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viernes, 4 de diciembre de 2020

Carta sobre el cambio de las condiciones laborales y la carga de trabajo en los centros (Marea Verde Madrid 4-12-2020)

 


Gracias al trabajo, buen hacer y al esfuerzo de toda la comunidad educativa la vuelta a las aulas no se ha convertido en un auténtico caos. Pese a los protocolos desastrosos, la falta de recursos y la dejación de la Educación Pública por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, seguimos adelante. Y lo hacemos con ganas y con el compromiso de que este curso va a salir lo mejor posible dentro de las circunstancias, ofreciendo siempre a nuestros alumnos y alumnas la educación de calidad que se merecen. No obstante, desde Marea Verde denunciamos al gobierno de Ayuso y Aguado, y al Consejero de Educación y Juventud Ossorio por su mala gestión, el incumplimiento continuado de los acuerdos educativos establecidos y por su irresponsabilidad y abandono de la comunidad educativa de los centros públicos. 

A día de hoy siguen faltando profesoras y profesores y otros perfiles educativos en los centros. Se da incluso la paradoja de alumnos y alumnas que tienen que examinarse de una asignatura que imparte un supuesto profesor que ni siquiera conocen. Los centros se han organizado como han podido, abandonados a su suerte y en manos del trabajo impagable de equipos directivos exhaustos. Además, las bajas de larga duración no se están cubriendo, no hay reposición de las jubilaciones, ni refuerzo de la plantilla de personal no docente. Para colmo, el profesorado contratado para refuerzo COVID será despedido el 22 de diciembre. ¿Se puede saber qué haremos a partir de enero sin ellos? Su ausencia será la negación del derecho a la educación de gran parte del alumnado.  

En septiembre la Consejería de Educación aprobó la bajada de ratios a 20 alumnos en Educación Infantil (segundo ciclo) y Primaria para procurar una mayor distancia social en las aulas. No obstante, han olvidado nuevamente al primer ciclo de Educación Infantil, ya que las ratios han continuado exactamente igual que antes de la pandemia: los mismos 20 alumnos por clase. En Formación Profesional las ratios también siguen igual que antes de la pandemia. Y la enseñanza Secundaria no está en mejor situación: en la actualidad contamos con clases de 23 alumn@s con lo que es imposible mantener la distancia de seguridad. Como Marea Verde Madrid, exigimos un máximo de 15 alumn@s por aula en todas las etapas para alcanzar las medidas de seguridad lógicas ante la situación de pandemia que vivimos y para ofrecer una enseñanza pública de calidad para todos y todas. 

Además, en Secundaria y en Formación Profesional nos encontramos con los problemas que conlleva la semipresencialidad. Esto supone, por un lado, una doble jornada laboral de l@s docentes, con la enseñanza presencial de un grupo y la enseñanza online de otro en el mismo día, aumentando alarmantemente la responsabilidad que asumimos y nuestra carga de trabajo. Y por otro lado, la falta de formación, recursos y la desigual capacidad de acceso a internet, así como la dispar implementación de la red 5G y la irregular  forma de reparto de dispositivos electrónicos. Ni el alumnado recibe la atención que merece, ni los profesores y profesoras pueden realizar su trabajo adecuadamente. 

Asimismo, rechazamos el uso de las cámaras en las aulas porque implica una vulneración de los derechos de la propia imagen del profesorado y también del alumnado, y ni se han pensado ni se han decidido alternativas.

Las condiciones laborales del profesorado, por tanto, cada vez son peores. Tenemos horarios que incumplen más de 3 horas de guardia y se disminuyen las horas de coordinación, de preparación y corrección de actividades. Sin duda, es necesario volver a los 18 periodos lectivos, arrebatados en la crisis del 2008, para asegurar unas condiciones dignas y un adecuado rendimiento de los equipos docentes. Asimismo, es de vital importancia regular el teletrabajo para aquellos periodos en los que la pandemia haga imposible la presencialidad en el centro o de cara a realizar las horas de libre disposición de forma no presencial, preservando así las necesarias condiciones de salud pública. 

