Mostrando entradas con la etiqueta pobreza. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta pobreza. Mostrar todas las entradas

jueves, 6 de noviembre de 2025

11-11-2025: Reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas (17:30 h., en la AV de Palomeras Bajas. Travesía de Felipe de Diego, 31 posterior)

La Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas nos envía este correo:

La siguiente reunión organizativa será el martes 11 de noviembre a las 17h30 en la AV de Palomeras Bajas (Travesía de Felipe de Diego, 31 posterior).

 

Orden del día

1. Valoración acciones recientes:

-  campaña enfermeras escolares

-  huelgas Palestina

-  manifestaciones (Marea Verde y Menos Lectivas)

-  Festival Escuela Pública

2. Asamblea Inicio de Curso

-  valoración y propuestas

3. Movilizaciones propuestas

4. Becas de comedor

5. Cuentas

6. Información Mesa de pobreza infantil y de políticas sociales

7. Varios

 

Adjuntamos el resumen de la Asamblea Inicio de Curso.


¡Nos vemos el 11 de noviembre!

Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas

domingo, 12 de diciembre de 2021

¿La meritocracia son los padres? Cómo el sistema educativo falla a las clases bajas frente a las altas (Pau Rodríguez y Victòria Oliveres para ELDIARIO.ES)

 ELDIARIO.ES publica esta noticia


El día que Mónica Martínez-Bravo, economista e hija del barrio obrero de la Prosperitat, en Barcelona, tuvo la oportunidad de pronunciar un discurso frente a un puñado de colegas y familiares, en ocasión del premio Banco Sabadell que le acababan de otorgar, decidió que hablaría de la igualdad de oportunidades. Ella, de familia humilde y doctorada por la prestigiosa universidad norteamericana MIT, parecía la prueba de que el éxito no entiende de clases sociales, sino solamente de esfuerzo y talento. Pero sus palabras fueron directas a las grietas de este relato. 


"Hay tantos instantes en mi trayectoria donde el camino se podría haber torcido que no creo que pueda considerarse representativa", leyó en la ceremonia, celebrada el 26 de septiembre en Oviedo. "A pesar del espectacular crecimiento económico español durante las últimas décadas y del acceso generalizado a la educación pública, la movilidad social sigue siendo limitada", alegó.

Producto de la escuela y de la universidad públicas, y de unos progenitores que le inculcaron la importancia de formarse, Martínez-Bravo reconoce el valor de los estudios para labrarse un futuro mejor, pero por su entorno sabe que no todo el mundo lo tiene igual de fácil en este camino, más arduo y lleno de barreras para quienes proceden de familias desfavorecidas. "No quería que mi caso se entendiese como la prueba de que existe la meritocracia", se reafirma hoy. 


El de la meritocracia es un debate recurrente en España y en todo el mundo. ¿Se ordena nuestra sociedad única y exclusivamente en base a las capacidades y calificaciones de la ciudadanía? La discusión aflora constantemente, desde el plano educativo, con el reciente ejemplo del decreto de evaluaciones de la ESO y Bachillerato, hasta el empresarial, con el nombramiento de Marta Ortega, hija de Amancio, como presidenta de Inditex.


Un ascensor con múltiples averías

La realidad de la movilidad social, sin embargo, es mucho más compleja. La literatura científica ha demostrado desde hace décadas que el nivel social y económico de las familias, reducido a veces a su código postal, es un factor clave para predecir el desempeño educativo de los hijos. Pero, aun así, los expertos consultados se muestran muy cautos a la hora de decidir si la sociedad española es o no meritocrática. "La meritocracia existe, pero está averiada. La sociología lleva años observando en la trastienda de este ideal y ha comprobado que parte de él es un decorado", sostiene José Saturnino Martínez García, sociólogo especializado en desigualdades educativas y ahora director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. 


Lucas Gortázar, director de investigación de 'Economic Policy & Political Economy’ de Esade, y Rafael Merino, sociólogo del Grupo de Investigación en Educación y Trabajo de la UAB, se expresan en términos parecidos. "La meritocracia es una promesa que es importante mantener, pero que está parcialmente incumplida", dice el primero. "Hace 200 años nadie de clase baja accedía a la educación superior y ahora son millones de personas", abunda. Y advierte el segundo: "A los hijos de clase baja les compensa llegar a la universidad, esto es clarísimo. Hacer un discurso de que estudiar no sirve para nada es falso y es clasista".


Pero a partir de ahí, la pregunta es si España es más o menos meritocrática que el resto de países de su entorno y si se puede identificar dónde falla el sistema, el educativo y el laboral, a la hora de garantizar igualdad real de oportunidades. Y por qué. 


Los investigadores advierten de que en el acceso al mercado laboral no existen apenas datos para evaluarlo. Pero en el sistema educativo hay unos cuantos indicadores, desde el menor acceso de las familias vulnerables a la educación infantil hasta el mayor abandono prematuro de los jóvenes de clase baja. Pero quizás el dato más sangrante es el de la repetición escolar, un fenómeno en el que España es campeona del mundo desarrollado. "La tasa de repetición se ceba con los más vulnerables más que en ningún otro país", constata Gortázar. 




La mitad –el 48,8%– de los alumnos pobres repiten curso en algún momento de su escolarización. Entre los ricos, la tasa es del 8,9%. Pero no es solamente esto. Incluso cuando dos adolescentes tienen exactamente el mismo nivel de competencias de matemáticas o de lengua, el de clase baja tiene cuatro veces más probabilidades de no pasar de curso que el de clase alta, según los resultados de PISA 2018 analizados por Save The Children (un indicador que se ha reducido respecto a los datos de 2015). 


¿Cómo es posible que esto ocurra? Además, todo parece indicar que sucede algo parecido con el abandono prematuro, que es del 3,6% entre aquellos que tienen madres universitarias y del 20% entre los que son hijos de progenitores solo con Secundaria.


Hay varias razones. Una de ellas tiene que ver con lo que Martínez García denomina "la cultura escolar". "Por ejemplo, en la disciplina, en la forma de hablar o de vestir [de los alumnos de clase baja], que no acaba de encajar con la idea de buen estudiante", esgrime Martínez García. También puede influir si uno recala en centros más conflictivos y segregados, donde el entorno a veces no anima a seguir estudiando.


Pero sobre todo tiene que ver con la capacidad de la clase medias y altas de sortear esta barrera. De evitar que sus hijos repitan. "Tienen más mecanismos para presionar a la escuela", revela Gortázar. Los padres y madres saben cómo convencer al tutor porque ellos ya pasaron antes por el instituto y saben cómo funciona. Y también pueden pagarle al hijo unas clases de refuerzo si hace falta.




Sobre este debate, el sociólogo César Rendueles publicó recientemente Contra la igualdad de oportunidades. En una entrevista en elDiario.es defendía la tesis de que el concepto de meritocracia no favorece la movilidad social, sino más bien lo contrario: legitima los privilegios de las clases adineradas, que son las que tienen el camino más despejado en los estudios y en el mundo laboral.


Los recursos de las familias, tabla de salvación

La capacidad de apoyo de las familias es decisiva para entender la falta de igualdad real de oportunidades. Martínez-Bravo lo recuerda en su paso por la universidad pública. "Yo tenía que trabajar algunos fines de semana y veranos en la cocina de un hospital, mientras otros compañeros de clase estaban haciendo prácticas en empresas de los conocidos de sus padres", afirma. Son diferencias, opina, que "no cambian radicalmente" los itinerarios, pero sí influyen. "Ni yo acabaré en un supermercado ni tú de CEO de Facebook, pero es una suma", dice.


En este sentido, la premiada tesis del joven sociólogo Carlos J. Gil Hernández, publicada en 2020 (Cracking meritocracy from the starting gate), analizaba –entre otros– los datos del sistema educativo alemán, que tiene la particularidad de separar en distintos itinerarios a los alumnos a la temprana edad de 10 años. Y descubría que, incluso a esas etapas, los niños de clase alta tenían más probabilidades de insertarse en la trayectoria académica –la considerada como mejor– incluso a igualdad de competencias y conocimientos que los de familias más pobres.


Su trabajo citaba también el estudio, ya en 1968, de William Sewell y Vimal Shah, que detectó esa brecha en el acceso a la universidad. Hace medio siglo, el 58% de los niños americanos con bajo coeficiente intelectual y padres formados accedían a hacer una carrera, mientras el porcentaje para los hijos de familias sin estudios era del 9,3%. 


