5.700 millones será el presupuesto de Educación para 2021 (Pablo Gutiérrez del Álamo para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

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• Si finalmente se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, el incremento de la financiación del Ministerio de Educación y FP será de un 139 % con respecto a los actuales y alcanzará la cifra de 5.697 millones de euros el próximo año.

De estos 5.700 millones, 1.800 corresponden a la redistribución de las partidas de formación profesional para el empleo, que pasarán definitivamente al Ministerio de Educación desde el de Trabajo, así como por el incremento de los presupuestos estatales y por los fondos que estén por llegar desde la Unión Europea.

Las apuestas fundamentales de la cartera de Isabel Celaá serán, principalmente, tres: equidad (vía becas), formación profesional y digitalización de la educación.

Apuesta por la equidad

En lo referente a equidad, se dedicarán 2.360 millones a tres partidas fundamentales: el aumento de las becas y ayudas al estudio; el aumento de las plazas públicas de educación infantil de primer ciclo (0-3 años), y a la lucha contra el abandono escolar temprano (AET).

El sistema de becas, que todavía se encuentra, como ha confirmado el secretario de Estado, Alejandro Tiana, en periodo de revisión para su transformación, recibirá 515 millones de euros adicionales para 2021 hasta un total de 2090 millones. Un incremento del 35%, el mayor presupuesto que se haya dado en este apartado de los presupuestos nunca.

Por delante, más allá de la aprobación de los PGE, está la convocatoria en próximas fechas del Observatorio de becas para que el Ministerio dé cuenta de las novedades. La intención de Educación es aclarar lo máximo posible cuáles serán las cuantías que cada peticionario recibirá para que, así, puedan organizarse de cara a cada curso escolar. Para ello, entre otras medidas, se intentará dejar en la menor expresión posible la parte variable que instituyera en su momento José Ignacio Wert como ministro de Educación.

Para el aumento de las plazas de educación infantil de primer ciclo, el ministerio se ha planteado un plan a tres años vista con la idea, ha sostenido esta mañana la propia ministra Celaá de que las familias vulnerables tengan mayor posibilidad de acceso a estas plazas. Idea en la que ha insistido Alejandro Tiana. Está previsto que sea mediante un programa de cooperación territorial en el que, además, quieren incluir a las administraciones locales. Para el próximo año está previsto que la mayor parte de las plazas que se creen se hagan en centros ya existentes, como escuelas infantiles o colegios de infantil y primaria. Algo que tendrán que decidir las comunidades autónomas.

El aumento de las plazas de 0-3 se ha interpretado como un ataque a la escuela concertada, que no recibirá financiación para el crecimiento de sus plazas. Según Alejandro Tiana «es un error desde cualquier punto de vista». El objetivo del Ministerio es pasar del actual 34 % de cobertura hasta porcentajes cercanos a los de comunidades como Euskadi, es decir, alrededor del 54 %. Pero cubriendo las necesidades de escolarización de la población más vulnerables, para lo que se apuesta por plazas públicas y gratuitas. «Son los más vulnerables, los que más necesitan esas plazas», ha insistido el secretario de Estado.

Está previsto que se inviertan 200 millones de euros en aulas de 0-3 años, para que se abran 21.794 plazas que podrán estar en centros ya en funcionamiento y en otros que eventualmente se construyan.

Finalmente estarán el programa PROA+ centrado en la disminución del abandono escolar temprano. Durante este 2020 ya se repartieron 60 millones entre las autonomías para que lo pusieran en marcha y está previsto que para 2021 haya una propuesta a las administraciones educativas competentes para que estos programas reciban financiación tanto estatal como autonómica. Habrá 80 millones para que 1.800 centros de especial complejidad, el próximo año, puedan poner en marcha estos programas.

Digitalización de la educación

En los últimos meses, la pandemia y el confinamiento, han puesto de relieve la difícil situación en la que se encuentran muchos centros educativos. Redes wifi que no dan más de sí, equipos informáticos más o menos obsoletos y una gran brecha digital entre el alumnado que, aún hoy permanece sin contabilizar del todo.

Más allá de las iniciativas que se pongan en marcha por parte de empesas del sector tecnológico para esta digitalización, desde el Ministerio quieren aumentar la cifra de los dispositivos electrónicos anunciados hace meses para el alumnado con mayores dificultades. A esos 500.000 dispositivos que todavía se están licitando, Educación hará la inversión de 150 millones de euros más para que haya otros 250.000. Tres cuartos de millón de dispositivos que irán a parar al alumnado que las comunidades autónomas decidan en función de sus necesidades materiales.

También se invertirán 827 millones para la puesta en marcha de 23.000 aulas digitales para sostener el sistema híbrido de enseñanza. A estas cifras se sumarán 31 millones para la formación del profesorado en digitalización de la enseñanza y otros 2,5 para las y los docentes de formación profesional.

Con todo ello, este proyecto de digitalización absorverá 1.013 millones de euros en 2021.

La reforma de la FP

Esta es una de las grandes apuestas del Gobierno de Pedro Sánchez que ya anunciara una gran reforma hace unos meses. Además de la inclusión de la FP para el empleo dentro de las competencias del Ministerio de Educación, con su consiguiente ampliación presupuestaria, está previsto que la formación profesional reciba 1.628 millones de euros. De esta cifra, casi 1.000 millones (974) irán a parar a la FP para el empleo, mientras que la del sistema educativos recibirá en 2021 654 millones, lo que supone un aumento del 349 % si se tiene en cuenta que su presupuesto en 2020 es de 187 milllones.

Junto a este aumento tan importante de recursos, la reforma de la formación profesional se basará en la promulgación de una ley específica en los próximos meses.

