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viernes, 22 de abril de 2022

Las mascarillas y sus vergüenzas (Manuel Menor)

Publicamos el nuevo artículo de Manuel Menor:


Dejar o no dejar las mascarillas, no impide que haya individuos con mucha cara en cuanto al interés de todos; les mola más satisfacer el suyo. 


Después de dos largos años, la casi normalidad vuelve a la vida cotidiana a través de uno de sus símbolos; decae el uso de la mascarillas en gran parte de la vida relacional y, de paso, surgen nuevas situaciones. La de los críos y adolescentes que en este tiempo han tenido que ir a la escuela o colegio tocados con este sistema protector tendrán especial significado; no faltarán los que se sientan desprotegidos ante el aspecto que causen a los demás. No faltarán tampoco, sobre todo entre personas mayores, quienes se sientan acobardados y reticentes, con miedo a un trato más fluido que el de este tiempo pasado. Peor llevaremos todos el recuerdo de cuantas personas cercanas se han ido; sin ellas, toda renovación de la normalidad anterior a la pandemia no será lo mismo.


La corte de los milagros


En el plano político, también quedan huellas de cuanto ha sido el tránsito por estos dos largos años. Llaman la atención, por ejemplo, algunos de los gestos de índole supuestamente emprendedora que las urgencias de los momentos iniciales de pandemia trajeron consigo, con efectos favorables para el bolsillo de unos cuantos mediadores de contratos suculentos; las mascarillas han tenido beneficiarios extraños, capaces de burlar los controles básicos que un sistema democrático tiene establecidos para que el dinero de todos no se desperdicie entre listos de turno. Los varios casos que se ventilan en este momento en las instancias judiciales, con todo tipo de excusas por parte de los implicados, cuñados y parientes, y con total mosqueo por parte de los paganos, están a la espera de que se aclaren embrollos oportunistas. Es probable que, ni siquiera si logran solucionarse, mejore mucho la confianza ciudadana en los gestores de los recursos públicos.


Y esta es la otra de las cuestiones importantes que nos dejan tras sí las mascarillas, que la reducción de los impuestos, justo cuando estamos a vueltas con la declaración del IRPF, se ha vuelto a convertir en asunto principal de propaganda política. La idea de que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos no deja de ser un sofisma más en medio de la confusión, por ver si alguien pica y vota a favor de quienes sostienen la propuesta; con antecedentes como los de muchos capítulos de gestión reciente, los propagadores de esta idea debieran añadir que mucho mejor si el resultado de lo que se recaude va a parar a los bolsillos de algunos amigos poco escrupulosos. Sin un debate solvente, sereno y a fondo sobre cuanto implica el pago de impuestos en mayor o menor cuantía, en qué capítulos, por parte de quienes y con qué diferencias de tramos de rentas, es un falso debate, destinado únicamente a la ambigüedad publicitaria de erigirse en salvadores de no se sabe quién ni a costa de quiénes. Sin importar que satisfaga a la gran mayoría, esta cuestión acabará donde solía decir el refranero: reunión de pastores, oveja muerta, y que pague la cuenta algún innominado  miembro del rebaño. 


El asunto de la disminución de impuestos, lanzado al vuelo, sin referencia a qué tipo de país se quiere tener, con qué dotaciones de redistribución de rentas y, por tanto, con qué calidad de servicios para todos sus ciudadanos, es banal. Quienes reclaman como método político bajar impuestos, debieran aclarar antes de nada a cuenta de qué redistribución irá el descuento. No sea que lo que quieren realmente es desproteger a la mayoría de gente que la necesita para salir adelante, mientras se pretenden aumentar las posibilidades de negocio privadas, no en sectores exclusivos de Premium, sino en los estratégicos como Educación, Sanidad,  Servicios a la Tercera Edad y Dependientes, amén de otros servicios públicos. Los ejemplos que nos ponen delante, de negocios que en estos campos concretos han crecido a expensas de la disminución de recursos a las redes públicas, son muy claros en algunas Comunidades que se erigen a sí mismas como modelo de gestión. El caso de Madrid es especialmente significativo por publicitarse descaradamente sus bondades, como si fuera la punta de lanza de un neoliberalismo costumbrista, sin contradicción interna alguna.