Quienes trataron de radiografiar algo parecido fueron los sociólogos Fabrizio Bernardi y Héctor Cebolla en un estudio publicado en 2014. A partir de una encuesta del CIS a la población nacida con posterioridad a 1976, analizaron sus respuestas sobre las notas que recordaban haber obtenido en su día en clase y si cursaron o no posteriormente estudios superiores. 


Entre los hijos de trabajadores manuales de baja calificación que recordaban haber sacado buena nota, el 75% cursó estudios superiores, un porcentaje que superaba el 95% en las capas altas de la sociedad. En el otro extremo, con los que habían sacado malos resultados, poco más del 10% de los de clase trabajadora hacía el salto a los estudios superiores, mientas que entre los altos directivos eran más del 65% (no así entre capas medias, donde el porcentaje quedaba por debajo del 50%). Pese a tener el mismo nivel académico, la brecha era más que notable.




Nuevamente, el gráfico muestra que los hijos de clase alta pueden corregir a menudo su falta de nivel. Es lo que Martínez García denomina el 'efecto Froilán'. "En cualquier familia de clase media o baja, él no hubiese acabado la ESO. Pero lo mandaron a Estados Unidos pagando miles de euros, volvió con el Bachillerato acabado e ingresó en una universidad americana en Madrid", detalla. En términos sociológicos es una anécdota, matiza, pero sirve para comprender la existencia de este "suelo de cristal".


Pero la encuesta muestra también otra cara de esta misma realidad, como recuerda su autor Héctor Cebolla, y es que las notas escolares importan. Y mucho. Un muy buen estudiante hijo de trabajador manual tiene más probabilidades de acceder a estudios superiores que los de buena familia que sacan malas notas o incluso regulares. El problema, de nuevo, es que el acceso a estos méritos, a las notas excelentes, es más difícil para los de entorno desfavorecido. 


"La meritocracia, como todo en la vida, está obstaculizada por las desigualdades tempranas que se manifiestan ya desde la forma en que la gente cría a sus hijos", sostiene este doctor por la Universidad de Oxford especializado en desigualdades educativas. Solo el 25% del rendimiento escolar se explica por el efecto de la escuela, argumenta este sociólogo, que ocupa actualmente el cargo de director general de Innovación y Estrategia Social en el Ayuntamiento de Madrid. Añade en este sentido que la forma de corregir las desigualdades educativas es eliminar las de carácter social. "Si el sistema educativo finlandés absorbe menos desigualdad que el español es porque el país es menos desigual", argumenta.




Pese a ello, Merino, de la UAB, no solo sostiene que la escuela sí tiene un efecto determinante, sino que defiende que la existencia de centros educativos segregados es uno de los factores "clave" para entender los fallos de la igualdad de oportunidades. "Estas escuelas acaban bajando el nivel de exigencia, porque les cuesta más gestionar las clases, y para mí este es el origen del problema", valora. En estos centros, que suelen ser mayoritariamente públicos, "se genera un círculo bastante vicioso, en el que el entorno de los jóvenes tiene pocas expectativas y la escuela o el instituto las refuerzan", añade. Y concluye que ninguna Administración educativa está llevando a cabo políticas ambiciosas para corregirlo.


Los factores que operan en el mercado laboral

Al salir del sistema educativo y académico, el rastro de la meritocracia es mucho más complicado de seguir a partir de los datos. Saber cómo influye el origen social a la hora de lograr los mejores contratos, de convencer a tus jefes y de poder escalar lo más rápido a los puestos directivos es complicado de cuantificar. Los expertos consultados advierten de la importancia de los contactos que uno tenga para entrar en determinados empleos. Pero operan otros factores, como las habilidades sociales o el miedo al fracaso, que de nuevo favorecen a quienes tienen más y perjudican a quienes tienen menos. 


Sobre esto opina la economista e investigadora ICREA Caterina Calsamiglia. "Esta idea de que el error forma parte del aprendizaje es un lujo. Eso lo dicen los que están suficientemente tranquilos y confiados de que el sistema les permitirá corregirlo o fracasar temporalmente", expresa, en referencia, sobre todo, al entorno laboral. "Igual que decir que el fracaso forma parte del progreso y que es necesario para triunfar". 


Montar una empresa y no tener éxito no tiene el mismo coste para quien sabe que sus padres le van a rescatar que para quien puede acabar desahuciado. Pero no hacen falta casos tan extremos. Dejar el trabajo durante un año para cursar un master o para estudiar inglés y mejorar el currículum puede ser otro ejemplo. En las transiciones educativas, esta "aversión al riesgo" está estudiada, observa Merino. Los jóvenes de bajo nivel socioeconómico suelen optar por carreras más cortas y que creen más accesibles y con salidas laborales claras. "El coste que supone mantener años de formación en términos relativos es mucho más grande para la gente de clase baja, con lo que muchos aseguran el tiro", resume Merino, que aun así añade para el análisis que la opción mayoritaria para el perfil de buenos alumnos de familia humilde cuando acaban la ESO sigue siendo cursar el Bachillerato.


Para Gortázar, de hecho, el análisis sobre la meritocracia en España debe ir "inequívocamente unido al funcionamiento del mercado laboral", a si permite o no la movilidad. Y aquí ve necesario destacar el problema del elevado paro estructural, unido a una "alta temporalidad", que hace que se cree una bolsa de "perdedores del sistema". "Si tienes un país donde todo el mundo accede a estudios medios y superiores, no hay trabajadores de tercera, sino, como mucho, de segunda y de primera", sostiene, y añade la ausencia de una apuesta por la FP como una de las causas. Calsamiglia, por su parte, también argumenta que las sociedades con menos diferencias sociales y salariales tienden a ser más meritocráticas.


"Los países con mejor ascensor social, como los del norte de Europa, son los menos desiguales. Porque si no hay grandes diferencias, los padres de clase alta se relajan, porque ya les parece bien que su hijo acabe en un puesto u otro. Pero si las diferencias son enormes y hay que seleccionar a ganadores y perdedores, entonces es más difícil que exista el ascenso social, porque las familias favorecidas van a aprovechar su poder para asegurase de que sus descendientes no caigan", resume esta economista. 

sábado, 27 de noviembre de 2021

Los diseños curriculares como pretexto (Manuel Menor)

Publicamos el nuevo artículo de Manuel Menor Currás:

Hablar o escribir sobre este asunto no siempre es signo de querer los mejores valores sociales para la escuela de todos

Es habitual, sobre todo en redes sociales, no dar cuenta de diversos prejuicios que se aceptan como dogma inamovible al verter opiniones. Montaigne decía que solemos sorprendernos de lo que no coincide con nuestras credulidades y que, incluso después de ver que algo no es como habíamos imaginado, nos cuesta cambiar. Es muy frecuente, además, sobreentender que nuestra idea es la mejor para resolver una cuestión y que, si no es con nuestra postura, son otros los que ciegan el camino de la verdad. El problema es que, con tal actitud, lo que puedan pensar o decir los demás no merece consideración alguna.

Los selectos

Que hay opiniones y opiniones no es difícil de ver en asuntos educativos y, por supuesto, a propósito de currículos como los que se están desarrollando para la LOMLOE. Lo llamativo, desde los años noventa para acá, es que abundan las ocupadas en la gracieta más que en el análisis, lanzadas por supuestos cazadores sorprendidos por “novedades” –un nombre de mercería hasta hace poco- muy repetitivas de lo mismo, pues siempre tienden a ridiculIzar aspectos de la transversalidad educativa como la equidad democrática y otras afines. Dan a entender, de este modo, que las actitudes sociales a cuidar son competencia educadora de las familias y, por tanto, si el sistema educativo trata de ocuparse de ellas sería una intromisión indebida. Siguen en la estela de muchos padres que, en los años 20, no querían que sus hijas fueran a la escuela porque, si no era para escribir a un posible novio no elegido por los padres, ¿para qué querían saber escribir? No es raro por ello que, no hace mucho, más de un problema haya generado la Geología en un centro educativo por no coincidir sus dataciones con las de la lectura literal del Génesis que hacía el catequista de Religión. A este paso, con tanta gente para la que estos asuntos son intangibles y, además, “cuestión parental”, las escuelas tal como se quisieron con la Ilustración sobrarán.

