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jueves, 4 de mayo de 2023
jueves, 27 de abril de 2023
3-5-2023: Presentación y entrega del libro “LOMLOE II y el modelo de evaluación competencial” (de 17:30 a 19:00h, en el Salón de actos del Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte (CCHSN), Av de la Cabrera, 96. La Cabrera). Organiza: Proyecto Atlántida
miércoles, 1 de junio de 2022
DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno: evaluación, promoción y titulación en la ESO, el Bachillerato y la FP, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en ESO y de Bachiller (BOCM 20-5-2022)
DECRETO 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller (BOCM 20-5-2022)
También puedes descargar el Decreto en www.comunidad.madrid
lunes, 30 de mayo de 2022
La Justicia suspende parte del decreto con el que Madrid quería torpedear la ley de Educación del Gobierno (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid atiende un recurso de CCOO por invasión de competencias y deja sin efecto de manera cautelar algunas de las medidas del decreto con el que Ayuso pretendía cambiar el sistema de evaluación y promoción en la ESO y Bachillerato— El Consejo de Ministros aprueba el decreto que permite obtener el título de Bachillerato con un suspenso
25 de mayo de 2022
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido cautelarmente parte del Decreto de evaluación y promoción de curso en la ESO y Bachillerato con el que la Comunidad de Madrid pretendía “garantizar la calidad educativa” frente a la Lomloe, que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó la semana pasada. En un auto, los jueces –con el voto particular en contra de dos magistradas– atienden un recurso presentado por CCOO, dejan sin efecto durante tres días parte de los preceptos incluidos en la norma aprobada por el Ejecutivo regional y dan ese mismo plazo a la Consejería que dirige Enrique Ossorio para alegar y tomar una decisión definitiva.
Lo que se dirime aquí es la manera en la que se evalúa al alumnado y promociona de curso o no, tanto en Bachillerato como en la ESO. El Ministerio de Educación planteó en la Lomloe un sistema colegiado en el que los docentes deciden –que suponía un poco dar carta de naturaleza a una práctica bastante extendida en los claustros– sobre cada alumno, pero sin fijar mayorías ni proporciones. Madrid desarrolló la normativa estatal, de mínimos, con su propio sistema, más intervencionista. Eso queda ahora en el aire.
La normativa de la Comunidad de Madrid, diseñada para evitar que se regalen los aprobados como sucede en la ley estatal, según argumenta el Gobierno regional, “impone a los equipos docentes un juego de mayorías cualificadas en la ESO y en Bachillerato que contraviene el criterio de la normativa básica y cercena la autonomía de las juntas de evaluación y de libertad de cátedra”, argumenta el sindicato, y “además, autoriza a los centros a establecer criterios para la promoción y la titulación a modo de norma general sin tener en cuenta la evaluación individual de cada alumno o alumna”. CCOO sostuvo en su recurso que el Decreto invade competencias estatales.
La Comunidad de Madrid sostiene que su decreto se ajusta a la normativa. Los servicios jurídicos del Ejecutivo están “elaborando un informe que se presentará en las próximas horas con el objetivo de que la Justicia pueda revocar esta decisión”, explican fuentes de la Puerta del Sol. “El Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno regional el pasado miércoles no vulnera la normativa nacional y confiamos en que continúe adelante”, añade.
Los magistrados suspenden cautelarmente algunas partes de cinco de los artículos del decreto madrileño, en concreto aquellos que entran en aparente contradicción con la Lomloe en cuanto a las condiciones para pasar de curso y promocionar en las etapas de Secundaria. Argumenta el auto que la evaluación debe estar concluida para el 15 de junio, según la normativa de la Comunidad de Madrid –antes incluso para Bachillerato por las pruebas de acceso a la Universidad– por lo que la Sala “ha estimado procedente acceder a la medida provisionalísima solicitada apreciando que concurren, además de las circunstancias de urgencia que se coligen de lo ya expuesto, otras razones más”, que concreta en que solo son tres días y en que hay una normativa estatal que impide que se genere un vacío normativo –el Real Decreto de promoción del Ministerio de Educación a partir del que se realiza este de la Comunidad de Madrid y el propio regional del año pasado–.
“Frente al mandato del Real Decreto [del Ministerio de Educación], que establece que las decisiones de los equipos docentes sobre la promoción de un curso a otro y sobre la titulación debe adoptarse de forma colegiada, sin más, y a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que recoge que las decisiones de los órganos colegiados se adoptarán por mayoría, simplemente, no mayoría cualificada ni siquiera absoluta, el Decreto en cuestión impone otros criterios”, explica CCOO.
En concreto, desgrana el sindicato, “en el caso de la ESO, impone una mayoría de dos tercios del equipo evaluador, tanto para la promoción como para la titulación. En el del Bachillerato, para decidir la titulación extraordinaria con una materia suspensa, esta mayoría cualificada llega hasta los cuatro quintos, lo que resulta incluso inviable para el caso del Bachillerato nocturno o situaciones en las que el alumno o alumna no curse todas las materias en 2º”, argumenta.
Anulaciones en ESO, Bachillerato y para personas adultas
El auto deja sin efecto cautelarmente ocho puntos de la normativa madrileña que atañen a la ESO y al Bachillerato. De la parte de la Secundaria obligatoria los que más confrontan con la Lomloe están en los artículos 5 y 6. En el 5, apartado ocho, la Comunidad de Madrid había establecido que las decisiones para la promoción y titulación en la ESO deben tomarse “por mayoría cualificada de dos tercios” del equipo docente y y que “las demás decisiones” (...) deberían ser adoptadas “por consenso” o “mayoría absoluta”. Los jueces tumban ambas proporciones.
En el artículo 6, la Consejería de Educación establece que “para facilitar la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos, los equipos docentes podrán tomar en consideración que un alumno repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias. Asimismo, con idéntica finalidad, de forma excepcional, podrán decidir la promoción de un alumno con evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. b) Que el equipo docente del alumno considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica”.
Estas medidas parecen contradecir a la Lomloe, que permite la promoción sin límite de suspensos en determinadas situaciones y no establece distinciones entre materias para promocionar o no.
En cuanto al Bachillerato, el artículo 20 del Decreto elimina el inciso que asimila la superación de la etapa con el aprobado en todas las materias (la Lomloe prevé titular en Bachillerato excepcionalmente con un suspenso, como en la Universidad), que dice: “Para facilitar la toma de decisiones sobre la titulación, los equipos docentes podrán considerar que el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, y, por tanto, la obtención del título de Bachiller que lo acredita, se alcanzan exclusivamente con evaluación positiva en todas las materias”.
Medidas similares se toman respecto a la evaluación y promoción del Bachillerato para personas adultas. Así, en el artículo 24 se elimina “la mayoría cualificada de cuatro quintos” y la “absoluta, es decir, más de la mitad de los miembros que integran el equipo docente del alumno” que Madrid impone para obtener la titulación.
El Ejecutivo regional sostiene que la normativa nacional es incompleta. “El Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación del Gobierno de España es laxo y le falta concreción, ya que, por ejemplo, no incluye el precepto de qué mayoría de docentes debe tomar las decisiones de promoción y titulación. Por eso, desde el Gobierno regional incluimos en nuestro decreto que la decisión de promoción y titulación en Secundaria sea de una mayoría cualificada de dos tercios de sus miembros y previa deliberación, y de 4/5 en el caso de Bachillerato, para que esa decisión sea muy consciente y muy reforzada del equipo de profesores de ese centro”, cierra el Gobierno de Ayuso.
sábado, 27 de noviembre de 2021
Los diseños curriculares como pretexto (Manuel Menor)
Publicamos el nuevo artículo de Manuel Menor Currás:
Hablar o escribir sobre este asunto no siempre es signo de querer los mejores valores sociales para la escuela de todos
Es habitual, sobre todo en redes sociales, no dar cuenta de diversos prejuicios que se aceptan como dogma inamovible al verter opiniones. Montaigne decía que solemos sorprendernos de lo que no coincide con nuestras credulidades y que, incluso después de ver que algo no es como habíamos imaginado, nos cuesta cambiar. Es muy frecuente, además, sobreentender que nuestra idea es la mejor para resolver una cuestión y que, si no es con nuestra postura, son otros los que ciegan el camino de la verdad. El problema es que, con tal actitud, lo que puedan pensar o decir los demás no merece consideración alguna.
Los selectos
Que hay opiniones y opiniones no es difícil de ver en asuntos educativos y, por supuesto, a propósito de currículos como los que se están desarrollando para la LOMLOE. Lo llamativo, desde los años noventa para acá, es que abundan las ocupadas en la gracieta más que en el análisis, lanzadas por supuestos cazadores sorprendidos por “novedades” –un nombre de mercería hasta hace poco- muy repetitivas de lo mismo, pues siempre tienden a ridiculIzar aspectos de la transversalidad educativa como la equidad democrática y otras afines. Dan a entender, de este modo, que las actitudes sociales a cuidar son competencia educadora de las familias y, por tanto, si el sistema educativo trata de ocuparse de ellas sería una intromisión indebida. Siguen en la estela de muchos padres que, en los años 20, no querían que sus hijas fueran a la escuela porque, si no era para escribir a un posible novio no elegido por los padres, ¿para qué querían saber escribir? No es raro por ello que, no hace mucho, más de un problema haya generado la Geología en un centro educativo por no coincidir sus dataciones con las de la lectura literal del Génesis que hacía el catequista de Religión. A este paso, con tanta gente para la que estos asuntos son intangibles y, además, “cuestión parental”, las escuelas tal como se quisieron con la Ilustración sobrarán.
Puede que la formulación oficial de algunos ítems en los currículos escolares últimos no sea la más literaria, pero no por ello carece de sentido que hagan explícito que, por ejemplo desde Matemáticas, se puedan tratar, al hilo de sus saberes instructivos, otros propiamente educadores y evitar, de paso, que esta área sea un punto negro para segregar alumnado. Es lástima que siga habiendo personas que consideren de buena educación ser indiferentes a que haya un 40% de alumnos y alumnas que, sea cual sea lo que les enseñen y cómo se haga, siempre irán bien; tal vez piensen que sus hijos o hijas ya nacieron para ese lugar privilegiado de la campana de Gauss y que así les mantienen en el ranking de los selectos, al margen de todos los demás.
No obstante, un sistema educativo que se precie de democrático tiene obligación de ocuparse también del otro 60%, si no es injusto y no tiene sentido que exista para privilegiar a una minoría. Quienes sostienen como fundamento educador ese tipo de selección –tan dependiente del capital cultural familiar en que se nace- suelen dar por supuesto que lo que hay que enseñar y el cómo hacerlo es lo de siempre. Ni les importa qué deba hacer el sistema para remediar la desigualdad de partida, ni la movilidad que la historia educativa haya tenido; en su esquema mental, todas las variaciones que ha habido desde el siglo XIII son un retroceso, porque cada vez ha sido más difícil invocar la unicidad de la verdad y no seguir tratando de dominar la inteligencia de los demás. Si se vieran en el brete de tener quea actualizar su relato, el constitucionalismo de su punto de vista no pasaría de lo que la Constitución de Cádiz anunció en el art. 366: “En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles”.
