(BOCM 13-6-2022)
Blog de Marea Verde Madrid. Por una Educación Pública de calidad de tod@s, para tod@s y con tod@s.
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martes, 14 de junio de 2022
ORDEN 1557/2022, de 6 de junio, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se modifican determinados requisitos establecidos en la Orden 792/2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para el estudio de Formación Profesional de grado superior en la Comunidad de Madrid (BOCM 13-6-2022)
sábado, 25 de septiembre de 2021
Circular de las Viceconsejerías de Política educativa y de Organización educativa sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 en relación con la actividad deportiva en centros educativos durante el curso 2021-2022 (23-9-2021)
jueves, 23 de septiembre de 2021
sábado, 24 de julio de 2021
DECRETO 189/2021, de 21 de julio, por el que se modifica el Decreto 59/2020, de 29 de julio: las modificaciones de Educación Física se implantarán en el curso 2022-23 (BOCM 23-7-2021)
DECRETO 189/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 59/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
(BOCM 23-7-2021)
Artículo único
Modificación del Decreto 59/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
El apartado 2 de la disposición final primera del Decreto 59/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Calendario de implantación, queda redactado de la siguiente manera:
“2. Las modificaciones introducidas en este Decreto relativas a la materia Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria se implantarán en el año académico 2022-2023”.
[...]
Modificación del Decreto 59/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
El apartado 2 de la disposición final primera del Decreto 59/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Calendario de implantación, queda redactado de la siguiente manera:
“2. Las modificaciones introducidas en este Decreto relativas a la materia Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria se implantarán en el año académico 2022-2023”.
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sábado, 8 de febrero de 2020
El PP lleva la polémica del veto parental a Madrid con más controles a los centros ante la "perplejidad" de los profesores (Fátima Caballero y Sofía Pérez Mendoza para eldiario.es)
Artículo de Fátima Caballero y Sofía Pérez Mendoza para eldiario.es
Con esta medida, el Gobierno de PP y Ciudadanos en Madrid da por cumplido el acuerdo de investidura con Vox en materia educativa. En la formación de extrema derecha, sin embargo, insisten en que su apoyo a los presupuestos de 2020 sigue condicionado a que se apruebe lo que ellos denominan 'pin parental', la posibilidad de que los padres veten para sus hijos algunas actividades programadas por los centros. La Consejería de Educación asegura en la nueva instrucción que "los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
La decisión ha generado "sorpresa" y "perplejidad" en los equipos directivos de los colegios e institutos y también en la oposición política. Sobre todo porque hace apenas dos semanas la propia Díaz Ayuso afirmó que la polémica en Madrid no existía y el consejero de Educación, Enrique Ossorio, contradijo con datos el supuesto adoctrinamiento. De los 1.240.000 alumnos escolarizados en los 1.200 centros de toda la Comunidad de Madrid solo hubo una queja por escrito por una actividad en el municipio de Pedrezuela, informó Ossorio. Ninguna denuncia formal. Ayuso declaró con estos datos que la polémica de Vox era "estéril" y defendió hace apenas cinco días ante la dirección del PP de Madrid que "cuando algo no es verdad no se puede asumir".
Sin embargo, los centros educativos amanecieron este lunes con una nueva instrucción que modifica otra del pasado mes de diciembre, cuando todavía no había aflorado la polémica sobre el mal llamado pin parental, que estalló después de que el Gobierno de Murcia integrado también por PP y Ciudadanos asumiera la medida a cambio del apoyo de la extrema derecha a sus cuentas. En Madrid, los centros ya venían informando de estas cuestiones a comienzo de curso cuando cerraban la programación. La mayoría lo hacían a través de su página de internet.
La novedad es que ahora tendrán que adelantar cinco meses la planificación: la Consejería obliga a que se publique en abril la programación del curso presente y también la previsión del siguiente con actividades concretas. Toda esta información debe estar colgada en la web de cada centro y también en la página oficial de la Comunidad de Madrid para que cualquier familia pueda consultarla y decida así el centro académico que elige para sus hijos. La instrucción recoge, concretamente, la relación de documentos de acceso abierto: el proyecto educativo, la memoria de todas las actividades del curso, la programación general anual, el reglamento de régimen interno y las normas de convivencia.