Puede que la formulación oficial de algunos ítems en los currículos escolares últimos no sea la más literaria, pero no por ello carece de sentido que hagan explícito que, por ejemplo desde Matemáticas, se puedan tratar, al hilo de sus saberes instructivos, otros propiamente educadores y evitar, de paso, que esta área sea un punto negro para segregar alumnado. Es lástima que siga habiendo personas que consideren de buena educación ser indiferentes a que haya un 40% de alumnos y alumnas que, sea cual sea lo que les enseñen y cómo se haga, siempre irán bien; tal vez piensen que sus hijos o hijas ya nacieron para ese lugar privilegiado de la campana de Gauss y que así les mantienen en el ranking de los selectos, al margen de todos los demás.

No obstante, un sistema educativo que se precie de democrático tiene obligación de ocuparse también del otro 60%, si no es injusto y no tiene sentido que exista para privilegiar a una minoría. Quienes sostienen como fundamento educador ese tipo de selección –tan dependiente del capital cultural familiar en que se nace- suelen dar por supuesto que lo que hay que enseñar y el cómo hacerlo es lo de siempre. Ni les importa qué deba hacer el sistema para remediar la desigualdad de partida, ni la movilidad que la historia educativa haya tenido; en su esquema mental, todas las variaciones que ha habido desde el siglo XIII son un retroceso, porque cada vez ha sido más difícil invocar la unicidad de la verdad y no seguir tratando de dominar la inteligencia de los demás. Si se vieran en el brete de tener quea actualizar su relato, el constitucionalismo de su punto de vista no pasaría de lo que la Constitución de Cádiz anunció en el art. 366: “En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles”.

La campana de Gauss

Y tal vez fuera así si no hubiera habido desde entonces excesivo sufrimiento inútil, del que Goya fue buen testimonio, que Castelao imitó señalando el paso de Atila por Galicia. Antes de hablar del currículo, los aprendices de brujo debieran saber que el propio concepto de “currículum escolar” obligatorio es un constructo con una historia corta, de los años setenta a noventa para acá, en que pretendió dejar fuera de juego otros más antiguos como “programa” o “examen”; sin cambiar nada real en las aulas –pues durante muchos años se siguió haciendo casi lo mismo-, se impuso en la jerga junto al de “evaluación”. Y parecido sucedió -desde mediados los años sesenta- con términos que, al compás de la tecnocracia de los planes de Desarrollo, explicitaron conexiones latentes de la educación con la economía productiva; algunos, de signo taylorista, como “trabajo por “objetivos” y “proyectos”, otros de aire más propiamente neoliberal, como trabajo por “competencias” y similares, que centraron la eficiencia no en “educar”, sino en el logro del “capital humano” más apropiado para la competencia, como dejó bien explícito la LOMCE (2013). Esta es la inclinación más afinada del sistema sobre la que no cabe el cachondeo, pues propicia la selección y el pasotismo sobre la parte baja de la campana de Gauss, esa enorme cantidad de alumnado que aunque repita no titula y es carne de cañón para la uberización de la precariedad laboral.

De estas cuestiones –y de otras igualmente reales que generan contradicciones hiperrealistas- los opinadores propicios a la burla nada hablan. Si bien se mira, no inventan nada; en los años sesenta cuando apareció Acevedo ocupándose del Despiste nacional, en la onda ética de lo que había hecho en “la cárcel de papel “de La Codorniz, o Luís Díaz Jiménez con sus Antologías del disparate, todavía en los ochenta –a poco de la Ley General de Educación de Villar Palasí-, tenía gracia reírse…, pero para llorar, porque había por medio un déficit escolar de tal calibre que los Pactos de la Moncloa no tuvieron más remedio que certificar en 1977 la dificultad de varios cientos de miles de menores de 14 años para estar escolarizados; aquellos contrastes eran el oxímoron de la retórica educativa de 40 años. Ahora, en vez de tanto jolgorio, cuando la escolarizacíón es total merece la pena preguntarse, como hace Rafael Feito: ¿Qué hace una escuela como tú en un siglo como este? (Catarata: 2020), e igual interés tienen estudios relativamente recientes de Carmen Rodríguez sobre Políticas educativas en un mundo global (Octaedro: 2019) y Políticas educativas y justicia social (2013). Proporcionan información relevante para tener criterio sobre la buena dirección que debiera tener el currículo del alumnado y, al tiempo, si la formación que hayan de tener quienes se encarguen de los procesos educativos en las aulas, es la adecuada o si sigue siendo para llorar.

El desdén

Por eso es penoso que quienes desdeñan las exigencias de una enseñanza democrática actual traten de divertirse con estos asuntos. A partir de prejuicios decimonónicos sobreentienden que los derechos humanos no tienen por qué estar en la escuela y, como afirma Javier González, un joven investigador de Murcia, nada objetan a que la educación todavía siga, en 2021, “configurada como un servicio público impropio, como un servicio público de segunda categoría”, cuando su otra red, privada y concertada, “no está legalmente obligada a escolarizar en zonas de difícil cobertura (como el medio rural), y en la práctica consigue evadirse en muchos casos de su obligación legal de escolarizar al alumnado con dificultades o bajo nivel socioeconómico”. Ni siquiera en los chistes más agrios casa bien que uno de cada tres críos y crías esté en riesgo de pobreza; ¿Cuántos más deberán estar al alcance de diseñadores de currículos educativos en que dé igual una cultura escolar trasnochada, para que dé más risa?

MMC (Madrid: 24.11.2021)

sábado, 23 de octubre de 2021

La pobreza es la gran cuestión política (Manuel Menor)

Publicamos este artículo de Manuel Menor Currás:


Sin una justicia distributiva, adecuada a los problemas reales, seguirá siendo la gran pandemia, más peligrosa que la que ha traído la Covid-19.


Vuelve algo que siempre ha estado ahí: la pobreza, y la Covid-19 ha mostrado más su evidencia en los desequilibrios y grietas sociales existentes. En la sesión de control en el Congreso, de hoy miércoles 20 de octubre, alguna de las preguntas “conservadoras” al Gobierno “progresista” ha girado en torno a esta cuestión. 


Pobreza y política

Los indicadores y las estimaciones estadísticas esgrimidas, unidas al tono agresivo de quien formulaba la pregunta, quería descalificar la supuesta diferencia que divide políticamente a unos y otros; venía a decir: menuda progresía, los datos de pobreza siguen siendo malos y, por tanto la acción de este Gobierno falla de raíz. Unida a otras preguntas que desde esa misma bancada y su sector más ultra se formularon, orquestadas con la cuestión de la subida de la factura de la luz, la secuencia discursiva inevitablemente tendía a que quienes le prestaran atención desde sus casas entendieran que, al fin, había quienes atendían a sus problemas. La lógica debía llevar a que lo que correspondía hacer a lo “progres” que en este momento gobiernan era dimitir y dejar sus sillones azules a estos lúcidos  diputados que se ocupaban de asuntos tan graves; y, a continuación, los oyentes debían ser consecuentes en la buena elección de su voto.


Los principales problemas de la lógica consisten en que esconden muchas trampas para quienes no estén al corriente de lo que sucede, se fían de las apariencias de la bondad y no advierten los sofismas que puede esconder el mecanismo interno de la proposición que les quieren vender. En las ferias de antes, en que se mercadeaba con animales, crecepelos, aperos de labranza y  novedades de diverso alcance, siempre había “tratantes” –a veces organizados en pandillas mafiosas- que se encargaban de vender y comprar a conveniencia de su bolsillo, no a la del campesino que acudía a solucionar una urgencia de su unidad de producción. Aunque todos hacían lo que podían para poder hablar de la feria bien aunque les hubiera ido mal, los engaños y estafas se adjudicaban casi siempre, de modo racista y muy tópico, a los gitanos, de quienes era fama, sobre todo, su buena mano para vender burros. Aquella preocupación de no ser engañados no suele verse en la que tenemos en el uso de recursos públicos; no se les suele prestar atención suficiente, y con frecuencia esconden fraudes solemnes, como sucede en algunos que esperan sentencia judicial con incierto destino. Debiera preocuparnos que la pobreza, que a tantos usos se presta, siga dando pie a tratamientos más aparentes que justos.