La campana de Gauss
Y tal vez fuera así si no hubiera habido desde entonces excesivo sufrimiento inútil, del que Goya fue buen testimonio, que Castelao imitó señalando el paso de Atila por Galicia. Antes de hablar del currículo, los aprendices de brujo debieran saber que el propio concepto de “currículum escolar” obligatorio es un constructo con una historia corta, de los años setenta a noventa para acá, en que pretendió dejar fuera de juego otros más antiguos como “programa” o “examen”; sin cambiar nada real en las aulas –pues durante muchos años se siguió haciendo casi lo mismo-, se impuso en la jerga junto al de “evaluación”. Y parecido sucedió -desde mediados los años sesenta- con términos que, al compás de la tecnocracia de los planes de Desarrollo, explicitaron conexiones latentes de la educación con la economía productiva; algunos, de signo taylorista, como “trabajo por “objetivos” y “proyectos”, otros de aire más propiamente neoliberal, como trabajo por “competencias” y similares, que centraron la eficiencia no en “educar”, sino en el logro del “capital humano” más apropiado para la competencia, como dejó bien explícito la LOMCE (2013). Esta es la inclinación más afinada del sistema sobre la que no cabe el cachondeo, pues propicia la selección y el pasotismo sobre la parte baja de la campana de Gauss, esa enorme cantidad de alumnado que aunque repita no titula y es carne de cañón para la uberización de la precariedad laboral.
De estas cuestiones –y de otras igualmente reales que generan contradicciones hiperrealistas- los opinadores propicios a la burla nada hablan. Si bien se mira, no inventan nada; en los años sesenta cuando apareció Acevedo ocupándose del Despiste nacional, en la onda ética de lo que había hecho en “la cárcel de papel “de La Codorniz, o Luís Díaz Jiménez con sus Antologías del disparate, todavía en los ochenta –a poco de la Ley General de Educación de Villar Palasí-, tenía gracia reírse…, pero para llorar, porque había por medio un déficit escolar de tal calibre que los Pactos de la Moncloa no tuvieron más remedio que certificar en 1977 la dificultad de varios cientos de miles de menores de 14 años para estar escolarizados; aquellos contrastes eran el oxímoron de la retórica educativa de 40 años. Ahora, en vez de tanto jolgorio, cuando la escolarizacíón es total merece la pena preguntarse, como hace Rafael Feito: ¿Qué hace una escuela como tú en un siglo como este? (Catarata: 2020), e igual interés tienen estudios relativamente recientes de Carmen Rodríguez sobre Políticas educativas en un mundo global (Octaedro: 2019) y Políticas educativas y justicia social (2013). Proporcionan información relevante para tener criterio sobre la buena dirección que debiera tener el currículo del alumnado y, al tiempo, si la formación que hayan de tener quienes se encarguen de los procesos educativos en las aulas, es la adecuada o si sigue siendo para llorar.
El desdén
Por eso es penoso que quienes desdeñan las exigencias de una enseñanza democrática actual traten de divertirse con estos asuntos. A partir de prejuicios decimonónicos sobreentienden que los derechos humanos no tienen por qué estar en la escuela y, como afirma Javier González, un joven investigador de Murcia, nada objetan a que la educación todavía siga, en 2021, “configurada como un servicio público impropio, como un servicio público de segunda categoría”, cuando su otra red, privada y concertada, “no está legalmente obligada a escolarizar en zonas de difícil cobertura (como el medio rural), y en la práctica consigue evadirse en muchos casos de su obligación legal de escolarizar al alumnado con dificultades o bajo nivel socioeconómico”. Ni siquiera en los chistes más agrios casa bien que uno de cada tres críos y crías esté en riesgo de pobreza; ¿Cuántos más deberán estar al alcance de diseñadores de currículos educativos en que dé igual una cultura escolar trasnochada, para que dé más risa?
MMC (Madrid: 24.11.2021)
Hablar o escribir sobre este asunto no siempre es signo de querer los mejores valores sociales para la escuela de todos
Es habitual, sobre todo en redes sociales, no dar cuenta de diversos prejuicios que se aceptan como dogma inamovible al verter opiniones. Montaigne decía que solemos sorprendernos de lo que no coincide con nuestras credulidades y que, incluso después de ver que algo no es como habíamos imaginado, nos cuesta cambiar. Es muy frecuente, además, sobreentender que nuestra idea es la mejor para resolver una cuestión y que, si no es con nuestra postura, son otros los que ciegan el camino de la verdad. El problema es que, con tal actitud, lo que puedan pensar o decir los demás no merece consideración alguna.
Los selectos
Que hay opiniones y opiniones no es difícil de ver en asuntos educativos y, por supuesto, a propósito de currículos como los que se están desarrollando para la LOMLOE. Lo llamativo, desde los años noventa para acá, es que abundan las ocupadas en la gracieta más que en el análisis, lanzadas por supuestos cazadores sorprendidos por “novedades” –un nombre de mercería hasta hace poco- muy repetitivas de lo mismo, pues siempre tienden a ridiculIzar aspectos de la transversalidad educativa como la equidad democrática y otras afines. Dan a entender, de este modo, que las actitudes sociales a cuidar son competencia educadora de las familias y, por tanto, si el sistema educativo trata de ocuparse de ellas sería una intromisión indebida. Siguen en la estela de muchos padres que, en los años 20, no querían que sus hijas fueran a la escuela porque, si no era para escribir a un posible novio no elegido por los padres, ¿para qué querían saber escribir? No es raro por ello que, no hace mucho, más de un problema haya generado la Geología en un centro educativo por no coincidir sus dataciones con las de la lectura literal del Génesis que hacía el catequista de Religión. A este paso, con tanta gente para la que estos asuntos son intangibles y, además, “cuestión parental”, las escuelas tal como se quisieron con la Ilustración sobrarán.
Puede que la formulación oficial de algunos ítems en los currículos escolares últimos no sea la más literaria, pero no por ello carece de sentido que hagan explícito que, por ejemplo desde Matemáticas, se puedan tratar, al hilo de sus saberes instructivos, otros propiamente educadores y evitar, de paso, que esta área sea un punto negro para segregar alumnado. Es lástima que siga habiendo personas que consideren de buena educación ser indiferentes a que haya un 40% de alumnos y alumnas que, sea cual sea lo que les enseñen y cómo se haga, siempre irán bien; tal vez piensen que sus hijos o hijas ya nacieron para ese lugar privilegiado de la campana de Gauss y que así les mantienen en el ranking de los selectos, al margen de todos los demás.
No obstante, un sistema educativo que se precie de democrático tiene obligación de ocuparse también del otro 60%, si no es injusto y no tiene sentido que exista para privilegiar a una minoría. Quienes sostienen como fundamento educador ese tipo de selección –tan dependiente del capital cultural familiar en que se nace- suelen dar por supuesto que lo que hay que enseñar y el cómo hacerlo es lo de siempre. Ni les importa qué deba hacer el sistema para remediar la desigualdad de partida, ni la movilidad que la historia educativa haya tenido; en su esquema mental, todas las variaciones que ha habido desde el siglo XIII son un retroceso, porque cada vez ha sido más difícil invocar la unicidad de la verdad y no seguir tratando de dominar la inteligencia de los demás. Si se vieran en el brete de tener quea actualizar su relato, el constitucionalismo de su punto de vista no pasaría de lo que la Constitución de Cádiz anunció en el art. 366: “En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles”.
La campana de Gauss
Y tal vez fuera así si no hubiera habido desde entonces excesivo sufrimiento inútil, del que Goya fue buen testimonio, que Castelao imitó señalando el paso de Atila por Galicia. Antes de hablar del currículo, los aprendices de brujo debieran saber que el propio concepto de “currículum escolar” obligatorio es un constructo con una historia corta, de los años setenta a noventa para acá, en que pretendió dejar fuera de juego otros más antiguos como “programa” o “examen”; sin cambiar nada real en las aulas –pues durante muchos años se siguió haciendo casi lo mismo-, se impuso en la jerga junto al de “evaluación”. Y parecido sucedió -desde mediados los años sesenta- con términos que, al compás de la tecnocracia de los planes de Desarrollo, explicitaron conexiones latentes de la educación con la economía productiva; algunos, de signo taylorista, como “trabajo por “objetivos” y “proyectos”, otros de aire más propiamente neoliberal, como trabajo por “competencias” y similares, que centraron la eficiencia no en “educar”, sino en el logro del “capital humano” más apropiado para la competencia, como dejó bien explícito la LOMCE (2013). Esta es la inclinación más afinada del sistema sobre la que no cabe el cachondeo, pues propicia la selección y el pasotismo sobre la parte baja de la campana de Gauss, esa enorme cantidad de alumnado que aunque repita no titula y es carne de cañón para la uberización de la precariedad laboral.
De estas cuestiones –y de otras igualmente reales que generan contradicciones hiperrealistas- los opinadores propicios a la burla nada hablan. Si bien se mira, no inventan nada; en los años sesenta cuando apareció Acevedo ocupándose del Despiste nacional, en la onda ética de lo que había hecho en “la cárcel de papel “de La Codorniz, o Luís Díaz Jiménez con sus Antologías del disparate, todavía en los ochenta –a poco de la Ley General de Educación de Villar Palasí-, tenía gracia reírse…, pero para llorar, porque había por medio un déficit escolar de tal calibre que los Pactos de la Moncloa no tuvieron más remedio que certificar en 1977 la dificultad de varios cientos de miles de menores de 14 años para estar escolarizados; aquellos contrastes eran el oxímoron de la retórica educativa de 40 años. Ahora, en vez de tanto jolgorio, cuando la escolarizacíón es total merece la pena preguntarse, como hace Rafael Feito: ¿Qué hace una escuela como tú en un siglo como este? (Catarata: 2020), e igual interés tienen estudios relativamente recientes de Carmen Rodríguez sobre Políticas educativas en un mundo global (Octaedro: 2019) y Políticas educativas y justicia social (2013). Proporcionan información relevante para tener criterio sobre la buena dirección que debiera tener el currículo del alumnado y, al tiempo, si la formación que hayan de tener quienes se encarguen de los procesos educativos en las aulas, es la adecuada o si sigue siendo para llorar.
