La Inclusión en la Nueva Ley de Educación (Comisión Educación de UPLA. Unión de Plataformas en Defensa de los Servicios Sociales y Diversidad Funcional)

El pasado seis de julio, UPLA LAUNIÓN ha tenido una reunión con Fátima Rodríguez Gómez, asesora de Isabel Celaá, ministra de Educación.

Se le han planteado propuestas sobre Inclusión, con el fin de que se incluyan en la nueva Ley de Educación.

Propuestas que promuevan un cambio político que posibilite una verdadera inclusión en las escuelas y espacios educativos.

Cuando un niño con diversidad funcional comienza su escolarización: le hacen un psicodiagnóstico y un dictamen para ofrecerle apoyos. Este hecho conlleva una educación segregada dentro de la escuela ordinaria.

Les hacen desfases curriculares, es decir, que repitan un curso de cero a seis años para que lleguen a la altura de una supuesta “normalidad” que no existe.

En primaria, de seis a doce años, reducen sus contenidos curriculares, tanto los sociales como los académicos porque piensan que no son capaces. Luego les hacen repetir dos veces en primaria.

No adquieren en la mayoría los conocimientos básicos.

Les sacan de las aulas, dejando de estar con sus compañeros y les llevan a otros espacios hecho que les etiqueta.

Tras estos obstáculos, alguno es capaz de llegar a secundaria, sin apenas conocimientos de casi nada.

No han sido atendidos en su proceso de escolarización y siempre tiene la culpa el niño porque aluden a sus capacidades, nunca les parecen suficientes.

La propuesta para acudir a un centro de educación especial es una presión constante para la familia.

Al final es el único recurso que les queda, enviándoles al ostracismo académico y social.

Desde UPLA LAUNIÓN proponemos que el marco legislativo sea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que España ratificó en el año 2.008

Han pasado doce años y seguimos sin cambios para la ejecución de dicha Convención.
Proponemos abordar un cambio metodológico a través del Diseño Universal de Aprendizaje, para que ningún niño sea diferenciado con materiales, contenidos o estar fuera de las aulas.

Docencia compartida en las aulas, es decir dos docentes para que puedan atender a todo el alumnado sin discriminar, ni señalar a ningún alumno como diferentes, diferentes somos todos.

Proponemos que se den los recursos adecuados para situaciones que lo requieran y de esa manera hacer posible su accesibilidad y normalización de cualquier situación.

En el artículo 73 de la LOMLOE, nueva ley de educación, vemos que sigue estigmatizando, con los términos niños con “necesidades educativas especiales, como si la inclusión fuera nada más que para alumnos con discapacidad.

De esta forma van a permanecer segregados, diferenciados y excluidos como hasta ahora sin formarse y sin titulación.

Serán trabajadores sin formación y sin titulación, no podrán acceder a un mercado laboral digno, y pasarán a engrosar las cuentas de centros especiales de empleo, siendo trabajadores mal pagados y personas no integradas en la sociedad.

Hoy en día, por ser ciego, por tener trisomía 21 (síndrome de Down), X frágil, síndrome de Williams, asperger, autismo, trastorno general del desarrollo o cualquier circunstancia como una situación económica vulnerable, determinadas inclinaciones sexuales, procedencia de otros países, estarán todos en clara desventaja si La Nueva Ley de Educación no cambia algunos artículos.

No podemos seguir así. Ser vulnerable es sinónimo de discriminación para esta Ley y por eso decimos basta.

La inclusión educativa es un derecho fundamental vulnerado de nuevo por esta Nueva Ley de Educación que se quiere aprobar.

Comisión Educación de UPLA.
Unión de Plataformas en Defensa de los Servicios Sociales y Diversidad Funcional.

www.uplalaunion.org

uplalaunion@gmail.com

"¿Discriminas o respetas?" (Vídeo de #InclusióFCSD)

Per Manel RV #InclusióFCSD

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• En defensa de la Educación inclusiva (enlaces) 

La derecha te roba (Agustín Moreno en cuartopoder.es)

Agustín nos envía su artículo publicado en cuartopoder.es

• Se viene denunciando un proceso de privatización galopante en Educación en la Comunidad de Madrid

• Ataques del PP contra la equidad y una sociedad cohesionada

Mientras la izquierda anda ensimismada en sus divisiones, la derecha te roba. Y no me refiero a la rampante corrupción que ha hecho que cientos de cargos públicos hayan sido detenidos e imputados, y decenas de ellos estén o hayan pasado por la cárcel. Ni a la condena judicial del Partido Popular a nivel nacional “como beneficiario de un sistema de corrupción institucional”, que permitió que cristalizará la moción de censura que desalojó al PP y a Rajoy del Gobierno. Ni al coste estimado de la corrupción global que se estima en la friolera de 87.000 millones de euros.