Desde la Consejería de Educación reconocen a eldiario.es que tras la medida están Vox y la controversia causada por la formación de extrema derecha, que ha repetido en numerosas ocasiones que su apoyo a los presupuestos regionales está condicionado a que se apruebe el veto parental."Se aprueba ahora debido a la necesidad, con todo el lío que se ha montado, de que exista la máxima transparencia y que los padres tengan toda la información antes de que se inicie el curso", aseguran fuentes de la Consejería que añaden que se trata de un acuerdo "verbal" al que llegaron en PP y Vox en agosto para investir a Ayuso, al que la presidenta se comprometió ya en su discurso en la Asamblea de Madrid.
- La Comunidad de Madrid ordena a los centros públicos y concertados publicar sus programaciones anuales para allanar el voto de Vox a los presupuestos una semana después de que Díaz Ayuso defendiese que es una polémica "estéril"
03/02/2020
La polémica del veto parental se desplaza ahora a Madrid. Dos semanas después de que Murcia iniciara el blindaje legal de la medida por las exigencias de Vox para apoyar allí los presupuestos, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso ha enviado una instrucción a todos los centros sostenidos con fondos públicos –los públicos y también los concertados– para obligarles a publicar en sus web el proyecto educativo anual y las actividades complementarias como charlas, talleres o excursiones.Con esta medida, el Gobierno de PP y Ciudadanos en Madrid da por cumplido el acuerdo de investidura con Vox en materia educativa. En la formación de extrema derecha, sin embargo, insisten en que su apoyo a los presupuestos de 2020 sigue condicionado a que se apruebe lo que ellos denominan 'pin parental', la posibilidad de que los padres veten para sus hijos algunas actividades programadas por los centros. La Consejería de Educación asegura en la nueva instrucción que "los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".
La decisión ha generado "sorpresa" y "perplejidad" en los equipos directivos de los colegios e institutos y también en la oposición política. Sobre todo porque hace apenas dos semanas la propia Díaz Ayuso afirmó que la polémica en Madrid no existía y el consejero de Educación, Enrique Ossorio, contradijo con datos el supuesto adoctrinamiento. De los 1.240.000 alumnos escolarizados en los 1.200 centros de toda la Comunidad de Madrid solo hubo una queja por escrito por una actividad en el municipio de Pedrezuela, informó Ossorio. Ninguna denuncia formal. Ayuso declaró con estos datos que la polémica de Vox era "estéril" y defendió hace apenas cinco días ante la dirección del PP de Madrid que "cuando algo no es verdad no se puede asumir".
Sin embargo, los centros educativos amanecieron este lunes con una nueva instrucción que modifica otra del pasado mes de diciembre, cuando todavía no había aflorado la polémica sobre el mal llamado pin parental, que estalló después de que el Gobierno de Murcia integrado también por PP y Ciudadanos asumiera la medida a cambio del apoyo de la extrema derecha a sus cuentas. En Madrid, los centros ya venían informando de estas cuestiones a comienzo de curso cuando cerraban la programación. La mayoría lo hacían a través de su página de internet.
La novedad es que ahora tendrán que adelantar cinco meses la planificación: la Consejería obliga a que se publique en abril la programación del curso presente y también la previsión del siguiente con actividades concretas. Toda esta información debe estar colgada en la web de cada centro y también en la página oficial de la Comunidad de Madrid para que cualquier familia pueda consultarla y decida así el centro académico que elige para sus hijos. La instrucción recoge, concretamente, la relación de documentos de acceso abierto: el proyecto educativo, la memoria de todas las actividades del curso, la programación general anual, el reglamento de régimen interno y las normas de convivencia.