El desdén
Por eso es penoso que quienes desdeñan las exigencias de una enseñanza democrática actual traten de divertirse con estos asuntos. A partir de prejuicios decimonónicos sobreentienden que los derechos humanos no tienen por qué estar en la escuela y, como afirma Javier González, un joven investigador de Murcia, nada objetan a que la educación todavía siga, en 2021, “configurada como un servicio público impropio, como un servicio público de segunda categoría”, cuando su otra red, privada y concertada, “no está legalmente obligada a escolarizar en zonas de difícil cobertura (como el medio rural), y en la práctica consigue evadirse en muchos casos de su obligación legal de escolarizar al alumnado con dificultades o bajo nivel socioeconómico”. Ni siquiera en los chistes más agrios casa bien que uno de cada tres críos y crías esté en riesgo de pobreza; ¿Cuántos más deberán estar al alcance de diseñadores de currículos educativos en que dé igual una cultura escolar trasnochada, para que dé más risa?
MMC (Madrid: 24.11.2021)
martes, 14 de septiembre de 2021
El Gobierno suprimirá las recuperaciones de junio en la ESO (Daniel Sánchez caballero para ELDIARIO.ES)
ELDIARIO.ES publica esta noticia
Se acabaron las recuperaciones de junio en Secundaria. El Ministerio de Educación va a eliminar los exámenes de recuperación de junio este mismo curso. El decreto de evaluación y promoción que prepara el departamento que dirige Pilar Alegría se dispone a publicar esta novedad en cuanto reciba el dictamen del Consejo Escolar del Estado, según ha adelantado el periódico balear Última Hora.
Fuentes del ministerio explican que la medida, que viene de la anterior ministra, Isabel Celaá, tiene el respaldo de las comunidades autónomas a nivel técnico. En las reuniones preparatorias del decreto, los representantes de los Ejecutivos regionales han mostrado su acuerdo con suprimir estos exámenes. Argumenta el ministerio, y coinciden los técnicos regionales –según la versión de Educación– que la convocatoria extraordinaria de junio no tiene mucho sentido en el contexto actual: eran muy pocos los alumnos que aprobaban estos exámenes apenas tres semanas después de haber suspendido el de final de curso. Además, explican las fuentes, la Lomloe apuesta por la evaluación continua y el criterio del profesorado a la hora de establecer si un alumno aprueba una asignatura o incluso pasa de curso.
En este sentido va también la supresión del número máximo de asignaturas pendientes con las que un alumno puede promocionar en un curso. En el decreto se fija el máximo en dos, pero también se explica que el número de suspensos no será el único criterio a considerar y se podrá pasar con más. Que los alumnos promocionen con materias sin aprobar es algo que pasa desde hace varios años, también en las comunidades de muchos consejeros que han protestado por esta medida, pero ahora se le da carta de naturaleza en la ley. Además, la Lomloe fija que en todo el periodo de Educación obligatoria solo se podrá repetir dos veces.
La idea del ministerio se enmarca dentro de una batería de medidas que incluye la nueva ley para reducir la tasa de repetición en España, que con casi un 30% de alumnos que no está en el curso que le corresponde se encuentra entre los países con más incidencia de este indicador en Europa.
La supresión de las convocatorias extraordinarias de junio –que hace años se hacían en septiembre, pero fueron adelantadas– viene acompañada de refuerzos educativos, según ha explicado el director general de Planificació, Ordenació i Centres del Gobierno balear, Antoni Morante, a Última Hora. "Aunque desaparezcan las recuperaciones, se reforzará la atención a los alumnos con dificultades. En cualquier caso, cabe recordar que la titulación y el paso de un curso a otro será decidido por los docentes y que no hay límite de materias suspendidas en la ESO para pasar a Bachillerato", ha explicado.
Más atención al alumnado –aunque han subido las ratios–, más medidas preventivas y no reactivas, más autonomía docente y menos exámenes definitorios de un curso escolar es el camino que ha emprendido el ministerio en su batalla contra la repetición. El tiempo dirá si funciona.
Se acabaron las recuperaciones de junio en Secundaria. El Ministerio de Educación va a eliminar los exámenes de recuperación de junio este mismo curso. El decreto de evaluación y promoción que prepara el departamento que dirige Pilar Alegría se dispone a publicar esta novedad en cuanto reciba el dictamen del Consejo Escolar del Estado, según ha adelantado el periódico balear Última Hora.
Fuentes del ministerio explican que la medida, que viene de la anterior ministra, Isabel Celaá, tiene el respaldo de las comunidades autónomas a nivel técnico. En las reuniones preparatorias del decreto, los representantes de los Ejecutivos regionales han mostrado su acuerdo con suprimir estos exámenes. Argumenta el ministerio, y coinciden los técnicos regionales –según la versión de Educación– que la convocatoria extraordinaria de junio no tiene mucho sentido en el contexto actual: eran muy pocos los alumnos que aprobaban estos exámenes apenas tres semanas después de haber suspendido el de final de curso. Además, explican las fuentes, la Lomloe apuesta por la evaluación continua y el criterio del profesorado a la hora de establecer si un alumno aprueba una asignatura o incluso pasa de curso.
En este sentido va también la supresión del número máximo de asignaturas pendientes con las que un alumno puede promocionar en un curso. En el decreto se fija el máximo en dos, pero también se explica que el número de suspensos no será el único criterio a considerar y se podrá pasar con más. Que los alumnos promocionen con materias sin aprobar es algo que pasa desde hace varios años, también en las comunidades de muchos consejeros que han protestado por esta medida, pero ahora se le da carta de naturaleza en la ley. Además, la Lomloe fija que en todo el periodo de Educación obligatoria solo se podrá repetir dos veces.
La idea del ministerio se enmarca dentro de una batería de medidas que incluye la nueva ley para reducir la tasa de repetición en España, que con casi un 30% de alumnos que no está en el curso que le corresponde se encuentra entre los países con más incidencia de este indicador en Europa.
La supresión de las convocatorias extraordinarias de junio –que hace años se hacían en septiembre, pero fueron adelantadas– viene acompañada de refuerzos educativos, según ha explicado el director general de Planificació, Ordenació i Centres del Gobierno balear, Antoni Morante, a Última Hora. "Aunque desaparezcan las recuperaciones, se reforzará la atención a los alumnos con dificultades. En cualquier caso, cabe recordar que la titulación y el paso de un curso a otro será decidido por los docentes y que no hay límite de materias suspendidas en la ESO para pasar a Bachillerato", ha explicado.
Más atención al alumnado –aunque han subido las ratios–, más medidas preventivas y no reactivas, más autonomía docente y menos exámenes definitorios de un curso escolar es el camino que ha emprendido el ministerio en su batalla contra la repetición. El tiempo dirá si funciona.
lunes, 1 de junio de 2020
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE Y FINAL DEL CURSO 2019-2020 EN LA COMUNIDAD DE MADRID ANTE EL ESTADO DE ALARMA POR COVID-19. 27-5-2020 + NOTA ACLARATORIA
Puedes consultar la RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DE LAS INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE Y FINAL DEL CURSO 2019-2020 EN LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR CORONAVIRUS (COVID-19). 27-5-2020 aquí
NOTA ACLARATORIA
NOTA ACLARATORIA
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viernes, 22 de mayo de 2020
Instrucciones sobre evaluación final, pruebas de acceso y pruebas para la obtención de títulos y certificados ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 (22-5-2020)
Instrucciones de la Dirección General de Educación
Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial sobre evaluación final,
pruebas de acceso y pruebas para la obtención de títulos y certificados ante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (22-5-2020).
Puedes consultar las Instrucciones en este enlace.
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lunes, 11 de mayo de 2020
Falta de medios, clases online que son un desastre y evaluación draconiana: la situación de los universitarios (Victor Rodríguez para eldiario.es)
Artículo de Victor Rodríguez para eldiario.es
Después de tantas semanas inmersos en la crisis del coronavirus me animo a plantear algo que desgraciadamente no está suficientemente en el foco como debería. Hablo de los estudiantes universitarios. No me parece importante dar mi nombre, baste con decir que estudio en una escuela de ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid y sufro, en primera persona y como otros miles de estudiantes, todas las consecuencias de la pésima gestión que se ha dado en el ámbito universitario.
Mucha demora en la reacción, falta de medios y/o recursos, dificultad intrínseca a la conversión de modalidad presencial-online —intentar convertir una clase presencial en una clase online sin los recursos o herramientas necesarios es un desastre—, la propia situación personal de cada uno en una circunstancia excepcional, muchos muy lejos de su lugar habitual de residencia y sin material que necesitan, otros directamente golpeados en su entorno por la pandemia.
Son solo algunos de los factores. ¿El asunto estrella? La evaluación. Al menos en el caso que me toca, se evalúa online con medidas draconianas que dificultan de forma artificial el examen y se reducen los tiempos, haciendo de algunas pruebas una verdadera carrera de obstáculos y una forma de evaluar bastante perjudicial para el alumnado en muchos casos, con la excusa de querer evitar que se copie.
En el caso de una ingeniería, parece mentira que muchos profesores parezcan ignorar a estas alturas que cualquier problema necesita una reflexión, un tiempo de pensar, y que no se puede pretender que los alumnos lo hagamos de forma automática, como si supiéramos de memoria la solución. Ni somos ordenadores, ni llevamos 30 años haciendo los mismos problemas. Visto lo visto, creo que era necesario hacer el apunte.
Todo esto lleva a que en la peor pandemia en un siglo, no solo no se pongan medidas para paliar todas las consecuencias derivadas de la misma, sino al contrario, se vuelva todo aún más difícil, aumentando las posibilidades de segundas y sucesivas matrículas, además de la complicada situación los becados, de los que ya se ha hablado en este espacio. Todo esto cuando las segundas y sucesivas matrículas tienen un precio auténticamente prohibitivo, en un contexto de fragilidad económica general.
Entiendo que la situación no es fácil para nadie, y que la búsqueda de soluciones óptimas sea igualmente compleja. Sin embargo, creo que hay bastante margen para que algunos actores dentro de este ámbito puedan ser conscientes de la situación de los estudiantes universitarios, agravada en muchos casos por nuestra situación familiar y económica. Vivimos con unos niveles de presión y ansiedad insostenibles, con la losa además de tener que fingir que hay cosas que pueden seguir igual que antes porque todavía vivíamos en una situación de normalidad, cuando ya hace semanas que la vimos marchar sin saber, ni siquiera, cuando volverá.
- En la peor pandemia en un siglo, no solo no se ponen medidas para paliar todas las consecuencias derivadas de la misma, sino al contrario, se vuelve todo aún más difícil, aumentando las posibilidades de segundas y sucesivas matrícula
- Envía tus experiencias, denuncias o reivindicaciones a esta dirección de correo: historiasdelcoronavirus@eldiario.es
11/05/2020
Después de tantas semanas inmersos en la crisis del coronavirus me animo a plantear algo que desgraciadamente no está suficientemente en el foco como debería. Hablo de los estudiantes universitarios. No me parece importante dar mi nombre, baste con decir que estudio en una escuela de ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid y sufro, en primera persona y como otros miles de estudiantes, todas las consecuencias de la pésima gestión que se ha dado en el ámbito universitario.
