos apostar por una educación de calidad", apunta Ayuso. Tras más de dos décadas de dominio conservador, la región presenta la menor inversión por alumno de toda España, un número de estudiantes por grupo superior a la media nacional en prácticamente todos los ciclos de enseñanza, el mayor gasto por familia, el segundo mayor desembolso para la concertada o los precios públicos universitarios más altos.
Madrid es la comunidad autónoma con mayor músculo económico del país, tras el sorpasso a Cataluña. La región acumula nada menos que el 60% de las grandes empresas. Y cuenta con la mayor renta por habitante de España, con 35.913 euros, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística. A pesar de ello, y como ocurre en materia sanitaria, está muy lejos de ocupar los primeros puestos del podio en algunos indicadores clave en educación. infoLibre repasa, a continuación, la fotografía de la región más rica en materia educativa.
INVERSIÓN EDUCATIVA POR ALUMNO
El Ministerio de Educación publica anualmente desde el año 2000 su informe Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. La última edición disponible, la de 2020, refleja que en el ejercicio de 2017 Madrid estaba a la cola en gasto público por alumno en centros públicos. En concreto, el estudio situaba la inversión por estudiante en los 4.727 euros, mil euros por debajo de la media nacional –5.779 euros–.
De las 17 comunidades autónomas, Euskadi es la que sale mejor parada en este indicador, que se centra en enseñanzas no universitarias del sistema educativo –se excluye, por tanto, la formación ocupacional–. En esta región, el desembolso es de 9.298 euros, casi el doble que Madrid. Le siguen Navarra, Galicia y Asturias, con una inversión por alumno en centros públicos de 7.456, 6.932 y 6.927 euros, respectivamente.
En la parte baja de la tabla, por delante de la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y por debajo de la media nacional, se encuentran Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y Comunitat Valenciana, con un desembolso que va desde los 5.077 euros de la primera a los 5.609 euros de la última de ellas.
En los últimos cinco años, Madrid es la región que menos ha incrementado su gasto. Si desde 2012 la subida media en España fue de 349 euros, en la comunidad más rica sólo ha repuntado en 45 euros. Junto a ella, en la parte baja de la tabla, se sitúa Murcia, con una subida de apenas 52 euros por estudiante. En ese lustro, la región que más esfuerzos ha hecho ha sido Canarias: 887 euros más por alumno en cinco años. Le siguen Extremadura y Baleares, con un repunte por encima de los 600 euros.
Si se presta atención al gasto por habitante, una de las variables en las que pone el foco la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el resultado es exactamente el mismo. Madrid sigue a la cola, con 723,8 euros per cápita, seguida por Cataluña, con 756,84 euros, y Canarias, con 771,67 euros. En el extremo contrario, tres comunidades: Euskadi, Navarra y Extremadura, con una inversión por habitante de 1.274, 1.061 y 1.006 euros, respectivamente.
LOS HOGARES QUE MÁS GASTAN EN ENSEÑANZA
Los madrileños son también los que más dinero desembolsan anualmente en enseñanza. Según los últimos datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 el gasto medio por hogar en esta materia en la comunidad autónoma se situó en los 827 euros, un 72% más que la media nacional. Junto con Madrid, destacan Cataluña, Euskadi y Navarra, donde ese dato se coloca en los 700, 616 y 540 euros.
En el resto de regiones, estas cifras están por debajo de la media de todo el país –480,59 euros–. Dos son las comunidades autónomas que destacan en la parte baja de la tabla. En Extremadura, el gasto por hogar en enseñanza en 2019 fue de apenas 242 euros, mientras que en Galicia alcanzó los 267,71 euros, tres veces menos que en el centro del país.
De nuevo, Madrid es la región en la que más se ha incrementado este desembolso en la última década. En 2019, los hogares gastaron 367 euros más que en 2009. El aumento se ha producido en la práctica totalidad de las comunidades autónomas. Sólo dos se salen de la tónica general. En Asturias, el gasto es ahora mismo 26 euros menor que hace diez años. En Baleares, por su parte, se encuentra casi 35 euros por debajo.
ALUMNOS POR GRUPO EDUCATIVO
La comunidad autónoma también es una de las que cuenta con mayor número de alumnos por clase en las enseñanzas no universitarias. Da igual el ciclo educativo. En todos, con la única excepción de "otros programas formativos", se encuentra por encima de la media nacional. Según los últimos datos definitivos recopilados por el Ministerio de Educación en su Sistema Estatal de Indicadores, en el curso 2017-2018 el número medio de estudiantes por grupo educativo en Educación Infantil en la región se situó en 18,4, solo por delante de Murcia –19,7–, frente a los 17,6 de media a nivel nacional.
Madrid es también la segunda región en el caso de la ESO: 27,1 alumnos por grupo, uno menos que en Cataluña (28,2). Y la quinta, igualada con Comunitat Valenciana, si nos fijamos en Bachillerato: 26,4, frente a los 28,4 de Andalucía, 28,2 de Cataluña, 27,9 de Canarias y 27,3 de Navarra. Lidera la clasificación, sin embargo, en Educación Primaria y FP Básica. En la primera, la media de estudiantes se encuentra en la región en los 24, frente al 21,9 de media a nivel nacional. En la segunda, se sitúa en 17,6, frente a los 12,3 de media en España.
LA SEGUNDA QUE MÁS DINERO PONE EN CONCERTADA
Desde hace décadas, los respectivos Gobiernos conservadores en suelo madrileño han apostado con firmeza por la enseñanza concertada. Y esto se ve claramente en las cifras oficiales. Según los últimos datos del Ministerio de Educación, correspondientes al año 2019, Madrid fue la segunda que más dinero invirtió en los conciertos y subvenciones a la educación privada. En concreto, puso sobre la mesa 1.104 millones de euros. Por delante de ella, solo Cataluña, con un desembolso de 1.248 millones de euros en ese mismo ejercicio. Por encima de los 500 millones, otras tres: Andalucía (843 millones), Comunitat Valenciana (733 millones) y Euskadi (729 millones de euros).
En la parte baja de la tabla se encuentran La Rioja, Extremadura, Asturias y Cantabria, cuyas administraciones dedicaron en 2019 a esta partida menos de 100 millones de euros.
La Comunidad de Madrid también se encuentra en el podio de territorios que más han incrementado porcentualmente los desembolsos en esta materia en la última década. En concreto, ocupa la tercera posición. Por delante de ella se encuentra, en primer lugar, Murcia, que ha pasado de gastar 176 millones en 2009 a poner sobre la mesa para la concertada 248 millones en 2019, una subida del 41%. Le sigue La Rioja, con un incremento del 34,4% –ha pasado de 41 millones a 55 millones–.
En el territorio que preside Isabel Díaz Ayuso, la subida ha sido del 26,6%: de 872 a 1.104 millones. Es un incremento mucho mayor que el que ha experimentado, por su parte, el gasto educativo total en su conjunto, que ha pasado, según las cifras que facilita el Ministerio de Educación, de 5.473 millones en 2009 a 5.545 millones de euros en 2019, lo que equivale a un aumento durante esa década de apenas el 1,3%.
Como consecuencia de esta apuesta decidida, Madrid es también la segunda región que menos alumnado tiene en centros públicos. En el curso 2018-2019, últimas cifras disponibles consolidadas, un 53,8% de los estudiantes apostaba por este tipo de enseñanza –la media nacional se sitúa en el 67,1%–, frente a un 46,2% que se distribuía entre la privada concertada y la privada: 30,1% y 16,1%, respectivamente. Sólo le superó Euskadi, donde en aquel curso solo un 50,7% del alumnado cursaba sus estudios en colegios o institutos públicos y un 49,3% en concertados y privados.
LOS PRECIOS PÚBLICOS UNIVERSITARIOS MÁS ELEVADOS
Cuatro de cada diez universidades en España se encuentran ubicadas en Andalucía, Cataluña y Madrid. Sin embargo, es en esta última región donde los precios públicos son más elevados. Según la última Estadística de Precios Públicos Universitarios, elaborada por el Ministerio de Universidades, el precio medio del crédito en primera matrícula de estudios de grado en la región presidida por Isabel Díaz Ayuso se situó en el curso 2020-2021 en los 23,17 euros, seguido por los 22,69 euros en suelo catalán y los 18,85 euros en Navarra. En el extremo contrario, Galicia, Canarias y Andalucía, donde el coste se movió entre los 11,78 euros de la primera y los 12,62 euros de la última.