Me refiero a lo que David Harvey llama la política de acumulación por desposesión. Que no es otra cosa que la privatización del bien común, la mercantilización de sectores que estaban cerrados al mercado para una sobreacumulación del capital. Para no andarnos con definiciones técnicas ni eufemismos: es el robo de lo público. Un caso concreto da la medida del expolio: con la privatización de Aena, los fondos de inversión se han embolsado mil millones y hoy su participación vale casi el triple de lo que les costó hace cuatro años. Y así, casos y casos de una privatización de los bienes públicos, que luego se compensa a los políticos responsables con puertas giratorias bien remuneradas.

Hablaré solo de educación en la Comunidad de Madrid. Hace tiempo se viene denunciando el proceso de privatización galopante de la educación pública. El procedimiento es muy preciso. Primero se deteriora la educación pública: brutales recortes y abandono, escolarización desequilibrada que concentra al alumnado con dificultades en los centros públicos, campañas contra el profesorado y la imagen de estos centros. En segundo lugar, se regala suelo público, se derivan recursos financieros y se establecen “conciertos” que es la forma de financiar a unos pocos con lo que es de todos. 

El resultado es que se deriva el alumnado hacia los centros privados. Tan es así que mientras que en todo el Estado la relación entre el alumnado de centros públicos y privados está en un 68,5%/31,5%, en Madrid es del 54%/46%. Dicho de otra manera: en la Comunidad de Madrid los centros privados han matriculado a 3 de cada cuatro nuevos alumnos (77%) entre 2007 y 2017. Un robo descarado del alumnado de la pública.

La última fase de esta ofensiva se está produciendo estos días. Es lo que demagógicamente llaman los cheques-bachillerato. Se acaba de publicar en el BOCM una Orden que establece que 3.000 plazas de bachillerato se van a privatizar. Lo llaman becas y lo venden como si fuera mejor la enseñanza privada, cuando los resultados de la selectividad (Ebau), demuestran que los mejores resultados suelen ser de alumnado de los institutos públicos. Pero da igual, que nadie se engañe. Cuando la zorra “cuida” las gallinas, están hablando de negocios aunque se disfracen de educación.

Esta medida del gobierno del PP en realidad supone: no abrir más de 100 aulas públicas de bachillerato, la pérdida de más de 170 profesores en la pública y trasferir 8 millones de euros a negocios privados. Las cifras vienen a coincidir con la demanda que exigían los sindicatos de crear 121 aulas públicas y aumentar en 200 el cupo del profesorado para atender el crecimiento de la demanda de alumnado en bachillerato. Es una medida de liquidación de la educación pública de tal calibre que sorprende que la comunidad educativa esté quieta, más allá de una recogida de firmas y el anuncio de una denuncia en los tribunales que ha hecho CCOO, algo con pocas posibilidades, teniendo en cuenta los antecedentes y composición de quién debe resolver.

Hay que recordar el abandono educativo que, desde el punto de vista de la financiación, realiza el gobierno del PP de Madrid con el apoyo de Ciudadanos. Según un reciente informe de Unicef, es la comunidad autónoma más rica que menos invierte: solo un 2,25% de su PIB en educación, la mitad del 4,34% del conjunto del Estado. Y el gasto por alumno y año de Madrid es de 4.443 euros, cuando la media estatal es de 5.169 euros. Y cada vez desvía más recursos a los centros privados sostenidos con fondos públicos.

Las agresiones no acaban aquí. Ya en campaña electoral, los candidatos del PP al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid han anunciado que si gobiernan regalarán suelo público para nuevos centros privados. Y el Gobierno del PP ha aprobado la creación de tres nuevas universidades privadas, en contra del criterio del consejo de rectores y del sentido común. Así, están consiguiendo que la Comunidad de Madrid aparezca en todos los estudios sobre segregación escolar como la segunda región de toda Europa que más discrimina por razones socioeconómicas. Ello es consecuencia del fomento de la educación privada frente a la pública y a políticas como el “bilingüismo”, aunque se venda con frases demagógicas como la “libertad de elección”.

Estamos ante el intento de liquidar la educación pública y convertirla en algo marginal. Porque para estudiar un bachillerato de calidad no hacen falta estas “becas” que son una trampa para privatizar 100 aulas: se puede estudiar en cualquier instituto público de forma gratuita. Es un ataque a la educación pública para impedir la equidad, la igualdad de oportunidades y una sociedad más cohesionada. Recoger firmas y anunciar un recurso jurídico no paralizará este brutal ataque a la educación pública. Se necesita resistencia en los centros de la comunidad educativa, movilización en la calle, y no equivocarse con el voto el próximo 26 de mayo. Se pueden decir las cosas más altas, pero no más claras.