Mucha demora en la reacción, falta de medios y/o recursos, dificultad intrínseca a la conversión de modalidad presencial-online —intentar convertir una clase presencial en una clase online sin los recursos o herramientas necesarios es un desastre—, la propia situación personal de cada uno en una circunstancia excepcional, muchos muy lejos de su lugar habitual de residencia y sin material que necesitan, otros directamente golpeados en su entorno por la pandemia.
Son solo algunos de los factores. ¿El asunto estrella? La evaluación. Al menos en el caso que me toca, se evalúa online con medidas draconianas que dificultan de forma artificial el examen y se reducen los tiempos, haciendo de algunas pruebas una verdadera carrera de obstáculos y una forma de evaluar bastante perjudicial para el alumnado en muchos casos, con la excusa de querer evitar que se copie.
En el caso de una ingeniería, parece mentira que muchos profesores parezcan ignorar a estas alturas que cualquier problema necesita una reflexión, un tiempo de pensar, y que no se puede pretender que los alumnos lo hagamos de forma automática, como si supiéramos de memoria la solución. Ni somos ordenadores, ni llevamos 30 años haciendo los mismos problemas. Visto lo visto, creo que era necesario hacer el apunte.
Todo esto lleva a que en la peor pandemia en un siglo, no solo no se pongan medidas para paliar todas las consecuencias derivadas de la misma, sino al contrario, se vuelva todo aún más difícil, aumentando las posibilidades de segundas y sucesivas matrículas, además de la complicada situación los becados, de los que ya se ha hablado en este espacio. Todo esto cuando las segundas y sucesivas matrículas tienen un precio auténticamente prohibitivo, en un contexto de fragilidad económica general.
Entiendo que la situación no es fácil para nadie, y que la búsqueda de soluciones óptimas sea igualmente compleja. Sin embargo, creo que hay bastante margen para que algunos actores dentro de este ámbito puedan ser conscientes de la situación de los estudiantes universitarios, agravada en muchos casos por nuestra situación familiar y económica. Vivimos con unos niveles de presión y ansiedad insostenibles, con la losa además de tener que fingir que hay cosas que pueden seguir igual que antes porque todavía vivíamos en una situación de normalidad, cuando ya hace semanas que la vimos marchar sin saber, ni siquiera, cuando volverá.
jueves, 7 de mayo de 2020
¿Clases de 15 alumnos? El sistema educativo afronta sin suficientes docentes el reto de desdoblarse en la vuelta al cole de septiembre (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
Los grupos de chats de profesores se llenan estos días de preguntas que se quedan ahí, esperando una respuesta que no llegará. "¿Grupos a la mitad? ¿Clases de 15? ¿Quién va a dar esas horas? ¿Qué alumnos vendrán a clase? ¿Cómo voy a compaginar trabajo y teletrabajo si solo la enseñanza a distancia me tiene desbordada?"
Como viene sucediendo durante toda la crisis del coronavirus, cada anuncio que hace el Gobierno sobre el curso escolar plantea más dudas de las que resuelve, sumiendo a los profesores y familias en especulaciones de todo tipo. El último ejemplo ha sido la decisión del Ministerio de Educación de que en septiembre, si no hay vacuna contra la COVID-19 (que no la habrá con toda probabilidad), la actividad docente presencial volverá con grupos desdoblados y máximo 15 alumnos por aula, según anunció la ministra Isabel Celaá en una entrevista con 20 minutos.
"Hay que tener resuelto antes cómo se lleva a cabo"
"Cuando sueltas una idea, hay que tener resuelto antes cómo la vas a llevar a cabo", valora Raimundo de los Reyes, presidente de Fedadi. "Hay que comprobar que tenemos los recursos, los medios y las condiciones para llevarla a la práctica. Y ahí es donde yo tengo mis dudas. De que se tengan estos medios y de que se puedan proveer", añade.
La palabra más repetida estos días para analizar la propuesta del ministerio es "improvisación". La usan los profesores y las familias. La emplean los sindicatos docentes, que lamentan que las administraciones estén diseñando un plan que les afecta, y mucho, sin consultarles.
La falta de profesorado, de recursos tecnológicos en los centros para mantener la enseñanza a distancia (tendrán que asumir a la vez lo que los docentes y alumnos hacen ahora en sus casas), la no adecuación de los espacios físicos, la conciliación de las familias cuando a sus hijos les toque quedarse en casa, o el uso de los espacios comunes en los colegios (¿qué va a pasar con los comedores?) se señalan como los principales problemas a abordar con el plan del Gobierno.
Y un elemento del que se habla poco, pero al que los profesionales dan mucha importancia: la brecha social. "Lo que más claro ha quedado es la importancia de la escuela presencial", reflexiona Jurjo Torres, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de A Coruña. "Pensábamos que vivíamos en una sociedad con igualdad de oportunidades, pero ahora se visibilizó que en realidad es muy desigual".
Antonio Bolívar, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, coincide con Torres. "La casa no puede ser la escuela", rechaza, y habla de "brecha social" en vez de brecha digital, de madres, casi siempre madres, que tienen que ayudar a sus hijos "si pueden y saben". "La clase online no es regalarte un ordenador", dice Torres. "Se puede llevar cuando está la familia, hay un ordenador, una conexión a internet decente, incluso comida en la mesa...", opina Bolivar.
- La falta de docentes para desdoblar las clases y los problemas que genera la educación a distancia a los colectivos más vulnerables son las principales dificultades que ven los profesionales educativos ante la propuesta de Celaá de cara a septiembre
Los grupos de chats de profesores se llenan estos días de preguntas que se quedan ahí, esperando una respuesta que no llegará. "¿Grupos a la mitad? ¿Clases de 15? ¿Quién va a dar esas horas? ¿Qué alumnos vendrán a clase? ¿Cómo voy a compaginar trabajo y teletrabajo si solo la enseñanza a distancia me tiene desbordada?"
Como viene sucediendo durante toda la crisis del coronavirus, cada anuncio que hace el Gobierno sobre el curso escolar plantea más dudas de las que resuelve, sumiendo a los profesores y familias en especulaciones de todo tipo. El último ejemplo ha sido la decisión del Ministerio de Educación de que en septiembre, si no hay vacuna contra la COVID-19 (que no la habrá con toda probabilidad), la actividad docente presencial volverá con grupos desdoblados y máximo 15 alumnos por aula, según anunció la ministra Isabel Celaá en una entrevista con 20 minutos.
El problema que se encuentran los docentes es que hasta ahí llega la información. El Ministerio tampoco aporta más. "Si las medidas de distanciamiento continúan, es evidente que hay que tener un plan previsto para organizar la actividad educativa", explica una portavoz. "El Ministerio está trabajando con las comunidades autónomas para organizar el comienzo del nuevo curso", cierra.
A este respecto, desde la federación estatal de asociaciones de directores de instituto Fedadi advierten: "En septiembre no va a haber estado de alarma, por lo que todo quedará en manos de las comunidades [que tienen la competencia en Educación]. Si no piensan en desarrollar una normativa estatal podría pasar que cada región hiciera una cosa o que incluso alguna decidiera que no necesita llevar a cabo estas medidas".
A este respecto, desde la federación estatal de asociaciones de directores de instituto Fedadi advierten: "En septiembre no va a haber estado de alarma, por lo que todo quedará en manos de las comunidades [que tienen la competencia en Educación]. Si no piensan en desarrollar una normativa estatal podría pasar que cada región hiciera una cosa o que incluso alguna decidiera que no necesita llevar a cabo estas medidas".
"Hay que tener resuelto antes cómo se lleva a cabo"
"Cuando sueltas una idea, hay que tener resuelto antes cómo la vas a llevar a cabo", valora Raimundo de los Reyes, presidente de Fedadi. "Hay que comprobar que tenemos los recursos, los medios y las condiciones para llevarla a la práctica. Y ahí es donde yo tengo mis dudas. De que se tengan estos medios y de que se puedan proveer", añade.
La palabra más repetida estos días para analizar la propuesta del ministerio es "improvisación". La usan los profesores y las familias. La emplean los sindicatos docentes, que lamentan que las administraciones estén diseñando un plan que les afecta, y mucho, sin consultarles.
La falta de profesorado, de recursos tecnológicos en los centros para mantener la enseñanza a distancia (tendrán que asumir a la vez lo que los docentes y alumnos hacen ahora en sus casas), la no adecuación de los espacios físicos, la conciliación de las familias cuando a sus hijos les toque quedarse en casa, o el uso de los espacios comunes en los colegios (¿qué va a pasar con los comedores?) se señalan como los principales problemas a abordar con el plan del Gobierno.
Y un elemento del que se habla poco, pero al que los profesionales dan mucha importancia: la brecha social. "Lo que más claro ha quedado es la importancia de la escuela presencial", reflexiona Jurjo Torres, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de A Coruña. "Pensábamos que vivíamos en una sociedad con igualdad de oportunidades, pero ahora se visibilizó que en realidad es muy desigual".
Antonio Bolívar, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, coincide con Torres. "La casa no puede ser la escuela", rechaza, y habla de "brecha social" en vez de brecha digital, de madres, casi siempre madres, que tienen que ayudar a sus hijos "si pueden y saben". "La clase online no es regalarte un ordenador", dice Torres. "Se puede llevar cuando está la familia, hay un ordenador, una conexión a internet decente, incluso comida en la mesa...", opina Bolivar.
Desdobles en el espacio o en el tiempo
Y luego están los problemas de los centros. Al director De los Reyes, como a cualquiera que se lo plantee, no le salen las cuentas. A falta de información, repasamos con él las opciones que existen para desdoblar clases. Spoiler: en todos los escenarios van a hacer faltar muchas horas de profesorado.
El desdoble de una clase puede hacerse básicamente de dos maneras: en el espacio o en el tiempo. La primera modalidad consiste en coger a la mitad del grupo y meterlos en otra aula al mismo tiempo. Esta posibilidad está descartada por razones obvias. Por un lado, la idea es no solo no meter a 30 alumnos en una clase, también es evitar las aglomeraciones en los centros. Por otro, las escuelas no tienen espacio físicamente para esto.
La segunda opción, que parece la más probable, es separar las clases en dos mitades que acudan a los centros en distintos momentos (unos por la mañana y otros por la tarde, unos unos días y el resto otros...). Pero los profesores ya cubrirán su jornada laboral atendiendo a un solo grupo. ¿Qué va a pasar con los demás alumnos el resto del tiempo?
"En todos los casos yo veo que desdoblar grupos se traduce en disponer de más horas de profesorado. Tantas como el doble, a priori", explica De los Reyes. Este director no cuenta con que el Gobierno duplique los más de 700.000 profesores que tiene el sistema, entre centros públicos y privados. Ya será raro que haya aumento de algún tipo con las cuentas públicas tiritando, admiten los sindicatos. Y ahí llega el bloqueo.
"Es imposible para el profesorado, incluso con la mejor voluntad del mundo [asumir esto]. Si ya estamos desbordados. Igual hay una solución que no se me está ocurriendo, pero por eso precisamente tienen que explicar las cosas", reflexiona.
