El Gobierno plantea sancionar el exceso de interinidad en las administraciones públicas (Pablo Gutiérrez de Álamo para eldiariodelaeducacion.com)

 Artículo de Pablo Gutiérrez de Álamo para eldiariodelaeducacion.com

• Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública, anunció en rueda de prensa la intención de negociar con sindicatos y administraciones públicas la reducción de la interinidad que en algunos casos alcanza el 30% del empleo público. Entre las medidas se encuentra el cambio en el Estatuto Básico del Empleado Público para que se contemple sancionar el exceso de trabajo temporal.

• Los sindicatos miran con cautela esas posibles sanciones y pelearán para que no sea el personal interino quien pague los platos rotos ante la posibilidad de perder el empleo.

18/05/2021

En 2018, CCOO, UGT y CSIF firmaron un acuerdo con el último Gobierno del PP según el cual se comprometía a reducir la interinidad, en el sector educativo al 8%. Tras años de congelación de la tasa de reposición, que quedó en el 0% de los puestos que cubrir, la temporalidad había crecido de forma preocupante, hasta situarse muy cerca del 30%. La calidad de la educación (la falta de continuidad de los equipos docentes), así como la de las propias condiciones laborales de miles de docentes se resintió fuertemente.

A pesar de esos acuerdos, no ha sido posible con el paso del tiempo llegar al compromiso establecido. Miquel Iceta, actual ministro de Política Territorial y Función Pública anunció ayer, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se negocia con Bruselas, la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de cumplir con esta bajada de la temporalidad al 8% en el conjunto de las administraciones públicas.

Entre las medidas que se plantean está la reforma del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para que contemple la posibilidad de sanción a las administraciones en el caso de que tengan contratos temporales superiores a tres años. «El objetivo es desarrollar medidas para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima», aseguró en rueda de prensa.

Para Mario Gutiérrez, presidente de Enseñanza en CSIF, es necesario que se sancione a las administraciones que no cumplan con la seguridad jurídica de los contratos que se firman con este personal. En este sentido, Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO alerta de que, antes de sancionar hay que establecer algunas prioridades. Primero, cree, hay que bajar la temporalidad excesiva en las administraciones. Después, una vez que esta haya bajado, habría que estudiar qué tipo de sanciones pueden llevarse a cabo.

En el horizonte, la seguridad jurídica. La idea es que el personal que actualmente es interino, no se vea perjudicado por estas posibles sanciones. Si se limitase a penalizar que los contratos no duren más de tres años, esto podría provocar la salida prematura de muchos miles de docentes en todo el país. Tanto García como Gutiérrez están de acuerdo en que es necesario articular instrumentos que hagan posible que este personal consolide la plaza que está ocupando. Una vez se tenga esta seguridad jurídica y se hayan mantenido no tanto las plazas docentes, como los puestos de trabajo ocupados ya, sería el momento de hablar de sanciones.

Según los datos que maneja el ministro, la Administración General del Estado ronda el 8% de interinidad, que aumenta hasta el 13% en el caso de las administraciones locales y escala hasta el 30% en el nivel autonómico, principalmente a causa del sector sanitario y del educativo.

Desde los sindicatos aseguran que ya hay contactos bilaterales con el Ministerio para el cambio en el artículo 10 del EBEP, el que trata sobre el personal interino. Se espera que para finales de la semana próxima comiencen las primeras reuniones con Política Territorial y Función Pública.

El Ministerio de Educación obligará a parados sin contrato a gestionar las becas

Reproducimos esta noticia publicada en ELDIARIO.ES (Ana Requena)

• El departamento ha solicitado a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas que recluten a parados bajo la fórmula de la colaboración social.
• Estos parados cobran un complemento que se añade a su prestación, pero su colaboración no es una relación laboral y es obligatoria.
• Hace tres años el Tribunal Supremo prohibió que las administraciones utilizaran esta fórmula para cubrir trabajos habituales y estructurales.

El Ministerio de Educación utilizará a parados para apoyar la tramitación y la gestión de becas del inicio de curso. El departamento ha solicitado a los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas que recluten a parados bajo la llamada fórmula de la colaboración social para que desempeñen estas labores durante varias semanas.

Estos parados cobran un complemento que se añade a su prestación, pero su colaboración no es una relación laboral y es obligatoria. Hace tres años el Tribunal Supremo, prohibió que las administraciones utilizaran esta fórmula para cubrir trabajos habituales y estructurales. 

