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Manuel Menor nos envía su último artículo:
Tergiversan y entorpecen la historia cultural de los avances y retrocesos de la convivencia democrática.La mención del “cónclave” ha llegado al Congreso de Diputados de la mano del jefe de la oposición en este momento, y la ha prolongado la bancada azul alegando que, en la fórmula electoral vaticanista, se puede entrar como papa y salir como cardenal. Como recurso para llamar la atención de los más adormilados con los rifirrafes de la vida política actual, bebe de los métodos que ya recomendaban los retóricos romanos para que el discurso conectara con la realidad. Ni que decir tiene que las transmisiones televisivas de lo recientemente acontecido entre los muros de la Capilla Sixtina han dejado un poso virtual apto para el uso de la analogía en los asuntos temporales de la vida ciudadana, si bien la lección real que ha dejado su empleo es la de una gran banalidad, como mucho de lo que en el espacio parlamentario se habla, contrariando su valor democrático.
El argot con que se adobó la metáfora –cocinado con el robado de mensajes privados entre políticos- no es precisamente ejemplar para la sana convivencia. Los muñidores del supuesto beneficio de esta sintaxis, aparte de descortesía y “mala educación” –que solía decirse-, enseñan a todos, mayores y adolescentes, su profunda hipocresía cuando por fines cortoplacistas pretenden aleccionar. Sus chapuceros medios, diciendo que todo vale –como cuando el rey francés Enrique de Borbón decía, después de abjurar del calvinismo, que “París bien vale una misa”-, olvidan lo que suelen hacer a diario junto a eximios colegas de facción. Sobrada documentación tienen los periodistas –y las hemerotecas- de malos usos de principios morales, tan poco considerados por practicismo coyuntural, que muchas veces terminan en lodazales diversos. Las falsas manías de ejemplaridad, de las que El rey desnudo de Andersen quiso mostrar sus costuras en 1837, beben de relatos como el del “Infierno” del Dante en La Divina Comedia (siglo XIV), y han dejado motivos suficientes para inspirar el Divino sainete (Curros Enríquez, 1888) o, más cerca, los esperpentos a que, como género literario, hicieron maestro a Valle Inclán. En lo que llevamos de siglo XXI, estas prácticas vuelven a proporcionar material sobrado, incluso para instaurar nuevas conmemoraciones. Como supuesta novedad de vergüenzas, debería haber una dedicada a los abusos de los móviles, en que se celebraría, al modo del “día de inocentes” del siglo pasado, se celebraría a cuenta de la percepción de bulos, mentiras, bulling y demás hábitos tecnificados de acoso. En tal fiesta, cabría una sesión de opinadores avezados en no dialogar, y diestros en exigir “buena educación”: buena ocasión para descubrir apaños de falsa moralidad.
La utopía de una enseñanza democratizadora
Estos debates, como los de sesiones parlamentarias donde supuestamente se pregunta al Gobierno sobre su gestión, suelen ser ocasión para combativas divisiones de opinión. Para muchos todo va peor que nunca y, según otros -más escépticos que pesimistas- casi siempre es ocasión para imitar al protagonista de Lars Gustaffson en La muerte de un apicultor (1978) y “volver a empezar”. Dan por supuesto que nunca nada está terminado: siempre falta mucho para cumplir la mejor utopía, como repetía, incansable, el recién fallecido Pepe Mújica. En estas divergencias tiene mucho que ver la memoria, esa facultad que cuantos han tenido cerca el Alzheimer aprecian por los quebraderos de cabeza y dificultades que genera el olvido. En lo colectivo, esta atrofia neuronal entre lo que se hizo o no se ha hecho -y lo que se debe hacer- también existe y, aparte de retardar decisiones necesarias, limita el provecho de los cambios oportunos a su debido tiempo.
En Educación, ha habido este retardamiento y pérdida de memoria, y en importantes asuntos es enfermedad estructural. Síntoma suyo es el largo recorrido de muchos de ellos desde 1857, en que sube a la Gazeta de Madrid la primera ley general: la Ley Moyano. Prosiguen otros en leyes bien recientes, como indica el que La Ley 20/2022 -de 19 de octubre: Ley de Memoria democrática- promueva iniciativas didácticas en los centros escolares, más allá de lo que decía la Ley de Memoria histórica -ley 52/2007, de 26 de diciembre-, y que le facilite desarrollos apropiados la LOMLOE (de 29.12.2020) en las enseñanzas mínimas que prescribe desde 2022-23. Notorio es, sin embargo, que Comunidades como Madrid las obstaculizan. Ejercitando sus competencias curriculares, en segundo de Bachillerato, por ejemplo, el diseño de Historia de España -de obligada atención en la EVAU de 2025- sigue siendo el de 2002 –posterior al torticero debate sobre “las Humanidades”- e impide un digno tratamiento de las cuestiones que emanan de dos leyes importantes en el desarrollo de la CE78. Después de casi cincuenta años de la muerte del dictador, plantear los asuntos centrales de “memoria democrática” todavía resulta exótico; en demasiadas ocasiones pesa mucho el tiempo anterior a la Constitución de 1978: la puerta abierta hace 47 años para democratizar su conocimiento y una praxis acorde parece haber servido de poco.