La presente legislatura no se ha caracterizado por una gran producción normativa. Y menos en materia educativa. Durante este año y medio, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso solo ha puesto sobre la mesa de la Asamblea de Madrid cinco proyectos de ley, según consta en el portal de la Cámara regional. Y únicamente uno de ellos tenía que ver con la enseñanza. Y, más concretamente, con la privada. A mediados de noviembre, el Gobierno madrileño consiguió sacar adelante, en lectura única y gracias a los votos de PP, Ciudadanos y Vox, una propuesta para la puesta en marcha de la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE), un centro vinculado al Grupo Planeta de Agostini. "Contribuye a potenciar el sistema madrileño de enseñanza superior, con los beneficios que supone en cuanto a una mayor competitividad y posible aumento de la calidad de la enseñanza que derivan de una mayor oferta de plazas", argumentaba el proyecto de ley.
Ayuso siguió así la senda marcada por el Ejecutivo conservador que la precedió. En marzo de 2019, de nuevo con los votos a favor de PP y Ciudadanos, la Cámara regional dio luz verde a la creación de otros tres centros privados. Dos de ellos, el de Villanueva y ESIC, estaban vinculados al Opus y a la Congregación Religiosa de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. El tercero, Cunef, a la Fundación Española de Banca para Estudios Financieros. En cuanto echen a andar todos, la Comunidad de Madrid contará con una docena de universidades privadas, un número que equivale a un tercio de las que habrá entonces en España –37– y que duplica la cantidad de centros públicos. Actualmente, la región cuenta con cinco de estos últimos: Complutense, Autónoma, Alcalá, Politécnica, Carlos III y Rey Juan Carlos. La última es la más reciente de todas. Y abrió en 1996.
La Comunidad de Madrid, por tanto, ha continuado desarrollando este modelo en los últimos años. Y lo ha hecho a pesar de que los datos oficiales muestran que solo dos de cada diez alumnos universitarios estudian en la privada. Según las cifras del Ministerio de Universidades, en el curso 2019-2020 había matriculados en la región 307.889 alumnos, entre los de grado, los de máster y los de doctorado. De ellos, 230.701 estaban en centros públicos, el 75%.
Los cinco datos y fuentes clave
1) 4.727 euros. Es el gasto público por alumno en centros públicos en la Comunidad de Madrid. Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2020, Ministerio de Educación.
2) 827 euros. Es el gasto medio que los hogares madrileños destinaron a la enseñanza en 2019. Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto Nacional de Estadística.
3) 1.104 millones de euros. Es el dinero que la Comunidad de Madrid dedicó a conciertos y subvenciones a la educación privada en 2019. Fuente: Estadística de Gasto Público en Educación, Ministerio de Educación.
4) 46,2%. Es el porcentaje del alumnado que en el curso 2018-2019 estaba en centros privados concertados y privados sin conciertos. Fuente: Las cifras de la educación en España, Ministerio de Educación.
5) 23,17 euros. Es el precio medio de crédito en primera matrícula de estudios de grado en la Comunidad de Madrid en el curso 2020-2021. Fuente: Estadística de Precios Públicos Universitarios, Ministerio de Universidades.
1) 4.727 euros. Es el gasto público por alumno en centros públicos en la Comunidad de Madrid. Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2020, Ministerio de Educación.
2) 827 euros. Es el gasto medio que los hogares madrileños destinaron a la enseñanza en 2019. Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto Nacional de Estadística.
3) 1.104 millones de euros. Es el dinero que la Comunidad de Madrid dedicó a conciertos y subvenciones a la educación privada en 2019. Fuente: Estadística de Gasto Público en Educación, Ministerio de Educación.
4) 46,2%. Es el porcentaje del alumnado que en el curso 2018-2019 estaba en centros privados concertados y privados sin conciertos. Fuente: Las cifras de la educación en España, Ministerio de Educación.
5) 23,17 euros. Es el precio medio de crédito en primera matrícula de estudios de grado en la Comunidad de Madrid en el curso 2020-2021. Fuente: Estadística de Precios Públicos Universitarios, Ministerio de Universidades.
lunes, 26 de abril de 2021
Más allá del discurso de la "libertad": qué hay en juego el 4M en la comunidad que menos invierte en Educación (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)
ELDIARIO.ES publica esta información
Cada elección que pasa en Madrid las partes están más alejadas en su concepción de cómo debería ser el sistema educativo.
Dicen los partidos de izquierdas que en estas elecciones en la Comunidad de Madrid lo que está en juego es básicamente todo el sistema público educativo. Un modelo que actualmente es, argumentan, segregador y excluyente, desigual, que ataca a la escuela pública en favor de la concertada, regala suelo público a empresas privadas y permite a los centros con concierto cobrar cuotas y así elegir a su alumnado, creando de facto una doble red.
La presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que la amenaza la sufren los derechos y libertades. Los de las familias a la hora de elegir un centro para sus hijos, los de la escuela privada sostenida con fondos públicos para desplegarse por la región. Tan alta es la amenaza, dice Díaz Ayuso, que tras 20 años sin ley educativa propia en Madrid y tras una legislatura en la que apenas ha aprobado una norma en dos años, una de sus últimas acciones al frente del Gobierno de la Comunidad ha sido empezar a tramitar lo que ha llamado la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, que "pretende garantizar los pilares de la educación en su territorio que se ven amenazados con la entrada en vigor de la Lomloe". La presidenta también defiende que el sistema debe buscar la excelencia y apuesta por ahondar en el bilingüismo y por extender el cheque infantil y los conciertos al Bachillerato, una etapa postobligatoria.
Los representantes de los directores de centros públicos, sin desmerecer las corrientes de fondo, están preocupados por lo inmediato: por el curso que viene, por que las aulas admitan más alumnos por profesor después de haber visto lo que supone reducir la ratio, por la autonomía de sus centros, por la calidad de todo el sistema y no solo de algunos colegios o institutos.
Lo que dicen los números
La Comunidad de Madrid tiene un modelo educativo muy concreto, forjado durante 20 años de políticas del PP desde que se transfirieron las competencias en 1999. Se observa a través del panorama que dibuja la estadística. En la región apenas hay más alumnado en la escuela pública que en la privada y la concertada (un 54,5% en la pública, un 29,5% en la concertada y un 16% en la privada sin concertar), un reparto de estudiantes atípico en España y que solo tiene parangón en el País Vasco, que también tiene su propio modelo particular con las ikastolas. Además, la presencia del sector público va a menos: hace diez años acogía al 60% del alumnado.
Esta situación tiene un reflejo en cómo se divide la tarta del gasto educativo. Madrid presenta también en este apartado un perfil muy particular: es la comunidad que menos dinero destina a la Educación en general (en términos comparados), pero a la vez la segunda que más dinero envía a la educación concertada. Uno de cada cinco euros del presupuesto madrileño van a parar a escuelas privadas sostenidas con fondos públicos, hecho que es consistente con la alta proporción de alumnado en estos centros. Euskadi, la otra región con unas características parecidas, también destina buena parte de su presupuesto a esta partida.
La diferencia entre una comunidad y otra es que Euskadi es la comunidad de España que más gasta por alumno, mientras Madrid es la que menos. Así, la Comunidad destina unos 4.727 euros por alumno y año, prácticamente la mitad que el País Vasco (9.298 euros al año por estudiante). Si se atiende a la inversión total –y esto es una característica compartida con el resto de España– la década pasada fue prácticamente perdida en Madrid: los recortes que se aplicaron tras la crisis de finales de la década de los 2000 no se recuperaron hasta 2019. Ese año, la inversión en Educación fue de 5.595 millones de euros, prácticamente la misma cifra que en 2009 (5.663 millones de euros). La diferencia es que entonces había un millón de alumnos y hoy hay 1,2 millones, por lo que el gasto por alumno sigue siendo más bajo. Si se prefiere el indicador de porcentaje sobre el PIB, Madrid está en un 2,25% de gasto en Educación, cuando la media nacional es del 4,27%.
Y sin embargo, y pese a la curva que ha seguido la inversión en esta década y que se puede apreciar en los gráficos, la escuela concertada ha vivido ajena a esta situación. Su línea de inversión a lo largo de los años solo ha evolucionado en un sentido, hacia arriba. Los 983 millones de euros que se destinaron en 2009 a los centros privados sostenidos con fondos públicos han ido subiendo hasta convertirse en 1.104 millones de euros en 2019, el último año con datos cerrados. En este caso la subida económica es de un 12% y la de alumnado de un 20%.
Pero no en todos los indicadores aparece Madrid a la cola. Correlación o causalidad, la estadística que sitúa a la región como la que menos dinero público invierte en su sistema educativo se complementa con la del gasto de las familias en educación. Y ahí Madrid arrasa. Las familias madrileñas son las que más fondos propios dedican al futuro de sus hijos, con 1.640 euros al año. La media nacional es de 1.045 euros por curso.
Los detractores del modelo madrileño esgrimen otro elemento que, explican, favorece a la escuela concertada: la cesión de parcelas de suelo público para la construcción de colegios concertados, una práctica que lleva ejecutando el Gobierno regional desde que tiene las competencias y que ha favorecido al menos a 39 centros, que han visto cómo se les adjudicaba suelo público a cambio de casi nada y con un concierto ya garantizado (una práctica que era ilegal hasta que el exministro Wert la regularizó en la Lomce).