Desde la Consejería de Educación reconocen a eldiario.es que tras la medida están Vox y la controversia causada por la formación de extrema derecha, que ha repetido en numerosas ocasiones que su apoyo a los presupuestos regionales está condicionado a que se apruebe el veto parental."Se aprueba ahora debido a la necesidad, con todo el lío que se ha montado, de que exista la máxima transparencia y que los padres tengan toda la información antes de que se inicie el curso", aseguran fuentes de la Consejería que añaden que se trata de un acuerdo "verbal" al que llegaron en PP y Vox en agosto para investir a Ayuso, al que la presidenta se comprometió ya en su discurso en la Asamblea de Madrid.
Una instrucción política y no "educativa"
Los equipos directivos con los que ha contactado eldiario.es se quejan de que la instrucción "trasciende" lo educativo y responde a criterios políticos en la antesala de la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2020. "Asistimos al debate como espectadores cuando es algo que nos afecta en primera persona", se queja Esteban Álvarez de Toledo, presidente de Adimad, la asociación que agrupa al 80% de los directores de institutos madrileños.
A día de hoy, el Gobierno de PP y Ciudadanos en Madrid tiene prorrogados los presupuestos de 2019. Ni se ha comenzado a trabajar en un borrador de las cuentas ni se han iniciado las conversaciones con el resto de grupos de la Cámara madrileña para su negociación. Pese a que para el Gobierno regional, con la instrucción remitida este lunes a los centros "se cumple así con lo acordado en el debate de investidura, tal y como quedó reflejado en el diario de sesiones de la Asamblea", según Enrique Ossorio, para Vox la medida adoptada este lunes no sería suficiente e insisten en que solo con el pin parental darán su visto bueno a los presupuestos.
La "perplejidad" se ha instalado en los colegios y los institutos porque, según los docentes, las órdenes que incluye la instrucción no son nuevas. La Lomce, la ley orgánica educativa aplicable a todo el territorio nacional, obliga a hacer "públicos" los proyectos educativos "para facilitar su conocimiento" a las familias en su artículo 121 y existen instrucciones específicas de la Comunidad de Madrid que recogen este mismo mandato.
Por eso, CCOO considera que la nueva orden "supone por omisión un señalamiento a los equipos docentes" y da a entender "que no se está cumpliendo la normativa vigente". "La instrucción es una concreción del modo en que tienen que cumplirse los preceptos normativos", señala la responsable de Educación de CCOO Madrid, Isabel Galvín. "Ya lo estábamos haciendo, sobre todo en Secundaria. Siempre estamos a favor de la transparencia, de más calidad y más información. Pero ya la había", añaden desde Adimad.
Algunos profesores consideran, además, que este tipo de órdenes "extienden la duda y la sospecha" sobre los centros educativos. "Somos profesionales de la enseñanza que peleamos por la calidad educativa, que tenemos criterios y que cumplimos con las normas", reivindica el director de un colegio de la capital que prefiere no dar su nombre. Otro profesor de Secundaria, con más de 30 de años de experiencia, cree que la instrucción dificulta más el trabajo docente. "Debido al gran número de interinos, los equipos cambian cada mes de septiembre. Hasta que no está completo, la programación difícilmente puede hacerse".
Desde la oposición consideran que el Gobierno regional está "siguiendo la senda que marca Vox" aprobando esta instrucción. "Lo que nos hemos encontrado hoy es una medida para condicionar las programaciones de los centros públicos para que los consejos escolares y los claustros estén condicionados a la hora de planificar actividades y de determinar charlas”, considera el portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano.
Para el PSOE, la medida “no es ninguna novedad”, como han explicado desde los centros educativos, sino que se trata de “desviar la atención de los problemas reales que tiene la educación en Madrid”. “Al final hay que hacerle el juego a Vox y que tengan un motivo más para apoyar sus presupuestos”, declaraba la diputada socialista Marta Bernardo. En Más Madrid consideran que la medida “nace muerta porque Vox ya ha dicho que no le vale” pese a que pretende “contentar a Vox”, ha criticado su portavoz Pablo Perpinyà.