De todos modos, el alzheimer educativo no se reduce estrictamente a los asuntos que suscita la memoria “histórica” o “democrática”, y tardará mucho en curarse si gestionarla se circunscribe a los decretos del BOE. Para que llegue de verdad a todas las aulas es imprescindible su arropamiento coherente en muchas otras acciones que afectan profundamente a la vida escolar. La organización interna de los centros, la formación lógica de sus educadores y, de fondo, el respetuoso respeto a la libertad de conciencia y la atención a las características de los educandos, son determinantes. Por otro lado, nulo favor se hace a “la memoria democrática” en el sistema educativo olvidando a cuantos docentes enseñaron democracia a remolque de una “cultura escolar” reticente u hostil. Antes y después de 1978, su ruptura con los libros de texto al uso, y sus innovaciones en la enseñanza de la Historia Actual con documentación de archivo, exposiciones y debates sobre cuestiones contrarias a los derechos humanos y la paz -o huellas residuales a veces de aquella Guerra antidemocrática-, dignificaron la educación de muchas generaciones. Sus honrados proyectos abrieron un duro camino en la conexión de escuela y vida real, y no son los causantes de adolescencias reacias a conocer –sin manipulaciones- lo ocurrido en España desde los años veinte.
En Educación, todas las manos son pocas para normalizar la Constitución en el sistema escolar, y que todos los ciudadanos tengan una educación apropiada. Alimentando la desmemoria se pierde el futuro, y para el tiempo actual es estéril seguir haciéndolo.
16/05/25
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Ha empezado la precampaña electoral, aunque falten meses para las primeras elecciones a la vista. Propiamente hablando, hay políticos que están en campaña desde que entraron en la órbita mediática como líderes relevantes.
QUÉ LIDERA FEIJÓO
El ejemplo perfecto es Núñez Feijóo, candidato a la presidencia del Gobierno después de acceder a dirigir el conservadurismo del PP en abril de 2022, momento desde el que pasó a defender que el jefe actual de la Moncloa vendría a ser un fraude desde que, para censurar a Rajoy, se alió con otros grupos de su izquierda. El expresidente de Galicia, sin embargo, no tiene el tono centrado, moderado y dialogante que aparenta, sino el bronco de Casado; es frecuente, además, que lo que pretende expresar nada tenga que ver con su verdadero pensamiento y resulta postizo. Ni siquiera la gestión que con sus mayorías parlamentarias llevó a cabo en la Comunidad gallega le da un respaldo fiable; son muchos los que se han quedado aliviados con que le hubieran destinado a Madrid, casi los mismos que se echarían las manos a la cabeza si lograra sacar adelante su liderazgo en el conservadurismo dañado en la etapa de Rajoy.
Desde que el Senado le facilita visibilizar su oposición al Gobierno actual, sus argumentos, palabras y gestos son preocupantes. Más allá de los clásicos recursos sofistas, que quienes le escriben los papeles parecen conocer bien, lo que realmente propone no aporta optimismo democrático. De manera aparentemente nueva en la terminología, reproduce las viejas ideas del conservadurismo, en que lo que importa es conservar lo que tienen las gentes que él representa: el poder real sobre los medios de producción y consumo, sin que nadie lo erosione. Cuando habla de medidas económicas, su recurso sigue siendo el ahorro individual, igual que en el siglo XIX, cuando para solucionar la pobreza que generaba una explotación feroz de los asalariados, culpaban a estos. Lo cuenta en 1890 Armando Palacio Valdés, en La Espuma; reflejando la posición de la España de la Restauración en cuestiones sociales, un aristócrata, dueño de unas minas, lo expresa ante una visita. Al interesarse esta por la pobreza que observa en sus trabajadores, el aristócrata dice que no ahorran y por eso acusan miseria, pero la persona que ha preguntado replica: ¿Cómo quiere usted que ahorren si lo que les paga no les alcanza para comer?
LA DEMOCRACIA CENSITARIA
En esa dinámica, las fórmulas de Feijóo y los suyos remiten a un planteamiento del pasado en que quienes se sentían en ascenso social planteaban un tipo de convivencia política de varios niveles de derechos, desigualdad que se traducía en la modalidad de participación indirecta o voto censitario. En el proceso de sustitución del Antiguo Régimen, por uno de signo liberal y representación popular, la fórmula se ejercitó primero en 1810 y, muy pronto, en la Constitución de Cádiz, donde el derecho a ser elegido diputado era de quienes tuvieran una renta anual proporcionada, procedente de bienes propios (art. 92). Larvadamente, se trataba de aligerar así el gasto público del Estado. El principio censitario no se aplicó, y menos con Fernando VII, en que el absolutismo regresó en 1814 para durar casi treinta años. Fue en el reinado de Isabel II cuando el derecho de voto quedó restringido -prácticamente hasta 1868 y de 1877 a 1890- a quienes tuvieran riqueza y capacidad. En su principal antecedente, el Estatuto Real de 1834, la Cámara Alta o Estamento de Próceres estaba formada por miembros natos y hereditarios de los Grandes de España, mayores de edad con 25 años, plenos derechos y renta anual de 200.000 reales; se les añadían los de libre designación real: nobles y altas dignidades del clero, la política, la propiedad o la ciencia, con 80.000 reales de renta. Los miembros de la otra Cámara, o Estamento de Procuradores del Reino -los propiamente elegidos- debían tener 30 años, ser españoles e hijo de españoles, de la provincia donde eran elegidos y dos años de residencia en ella, y tener renta de 12.000 reales anuales.