De escuela concertada y libertad de elección
Es precisamente en la escuela concertada, y todo lo que hay alrededor, donde se da uno de los mayores choques entre unos y otros. Tan es así que fuentes del Ministerio de Educación y del PSOE admiten que buena parte de los contenidos de la nueva ley, la Lomloe, respecto a la escuela concertada, se redactaron pensando en equilibrar lo que denominan los "desmanes" de los distintos gobiernos populares en Madrid.
El Gobierno regional defiende y apoya a la escuela privada sostenida con fondos públicos como garante único posible de la libertad de las familias para escoger modelo educativo, la que parece la principal preocupación de Ayuso a tenor de sus declaraciones públicas. Tanta es su preocupación por el tema que el Ejecutivo está tramitando una ley para consolidar su modelo de cesión de suelo y garantizar la elección de centro por parte de las familias: "Otro de los puntos fundamentales de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa será la defensa de la educación concertada. La normativa va a garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social", describe la Comunidad.
Para ello, el Gobierno regional también apuesta por la extensión del cheque escolar infantil y la concertación del Bachillerato. El primer programa consiste en entregar a las familias cien euros mensuales para que paguen un centro de educación infantil privado. El segundo, en ampliar los conciertos educativos a una etapa postobligatoria "para evitar que el alumnado se tenga que cambiar de centro". En los últimos dos años y mientras esto llega, Ayuso ha financiado también a través de cheque el Bachillerato en centros privados a cientos de alumnos.
Esteban Álvarez, presidente de Adimad (la asociación de directores de institutos públicos de Madrid), no entiende que la prioridad del Gobierno sea aprobar esta ley cuando ni siquiera tiene una que regule el sector en general. "El sistema se rige con un reglamento orgánico de 1996, obsoleto y no adaptado a la legislación vigente. Lo que tiene que hacer Madrid es lo que han hecho casi todas las comunidades, que es ejercer sus competencias y regular de una vez por todas el funcionamiento de los centros educativos y del sistema educativo, no una ley que responde a planteamientos ideológicos", opina.
El problema que ven los defensores de la pública con la concertada es que pese a financiarse con fondos públicos no juega bajo las mismas reglas, afirman. Si los centros públicos son elegidos por las familias, los centros privados con concierto eligen a sus familias bajo el mecanismo de imponer cuotas supuestamente voluntarias, pero obligatorias de facto, como comprueba anualmente la asociación de colegios privados CICAE –que lamenta que la concertada hace trampas por cobrar a la vez de familias y administración– en un informe sobre la cuestión. Madrid es, junto a Catalunya, la región que pide unas cuotas más altas, con una media de casi cien euros al mes. Esa barrera económica deja fuera de estos centros a las familias más humildes, denuncian asociaciones tan dispares como la asociación de colegios privados o la de AMPAs de la escuela pública Ceapa. "¿Dónde está la libertad de elección de las familias que quieren ir a centros públicos en los nuevos distritos pero no pueden porque no hay"?, se pregunta Isabel Galvín, responsable de Educación en Madrid de CCOO.
La desigualdad
La consecuencia de lo anterior es que "Madrid es la comunidad española con una mayor desigualdad educativa, y esto lo dicen multitud de organismos de todo tipo", asegura Galvín. Uno de los documentos más demoledores en este sentido es un estudio realizado por F. Javier Murrilo y Cynthia Martínez-Garrido, de la Universidad Autónoma de Madrid, que sitúan a la región como la más segregadora de Europa, solo por detrás de Hungría, como consecuencia directa de las políticas educativas populares.
Muy resumidamente, el informe viene a decir que las decisiones tomadas por los diferentes gobiernos madrileños, como el distrito único que impulsó Esperanza Aguirre, han generado escuelas de ricos y escuelas de pobres en las que el alumnado no se mezcla. Casi uno de cada dos estudiantes tendría que cambiar de centro, asegura este informe, para que el reparto fuera equitativo a nivel socioeconómico. La situación en la región, sostienen los autores, excede la "inevitable" segregación residencial que se da por el mero hecho de que hay barrios o municipios más ricos que otros.
Esta distribución del alumnado provoca disfunciones como que por ejemplo el sistema público acoja a una mayoría de los alumnos extranjeros, por encima de lo que le correspondería, y mientras los inmigrantes están infrarrepresentados en la concertada.
Entre unas y otras el resultado son "unas desigualdades tremendas entre municipios, entre el norte y el sur, entre Parla y San Sebastián de los Reyes, por ejemplo", explica Galvín. Un estudio del PSOE pone cifras a esta desigualdad: la tasa de idoneidad, que mide cuántos alumnos están en el curso que por edad les correspondería, es del 62% en la zona este frente al 80,5% en la oeste y de un 83% en el distrito de Moncloa-Aravaca frente al 51,6% de Vallecas. En Bachillerato, sostiene el análisis socialista, un 86% del alumnado de la zona norte de Madrid promociona frente al 75% de la zona sur.
Bilingüismo y excelencia
El fomento del bilingüismo y los bachilleratos de excelencia son otros dos elementos que enfrentan a unos y otros. La Comunidad de Madrid lleva años impulsando la creación de una red de centros bilingües, públicos o concertados, y un bachillerato específico para los alumnos con mejores resultados en busca de la excelencia educativa. El problema que ven desde los sindicatos y la principal asociación de familias de la escuela pública, la FAPA Giner de los Ríos, a este modelo es que ahonda en la desigualdad entre los centros que lo practican y los que no e incluso entre el alumnado de un mismo centro: hay institutos en los que algunas clases tienen un sistema bilingüe y otras no.
La intención de Ayuso es ahondar en el bilingüismo por la vía de extenderlo hacia abajo. El PP quiere que empiece desde el segundo ciclo de Infantil (entre 3 y 6 años) "y progresivamente" en el primero también (0-3 años). A cambio, se va a "reformular la carga lectiva en inglés en Secundaria para garantizar la calidad educativa y la correcta impartición de todas las asignaturas", en lo que puede interpretarse como la admisión (quizá involuntaria) de una de las principales quejas respecto al modelo bilingüe madrileño: todo lo que gana el alumnado en aprender inglés lo pierde en los contenidos de las materias por impartirse en inglés.
El presente
En el muy corto plazo lo que más preocupa a los profesionales de la educación es el curso que viene. La organización de este año académico ya fue un poco caótica, cuenta Álvarez, de Adimad, y la poca información que hay respecto al siguiente no parece muy halagüeña. "Somos la comunidad que más tarde y peor organizó el curso. Una semana antes de organizarlo se modificó toda la estructura. Y de la coyuntura que nos viene no ha planificado nada para el curso próximo mientras otras como Galicia, la Comunidad Valenciana o Andalucía ya están elaborando planes de refuerzo para el próximo curso", explica en relación a las medidas para luchar contra la pandemia. Madrid también fue la única comunidad que despidió a mitad de curso a más de mil de los profesores de refuerzo que había contratado por la COVID.
Óscar Martín Centeno, representante de los colegios de Primara de la región como presidente del Consejo de Directores, coincide con la preocupación de su colega y explica que hay "muchos interrogantes para septiembre. Necesitamos tener toda la información al respecto cuanto antes mejor, y sobre todo lo que nos interesa es que independientemente de la situación podamos tener una respuesta ágil", sostiene.
Y lo único que saben los directores de cara al próximo curso no trae buenas noticias. Según la planificación que ha hecho el actual Gobierno para septiembre, los centros educativos volverán a las ratios de alumno por aula prepandemia. Este curso, para poder mantener la distancia de seguridad por la COVID, Madrid desdobló sus aulas. Cada clase pasó a tener la mitad de alumnos cumpliendo, de rebote, la principal reivindicación del profesorado, y a los docentes se les abrió el cielo. "La reducción de ratios va ligada a la calidad de la enseñanza y la mejora de los resultados", asegura Álvarez. Pero la "libertad" da para lo que da y no parece que sea para pagar más profesores el próximo curso (tampoco es que necesariamente se pueda esperar esta medida del resto de partidos: el PSOE renunció a regular las ratios por ley en la Lomloe).
La información disponible de este curso confirma la afirmación de Álvarez de cómo mejora el rendimiento con pocos alumnos en clase. En 1º y 2º de la ESO más del 90% del alumnado va a superar el curso, según apuntan los datos de los dos primeros trimestres en disposición de Adimad. Nunca se ha dado este resultado. Los directores tienen claro que se debe a la reducción de ratios, que permite un trabajo más individualizado con los alumnos. Adimad le pone cifras: "Tres profesores más en diez grupos equivalen a un 25% de aprobados", ejemplifica Álvarez. Si esta relación es lineal, es difícil pensar en otra medida que por sí sola tenga tanto impacto en la educación. Y no es solo cuestión de Secundaria. En Primaria se ha visto algo parecido. "En estos meses hemos podido observar que incluso con todos los condicionantes, que han sido enormes, la ratio ha implicado que han mejorado los rendimientos académicos de los estudiantes", confirma Martín Centeno.