Una de las realidades más flagrantes es la que sufre uno de los colectivos más vulnerables, l@s docentes de riesgo, a los que no se les ofrece la posibilidad de adaptación de su puesto de trabajo mediante el teletrabajo, alegando que los centros educativos son seguros. Sin embargo, la realidad es otra. Los centros educativos se han convertido en los últimos días en el tercer ámbito en el que más brotes y contagios se producen. Los expertos insisten cada vez más en la extensión del virus por aerosoles y, en los centros, las distancias de seguridad no siempre se mantienen, la temperatura de aulas y pasillos incumple la normativa y faltan medios de protección para las trabajadoras y trabajadores. Los protocolos son caóticos y no parece que quieran revisarlos. 

A esto se le suma el cambio de consideración de contactos estrechos con la COVID19, haciéndose menos PCR y menos confinamientos preventivos, lo cual abre la posibilidad de que un mayor número de personas asintomáticas sigan trabajando o asistiendo a clase. Además, en la mayoría de los centros sigue sin haber personal específico con formación sanitaria para la coordinación COVID.

No solo el colectivo docente de riesgo está siendo maltratado, también le está ocurriendo al alumnado convaleciente o de riesgo por la COVID19. El Servicio de Atención Educativa Domiciliaria (SAED) está saturado, falta profesorado y no se disponen de recursos tecnológicos para atender a los niños y niñas que lo necesitan.

Además, desde el inicio de curso la situación administrativa del profesorado interino es insostenible, parece que la consejería simplemente ha colapsado. Nos encontramos con docentes que todavía no han cobrado su salario desde septiembre, no hay nombramientos ni contratos, ni se puede acceder a las diferentes plataformas para consultar las nóminas.

Otra cuestión preocupante es la falta de espacios adecuados. En un principio, se han ocupado laboratorios, aulas de música, bibliotecas y gimnasios para crear nuevas aulas más espaciosas, pero bajo el criterio de cada centro y según sus posibilidades, acorde a la saturación de alumnado, con las desigualdades que esto implica. Y en lugar de construir las infraestructuras necesarias, la Comunidad de Madrid ha hecho una inversión asombrosamente escandalosa en unos barracones que no sería la primera vez que dejaran en los centros de manera permanente.

Finalmente, queremos destacar la deficitaria atención a la diversidad: este curso, no solo se ha recortado en el profesorado específico (Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad, orientadores…) sino que el gobierno de Ayuso ha cambiado y  endurecido, en plena pandemia, los criterios para que el alumnado con autismo pueda acceder a los centros ordinarios con aulas preferentes para niños con trastornos graves del desarrollo, donde se asegura su plena atención e inclusión.

Todo esto nos permite afirmar que el presente curso escolar está saliendo adelante gracias al sobre-esfuerzo llevado a cabo por toda la comunidad educativa, familias, alumnado, profesorado y personal no docente, que ha demostrado un grado de responsabilidad e implicación que deja en evidencia la vergonzosa actuación de la Comunidad de Madrid a la hora de establecer unos criterios mínimos de seguridad que permitieran haber sobrellevado el periodo actual de la pandemia con las adecuadas condiciones de salud pública.

Exigimos al gobierno de Ayuso y Aguado, y al Consejero de Educación y Juventud Ossorio que escuchen a la comunidad educativa y garanticen una vuelta segura a las aulas cada día, todos los días.

4-12-2020

Marea Verde Madrid

Puedes descargar la Carta
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domingo, 27 de septiembre de 2020

Los sindicatos esperan una negociación rápida para llevar el teletrabajo a la educación (ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

Publicamos esta noticia leída en ELDIARIODELAEDUCACION.COM


Mientras las indicencias en centros educativos relacionadas con la Covid-19 no paran de sucederse, se cierran aulas por contagios de alumnos y docentes, se envía al personal de baja o de cuarentena, los sindicatos educativos esperan, al menos así lo asegura Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, una negociación, «en cuestión de semanas», que lleve a los colegios e institutos el acuerdo en materia de teletrabajo que se ha conseguido en la mesa de negociación de los empleados públicos.