Entre los programas sobre los que apuesta el Ministerio para la mejora de esta etapa educativa se encuentra la acreditación de la experiencia de más de medio millón de personas que, a pesar de tener conocimientos adquiridos por la experiencia laboral, no tienen ningún título que lo acredite. Para conseguir revertir esta situación se invertirán 127 millones.

La falta de plazas de formación profesional lleva siendo un importante problema grave en muchas comunidades autónomas desde hace ya años. Por ello, el Ministerio tiene un plan que prevé la creación durante cuatro años de un total de 200.000 nuevas plazas. El primer paso será invertir el año que viene 64 millones para que se creen 47.400 nuevas plazas que puedan cubrir la demanda actual de estos estudios.

La otra gran pata sobre la que se apoyará el plan de modernización de la FP en los próximos años tiene que ver con la entrada del bilingüismo a estos estudios profesionales, tanto en los grados medios como en los superiores. Para ello se invertirán 170 millones de eros.

El objetivo, ha explicado la ministra Celaá es que «en tres años, el 10 % de los ciclos de FP sean bilingües».

Puntos de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 que presenta el Gobierno relacionados con Educación

Los Presupuestos contarán con una inversión pública récord de 239.765 millones y subida de impuestos a las rentas altas (eldiario.es)

Información elaborada por Diego Larrouy, Analía Plaza, Laura Olías, Antonio M. Vélez y Rodrigo Ponce de León.

27-10-2020

Unos Presupuestos "progresistas" que supondrán la mayor inversión pública en unas cuentas del Estado, más de 239.765 millones de euros que incluyen los 27.000 millones de las ayudas europeas adelantados por el Gobierno, y con un incremento impositivo importante para reducir la brecha de ingresos fiscales de más de siete puntos que nos separa de Europa. Estas son las claves de los Presupuestos Generales del Estado que han presentado este martes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.
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El sistema educativo público y la formación profesional tendrán un incremento presupuestario de más del 70,2%, con un aumento de las becas de más de 514 millones más y se pondrá en marcha un plan de modernización de la formación profesional que contará con 1.500 millones en los próximos cuatro años.
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En primer lugar, el Gobierno compromete 200 millones para impulsar la educación de niños de 0 a 3 años.
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Por último, Iglesias ha indicado que España invertirá 200 millones en la contratación pública de cuidadores profesionales para niños menores de 14 años. Será un “primer paso” en la construcción de un sistema de cuidados que, además, “va a ser una fuente de creación de empleo”.

Frágiles (Manuel Menor)

La igualdad del derecho a la educación vuelve a quedar frágil

En el Anteproyecto de Reforma educativa, la reversión de la LOMCE, teóricamente valiosa, es ambigua en demasiados aspectos.

La ONU aconseja, por primera vez, celebrar hoy, día 24, el Día Internacional de la Educación, cuando está vigente una constante de la historia, la división entre ricos y pobres. Variopinta en su configuración, si en la perspectiva internacional la desigualdad educativa no cesa, ni la reconquista, ni las dudosas invenciones nacionalistas, ni siquiera fragmentaciones como las de algunos círculos políticos,  debieran distraernos de esta brecha creciente.

El reto de la igualdad continúa vivo. Ahí están los informes de Save the Children señalando la posición débil de España en la atención a los niños en riesgo de exclusión. O el de Oxfam-Intermón respecto al reparto de recursos en los últimos años. El crónico diferencial de renta que puede haber –dentro de una misma ciudad- entre unos y otros barrios se ha agudizado. No solo en condiciones de alimentación, consumo y sanidad, sino también en cuanto a  capital cultural, educación, y  la propia esperanza de vida, con  once años de distancia.

La ocultación

Históricamente, la pobreza ha tenido muchos modos de ser mirada, paliada o soslayada. Ha habido incluso muchas formas de negarla. Tantos o más que los que ha tenido para ser tolerada, prohibida y utilizada. De todos esos hábitos se ha nutrido su atención o desatención mediante el evergetismo, la caridad, la beneficencia y filantropía, el Estado social y el Estado de Bienestar en su corto periplo -desde 1945- hasta hoy, en que fundaciones y ONGs diversas tratan de paliar con eclécticas invocaciones de variado rigor moral e incluso religioso los agujeros que, desde noviembre de 1989, se han infligido a la cobertura social. En todo caso, el afianzamiento de la igualdad de todos los ciudadanos -pregonado en 1789-  nunca ha estado tras estas iniciativas.  Notorio es, como señaló Caro Baroja, el utilitarismo que han tenido y siguen teniendo las atenciones a la pobreza, sea cual sea el concepto que las pretexte. Entre el siglo IV y el XVIII, predominó el logro de la felicidad eterna; hoy, cuando las empresas hacen gala de perfil “social”, siempre muestran su presunta bondad para que compremos. El problema es que, de raíz, el de la educación es un derecho fundamental, primordial para que todos los ciudadanos puedan desarrollar sus capacidades, y no debe ser usado como instrumento diferenciador; y menos, mediante el uso de bienes del erario público.

“Lo social”

Pese a ello, las distinciones entre partidos políticos suelen sustentarse en torno a lo “social” –la parte de atención que corresponde a los segmentos sociales menos favorecidos-, con notoria variabilidad en sus programas educativos. Todos parten de la máxima evangélica: “siempre tendréis a los pobres con vosotros” (Juan, 12: 8), pero unos u otros presupuestos generales del Estado (PGE) se distinguen por la atención social mientras las partidas sustantivas son intocables. Las variaciones, más notorias desde 2008, han incluido, además, desatenciones explícitas, recortes, privatizaciones y más inclusión de intereses privados dentro del espacio común.

Revertir tiempos y atenciones perdidas en estos años, si se pretende, ha de tener presente que la brecha social ha crecido y sus actores están posicionados más asimétricamente. Al revés de lo que suele suceder en la valoración, el supuesto despegue en que hayamos entrado -cuantificada en torno a los grandes números del PIB- oculta la micro óptica de los excluidos y desempleados, recortados en sus derechos y libertades.