La falta de recursos
La falta de recursos económicos y materiales en la comunidad toman una forma muy concreta en todo lo que está alrededor de la educación, especialmente el apoyo al alumnado más vulnerable, como que tiene necesidades especiales, etc. Ruth López, madre de dos hijos, le pone cara y ojos en un caso entre tantos, pero que ejemplifica bien la situación. Cuando el más pequeño de sus hijos tenía alrededor de dos años la familia detectó que "algo no iba bien". El pequeño no adquiría lenguaje y se observaba un cierto retraso madurativo.
Tras pasar por un psicólogo y un centro especializado, los expertos dictaminaron que Mikel necesitaba atención temprana con un logopeda y estimulación. La familia pidió dos centros. Y se pusieron a esperar. Hasta hoy. Casi cuatro años después, Mikel sigue sin recibir una plaza pública para la atención que necesita y ya nunca la recibirá porque los seis años es la edad máxima con la que un pequeño puede recibir esta ayuda.
"Cuando vimos que no nos iban a dar la plaza nos dijo la neuróloga que si nos lo podíamos permitir fuéramos a lo privado", explica López. "Y eso hicimos, con un gran esfuerzo porque hablamos de 500 o 600 euros al mes. Y afortunadamente lo pudimos hacer, pero una piensa en las familias que no...", no concluye la frase. "Es un tema muy gordo, la diferencia entre recibir esta atención temprana o no puede ser que un niño aprenda a hablar o no".
Financiación, reparto del alumnado, bilingüismo, conciertos en Bachillerato, quién sabe si algún día en infantil, libertad de elegir o de ser elegido. Si en algo coinciden las partes es en las diferencias que las separan. Mucho está en juego para la Educación en las elecciones.
Cada elección que pasa en Madrid las partes están más alejadas en su concepción de cómo debería ser el sistema educativo.
Dicen los partidos de izquierdas que en estas elecciones en la Comunidad de Madrid lo que está en juego es básicamente todo el sistema público educativo. Un modelo que actualmente es, argumentan, segregador y excluyente, desigual, que ataca a la escuela pública en favor de la concertada, regala suelo público a empresas privadas y permite a los centros con concierto cobrar cuotas y así elegir a su alumnado, creando de facto una doble red.
La presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que la amenaza la sufren los derechos y libertades. Los de las familias a la hora de elegir un centro para sus hijos, los de la escuela privada sostenida con fondos públicos para desplegarse por la región. Tan alta es la amenaza, dice Díaz Ayuso, que tras 20 años sin ley educativa propia en Madrid y tras una legislatura en la que apenas ha aprobado una norma en dos años, una de sus últimas acciones al frente del Gobierno de la Comunidad ha sido empezar a tramitar lo que ha llamado la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, que "pretende garantizar los pilares de la educación en su territorio que se ven amenazados con la entrada en vigor de la Lomloe". La presidenta también defiende que el sistema debe buscar la excelencia y apuesta por ahondar en el bilingüismo y por extender el cheque infantil y los conciertos al Bachillerato, una etapa postobligatoria.
Los representantes de los directores de centros públicos, sin desmerecer las corrientes de fondo, están preocupados por lo inmediato: por el curso que viene, por que las aulas admitan más alumnos por profesor después de haber visto lo que supone reducir la ratio, por la autonomía de sus centros, por la calidad de todo el sistema y no solo de algunos colegios o institutos.
Lo que dicen los números
La Comunidad de Madrid tiene un modelo educativo muy concreto, forjado durante 20 años de políticas del PP desde que se transfirieron las competencias en 1999. Se observa a través del panorama que dibuja la estadística. En la región apenas hay más alumnado en la escuela pública que en la privada y la concertada (un 54,5% en la pública, un 29,5% en la concertada y un 16% en la privada sin concertar), un reparto de estudiantes atípico en España y que solo tiene parangón en el País Vasco, que también tiene su propio modelo particular con las ikastolas. Además, la presencia del sector público va a menos: hace diez años acogía al 60% del alumnado.
Esta situación tiene un reflejo en cómo se divide la tarta del gasto educativo. Madrid presenta también en este apartado un perfil muy particular: es la comunidad que menos dinero destina a la Educación en general (en términos comparados), pero a la vez la segunda que más dinero envía a la educación concertada. Uno de cada cinco euros del presupuesto madrileño van a parar a escuelas privadas sostenidas con fondos públicos, hecho que es consistente con la alta proporción de alumnado en estos centros. Euskadi, la otra región con unas características parecidas, también destina buena parte de su presupuesto a esta partida.
La diferencia entre una comunidad y otra es que Euskadi es la comunidad de España que más gasta por alumno, mientras Madrid es la que menos. Así, la Comunidad destina unos 4.727 euros por alumno y año, prácticamente la mitad que el País Vasco (9.298 euros al año por estudiante). Si se atiende a la inversión total –y esto es una característica compartida con el resto de España– la década pasada fue prácticamente perdida en Madrid: los recortes que se aplicaron tras la crisis de finales de la década de los 2000 no se recuperaron hasta 2019. Ese año, la inversión en Educación fue de 5.595 millones de euros, prácticamente la misma cifra que en 2009 (5.663 millones de euros). La diferencia es que entonces había un millón de alumnos y hoy hay 1,2 millones, por lo que el gasto por alumno sigue siendo más bajo. Si se prefiere el indicador de porcentaje sobre el PIB, Madrid está en un 2,25% de gasto en Educación, cuando la media nacional es del 4,27%.
Y sin embargo, y pese a la curva que ha seguido la inversión en esta década y que se puede apreciar en los gráficos, la escuela concertada ha vivido ajena a esta situación. Su línea de inversión a lo largo de los años solo ha evolucionado en un sentido, hacia arriba. Los 983 millones de euros que se destinaron en 2009 a los centros privados sostenidos con fondos públicos han ido subiendo hasta convertirse en 1.104 millones de euros en 2019, el último año con datos cerrados. En este caso la subida económica es de un 12% y la de alumnado de un 20%.
Pero no en todos los indicadores aparece Madrid a la cola. Correlación o causalidad, la estadística que sitúa a la región como la que menos dinero público invierte en su sistema educativo se complementa con la del gasto de las familias en educación. Y ahí Madrid arrasa. Las familias madrileñas son las que más fondos propios dedican al futuro de sus hijos, con 1.640 euros al año. La media nacional es de 1.045 euros por curso.
Los detractores del modelo madrileño esgrimen otro elemento que, explican, favorece a la escuela concertada: la cesión de parcelas de suelo público para la construcción de colegios concertados, una práctica que lleva ejecutando el Gobierno regional desde que tiene las competencias y que ha favorecido al menos a 39 centros, que han visto cómo se les adjudicaba suelo público a cambio de casi nada y con un concierto ya garantizado (una práctica que era ilegal hasta que el exministro Wert la regularizó en la Lomce).
De escuela concertada y libertad de elección
Es precisamente en la escuela concertada, y todo lo que hay alrededor, donde se da uno de los mayores choques entre unos y otros. Tan es así que fuentes del Ministerio de Educación y del PSOE admiten que buena parte de los contenidos de la nueva ley, la Lomloe, respecto a la escuela concertada, se redactaron pensando en equilibrar lo que denominan los "desmanes" de los distintos gobiernos populares en Madrid.
El Gobierno regional defiende y apoya a la escuela privada sostenida con fondos públicos como garante único posible de la libertad de las familias para escoger modelo educativo, la que parece la principal preocupación de Ayuso a tenor de sus declaraciones públicas. Tanta es su preocupación por el tema que el Ejecutivo está tramitando una ley para consolidar su modelo de cesión de suelo y garantizar la elección de centro por parte de las familias: "Otro de los puntos fundamentales de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa será la defensa de la educación concertada. La normativa va a garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social", describe la Comunidad.
Para ello, el Gobierno regional también apuesta por la extensión del cheque escolar infantil y la concertación del Bachillerato. El primer programa consiste en entregar a las familias cien euros mensuales para que paguen un centro de educación infantil privado. El segundo, en ampliar los conciertos educativos a una etapa postobligatoria "para evitar que el alumnado se tenga que cambiar de centro". En los últimos dos años y mientras esto llega, Ayuso ha financiado también a través de cheque el Bachillerato en centros privados a cientos de alumnos.