El salariado

Uno de los más interesantes sociólogos de los últimos años, Robert Castel, dejó dicho que la pobreza –con los modos de ser soportada, tratada y comentada- es uno de los indicadores mejores del buen o mal gobierno, como lo es de la sensibilidad de una determinado grupo humano. En Las metamorfosis de la cuestión social, dejó escrita en 1995 una verdadera crónica del salariado, es decir, una historia en que todos estamos concernidos porque atañe a cómo la inmensa mayoría de la humanidad –también la que vive en España- ha sido y es tratada por el hecho de tener que ganarse el sustento en condiciones que casi nunca ha estado en igualdad  para aceptar. Nuestro presente está implicado en esa Historia que estudia el pasado que -como sostenía otro gran Historiador, Braudel-, “se obstina en sobrevivir”. Si algo hemos tenido siempre con nosotros, además de una condición muchas veces precaria, es un mundo de excluidos, trabajadores sin trabajo, pobres asalariados y, por supuesto, maneras de tratar la pobreza de unos y otros –incluidos nuestros limitados salarios o pensiones- con los correspondientes modos diferenciados de no verla, aliviarla o erradicarla. En este trance,  no es lo mismo la caridad que la beneficencia o el altruismo. Invocando razones distintas cada una, no alcanzan todas juntas a cubrir las carencias como solo la Justicia social –con la protección pública del Estado- puede hacer. Concepción Arenal ya advirtió de ese déficit que tenía el sistema de asistencia a la pobreza en 1894. 


No es igual, aunque pueda parecerlo, que alguien dé algo de lo mucho que le sobra para remediar la necesidad de otro, que el que un problema real continuado sea atendido por las obligaciones colectivas, propias de un sólido Estado de Bienestar y su Justicia distributiva. La voluntarista limosna y el apáñese como pueda, hermano, dejan que persista el problema y que la provechosa  publicidad del gesto se convierta en mérito de quien emplea la pobreza para su prestigio personal o corporativo.  No es tampoco el mismo, por tanto, el razonamiento y tratamiento que se haga de esta gran “cuestión social” –que decían en el siglo XIX- desde una posición ideológica que desde otra. Casos hay, incluso, en que el trato dado a los asuntos de pobreza ha servido  más como freno a las demandas sociales –y de la extensión a todos de los derechos y libertades democráticas-, que como solución reclamable ante las instituciones públicas como “derecho perfecto”.


Los pobres de la región más rica

Este trasfondo es el que no reconocen muchos diputados y diputadas que también suelen ser muy sensibles a los sacrosantos derechos de la propiedad privada, conculcados según ellos cuando se habla de impuestos progresivos o de lo que la propia CE78 dispone en el art. 33.  Su miedo a perder algo les lleva a tratar de “conservar” un mundo decimonónico, en que el solo esfuerzo de unos salarios de miseria, ayudado por la caridad, por muy  pura y desinteresada que fuera, solo acrecentaba la visibilidad del problema. Se lo dijo Cánovas del Castillo en 1890, en una notable conferencia en el Ateneo madrileño: “Vayan, pues, concertadas, que es inevitable, la Economía política y la Moral, en la Política económica de las naciones, bajo la inexcusable inspección del Estado, como buenas compañeras, y para todo aquello a que la caridad cristiana y su remedo, el altruismo, no basten”.


Ese discurso de un personaje tan representativo en el ámbito conservador, aquel diez de noviembre, parece haber tenido un éxito más retórico que real. Un informe de CCOO de octubre de 2020: “La pobreza en la Comunidad de Madrid” –gobernada ya no se sabe desde cuando por personas del mismo circuito ideológico- muestra muy claras “las cifras de la vergüenza, ser pobre en la región más rica”. Estas veintiséis páginas debieran ser de obligada lectura y estudio en la enseñanza obligatoria, especialmente en lo tocante a Historia actual –la que tan poco presente está en las aulas.  Ayudaría a que lo que se enseña en la escuela sea relevante; la educación desigual que imparte, unida a lo que enseñan las redes sociales, ya está haciendo que a muchos niños y niñas –de cualquier Comunidad autonómica- se les vaya el coco en considerar si los de la comunidad vecina les roban o si sus ancestros tenían unas peculiaridades genéticas excepcionales; arrogándose supuestos derechos de  superioridad, nunca sabrán qué requiere una convivencia lúcida y decente con el prójimo. 

Madrid, 20.10.2021

jueves, 13 de mayo de 2021

Virginia Eubanks: "Si no los diseñamos para inclinarse hacia la justicia social, los algoritmos ampliarán las brechas sociales" (eldiario.es)

Entrevista de Carlos del Castillo a Virginia Eubanks (Profesora de Ciencia Política) para eldiario.es
  • "La historia que nos contamos a nosotros mismos sobre la neutralidad de la tecnología es peligrosa y no es empírica", avisa Virginia Eubanks, autora de 'La automatización de la desigualdad'
12 de mayo de 2021

"En su célebre novela 1984, George Orwell se equivocó en una cosa. El Gran Hermano no nos observa como individuos, sino colectivo. La mayoría de las personas somos objeto de control digital como integrantes de grupos sociales, no a título individual", avisa Virginia Eubanks, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Albany (Nueva York). "Todos habitamos en este nuevo régimen de datos digitales, pero no todos lo experimentamos de igual modo", añade.

En esta entrevista con elDiario.es, Eubanks relata cómo estos sistemas pueden basarse en injusticias para atrapar a las personas a las que evalúan en un círculo de castigos y disciplina moral. Ella misma pasó por ese proceso cuando su marido sufrió un robo y una paliza de muerte justo después de cambiar de seguro médico. Los algoritmos congelaron todos los pagos durante meses, dejándoles con una enorme deuda. "Lo que hizo soportable mi experiencia familiar fue el acceso a la información, el uso discrecional del tiempo y la determinación personal que la gente de la clase media a menudo da por sentados. Yo sabía lo suficiente sobre la toma de decisiones algorítmica como para sospechar de inmediato que nos habían marcado para investigarnos por fraude", explica.

Eubanks (EEUU, 1972) ha pasado las últimas dos décadas analizando como mira ese Gran Hermano digital a cada uno de esos grupos sociales. Su conclusión fue La automatización de la desigualdad (Capitán Swing), publicada por primera vez en 2018 pero traducida ahora al castellano, una de las obras clave para entender cómo los sistemas de decisión algorítmica pueden convertirse en "herramientas de tecnología avanzada para supervisar y castigar a los pobres".

Aunque recalca las diferencias entre EEUU y Europa sobre cómo se han implantado los algoritmos en los procesos estatales, adelanta la necesidad de globalizar la conversación sobre los problemas de estos sistemas y derribar la apariencia de neutralidad con la que a menudo se imponen. "Tenemos que ayudarnos mutuamente a identificar lo que podría ir mal y también a compartir estrategias sobre cómo resistirlo".

¿Cómo empezó a investigar cómo afecta la digitalización a la desigualdad?

Empecé con el movimiento de los Centros Tecnológicos Comunitarios en Estados Unidos a finales de los 90. La idea era básicamente que el acceso a la tecnología era una cuestión de justicia social muy importante. Pensábamos que uno de los problemas clave que los pobres y la gente de color en los Estados Unidos iban a enfrentar era la brecha digital, la idea de que la gente rica obtiene la tecnología primero y otras personas pueden quedar atrás. Con esta mentalidad empecé a trabajar en una comunidad de mujeres en mi ciudad natal, alrededor de 90 mujeres pobres de clase trabajadora que vivían en una especie de vivienda colectiva. Hicimos todo tipo de proyectos que trataban de salvar la brecha en el acceso a la tecnología, pero alrededor de un año después algunas de esas mujeres de la comunidad me sentó y me dijo: Virginia, nos gustas mucho, eres muy dulce, pero tus preguntas son estúpidas y no tienen nada que ver con nuestras vidas.