Ayuso declaraba este lunes que la medida se limita a garantizar la "libertad": "Es simplemente la libertad de las familias para saber la oferta que le vamos a dar a sus hijos". El pulso entre el Gobierno de coalición y Vox, formación de la que dependen, está echado. De momento, pese a la negativa del Ejecutivo madrileño de ceder a esta exigencia, el partido de Santiago Abascal ha conseguido imponer la medida en Murcia, presiona en Andalucía y ha arrancado en Madrid la primera cesión para que haya un mayor control ideológico a los centros educativos.
Los equipos directivos con los que ha contactado eldiario.es se quejan de que la instrucción "trasciende" lo educativo y responde a criterios políticos en la antesala de la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2020. "Asistimos al debate como espectadores cuando es algo que nos afecta en primera persona", se queja Esteban Álvarez de Toledo, presidente de Adimad, la asociación que agrupa al 80% de los directores de institutos madrileños.
A día de hoy, el Gobierno de PP y Ciudadanos en Madrid tiene prorrogados los presupuestos de 2019. Ni se ha comenzado a trabajar en un borrador de las cuentas ni se han iniciado las conversaciones con el resto de grupos de la Cámara madrileña para su negociación. Pese a que para el Gobierno regional, con la instrucción remitida este lunes a los centros "se cumple así con lo acordado en el debate de investidura, tal y como quedó reflejado en el diario de sesiones de la Asamblea", según Enrique Ossorio, para Vox la medida adoptada este lunes no sería suficiente e insisten en que solo con el pin parental darán su visto bueno a los presupuestos.
La "perplejidad" se ha instalado en los colegios y los institutos porque, según los docentes, las órdenes que incluye la instrucción no son nuevas. La Lomce, la ley orgánica educativa aplicable a todo el territorio nacional, obliga a hacer "públicos" los proyectos educativos "para facilitar su conocimiento" a las familias en su artículo 121 y existen instrucciones específicas de la Comunidad de Madrid que recogen este mismo mandato.
Por eso, CCOO considera que la nueva orden "supone por omisión un señalamiento a los equipos docentes" y da a entender "que no se está cumpliendo la normativa vigente". "La instrucción es una concreción del modo en que tienen que cumplirse los preceptos normativos", señala la responsable de Educación de CCOO Madrid, Isabel Galvín. "Ya lo estábamos haciendo, sobre todo en Secundaria. Siempre estamos a favor de la transparencia, de más calidad y más información. Pero ya la había", añaden desde Adimad.
Algunos profesores consideran, además, que este tipo de órdenes "extienden la duda y la sospecha" sobre los centros educativos. "Somos profesionales de la enseñanza que peleamos por la calidad educativa, que tenemos criterios y que cumplimos con las normas", reivindica el director de un colegio de la capital que prefiere no dar su nombre. Otro profesor de Secundaria, con más de 30 de años de experiencia, cree que la instrucción dificulta más el trabajo docente. "Debido al gran número de interinos, los equipos cambian cada mes de septiembre. Hasta que no está completo, la programación difícilmente puede hacerse".
Desde la oposición consideran que el Gobierno regional está "siguiendo la senda que marca Vox" aprobando esta instrucción. "Lo que nos hemos encontrado hoy es una medida para condicionar las programaciones de los centros públicos para que los consejos escolares y los claustros estén condicionados a la hora de planificar actividades y de determinar charlas”, considera el portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano.
Para el PSOE, la medida “no es ninguna novedad”, como han explicado desde los centros educativos, sino que se trata de “desviar la atención de los problemas reales que tiene la educación en Madrid”. “Al final hay que hacerle el juego a Vox y que tengan un motivo más para apoyar sus presupuestos”, declaraba la diputada socialista Marta Bernardo. En Más Madrid consideran que la medida “nace muerta porque Vox ya ha dicho que no le vale” pese a que pretende “contentar a Vox”, ha criticado su portavoz Pablo Perpinyà.
Ayuso declaraba este lunes que la medida se limita a garantizar la "libertad": "Es simplemente la libertad de las familias para saber la oferta que le vamos a dar a sus hijos". El pulso entre el Gobierno de coalición y Vox, formación de la que dependen, está echado. De momento, pese a la negativa del Ejecutivo madrileño de ceder a esta exigencia, el partido de Santiago Abascal ha conseguido imponer la medida en Murcia, presiona en Andalucía y ha arrancado en Madrid la primera cesión para que haya un mayor control ideológico a los centros educativos.