Esteban Álvarez, presidente de Adimad (la asociación de directores de institutos públicos de Madrid), no entiende que la prioridad del Gobierno sea aprobar esta ley cuando ni siquiera tiene una que regule el sector en general. "El sistema se rige con un reglamento orgánico de 1996, obsoleto y no adaptado a la legislación vigente. Lo que tiene que hacer Madrid es lo que han hecho casi todas las comunidades, que es ejercer sus competencias y regular de una vez por todas el funcionamiento de los centros educativos y del sistema educativo, no una ley que responde a planteamientos ideológicos", opina.
El problema que ven los defensores de la pública con la concertada es que pese a financiarse con fondos públicos no juega bajo las mismas reglas, afirman. Si los centros públicos son elegidos por las familias, los centros privados con concierto eligen a sus familias bajo el mecanismo de imponer cuotas supuestamente voluntarias, pero obligatorias de facto, como comprueba anualmente la asociación de colegios privados CICAE –que lamenta que la concertada hace trampas por cobrar a la vez de familias y administración– en un informe sobre la cuestión. Madrid es, junto a Catalunya, la región que pide unas cuotas más altas, con una media de casi cien euros al mes. Esa barrera económica deja fuera de estos centros a las familias más humildes, denuncian asociaciones tan dispares como la asociación de colegios privados o la de AMPAs de la escuela pública Ceapa. "¿Dónde está la libertad de elección de las familias que quieren ir a centros públicos en los nuevos distritos pero no pueden porque no hay"?, se pregunta Isabel Galvín, responsable de Educación en Madrid de CCOO.
La desigualdad
La consecuencia de lo anterior es que "Madrid es la comunidad española con una mayor desigualdad educativa, y esto lo dicen multitud de organismos de todo tipo", asegura Galvín. Uno de los documentos más demoledores en este sentido es un estudio realizado por F. Javier Murrilo y Cynthia Martínez-Garrido, de la Universidad Autónoma de Madrid, que sitúan a la región como la más segregadora de Europa, solo por detrás de Hungría, como consecuencia directa de las políticas educativas populares.
Muy resumidamente, el informe viene a decir que las decisiones tomadas por los diferentes gobiernos madrileños, como el distrito único que impulsó Esperanza Aguirre, han generado escuelas de ricos y escuelas de pobres en las que el alumnado no se mezcla. Casi uno de cada dos estudiantes tendría que cambiar de centro, asegura este informe, para que el reparto fuera equitativo a nivel socioeconómico. La situación en la región, sostienen los autores, excede la "inevitable" segregación residencial que se da por el mero hecho de que hay barrios o municipios más ricos que otros.
Esta distribución del alumnado provoca disfunciones como que por ejemplo el sistema público acoja a una mayoría de los alumnos extranjeros, por encima de lo que le correspondería, y mientras los inmigrantes están infrarrepresentados en la concertada.
Entre unas y otras el resultado son "unas desigualdades tremendas entre municipios, entre el norte y el sur, entre Parla y San Sebastián de los Reyes, por ejemplo", explica Galvín. Un estudio del PSOE pone cifras a esta desigualdad: la tasa de idoneidad, que mide cuántos alumnos están en el curso que por edad les correspondería, es del 62% en la zona este frente al 80,5% en la oeste y de un 83% en el distrito de Moncloa-Aravaca frente al 51,6% de Vallecas. En Bachillerato, sostiene el análisis socialista, un 86% del alumnado de la zona norte de Madrid promociona frente al 75% de la zona sur.
Bilingüismo y excelencia
El fomento del bilingüismo y los bachilleratos de excelencia son otros dos elementos que enfrentan a unos y otros. La Comunidad de Madrid lleva años impulsando la creación de una red de centros bilingües, públicos o concertados, y un bachillerato específico para los alumnos con mejores resultados en busca de la excelencia educativa. El problema que ven desde los sindicatos y la principal asociación de familias de la escuela pública, la FAPA Giner de los Ríos, a este modelo es que ahonda en la desigualdad entre los centros que lo practican y los que no e incluso entre el alumnado de un mismo centro: hay institutos en los que algunas clases tienen un sistema bilingüe y otras no.
La intención de Ayuso es ahondar en el bilingüismo por la vía de extenderlo hacia abajo. El PP quiere que empiece desde el segundo ciclo de Infantil (entre 3 y 6 años) "y progresivamente" en el primero también (0-3 años). A cambio, se va a "reformular la carga lectiva en inglés en Secundaria para garantizar la calidad educativa y la correcta impartición de todas las asignaturas", en lo que puede interpretarse como la admisión (quizá involuntaria) de una de las principales quejas respecto al modelo bilingüe madrileño: todo lo que gana el alumnado en aprender inglés lo pierde en los contenidos de las materias por impartirse en inglés.
El presente
En el muy corto plazo lo que más preocupa a los profesionales de la educación es el curso que viene. La organización de este año académico ya fue un poco caótica, cuenta Álvarez, de Adimad, y la poca información que hay respecto al siguiente no parece muy halagüeña. "Somos la comunidad que más tarde y peor organizó el curso. Una semana antes de organizarlo se modificó toda la estructura. Y de la coyuntura que nos viene no ha planificado nada para el curso próximo mientras otras como Galicia, la Comunidad Valenciana o Andalucía ya están elaborando planes de refuerzo para el próximo curso", explica en relación a las medidas para luchar contra la pandemia. Madrid también fue la única comunidad que despidió a mitad de curso a más de mil de los profesores de refuerzo que había contratado por la COVID.
Óscar Martín Centeno, representante de los colegios de Primara de la región como presidente del Consejo de Directores, coincide con la preocupación de su colega y explica que hay "muchos interrogantes para septiembre. Necesitamos tener toda la información al respecto cuanto antes mejor, y sobre todo lo que nos interesa es que independientemente de la situación podamos tener una respuesta ágil", sostiene.
Y lo único que saben los directores de cara al próximo curso no trae buenas noticias. Según la planificación que ha hecho el actual Gobierno para septiembre, los centros educativos volverán a las ratios de alumno por aula prepandemia. Este curso, para poder mantener la distancia de seguridad por la COVID, Madrid desdobló sus aulas. Cada clase pasó a tener la mitad de alumnos cumpliendo, de rebote, la principal reivindicación del profesorado, y a los docentes se les abrió el cielo. "La reducción de ratios va ligada a la calidad de la enseñanza y la mejora de los resultados", asegura Álvarez. Pero la "libertad" da para lo que da y no parece que sea para pagar más profesores el próximo curso (tampoco es que necesariamente se pueda esperar esta medida del resto de partidos: el PSOE renunció a regular las ratios por ley en la Lomloe).
La información disponible de este curso confirma la afirmación de Álvarez de cómo mejora el rendimiento con pocos alumnos en clase. En 1º y 2º de la ESO más del 90% del alumnado va a superar el curso, según apuntan los datos de los dos primeros trimestres en disposición de Adimad. Nunca se ha dado este resultado. Los directores tienen claro que se debe a la reducción de ratios, que permite un trabajo más individualizado con los alumnos. Adimad le pone cifras: "Tres profesores más en diez grupos equivalen a un 25% de aprobados", ejemplifica Álvarez. Si esta relación es lineal, es difícil pensar en otra medida que por sí sola tenga tanto impacto en la educación. Y no es solo cuestión de Secundaria. En Primaria se ha visto algo parecido. "En estos meses hemos podido observar que incluso con todos los condicionantes, que han sido enormes, la ratio ha implicado que han mejorado los rendimientos académicos de los estudiantes", confirma Martín Centeno.
La falta de recursos
La falta de recursos económicos y materiales en la comunidad toman una forma muy concreta en todo lo que está alrededor de la educación, especialmente el apoyo al alumnado más vulnerable, como que tiene necesidades especiales, etc. Ruth López, madre de dos hijos, le pone cara y ojos en un caso entre tantos, pero que ejemplifica bien la situación. Cuando el más pequeño de sus hijos tenía alrededor de dos años la familia detectó que "algo no iba bien". El pequeño no adquiría lenguaje y se observaba un cierto retraso madurativo.
Tras pasar por un psicólogo y un centro especializado, los expertos dictaminaron que Mikel necesitaba atención temprana con un logopeda y estimulación. La familia pidió dos centros. Y se pusieron a esperar. Hasta hoy. Casi cuatro años después, Mikel sigue sin recibir una plaza pública para la atención que necesita y ya nunca la recibirá porque los seis años es la edad máxima con la que un pequeño puede recibir esta ayuda.
"Cuando vimos que no nos iban a dar la plaza nos dijo la neuróloga que si nos lo podíamos permitir fuéramos a lo privado", explica López. "Y eso hicimos, con un gran esfuerzo porque hablamos de 500 o 600 euros al mes. Y afortunadamente lo pudimos hacer, pero una piensa en las familias que no...", no concluye la frase. "Es un tema muy gordo, la diferencia entre recibir esta atención temprana o no puede ser que un niño aprenda a hablar o no".