En un documento al que ha tenido acceso eldiario.es, el Ministerio reconoce que tanto las universidades como las direcciones y delegaciones provinciales de las comunidades autónomas cuentan con personal que tienen encomendada estas tareas y que con el inicio de curso "ven incrementadas enormemente las funciones a desarrollar como consecuencia del volumen que representan las becas" sin que, prosigue el texto, tengan durante ese periodo "un incremento de sus dotaciones de personal, con la consiguiente acumulación de expedientes que deben ser objeto de tramitación".

"A todo ello debe añadirse la perentoriedad de los plazos para tramitar las becas", añade Educación. Con ese razonamiento, el departamento ministerial justifica la necesidad de reforzar esas unidades con personal extra durante un tiempo determinado. Ese personal estará formado por parados seleccionados por los servicios públicos de empleo bajo la fórmula de la colaboración social. No es la primera vez que el Ministerio acude a este instrumento para reforzar sus unidades de gestión de becas: lo ha hecho, al menos, desde 2012.

Educación pide, además, que las personas seleccionadas tengan un perfil concreto: "Auxiliar administrativo con conocimientos informáticos a nivel usuario. Sería, asimismo, deseable que tuvieran alguna experiencia en la tramitación de expedientes administrativos". El documento detalla también las tareas a desempeñar. Son las de apoyo al personal de la unidad, tareas administrativas necesarias para tramitar una beca, petición y comprobación de datos, y grabación de datos.

Fuentes del Educación reconocen que el ministerio lleva "muchos años" utilizando la figura de la colaboración social para "apoyar" las tareas de las unidades que tramitan las becas, ya que a veces sus recursos humanos resultan "insuficientes". "Ese es el motivo, con el objeto puntual de reforzar estos medios y agilizar la gestión de las convocatorias, por lo que se ha recurrido tradicionalmente a la figura del contrato de colaboración social cumpliendo siempre los requisitos jurídicos y de fiscalización preceptivos", dicen.

El Supremo limitó su uso

La normativa laboral permite desde 1982 que bajo una fórmula llamada "colaboración social" las administraciones llamen a los desempleados a hacer este tipo de tareas no remuneradas, pero por las que se da un complemento económico que se suma a la prestación mientras siguen en el paro. Eso sí, mientras dura la colaboración social esas personas desaparecen de las estadísticas como parados. Si un parado rechaza formar parte de la colaboración social, se arriesga a perder su prestación.

Hace tres años, el Tribunal Supremo limitó el uso de esta fórmula, tal y como adelantó eldiario.es. La Sala General de lo Social estableció en 2014 una nueva doctrina por la cual las administraciones no pueden utilizar a parados en colaboración social para cubrir tareas habituales o permanentes, sino solo para trabajos temporales puntuales acotados en el tiempo. Decenas de sentencias han reconocido una relación laboral a muchos parados que han ejercicio labores de colaboración social.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO considera que este caso vulnera la doctrina del Supremo. En varias ocasiones el sindicato ha comunicado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su preocupación por el uso de la colaboración social en algunas administraciones como, por ejemplo, el Ministerio de Educación. CCOO nunca obtuvo respuesta.

Sube el paro en la Administración Pública, Educación y Sanidad: 15.067 afiliados menos a la Seguridad Social en lo que va de año

EUROPAPRESS.ES: Administración, Sanidad y Educación pierden 15.000 afiliados en el primer trimestre

 La Administración pública, educación y actividades sanitarias y servicios sociales perdieron en conjunto 15.067 afiliados a la Seguridad Social en el primer trimestre del año, según ha destacado este martes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).

   El sindicato afirma que, pese a la subida generalizada de ocupados en el mes de marzo, la situación sigue siendo "muy preocupante", pues las bajas al sistema (41.647 en el primer trimestre) continúan superando las altas (26.580).

   "Esto es un indicador de la sangría de empleo que se está produciendo en las diferentes administraciones y, en concreto, en educación y sanidad, con una proporción 80-20 entre sector público y privado", ha denunciado.

   CSI-F ha alertado, especialmente, de la caída interanual de la afiliación registrada en marzo en las actividades sanitarias, con 173.098 ocupados menos (-12%). De hecho, subraya, es el sector donde más ha descendido la afiliación, por delante incluso de la construcción (-154.923 ocupados) y la industria manufacturera (-103.446).

   El sindicato ha criticado el "progresivo deterioro" de los servicios públicos, al tiempo que ha avisado de que la congelación de la Oferta de Empleo Público está generando la entrada de la empresa privada en puestos hasta ahora reservados a empleados públicos.