Para mí fue como ¡oh!, ok. Así que si lo estoy entendiendo mal, ¿cómo lo hacemos mejor? Y lo que me dijeron es que esta suposición de que no había tecnología en sus vidas era un error. La tecnología era absolutamente omnipresente. Pero las interacciones que tenían con ella tendían a ser explotadoras y extractivas, peligrosas. Me contaron que los lugares donde normalmente entraban en contacto con la tecnología es en el sistema de justicia penal y en la vigilancia digital en sus barrios. Lo que me dijeron cambió la dirección de mi vida, porque desde entonces me centré en averiguar cuál es la relación entre la tecnología y los servicios públicos. Resultó ser un tema realmente muy importante y fascinante, pero también aterrador y en gran medida ignorado.

Una de las advertencias del libro es que las sociedades pueden volverse más desiguales a medida que se digitalizan y se añaden nuevos métodos de decisión automática, aunque tienda a pensarse lo contrario.

Sí. Lo que he visto en mi investigación sobre la automatización de la desigualdad ha sido que, a menos que los diseñemos explícitamente para inclinarse hacia la justicia social, los algoritmos sólo ampliarán las brechas sociales que ya tenemos. Por otro lado está ese otro tipo de pensamiento mágico en la mente de muchos diseñadores y administradores de programas de que la tecnología será, de forma natural, más eficiente, más justa, menos sesgada. Que hay algo en la tecnología digital que la hace simplemente más objetiva y justa, internamente, por sí misma. Y eso no es cierto.

La historia que nos contamos a nosotros mismos sobre la neutralidad de la tecnología es peligrosa y no es empírica. Encubre toda una serie de prácticas malignas, agitando una pantalla frente a nosotros desde la que se toman decisiones muy políticas pero alegando que es solo un proceso administrativo, matemático. En el peor de los casos, todas estas herramientas nos permiten evitar decisiones políticas realmente importantes que tenemos que tomar o conversaciones políticas que tenemos que tener.

¿Cómo actúan esos algoritmos de la desigualdad, en la práctica?

Te pongo un ejemplo concreto. Una de las familias con las que trabajé muy estrechamente en la elaboración del libro vivía en Indiana. Sophie, la persona a la que dedico el libro, es en realidad Sophie Stripes. Cuando la conocí tenía 13 años y parálisis cerebral. Le habían cancelado el seguro médico cuando tenía seis años porque ella, con seis años, no cooperó para establecer su elegibilidad para el programa.

Lo que sucedió en Indiana es que construyeron un sistema automático para sustituir a los trabajadores sociales que decidían quienes podían acceder a esas ayudas. Pero era un sistema muy rígido, inflexible. La familia Stripes se olvidó de firmar un formulario y perdió su seguro sanitario. En ese año le ocurrió a más de un millón de personas en el estado de Indiana. La gente recibía avisos sobre su falta de cooperación con el programa, pero estos solo decían que había un error. No decían cuál era el error, lo que ponía toda la presión de averiguar qué estaba fallando sobre los hombros de las familias más vulnerables del estado. Así que, básicamente, tuvieron que convertirse en sus propios trabajadores sociales y solucionar los problemas por sí mismos. 

Esa es una de las formas clásicas de la que funcionan estos sistemas: automatizando los procesos de elegibilidad para un programa de ayudas. A menudo esto oculta el hecho de que se han tomado una serie de decisiones políticas sobre quiénes merecen la ayuda, cómo tendrán que demostrarlo y qué tipo de ayuda necesitan.

¿Las personas afectadas detectaban que esos métodos de decisión eran injustos? ¿O pensaban que como la decisión había sido tomada por un algoritmo, por una máquina debía haber otras personas que necesitaban más esas ayudas?

Eso es interesante. En mi investigación, al hablar con las familias afectadas por estos sistemas pude ver tenían algunas conjeturas realmente buenas sobre lo que estaba sucediendo.

¿O sea que eran más bien los políticos y los organismos públicos los que los utilizaban para evitar tomar decisiones difíciles? 

Sí, exacto. Hay dos maneras de que eso ocurra. Una es la austeridad, la idea de que no hay suficiente para todos y que es necesario tomar estas decisiones difíciles sobre quién merece apoyo y quién no. Eso es una posición política, pero a menudo los algoritmos sirven para convertirlo en una especie de matemática moral.

En Estados Unidos, además, la situación es diferente a la europea en cuanto al estado del bienestar. Aquí [por EEUU] existe la creencia de que si eres pobre, quizás es porque has tomado una serie de malas decisiones con las que los demás no estamos de acuerdo. Tenemos este sistema loco que cree que no podemos dar a todos un nivel básico de dignidad humana. Pero eso no es empíricamente cierto. Podríamos desarrollar un marco universal de derechos humanos que protegiera a la gente mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. Por eso hacemos una especie de populismo moral sobre si eres lo suficientemente bueno, como persona pobre, para recibir ayuda. O si por el contrario eres una mala persona pobre. Juzgar eso es la otra idea que está incorporada en todos estos sistemas, incluso cuando no es su intención.

¿Cómo se puede evitar que se implementen sistemas como estos? 

Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? [ríe]

En el libro propone un juramento hipocrático para los diseñadores, científicos de datos, etc. para que cuando participen en este tipo de desarrollos respeten una serie de valores éticos. 

Un aspecto interesante al escribir un libro es que congela tu pensamiento en un momento determinado. Mi forma de afrontar el problema ha cambiado desde la publicación del libro. Sigo manteniendo que la conversación sobre la ética de la inteligencia artificial es útil, pero creo que centrarse sólo en los códigos éticos para los diseñadores no nos va a llevar a donde tenemos que ir. Es solo una pieza del rompecabezas. 

Para los casos que he estudiado en profundidad, creo que hay varias cosas que tienen que suceder para cambiar la forma en que estos sistemas funcionan. Una es que tenemos que cambiar las historias que contamos sobre lo que es ser pobre, quién es pobre, por qué es pobre.

Por ejemplo en Estados Unidos existe la narrativa de que la pobreza solo le ocurre a un pequeño porcentaje de personas, de manera probablemente patológica. Eso tampoco es cierto. Si estudias el ciclo de vida de la gente en EEUU ves que el 51% de las personas estará por debajo del umbral de la pobreza en algún momento de su vida. Es como si estuviéramos tratando el embarazo como si fuera una enfermedad, como una discapacidad. ¡Es sólo algo que le sucede a más del 40% de la población! No es una enfermedad, sino una experiencia que muchas personas tienen. Creo en el poder de las historias para ayudarnos a contar la realidad. Y creo que cambiar las historias que nos contamos sobre la desigualdad y también sobre los procesos de automatización es una parte muy importante de la solución.

Una de esas narrativas que pide derribar es ese determinismo sobre la tecnología: un algoritmo por sí solo no cambiará estructuras que llevan décadas establecidas.

Está integrado en su ADN. Funcionan con datos históricos. Se entrenan con datos históricos. Se integran e implementan en sistemas que ya existen. Están construidos por seres humanos que tienen como ideas la historia y su propia experiencia. 

Pero muchas veces los tratamos como si fueran ese monolito de 2001: Una odisea en el espacio que viene a revolucionar la evolución. A menudo pensamos en estas tecnologías como si vinieran de la nada, aterrizaran en un terreno vacío y lo cambiaran todo. Y es mucho más complicado que eso. Nuestros sistemas técnicos son manifestaciones físicas de las estructuras sociales en las que ya vivimos, a menos que los diseñemos explícitamente para hacer otra cosa. Profundizan el statu quo si no los construimos para hacer para hacer algo más.

Uno de los motivos por los que pienso que esta narrativa es peligrosa es porque crea un espacio emocional, intelectual entre las personas que los diseñan y los implementan y las personas que los padecen. En el libro lo llamo anulación de la empatía. El libro trata de sistemas técnicos complejos, pero lo escribí a partir de la experiencia de las personas que se ven afectadas por ellos porque quiero que la gente, cuando tenga estas conversaciones abstractas y conceptuales sobre la inteligencia artificial y la ética, vea ese espacio. Que recuerde que sus decisiones afectan a personas reales y están teniendo efectos realmente horribles para importantes comunidades de clase trabajadora.

A pesar de ser muy local, los resultados de su investigación han dado la vuelta al mundo. ¿Cree que conviene internacionalizar el debate sobre los algoritmos? 

Sí, hay dos cosas que en mi opinión son muy necesarias. Una es escuchar las voces de las personas que se ven afectadas directamente por estos sistemas, como decía. La otra cosa es globalizar la conversación sobre ellos, porque ciertamente las empresas y los gobiernos sí que están hablando entre sí, así que los que nos vamos a ver afectados también tenemos que hablar entre nosotros.