Para el catedrático Torres la solución está clara: invertir. "Hasta que haya una vacuna, habrá que pagarlo. Igual que ahora se está pagando la Sanidad pública. Pues igual. Hay servicios que son esenciales, y la Educación es un derecho por el que el Estado tendrá que apostar. Igual hay menos AVEs, pues habrá que establecer prioridades", cuenta.
Los centros privados tampoco acaban de ver la propuesta del Gobierno y tienen las mismas objeciones que el resto. "Los centros necesitarán más recursos sanitarios, humanos y tecnológicos que no podrán abordar todos los centros por igual", expone un comunicado enviado por Cicae, la Asociación de Colegios Privados e Independientes.
Esta patronal cree que la vara de medir utilizada es errónea. "Respecto a establecer 15 alumnos como máximo por aula, solicitamos un planteamiento más objetivo y que el criterio sea por metros cuadrados de los espacios educativos y teniendo en cuenta la distancia social. Se puede dar el caso de que 15 estudiantes en un aula pequeña sean muchos y, sin embargo, pocos para un salón de actos, un polideportivo, o un espacio abierto", sostienen.
Y luego están los problemas de los centros. Al director De los Reyes, como a cualquiera que se lo plantee, no le salen las cuentas. A falta de información, repasamos con él las opciones que existen para desdoblar clases. Spoiler: en todos los escenarios van a hacer faltar muchas horas de profesorado.
El desdoble de una clase puede hacerse básicamente de dos maneras: en el espacio o en el tiempo. La primera modalidad consiste en coger a la mitad del grupo y meterlos en otra aula al mismo tiempo. Esta posibilidad está descartada por razones obvias. Por un lado, la idea es no solo no meter a 30 alumnos en una clase, también es evitar las aglomeraciones en los centros. Por otro, las escuelas no tienen espacio físicamente para esto.
La segunda opción, que parece la más probable, es separar las clases en dos mitades que acudan a los centros en distintos momentos (unos por la mañana y otros por la tarde, unos unos días y el resto otros...). Pero los profesores ya cubrirán su jornada laboral atendiendo a un solo grupo. ¿Qué va a pasar con los demás alumnos el resto del tiempo?
"En todos los casos yo veo que desdoblar grupos se traduce en disponer de más horas de profesorado. Tantas como el doble, a priori", explica De los Reyes. Este director no cuenta con que el Gobierno duplique los más de 700.000 profesores que tiene el sistema, entre centros públicos y privados. Ya será raro que haya aumento de algún tipo con las cuentas públicas tiritando, admiten los sindicatos. Y ahí llega el bloqueo.
"Es imposible para el profesorado, incluso con la mejor voluntad del mundo [asumir esto]. Si ya estamos desbordados. Igual hay una solución que no se me está ocurriendo, pero por eso precisamente tienen que explicar las cosas", reflexiona.
Para el catedrático Torres la solución está clara: invertir. "Hasta que haya una vacuna, habrá que pagarlo. Igual que ahora se está pagando la Sanidad pública. Pues igual. Hay servicios que son esenciales, y la Educación es un derecho por el que el Estado tendrá que apostar. Igual hay menos AVEs, pues habrá que establecer prioridades", cuenta.
Los centros privados tampoco acaban de ver la propuesta del Gobierno y tienen las mismas objeciones que el resto. "Los centros necesitarán más recursos sanitarios, humanos y tecnológicos que no podrán abordar todos los centros por igual", expone un comunicado enviado por Cicae, la Asociación de Colegios Privados e Independientes.
Esta patronal cree que la vara de medir utilizada es errónea. "Respecto a establecer 15 alumnos como máximo por aula, solicitamos un planteamiento más objetivo y que el criterio sea por metros cuadrados de los espacios educativos y teniendo en cuenta la distancia social. Se puede dar el caso de que 15 estudiantes en un aula pequeña sean muchos y, sin embargo, pocos para un salón de actos, un polideportivo, o un espacio abierto", sostienen.
Europa también vacila
En los países de nuestro entorno la situación es similar con algunos matices. En Italia, uno de los países más golpeados por el coronavirus, no habrá vuelta a los centros educativos hasta septiembre. De momento el Gobierno no ha informado de los planes que tiene para ese retorno. Mientras, las autoridades hablan de campamentos de verano en los patios de las escuelas con medidas de seguridad.
Francia es de los países que lo tiene más claro. Habrá una vuelta a las aulas gradual y voluntaria a partir de la semana que viene, empezando por Primaria. El Gobierno ha decidido limitar las clases a 15 alumnos y valora si obligar a los niños a utilizar mascarilla.
En Alemania, los estados federales ha acordado un plan común para reabrir los centros educativos, lo cual se hizo el pasado lunes, a diferentes ritmos y con capacidad de decisión a nivel de centros. En el país germano se habla también de dividir las clases y de utilizar los sábados como días lectivos.
Mientras se conocen los detalles, los profesores van tirando de sarcasmo. "Va a hacer más por las ratios el coronavirus en unos meses que ningún Gobierno en años", bromeaba un docente, consciente de que no va a ser así porque, si finalmente se da esta división, caerán las ratios de alumnos por aula, pero no por profesor. Cada docente tendrá que atender a los mismos estudiantes, hasta 300 en un trimestre en muchos casos.
También hay quien le ve ventajas a la situación, puestos a sacar el lado positivo: "Quizá, cuando flipemos con lo que somos capaces de hacer con 15 alumnos en el aula, avancemos hacia ese modelo que todos deseamos", escribía una docente en Twitter.
De los Reyes cierra con una reflexión final a modo de petición. "Espero que la idea no sea que cada centro se las ingenie, que por otra parte es una experiencia que ya tenemos con cierta regularidad en el sector educativo", afirma, y desliza como ejemplo lo que ha ocurrido con las evaluaciones del tercer trimestre que, tras polémicas, órdenes ambiguas y contradictorias de las comunidades autónomas y un pacto del que se desmarcaron cinco regiones, han acabado pasando la responsabilidad a las juntas de evaluación de los centros educativos. O sea, a los profesores.
En los países de nuestro entorno la situación es similar con algunos matices. En Italia, uno de los países más golpeados por el coronavirus, no habrá vuelta a los centros educativos hasta septiembre. De momento el Gobierno no ha informado de los planes que tiene para ese retorno. Mientras, las autoridades hablan de campamentos de verano en los patios de las escuelas con medidas de seguridad.
Francia es de los países que lo tiene más claro. Habrá una vuelta a las aulas gradual y voluntaria a partir de la semana que viene, empezando por Primaria. El Gobierno ha decidido limitar las clases a 15 alumnos y valora si obligar a los niños a utilizar mascarilla.
En Alemania, los estados federales ha acordado un plan común para reabrir los centros educativos, lo cual se hizo el pasado lunes, a diferentes ritmos y con capacidad de decisión a nivel de centros. En el país germano se habla también de dividir las clases y de utilizar los sábados como días lectivos.
Mientras se conocen los detalles, los profesores van tirando de sarcasmo. "Va a hacer más por las ratios el coronavirus en unos meses que ningún Gobierno en años", bromeaba un docente, consciente de que no va a ser así porque, si finalmente se da esta división, caerán las ratios de alumnos por aula, pero no por profesor. Cada docente tendrá que atender a los mismos estudiantes, hasta 300 en un trimestre en muchos casos.
También hay quien le ve ventajas a la situación, puestos a sacar el lado positivo: "Quizá, cuando flipemos con lo que somos capaces de hacer con 15 alumnos en el aula, avancemos hacia ese modelo que todos deseamos", escribía una docente en Twitter.
De los Reyes cierra con una reflexión final a modo de petición. "Espero que la idea no sea que cada centro se las ingenie, que por otra parte es una experiencia que ya tenemos con cierta regularidad en el sector educativo", afirma, y desliza como ejemplo lo que ha ocurrido con las evaluaciones del tercer trimestre que, tras polémicas, órdenes ambiguas y contradictorias de las comunidades autónomas y un pacto del que se desmarcaron cinco regiones, han acabado pasando la responsabilidad a las juntas de evaluación de los centros educativos. O sea, a los profesores.
martes, 5 de mayo de 2020
"Los profesores tendrán la protección que la autoridad sanitaria estime oportuna" (Pablo Gutiérrez de Álamo para El Diario de la Educación)
Entrevista de Pablo Gutiérrez de Álamo a Isabel Celaá para eldiariodelaeducacion.com
- Entre las preocupaciones de las y los docentes están cómo, con qué medidas de seguridad contarán quienes tengan que volver a los centros en las próximas semanas. Aunque todavía no está establecida, la ministra Isabel Celaá asegura que lo están tratando con Sanidad y que tendrán que ser las comunidades las que provean de dicho material de protección. Hablamos con la ministra, además, de otras cuestiones como quién tendrá que volver exactamente, o cómo pueden organizarse los centros en las próximas semanas.
El Ministerio de Educación y FP se encuentra en el centro de la ciudad de Madrid. Es un vetusto edificio que con el tiempo ha ido anexionando algunos de los inmuebles colindantes. Es una mole en la que es fácil perderse y que, estos días, además, está prácticamente deshabitada. Algunos agentes de seguridad en los accesos y muy poca gente más.
La ministra Isabel Celaá nos recibe en la Sala Goya, utilizada comúnmente para las Conferencias Sectoriales con todas las comunidades autónomas. Es un gran salón en el que resulta muy fácil mantener la distancia de seguridad que rige toda la vida cotidiana hoy día. La situación, en esta recta final del curso, se ha complicado con una buena cantidad de dudas organizativas, pero no solo, con respecto a cómo podrán volver chicas y chicos, al menos, algunos, y su profesorado a unas aulas que llevan casi dos meses cerradas a cal y canto.
En un par de semanas, los alumnos que quieran, de los cursos terminales, podrán ir a clase…
Se supone que en la fase 1, que es donde situamos la apertura administrativa de los centros. Los centros han de ser desinfectados y estar limpios, en condiciones idóneas. Tienen muchas tareas administrativas pendientes: certificaciones, propuestas de títulos, apertura de matrículas… toda esa organización del nuevo curso tiene que ser realizada por la dirección, por la administración de los centros y por el profesorado.
La apertura administrativa empezará en la fase 1. Dos semanas después, algunas zonas, puesto que tenemos una desescalada compleja, gradual y asimétrica, que estén en fase 2 y que cumplan las normas para luchar contra la epidemia podrán abrir el centro para alumnos que van a enfrentarse a sus exámenes: 4º de la ESO, 2º de bachillerato para la EVAU, 2º de FPGM, de GS. Para estos será voluntario, pero los centros que estén en fase 2 han de estar abiertos. Esos alumnos serán convenientemente distanciados dentro de los centros; como estos estarán prácticamente vacíos, podrán ser distanciados en aulas contiguas y un profesor trabajar consecutivamente con los dos grupos.