1-10-2018: Concentración contra la discriminación de las docentes (16:00 h, ante DGRH. C/ Santa Hortensia 30)

"La educación inclusiva es el único camino para que se reconozcan los derechos de las personas con diversidad" (Pablo Gutiérrez del Álamo en El Diario de la Educación

Artículo de Pablo Gutiérrez del Álamo en eldiariodelaeducacion.com

Hablamos con Mónica Sumay, responsable de la denuncia que ha terminado con el informe de la ONU que acusa a España de incumplir sistemáticamente con el derecho a la educación inclusiva.

Mónica Sumay es la madre de una joven con discapacidad intelectual. Hace unos años se hizo famosa, con apariciones en televisión, después de comenzar una pelea de años contra la Xunta de Galicia para que su hija siguiera escolarizada en un centro ordinaria como lo estuvo hasta sus 15 años. En aquel curso, obtuvo un dictamen de escolarización que apuntaba a quela niña tuviera que ir a un centro de educación especial. Mónica no estuvo de acuerdo, y después de cinco meses consiguió que un juez devolviese a la niña a su colegio.

Tras este caso, relata, fue una de las personas que montó la asociación SOLCOM. “Quería devolver la ayuda que había recibido”, relata, mediante la asociación. Fuera del ámbito de las familias de niñas y niños, de personas con discapacidad, es posible que no tenga mucha publicidad. Pero ha sido la “causante” del informe de Naciones Unidas sobre la sistemática vulneración que España hace en relación a la escolarización en el sistema ordinario de educación de personas con diversidad funcional.

Fue en 2014 cuando la organización decidió que dado el volumen de casos que estaban manejando por todo el país, era buen momento de denunciar al Estado por esta dejación de sus responsabilidades. “Debería suponer (el dictamen de la ONU) unos importantes cambios normativos, así como una importante inversión”, espera Mónica.

En 2006 se firmó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Texto que España ratificó dos años después y que hoy por hoy sigue sin tener un desarrollo legislativo, y menos aún real. En 2011 el comité que vela por el cumplimiento de la Convención, recibió a una delegación española. Ya en su informe avisó a España de que era responsabilida de la administración el que los centros educativos tuvieran los apoyos necesarios para hacer posible la educación inclusiva de todo el alumnado. Poco o nada se ha llegado a realizar desde entonces.

Esa denuncia, la presentada por SOLCOM en 2014, es una de las solo seis que se han aceptado por parte de la Comisión. Es la única, hasta ahora, relacionada con la educación, según cuenta Mónica Sumay. Para ella, hechos como estos tendrán repercusiones mayores que las sentencias que venimos viendo en relación con la escolarización inclusiva en los últimos años.

Hace dos años, de hecho, ya el Comité emitió un informe en el que se hablaba de la necesidad de los ajustes razonables para las escuelas ordinarias. Un informe que ha acabado pesando en sentencias como la del Tribunal Supremo de hace unos meses. También en otras habidas en La Rioja o Galicia, por ejemplo.

Entre las muchas cosas que afirma el informe de la ONU, una de las más sonrojantes y contundentes es que: “El Comité destaca que la denegación de la igualdad de derechos para las personas con discapacidad puede producirse deliberadamente, es decir, con la intención del Estado parte de cometer tales actos, o como resultado de leyes o políticas discriminatorias, con dicho propósito o sin él”.

Cambios legislativos

Parece claro que el Estado, tanto en el Gobierno central como en los autonómicos, ha de reflejar lo que ratificó en la Convención. Hasta ahora, poco ha sido el traslado que se ha hecho en la normativa. El Comité de Naciones Unidas recoge en su informe que en 2017 ha habido algunos cambios en los decretos autonómicos en relación a la escuela inclusiva.

Para Sumay, sin embargo, “los nuevos decretos refuerzan ahora las aulas específicas dentro de los centros ordinarios”, incidiendo en la integración, no en la inclusión. Critica esta madre y activista que, además, estas aulas se convierten en el lugar en el que los menores con diversidad funcional acaban pasando la mayor parte del tiempo que están en los centros educativos. Se convierten en una forma de segregación.