El contexto de cada país importa a la hora de saber cómo va a tolerar la gente la implantación de estos sistemas, por supuesto. Pero también hay otros patrones. A menudo la gente que desarrolla esta tecnología la ofrece por todo el mundo. Uno de los casos que estudié, un sistema de predicción que se suponía que podía adivinar si los hijos de una familia serían víctimas de abuso o negligencia en el futuro, fue desarrollado por una empresa de Nueva Zelanda. Trataron de implantarla allí, pero rechazaron su herramienta y se fueron al condado de Allegheny, en Pittsburgh, que fue donde se la compraron. Pero si Pittsburgh la hubiera rechazado, se habrían ido a Kenia. Y si no, habrían aparecido en Togo. Tenemos que ayudarnos mutuamente a identificar lo que podría ir mal y también a compartir estrategias sobre cómo resistirlo.

jueves, 22 de abril de 2021

La Comunidad se desentiende de los niños de la Cañada que viven sin luz: recomienda a los colegios comprarles “tarjeta móvil de datos” (Pablo 'Pampa' Sainz para ELSALTODIARIO.COM)

 Reproducimos esta información de ELSALTODIARIO.COM


Dos meses después de que más de cuatrocientos docentes escribieran a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid solicitando una mediación para restituir el suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana y así “asegurar el derecho a la educación” de las niñas y niños afectados por el corte de luz, el consejero Enrique Ossorio Crespo ha respondido desentendiéndose de cualquier responsabilidad y dictando algunas “recomendaciones” para que sigan siendo los centros educativos los que asuman la delicada situación.

Casi como si no corriera prisa, Ossorio se ha tomado más de sesenta días para responder a una plantilla docente que ha tenido que extremar sus recursos e ideas para solventar una situación inédita, que una parte importante de su alumnado tenga que vivir —hace ahora seis meses— sin energía eléctrica en sus hogares. La carta ha sido recibida por la dirección de los colegios a donde asiste alumnado que reside en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, afectados desde hace seis meses por la falta de energía.

En respuesta a la carta de más de cuatrocientos profesores para pedirle una mediación por la infancia de la Cañada Real, Enrique Ossorio les sugiere que compren y presten tarjetas móvil de datos

“Quiero agradecerles todas las actuaciones desarrolladas que han favorecido el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta situación crítica, minimizando, en la medida de lo posible, los efectos que ha causado la interrupción del suministro eléctrico en este entorno madrileño de la Cañada Real Galiana. Somos conscientes de que los centros han respondido con entrega a estas dificultades, dentro de las posibilidades que les otorga su autonomía organizativa y metodológica”, ha respondido el consejero sin hacer mención al problema de fondo: que 4.500 personas, entre ellas 1.812 menores de edad, se están viendo obligadas a vivir sin luz por el corte producido el 2 de octubre de 2020.

En el escrito presentado el 9 de febrero por el claustro docente de una veintena de centros de educación primaria y secundaria ubicados en los distritos de Vicálvaro, Villa de Vallecas, y del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se denunciaba que no se estaba respetando “el interés superior del menor” y que a consecuencia de la situación temían “por la seguridad y salud de estos niños por los problemas de habitabilidad que presentan sus hogares”.

“Actualmente habitan en una zona marginal comparable a la de los campos de refugiados, que no les permite tener una educación cerca de sus viviendas, a pesar de vivir tan solo a 10 kilómetros de la capital de España, y donde carecen de los servicios básicos (imposibilidad de acceso al agua caliente impidiendo el aseo diario, dificultad para realizar la colada conllevando la falta de higiene y apariencia adecuada, falta de una alimentación equilibrada, falta de calefacción generando casos de hipotermia, etc.)”. denunciaba el profesorado en el documento firmado.

Enrique Ossorio, pese a que la Consejería de Educación y Juventud participa en la Comisión de Trabajo Social del Comité Ejecutivo de la Cañada Real Galiana, solo admite que desde su área han “estado analizando las consecuencias de la interrupción del suministro eléctrico”, pero no da ninguna respuesta ni especifica ninguna actuación que pudiera beneficiar la educación de los menores.

En tal sentido se limita a puntualizar cinco recomendaciones en las que destacan priorizar tutorías, habilitar zonas para que el alumnado pueda recargar sus dispositivos electrónicos y reorganizar clases “con el objeto de que los escolares que tienen problemas para conectarse telemáticamente desde sus casas, puedan hacer efectivo el proceso de enseñanza aprendizaje”.

La más singular, la que invita a “facilitar los medios materiales a su alcance para mitigar la situación de desventaja, como por ejemplo la adquisición y préstamo de tarjeta móvil de datos”.

lunes, 31 de agosto de 2020

Reino de España: vuelta a las aulas de la austeridad (Carlos Gibau para CUARTOPODER.ES)

Reproducimos este artículo de Carlos Girbau (concejal de Ahora Ciempozuelos y amigo de Sin Permiso) en CUARTOPODER.ES





  • Que el Consejo fuera conveniente a quienes administran nuestra salud y educación en el reino, no quiere decir que haya sido realmente útil para la mayoría de la ciudadanía
  • El problema no radica en que haya 17 CC.AA. con sus maneras diferentes de ponerse la mascarilla como señala la prensa. Lo que hay son dos modelos políticos que pugnan

Hubo que esperar hasta el 27 de agosto, a escasos días de la vuelta a los centros de estudio, para que una conferencia multisectorial de tres ministros (I. Celaá, Educación y Formación Profesional; S. Illa, Sanidad y C. ; Darias, Política Territorial y Función Pública) y los consejeros de Sanidad y de Educación de las 17 Comunidades Autónomas (CC.AA.) acordara, con la abstención de la delegación de la C.A. vasca, el protocolo que establece los términos en los que los centros educativos pueden ser abiertos. El largo y formal título del documento: “Acuerdo del consejo interterritorial del sistema nacional de salud, adoptado en coordinación con la conferencia sectorial de educación, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al covid-19 para centros educativos durante el curso 2020-21” podría hacernos creer que nos encontramos ante la norma que resuelve las dudas e inquietudes que asaltan a la inmensa mayoría de una sociedad concernida por una reapertura de los centros de estudio en pleno crecimiento de los contagios de COVID-19 a razón de casi 10.000 diarios.Transcurridos 6 meses del obligado cierre de la educación presencial debido al confinamiento y todo lo ese hecho puso en evidencia, era ya chocante la inacción, la falta de previsión y planificación de las administraciones (todas) ante el inminente regreso a las clases.


La reunión del día 27 de agosto le iba bien a todo el mundo político institucional. Por un lado, a un PP sin alternativa como quedó de manifiesto en el encuentro de todo su poder autonómico celebrado el 26 de agosto, un día antes del consejo interterritorial, de cuyas decisiones y propuestas de un “plan alternativo al del gobierno” aún hoy nada se sabe. Por otro, a los gobiernos autonómicos que, a toda prisa, fueron estableciendo precarios protocolos de reincorporación a las aulas. También a la presidencia del Gobierno le vino bien para huir de su imagen de pasividad reprochada en agosto; incluso a Unidas Podemos que, poco antes de la reunión del consejo interterritorial, había señalado la falta de iniciativa de la ministra Celaá por no condicionar a la mayor contratación de profesores y de personal en los centros educativos los dos mil millones que en mayo el Estado puso al servicio de las autonomías para educación. UP tocó con ello un problema básico en toda esta situación pero, lamentablemente, calló sobre universidades, la rama educativa que les compete directamente en el Gobierno de Coalición Progresista.

Ahora bien, que el Consejo fuera conveniente a quienes administran nuestra salud y educación en el reino, no quiere decir que haya sido realmente útil para la mayoría de la ciudadanía. Una lectura rápida del acuerdo llevara a perder toda esperanza de encontrar en él algo más de lo que, tras meses de sufrir pandemia, podemos definir como “lo de siempre”: mascarillas, higiene de manos, establecimiento de grupos de convivencia estables o distancia de 1,5 metros. Nada novedoso con respecto al documento del Ministerio de Educación del 22 de junio de 2020.