Como tantas veces se ha dicho, es raro que tratándose de la Comunidad con PIB más alto de España, se esté convirtiendo en campeona de las privatizaciones y, simultáneamente, en la número uno en cuanto a minoración de recursos per cápita en los sectores eminentemente sociales. Debe ser, al mismo tiempo, la campeona en protestas de sus propios funcionarios y trabajadores, estresados de las ratios que les tocan de atención a los ciudadanos por la disminución de medios y plazas de profesionales. En fin, lo es sin duda, a lo que se ve en la prensa casi a diario, en chapuzas de gestión, por ejemplo con las mascarillas, por no mencionar otros aspectos ya clásicos desde 2003 y aquel famoso “tamayazo”, el gran hito modélico de hacer alta política. De este modo, en Madrid, revive, desde antes de mayo de 2021, la isabelina corte de los milagros, en la que ningún consejero cortesano ha visto pobres.


Ubicuidad escalológica


Por su parte, el milagro de la ubicuidad  no es el fuerte del nuevo líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, pero sí su habilidad para posicionarse de perfil para que no se sepa bien si sube o baja la escalera de lo que sea, ni su implícita zorrería política; en el pueblo donde nació, para casi todo hay que subir y subir para luego bajar, y es un incordio decir constantemente qué está haciendo. Con su agenda de Génova en la mano, acaba de justificar su inasistencia a la toma de posesión de Mañueco al frente de un Gobierno complejo; todo sea por no facilitar la foto de colaboracionista con los partidarios de reducir el Estado a los tiempos anteriores al Paleolítico Superior (desde donde dicen que arranca la Historia de España). Pronto veremos en danza al nuevo Gobierno Castellano-Leonés y podremos apreciar en directo el trato que dan al futuro del Estado de Bienestar que se haya logrado en esa tierra, una vez que Feijóo está publicitando planes para reducir impuestos a su modo. En Andalucía a su vez, ya invocan a los arúspices para ver el momento más oportuno para las siguientes elecciones, no sea que deban hacerlo peor que en la vieja Castilla. 


Mientras nos aclaramos algo más con estas ladinas propuestas de impuestos en unos u otros sitios, y si se quedan en favorecer más a quienes ya tienen el favor para evadirlos, iremos viendo en qué sigue quedando esta democracia nuestra, siempre más formalista que acorde en orientar los ingredientes básicos del supuesto pacto social. Las mascarillas, independientemente de lo que hagamos con ellas, si abandonarlas del todo o seguir siendo precavidamente “responsables”, nos seguirán a donde vayamos; sin ellas, las distancias se acortan y quedamos ante el ojo de los demás con nuestros egoísmos particulares saltando a la vista de todos. Queramos o no, si institucionalmente no lo remediamos, seguirá primando lo que, a modo de utilitaria conclusión de su Diario del año de la peste, dejó declarado en 1722 el yo narrador de Daniel Defoe: “Terrible peste asoló Londres…, cien mil almas se llevó, ¡Pero yo sobrevivo!”.


MMC (Madrid, 20.04.2022)




miércoles, 6 de abril de 2022

El futuro está en el presente (Manuel Menor)

Publicamos este nuevo artículo de nuestro compañero Manuel Menor:


La complicada situación que tenemos no propicia torcer la flecha del tiempo sin modificar supuestas seguridades del pasado. 

En el discurso del Nobel de 1956, Albert Camus invocó la necesidad de “impedir que el mundo se deshaga”. El mundo estaba en plena “Guerra fría” y, en España, en los inicios de un leve despegue del racionamiento y la autarquía que siguieron a una dura guerra in-civil. Lo que el argelino de ascendencia española reclamaba era consistencia ética y moral ante lo que estaba aconteciendo; no era legítimo que diera igual cualquier actitud si la honestidad, la justicia y los derechos humanos andaban por medio. No era cuestión de ser bondadosos a capricho.