Pues bien, al ritmo que van las protestas del grupo conservador frente al Gobierno actual y sus propuestas de corrección, da la impresión de que la dinámica cultural a que obedece Feijóo sea heredera de aquella fórmula. Teóricamente, la Constitución actual reconoce a todos un conjunto de derechos y obligaciones políticas, sociales y económicas en libertad e igualdad. En la práctica, sin embargo, la libertad de que hablan muchos políticos del conservadurismo actual prima una individualización de la igualdad que viene a propugnar la continuidad de la desigualdad del siglos XIX. Poco vale, por ejemplo, que se reconozca el “derecho a la protección de la Salud” (arts. 43, 50 y 51 de la CE78), o que en el art. 27 se reconozcan el “derecho a la educación” y a “la libertad de enseñanza”; sus referencias a ellos desde las decisiones políticas que adoptan en las Autonomías que gestionan – y en las que han tomado cuando gobernaban en Moncloa- predomina siempre su perspectiva censitaria. En su sociedad, no todos son iguales, y por eso no prestan idéntica atención a los que ya tienen recursos que a quienes no disponen de lo imprescindible.
Esta solidaridad que, de repente les ha entrado a Feijóo y otros portavoces de su cuerda ideológica con cuantos no salen bien parados en las estadísticas del desempleo, o con cuantas mujeres se sienten agredidas por la excarcelación extemporánea de quienes se han visto favorecidos con las rebajas de penas en la ley del sí es sí, es incómoda. Proviene de élites herederas de otras anteriores que, a su vez, pocas veces tienen una genealogía ejemplar de las razones de su elitismo. Además, no casa con decisiones continuadas que, de lo que hablan es de favorecer privilegios de amigos de pupitre o de clase social, con quienes comparten opinión. Basta fijarse en las medidas que, en comunidades como Madrid –rompeolas del neoliberalismo y sus aliados ultras- no han cesado de ejecutarse en estos tres años últimos a favor de la Sanidad Privada y una Educación similar. Regido su servicio por socios a quienes lo que importa es la estricta rentabilidad del negocio, los dos bienes más altamente preciados –la salud y la educación- se convierten en estrictos bienes de consumo, cuyo derecho e igualdad quedan sometidos a metodología censitaria, discriminadora según el nivel de ingresos de cada ciudadano. Que por encima se proclamen los grandes intérpretes del constitucionalismo democrático, roza el esperpento: los padres del “contrato social” no vendrán a certificarlo.
CGT Enseñanza Madrid nos envía esta convocatoria:
JORNADAS DE PEDAGOGÍA LIBERTARIA
Sábado 28 y Domingo 29 de enero 2023
Madrid - Centro Sociocultural Maestro Alonso (<M> Ventas y <M> Manuel Becerra)
Desafíos para una educación emancipadora, pedagogías queer, proyectos educativos libertarios en el Madrid republicano en guerra, capitalismo digital en educación, pueblo gitano y educación, evaluación y educación. Ruta Maestra Justa Freire
Mucho de lo que sucede no es casual. Puede parecer fabuloso si se compara con lo que debiera ser, pero no es extraño, si se mira bien.
Si se observa lo que ocurre sin la urgencia del periodista por contarlo, la diversidad del día a día, con sus repeticiones, referencias a lo vivido y sugerencias de futuro, permite advertir en los acontecimientos posibilidades argumentales muy amplias e, incluso, conexiones. Sus ámbitos dispares: Sanidad, Educación, Justicia, Servicios sociales y otros asuntos, como, por ejemplo, Urbanismo y Orden público tienen mucho que ver entre sí; en este momento, incluso Política exterior, Comercio y Economía, Trabajo, Energía y Clima guardan estrecha relación. Siempre que el ojo del observador tenga a bien entender la Educación más allá de lo que es la mera instrucción, enseguida puede ver tramas posibles, capaces de hacer de lo que acontece una serie narrativa mucho más potente que las que atan a los espectadores a las plataformas de cine y TV.Hay trileros del currículum educativo
Sofismas -y no Sofía- es lo que mueve los modos de imponer qué y cómo estudiar Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Para nadie es un secreto que los sofismas –y no la Sabiduría- ayudan a dar a entender a los demás que se tiene siempre razón. Un recopilatorio de Schopenhauer recuerda las múltiples formas que puede adoptar alguien para tratar de sacarse de en medio a su oponente en un debate o en una conversación anodina. Muchas ya eran practicadas desde la Grecia presocrática y, de muchas otras, la paremiología popular atesora notables aportaciones. En Galicia, por ejemplo, una de las maneras primeras para situar a un interlocutor era vincularlo a la calidad de su tracto genealógico: Entón, ti, de quén ves sendo?
El efecto Feijóo
Por instinto o por cálculo, en las relaciones con los otros, no suelen ser extrañas maneras expresivas de afán de predominio: son indicativas del posicionamiento propio en la escena publica en que necesariamente se mueve nuestro ser social. Quienes actúan en el campo más estrictamente político desarrollan ese afán con más fuerza, intensidad y constancia siempre que hablan, bien sea en el Congreso, en una Asamblea o cuando los medios les ponen delante un micrófono. Idolatran la imagen diferencial que se han construido, y tratan de serle fieles sosteniéndola, simple y directa, para fidelizar a otros. Es la base de comunicación para sostener su atención. Cualquiera de nuestro actuales líderes, como se puede ver en el efecto de Feijóo en el cambio de imagen de su partido en la oposición al Gobierno de Sánchez, las réplicas de este y, mejor todavía, lo que mostraron los seis comparecientes en el primer debate televisado, anterior a la inminentes elecciones andaluzas, permite observar las diferencias de imagen que cada cual procura sostener y no enmendar si no quiere que su posible valía para gestionar lo de todos no pinte nada en la escena.