La gran mayoría de la prensa, fiel exponente de las empresas que la controlan y partidaria de manera creciente, como una porción cada vez mayor de la oligarquía española, de una involución recentralizadora del Estado autonómico, no pierde ocasión para ridiculizar en sus titulares las diferencias en el uso de la mascarilla, la ventilación de las aulas y la toma de temperaturas que existen en las distintas CCAA. Intentan con ello ganar el discurso hacia un aspecto concreto de la cuestión, que no del problema.

La pandemia y el cierre de las escuelas de marzo, como ahora el número de contagios y sus zonas (los barrios populares), pone de manifiesto, una vez más, los graves problemas de fondo de la sociedad. Problemas profundos que son previos a la pandemia, como bien nos recordó el anterior relator de la ONU, Philip Alston en su informe sobre la pobreza en España de 2018. En aquel documento ya entonces se señalaba que un 26,1% de la población y el 29,5% de los niños se hallaban en riesgo de pobreza o exclusión y que más del 55% de los habitantes experimentaban algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. A día de hoy, las personas que han presentado la solicitud de Ingreso Mínimo Vital son más de 800.000; las que están en el desempleo rondan el 20%, 7 puntos más que en 2018; y quienes se hallan en ERTE superan el millón. Como bien señaló el relator, el empobrecimiento general de la población fue resultado de una decisión política que protegió a los más adinerados. Entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante se incrementaron menos del 2%.

La crisis de 2008 se enjugó por parte del gran capital sobre la base de recortes y más recortes en los servicios (derechos básicos) e incremento de la precariedad para la ciudadanía, y de rebajas fiscales para los más opulentos. Dicho de otra manera, se degradó la propia condición de ciudadano/a y de persona, encogiendo la democracia y reduciendo de manera cada vez más evidente el conjunto del entramado legal a un simple instrumento para el pago de la deuda a sus tenedores (cambio artículo 135 de la constitución) y para la profundización de la represión como respuesta (leyes mordaza).


Tras una década, tales recortes y sus efectos continúan sin revertirse. Se trata de la lluvia fina que cala y que se encuentra, por ejemplo, detrás de la brutal brecha digital que separa al alumnado y que se puso de manifiesto en el cierre de los centros bajo el confinamiento. Una expresión del empobrecimiento de la sociedad, de la falta de inversión y la escasez de garantía y compromiso democrático por parte de los gobiernos de turno (autonómicos y estatales) con un derecho democrático fundamental como la educación. En estos años de pre-pandemia y austeridad se aumentaron las ratios por clase, se tomaron laboratorios y bibliotecas para dar cabida a más alumnos, se recortaron espacios comunes y se redujeron profesores y otros técnicos. Se degradó la enseñanza pública de manera muy especial. Se fragilizó el empleo hasta el extremo de que 53.000 interinos deben ser recontratados año a año; se redujo la parte del PIB que se destina a educación a un 3,75% (previamente a la anterior crisis, se situaba en un ya escaso 4 %). En definitiva: se perdieron nada menos que 9.000 millones por causa de los recortes.

Y es precisamente ahora cuando se habla de reducir ratios para garantizar mejor la seguridad y de desdoblar aulas, de contratar profesores y personal de apoyo, de incrementar los medios tecnológicos. Pero tales afirmaciones no representan mucho más que discurso. De hecho, el documento del Consejo del 27 agosto apenas trata el tema; además, no es de obligado cumplimento. O sea, da vueltas sobre un problema provocado por la austeridad neoliberal, pero se niega siquiera a señalarlo, como si por el hecho de no nombrarlo se pudiera escapar de él y sus terribles consecuencias.

Por puro sentido común, la comunidad educativa reclama una apertura del curso presencial y segura. La reclama en defensa de la igualdad social y de la propia enseñanza; exige más personal, lo que supone mucho más que la obligada recontratación anual de los 53.000 interinos; se solicita revertir lo recortado para poder empezar a hablar en serio y se exige que se destine una parte directa de los fondos que vendrán de la UE a educación.

El Consejo del 27 de agosto ha mostrado también que las autonomías han dejado para última hora el regreso a las aulas. Una vuelta dominada por esa austeridad no revertida y una cicatería de medios que continúa siendo el elemento determinante en su diseño junto a la voluntad evidente de sacudirse toda responsabilidad política. Con algo de esta lógica, rompe positivamente el acuerdo alcanzado en la Comunitat Valenciana. Allí el conjunto de la comunidad educativa y el gobierno autonómico surgido del Pacto del Botànic firmaron un acuerdo por el que dicho gobierno destinará 200 millones de euros a adecuar espacios para impartir enseñanza y a la contratación de 4.600 profesionales. Veremos en qué queda, pero, en todo caso, se trata de una línea diametralmente opuesta a la de la Comunidad de Madrid donde se espera una huelga en la enseñanza que seguirá a la organizada por las escuelas de idiomas a principios del verano. Los paros están convocados por todas las centrales sindicales en todos lo tramos educativos, menos el universitario. Las jornadas elegidas inicialmente fueron el 4, 8, 9 y 10 de septiembre. Pero posteriormente han sido aplazadas al 22 y 23 de septiembre.

Un gobierno, el de la Comunidad de Madrid dirigido por PP y C’s, que ha continuado, en plena pandemia, cerrando unidades docentes (públicas) y desviando dinero a la enseñanza privada y concertada. Frente a la amenaza de huelga y la sensación de inseguridad que transmite a la población intenta ahora sacar pecho y anunciar, a 10 días del inicio de curso, la contratación de 10.000 docentes. Vale recordar que ha sido incapaz de concretar la contratación de 1.200 rastreadores y que despide a miles de profesores interinos cada año sin que le tiemble el pulso. Pero a pesar de ello y de mantener los centros de atención primaria cerrados en varias localidades, asegura que reducirá las ratios de alumnado; eso sí, sin proveer de fondos ni de espacios a los centros de enseñanza. Algo similar ocurre en Andalucía y Galicia, comunidades todas ellas gobernadas por la derecha.

El problema no radica en que haya 17 comunidades autónomas con sus maneras diferentes de ponerse la mascarilla como señala la prensa. Lo que hay son dos modelos políticos que pugnan. Uno, que va ganando con mucha ventaja y que tiene en la llamada “colaboración publico-privada” el caldo de cultivo de la privatización que domina la descentralización administrativa autonómica del régimen del 78 bajo el neoliberalismo; y otro, el que entiende que lo público representa, como en la pandemia, la única garantía de derechos, de igualdad y verdadera protección de la mayoría de la población ante los efectos de esta triple crisis sanitaria, social y económica que padecemos. El primer camino se empantana sometido al desgobierno del interés de los más poderosos. El segundo necesita, cada vez de manera más imperiosa, un nuevo marco legal que vaya más allá del 78 y que lo sustituya por otro basado en la libre decisión de los pueblos y la igualitaria relación fraternal que marcan las repúblicas. Mientras se despeja el panorama, huelgas como la de Madrid marcan camino.

sábado, 8 de agosto de 2020

Contra la inercia del fracaso en Pan Bendito (Rodrigo Santodomingo para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica este reportaje


  • Pan Bendito, una barriada en el sur de Madrid, representa un reto educativo mayúsculo. En sus calles duras y hostiles viven familias con un nivel sociocultural paupérrimo. El ciclo del fracaso escolar se alimenta además de inercias atávicas. Allí se encuentra la Escuela de la Paz de la Comunidad de Sant´Egidio. Sus alumnos (la gran mayoría gitanos) practican la lectoescritura, juegan y bailan, adquieren valores que su entorno no siempre fomenta. Este año ha organizado un programa estival para acortar la brecha del virus.
  • “Hay terror a que los alumnos aprendan a leer la actualidad”
  • Barbiana, años sesenta: otra educación es necesaria

En uno de los barrios más estigmatizados de Madrid, hay un espacio -diáfano, pulcro, luminoso- donde aprende una decena de niños. Acompaña a cada alumno un joven o adolescente. Una mesa con dos chavalas por profesora supone la excepción a esta regla de atención estrictamente individualizada. Es mediodía de un día de julio y la sesión alterna ejercicios de lectoescritura con dibujos y otras tareas más ligeras.

Todos los presentes llevan mascarilla y sufren su gestualidad cohibida. Pero en los ojos, en los ademanes, en la postura, se adivina complicidad. La concentración de los niños se pierde y se vuelve a encontrar. Una secuencia continua e imprevisible. Mientras, los profesores esperan serenos, no desesperan, idean recursos para que las frecuentes distracciones no arruinen el aprendizaje.