 

El futuro

Han pasado sesenta y seis años, y las actitudes con que nos topamos a diario en los noticiarios no desmerecen de la sensación de desmoronamiento en que parecía andar el mundo y el ecosistema. Una guerra de cuyas noticias tenemos imágenes casi en tiempo real, una realidad económica en situación difícil y hasta unas noticias meteorológicas tan cambiantes como inusuales contagian una sensación de creciente cansancio. La palabra más repetida en el Congreso de Diputados, en la interpelación al Gobierno de este día seis de abril, es sobre “el futuro”. Cuando nadie tiene las claves en que se movían las pitonisas de Delfos,. Es inquietante, parece poco claro y genera desconfianza.

Los más gritones se aferran es ver si –justo en este momento en que empiezan las fechas de declaración de la renta- se bajan los impuestos. Volvemos, por tanto, a donde siempre; si el de la propiedad privada es un derecho absoluto o si, para afrontar los problemas, tiene alguna obligación. La limitación que imponen unos u otros tributos al fisco común es lo que de verdad les inquieta. Volvemos, por tanto, a una cuestión que ya en la Baja Edad Media había encontrado solución teórica, pero que todavía en los años 90 del siglo XIX no había alcanzado una solución práctica para eliminar una de las causas principales de la pobreza: la sacralización que había adquirido la propiedad por encima de otros derechos. A partir del momento en que las leyes e instituciones sociales empezaron a entrar en la escena a comienzos del siglo XX, quedó en manos de las políticas económicas de los gobiernos el satisfacer más o menos las necesidades perentorias de todos. También quedó en manos de la oposición a los que propugnan ampliar la economía social el que, en sus alternancias de gobierno -y desde los medios de difusión de sus mensajes-, disminuya el papel distributivo del Estado y, sobre todo, a quiénes vaya a parar sin privilegios la distribución. 

Entre ser un Estado mínimo, con menos impuestos, y ser un Estado con suficiente apertura al bienestar de toda la ciudadanía, se juega prácticamente toda la política actual. En esas estamos, y de manera no fácil en este momento. Y como siempre, no es solo una cuestión económica, sino también una cuestión de ética colectiva y, por tanto, una manera u otra de entender el pacto social y político que subyace en el sistema democrático. El predominio de una u otra tendencia aparece más decidido cuando la ciudadanía se pronuncia en las urnas; antes, en el tiempo anterior, el mensaje que las formaciones políticas procuran que tenga audiencia es el que, implícito en la teoría de juegos, combina niveles de satisfacción propio con formas concretas de dirimir la cuestión en nombre de una supuesta libertad y bienestar común pero que toma como criterio fundamental el interés individual.

En ese juego andamos, cuando hablamos de futuro. La gran cuestión en Educación no es el currículum, que también, pero en segundo plano, sino la gran división que esconde la doble red privada y pública. Tras ella

En ese juego andamos, cuando hablamos de futuro. El mundo educativo, la gran división que esconde la doble red privada y pública, refleja ampliamente esta doble concepción de la propiedad, del Estado y de las actitudes personales y grupales ante el bien común. Cuantos sigan con algún detalle las evoluciones de las políticas de sanidad, educación y servicios sociales de su comunidad autónoma, podrán ver qué actitudes éticas están propugnando y a qué tipo de ciudadanía preferente tienen en  cuenta cuando deciden. 