Financiación, reparto del alumnado, bilingüismo, conciertos en Bachillerato, quién sabe si algún día en infantil, libertad de elegir o de ser elegido. Si en algo coinciden las partes es en las diferencias que las separan. Mucho está en juego para la Educación en las elecciones.
jueves, 22 de abril de 2021
4.727 euros o la educación como negocio (Jesús Maraña para INFOLIBRE.ES)
Reproducimos este artículo publicado en INFOLIBRE.ES
Una cifra aislada, sin apellidos y sin contexto, nos dice entre poco y nada. Madrid dedica 4.727 euros a cada estudiante no universitario en la enseñanza pública. ¿Es poco? ¿Suficiente? ¿Demasiado? Para entendernos, es la comunidad que menos gasta por alumno, a pesar de ser la más rica de España en PIB (ver aquí). Mil euros por debajo de la media nacional, que está en 5.779 euros según las últimas estadísticas (que diría Dámaso Alonso).
El primer apellido de este número aislado se llama "concertada". Ahí sí que han demostrado músculo los gobiernos conservadores madrileños de los últimos 25 años. Si el "gasto" (ojalá lo creyeran inversión) total en educación ha subido entre 2009 y 2019 un raquítico 1,3%, los recursos públicos dedicados a los colegios concertados y las subvenciones a los privados han crecido un 26,6%. Para alegría de la Iglesia católica y sus organizaciones religiosas, propietarias de una cuota importante de los conciertos (ver aquí).
El segundo apellido es "negocio". Desde primaria hasta la universidad y más allá. Cuando dicen "libertad" se refieren de facto a su libertad para exprimir hasta el último euro del presupuesto común para beneficios privados. ¿Cómo si no se justifica que Madrid acumule más de un tercio de las universidades privadas de toda España, camino de duplicar el número de centros públicos? En este año y medio de legislatura, el único proyecto de ley en materia de enseñanza llevado por Ayuso a la Asamblea, y aprobado en lectura única (a toda prisa) con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, es el que adjudica otra licencia más para otorgar títulos universitarios, ahora a beneficio de una empresa del Grupo Planeta de Agostini. "Maldita la gota que se desperdicie", que diría el Lazarillo.
domingo, 18 de abril de 2021
CCOO valora positivamente la movilización que ha tenido lugar el 17 de abril en Madrid por parte de #MareaVerde (FREM CCOO)
Reproducimos esta información de FREM CCOO
CCOO ha participado en la manifestación convocada por #MareaVerde y reitera que hace falta más inversión en educación, mantener la bajada de ratios el próximo curso, ampliar esta disminución de ratios a todos los cursos y enseñanzas donde no se ha producido para que en 3 y 4 de la ESO, en Bachilletato y FP sea posible la presencialdad absoluta. La bajada de horario lectivo, ampliación de plantillas de profesorado y de personal educativo para garantizar el derecho a la educación, la atención a la diversidad y la igualdad de oportunidades, así como al aumento de centros escolares, son prioridad para CCOO según las propias palabras de Isabel Galvín, Secretaria general de la federación de enseñanza de CCOO de Madrid. Para la Secretaria general, es gravísimo que se impida la matriculación en 230 aulas y que los 4.432 grupos extra COVID que han estado abiertos durante todo el año, y que garantizaban la bajada de ratios se vayan a cerrar dada la situación de pandemia en la que nos encontramos. Una vez analizada la oferta de plazas escolares para el próximo curso de 1.180 centros públicos, el 86%, del total, se constata que el gobierno de Madrid impide la matriculación en las citadas 230 aulas. Esta pérdida de grupos antes de iniciar la escolarización impide a muchas familias poder acceder a plazas públicas para sus hijos y además supone la vuelta a la masificación de las aulas que sufría Madrid antes de la pandemia y la pérdida de 5681 puestos docentes que se suman a los 1117 que se suprimieron en diciembre.
La Marea Verde recorre las calles de Madrid bajo el lema «Vacunemos la educación pública»
TERCERAINFORMACION.ES publica esta noticia
La Marea Verde regresó a las calles de Madrid en defensa de la educación pública bajo el lema “Vacunemos la Educación Pública, menos ratio, más recursos, más centros públicos”, para exigir la bajada de las ratios, para que se respete el derecho de la ciudadanía a escoger la escuela pública y para denunciar el cierre preventivo de centros públicos y la falta de plazas en la pública antes de comenzar el periodo de matriculación.
La movilización, convocada por la Asamblea Marea Verde y secundada por decenas de organizaciones, plataformas y AMPAS, concluyó ante la Consejería reclamando que «la Educación Pública necesita una vacuna contra la agresión continuada del Gobierno de la Comunidad de Madrid que crea un déficit permanente de plazas».
«El actual gobierno quiere subir la ratio para el próximo curso, como si no existiera la pandemia y sin tener en consideración el aumento de la calidad educativa que ha supuesto en primaria y en primero y segundo de ESO», apuntan desde Marea Verde. «Exigimos seguridad para el curso 2020-21, y por ello nos reiteramos en el lema: menos ratio, más recursos, más centros para la escuela pública», reclaman.
Tras la movilización, los convocante leyeron el manifiesto “Vacunemos la Educación Pública, menos ratio, más recursos, más centros públicos”, en el que se instaba a recompensar el enorme esfuerzo de la comunidad educativa durante los peores momentos de la crisis sanitaria, con un tratamiento digno por parte de la administración.
La Asamblea Marea Verde ha valorado muy positivamente la organización y la asistencia a la manifestación, agradeciendo la participación de numerosos colectivos, asociaciones , AMPA y plataformas, os enviamos el manifiesto que se leerá al final de la manifestación por personas pertenecientes a estudiantes, familias y docentes.
sábado, 17 de abril de 2021
La Marea Verde sale a la calle para pedir "menos ratio, más recursos y más centros" educativos (MDO/E.P. MADRIDIARIO.ES)
MADRIDIARIO.ES publica esta noticia
La plataforma por la educación pública Marea Verde ha protagonizado una manifestación este sábado, con salida en Atocha, bajo el lema 'Vacunemos la Escuela Pública: menos ratio, más recursos, más centros'.
Durante el recorrido, que ha ido de Atocha a la Consejería de Educación, en la calle Alcalá 30, pasando por Neptuno y Cibeles, con las medidas necesarias para garantizar una movilización segura, los manifestantes han exigido una mayor financiación para la Educación pública y reducir el número de alumnos por clase para poder ganar en calidad.
El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, manifestó este miércoles que las ratios del próximo curso se adaptarán a la situación epidemiológica, así como a la situación pedagógica de los alumnos.
No obstante, la publicación de las plazas para el próximo curso en el Sistema Raíces de cara al proceso de admisión, abierto del 8 al 23 de abril, no contempla la reducción de ratios aplicada en el curso actual de acuerdo al plan de vuelta segura a las aulas, aunque la Consejería dice que no es más que una estimación que variará dependiendo de las necesidades que existan.
Por otro lado, Ossorio ha asegurado que el Gobierno regional está "trabajando en conseguir los medios para rebajar las ratios con carácter de permanencia", como había planteado la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
Los 30 millones de ahorro fiscal que Ayuso promete al 0,16% de madrileños pagarían a 500 médicos, 750 enfermeros u 800 profesores (Fátima Caballero para eldiario.es)
Artículo de Fátima Caballero para eldiario.es
- La Comunidad de Madrid es la segunda que menos invierte en Sanidad, está a la cola de profesores por alumno pero basa su campaña en prometer nuevas rebajas de impuestos. Este viernes anunció nuevos recortes al de donaciones y sucesiones para beneficiar a 11.000 de los 6,8 millones de madrileños
La rebaja fiscal que Isabel Díaz Ayuso ha prometido este viernes para el 0,16% de la sociedad madrileña más privilegiada tendrá un coste de 30 millones de euros al año para las arcas de la Comunidad de Madrid, un dinero que la administración regional dejará de recaudar. Puede parecer una partida insignificante entre los 20.000 millones de euros anuales que maneja el Gobierno regional. Pero la cuantía que la candidata del PP pretende rebajar en el ya muy mermado impuesto a las herencias en Madrid daría para acometer mejoras largamente demandadas en los servicios públicos, como demandan los colectivos sanitarios o el personal de Educación, dos de las áreas que más sufrieron en la región con los recortes sociales en la anterior crisis económica.