La Escuela de la Paz de la Comunidad de Sant´Egidio ocupa un local en Pan Bendito, una colonia en el madrileño distrito de Carabanchel. Allí viven muchas familias gitanas “de las de zapatilla, como dicen ellos”, aclara Carlos Busto, coordinador de la escuela. Un segmento de la población especialmente vulnerable, en el bucle de la marginalidad, donde campan el analfabetismo y la pobreza severa. Los últimos, como diría el sacerdote italiano Lorenzo Milani, referente pedagógico de esta y otras escuelas similares que la comunidad -cristiana pero conducida por laicos- tiene en más de 60 países. En la de Pan Bendito, la mayoría de alumnos son gitanos, aunque también acude algún payo y chicos nigerianos, latinos o ucranianos. El alumnado inmigrante copa casi todas las plazas en las otras dos escuelas de la paz que Sant´Egidio tiene abiertas en los céntricos barrios de Malasaña y Lavapiés.

Dan las 12:30 y la atmósfera de calma y estudio salta por los aires. Un niña de unos 9 o 10 años, enjuta y de mirada vivaracha, se arranca a taconear sobre una silla. Otros dos chicos algo mayores improvisan un partido de ping-pong con un balón Nivea. “¡A recoger!”, anuncia una joven. La mayoría obedece, alguno se hace el remolón, otra se rebela. A esta se le invita a sentarse un rato, apartada del grupo. “La premisa es generar relaciones de amistad, convertirnos en un modelo distinto a lo que suelen ver en el barrio”, explica Busto. “Pero hay que marcar límites, sobre todo con la violencia física o verbal. En ocasiones se manda al niño de vuelta a casa o se le prohibe venir algún día para que se lo piense”, añade.


Del respeto a la amistad

Cada voluntario/a (estudiantes de Bachillerato o universitarios) se ocupa de un máximo de tres alumnos. Normalmente se juntan alrededor de 10 jóvenes para 30 niños. Durante la visita, hay menos gente de lo habitual: las limitaciones de aforo han obligado a doblar turnos con el fin de que ningún chaval quede excluido.

Yaiza Rubio estudia Ingeniería Telemática y vive por la zona de Oporto, cercana a Pan Bendito aunque con un panorama sociocultural muy diferente. Hace cuatro años que regala tiempo y conocimiento en la escuela. “Siempre digo a las nuevas que primero se trabajen la autoridad y se ganen su respeto, aunque parezcan estrictas”, reconoce. Rubio asegura que el vínculo de amistad solo germina cuando las fronteras han quedado bien marcadas. Es entonces cuando manan los abrazos y la confidencias. Preguntamos a una niña qué tal se lleva con su voluntaria. “Es más mi amiga que mis amigas”, suelta espontánea.

Visitamos la Escuela de la Paz de Pan Bendito en pleno campamento urbano. Alternativa de urgencia a las estancias en la sierra de Madrid que otros años, sin virus mediante, ponen el colofón a su actividad durante el curso. Antes y después del campamento, la comunidad ha montado -también de manera excepcional- una escuela de verano. Obvio el objetivo: estrechar la brecha sociodigital acentuada por la pandemia. Con este mismo fin, la escuela continuó online durante el cerrojo escolar. “A través de móviles, aquí otros dispositivos no tiene casi nadie. Hemos ayudado con los deberes, sin olvidar la parte afectiva”, afirma Busto.

En realidad, el apoyo escolar y la dimensión lúdica cohabitan siempre en la oferta educativa de Sant´Egidio. Durante el campamento, juegos y amenos talleres ganan peso. Pero la jornada en la escuela propiamente dicha arranca suave y finaliza con una pequeña fiesta: cantar, bailar, divertirse.

El énfasis académico se centra en los pilares del aprendizaje, cuyas carencias pueden condenar a un alumno de por vida. Ante todo, el cultivo de la palabra, en la línea de Milani y su insistencia en situar al dominio del idioma en el epicentro de cualquier proyecto vital con una dosis digna de libertad. Casi al mismo nivel, las operaciones matemáticas básicas. Y luego, otros requerimientos concretos de cada niña/o. La flexibilidad y el margen de maniobra son -sustentados siempre en un trato personalizado- la gran ventaja de la escuela respecto al sistema oficial.

Busto recuerda que el CP República de Colombia, a dos pasos del local, siempre ocupa los tres últimos lugares en la pruebas de diagnóstico de la Región. Para él, pedirle al colegio que arregle solo un ascensor social escacharrado se antoja casi una utopía: “El círculo de la pobreza en el barrio no se termina de romper por una cuestión cultural. Y ahí es muy difícil que llegue el colegio. Incluso los profesores más vocacionales se encuentran con una clase en la que casi todos los alumnos provienen de un estracto social muy bajo, con necesidades emocionales, problemas de comportamiento, conflictos en casa, absentismo… Un gueto, en definitiva”.

La Escuela por la Paz, por el contrario, sí puede actuar sobre la raíz, acudir al origen de la desigualdad. Literalmente de hecho, ya que los voluntarios van a buscar a los niños a sus hogares. En parte para asegurar su asistencia, en parte para conocer de primera mano su entorno cotidiano. “Las familias se muestran agradecidas, saben que todos somos voluntarios”, dice Rubio. Busto añade que ayuda sobremanera no responder al perfil de figura institucional (profesor, trabajador social), lo cual facilita la cercanía en el trato: “Te abren su casa, te invitan a café de puchero…”.Carlos Busto. Foto: R. S.

Heroísmo educativo

Finalizada la ronda de recogida, ya en el local, la escuela afronta la enseñanza con la realidad cotidiana del alumno muy presente. “Nos armamos de paciencia, comprendemos que determinadas actitudes no se producen porque el niño sea malo, sino porque hay una historia detrás que explica su comportamiento”, argumenta el coordinador. Es en este “querer sin juzgar, en acercarse a los pobres, a los que más sufren” donde más se revela, para Busto, el espíritu cristiano del proyecto.

Ciertos valores empapan juego, estudio y talleres. Enfoque transversal que aspira a neutralizar la dureza del barrio, “donde impera la ley del más fuerte”, prosigue Busto. Convivencia, empatía, respeto, cuidado de las calles en las que crecen los chavales, ecología. Se emprenden también iniciativas solidarias, por ejemplo, reciclaje de juguetes que luego venden en mercadillos altruistas. El dinero recaudado lo envían a África. “Les inculcamos la idea de que nadie es tan pobre como para no poder hacer algo por los demás, comprenden que hay gente peor que ellos, sin ni siquiera acceso a medicinas”, afirma Busto.

En sus más de 30 años de vida, la escuela ha cosechado un nutrido palmarés de éxitos. “Ves cambios, a veces muy sutiles. A lo mejor no salen universitarios, pero sí hay gitanas que han continuado su formación más allá de los 13-14 años [algo poco habitual en esta comunidad], se han casado más tarde y ahora trabajan como dependientas”. Otras veces, lograr que un puñado de chicos esquiven su autodestrucción supone un logro inmenso: “Algunos me han reconocido que no han caído en la droga gracias a la escuela”.

Busto trabaja como maestro de Infantil en un colegio concertado. Es diácono (clérigo laico) y padre de tres hijos. Además de la coordinación de la escuela, presta servicio en otros programas de Sant´Egidio. Aun así, opta por quitar importancia a sus esfuerzos de ayuda al prójimo. No lo dice expresamente, pero desliza que los verdaderos héroes se encuentran en las escuelas de la paz de Mozambique o Malawi. Jóvenes que madrugan para caminar kilómetros y echar una mano educativa antes de afrontar una larga jornada laboral. Busto cuenta un caso desgarrador que eleva el nivel de sacrificio y relativiza su propia labor. Hace unos años, un veinteañero de El Salvador acudía como voluntario a la Escuela de la Paz de Apopa, una pequeña ciudad cercana a la capital, San Salvador. Allí, las maras ven a la escuela como enemiga directa: les quita cantera, dificulta su reclutamiento criminal. El joven se había convertido en una referencia, un polo de atracción para alejar a los niños de los tentáculos de la delincuencia. Así que lo mataron. Se llamaba William Quijano.