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sábado, 1 de diciembre de 2018
Comparecencia de la ministra en la Comisión de Educación y FP para explicar la modificación de la LOE y la derogación de la LOMCE (28-11-2018)
Congreso de los Diputados - Canal Parlamento
Emitido en directo el 28 nov. 2018
domingo, 11 de noviembre de 2018
El Gobierno ultima la reforma de la Lomce: pierde peso la Religión y desincentiva la segregación por sexo (Laura Galaup en eldiario.es)
Artículo de Laura Galaup en eldiario.es
Con estas propuestas, el Ejecutivo socialista pretende recuperar una materia centrada en "una Educación en valores cívicos y éticos" en un curso de Primaria y en otro de Secundaria. Estas sugerencia figuran desglosadas por el departamento de Isabel Celaá en un documento titulado "propuestas para la modificación de la ley orgánica de educación".
Esta estrategia recoge una medida novedosa con la que el equipo de la Celaá pretende combatir el abandono escolar, que consiste en diseñar "un plan de repetición individualizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen esa medida".
Educación también apuesta por que los centros que segregan por sexos dejen de recibir dinero público. "Se reforzará la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de la coeducación", exponen en el documento, adelantado por El País. Con esta propuesta pretenden fortalecer "el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos e impulsar, en este terreno, las políticas activas por la igualdad".
La normativa impulsada por el exministro José Ignacio Wert blindó la financiación pública de los centros que segregan por sexos. Esta ley recogía que este modelo de enseñanza "no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos" y que no se le podrá aplicar "un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas".
Educación diferenciada, discriminación por género
El Tribunal Constitucional avaló en abril este artículo de la normativa, después de que los socialistas presentasen un recurso contra ese punto de la ley. Aún así, desde el equipo de Celaá proponen "eliminar la referencia a que la 'educación diferenciada' no se considera discriminación por género" en la normativa.
El PSOE también denunció el peso que fue ganando la asignatura de religión en el currículum educativa gracias a la Lomce. En Bachillerato esta asignatura está incluida en un paquete amplio de optativas tradicionalmente más duras, como Dibujo Técnico o Francés. Una de las consecuencias que se han percibido tras la implantación de la Ley Wert es que el número de alumnos de institutos públicos que escogen esta materia ha aumentado, ya que en esta etapa postobligatoria esta asignatura influye en la calificación final que condiciona el acceso a la universidad. Pasando así del 23% de estudiantes de Bachillerato que cursaban esta materia antes de la entrada en vigor de esta normativa al 37%, según datos del pasado mes de marzo.
Una vez que el PSOE ha llegado al poder quiere revertir el peso que tiene esta asignatura en el currículum educativo. Por ello, abogan por "organizar la enseñanza de la religión confesional de modo que no exista la obligación de cursar una materia alternativa por quienes no soliciten dicha enseñanza".
- El Ministerio ha enviado a la comunidad educativa un documento con sus propuestas para modificar la ley Wert
- El departamento de Isabel Celaá apuesta por "un plan de repetición individualizado" para combatir el fracaso escolar
- Abogan por evitar que los colegios que segregan por sexos reciban dinero público y fortalecer así "el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos"
Con estas propuestas, el Ejecutivo socialista pretende recuperar una materia centrada en "una Educación en valores cívicos y éticos" en un curso de Primaria y en otro de Secundaria. Estas sugerencia figuran desglosadas por el departamento de Isabel Celaá en un documento titulado "propuestas para la modificación de la ley orgánica de educación".
Esta estrategia recoge una medida novedosa con la que el equipo de la Celaá pretende combatir el abandono escolar, que consiste en diseñar "un plan de repetición individualizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen esa medida".