A esto se suma algo que también constata la ONU y es el hecho de que el sistema de evaluación y decisión en torno a la escolarización hace mucho hincapié en lo sanitario. “Un sistema educativo que continua excluyendo de la educación general, particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples, con base en una evaluación anclada en un modelo médico de la discapacidad y que resulta en la segregación educativa y en la denegación de los ajustes razonables necesarios para la inclusión sin discriminación en el sistema educativo general”.

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Lee el artículo completo en eldiariodelaeducacion.com

CCOO insta a la Consejería de Educación a desarrollar políticas activas y eficaces de lucha contra la LGTBIfobia en el ámbito educativo

Comunicación Enseñanza de Madrid de CCOO nos envía este correo:

A pesar de los grandes avances sociales en materia de respeto a la diversidad afectivo-sexual y a la igualdad de género que se han producido en los últimos años, la LGTBIfobia sigue siendo uno de los principales factores de acoso y discriminación en las escuelas.

Coincidiendo con el aniversario de la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la LGTBIfobia. Esta celebración tiene por objetivo principal denunciar la discriminación que sufren, en todo el mundo y en los diferentes ámbitos de su vida, las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales por el simple hecho de no responder a los estereotipos sexuales y de género impuestos por el heteropatriarcado.

A pesar de los grandes avances sociales en materia de respeto a la diversidad afectivo-sexual y a la igualdad de género que se han producido en los últimos años, la LGTBIfobia sigue siendo uno de los principales factores de acoso y discriminación en las escuelas. Así, tal y como indicaba la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) en un reciente comunicado, "el bullying motivado por la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género sigue siendo el mayoritario en España. Todas las medidas que en la actualidad se llevan a cabo siguen sin ser suficientes para acabar con una problemática tan grave. Además, es un tema que prácticamente no se aborda en infantil y primaria, donde también es imprescindible".

En la Comunidad de Madrid la situación es grave ya que el gobierno del Partido Popular se ha acostumbrado a una situación de dejación de funciones: sigue sin desarrollar el plan integral sobre educación y diversidad que se prevé en la Ley 3/2016 de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual aprobada en julio de 2016. Además, protege y financia a los centros escolares que segregan al alumnado por sexo y defienden un modelo de educación que fomenta los estereotipos y legitima el machismo.

Por todo ello, en este Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid insta al gobierno regional a cumplir la ley, desarrollando de forma urgente políticas activas y eficaces de lucha contra la discriminación por razón de lesbofobia, homofobia, transforbia y bifobia.

Fuente: feccoo-madrid.org

Varias comunidades autónomas discriminan a las profesoras interinas que se convierten en madres (Ana Requena Aguilar en eldiario.es)

Artículo de Ana Requena Aguilar publicado en eldiario.es

• La Comunidad de Madrid aún no sabe si abonará los meses de verano a las interinas que se incorporaron a su plaza ya empezado el curso porque estaban de baja por maternidad

• En la mayoría de autonomías, las embarazadas o madres recientes tienen reserva de plaza, pero el periodo hasta que se incorporan a ella no computa en términos de antigüedad

• El Sindicato de Profesores de Educación Secundaria de Cataluña denuncia que algunas interinas que se quedan embarazadas no son renovadas en sus centros escolares

Ana Requena Aguilar

Sofía tiene 30 años y trabaja como maestra interina en un colegio de Madrid. Este verano, sus compañeros ­–profesores interinos – cobrarán los meses de verano por primera vez desde 2011 después de que los sindicatos y la Comunidad de Madrid hayan llegado a un acuerdo para recuperar algunos derechos perdidos.

Sin embargo, ella, de momento, no percibirá nada: se incorporó a su plaza a finales de noviembre porque el 1 de septiembre, cuando comenzaba su contrato, se encontraba de baja por maternidad. Eso hace que no cumpla con los 9 meses y un día de trabajo que la Comunidad exigirá a los interinos para pagarles los meses de verano. En otras comunidades, como Aragón, Murcia o Cataluña las profesoras interinas que se convierten en madres también denuncian trabas que, en algunos casos, se han subsanado.

El caso de Sofía se repite en varias decenas de profesoras interinas que fueron madres el año pasado: en julio les adjudicaron la vacante y el 1 de septiembre no pudieron incorporarse porque aún estaban de permiso de maternidad. La penalización se produce concretamente en los casos en los que las profesoras no pueden incorporarse a comienzo de curso. Si una maestra se presenta a su plaza y, más tarde, coge la baja por maternidad, no le afecta porque ese periodo sí cuenta tanto en términos de antigüedad como para futuros cobros.

"Queremos que se nos cuente ese tiempo de servicio, desde el 1 de septiembre, para nuestra antigüedad y para el pago de verano. Un embarazo no se planifica, no puede ser que si tengo el hijo en febrero no me penalice y si lo tengo en agosto sí", explica Sofía, que se incorporó a su puesto a finales de noviembre y que no sabe si cobrará este verano o si su destino más próximo es el paro.