Silencio o represión

elpais.com: El ciudadano, mejor calladito

• Las Administraciones intentan silenciar a las asociaciones más críticas
• Algunas se revuelven, pero otras ceden a la mordaza institucional por miedo al descrédito y a perder las subvenciones
• Los que no quisieron callarse

CARMEN MORÁN / PILAR ÁLVAREZ

La cita es literal: “Te ruego que no te pongas en contacto con los institutos para no entorpecer su normal funcionamiento. Cualquier cosa que necesites nos la pides a nosotros”. Una portavoz de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha pedía así hace una semana a un periodista de EL PAÍS que solo recabe datos oficiales, nada de hablar con profesores. En Madrid, un nuevo movimiento, la marea blanca contra la privatización de la gestión sanitaria, ha explotado en las calles y en los centros hospitalarios con una protesta inédita. Miles de personas rodearon el miércoles la Asamblea de Madrid. El gobierno regional lo consideró una “coacción al Parlamento desde las calles” y acusó a la oposición de jalear la iniciativa. La asociación de consumidores Facua se enfrentó recientemente al Ministerio de Sanidad, que le acusaba de “extralimitación” en sus funciones por promover campañas contra los recortes. Les amenazaron con retirarles las subvenciones y con su salida del registro oficial. Plantaron cara, pero no siempre ocurre. Es la lucha del pequeño frente al grande, de una sociedad civil que quiere protestar y se ve silenciada con una mordaza institucional de descrédito social o de ahogo económico.

¿Hasta qué punto intentan callar las administraciones públicas y los Gobiernos a los ciudadanos? ¿Está la sociedad española articulada para protestar? ¿Les están cortando las alas? ¿Podrían organizarse de otra manera?

“En España se ha instaurado el ‘yo gano las elecciones y hago lo que me da la gana, y ustedes, ciudadanos, ya opinarán en los próximos comicios”, considera José Antonio Martínez, presidente de Fedadi, organización nacional de directores de institutos de secundaria. Martínez lleva años quejándose de los niveles de represión que ha sufrido este colectivo, antes y después de las protestas que en 2011 alumbraron la marea verde. “En Madrid idearon un proceso de selección de directores de institutos que derivó en caza de brujas; permitía dejar a gente en la calle cuando no los consideraban afines. Tengo compañeros con la carrera destrozada. Ya no es que el que se mueva no sale en la foto, es que el que se pronuncie se va a la calle y punto”.

De la misma opinión es José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una organización que denuncia las medidas y recortes que afectan a la Ley de Dependencia. El silencio se ha instalado entre muchos de sus asociados que “no pueden aparecer públicamente sin que se vean penalizados en sus ayuntamientos, consejerías”, señala. Ramírez es de los pocos que le pone voz pública al malestar de los ciudadanos dependientes y lo ha pagado caro. El proceso que vivió, que él califica sin ambages de “acoso”, acabó con la amortización de su plaza de laboral fijo del Ayuntamiento de Marbella, la única de 3.000. Ahora tiene más tiempo para reivindicar: “Tenemos miedo de hablar, recibimos amenazas. Y eso que no tenemos una sola subvención de ningún gobierno”.

La institucionalización de muchas organizaciones ha sido, andando el tiempo, la raíz de su descrédito y lo que ha debilitado su crítica, si no silenciado. “Ya ocurrió con los sindicatos en los años veinte del siglo pasado en toda Europa. Los acercaron al poder para que negociaran con ellos. Eso los mantenía alejados de las huelgas”, explica Rafael Cruz Martínez, profesor de Historia de los Movimientos Sociales de la Complutense, Rafael Cruz Martínez. “Y parecida fue la creación de los Institutos de la Mujer en los ochenta en España. Por un lado podía recoger una petición del colectivo feminista, sí, pero si aparecían los problemas y las discrepancias, ¿quién criticaba, si los había creado el poder?”, dice.

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, lo define como “una especie de chantaje en la que ha caído de bruces el movimiento asociativo”. Recuerda su propia experiencia. Su trayectoria social comenzó en el Campo de Gibraltar como miembro de un movimiento que intentaba frenar los efectos de las drogas. “Éramos pioneros. Cuando el Gobierno empezó el Plan Nacional contra las Drogas en 1985, nuestra asociación ya gestionaba hasta comunidades terapéuticas”. Costeaban sus gastos con rifas, aportaciones voluntarias, venta de camisetas… “Éramos mucho más libres, nosotros marcábamos los programas necesarios. Pero llegaron las subvenciones y, como había tanto que arreglar, no nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo independencia”.