Educación también apuesta por que los centros que segregan por sexos dejen de recibir dinero público. "Se reforzará la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de la coeducación", exponen en el documento, adelantado por El País. Con esta propuesta pretenden fortalecer "el principio de no discriminación por género en el régimen de conciertos e impulsar, en este terreno, las políticas activas por la igualdad".
La normativa impulsada por el exministro José Ignacio Wert blindó la financiación pública de los centros que segregan por sexos. Esta ley recogía que este modelo de enseñanza "no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos" y que no se le podrá aplicar "un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas".
Educación diferenciada, discriminación por género
El Tribunal Constitucional avaló en abril este artículo de la normativa, después de que los socialistas presentasen un recurso contra ese punto de la ley. Aún así, desde el equipo de Celaá proponen "eliminar la referencia a que la 'educación diferenciada' no se considera discriminación por género" en la normativa.
El PSOE también denunció el peso que fue ganando la asignatura de religión en el currículum educativa gracias a la Lomce. En Bachillerato esta asignatura está incluida en un paquete amplio de optativas tradicionalmente más duras, como Dibujo Técnico o Francés. Una de las consecuencias que se han percibido tras la implantación de la Ley Wert es que el número de alumnos de institutos públicos que escogen esta materia ha aumentado, ya que en esta etapa postobligatoria esta asignatura influye en la calificación final que condiciona el acceso a la universidad. Pasando así del 23% de estudiantes de Bachillerato que cursaban esta materia antes de la entrada en vigor de esta normativa al 37%, según datos del pasado mes de marzo.
Una vez que el PSOE ha llegado al poder quiere revertir el peso que tiene esta asignatura en el currículum educativo. Por ello, abogan por "organizar la enseñanza de la religión confesional de modo que no exista la obligación de cursar una materia alternativa por quienes no soliciten dicha enseñanza".
Beneficios para familias monoparentales
Por otro lado, Educación quiere que estas modificaciones contribuyan a "eliminar los elementos discriminatorios derivados de la especialización de centros". Para ello apuesta por modificar "los criterios de baremación, reconociendo la situación de las familias monoparentales, de las víctimas de violencia de género y de terrorismo".
Por su parte, en el apartado destinado a las medidas centradas en la inclusión educativa proponen la eliminación de los itinerarios, la reformulación del programa de refuerzo para los alumnos y de la Formación Profesional Básica para que estos alumnos puedan conseguir el título de Secundaria.
Desde el Ministerio apuntan a la Lomce como una de las desencadenantes del "alto número de repetidores". En nuestro país l a tasa española de abandono escolar temprano duplica la de la UE y el porcentaje de alumnos repetidores triplica la media de la OCDE.
Combatir la repetición
Para incentivar que estos alumnos no abandonen las clases, optan por "establecer un plan de repetición individualizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen esta medida". Además, otorgan la potestad a las juntas de evaluación de los colegios de adoptar "medidas educativas ordinarias previas a la repetición".
Aunque, también buscan legislar para aquellos que dejan el sistema sin título de ESO. Para este colectivo proponen un "plan de orientación individualizado con la finalidad de continuar su proceso formativo".
Otro de los bloques está centrado en el sistema educativo y el modelo territorial. En él se decantan por "suprimir la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación corresponda a las comunidades autónomas en las que hay lengua cooficial".
Por otro lado, Educación quiere que estas modificaciones contribuyan a "eliminar los elementos discriminatorios derivados de la especialización de centros". Para ello apuesta por modificar "los criterios de baremación, reconociendo la situación de las familias monoparentales, de las víctimas de violencia de género y de terrorismo".
Por su parte, en el apartado destinado a las medidas centradas en la inclusión educativa proponen la eliminación de los itinerarios, la reformulación del programa de refuerzo para los alumnos y de la Formación Profesional Básica para que estos alumnos puedan conseguir el título de Secundaria.
Desde el Ministerio apuntan a la Lomce como una de las desencadenantes del "alto número de repetidores". En nuestro país l a tasa española de abandono escolar temprano duplica la de la UE y el porcentaje de alumnos repetidores triplica la media de la OCDE.