Los sindicatos (CCOO, Csif, Ampe y UGT) y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid acaban de firmar un acuerdo sectorial docente de enseñanza no universitaria que contempla el pago del verano con el requisito de haber trabajado 9 meses y 1 día. "Ahora teníamos que tramitar su desarrollo. Lo que ahora exigimos es que se tenga en cuenta ese periodo de baja a la hora de cobrar el verano", asegura Héctor Adsuar, de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid.

La consejería aplazó la reunión que tenía que haberse producido con los sindicatos este miércoles. "Estamos muy molestos, esto se tiene que resolver ya", señala. Un portavoz de la consejería no especifica si este problema de las bajas de maternidad se solucionará en el desarrollo del texto. Comisiones ha registrado un texto en la consejería pidiendo que se reconozca expresamente el derecho de estas trabajadores de acuerdo con el principio de igualdad.

Las trabajadoras subrayan que se trata de una discriminación flagrante. "Esta situación nos pone en peores condiciones que nuestros compañeros. Si no nos cuenta como servicio no nos da puntos y hoy en día una décima más arriba en la lista puede suponer un puesto de trabajo. No depende de mí si me quedo embarazada y doy a luz antes del 1 de septiembre o después", dice Carmen, cuyo hijo nació a finales de agosto. Muchas profesoras se muestran molestas también con los sindicatos, de los que, dicen, no siempre han obtenido respuesta ni siempre ha sido la misma.

Embarazadas que no renuevan

La Comunidad de Madrid no es el único territorio en el que las profesoras en esta situación denuncian tener que enfrentarse a este tipo de discriminaciones. En Aragón o Murcia también se han dado casos similares. Allí los gobiernos regionales han anunciado que esos periodos de baja por maternidad contarán para poder cobrar los meses de verano después de las denuncias de varias trabajadoras. Hace unos días, un tribunal contencioso administrativo de Madrid reconocía a un interino el derecho a cobrar el sueldo correspondiente a los meses de verano que la comunidad había eliminado durante los recortes.

El responsable estatal de Educación de Csif, Mario Gutiérrez, reconoce que en la mayoría de comunidades autónomas, aunque las embarazadas o madres recientes sí tienen reserva de plaza, el periodo hasta que se incorporan a ella no computa en términos de antigüedad. "Si te incorporas en noviembre, el periodo que va desde el uno de septiembre no has percibido salario y la antigüedad va ligada a un salario. Legalmente es difícil reconocer una antigüedad si no es de esa manera", asegura. Admite que en términos de igualdad "las cosas se tienen que ir solucionando y esta es una de ellas".

En Cataluña, el Sindicato de Profesores de Educación Secundaria denuncia que las profesoras interinas embarazadas se enfrentan a una discriminación sutil. Allí, el director de cada centro tiene la potestad de decidir qué interinos se quedan el curso siguiente. "Si no se pronuncia es muy probable que esa persona no se quede", añaden. Eso hace que varias profesoras embarazadas hayan denunciado que los directores de sus centros no cuenten con ellas para el siguiente curso sin aducir razones. "No hay criterio alguno para hacerlo, no se les dice que es porque no hayan cumplido o porque haya algún problema con sus criterios docentes. Como a los pocos meses se sabe que estarán de baja simplemente no se les renueva. Es una discriminación clarísima", denuncian.

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Firma para exigir que la Consejería reconozca todos sus derechos a las docentes interinas que han tenido baja de maternidad al inicio de curso

La Delegación de Arganzuela de la FAPA Francisco Giner de los Ríos denuncia el agravio que sufren las familias que optan por escolarizar a sus hij@s en centros no bilingües

Estimadas/os amigos/os:

Difundimos información sobre la nota de prensa de la Delegación de Arganzuela de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, en donde se denuncia el agravio que sufren las familias que optan por escolarizar a sus hijos e hijas en centros que no tienen el proyecto bilingüe de la Comunidad de Madrid y exige un cambio de las políticas de escolarización en dicho distrito de Madrid.

Más información en el siguiente enlace:
www.fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=1768

Recibir un cordial saludo
FAPA FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS

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¡NO a la discriminación que sufren los colegios no bilingües! (AMPA T. Bretón, Arganzuela)

AMPA T. BRETÓN @ampatbreton nos ha tuiteado:

Nos quejamos a @DefensorPuebloE por la discriminación que sufren los colegios no bilingües de @MadridOrg. #NoBilinguesMismosDerechos