Además, en esas fase 2 se abrirán las escuelas infantiles, 0-3 y 3-6, con el fin de ayudar a los padres y madres en la conciliación de la vida laboral y familiar. Nos gustaría mucho que las escuelas pudieran abrirse a más, pero no pueden estar llenas en este momento de la epidemia. Los otros cursos de primaria o secundaria, cuando algún centro se encuentre en condiciones óptimas para abordar unos cursos de refuerzo a esos niveles, también podrá hacerlo.
Estamos hablando ya casi del mes de junio.
Sí, sí. El curso escolar termina en junio.
En relación a la apertura administrativa ¿quiénes son quienes deben ir a los centros?
El equipo directivo y a quienes llame este para hacer las labores administrativas propias del centro. El centro debe prepararse para acoger a sus alumnos, de situarse el centro en una fase 2, y que vendrá a ser en junio. Dependerá de la situación epidemiológica.
¿Habrá EPI para esos docentes?
Tiene que haber una protección. Estoy trabajando con Sanidad. No sabemos en qué consistirá, pero los profesores evidentemente tendrán la protección que la autoridad sanitaria estime oportuna para el trabajo que han de hacer.
¿Esos equipos los pondrá el Ministerio de Sanidad o las CCAA?
Eso no lo tenemos prefijado. Son las CCAA las que tienen la dotación de recursos para dar ese servicio. Pero el Ministerio de Sanidad será quien tenga que determinar qué equipo concreto se precisa. Hemos de pensar que están con niños, no están con enfermos de coronavirus. Están con niños.
Bueno, es una de las preocupaciones que nos llegan desde el anuncio… ¿cómo llegarán a los centros?
Protegidos, evidentemente. Determinaremos con precisión con qué protección. Lo estoy trabajando con el Ministerio de Sanidad.
En cuanto a las escuelas infantiles, ¿se está barajando alguna ratio máxima por aula?
No hemos barajado cifra porque las unidades de infantil, dependiendo de la edad, pueden ser pequeñas. El centro educativo, en el ejercicio de su autonomía, con las reglas sanitarias que hemos de proveer, adecuará los espacios a los niños que tiene que atender. Hemos de pensar que habrá mucho espacio en el centro, en general.
Algunas patronales de centros de infantil han calculado que con menos del 70% de las criaturas en las aulas, económicamente no pueden mantenerse…
La escuela no lo puede hacer todo. La escuela tiene una labor subsidiaria de conciliación de la vida labora y familiar, pero su objetivo es educar, enseñar. Por tanto, se requieren otros apoyos de otras administraciones públicas para poder efectuar toda la tarea que tenemos que hacer en esta pandemia. En esto no podemos entrar. Primero porque son autónomas, están en su CCAA y esta verá en qué condiciones, cómo, por qué, por qué no y dónde atenderá.
¿Ha supuesto un problema la gestión con 17 CCAA, con la vista en el acuerdo de la Sectorial del que se han descolgado algunas?
Las normativas que han publicado y que hemos visto se acomodan al acuerdo perfectamente. Hay dos principios: el acuerdo no altera la legislación vigente. Esta queda como está, porque es una Ley orgánica y estas son competencia del Congreso de los Diputados. Lo que hace el acuerdo, por mor de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, es adaptar, con medidas de flexibilidad, la forma de evaluar a los alumnos. ¿Cómo? Atienda usted más a los cualitativo que a lo cuantitativo. Fíjese sobre todo si ese alumno ha sido capaz de superar los objetivos generales de la evaluación, o si es de FP, si ha desarrollado las destrezas, las competencias necesarias para pasar de curso. Estamos en la esencia, en los aprendizajes esenciales, competenciales, estamos casi más hablando de ámbitos que de materias específicas. Haga usted una evaluación cualitativa, especializada, del alumno. Pero la va a hacer usted con el resto de colegas en la junta de evaluación. Entre todos ustedes, que conocen perfectamente al alumno, el eqipo docente que trata a ese alumno, son capaces de saber de manera muy consciente y clara, si está preparado para pasar, promocionar, o si repetir le hace mayor beneficio a su proceso educativo.
La repetición ha de ser excepcional, dice la legislación.
Nosotros no somos partidarios de la repetición porque pensamos que no arregla. Arrastramos un sistema napoleónico en el sistema educativo español. De manera demasiado asidua recurre a la repetición. De facto tenemos tres veces más repetidores que los países de nuestro entorno. Y eso no significa falta de esfuerzo del alumnado, sino falta de esfuerzo del sistema. Lo que dice el acuerdo es eso: todas las normas que hemos ido viendo de las distintas CCAA recogen esa adaptabilidad, esa flexibilidad. Y las comunidades mantienen, en el estado de alarma, sus competencias autonómicas intactas, evidentemente. Ahora, no son las comunidades las que van a evaluar, son los equipos docentes. Por cierto, como siempre. Esos equipos docentes son los que tienen que determinar si el alumno promociona o si repite. Lo que decimos, habida cuenta de las circunstancias excepcionales que hay, que la regla general siempre es promocionar. Ahora subráyese con intensidad. Y la excepción es repetir. ¿Cuándo se repetirá? Cuando la junta de evaluación considere que es lo mejor para el alumno. Hay que trabajar con todos estos elementos, por eso es complejo, evidentemente. Pero no estamos en un Estado unitario, sino compuesto, y no tenemos más remedio que trabajar con todas las fichas.
Ha habido quienes han echado de menos más liderazgo del Ministerio. ¿Podría haberse tomado para sí las competencias de educación de las autonomías?
En absoluto. Estamos afrontando una crisis sanitaria, epidemiológica y lo que hace la declaración del estado de alarma es atribuir a Sanidad la autoridad, solo a Sanidad. Es el mando. Todos tenemos que subordinar y adecuar nuestra práctica al interés de salvar vidas.
En Educación las competencias están en las CCAA y, por ello, la forma en la que hemos operado ha sido a través del acuerdo. Porque el Ministerio no modifica las leyes orgánicas, lo hace el Congreso y para ese objetivo ya tenemos enunciada la LOMLOE. Una ley que, por cierto, acomoda todas aquellas cuestiones que ahora vemos necesarias: la digitalización, la enseñanza personalizada, un currículo mucho más competencial y menos enciclopédico, una formación del profesorado, también online para atender al alumnado desde que está en casa… Esto nos está dando, precisamente, de manera real, la evidencia de la necesidad de los cambios en clave de modernización. Necesitamos esos cambios. Una formación del profesorado mucho más intensa, un curriculo múcho más competencial… todos esos cambios están recogidos en la ley
Volviendo sobre el profesorado. En este tiempo, varias CCAA no están cubriendo las bajas docentes con interinos.
Ese es un asunto que quizá se está percibiendo ahora. Hemos estado trabajando en otras tareas como la identificación de aquellos alumnos que estaban sin recursos, cómo proveerles de programas en abierto como el de TVE, lo que significa aportar un repositorio de materiales que hemos podido hacer en un tiempo récord… Toda la práctica que ha venido haciendo el profesorado es ejemplar: en 24 horas cambiaron de una modalidad presencial a una modalidad a distancia. Están haciendo un trabajo inmenso, ingente.
Han empezado a aflorar situaciones en las que, estando profesores enfermos, no han sido sustituidos. De nuevo es una competencia de las CCAA, pero lo vamos a valorar. No nos han llegado más que algunas noticias, pero no conocemos, no hemos identificado, porque no nos corresponde a nosotros sino a las CCAA, la magnitud y cómo proceder a la sustitución. Evidentemente, un profesor que está trabajando a distancia y está enfermo, ha de ser sustituido.
El que vuelvan los alumnos a las aulas obligará a algunos docentes a estar atendiendo físicamente en el centro mientras han de sostener la actividad a distancia con sus otros grupos que permanecerán en sus casas. Esto dificulta aún más su situación…
Obviamente los centros educativos son autónomos, y en el ejercicio de su autonomía habrán de proveer esta casuística. No se trata de explotar a ningún profesor, se trata de abrir, de desconfinarnos en la escuela, también, en la medida de las posibilidades. Se trata de mejorar la presencialidad de un grupo de alumnos sin perjudicar la marcha de la salud. Eso es una combinación compleja, pero que hay que abordar.
Lo que no podemos hacer, por la salud de alumnos y docentes, es llenar el centro educativo. Tenemos que ir asumiendo grupos pequeños y valorando cuál es la repercusión que tiene la presencia de esos alumnos. Por eso hablamos de fases y no de fechas. Por mantener la métrica común, a pesar de la asimetría en los tiempos y en las zonas.
Si llenamos todos los centros, no podremos luchar contra la enfermedad. En este punto estamos protegiendo al profesorado y a los alumnos. Tratemos de ser sensatos e impedir que aquel profesor que está dando 2º de bachillerato tenga que dar tambén en otros cursos. Tratemos de hacerlo de una manera sensata.
Pero muchos enseñan en diferentes cursos que pueden ser 1º y 4º de la ESO. No sé si una posibilidad es que los centros decidan no reabrir esas aulas porque no tienen cómo hacer frente a una doble enseñanza…
Ya decimos que no es obligatorio. Esa posibilidad la tendrá que encauzar con su comunidad autónoma. Imaginemos zonas como la costa vasca, que conozco bien, que no ha tenido casos. Ahí las escuelas podrán abrir. Zonas rurales de alta montaña, podrán abrir probablemente en su totalidad y los docentes podrán ir a la escuela e ir observando las distancias porque la escuela tiene pocos alumnos.
No se va a hacer nada que sea imposible. Yo, si fuera un director de un centro, no trataría a nadie injustamente. No le obligaría a hacer cosas que no son adecuadas. Por lo tanto, el profesorado será tratado con justicia en esta última etapa que, por cierto, no será superior a dos semanas y media. Esperemos que todo el mundo pueda encajar de una manera razonable. El que está trabajando en primaria seguirá como hasta ahora. El que trabaja en 1º y 2º de bachiller puede o no ser recibido en el centro, tendrá que adecuarse, en su horario, a las circunstancias. No estamos ahora programando para un curso, estamos tratando de desconfinar, de abordar una entrada en el centro educativo que sea razonable, evaluable, que traiga más bienestar que malestar y que, sobre todo, salvaguarde la salud de profesores como de alumnos.
Me gustaría hacer un ejercicio de ciencia ficción sobre septiembre. Con estos mimbres que tenemos ahora, ¿cree que será posible una vuelta normal en septiembre? ¿que todos los niños y niñas vuelvan a las aulas?
Si no tenemos vacuna o remedio, no a la vez. Estamos en un momento en el que todo puede hacerse pero no todo a la vez. Estamos pensando en un modelo educativo combinado, entre lo presencial y lo a distancia. De tal manera que los espacios de los centros tengan una cobertura de aproximadamente el 50%. Eso significa una organización muy específica del centro para saber cómo alternar: si alterna por semanas, por días… de tal manera que unos alumnos sean atendidos presencialmente y otros a distancia. Pero hay que salvaguardar las distancias y la protección hasta que tengamos la vacuna o remedio.