No a todos se les da bien este juego. Tiene sus reglas y no todos se atienen a ellas; especialmente cuando pretenden encarnar en sus palabras el bien público, a muchos se les nota en exceso que transubstancian sus intereses particulares con el interés de todos. Para ver las diferentes posiciones, en vez de la divisoria habitual entre izquierda y derecha, es mejor la más cualitativa. Si decimos, neoconservador, conservador, ultraconservador, hablamos de alguien que en los criterios con que habla y en cómo nombra las cosas, sus juicios suelen expresar que quiere sostener lo que hay o, incluso, retroceder hacia donde estaba el asunto de que se trate hace 80 años o más; por las razones que fueren, no quiere que cambie y considera mejor para este presente que “el ser que tenían” aquellas cosas se solidifique, que parezca que han sido siempre así, algo natural y “como Dios manda”. Lo de Dios no es gratuito; es la misma línea de muchas interpretaciones confesionales, expresivas de alianzas concordes entre neoconservadores y neoconfesionales de distintas denominaciones. Sigue la trayectoria de una larga historia de la humanidad desde el Antiguo Egipto, los Cesares romanos o sus sucesores desde la Baja Edad Media hasta hoy; y el obispo de Huelva todavía acaba de pedir el voto para este sector de la vida política hace unos días desde El Rocío, pues de otro modo, habría “afinidades incompatibles”.
En el otro lado del campo de juego, suelen estar los que ven la realidad circundante como algo problemático y en constante cambio, conscientes de que, como no espabilen, las fuerzas que dominan esas tensiones y, sobre todo, la rentabilidad que pueda tener la agilidad en aprovechar su impulso, entienden que hay que modular las reglas del control de esas sinergias y el reparto de cargas que conlleve, porque, casi siempre les toca ser meros currantes en los tramos últimos del reparto de beneficios del trabajo, y mucho más ante imponderables como una pandemia o, de añadido, una guerra de otros congéneres. Suelen denominarse genéricamente progresistas, aunque su gama de tendencias es prolífica, dada la movilidad de ideas con que suelen afrontar el entendimiento del “progreso”, “cambio” o modulación de respuestas a cómo lo económico afecta a la vida social en la POLIS.
Pues bien, una de las modalidades en que los conservadores son maestros es en tratar de ocultar esta divisoria real que existe, al menos, desde el Neolítico. Cualquier lector de libros de Historia –sean de la tendencia que sean sus neuronas- advierte enseguida que el conflicto es como un gen de la humanidad y, si se adentra en los vericuetos de esa área de conocimiento, también advierte que hay un afán de ocultarlo, censurándolo cuando no coincida con una imagen superior de algunos seres humanos. De saberse motivos, causas y secuencias de muchos conflictos, podría cundir el afán de imitación para pelear por poner racionalidad en los problemas que tenemos. Y no es exactamente eso, sino el conformismo con lo que dicte un salvador de la patria lo que, desde Cicerón y Valerio Máximo, se espera de la Historia como “magistra vitae” (maestra a imitar).
La Gallina ciega
Esta idea, tan incrustada en el conservadurismo –procedente del contagio con la Historia sagrada, que enseñaba el nacionalcatolicismo-, lleva en este momento a algunos políticos con mano en la educación de los españoles –en Madrid, Murcia, Castilla-León y Andalucía- a manipular la Historia que tiene sentido conocer. Según dicen, eso es “adoctrinamiento” e “ideología”, y que tienen que “defenderse” con un currículum en que los puntos calientes de los problemas actuales se ocultan, mientras procuran que se olviden los acontecimientos del pasado, indeseables para todos, son aleccionadores en este presente incierto.
El sofisma de sus alegaciones se completa con otra amnesia inducida. Por arte de birlibirloque, olvidan que se repiten y que han apostado por esto siempre, como si a a base de culpar a sus adversarios de descontrol, pudieran proponerse a sí mismos como salvadores de una humanidad en que no hubiera manera de erradicar el mal. Del bien que atesoran, no cuentan cómo era el currículum de la Historia que impusieron desde aquella Historia de España contada con sencillez, de José Mª Pemán (Cádiz: Escélicer,1939), o la que el Instituto de España impuso como modelo ese mismo año. Evidentemente, estos no estaban allí, son demasiado jóvenes, pero sí que es raro que no se acuerden del provecho que le sacó Esperanza Aguirre a finales de los noventa a su argucia de unas Humanidades, infumables, sin embargo, desde el valor histórico de este término…. No se acuerdan delo que no quieren acordarse, porque lo único que les interesa es la rentabilidad privilegiada que les genera la ignorancia; les va bien, como escribiera Max Aub, hacer jugar a todos a La Gallina ciega.
MMC. (08.06.2022)
Publicamos este artículo de Manuel Menor
Obsérvese lo que está pasando en la Conferencia de Glasgow o, más cerca, con el ejercicio de derechos universales logrados con gran esfuerzo.
Esta pelea es de las que hay historias más largas. Aparece ya en los modos más antiguos de que tenemos constancia para enfrentar dificultades, sobre todo si tienen que ver con la convivencia. No es que de repente la humanidad genere ahora problemas inusitados; de siempre los más fuertes han abusado en sus modos de imponerse a los demás. Con la fuerza bruta, contra el conocimiento.