Combatir la repetición
Para incentivar que estos alumnos no abandonen las clases, optan por "establecer un plan de repetición individualizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen esta medida". Además, otorgan la potestad a las juntas de evaluación de los colegios de adoptar "medidas educativas ordinarias previas a la repetición".
Aunque, también buscan legislar para aquellos que dejan el sistema sin título de ESO. Para este colectivo proponen un "plan de orientación individualizado con la finalidad de continuar su proceso formativo".
Otro de los bloques está centrado en el sistema educativo y el modelo territorial. En él se decantan por "suprimir la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación corresponda a las comunidades autónomas en las que hay lengua cooficial".
Reválidas muestrales
Si estas medidas finalmente se aprueban, con ellas se pondrá fina a las polémicas reválidas implantadas por Wert al final de Primaria, ESO y Bachillerato. La oposición política y de la comunidad educativa obligaron al Gobierno del PP a descafeinar estas pruebas, concebidas en sus inicios como una criba que era necesario superar para obtener el título. Finalmente derivó en un examen que no afectaba a la media y era muestral.
En este documento Educación aboga por mantener el carácter muestral de estos ejercicios, con una periodicidad plurianual, para evaluar el estado del sistema educativo, "rendir cuentas por parte de los centros y orientar las medidas de gestión de los centros y las políticas de las administraciones. Asimismo, reflejan que se prohíba la utilización de los resultados "para realizar valoraciones de los alumnos o para la clasificación de los centros".
Desde el Ejecutivo socialista buscan que la democracia interna de los centros aumente, así como que se haga "real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el gobierno de los mismos". Para ello, abogan por que este colectivo gane peso a la hora de elegir al director del colegio o del instituto.
Si estas medidas finalmente se aprueban, con ellas se pondrá fina a las polémicas reválidas implantadas por Wert al final de Primaria, ESO y Bachillerato. La oposición política y de la comunidad educativa obligaron al Gobierno del PP a descafeinar estas pruebas, concebidas en sus inicios como una criba que era necesario superar para obtener el título. Finalmente derivó en un examen que no afectaba a la media y era muestral.
En este documento Educación aboga por mantener el carácter muestral de estos ejercicios, con una periodicidad plurianual, para evaluar el estado del sistema educativo, "rendir cuentas por parte de los centros y orientar las medidas de gestión de los centros y las políticas de las administraciones. Asimismo, reflejan que se prohíba la utilización de los resultados "para realizar valoraciones de los alumnos o para la clasificación de los centros".
Desde el Ejecutivo socialista buscan que la democracia interna de los centros aumente, así como que se haga "real y efectiva la participación de la comunidad educativa en el gobierno de los mismos". Para ello, abogan por que este colectivo gane peso a la hora de elegir al director del colegio o del instituto.
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domingo, 4 de noviembre de 2018
Hasta el 10 de noviembre, Consulta pública previa sobre un anteproyecto de Ley orgánica de modificación de la actual Ley de Educación
Fechas en las que se somete a consulta pública:
- Fecha de inicio: 26/10/2018
- Fecha límite para la presentación de aportaciones: 10/11/2018
sábado, 4 de agosto de 2018
El Gobierno reducirá los alumnos por aula y las horas lectivas de los profesores (20minutos.es)
Artículo publicado en 20minutos.es
- La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, aprobará un proyecto de ley en septiembre u octubre para derogar el Real Decreto de 2012.
La ministra de Educación y Formación Profesional,
Isabel Celaá, anunció este lunes que el Gobierno aprobará a la vuelta del
verano un proyecto de ley que derogará el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes
de Racionalización el Gasto Público en el Ámbito Educativo aprobado en 2012
durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, de manera que permitirá a las
comunidades autónomas reducir el número de alumnos por aula y las horas
lectivas de los profesores a partir del curso 2019-2020.
Ese real decreto ley,
que vio la luz en plena crisis económica, permite aumentar en un 20% el ratio
de alumnos por aula, incrementar la jornada lectiva de los docentes hasta las
25 horas en Educación Infantil y 20 horas en el resto de enseñanzas, y ampliar
a 10 días el plazo para nombrar funcionarios interinos que sustituyan a
profesores, excepto en algunas situaciones.