¿Hay posibilidad de revisar las ratios?
De facto, tal y como vamos a abordar esta fase, va a ser un cambio de ratios. Va a significar materialmente una atención del grupo de alumnos diferente. Si tuviéramos aulas como esta (el salón Goya es el lugar que habitualmente se utiliza para las Conferencias Sectoriales) aquí pueden estar perfectamente grupos mayores, más separados, pero en vez de atendidos por un profesional, por dos. Este es otro de los cambios sobre los que nosotros reflexionamos. No para atender a la pandemia sino para una enseñanza personalizada que gravita sobre nuestra ley; una enseñanza personalizada en la que dos profesionales están atendiendo a un grupo mayor y deteniéndose con quien va más rápido y con quien va más lento. Que trabaja con elementos telemáticos, digitales, en que se puede establecer un trabajo por proyectos, un trabajo en ámbitos, más que en materias… eso requiere fórmulas diferentes, a nivel espacial, apertura de puertas entre aulas… todo esto forma parte de la reflexión de la nueva ley.
Pensando en esta sala y en las aulas de un centro, habría que hacer un esfuerzo ingente también en infraestructura…
Hay que hacer un esfuerzo en infraestructura. Que lo tenemos en la cabeza, pero son las CCAA las que tienen los recursos. Esto también lo vamos a orientar; el que quiera que lo recoja, pero obviamente nuestras aulas, nuestros centros (por cierto, como en el resto de Europa) responden a estructuras un poco anticuadas. Hay que abrir espacios, que se abran puertas, que para determinadas agrupaciones para ciertos ámbitos de trabajo se trabaje con más alumnos y más profesionales a la vez. Esto requiere, también, un trabajo importante sobre ese profesorado que ha venido trabajando en el sistema de manera muy individualizada y que queremos que trabaje de manera más colegiada. Con colegas que dan las mismas materias o distintas, y abordando proyectos multidisciplinares. Eso ya lo están haciendo, esto no es utopía. Hay centros educativos, muchos, que lo están haciendo. Se trata de impulsar esas buenas prácticas y que se trabaje en red e impulsar que eso, que ha podido ser una buena práctia en un determinado momento, vaya instalándose. Ese es el futuro de la educación. El futuro de la educación no es establecerlo todo por materias que van alineandose y que caen en cascada en el horario. Tenemos que buscar distintas fórmulas que nos permitan maximizar los resultados. Y eso supone un trabajo colegiado de los docentes. Tenemos muchas confianza en los profesionales. Los hay magníficos en el sistema que están haciendo una práctica extraordinaria que merece la pena iluminar; establecerla en red para que se estandarice.
Volviendo al mes de septiembre. Se ha hablado de retomar los PROA de la LOE. No sé si se ha pensado durante cuánto tiempo y si se ha pensado en la misma fórmula de financiación: al 50% con las CCAA.
No hemos pensado en la fórmula de financiación porque estará en función de los recursos que tengamos cada uno. Como sabe no tenemos presupuesto todavía. Evidentemente, vamos a intensificar de manera muy significativa el programa, que durará, muy probablemente, casi todo el curso por no decir todo porque los alumnos que han vivido este 19-20 tan excepcional entrarán al 20-21 con un diagnóstico realizado precisamente ahora. Que tendrá valor diagnóstico y formativo, como dice el acuerdo. Todos ellos van a necesitar un refuerzo en sus conocimientos; es muy importante que este gravite sobre todo el curso, no solo en las materias como Lengua o Matemáticas, que necesiten de un refuerzo para abordar el currículo del próximo curso, sino en otras que pueden tener mucho interés y que no han podido ser profundizadas. Por eso, para nosotros el PROA es muy importante y tiene que entrar con fuerza el próximo curso. Lo tenemos dialogado con las CCAA de manera general, no específica, pero haremos otra Conferencia para poderlo asentar.
Quería preguntarle por la tramitación de la ley. Estos días ha habido críticas por parte de la concertada, también de los centros de educación especial.
Es una ley suficientemente conocida. Entró en el Consejo de Ministros a primeros del 19, todas las conversaciones estaban hechas. Se suspendió su tramitación por las elecciones generales, vuelve a ser aprobada por el Consejo de Ministros, vuelve al Congreso exactamente el mismo proyecto que era conocido. Habíamos hablado con todos los sectores, también con la concertada. Pero hemos venido hablando con todos, con la concertada, con la pública, sindicatos… ¿que se necesita más conversación?, habrá más durante el periodo de tramitación. Ahora bien, una vez que el Gobierno ha residenciado ya el proyecto de ley en el congreso, los plazos los pone el congreso, es su proyecto de ley.
Pensamos que va a haber tiempo para tramitar y trabajar las enmiendas parciales, que es donde estamos. Pero nadie ha tenido un obstáculo, ni una falta de tiempo para presentar sus enmiendas totales tal como ha hecho el PP, C’s y Vox y nadie ha dicho nada. Han sido los propios parlamentarios los que han pedido que se reinicien los plazos generales del Congreso. Los diputados tienen que trabajar, que los plazos se tienen que reiniciar… por lo tanto este proyecto de ley que ya estaba depositado y cuyo plazo de enmiendas había sido detenido, se reinicia y sigue su tramitación.
Precisamente el trámite de enmiendas se ha vuelvo a retrasar unos días (hasta el día 6)…
Y si hace falta un poco más, también se aceptará, entiendo. Eso lo decidirán los grupos.
¿Qué ha pasado con la disposición adicional cuarta? Tan contestada por los centros de educación especial…
Pues no sabemos lo que ha pasado exactamente. Era suficientemente conocida, y además suficientemente argumentada. Hemos estado con todos los grupos: con las familias, con los grupos de inclusión… no se van a cerrar los centros de educación especial. Que no se cierren estos no significa que no podamos avanzar en la dotación de recursos a los centros ordinarios para que también puedan tratar, como están haciendo, pero con mayores recursos y de más calidad, a los niños y niñas con algún tipo de calidad. Lo mismo que hay petición para que los centros de educación especial se mantengan, hay una legítima petición para que esos centros puedan tratar a la diversidad. Que todos los centros ordinarios puedan tratar la diversidad. La de quienes van más lento, más rápido… todas las personas son distintas. Eso es lo que ha pasado, pero se ha convertido, por lo que nos llega por las redes, en una gran bola.
La disposición, efectivamente, no habla del cierre de centros, pero el aumento de la inclusión en la ordinaria, puede leerse como un cierre encubierto…
No es un cierre encubierto. Concretamente, la disposición adicional cuarta dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios se dotarán de recursos. Los centros de educación especial tienen un conocimiento experto acumulado muy, muy importante para el sistema. Además, la ley incorpora algo que no tenía la ley Wert en 2013 ni antes ninguna ley: es el hecho de que los padres, junto con los profesionales, atendiendo al interés superior del menor, puedan invtervenir para dirigir a los alumnos a unos centros u otros. Esta cuestión de la participación de los padres y madres no existía en la legislación anterior. Seamos razonables, la escuela ordinaria tiene que ser inclusiva; esto es una directriz y una ordenación que viene de Naciones Unidas. La escuela ha de ser inclusiva. Al mismo tiempo, los centros de educación especial tienen sentido. No los vamos a cerrar, tienen conocimiento experto. Y tienen alumnos. Que nadie tenga preocupación.
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lunes, 4 de mayo de 2020
Díaz Ayuso pide la vuelta a clase de los alumnos, al menos, 15 días antes de terminar el curso (Comunidad de Madrid. 3-5-2020)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido hoy al Gobierno central que reconsidere la vuelta a clase en todas las etapas, al menos, 15 días antes de que termine el curso escolar. “Tenemos que intentar que los alumnos vuelvan a clase antes de terminar el curso, siendo flexibles y sensibles con la situación de la tercera evaluación”, ha indicado la presidenta madrileña, poniendo especial hincapié en la necesidad de abordar este asunto para los alumnos más mayores, de ESO y Bachillerato.
03 mayo 2020
En la octava videoconferencia de presidentes que se ha celebrado hoy, Díaz Ayuso ha solicitado, además, que el regreso a las aulas de los estudiantes de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato sea obligatoria y no voluntaria, tal y como está establecido actualmente. De hecho, si esto fuera así, los profesores podrían aprovechar que estos alumnos acuden a clase para poder examinarles de manera presencial.
Asimismo, ha advertido de que, tal y como está planteada la desescalada, “más de 45.000 estudiantes de la región se van a quedar sin examinar porque no se ha decretado qué hacer con ellos”. La presidenta se ha referido así a los alumnos que necesitan examinarse en términos similares a los de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) y que no están contemplados en la Fase 2. Son los mayores de edad que se examinan por libre de la ESO o el Bachillerato, los estudiantes que quieren ingresar en la FP de grado medio o superior y los que quieren acceder a las enseñanzas artísticas o deportivas.
03 mayo 2020
En la octava videoconferencia de presidentes que se ha celebrado hoy, Díaz Ayuso ha solicitado, además, que el regreso a las aulas de los estudiantes de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato sea obligatoria y no voluntaria, tal y como está establecido actualmente. De hecho, si esto fuera así, los profesores podrían aprovechar que estos alumnos acuden a clase para poder examinarles de manera presencial.
Asimismo, ha advertido de que, tal y como está planteada la desescalada, “más de 45.000 estudiantes de la región se van a quedar sin examinar porque no se ha decretado qué hacer con ellos”. La presidenta se ha referido así a los alumnos que necesitan examinarse en términos similares a los de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) y que no están contemplados en la Fase 2. Son los mayores de edad que se examinan por libre de la ESO o el Bachillerato, los estudiantes que quieren ingresar en la FP de grado medio o superior y los que quieren acceder a las enseñanzas artísticas o deportivas.
Fuente: www.comunidad.madrid
lunes, 27 de abril de 2020
La FP ve imposible dar clases prácticas a distancia: "No se puede aprender a conducir sin tocar el volante" (Pau Rodríguez para eldiario.es)
Artículo de Pau Rodríguez para eldiario.es
El sistema educativo en España se ha aferrado a las clases a distancia para no dar el curso por perdido. En Primaria y Secundaria, los profesores hacen propuestas didácticas a sus alumnos a la espera de cerrar un curso en el que, salvo excepciones, nadie va a repetir; en la universidad, el debate se centra sobre todo en los modelos de evaluación a distancia. Pero, ¿y la Formación Profesional? Su naturaleza más práctica hace casi imposible buena parte de la docencia en estos momentos, lo que aumenta la inquietud entre alumnos y profesores. El Ministerio de Educación ha suspendido las prácticas en empresas, que se sustituirán por un proyecto sin que cuente para la nota final, pero el resto queda en manos de las comunidades autónomas.