La ambigüedad

La distinción entre los más “sociales” de nuestros políticos y los más “neoliberales” reside en lo cerca o lejos que les caigan los pobres. Esta denominación nunca suelen usarla ni unos ni otros: en pura ambivalencia semántica, contar esto sería “populismo” demagógico. Consagrada está, en cambio, una gramática de la ambigüedad calculada para no mancharse, que se propaga  opportune et importune. Y así, el adjetivo “radical”, por ejemplo, sirve para calificar lo aborrecible por incómodo. Ahora, en el lenguaje hegemónico -displicente y edulcorado-, radicales serían quienes  pidan claridad a la Iglesia en la ocultación de la pederastia de aproximadamente un 2% de clérigos –un problema no solo eclesiástico, que, según Save the Children, ha sufrido entre el 10 y el 20% de la población en su infancia.  O quienes reclaman que esos ojos eclesiásticos que no quieren ver clarifiquen su posición respecto al posible traslado de los restos de Franco…

¡Menuda historia a lo divino!  Más terrenalmente, la apuesta por la ambigüedad persiste también en  educación, ese sensor formidable de lo que pasa y de lo que pesa para que no cambie casi nada. Pronto entrará en el Congreso el Anteproyecto de Reforma de la LOMCE, que, tal como parece ir, dudosamente recoge los compromisos que los opositores a esta ley orgánica –el PSOE entre ellos- habían trenzado en 2013. Si este proyecto de ahora se lee desde la óptica de la pobreza/riqueza, no es mucho lo que pretende reformar. Deja teóricamente más equilibrados de nuevo los dos ingredientes del “pacto” que supuso el artículo 27CE.1: la libertad y la universalidad, pero al no atar en corto la inversión económica ni los demás apartados de este artículo, el fortalecimiento práctico de lo segundo vuelve a quedar frágil y, con el, la anhelada igualdad. Y aun así, este destejer de ahora no parará los proyectos de los aguirristas y compañeros de faenas, cuyas falsedades ya denuncia Martínez Seijo.

Los examinadores de la OCDE ya dijeron en 1986, cuatro años antes de que fuera aprobada la LOGSE: “Es posible que los niños de las escuelas privadas, fuertemente subvencionadas por el Estado”, tengan más recursos que los alumnos de la pública. ¿Es que, después de 33 años, todavía no los hay para una igualdad real de todos los niños y niñas españoles? ¿Qué impide que –como antes de 1978- para un 40% una cosa sea ir a la escuela y otra estudiar? Como si siempre hubiera algún imperativo inexplicado, en la España de 2019 vuelve a no ser el momento oportuno para que en nuestro sistema sea posible a todos los ciudadanos superar la mera escolarización. “Sin educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos –aseguran desde la ONU-, no se lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de personas”. La cuestión, por tanto, es si esta reforma que ahora se proyecta en España es una apuesta seria por la escuela pública –la “social”- o si es tan timorata que vaya a dejar casi intactos los mecanismos para acelerar su privatización a la primera de cambio. Todo inclina a pensar que el reformismo que pronto se debatirá en el Congreso solo aspire a restaurar la LOE, de 2006, pero sin volver siquiera a las exigencias que planteaba la LODE en 1985.  En Galicia, ante situaciones similares, suele decirse ¡Pobres dos pobres!

Manuel Menor Currás

Madrid, 24.01.2019

La gamificación de la sociedad (Agustín Moreno)

Artículo de Agustín Moreno publicado en cuartopoder.es

• La crisis estimula que se juegue por la ilusión de obtener premios que permita salir del agujero o al menos aliviar las dificultades

 “Una cosa es cierta: que de cada ciento gana uno. Pero eso ¿a mí que me importa?”

El jugador, de Fiódor Dostoievski

Históricamente se constata que en las épocas de crisis económica crece el juego y se expanden las religiones. La razón es simple: las dificultades alimentan las ilusiones, la religión ofrece soluciones mágicas y el juego produce expectativas de éxito. Tiene su lógica. La desesperanza, los apuros económicos, la falta de una perspectiva positiva… producen un efecto de búsqueda de resultados rápidos, de golpes de suerte para abandonar las situaciones difíciles, de encontrar algo en lo que creer cuando se pierde la confianza en sí mismo. Lo dicen los sociólogos y los psicólogos: los sectores más vulnerables se aferran a sus creencias y a tercas e infundadas esperanzas.

Si nos centramos en el juego, vienen a la memoria la proliferación de las apuestas durante la Gran Recesión de los años treinta o incluso series como Peaky Blinders. Muchas veces está asociado a actividades ilegales, pero otras son loterías y juegos que organizan los propios Estados. Ahora adopta muchas formas. Están las clásicas lotería, quiniela, bonoloto, casinos, cupón ONCE… Desde el proceso de legalización de las casas de apuestas y casinos online en España que se inició con la Ley 13/2011, está incluido el juego online (las apuestas deportivas, el póker, la ruleta y el bingo online), una modalidad hasta entonces poco asentada en España y que se ha convertido en la modalidad preferida de los jugadores más jóvenes. Pero el fondo de la motivación es la misma: la crisis estimula que se juegue por la ilusión de obtener premios que permita salir del agujero o al menos aliviar las dificultades

En los últimos años hemos asistido a la proliferación en España de locales de juego y apuestas. Es muy sintomático que los lugares donde más crecen son los barrios humildes. Ya me lo venían contando los alumnos en Vallecas, con brillo en los ojos, una impulsividad a flor de piel y la excusa de que controlaban. Se junta la necesidad de hacer algo de dinero, la creencia de que pueden ganarlo aprovechando, por ejemplo, los conocimientos del futbol, y que las empresas regalan cantidades para empezar a jugar (y para enganchar) como si fuera droga gratis hasta que se genera la adicción. Se facilita el juego al poderse apostar en los salones o a través del móvil, algo que resulta más adictivo incluso que el juego presencial. El resultado del juego es fabricar ludópatas y entonces, esta adicción que ha surgido de manera invisible, se convierte en un grave problema social.