Y no solo se espera que la negociación sea rápida con el Ministerio de Educación, primer paso, sino con las 17 comunidades autónomas a las que, con posterioridad, tendría que llegar (aunque Extremadura tiene su propio texto ya). Y deben ser semanas porque, aunque la pandemia es una situación coyuntural y, en principio, terminará tarde o temprano, hoy por hoy no se puede descartar ningún escenario de cierre.

Como se anunciaba hace unos días, los sindicatos han conseguido un acuerdo con el Gobierno para que se modifique el Estatudo Básico del Empleado Público, de manera que se regulen cuestiones como el derecho a la desconexión o la responsabilidad de las administraciones públicas a la hora de facilitar los equipos y dispositivos necesarios para que el funcionariado pueda desarrollar su labor desde casa. Ambos puntos han sido fundamentales, al menos, durante el periodo del estado de alarma, con docentes respondiendo comunicaciones durante todo el día, muy por encima de su horario habitual de trabajo, o en días festivos.

Aunque es complicado de calcular, el coste para las administraciones de conseguir que todo el profesorado que tenga que desarrollar su labor en casa, ya sea por una cuarentena obligada o por estar en régimen de semipresencialidad en algún curso alto de la secundaria, la cifra puede ser bastante elevada. Aunque para Maribel Loranca, secretaria de FeSP-UGT podría establecerse algún tipo de sistema de préstamos para quienes se encuentren en estas situaciones.

Desde el Ministerio de Educación y FP todavía no se tiene prevista esta posible Mesa Sectorial con los sindicatos para ver de qué manera «baja» el texto al sector docente concreto. Según Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación todavía es pronto, hay que esperar a que el texto de la modificación llegue al Consejo de Ministros (está previsto que lo haga el próximo martes) para comenzar a dar los primeros pasos de la negociación.

Sobre la mesa, además de cuestiones relacionadas con equipamiento informático o el número de horas y el horario exacto de trabajo para el personal docente, hay otras cuestiones de fondo como el derecho a la intimidad y a la protección de datos dado el anuncio de alguna autonomía de emitir en streaming las clases de los docentes cuyos grupos se encuentren en semipresencialidad. Protección para el profesorado que imparte como para el alumnado que se encuentra físicamente en las aulas mientras se emiten las clases.

Tanto para Loranca como para García, en cualquier caso, el teletrabajo en el sector educativo debe prácticamente circunscribirse a la situación de pandemia actual, dado que la apuesta, en este sector al menos, debería ser siempre por la presencialidad. De hecho, ambos destacan, dentro del acuerdo general, la garantía de la prestación de servicios de la administración de manera presencial al ciudadano.

Por delante, ahora, en cualquier caso, está el trámite de enviar la propuesta de modificación del Estatuto al Congreso de los Diputados donde no debería haber grandes complicaciones para aprobarlo. Principalmente porque hay acuerdo entre Gobierno y sindicatos y, en la normativa que regulará al sector privado, también con la patronal. Según fuentes sindicales, la modificación llegará en forma de Real Decreto-ley en un intento por agilizar el trámite, aunque tendrá que contar con el beneplácito de la Cámara. Antes pasará por el Consejo de Ministros.

Para Loranca, en cualquier caso y dure lo que dure este trámite, no hay problema para que el Ministerio de Educación convoque lo antes posible la Mesa Sectorial con los sindicatos de enseñanza para ir avanzando un marco que, después, llevue a las autonomías. Francisco García, desde CCOO, es de la misma opinión. La negociación debería poder desarrollarse en las próximas semanas. Y más con el escenario de incertidumbre actual en relació a la pandemia.