¿Qué parte de culpa tienen los propios ciudadanos en su falta de organización y de independencia respecto a los poderes públicos? ¿Qué pueden hacer?

El profesor Cruz Martínez les exculpa: “Solo imitan a los políticos, que cuando se acercan las elecciones dejan de lado los asuntos que consideran espinosos, los que creen que les restarán votos”. Pero la filósofa Victoria Camps incide en su parte de responsabilidad en un análisis desde una perspectiva ética y política. “El ciudadano en democracia liberal no actúa, espera a que le resuelvan los problemas, se ve como sujeto de derechos y no asume responsabilidades”, señala Camps, impulsora del artículo Democracia de calidad frente a la crisis con otros miembros del Círculo Cívico de Opinión. La filósofa subraya la diferencia de tradición entre países del sur de Europa y los anglosajones, en los que se produce “una mayor desconfianza de los ciudadanos respecto al Estado. Allí prefieren tomar la iniciativa”. Lo achaca a factores sociales y también religiosos: “El protestantismo es un elemento de libertad que rompe con la jerarquía eclesiástica y con el poder”. Y concluye: “Estamos acostumbrados a buscarnos poco la vida. No tendría que ir aparejado sentirse limitado por recibir subvenciones, pero todos sabemos que el ser humano es imperfecto”.

Para Pablo Iglesias, doctor en Ciencias Políticas de la Complutense, el problema está más en quién y cómo se dan las subvenciones que en las asociaciones que las reciben: “Lo público va más allá de lo institucional, aunque los políticos no lo acaben de ver. Las asociaciones enriquecen lo público y subvencionarlas no es un regalo de los políticos. Aunque quizá les interesa más una sociedad civil amordazada mientras son serviles con los grupos de presión”.

Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua, considera que a veces es beneficioso dar un paso al frente. Facua se vio inmersa recientemente en una polémica que ilustra la mordaza que a veces cae sobre las organizaciones ciudadanas. “El Gobierno no nos amenazó con quitarnos las subvenciones si seguíamos con nuestra campaña contra los recortes; era peor que eso. Nos amenazó con la ilegalización, eso nos impedía pronunciarnos en los foros en los que tenemos derecho a participar. Pero seguimos adelante, no nos callamos y todavía estamos aquí”, dice. Cuadruplicaron el número de socios tras denunciar las presiones de Sanidad. “No se puede recibir subvenciones y ser correa de transmisión de los partidos políticos, que no solo han creado muchas de estas organizaciones, sino que ellas tampoco se han independizado. Es curioso ver cómo algunas aparecen y desaparecen en función del partido que gobierna”, critica.

Esa sería una de las claves: separar la subvención de la pleitesía. Países con más tradición democrática que España, como Noruega, están más avanzados en este sentido como muestra el siguiente ejemplo: la asociación Amigos de la Tierra Noruega tiene casi un siglo y más de 28.000 socios. Es muy crítica con su Gobierno y ha hecho acciones de presión que han llevado a cambiar planes estatales. En 2011, por ejemplo, el Ejecutivo accedió a detener una perforación petrolera al norte del país, encima del Círculo Polar Ártico, zona de especies amenazadas. El sociólogo del Departamento de Criminología de la Universidad de Oslo, Rune Ellefsen, la pone como ejemplo de organizaciones ecologistas que emplean métodos de desobediencia civil “no violenta pero ilegales” para ejercer una protesta política pero “no han perdido fondos del Estado”. Las ONG ambientales en Noruega debían cumplir dos criterios para recibir financiación: aspectos objetivos y una evaluación “de su relevancia social” que realizaba el Ministerio de Medio Ambiente. La segunda exigencia, explica Ellefsen, fue cambiada recientemente. La asociación de ONG noruega declaró hace un año que les preocupaba que ese requisito “afectará el trabajo de las organizaciones, ya que podrían modificar su cometido para asegurarse de cumplir las exigencias estatales para ser declaradas como socialmente relevantes”.

Ellefsen participa esta semana en un congreso organizado en el Ateneo de Madrid por la organización internacional Igualdad Animal para denunciar la “actual situación de represión global hacia las libertades de expresión e información que padecen tanto la prensa como los movimientos sociales de todo el mundo”. Javier Moreno, de la organización, considera que la tendencia empeora. “Vamos hacia una sociedad de callados y de recortes de libertades, de represión de los derechos y del activismo, que está siendo muy criminalizado”. En dicho congreso intervendrá también la magistrada de Jueces para la Democracia Victoria Rusell, que admite los fallos de su colectivo. “Quizá desde el ámbito jurídico hemos contribuido a silenciar las voces críticas, aunque fuera solo por la pena del banquillo, que no es poco. Y los más débiles no tenían capacidad para llegar a instancias superiores, como Estrasburgo”, reconoce.