El tema no es ninguna broma si vemos las cifras. El crecimiento del volumen de juego por Internet en España ha sido meteórico y se han multiplicado por cuatro con la ley del Juego de 2011. En 2018, existen 812.000 jugadores activos de media mensual, lo que supone un aumento del 30,71% respecto al año anterior. Hay 3.130 casas de juego. En 2017 los clientes de juegos de azar invirtieron 41.827,6 millones de euros, la cifra más alta jamás registrada. El juego real en apuestas deportivas se ha multiplicado por casi un 2,5 en seis años. En 2012 las cantidades jugadas a través de Internet suponían 2.726 millones y en 2016 ascendían a 10.885 millones. Según la Dirección General de Ordenación del Juego solo en el segundo trimestre de 2018 se han realizado apuestas online por un valor de 4.165 millones de euros, un 27% más que el mismo trimestre del año anterior, y de 4.251 millones en el tercer trimestre.

Es tremenda la agresividad de la publicidad, el gasto y la utilización de referentes sociales especialmente de cara a los jóvenes. En el tercer trimestre de 2018 la inversión en publicidad fue de 75,86 millones. En cuanto a famosos que participan en la venta del juego, destacan deportistas como Casillas y Cristiano Ronaldo, presentadores de TV como Carlos Sobera y otros actores conocidos. Ya les vale. El mercado y la supuesta libertad no pueden amparar todo. Es muy difícil pedir ética a empresas sin escrúpulos que solo quieren ganar dinero. Pero es muy fuerte lo de estos personajes afamados haciendo de gancho. Y cuando falta la ética, tiene que aparecer la norma que regule y proteja a la ciudadanía. No se entiende que haya limitación para la publicidad del tabaco o el alcohol y exista barra libre para la publicidad del juego que, aunque teóricamente está prohibido a menores, en la práctica están muy expuestos y consiguen jugar.

Por ello, es importante que en el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019 se incluya el punto 13 dirigido a proteger a la sociedad de los juegos de azar, las apuestas en línea y de la ludopatía. Se acuerda la aprobación de una regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta en línea de ámbito estatal similar a la de los productos del tabaco.

También, hace pocas semanas, el Congreso de los Diputados ha aprobado una moción presentada por Unidos Podemos (con la sola abstención del PNV) sobre los juegos de azar y las apuestas. En ella se llama al Gobierno a actuar de forma urgente para prohibir la publicidad en los medios de comunicación y por personajes famosos, las casas de apuestas cerca de institutos y colegios, las promociones o regalo de crédito como enganche, así como la mejora de la oferta de ocio dirigida a los jóvenes.

Lo cierto es que estamos ante un serio problema social y ya han empezado a movilizarse los barrios. Un ejemplo, el pasado octubre lo hicieron los vecinos de Tetuán en Madrid. No es para menos. La proliferación de las casas de apuestas y los problemas sociales y familiares que producen se reflejan en esta denuncia que hace el sacerdote Javier Baeza de la parroquia de San Carlos Borromeo de Vallecas: “Estamos atendiendo a familias de chavales que se buscan la vida con pequeños hurtos para poder apostar. Lo que hicieron sus padres y madres para poder sobrevivir, pero ahora para apostar”. Urge abordar los peligros del juego en una sociedad en descomposición y en sectores importantes de una juventud sin causa.

Densidad intensa (Manuel Menor)

El negacionismo obstinado acrecienta los problemas

El abandono de los ritmos de la naturaleza y la acumulación de dogmas y ceremonias de la confusión hacen peligrar, incluso, el medio en que vivimos.

Denso es espeso, a la vez que, por apelmazado y plúmbeo, puede hacer que algo resulte incomprensible y, al final, indiferente. En la intensidad informativa de estos días se ha mezclado de todo y, como casi siempre, política y educación han bailado juntas.

DANA

De primerísima intensidad es lo ocurrido con una DANA –“gota fría” básicamente- ocurrida en  Baleares.  Episodio meteorológico cada vez más frecuente, nos debería hacer menos reticentes a considerar qué uso estemos haciendo del sistema  Tierra, que reacciona tan fieramente un día sí y otro también. La ONU acaba de recordarlo para antes de 2030, pero la respuesta volverá a ser negacionista  de parte de quienes siempre tienen algo más importante entre manos, como ganancias fáciles, tecnologías obsoletas o hábitos de mala educación que no estiman necesario cambiar. Las decisiones de las Conferencias del Clima siguen brillando por las reticencias, y muchos políticos por no no pensar más allá de su ombligo. Es la tormenta perfecta para la catástrofe. Al ritmo que vamos, paisajes que hemos vivido frondosos pronto serán irreconocibles desiertos. Con fenómenos en el interior peninsular similares al de Baleares, inusuales gradaciones de temperatura y pluviosidad, erosión e insolación crecientes, son cada día más detectables las consecuencias en la flora y fauna, especialmente en las áreas climáticas de transición entre los dominios atlántico y mediterráneo.