Una larga historia
Los nombres que ha recibido esta historia y las maneras de contarla, con actores y protagonistas muy definidos, dan para muchas series de cine negro absolutamente fieles a la realidad. También para ver que los más débiles del grupo –da igual que sea pandilla, de colegio, aldea, barrio, global o nacional- han tenido que protegerse y reaccionar a las violencias, conscientes los más lúcidos de que igualarse era complicado y, siempre, muy arduo hasta llegar a algún acuerdo. Tuvieron que acontecer muchas desgracias y mucha gesta inútil para que, hasta 1789 –y un poco antes, en la Declaración de independencia americana-, la humanidad no tuviera una declaración explícita de que, por el mero hecho de haber nacido, todo ser humano tuviera reconocidos un conjunto básico de derechos.
Tuvieron que acontecer más guerras y conflictos como los de la Primera y Segunda Guerras mundiales, con muchos millones de muertos, para que esta Declaración alcanzara a ser Universal en una Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Era 1945, hace apenas 76 años, y habían pasado casi tres millones desde que Lucy, uno de los primeros testimonios fósiles de un ser propiamente humano en el Museo Nacional de Adis Abeba (Etiopía), andaba sobre la Tierra. Por entonces, en una España casi recién salida de una ominosa Guerra Civil, los derechos que un ciudadano podía reclamar estaban siendo publicados en el Fuero de los Españoles, un amago de apariencias, más propagandísticas que jurídicas, que trataba de tapar carencias de todo tipo.
Memoria
Quien ronde los 70 años y lea el art. 5 de esta ley principal del Movimiento, donde decía que “todos los españoles tienen derecho a recibir educación e instrucción y el deber de adquirirlas”, a poco que repase su memoria de escuela podrá advertir de qué derecho se trataba; simplemente contraponiendo de qué iban los Pactos de la Moncloa en lo relativo a esta misma cuestión, podrá advertir sin adoctrinamiento extraño cómo en ese documento oficial quedaron registrados en 1977 los déficits estructurales que, después de 40 años, seguía teniendo el sistema educativo de los españoles; sin contar cómo estaba trufado de intereses extraños, como los que, desde el Concordato de 1851, ya habían condicionado la primera ley general de Educación seis años más tarde. A casi todos les parecía bien que el de 1953, cuando ya los Acuerdos últimos con el Vaticano se estaban gestando casi a la par que la CE78, lo hubieran continuado haciendo.
Conviene no olvidarlo justo hoy que, después de tres meses de espera, entre trámites y reticencias administrativas de diverso orden –incluida la “objeción de conciencia” de varios profesionales de la Sanidad pública, un ciudadano madrileño ha conseguido que, en el paraíso de “la libertad a la madrileña”, le asistan en el derecho a tener una “buena muerte” que le da la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo último. También lo es para recordar cómo algo similar les sucede, actualmente, a muchas mujeres con derechos como, por ejemplo, al aborto; despenalizado y regulado en julio de 1985 y, bajo el concepto “de salud sexual y reproductiva”, en marzo de 2010, al necesitar que se haga efectivo muchas mujeres se encuentran con obstáculos similares a la hora de tan difícil trance y, además, con el griterío de fundamentalistas que, en la cercanía de las clínicas autorizadas, disfrutan de bula para exhibir su capacidad vejatoria en nombre de principios superiores que se les escapan al común de los mortales.
COP26
Es evidente que la evolución humana ha sido extremadamente lenta en estas cuestiones tan principales. Pero es en estas circunstancias –dramáticas para los concernidos- se hace patente que ni lo cortísimo que se ha logrado pactar entre humanos es aceptado por muchos de los que se sienten más fuertes que los demás; da la impresión de que la cadena de ADN se ha extraviado para generar un creciente número de especímenes extraños. Bien es verdad que, de lo que se ha visto hasta ahora en la última Conferencia de las Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP26), en Glasgow, no parece albergar mucha esperanza de que tenga remedio. Hasta 2030, el tiempo es muy corto para la amenaza tan grave e inminente en que la acción humana es parte determinante, el grado de estupidez se rebaje hasta hacer posible la deseable limitación del aumento de temperatura media global de la Tierra. Los más proclives a la listeza de hacer primar sus intereses en medio de tan grave necesidad, es posible que, como presagiaba el Roto el pasado día dos de este mes, encuentren, como siempre suele suceder, un nicho adecuado para sacar gran rentabilidad a la situación. No importa. El credo de superioridad que imponen sus monopolios no se compadece nunca del común de los mortales.
El negacionismo existe y hay muchos que lo predican de modo práctico en nombre de sí mismos; tiene defensores pragmáticos incluso al frente de instituciones políticas, religiosas, económicas, culturales y, por supuesto, educativas; no pocos y pocas, tras votación de ciudadanos corrientes; muchos sin pasar por elección alguna, pero todos ellos subvencionados por los recursos públicos….y privados. En cuanto a derechos y libertades –que tanto han costado- proliferan muchas maneras de disfrazar bajo pretextos, incluso espirituales, apetencias codiciosas, inmunes a toda justicia, “valor” este que no entra en su nómina cuando claman por “los valores”. Es obtuso, pero con solo la ley del más fuerte –en pelea con la liberalidad de la mayoría- se obstaculiza la libertad de investigación y conocimiento y, de paso, una ética universal para la sana convivencia y un sistema educativo coherente. A mediados del siglo XIX, Gil de Zárate, ya decía que “la cuestión de enseñanza es cuestión de poder: el que enseña, domina; puesto que enseñar es formar hombres, y hombres amoldados a las miras del que los adoctrina”.