Leyes maestras

Por diversas razones, la Comunidad de Madrid es emblema o supuesto modelo de lo que el ámbito conservador propugna para que el mundo “no se deshaga”. No le parece importar, por ejemplo, invertir poco en la Pública –pese a disponer de más recursos que otras comunidades- y erosionarla cada año que pasa con sucesivos recortes y creciente abandono. Las quejas de los colectivos implicados, Ampas, asociaciones vecinales, sindicatos y diversas plataformas reivindicativas, no cesan de denunciar falta de centros e infraestructuras y mantenimiento de las mismas, obras que se eternizan, existencia de “aulas modulares” o barracones para suplir las inexistentes y, además de falta de plazas en los barrios, deficiencia de recursos para atender alumnos con diversos grados de necesidades educativas. 

La bajada de ratios es una demanda larga, y la inexistencia de plazas en Educación infantil de 0 a 6 años, acelerada este año con decisiones que afectan a un conjunto de escuelas públicas que habían sido pioneras en el respeto al desarrollo integral de los más pequeños, es otra línea de actuación que merma el papel de la red pública. Y lo es, además, que la Formación Profesional , los equipos de orientación, las escuelas de idiomas, tampoco tengan las dotaciones necesarias para atender con calidad las demandas que tienen de la parte de la ciudadanía que no tiene recursos para pagar una plaza en la red privada. Si adicionalmente se limitan plazas en determinados centros que podrían atender esas necesidades, mientras en paralelo se abren en otros de iniciativa privada próximos, la orientación decidida de una Consejería de Educación como la de Madrid hacia la privatización explícita o encubierta de un derecho fundamental está clara. 

No hace falta que lo especifique en una ley como la llamada “ley maestra de elección educativa”, que no logrará una calidad mayor, sino que excluirá de educación a quienes más la necesitan, mientras sus grandes beneficiados son los grupos y asociaciones privadas. Entender la “libertad educativa” de este modo no es sino volver a la etapa anterior a los años noventa del siglo XIX, en que el poder estudiar –no simplemente ir a la escuela- estaba reservado a quienes podían ir a un “colegio de pago”; y la gran mayoría de los concertados lo son, aunque se revistan de “función social”. Es decir, que quien tiene mal “el futuro” son las clases populares, a las que se excluye de manera legal de que sus hijos estén en igualdad de condiciones que los demás para que sus vidas estén humanizadas y también 06.04merezcan la pena.


MMC (06.04.2022)

sábado, 17 de abril de 2021

Los 30 millones de ahorro fiscal que Ayuso promete al 0,16% de madrileños pagarían a 500 médicos, 750 enfermeros u 800 profesores (Fátima Caballero para eldiario.es)

 Artículo de Fátima Caballero para eldiario.es

  • La Comunidad de Madrid es la segunda que menos invierte en Sanidad, está a la cola de profesores por alumno pero basa su campaña en prometer nuevas rebajas de impuestos. Este viernes anunció nuevos recortes al de donaciones y sucesiones para beneficiar a 11.000 de los 6,8 millones de madrileños
16-4-2021

La rebaja fiscal que Isabel Díaz Ayuso ha prometido este viernes para el 0,16% de la sociedad madrileña más privilegiada tendrá un coste de 30 millones de euros al año para las arcas de la Comunidad de Madrid, un dinero que la administración regional dejará de recaudar. Puede parecer una partida insignificante entre los 20.000 millones de euros anuales que maneja el Gobierno regional. Pero la cuantía que la candidata del PP pretende rebajar en el ya muy mermado impuesto a las herencias en Madrid daría para acometer mejoras largamente demandadas en los servicios públicos, como demandan los colectivos sanitarios o el personal de Educación, dos de las áreas que más sufrieron en la región con los recortes sociales en la anterior crisis económica.