Vacíos

De similar profundidad es lo que acontece en el plano demográfico. Una proyección del INE para 2033 dice que dentro de 15 años habrá 49 millones de habitantes, pero la transición cualitativa de la población es muy inquietante. Mas envejecida, uno de cada cuatro españoles tendrá más de 65 años y un estilo de vida cada vez más aislado y dependiente. Para colmo, su distribución está produciendo un interior peninsular vacío, menos denso que Laponia, con cientos de aldeas en proceso de abandono,  mientras algunos núcleos urbanos y, sobre todo, la periferia marítima –un 30% de la superficie- está ocupado por el 90%. Juntos, estos dos parámetros -que estos días han sido noticia- muestran unos problemas sociales bastante nuevos y de difícil arreglo a corto plazo, además, porque exigen una mirada distinta del cortoplacismo y un reparto solidario de recursos, contrario al dogmatismo de los mensajes ciegamente  individualistas.

Frenos

En este contexto, puede ser celebrable que, en medio del fraccionado panorama político que exhibe el Congreso de Diputados, se haya abierto paso la oportunidad de un acuerdo básico para unos PGE que empiecen a corregir dejaciones perentorias de casi diez años, que han agrandado otras que debieran haberse corregido mucho antes. Pero, para que el optimismo sea corto  y que todo camine lento, con el freno puesto, renacen explícitas voces y estilo de entonces. La plaza de Toros de Vistalegre ha acogido un mitin sintomático, y noticias que llegan de Valencia van por la misma senda de proclamas y gestos imperativos. Quieren imponer su propia visión de libertad a ultranza, un ultraliberalismo  regresivo y agresivo a tono con el triunfo ultra en Brasil y las aproximaciones de Le Pen y Salvini. Y para que nada falte, las denotaciones de un sector importante de la Iglesia dejan idénticos mensajes. Sin desautorizarlos, el Papa, a su vez, siguiendo una enfática imagen de apología eclesiástica -de la Edad de la penumbra, según C. Nixey-, culpabiliza al diablo de los escándalos últimos que su congregación no logra acallar en todo el mundo. Y mientras, una universidad americana propaga que Trump y sus políticas son un  regalo divino. Todo un recuerdo de las cruzadas golpistas de los años 30 y del lema de los correajes de los SS: “Dios con nosotros”.

Culpa y deudas

El artista alemán Dierk Schmidt acaba de inaugurar en el Palacio de Velázquez (en el Retiro madrileño) Culpa y deudas, una exposición que denuncia cómo se hizo, en 1884-85, el imperialista reparto de África. Multitud de asuntos que han pasado al baúl de la desmemoria -masacres colectivas, ventajismos economicistas o, más aparentemente inocuos, enriquecimientos ilícitos de muchos museos europeos-, son puestos en evidencia en esta muestra en que las creencias y motivaciones del colonialismo europeo sirvieron de pretexto para el expolio y la rapiña. La pintura  de Schmidt, complementada con documentación, pone en entredicho el olvido, el silencio y, en particular, el pretencioso eurocentrismo académico dominante en el discurso didáctico de currículos escolares y proyectos museográficos.

El afán de titulitis existente –una manera tonta de coger el rábano por las hojas- no nos hará más sabios: ni nos dispondrá para una mejor convivencia ni para pacificarnos con la Tierra. Tampoco las pautas educativas que manipulen las perspectivas de análisis crítico: por mucha innovación aparente de que se revistan solo activarán pautas inanes. Es urgente, por ello, la otra libertad de enseñanza, en que los educandos alcancen autonomía y criterio colaborativo para afrontar los problemas reales, y en la que, para generar tal dinámica de independencia, el profesorado esté formado para ello.  

Es fácil comprobar qué lejos está la aceptación de esta educación en libertad, que los fundadores de la ILE ya proclamaban en 1876. Nos acaban de recordar que Saramago, pese a su Nobel, fue acusado de “populismo extremista antirreligioso”. O  cómo el conocimiento histórico puede ser anulado a conveniencia de quienes se sienten incómodos con él. Y, entre otros muchos ítems de similar adoctrinamiento, puede inscribirse que vaya a ser el Vaticano quien tenga la última palabra respecto a la nueva tumba de Franco en la Almudena: ni los responsables de la cripta han sido sensibles a sus víctimas, ni el Gobierno  considera que sea asunto de su jurisdicción. Eppur si muove…: probablemente no lo dijo Galileo en 1633 ante su inquisidor, cuando la represión del conocimiento no era sutil. Al suave autoritarismo que hoy emiten difusas emboscadas informativas y educadoras, le sienta bien la lentitud de la ignorancia, indiferente a la mala baba y los abusos. Los de pederastia y bebés robados, o los motivados por desprotección infantil, nos sobrecogen sin remedio. Los de índole ecológica o desastrosa gestión antrópica del territorio ya nos están matando. Todo muy denso e intenso.

Manuel Menor Currás

Madrid, 12.10.2018

Pacto de 50 páginas sobre Presupuestos alcanzado entre PSOE y Unidos Podemos (eldiario.es)

Artículo publicado en eldiario.es

• Este es el pacto que han firmado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para los Presupuestos Generales de 2019

• Las medidas clave, punto por punto: subir el salario mínimo a 900 euros y el impuesto de patrimonio al 1% a partir de 10 millones

Puedes leer el Pacto completo en este enlace.

Cooperadores (Manuel Menor)

Los Tres Poderes políticos tienen dificultades con la igualdad

Hay privilegiados silencios y gestos que poco tienen que ver con el interés común.  E igual sucede en el sistema educativo.

A quienes viven de la vida política –diputados y líderes, sobre todo- les encanta decir que son la voz de sus electores. En la misma onda teórica –como si a Montesquieu estuviéramos oyendo- añaden que el Parlamento –bicameral en nuestro caso- es el espacio de la representación popular. En este discurso, por tanto, las decisiones que de ahí emanan -expresión de la “soberanía nacional” que dice el art. 1.2 CE-, llevan de raíz el marchamo de la legitimidad.