Detrás
de todo acto político está el derecho a la vida
Nos
lo recuerda todos los días cuanto tiene importancia: la electricidad, la
pandemia, la educación de los hijos, todo.
Fue en 1789, cuando en la Revolución Francesa, cuando el “derecho a la vida”, pasó a estar explícitamente en las grandes declaraciones de la convivencia entre humanos como asunto político nuclear.
La humanidad de todos
No es que antes fuera un páramo absoluto, pues desde el Código de Hammurabi en Babilonia, 1800 años a. C., hay constancia de la preocupación por comportamientos sociales que empezaron a estar fijados por escrito en igualdad para todos. En torno a cuatro siglos más tarde, el Decálogo de Moisés (Éxodo, 20 y Deuteronomio, 5) los señaló para la organización sociopolítica de los israelitas, y el cristianismo los concretó –entre los años 80-90 d.C.- en torno al “amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo” (Mateo, 22, 36-40). La posterior cristianización del Imperio romano entre el siglo cuarto y quinto hizo que ese bagaje fuera principal de la cultura europea y occidental en los siglos siguientes, incluso como referente de lo humano frente a otras culturas. Con los descubrimientos geográficos a partir del siglo XV, la amplitud de lo humano hubo de de ser reconfigurada, pues se había reducido de manera estrechamente etnocéntrica y patriarcal con el ensimismamiento feudal; como ha estudiado Fernando Álvarez-Uría, los primeros brotes de esa apertura en El reconocimiento de la humanidad tuvieron lugar en los albores del Humanismo renacentista; acabarían eclosionando en la revolución de los colonos americanos contra los ingleses y, muy pronto, en París.
Aquella floración fue amarga; mientras los privilegiados del Antiguo Régimen se aprestaron a conservar sus privilegios en lo posible, cuantos desde los estratos sociales hasta entonces inferiores -en particular los burgueses- pudieron trepar en el ascenso social y económico ayudaron a mantener a salvo aquellos intereses, mientras los pobres y asalariados del trabajo se asociaron más vivamente para defender su derecho a la vida. Desde entonces, el genéricamente denominado “movimiento obrero” –nutrido de influencias incluso religiosas- fue sobre todo desde 1848 su brazo en la pelea social y política, mientras el poderoso grupo de los percentiles económicos más altos se reforzó en la conservación del pasado.
La igualdad del derecho a vivir
Esta es la raíz de la gran dificultad, después de esa fecha, para ampliar un poco más el derecho en igualdad a la vida. En el momento actual, ahí seguimos los humanos en esa pelea que, en los países democráticos, se traduce en la configuración de un conjunto de derechos sociales, nunca del todo satisfechos por la pugna subyacente: unos deseando ampliarlos y otros tratando de recortarlos. En el caso de España, en estos días se muestra en bastantes frentes; la pandemia de la que no logramos salir lo muestra claramente y el salario mínimo, la sanidad, la educación de los hijos, la energía eléctrica o el gas, se suman de manera muy destacada a las urgencias de cuanto define la mayor pobreza de muchos o la creciente riqueza de unos pocos a cuenta de los “medios de producción”, imprescindibles para atender las necesidades humanas –empezando por las más básicas-, y que siempre han sido y serán escasos. De cómo seamos capaces de conciliar una moderada satisfacción de todos, depende el entendimiento colectivo y el orgullo de sentirse a gusto en esta sociedad, en la que el pasado pesa mucho.
Detrás de este permanente conflicto, siempre ha habido una soterrada lucha por la “propiedad” de los bienes capaces de solucionar los problemas y necesidades, y hasta muy entrado el siglo XIX, estuvo acompañada por una fuerte tendencia a sostener como inviolable, y hasta sagrado, el derecho de propiedad privada; pero también crecieron los partidarios de coartarla, sobre todo desde que en el último tercio de ese siglo, para evitar males mayores, empezaron a limitarse los omnímodos derechos que conllevaba ser propietario. Sobre esa base se crearon las primeras leyes sociales que, después de la segunda Guerra Mundial, configuraron el “Estado de Bienestar”, es decir, un abanico de coberturas para todos soportadas por leyes e instituciones del Estado. Hasta entonces – y en diverso grado según países- estas formas limitadoras de la propiedad, que habían sido variadas -y a veces con fondo religioso- nunca habían estado generalizadas como obligación; no eran exigibles, por tanto, ante un Tribunal hasta muy entrado el siglo pasado.
El “Bien general”
Hoy, la pugna de fondo ahí sigue. Las declaraciones de ayer por parte del llamado Foro Nuclear , junto con algunas de preguntas en el control parlamentario en la mañana del día 15 de este mes, documentan fehacientemente que esa lucha básica por el derecho a la vida, con unos mínimos de igualdad, sigue latente y no se soluciona con alivios. Solo consensos democráticos hacen viable encontrarle una solución; la Sanidad y la Escuela pública, y cuanto presupuestamos atender con dignidad cada año, son un ejemplo de que es posible, a sabiendas de inconformismos y, sobre todo, de que de no hacerlo todos perderemos mucho más.