“Entre los medios locales de comunicación, los pequeños, cuántas veces ha habido sentencias que primaron el sentido del honor del demandante respecto a la libertad de expresión. Eso ahora está más corregido, el Constitucional ha dado ejemplos para cambiarlo. Pero el mensaje que se enviaba con aquellas sentencias penalizaba al pequeño. Lo mismo que si un presidente de una asociación de vecinos pleiteaba con el líder político que no había cumplido tal o cual cosa”, dice. Reconoce que tenían las de perder, y que eso no ha incentivado, precisamente, el asociacionismo, ni la lucha, ni el contrapoder que puede surgir de los movimientos sociales, de la sociedad civil. “Hemos perdido calidad democrática, y ahora, en plena tensión, protestas y crisis es difícil recuperarla. Apenas nos dedicamos a ver si la policía se ha extralimitado, por ejemplo”, señala.

Los que no quisieron callarse

Religiosos. En marzo de 2007, el Arzobispado de Madrid amagó con cerrar la parroquia roja de Entrevías (Puente de Vallecas, Madrid), San Carlos Borromeo. Alegó que los curas celebraban la eucaristía comulgando con rosquillas en lugar de hostias sagradas y en ropa de calle. El Arzobispado, con Antonio María Rouco Varela al frente, anunció que las instalaciones pasarían a manos de Cáritas; y solo bajo esa supervisión los curas (transformados en trabajadores sociales) podrían seguir haciendo su labor social. “Fue un intento de mordaza en toda regla por criticar a la jerarquía eclesiástica”, opina Javier Baeza, uno de los tres curas de la parroquia, que sigue abierta.

Profesores. En el verano de 2011 comenzó a gestarse el movimiento de la marea verde, la protesta de la comunidad educativa contra los recortes de la Comunidad de Madrid en educación. La consejería expedientó a directores y profesores por llevar camisetas verdes en exámenes o poner carteles. Varios docentes fueron trasladados a peores destinos por denunciar a la prensa sus nuevos cometidos. El PP de Madrid denunció en la Agencia Tributaria al dueño del taller de imprenta en la que se inventó el logotipo y a las asociaciones de padres que vendían las camisetas por “supuesto fraude fiscal” por vender las camisetas de la Marea Verde “sin IVA”. Hubo 11 huelgas. Un año después, el movimiento se ha propagado a otras comunidades autónomas y ha saltado a la universidad.

Policías. Javier Roca, bautizado como poliflauta o el policía del 15-M, fue sancionado por intervenir en una asamblea del movimiento social en julio de 2011. Se le achacó “abuso de atribuciones”, una falta grave, porque se identificó en una asamblea y señaló que él y parte de sus compañeros estaban indignados y apoyaban el movimiento. Invitó públicamente a los compañeros a “colgar el uniforme durante un tiempo y pensar”. Un año después, un juzgado contencioso administrativo anuló esa sanción. “Ojalá mi caso sirva para que nadie limite la libertad de expresión”, deseó él entonces.

Dependientes. El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, perdió el trabajo. Ha recibido amenazas por tierra, mar y aire. Los estudios de su organización sobre el sistema de la dependencia sacaban los colores a las consejerías y al Gobierno. Una consejera popular le dijo un día: “Tú estás haciendo mucho daño a las instituciones del PP, pero ellas también te lo pueden hacer a ti”. Una consejera socialista le llamó indignada: “¿Pero tú qué te crees, que te puedes meter con el Gobierno de esta comunidad?”. La última fue del anterior Ministerio de Sanidad. Un alto dirigente le llamó cuando habían hecho públicos unos datos sobre financiación de la dependencia. “¿Qué es lo que estás publicando? ¿Qué datos son esos? Te los puedes meter por el culo”. “Desde entonces”, bromea Ramírez, “llevo todos los datos en un pendrive, por si acaso”. No han conseguido silenciarle, pero la consejera del PP tenía razón. Le hicieron mucho daño. El Ayuntamiento de Marbella, donde trabajaba, amortizó su plaza de laboral fijo. La única de las 3.000 existentes que ha sido amortizada. El Gobierno publicó poco tiempo después los datos de financiación oficiales: eran prácticamente calcados a los que avanzó en su día la organización de Ramírez.