Mesa/Cámara

Visto desde abajo, sin embargo, el microcosmos parlamentario de estos días, con los Presupuestos Generales (PGE) en el alero, más parece tener que ver  con el Partido Popular y su cooperador necesario, Ciudadanos, que con la soberanía popular. En la Cámara Baja, el grupo de cuantos apoyan al Gobierno es mayor. Pero para dificultar que se tratara el PGE con una argucia otras veces practicada por el PP, la Mesa de Ana Pastor utilizó otra argucia introducida por su partido cuando intuyó que podía perder la mayoría parlamentaria. La Mesa soslaya así al Pleno de la Cámara y ralentiza la mejora de la situación de la gente común en estos presupuestos, en los que hace predominar intereses de la minoría conservadora..

Fiscales/jueces

Tramos hay a menudo, también, de la Justicia en que su balanza está inclinada, especialmente cuando anda por medio la acción política o de los políticos. Por ejemplo, respecto a la rama Casado de los másteres, en que algún fiscal está dando pasos que animen el desinterés por que ser aforado sea de tal naturaleza que los demás mortales se sientan inequívocamente distintos. El trato judicial que, comparativamente, parecen recibir compañeras de este titulado en el mismo postgrado, es tan distinto que hasta la jueza a la que ha tocado parte del asunto pide aclaraciones. Una vez que los afanes de titulitis ocupan la primera línea de la vida política, la judicatura no debiera establecer cuotas de intangibilidad donde no corresponde. Si cooperan en sostener escorados los argumentos, generarán la sensación que suscitaban los privilegiados del Ancien Régime. Ni derecho a la vida tenían los no privilegiados antes de 1789.

Gobernantes/gobernados

En cuanto al poder ejecutivo, el Gobierno de este momento es sobradamente frágil para darle muchas vueltas a sus potenciales líneas de cercanía igualitaria a los votantes. La prospectiva estadística muestra que, en poco más de 100 días, el PSOE ha subido en expectativa de voto pero apenas sobrepasa el 30,5%. Algo es algo, pero no modifica que el reducido 22,7% de los votos que tuvo en 2016 le obligue a tener que satisfacer a variopintos socios contando, además, con un PGE que no es el suyo. No tener mayoría absoluta, aunque parezca ser del agrado de los votantes, no solo es difícil de gestionar sino que no acaba de ganar el favor de los consultados por el CIS en este mes de septiembre.

En este panorama, si a los votantes  votantes se les hubiera preguntado por los “poderes fácticos” tal vez se sonriera. El recurso no solo conceptual, muy socorrido en los últimos años del franquismo y en bastantes de los que siguieron -al margen de los clásicos tres poderes (o cuatro, si contamos con la Prensa), probablemente lo vieran poco indicativo. Lo que que no quiere decir que, a su modo, no sigan  marcando territorio. La situación es propicia y que, por ejemplo la Iglesia católica, con frecuentes noticias más que problemáticas en los medios, sea sostenida en sus privilegios, barema bien las limitaciones de los gobiernos respecto a sus ciudadanos.

Y derechos

Según los datos que, entre otros, difunde Europa Laica, esta institución privada recibe del Estado, por los diversos capítulos contemplados en los Acuerdos con el Vaticano, en torno a los 12.000 millones de € anuales.  Llama la atención, sin embargo, su ambigüedad respecto a los Derechos Humanos, hoy tomados como referente internacional de calidad democrática. Según José Mª Castillo, ni reconoció los declarados en 1789 por la Revolución Francesa ni los que, en 1948, dieron sentido a la ONU. Desde Juan XXIII habla de ellos  en sus documentos, y sus gestos siguen siendo ambiguos: prima la caridad pero no los derechos –algo que no se nos ha de dar por generosidad-, y que las cuestiones en litigio se ajusten a sus doctrinas. En La Iglesia y los Derechos Humanos (2007), este teólogo revisa estos desajustes y concluye que muchos clérigos y obispos predican “un Dios en cuyo nombre y con cuya autoridad se les puede negar a los seres humanos no pocos de sus derechos más fundamentales: el derecho a expresarse libremente, el derecho a organizar como crean conveniente su vida…”.

Pese a ello y a que tanta presencia de las confesiones religiosas en la escuela y en otras instancias públicas suene “irritante” –término empleado en Lituania por el Papa Francisco a propósito de una cuestión muy próxima-, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial la entienden acorde con la Constitución. Alterando las fiebres electorales en que ya andamos, los posibles votantes debieran ver y juzgar de modo que lo que después les llegue de las instancias que dicen representarles respete y ayude a sus vidas.

Manuel Menor Currás

Madrid, 25.09.2018

La Audiencia Nacional admite un recurso contra los recortes en Educación (Diego Sanz Paratcha en elsaltodiario.com)

Artículo de Diego Sanz Paratcha en elsaltodiario.com

La Audiencia Nacional admite a trámite un recurso de CC OO contra el Real Decreto de Rajoy que consolidó los recortes en educación desde 2012.

El jueves se conoció que la Audiencia Nacional admitía a trámite un recurso de CC OO contra el Real Decreto 14/2012, uno de los decretazos de los viernes con los que el Gobierno en mayoría absoluta de Rajoy introdujo los recortes exigidos por la Unión Europea tras el rescate bancario. En este caso, las “medidas urgentes de racionalización del gasto” afectaban a todos los niveles el sector educativo público, y fueron responsables de que se dispararan las tasas universitarias o del aumento —hasta de un 20%, según CC OO— del ratio de alumnos por clase.

El escrito presentado en abril por el sindicato plantea que dicho real decreto estuvo motivado por una situación económica que hoy no existe. Su propio nombre, “de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, ya indica que la intención —al menos la declarada— del Ejecutivo era hacer frente por el lado del gasto a una crisis de las cuentas públicas provocada por la recesión y los ataques a la deuda. Así lo justificó entonces el ministerio de José Ignacio Wert.