El Gobierno tumbará tres artículos
de ese real decreto ley y así lo trasladó este lunes a los consejeros
autonómicos del ramo en la primera Conferencia Sectorial de Educación presidida
por Celaá y celebrada en Madrid.
Minutos antes de finalizar la reunión, los
consejeros de las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP se
levantaron de la mesa "preocupados" porque el Gobierno no había
convocado antes a los directores generales para que prepararan el contenido de
la Conferencia Sectorial y por entender que los ejecutivos autonómicos deben
costear las medidas de mejora de la calidad de la enseñanza sin ayuda del
Estado.
Celaá subrayó en una rueda de prensa posterior a la Conferencia
Sectorial de Educación que el real decreto ley de 2012 se aprobó ante la
"coyuntura económica del momento" y que esas circunstancias
excepcionales ya han desaparecido, con lo que el Gobierno ve
"imperativo" restablecer la situación anterior con medidas "capitales
para la calidad de la educación".
La ministra indicó que las nuevas
medidas estarán en septiembre o "a más tardar en octubre" aprobadas
por el Consejo de Ministros y acusó a los consejeros del PP de sobreactuar
levantándose de la mesa antes de acabar la reunión.
"No podemos
racionalmente pensar en otra cosa más que era una estrategia ya adoptada
previamente antes de entrar porque todo se ha producido de manera muy natural
hasta que de pronto han decidido salir de la Conferencia Sectorial. Por lo tanto,
pensamos que, efectivamente, ha sido una medida que ya traían", dijo.
Tres
medidas claras
El anteproyecto de ley presentado este lunes y que llegará al
Consejo de Ministros después del verano deroga tres artículos del real decreto
ley de 2012. Uno de ellos es el artículo 2, que permite a los responsables
educativos elevar hasta en un 20% las ratios máximas de alumnos por aula.
Celaá
recalcó que los Presupuestos Generales del Estado para 2016, 2017 y 2018
establecen ya una tasa de reposición del 100% para las Administraciones
Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica de
Educación, lo cual permite mantener ratios de alumnos por aula menores. Esa
medida se aplicará a partir del curso 2019-2020.
Otro artículo a derogar es el
3, que incrementa la parte lectiva de la jornada del personal docente en
centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos hasta un mínimo de
25 horas en Educación Infantil y Primaria, y de 20 en las restantes enseñanzas.
Celaá comentó que, antes de que esa medida entrara en vigor, la jornada lectiva
de los docentes era regulada por cada administración educativa. La nueva ley
que aprobará el Gobierno contemplará que "las administraciones públicas
con competencias educativas podrán establecer la parte lectiva de la jornada
semanal del personal docente" a partir del curso 2019-2020.
Y el tercer
artículo que se derogará será el 4, que amplía a 10 días lectivos el plazo para
nombrar a funcionarios interinos que sustituyan transitoriamente a profesores titulares.
Esas tres medidas, según Celaá, han tenido "repercusiones negativas en la
eficacia organizativa de los centros docentes, en la calidad de la enseñanza y
en la atención al alumnado".
Por otro lado, el secretario de Estado de
Educación, Alejandro Tiana, respondió a los consejeros autonómicos del PP que
la reunión se convocó en junio y que se ha producido "tan pronto" ha
sido nombrado el nuevo Gobierno, y que en ella intervinieron los representantes
de todas las comunidades autónomas.
Tiana añadió que "no ha habido nada
extraño" hasta que "algún consejero" del PP planteó si las
nuevas medidas se habían votado, cuando "una amplia mayoría" se
habían manifestado favorable a revertir los recortes impuestos en 2012.
Además,
Tiana indicó que la nueva ley eliminará "la obligación de ahorrar
recortando en educación" y que las comunidades autónomas "volverán a
la situación anterior", por lo que "no tiene sentido" que el
Estado tenga que financiar las nuevas medidas cuando no ha solicitado a los
gobiernos autonómicos lo que han ahorrado como consecuencia del real decreto
ley de 2012.
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