A esta conclusión llegó Bismarck en la Alemania de los años ochenta del siglo XIX; a la misma llegaron cuantos, a partir de 1902 sobre todo, apoyaron en nuestro país el seguro de accidentes de trabajo, el primer derecho social en nuestro país. Cien años más tarde, los neoliberales de turno, desde Reagan a Thatcher -imitados por el ala más cerrada del Partido Popular y no frenados por la fracción conservadora de la socialdemocracia-, han vuelto a las esencias del liberalismo clásico del siglo XIX; todas las limitaciones, recortes y silencios que unos y otros pactan, deciden y consienten -junto a las broncas para teatralizarlo en público-, degradan el derecho de todos a la vida, y se saltan lo que dice el art. 128 de la CE78 sobre la predominancia que debe tener “el bien general” en las decisiones a tomar en este conflicto permanente. De igual que se trate de salarios mínimos, la luz eléctrica, prevenciones y cautelas sobre la pandemia, servicios sanitarios, y dignidad que deba tener la educación de todos o la atención a los mayores. A los de abajo en los percentiles económicos –como si sus vidas valiesen menos- hay siempre quienes les están diciendo: cállense, tengan paciencia, que bastante les hemos dado. Dicho de otro modo, que lo que estos días sigue en riesgo es el interés general de todos y cuáles han de ser sus componentes por derecho, no por voluntarista devoción caritativa o benéfica de alguien.
Manuel Menor Currás
Madrid, 15.09.2021.
Reproducimos este artículo de ELDIARIODELAEDUCACION.COM
Artículo de Guillermo Martínez para elsaltodiario.com
Mari Carmen Morillas: “Una de las grandes debilidades del sistema educativo madrileño es la falta de implicación y de voluntad política en la construcción de centros públicos
Esta profesora también incide en la necesidad de financiar la educación pública con el 7% del PIB de la región, y se remite a los fondos europeos y los millones de euros que se destinarán a educación: “Este dinero tiene que ser para la pública y que se usen, por ejemplo, para llegar a una presencialidad del 100% con ratios de un máximo de 15 estudiantes por docente”. Asimismo, se posiciona a favor de la denominada “revuelta escolar”, que busca la pacificación de los entornos educativos y se pronuncia sobre las consecuencias de la alta tasa de temporalidad entre el profesorado: “Los periodos que nuestras alumnas y alumnos están sin recibir clase y la imposibilidad de realizar proyectos educativos, pero hay otras más sutiles que tienen que ver con el arraigo del alumnado y el profesorado difíciles de medir, para aprender y enseñar es importante la confianza y la estabilidad”.
Hablan los padres y madres del alumnado
Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres (FAPA) Giner de los Ríos, además de criticar los “años continuados de recortes” y la falta de miles de plazas en la Formación Profesional, agrega que “la falta de participación y democracia en los centros escolares es una de las grandes preocupaciones de las familias”. “La administración de la Comunidad se ha posicionado claramente ante un tipo de escuela, y es la privada-concertada”, sentencia. En cuanto a la falta de centros públicos en algunos distritos y localidades, como Las Tablas, Parla, Paracuellos y Valdebebas, la FAPA afirma que apuestan por “la ampliación de una red de centros pública, que garantice el acceso a los servicios públicos sin segregar alumnado y ofreciendo igualdad de condiciones a todos y todas, independientemente de su sexo, identidad sexual, creencias, discapacidad o características socio económicas”.
En cuanto al “pin parental”, Morillas responde que “la diversidad es riqueza y la Escuela es un lugar privilegiado para poder aprenderlo y ponerlo en práctica” y que dicha medida “es una vulneración de los derechos de la infancia, es censurar la libertad de los derechos de nuestros hijos e hijas y un ataque a su dignidad”.
Respecto a la situación entre los diferentes tipos de colegios, la presidenta de la FAPA aporta algunas cifras al respecto: en el curso 2018-2019, de los 844 centros que impartieron Educación Secundaria Obligatoria, 324 (el 38,1%) eran de titularidad pública, 398 (el 46,8%) privados concertados y 129 (el 15,2%) privados sin concierto; y determina: “Una de las grandes debilidades del sistema educativo madrileño es la falta de implicación y de voluntad política en la construcción de centros públicos”.
Preguntada por el estado de la digitalización de la escuela madrileña, Morillas responde que el sistema educativo no estaba preparado para la teledocencia y que “a la denominada brecha digital tenemos que añadir la brecha social”, aludiendo a los más de 1.700 niños que continúan sin luz en la Cañada Real. Por otra parte, alude a la pandemia y sus consecuencias en la educación para constatar que “la bajada de ratios y la presencialidad han sido factores que han mejorado la atención individualizada y personalizada del alumnado”. Respecto a la alta temporalidad, Morillas finaliza diciendo que “se da el caso de centros educativos en los cuales la plantilla puede cambiar cada curso en unos porcentajes de más del 50%”.
El alumnado y sus demandas
Hugo Pérez Ayán, portavoz de la asociación de alumnos y alumnas del instituto al que pertenece, el concertado Colegio Lourdes de la Fundación Hogar del Empleado, aporta la visión del estudiantado. Afirma que “nuestro sistema educativo sigue anclado en el siglo XX y basado en un modelo del XIX”, por lo que insta a las fuerzas políticas de todo el espectro a que se sienten a debatir y negociar una nueva ley que duré más de un lustro y garantice un nuevo sistema eficiente y moderno. Asimismo, se muestra en contra del “pin parental”, y así lo argumenta: “Los hijos no somos del Estado, pero tampoco somos propiedad de los padres, somos personas autónomas con derechos, entre ellos el derecho a recibir una educación de calidad y en valores que nos permita desarrollar el pensamiento crítico y nuestra conciencia social, cívica y ética”.