“Ahora estamos en una situación de crecimiento económico y sin embargo la mayoría de medidas incluidas en el RD se mantienen”, señala a El Salto José María Ruiz, responsable de educación no universitaria de la federación de enseñanza de CC OO. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, de inminente aprobación gracias al apoyo del PNV, son en efecto los quintos PGE de la denominada recuperación económica desde que ésta comenzara en el último trimestre de 2013.

En todo este tiempo, algunas medidas se han compensado, como la mayoría de los puestos de trabajo perdidos entre 2012 y 2015, unos 32.000 según CC OO. Pero otras —con impacto a largo plazo también para el empleo público en educación— siguen igual: más jornada lectivas para el profesorado de primaria y secundaria (hoy de 25 y 20 horas, respectivamente), el aumento de la carga docente, el ya mencionado aumento de un 20% en el ratio entre alumnado y profesorado o los límites a la sustitución de personal docente.

Además, el RD ha sido señalado como uno de los responsables de que las tasas universitarias se hayan disparado en la mayoría de las comunidades autónomas. Con fuertes diferencias territoriales: Galicia con la menor intensidad, 5,1% y Cataluña con un record del 158%, seguida de la Comunidad de Madrid con un 117% y la Comunidad Valenciana con un 93%.

CC OO también ha planteado a los Gobiernos autonómicos que pidan la retirada del Real Decreto en la conferencia autonómica intersectorial, donde una mayoría simple tiene peso vinculante para obligar al Gobierno central. No obstante, señala Ruiz, la actual correlación de fuerzas (el Gobierno tiene su propio voto, al que habría que añadir el de la intervenida Catalunya) sería de empate si se toma como referencia una reciente votación contraria a otra propuesta de CC OO.

Para Ruiz, el real decreto ha influido para que en términos relativos “el actual nivel de inversión en Educación esté a niveles de principios de los 90”. Y lo peor es que la tendencia ha venido para quedarse, si se atiende a los datos de los últimos años y a los planes presentados por Montoro a Bruselas para los próximos años: el gasto público en educación habrá pasado de representar el 4,40% del PIB en 2011 al 3,8% previsto para este año, y así hasta el 3,67% que se ha incluido en las previsiones enviadas a la Comisión Europea. Estos porcentajes colocan al Estado español claramente por debajo de la media europea de gasto en educación, que en 2015 suponía un 4,8% del PIB. 

SANIDAD Y EDUCACIÓN: DECRETOS GEMELOS
Ese viernes 20 de abril el Consejo de Ministros aprobaba otra medida urgente de racionalización del gasto, en este caso del gasto sanitario. Sin contar con ningún estudio empírico que respaldara la medida, el departamento de Ana Mato –ayer condenada por haberse lucrado con la trama Gurtel– terminó con la asistencia sanitaria universal en el Estado español al excluir a extranjeros sin tarjeta de residencia, entre otros colectivos, de la sanidad pública, por el supuesto gasto extraordinario que implicaba atender a estas personas.

¿Pensiones o Educación? (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía su último artículo:

No sucederá en Educación lo acontecido con las pensiones

Las urgencias de voto hacen milagros. Pero no tanto como para que los PGE se ocupen de una educación buena para todos.

A causa de la aritmética imprescindible para sacar adelante el proyecto de  Presupuestos Generales del Estado, ya no es problemática la subida generalizada de las pensiones en un 1,7%. Nos habían vendido películas dispares, incluida la del esfuerzo ímprobo de sostenerlas con el 0,25 ya era una hazaña, reiterada además. Parecen haber encontrado un benéfico nicho de recursos en los grandes de Internet, como Google, después de un largo imperialismo que los colonizados debían agradecer.

Salvo que política sea solo lo que cuentan muchos políticos y quienes les hacen la ola, habría que recordar que a Méndez de Vigo le dijeron sus jefes que dijera que, en caso de “pacto”, en 2021 se alcanzaría en Educación el 5% del PIB, desde el 3, 67% a que lo han reducido estos años.  El ejemplo de las pensiones obliga a exigir un cambio de perspectiva -también en Sanidad y demás prestaciones-, pues existen multitud de aprovechados de nuestra tradicional ausencia de exigencia tributaria. Ahí están las corporaciones que tanto evaden; los beneficiarios de muy rentables privatizaciones de los años setenta y ochenta; las constructoras de monumentos a la nada; los concesionarios de autopistas inútiles rescatadas a cuenta de lo público; los prestigiados  emprendedores de oficios improductivos que detraen recursos de ciudadanos cautivos de la necesidad; los empeñados –por similar motivo- en acrecentar la privatización de servicios esenciales como el agua, espacios públicos urbanos, seguridad, sanidad, educación o dependencia…. Y, amén de los corruptos de todos los niveles, los jerarcas de idearios religiosos –el católico, desde luego, y el de otros monoteísmos-, que financian edificios y actividades variopintas –sobre todo educativas-  agraciados con exenciones, subvenciones y conciertos de diverso alcance: en conjunto, más de 11.000 millones de euros. Este neoliberalismo retrógrado imperante, ocupado en que todos los ciudadanos paguen los privilegiados patriotismos de algunos en una época de necesidades críticas como las que se mostraron el pasado día uno de mayo en toda España, es socialmente imposible: país periférico y con mucha mano de obra intensiva sobrante, no da para tanta asimetría graciosa.