Ayuso aseguraba este viernes que ampliará las bonificaciones entre tíos y sobrinos y entre hermanos en el impuesto de donaciones y sucesiones. Ese impuesto, que el Estado cedió a las comunidades autónomas, ya es prácticamente 0 entre padres e hijos y entre cónyuges en la Comunidad de Madrid, donde los sucesivos gobiernos del PP han aprobado bonificaciones del 99%. La propuesta de Ayuso consiste ahora en que la bonificación entre hermanos pase del actual 15% al 25%. Y entre tíos y sobrinos, del 10% al 20%. El "impacto" para las arcas públicas, admite el Partido Popular, es que la administración dejará de recaudar 30 millones de euros al año. Esa dinero irá a parar según cálculos del propio PP a 11.000 madrileños, el 0,16% de la población, si se tiene en cuenta que la región tiene 6.779.888 personas. Son datos oficiales del pasado 1 de enero del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mientras los organismos internacionales reclaman mayor compromiso fiscal para hacer frente a un gasto público disparado derivado de las ayudas contra la pandemia, Ayuso sigue en su carrera para acabar con los impuestos. La candidata popular puso varios ejemplos: "Una persona deja en herencia a su hermano un piso valorado en 200.000 euros. El heredero pagará casi 5.000 euros menos de impuesto (35.600 en vez de 40.300 euros). También por la herencia a su un sobrino: "una casa en el pueblo valorado en 100.000 euros. El sobrino heredero pagará 1.700 euros menos de impuesto" (14.100 en vez de 15.800 euros). "No quiero atentar contra quienes tienen dinero y han amasado una buena herencia tras una vida de trabajo", aseguró este lunes en una entrevista en Telemadrid.

Esa partida que irá a parar a 11.000 herederos que reciban bienes de sus padres o hermanos darían para paliar algunas de las carencias en política social de la Comunidad de Madrid. Lo que sigue es un cálculo aproximado de lo que podría implicar esos 30 millones de euros en las carteras de Educación y Sanidad.

- Médicos: Según los cálculos recabados por los sindicatos, la Comunidad de Madrid podría contratar a 500 médicos recién licenciados con esos 30 millones de euros. El salario bruto de un sanitario recién salido del MIR es de unos 42.000 euros, que ascendería a 60.000 si se computan los costes para el empleador, en este caso la administración pública. Si se tiene en cuenta el salario medio de un médico –contando trienios por antigüedad y especialidades– este ascendría a unos 80.000 euros anuales. En ese caso, con el dinero que Ayuso pretende dejar de recaudar, podrían contratarse 375 médicos.

Ayuso prometió en septiembre, una mejora en la condiciones laborales de los médicos de la Atención Primaria así como la contratación de 300 médicos en tres años. La presidenta regional anunció para este plan que se alargaría hasta 2023, una inversión de 80 millones de euros. Debía igualar los salarios de estos sanitarios al de los hospitales y contratar antes de fin de año a 75. Ninguna de esas promesas las ha cumplido. 30 millones de euros es algo más que lo que Ayuso dijo que gastaría anualmente para mejorar la Atención Primaria. A día de hoy, no ha gastado ni un euro.

- Enfermeros: la cantidad de enfermeros aumentaría respecto a la de médicos. Según calcula el sindicato AME, sobre un salario medio de 40.000 euros brutos anuales, a los que habría que sumar el gasto en Seguridad Social, esa cantidad podrían contratarse podrían contratarse 600 enfermeros, el mismo número hay en la plantilla del hospital de Getafe o en el Príncipe de Asturias, según las memorias del Sistema regional madrileño de salud (SERMAS). Si es un enfermero recién graduado, la cifra ascendería a 750.

Según los datos del último informe del Ministerio de Sanidad sobre gasto sanitario público, la Comunidad de Madrid se sitúa como la región de España que menos porcentaje de su PIB dedica a la sanidad: un 3,6%. El territorio gobernado por el PP desde hace más de 25 años gasta un 1,1% menos que Cataluña, la siguiente que menos invierte con un 4,7%.

En 2019, Madrid contaba con un personal sanitario de 54.351 personas. Son mil menos de los que había hace diez años, según los datos oficiales del Servicio Madrileño de Salud. El número de facultativos –médicos y en menor medida farmacéuticos– también se ha recortado en estos diez años: de 16.656 a 16.492, pese al aumento de población.