Ayuso aseguraba este viernes que ampliará las bonificaciones entre tíos y sobrinos y entre hermanos en el impuesto de donaciones y sucesiones. Ese impuesto, que el Estado cedió a las comunidades autónomas, ya es prácticamente 0 entre padres e hijos y entre cónyuges en la Comunidad de Madrid, donde los sucesivos gobiernos del PP han aprobado bonificaciones del 99%. La propuesta de Ayuso consiste ahora en que la bonificación entre hermanos pase del actual 15% al 25%. Y entre tíos y sobrinos, del 10% al 20%. El "impacto" para las arcas públicas, admite el Partido Popular, es que la administración dejará de recaudar 30 millones de euros al año. Esa dinero irá a parar según cálculos del propio PP a 11.000 madrileños, el 0,16% de la población, si se tiene en cuenta que la región tiene 6.779.888 personas. Son datos oficiales del pasado 1 de enero del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Mientras los organismos internacionales reclaman mayor compromiso fiscal para hacer frente a un gasto público disparado derivado de las ayudas contra la pandemia, Ayuso sigue en su carrera para acabar con los impuestos. La candidata popular puso varios ejemplos: "Una persona deja en herencia a su hermano un piso valorado en 200.000 euros. El heredero pagará casi 5.000 euros menos de impuesto (35.600 en vez de 40.300 euros). También por la herencia a su un sobrino: "una casa en el pueblo valorado en 100.000 euros. El sobrino heredero pagará 1.700 euros menos de impuesto" (14.100 en vez de 15.800 euros). "No quiero atentar contra quienes tienen dinero y han amasado una buena herencia tras una vida de trabajo", aseguró este lunes en una entrevista en Telemadrid.
Esa partida que irá a parar a 11.000 herederos que reciban bienes de sus padres o hermanos darían para paliar algunas de las carencias en política social de la Comunidad de Madrid. Lo que sigue es un cálculo aproximado de lo que podría implicar esos 30 millones de euros en las carteras de Educación y Sanidad.
- Médicos: Según los cálculos recabados por los sindicatos, la Comunidad de Madrid podría contratar a 500 médicos recién licenciados con esos 30 millones de euros. El salario bruto de un sanitario recién salido del MIR es de unos 42.000 euros, que ascendería a 60.000 si se computan los costes para el empleador, en este caso la administración pública. Si se tiene en cuenta el salario medio de un médico –contando trienios por antigüedad y especialidades– este ascendría a unos 80.000 euros anuales. En ese caso, con el dinero que Ayuso pretende dejar de recaudar, podrían contratarse 375 médicos.
Ayuso prometió en septiembre, una mejora en la condiciones laborales de los médicos de la Atención Primaria así como la contratación de 300 médicos en tres años. La presidenta regional anunció para este plan que se alargaría hasta 2023, una inversión de 80 millones de euros. Debía igualar los salarios de estos sanitarios al de los hospitales y contratar antes de fin de año a 75. Ninguna de esas promesas las ha cumplido. 30 millones de euros es algo más que lo que Ayuso dijo que gastaría anualmente para mejorar la Atención Primaria. A día de hoy, no ha gastado ni un euro.
- Enfermeros: la cantidad de enfermeros aumentaría respecto a la de médicos. Según calcula el sindicato AME, sobre un salario medio de 40.000 euros brutos anuales, a los que habría que sumar el gasto en Seguridad Social, esa cantidad podrían contratarse podrían contratarse 600 enfermeros, el mismo número hay en la plantilla del hospital de Getafe o en el Príncipe de Asturias, según las memorias del Sistema regional madrileño de salud (SERMAS). Si es un enfermero recién graduado, la cifra ascendería a 750.
Según los datos del último informe del Ministerio de Sanidad sobre gasto sanitario público, la Comunidad de Madrid se sitúa como la región de España que menos porcentaje de su PIB dedica a la sanidad: un 3,6%. El territorio gobernado por el PP desde hace más de 25 años gasta un 1,1% menos que Cataluña, la siguiente que menos invierte con un 4,7%.
En 2019, Madrid contaba con un personal sanitario de 54.351 personas. Son mil menos de los que había hace diez años, según los datos oficiales del Servicio Madrileño de Salud. El número de facultativos –médicos y en menor medida farmacéuticos– también se ha recortado en estos diez años: de 16.656 a 16.492, pese al aumento de población.
- Profesores: 30 millones de euros al año equivalen a unos 788 docentes, asegura Isabel Galvín, portavoz de enseñanza de CCOO Madrid. El dato coincide con las propias cifras de la Comunidad de Madrid, que anunció para el curso 2019/2020 una inversión de 32,6 millones de euros para contratar 800 nuevos docentes. Galvín lamenta el anuncio de Ayuso a la vez que se quieren acometer "recortes" para el curso que viene pese a que la pandemia aún golpea la región. En total, se suprimirán para el próximo curso 4.919 aulas COVID y se despedirá a una buena parte de los profesores que se contrataron para bajar las ratios de alumnos.
La Comunidad de Madrid está por debajo de la media nacional en número de alumno por profesorado, pese a los más de 10.000 docentes que contrató para la pandemia. Mientras la media del Estado está en 92 profesionales por cada 1.000 alumnos, la media de la comunidad que su gobierno presenta como la más pujante del país, baja a 86.
Una medida que no es nueva
La medida anunciada no es nueva. La presidenta regional ya hizo la misma promesa en la campaña de hace dos años, en 2019. Quedó en un cajón como gran parte de su programa electoral. También la rebaja "histórica" de impuestos del IRPF en todos los tramos, que incluía a las rentas más altas. Ayuso no ha logrado sacar adelante ni un solo presupuesto desde que es presidenta y sigue gobernando con la prórroga de los que sacó adelante su antecesor, Ángel Garrido en 2019, una situación que se agrava en el contexto actual de pandemia. Con las nuevos comicios, todo apunta a que 2021 terminará sin nuevas cuentas.
La gestión de los impuestos de Sucesiones, Donaciones o del Patrimonio es una cesión el Estado a las comunidades autónomas que nació como una forma de involucrar a las autonomías para que se hagan responsables de parte de sus ingresos ya que gestionan el grueso del gasto social (sanidad y educación, principalmente). El Gobierno central planea legislar para implementar una armonización fiscal debido a que estos impuestos varían notablemente según comunidades y las quejas de algunos presidentes de distinto color político que acusan a Madrid de ejercer un dumping fiscal.
Los sucesivos gobiernos del PP de Madrid han sido pioneros a la hora de bonificar ese tipo de tributos: lo hace al 99% en el caso de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges. El impuesto sobre el Patrimonio está anulado porque se bonifica al 100%. Por este último impuesto, el Gobierno regional dejó de ingresar en el último año en el que hay registros (2017) 955 millones de euros. Cataluña, la segunda Comunidad más rica, sin embargo, recaudó ese año por ese mismo impuesto 498,5 millones.
En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que se bonifica al 99%, en 2018, en Madrid se recaudaron apenas 411 millones de euros. Stop Impuesto de Sucesiones, una plataforma que lucha por la supresión de este tributo, elaboró el ejemplo de una persona de 30 años, soltera, que hereda de sus padres bienes por 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a su vivienda.
En Andalucía, este heredero no debería pagar ni un euro a Hacienda por la sucesión, y en Canarias apenas 134 euros. Si viviera en Madrid abonaría 1.586 euros. Por el contrario, este importe se elevaría a 155.393 euros o 103.135 euros, respectivamente, en Aragón y Asturias, las dos comunidades autónomas donde este contribuyente debería más dinero a las arcas públicas. Les siguen Castilla y León (81.018 euros), la Comunidad Valenciana (63.193 euros), Castilla-La Mancha (31.759 euros), Galicia (15.040 euros), Cantabria (14.765 euros), Cataluña (9.796 euros), Baleares (5.950 euros), La Rioja (3.175 euros), Murcia (1.640 euros) y Extremadura (1.587 euros).
Esos beneficios fiscales diseñados por la Comunidad de Madrid se concentran en los contribuyentes de mayor renta y riqueza y suponen una reducción de los ingresos públicos per cápita que, en comparación a la mayoría de las Comunidades Autónomas, afecta a la calidad de los servicios públicos.
La medida anunciada no es nueva. La presidenta regional ya hizo la misma promesa en la campaña de hace dos años, en 2019. Quedó en un cajón como gran parte de su programa electoral. También la rebaja "histórica" de impuestos del IRPF en todos los tramos, que incluía a las rentas más altas. Ayuso no ha logrado sacar adelante ni un solo presupuesto desde que es presidenta y sigue gobernando con la prórroga de los que sacó adelante su antecesor, Ángel Garrido en 2019, una situación que se agrava en el contexto actual de pandemia. Con las nuevos comicios, todo apunta a que 2021 terminará sin nuevas cuentas.
La gestión de los impuestos de Sucesiones, Donaciones o del Patrimonio es una cesión el Estado a las comunidades autónomas que nació como una forma de involucrar a las autonomías para que se hagan responsables de parte de sus ingresos ya que gestionan el grueso del gasto social (sanidad y educación, principalmente). El Gobierno central planea legislar para implementar una armonización fiscal debido a que estos impuestos varían notablemente según comunidades y las quejas de algunos presidentes de distinto color político que acusan a Madrid de ejercer un dumping fiscal.