En lo que respecta a los recortes presupuestarios, Pérez responde que “no se pueden hacer recortes en la educación porque la educación es la base de todo el sistema y de ella depende nuestro futuro”. Como estudiante de 1º de Bachillerato que ha experimentado el nivel de digitalización de la escuela madrileña, el portavoz estudiantil incide en que “el estado de digitalización público es pésimo” y reclama la renovación del material tecnológico de los centros.
El programa del Partido Socialista
El PSOE, partido político con mayor representación en la cámara madrileña, defiende en su programa eliminar para el curso educativo que entra los recargos por segunda matrícula y posteriores en lo que respecta a la educación superior. El documento de 84 páginas recoge hasta 37 medidas, de un total de 350, íntimamente ligadas a la educación, incluyendo la rama universitaria. Ángel Gabilondo pretende incrementar la inversión educativa por alumno en la Comunidad de Madrid, muy por debajo actualmente de la media nacional, y crear 25.000 nuevas plazas públicas en el sistema educativo madrileño, además de incorporar nuevo profesorado para reducir las ratios, todos ellos unos apuntes que se repetirán en los demás programas electorales de los partidos de izquierda.
Otra medida que lleva el socialista en su programa es el refortalecimiento del sistema de becas y ayudas a la educación, así como las becas de comedor; al igual que el refuerzo del alumnado con 2.000 docentes de apoyo para evitar que el impacto de la pandemia vaya a más. A su vez, promete implementar un Plan de Digitalización Educativa, mejorar la enseñanza de idiomas en todos los centros públicos y fomentar la cooperación entre el centro, las familias y la comunidad. Su programa también
recoge mejorar la oferta pública de FP y la garantía de “una educación no sexista y en igualdad”.
El PP refuerza la excelencia
La segunda fuerza más representada en la Asamblea de Madrid es el PP, que con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza ha presentado un programa en el que la educación ocupa 27 puntos de las también 350 medidas en total. La primera, en el número 17 del programa, apuesta “por una educación pública de la mayor calidad, compatible con la libertad de elección de las familias entre educación pública, privada y concertada (…)”. Sus promesas, ya cumplidas o en curso, tal y como se explicita en el programa, también pasan por el incremento de los programas de “excelencia” del estudiantado, el refuerzo de la lengua española y la creación de un Instituto de Formación del Profesorado, además de impulsar “un plan de incentivos para aquellos docentes que se comprometen con más horas y más esfuerzos en los centros educativos (…)”. Pese a que apenas se pronuncian sobre alguna necesidad esbozada por la comunidad educativa, desde el PP aseguran que impulsarán la FP dual como garantía de inserción laboral.
Las promesas de Más Madrid
El tercer partido más representado en la Asamblea ha preparado un programa de 191 páginas en el que la educación ocupa 51 medidas. Desglosadas en diferentes capítulos, la apuesta liderada por Mónica García pretende impulsar un Plan de Equidad e Inclusión contra la segregación educativa, e invertir tanto en nuevas infraestructuras allí donde sean necesarias como en la creación de escuelas infantiles públicas. Asimismo, evaluarán el actual Programa Bilingüe con participación de la comunidad educativa y promoverán “una enseñanza más personalizada y capaz de detectar precozmente las dificultades de aprendizaje”.
Hugo Pérez Ayán: “Nuestro sistema educativo sigue anclado en el siglo XX y basado en un modelo del XIX”
MM responde a las demandas a consecuencia de la alta temporalidad del profesorado con la promesa de aumenta la oferta de plazas convocadas para la Función Pública e incrementar las plantillas para revertir los recortes, según explicitan. También pretenden abrir los centros educativos fuera del horario escolar “potenciando la función social de la escuela” y elaborar un Plan de extensión de la oferta de plazas públicas para la FP, suprimiendo las tasas en los ciclos de Grado Superior.
Unidas Podemos defiende su programa
Por parte de Unidas Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, han presentado un programa de 162 páginas con 146 medidas en total, de las cuales 58 corresponden a educación, dejando de lado la universitaria. Tras una decena de páginas en las que la formación morada realiza una análisis de la situación actual en materia de educación en la Comunidad y en las que se refieren al “pin parental” como “la negación de la educación en valores”, UP plantea la oferta de plazas públicas en función de la demanda demográfica, la garantía del derecho a la educación en condiciones de igualdad y la reducción de los ratios en las aulas, tal y como también plantean los demás partidos de izquierdas.
Agustín Moreno, exdirigente de Comisiones Obreras, maestro y ahora número 5 en las listas de UP, explica a El Salto que “la necesidad de la Comunidad en materia educativa es enorme, pues la política de recortes del gasto y las privatizaciones que ha llevado a cabo la derecha en la región ha supuesto una agresión brutal al sistema público”. Él mismo señala cómo la Comunidad de Madrid casi invierte en educación la mitad que la media estatal en cuanto a PIB se refiere (2,225% frente al 4,27%). “En Madrid capital las cifras de escolarización de la pública ya están por debajo de la concertada, lo que está relacionado con la búsqueda del beneficio económico, pero también del ideológico y el mantenimiento de una sociedad desestructurada, clasista y sin cohesión social”, en palabras de Moreno.
En cuanto a la financiación, el partido de Pablo Iglesias promete destinar el 7% del PIB de la Comunidad a educación, garantizar la gratuidad de la educación pública, incluida la infantil de 0 a 6 años, un nuevo sistema de becas y la instalación de paneles solares en los centros educativos, así como el fomento de la autonomía y la participación democrática, el mejoramiento de las condiciones laborales del profesorado y su estabilización y el incremento de la oferta de plazas de FP en los centros públicos en función de la demanda.