Miguel Otero es uno de los 838.764 estudiantes españoles de Formación Profesional. En su caso cursa un Grado Medio en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas en A Illa de Arousa, en Galicia. "Un tercio del contenido que damos a la semana son horas de estar en el agua... No hay mucha alternativa", se lamenta. Desde que se suspendieron las clases, el pasado 13 de marzo, desconoce cómo se les va a evaluar si no pueden volver al instituto y enfundarse de nuevo el neopreno. "Hay profesores que a título personal nos han mandado trabajos, pero de una asignatura no hemos tenido noticia", comenta este joven.
Casi todos los grados de Formación Profesional tienen un elevado componente presencial. La docencia se imparte en clases, pero también en cocinas, obradores y talleres de todo tipo. Como el de Enric Farré, profesor de Mecanización y Mantenimiento de Maquinaria en el instituto Alfons Costafreda de Tàrrega (Lleida). "Yo me dedico a aplicar la teoría en el taller con los alumnos, no tiene más. Usamos tornos, fresadoras, cizallas, soldadura... Ahora les busco vídeos de Youtube para que vayan fabricando piezas, pero para nada es lo mismo", sostiene.
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26/04/2020
El sistema educativo en España se ha aferrado a las clases a distancia para no dar el curso por perdido. En Primaria y Secundaria, los profesores hacen propuestas didácticas a sus alumnos a la espera de cerrar un curso en el que, salvo excepciones, nadie va a repetir; en la universidad, el debate se centra sobre todo en los modelos de evaluación a distancia. Pero, ¿y la Formación Profesional? Su naturaleza más práctica hace casi imposible buena parte de la docencia en estos momentos, lo que aumenta la inquietud entre alumnos y profesores. El Ministerio de Educación ha suspendido las prácticas en empresas, que se sustituirán por un proyecto sin que cuente para la nota final, pero el resto queda en manos de las comunidades autónomas.
Miguel Otero es uno de los 838.764 estudiantes españoles de Formación Profesional. En su caso cursa un Grado Medio en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas en A Illa de Arousa, en Galicia. "Un tercio del contenido que damos a la semana son horas de estar en el agua... No hay mucha alternativa", se lamenta. Desde que se suspendieron las clases, el pasado 13 de marzo, desconoce cómo se les va a evaluar si no pueden volver al instituto y enfundarse de nuevo el neopreno. "Hay profesores que a título personal nos han mandado trabajos, pero de una asignatura no hemos tenido noticia", comenta este joven.
Casi todos los grados de Formación Profesional tienen un elevado componente presencial. La docencia se imparte en clases, pero también en cocinas, obradores y talleres de todo tipo. Como el de Enric Farré, profesor de Mecanización y Mantenimiento de Maquinaria en el instituto Alfons Costafreda de Tàrrega (Lleida). "Yo me dedico a aplicar la teoría en el taller con los alumnos, no tiene más. Usamos tornos, fresadoras, cizallas, soldadura... Ahora les busco vídeos de Youtube para que vayan fabricando piezas, pero para nada es lo mismo", sostiene.
Proyectos en lugar de prácticas de empresa
Los estudios de FP constan de unas 2.000 horas de clase, entre primero y segundo, de las cuales entre 300 y 400 son prácticas de empresa. La llamada Formación en Centros de Trabajo (FCT) se lleva a cabo casi siempre en el tercer trimestre del último curso, es decir, ahora. En un decreto para flexibilizar las enseñanzas y facilitar así la titulación de los estudiantes pese a la epidemia, el Ministerio permite sustituir la estancia en las empresas por "una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral".
La evaluación del módulo correspondiente a esta parte de la formación, establece el texto, no requiere la participación del tutor de la empresa ni se tendrá en cuenta para calcular la nota media del expediente académico. Solamente se recogerá como apto o no apto. De esta forma, si no se pueden retomar finalmente las clases, el alumnado de segundo de FP podrá obtener el título igualmente.
Esta alternativa genera sin embargo algunas dudas entre el profesorado, que considera que las prácticas en centros de trabajo son indispensables sobre todo para aquellos alumnos que quieren saltar directamente al mundo laboral (no tanto para los que quieren seguir estudiando). "Entendemos la situación y no nos parece mal el proyecto compensatorio, pero esto no debe impedir que los estudiantes que quieran puedan realizar las prácticas en el futuro", expone José Reina, presidente de la Asociación de Profesores de Formación Profesional.
Este docente plantea que, aunque se le apruebe en junio, el alumnado que lo desee debe tener la oportunidad de realizar las prácticas en septiembre, con todas las garantías legales y de seguridad. En buena medida también porque en la FP se adquieren competencias profesionales concretas y reconocidas administrativamente sin las cuales puede ser complicado desempeñar según qué tareas. "Es como aprender a conducir solo con teoría, sin tocar el volante no se puede", resume David Vallverdú, profesor de Instalaciones Eléctricas y Sistemas Automáticos en un instituto de Valls (Tarragona).
Los estudios de FP constan de unas 2.000 horas de clase, entre primero y segundo, de las cuales entre 300 y 400 son prácticas de empresa. La llamada Formación en Centros de Trabajo (FCT) se lleva a cabo casi siempre en el tercer trimestre del último curso, es decir, ahora. En un decreto para flexibilizar las enseñanzas y facilitar así la titulación de los estudiantes pese a la epidemia, el Ministerio permite sustituir la estancia en las empresas por "una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral".
La evaluación del módulo correspondiente a esta parte de la formación, establece el texto, no requiere la participación del tutor de la empresa ni se tendrá en cuenta para calcular la nota media del expediente académico. Solamente se recogerá como apto o no apto. De esta forma, si no se pueden retomar finalmente las clases, el alumnado de segundo de FP podrá obtener el título igualmente.
Esta alternativa genera sin embargo algunas dudas entre el profesorado, que considera que las prácticas en centros de trabajo son indispensables sobre todo para aquellos alumnos que quieren saltar directamente al mundo laboral (no tanto para los que quieren seguir estudiando). "Entendemos la situación y no nos parece mal el proyecto compensatorio, pero esto no debe impedir que los estudiantes que quieran puedan realizar las prácticas en el futuro", expone José Reina, presidente de la Asociación de Profesores de Formación Profesional.
Este docente plantea que, aunque se le apruebe en junio, el alumnado que lo desee debe tener la oportunidad de realizar las prácticas en septiembre, con todas las garantías legales y de seguridad. En buena medida también porque en la FP se adquieren competencias profesionales concretas y reconocidas administrativamente sin las cuales puede ser complicado desempeñar según qué tareas. "Es como aprender a conducir solo con teoría, sin tocar el volante no se puede", resume David Vallverdú, profesor de Instalaciones Eléctricas y Sistemas Automáticos en un instituto de Valls (Tarragona).
¿Si no hay clases en julio... en septiembre?
Con la puerta cerrada a alargar el curso a julio, en principio también para los estudios de FP, las comunidades autónomas se plantean cómo solucionar también la situación de aquellos estudiantes que deben pasar de primero a segundo sin haber aprendido todo lo necesario este trimestre.
Un ejemplo muy evidente es el de Miguel, que está ahora en primero, y que cuenta cómo todas las inmersiones subacuáticas que se va a perder estas semanas le van a suponer un problema. "En segundo ya se trabajan soldaduras debajo del agua y reflotamientos, y deberíamos llegar a ello con unas tablas que no tendremos", se lamenta este joven, indignado porque nadie se haya planteado alargar las clases en verano como medida excepcional este año. "Nos negamos a asumir que ser la promoción del coronavirus implique ser la más inepta que ha salido del centro", protesta.
En Catalunya, el Departamento de Educación ha enviado una instrucción sobre evaluaciones en la que asume que habrá una parte de aprendizajes de FP que no se podrán lograr este trimestre. Estos contenidos, resume el documento, "tendrán que tenerse en consideración en la planificación del curso siguiente". "El equipo docente podrá incorporarlos, si es necesario, en los módulos profesionales del siguiente curso", incide el texto firmado por el conseller Josep Bargalló.
Con la puerta cerrada a alargar el curso a julio, en principio también para los estudios de FP, las comunidades autónomas se plantean cómo solucionar también la situación de aquellos estudiantes que deben pasar de primero a segundo sin haber aprendido todo lo necesario este trimestre.
Un ejemplo muy evidente es el de Miguel, que está ahora en primero, y que cuenta cómo todas las inmersiones subacuáticas que se va a perder estas semanas le van a suponer un problema. "En segundo ya se trabajan soldaduras debajo del agua y reflotamientos, y deberíamos llegar a ello con unas tablas que no tendremos", se lamenta este joven, indignado porque nadie se haya planteado alargar las clases en verano como medida excepcional este año. "Nos negamos a asumir que ser la promoción del coronavirus implique ser la más inepta que ha salido del centro", protesta.
En Catalunya, el Departamento de Educación ha enviado una instrucción sobre evaluaciones en la que asume que habrá una parte de aprendizajes de FP que no se podrán lograr este trimestre. Estos contenidos, resume el documento, "tendrán que tenerse en consideración en la planificación del curso siguiente". "El equipo docente podrá incorporarlos, si es necesario, en los módulos profesionales del siguiente curso", incide el texto firmado por el conseller Josep Bargalló.
La FP Dual, congelada en la práctica
Si la FP ya suelen ser muy práctica, todavía lo son más los estudios que se llevan a cabo en la modalidad Dual, lo que significa que los estudiantes alternan toda la formación entre el instituto y una empresa. En estos casos, el Ministerio permite a las administraciones autonómicas extinguir los convenios y "realizar los cambios oportunos" en matrículas y evaluaciones, sin dar más detalle.
En Catalunya, una de las comunidades con más presencia de este tipo de formación junto con el País Vasco, se ha ordenado que las juntas de evaluación de los centros puedan reducir las horas de estada en la empresa hasta un mínimo de 660, que supone un tercio de las habituales. Para los que vayan a acabar el curso con incluso menos horas realizadas, Educación plantea que se puedan convalidar por las prácticas de una FP ordinaria y pasarse a esta modalidad.
Si la FP ya suelen ser muy práctica, todavía lo son más los estudios que se llevan a cabo en la modalidad Dual, lo que significa que los estudiantes alternan toda la formación entre el instituto y una empresa. En estos casos, el Ministerio permite a las administraciones autonómicas extinguir los convenios y "realizar los cambios oportunos" en matrículas y evaluaciones, sin dar más detalle.
En Catalunya, una de las comunidades con más presencia de este tipo de formación junto con el País Vasco, se ha ordenado que las juntas de evaluación de los centros puedan reducir las horas de estada en la empresa hasta un mínimo de 660, que supone un tercio de las habituales. Para los que vayan a acabar el curso con incluso menos horas realizadas, Educación plantea que se puedan convalidar por las prácticas de una FP ordinaria y pasarse a esta modalidad.
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