- Profesores: 30 millones de euros al año equivalen a unos 788 docentes, asegura Isabel Galvín, portavoz de enseñanza de CCOO Madrid. El dato coincide con las propias cifras de la Comunidad de Madrid, que anunció para el curso 2019/2020 una inversión de 32,6 millones de euros para contratar 800 nuevos docentes. Galvín lamenta el anuncio de Ayuso a la vez que se quieren acometer "recortes" para el curso que viene pese a que la pandemia aún golpea la región. En total, se suprimirán para el próximo curso 4.919 aulas COVID y se despedirá a una buena parte de los profesores que se contrataron para bajar las ratios de alumnos.

La Comunidad de Madrid está por debajo de la media nacional en número de alumno por profesorado, pese a los más de 10.000 docentes que contrató para la pandemia. Mientras la media del Estado está en 92 profesionales por cada 1.000 alumnos, la media de la comunidad que su gobierno presenta como la más pujante del país, baja a 86.

Una medida que no es nueva

La medida anunciada no es nueva. La presidenta regional ya hizo la misma promesa en la campaña de hace dos años, en 2019. Quedó en un cajón como gran parte de su programa electoral. También la rebaja "histórica" de impuestos del IRPF en todos los tramos, que incluía a las rentas más altas. Ayuso no ha logrado sacar adelante ni un solo presupuesto desde que es presidenta y sigue gobernando con la prórroga de los que sacó adelante su antecesor, Ángel Garrido en 2019, una situación que se agrava en el contexto actual de pandemia. Con las nuevos comicios, todo apunta a que 2021 terminará sin nuevas cuentas.

La gestión de los impuestos de Sucesiones, Donaciones o del Patrimonio es una cesión el Estado a las comunidades autónomas que nació como una forma de involucrar a las autonomías para que se hagan responsables de parte de sus ingresos ya que gestionan el grueso del gasto social (sanidad y educación, principalmente). El Gobierno central planea legislar para implementar una armonización fiscal debido a que estos impuestos varían notablemente según comunidades y las quejas de algunos presidentes de distinto color político que acusan a Madrid de ejercer un dumping fiscal.

Los sucesivos gobiernos del PP de Madrid han sido pioneros a la hora de bonificar ese tipo de tributos: lo hace al 99% en el caso de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges. El impuesto sobre el Patrimonio está anulado porque se bonifica al 100%. Por este último impuesto, el Gobierno regional dejó de ingresar en el último año en el que hay registros (2017) 955 millones de euros. Cataluña, la segunda Comunidad más rica, sin embargo, recaudó ese año por ese mismo impuesto 498,5 millones.

En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que se bonifica al 99%, en 2018, en Madrid se recaudaron apenas 411 millones de euros. Stop Impuesto de Sucesiones, una plataforma que lucha por la supresión de este tributo, elaboró el ejemplo de una persona de 30 años, soltera, que hereda de sus padres bienes por 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a su vivienda.

En Andalucía, este heredero no debería pagar ni un euro a Hacienda por la sucesión, y en Canarias apenas 134 euros. Si viviera en Madrid abonaría 1.586 euros. Por el contrario, este importe se elevaría a 155.393 euros o 103.135 euros, respectivamente, en Aragón y Asturias, las dos comunidades autónomas donde este contribuyente debería más dinero a las arcas públicas. Les siguen Castilla y León (81.018 euros), la Comunidad Valenciana (63.193 euros), Castilla-La Mancha (31.759 euros), Galicia (15.040 euros), Cantabria (14.765 euros), Cataluña (9.796 euros), Baleares (5.950 euros), La Rioja (3.175 euros), Murcia (1.640 euros) y Extremadura (1.587 euros).

Esos beneficios fiscales diseñados por la Comunidad de Madrid se concentran en los contribuyentes de mayor renta y riqueza y suponen una reducción de los ingresos públicos per cápita que, en comparación a la mayoría de las Comunidades Autónomas, afecta a la calidad de los servicios públicos.