La patria del dos de mayo

En su historia es difícil encontrar los términos “patria” y “patriótico” antes de 1808, aunque han dado y dan mucho juego desde entonces como lenguaje tópico, tan apto  para un roto como para un descosido, muy utilizable a conveniencia. Por poner un ejemplo –muy al hilo del  2 de Mayo-, ahí está una fiesta madrileña donde no es habitual diferenciar churras de merinas y, a menudo, aparece más patriota cualquier reaccionario que los ciudadanos o ciudadanas que se hayan propuesto vivir en una  España en que no estén gratuitamente limitados los derechos y libertades. Ha pasado muchas veces desde 1812. Y en 2018 –cuando, entre otros, arrecian los problemas con la libertad de expresión-, los últimos cuatro presidentes autonómicos, pillados en majaderías mentirosas, impropias de patriotas atentos al bienestar de sus conciudadanos, nos han recordado que la corruptio optimi pessima.

La ignorancia suele ir bastante asociada a lo patriótico cuando se trata de que el lenguaje no deje al desnudo ranciedades patriarcales y propicie la difusión de mentiras a gusto, pero en provecho propio. Llevamos viéndolo años y años, con la manipulación de la historia y de las instituciones, la invención de supuestas tradiciones culturales y la continuidad de falsedades más o menos oficiosas. Ahora mismo, estos días, ahí están los chicos de Ciudadanos –acompañados, al parecer, por Vargas Llosa en labores extrañas a la buena literatura que ha escrito- a vueltas con el feminismo,  Clara Campoamor y el voto femenino. Desde 1933 –y con mal conocimiento de la Historia-,  mira que no hay problemas que solucionar o motivos serios en que ocupar la atención de la ciudadanía. En un sistema educativo justo e igualitario, por ejemplo, y en no decir tonterías oportunistas.

Manuel Menor Currás

Madrid,    06.05.2018

La ideología (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía su último artículo:

¿Es posible un pacto educativo desideologizado?

Con un pacto aséptico, alejado de asuntos conflictivos, sin privilegiados y postergados, todos serían igualmente libres ante la LOMCE.

Cuando en 1929 Karl Mannheim explicó cómo en la conformación de la opinión pública –parte vital de la democracia- entran diversidad de medios e intereses, nos dejó advertidos de que “no hay discurso más ideológico que el que se presenta como no ideológico”. Sucede que, en el contexto habitual de disparidad de perspectivas, “el concepto particular de ideología implica que este término expresa nuestro escepticismo respecto a ideas y representaciones de nuestro adversario”. Suele en estos casos ser recurso próximo a la mentira para esquivar,  en nombre de una supuesta neutralidad, las interpelaciones de cualquier situación.

Hay momentos, sin embargo, en que no hay modo de que no resulte sectario lo que los estrategas políticos pretenden “natural” o de “sentido común”. Tales tópicos, inductores del prejuicio y del miedo, siempre son superados por la reincidencia empírica del sesgo tendencioso y, en esta renqueante Legislatura, hacen cada vez más incoherente el plan de  pacto educativo que Méndez de Vigo exhibe–supuestamente dialogante-  desde junio de 2015.

 Sin profundas averiguaciones, los desconciertos del día a día traicionan su sonrisa.  Que unas cremas cuenten más que las falsedades de un título educativo es preocupante: son tradiciones parejas a las que sonrojan e intimidan por  confundir abuso y violación en  sentencias como la de los de “la manada”. Pero que el “caso Cifuentes” haya cuestionado determinados cimientos de la universidad no debiera dejar en el limbo de la incompetencia al ministro de Educación y no tuviera nada que vigilar antes de remendar irregularidades y prestigios perdidos. Y que el “caso Casado” se haya presentado como normal, de alguien a quien venga bien lucir un titulillo aparente, tampoco sería problema si la privacidad de pagar un certificado acreditativo de las competencias que fueren no pusiera en riesgo el prestigio del sistema educativo.

Súmense también los ardores guerreros que Cospedal y Méndez de Vigo quieren introducir en el currículum escolar, como si de lo más natural se tratara –por nostalgia de aquella “Formación del Espíritu Nacional” y, por supuesto, en contra de la “Educación para la Ciudadanía” que en 2006 trató de introducir la LOE-, y   debiera ser así la integradora educación para la paz en las aulas escolares.

Ideologías sin escrúpulo ni crepúsculo

Pero lo que más evidencia una ideología sectaria son las decisiones que denotan valor bursátil contable. Imposiciones de este tenor, denunciadas regularmente por plataformas diversas, pueden verse en lo que CCOO había informado al comienzo de este curso (nº 362 T.E.) y que el pasado día 16 mostró claramente la SER: en estos años de crisis, el PP le ha sustraído a la enseñanza pública 6.000 millones de euros –pese al aumento de su alumnado-, mientras a la concertada le ha subido la dotación en 160 millones más. A este ejemplar gestión ideologizada de la universalidad y libertad educativas que prescribe el art. 27 CE –cambiando la relación entre pública y privada-  se añade lo que cuenta el último número de T. E., el 365: “El Gobierno se ha comprometido ante Bruselas a reducir la inversión educativa al 3,67% del PIB y a un 3,4% en 2030, cifras que nos remiten a los años 80 del siglo pasado”; y, por otra parte,  en las desgravaciones fiscales de los PGE-2018, hay “un monto de 1484 millones de euros para beneficios fiscales a familias que han podido sufragar cuotas en escuelas infantiles privadas, uniformes escolares, clases de idiomas, etc.”. Agréguese, en fin, que el TC acaba de mostrarnos con su sentencia sobre los colegios segregadores –un 70% del Opus Dei y el ponente del fallo judicial también- al lado de qué ideologías se ponen ocho de sus miembros.

Por eso Méndez de Vigo no entiende que tejer un sentido común compartido para resolver las urgencias del sistema educativo –más allá de la escueta escolarización-, requiera otros mimbres. Para empezar, no ofender con argucias  a quienes reclaman  atención a los intereses comunes, los de todos.

Manuel Menor Currás

Madrid, 27.04.2018