Los sucesivos gobiernos del PP de Madrid han sido pioneros a la hora de bonificar ese tipo de tributos: lo hace al 99% en el caso de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges. El impuesto sobre el Patrimonio está anulado porque se bonifica al 100%. Por este último impuesto, el Gobierno regional dejó de ingresar en el último año en el que hay registros (2017) 955 millones de euros. Cataluña, la segunda Comunidad más rica, sin embargo, recaudó ese año por ese mismo impuesto 498,5 millones.
En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que se bonifica al 99%, en 2018, en Madrid se recaudaron apenas 411 millones de euros. Stop Impuesto de Sucesiones, una plataforma que lucha por la supresión de este tributo, elaboró el ejemplo de una persona de 30 años, soltera, que hereda de sus padres bienes por 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a su vivienda.
En Andalucía, este heredero no debería pagar ni un euro a Hacienda por la sucesión, y en Canarias apenas 134 euros. Si viviera en Madrid abonaría 1.586 euros. Por el contrario, este importe se elevaría a 155.393 euros o 103.135 euros, respectivamente, en Aragón y Asturias, las dos comunidades autónomas donde este contribuyente debería más dinero a las arcas públicas. Les siguen Castilla y León (81.018 euros), la Comunidad Valenciana (63.193 euros), Castilla-La Mancha (31.759 euros), Galicia (15.040 euros), Cantabria (14.765 euros), Cataluña (9.796 euros), Baleares (5.950 euros), La Rioja (3.175 euros), Murcia (1.640 euros) y Extremadura (1.587 euros).
Esos beneficios fiscales diseñados por la Comunidad de Madrid se concentran en los contribuyentes de mayor renta y riqueza y suponen una reducción de los ingresos públicos per cápita que, en comparación a la mayoría de las Comunidades Autónomas, afecta a la calidad de los servicios públicos.
jueves, 15 de abril de 2021
viernes, 13 de noviembre de 2020
5.700 millones será el presupuesto de Educación para 2021 (Pablo Gutiérrez del Álamo para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)
ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica esta noticia
- Si finalmente se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, el incremento de la financiación del Ministerio de Educación y FP será de un 139 % con respecto a los actuales y alcanzará la cifra de 5.697 millones de euros el próximo año.
De estos 5.700 millones, 1.800 corresponden a la redistribución de las partidas de formación profesional para el empleo, que pasarán definitivamente al Ministerio de Educación desde el de Trabajo, así como por el incremento de los presupuestos estatales y por los fondos que estén por llegar desde la Unión Europea.
Las apuestas fundamentales de la cartera de Isabel Celaá serán, principalmente, tres: equidad (vía becas), formación profesional y digitalización de la educación.
Apuesta por la equidad
En lo referente a equidad, se dedicarán 2.360 millones a tres partidas fundamentales: el aumento de las becas y ayudas al estudio; el aumento de las plazas públicas de educación infantil de primer ciclo (0-3 años), y a la lucha contra el abandono escolar temprano (AET).
El sistema de becas, que todavía se encuentra, como ha confirmado el secretario de Estado, Alejandro Tiana, en periodo de revisión para su transformación, recibirá 515 millones de euros adicionales para 2021 hasta un total de 2090 millones. Un incremento del 35%, el mayor presupuesto que se haya dado en este apartado de los presupuestos nunca.
Por delante, más allá de la aprobación de los PGE, está la convocatoria en próximas fechas del Observatorio de becas para que el Ministerio dé cuenta de las novedades. La intención de Educación es aclarar lo máximo posible cuáles serán las cuantías que cada peticionario recibirá para que, así, puedan organizarse de cara a cada curso escolar. Para ello, entre otras medidas, se intentará dejar en la menor expresión posible la parte variable que instituyera en su momento José Ignacio Wert como ministro de Educación.
Para el aumento de las plazas de educación infantil de primer ciclo, el ministerio se ha planteado un plan a tres años vista con la idea, ha sostenido esta mañana la propia ministra Celaá de que las familias vulnerables tengan mayor posibilidad de acceso a estas plazas. Idea en la que ha insistido Alejandro Tiana. Está previsto que sea mediante un programa de cooperación territorial en el que, además, quieren incluir a las administraciones locales. Para el próximo año está previsto que la mayor parte de las plazas que se creen se hagan en centros ya existentes, como escuelas infantiles o colegios de infantil y primaria. Algo que tendrán que decidir las comunidades autónomas.
El aumento de las plazas de 0-3 se ha interpretado como un ataque a la escuela concertada, que no recibirá financiación para el crecimiento de sus plazas. Según Alejandro Tiana «es un error desde cualquier punto de vista». El objetivo del Ministerio es pasar del actual 34 % de cobertura hasta porcentajes cercanos a los de comunidades como Euskadi, es decir, alrededor del 54 %. Pero cubriendo las necesidades de escolarización de la población más vulnerables, para lo que se apuesta por plazas públicas y gratuitas. «Son los más vulnerables, los que más necesitan esas plazas», ha insistido el secretario de Estado.
Está previsto que se inviertan 200 millones de euros en aulas de 0-3 años, para que se abran 21.794 plazas que podrán estar en centros ya en funcionamiento y en otros que eventualmente se construyan.
Finalmente estarán el programa PROA+ centrado en la disminución del abandono escolar temprano. Durante este 2020 ya se repartieron 60 millones entre las autonomías para que lo pusieran en marcha y está previsto que para 2021 haya una propuesta a las administraciones educativas competentes para que estos programas reciban financiación tanto estatal como autonómica. Habrá 80 millones para que 1.800 centros de especial complejidad, el próximo año, puedan poner en marcha estos programas.
Digitalización de la educación
En los últimos meses, la pandemia y el confinamiento, han puesto de relieve la difícil situación en la que se encuentran muchos centros educativos. Redes wifi que no dan más de sí, equipos informáticos más o menos obsoletos y una gran brecha digital entre el alumnado que, aún hoy permanece sin contabilizar del todo.
Más allá de las iniciativas que se pongan en marcha por parte de empesas del sector tecnológico para esta digitalización, desde el Ministerio quieren aumentar la cifra de los dispositivos electrónicos anunciados hace meses para el alumnado con mayores dificultades. A esos 500.000 dispositivos que todavía se están licitando, Educación hará la inversión de 150 millones de euros más para que haya otros 250.000. Tres cuartos de millón de dispositivos que irán a parar al alumnado que las comunidades autónomas decidan en función de sus necesidades materiales.
También se invertirán 827 millones para la puesta en marcha de 23.000 aulas digitales para sostener el sistema híbrido de enseñanza. A estas cifras se sumarán 31 millones para la formación del profesorado en digitalización de la enseñanza y otros 2,5 para las y los docentes de formación profesional.
Con todo ello, este proyecto de digitalización absorverá 1.013 millones de euros en 2021.
La reforma de la FP
Esta es una de las grandes apuestas del Gobierno de Pedro Sánchez que ya anunciara una gran reforma hace unos meses. Además de la inclusión de la FP para el empleo dentro de las competencias del Ministerio de Educación, con su consiguiente ampliación presupuestaria, está previsto que la formación profesional reciba 1.628 millones de euros. De esta cifra, casi 1.000 millones (974) irán a parar a la FP para el empleo, mientras que la del sistema educativos recibirá en 2021 654 millones, lo que supone un aumento del 349 % si se tiene en cuenta que su presupuesto en 2020 es de 187 milllones.
Junto a este aumento tan importante de recursos, la reforma de la formación profesional se basará en la promulgación de una ley específica en los próximos meses.
Entre los programas sobre los que apuesta el Ministerio para la mejora de esta etapa educativa se encuentra la acreditación de la experiencia de más de medio millón de personas que, a pesar de tener conocimientos adquiridos por la experiencia laboral, no tienen ningún título que lo acredite. Para conseguir revertir esta situación se invertirán 127 millones.
La falta de plazas de formación profesional lleva siendo un importante problema grave en muchas comunidades autónomas desde hace ya años. Por ello, el Ministerio tiene un plan que prevé la creación durante cuatro años de un total de 200.000 nuevas plazas. El primer paso será invertir el año que viene 64 millones para que se creen 47.400 nuevas plazas que puedan cubrir la demanda actual de estos estudios.
La otra gran pata sobre la que se apoyará el plan de modernización de la FP en los próximos años tiene que ver con la entrada del bilingüismo a estos estudios profesionales, tanto en los grados medios como en los superiores. Para ello se invertirán 170 millones de eros.
El objetivo, ha explicado la ministra Celaá es que «en tres años, el 10 % de los ciclos de FP sean bilingües».
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