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jueves, 7 de mayo de 2020

¿Clases de 15 alumnos? El sistema educativo afronta sin suficientes docentes el reto de desdoblarse en la vuelta al cole de septiembre (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
  • La falta de docentes para desdoblar las clases y los problemas que genera la educación a distancia a los colectivos más vulnerables son las principales dificultades que ven los profesionales educativos ante la propuesta de Celaá de cara a septiembre
06/05/2020

Los grupos de chats de profesores se llenan estos días de preguntas que se quedan ahí, esperando una respuesta que no llegará. "¿Grupos a la mitad? ¿Clases de 15? ¿Quién va a dar esas horas? ¿Qué alumnos vendrán a clase? ¿Cómo voy a compaginar trabajo y teletrabajo si solo la enseñanza a distancia me tiene desbordada?"

Como viene sucediendo durante toda la crisis del coronavirus, cada anuncio que hace el Gobierno sobre el curso escolar plantea más dudas de las que resuelve, sumiendo a los profesores y familias en especulaciones de todo tipo. El último ejemplo ha sido la decisión del Ministerio de Educación de que en septiembre, si no hay vacuna contra la COVID-19 (que no la habrá con toda probabilidad), la actividad docente presencial volverá con grupos desdoblados y máximo 15 alumnos por aula, según anunció la ministra Isabel Celaá en una entrevista con 20 minutos.

El problema que se encuentran los docentes es que hasta ahí llega la información. El Ministerio tampoco aporta más. "Si las medidas de distanciamiento continúan, es evidente que hay que tener un plan previsto para organizar la actividad educativa", explica una portavoz. "El Ministerio está trabajando con las comunidades autónomas para organizar el comienzo del nuevo curso", cierra.

A este respecto, desde la federación estatal de asociaciones de directores de instituto Fedadi advierten: "En septiembre no va a haber estado de alarma, por lo que todo quedará en manos de las comunidades [que tienen la competencia en Educación]. Si no piensan en desarrollar una normativa estatal podría pasar que cada región hiciera una cosa o que incluso alguna decidiera que no necesita llevar a cabo estas medidas".

"Hay que tener resuelto antes cómo se lleva a cabo"

"Cuando sueltas una idea, hay que tener resuelto antes cómo la vas a llevar a cabo", valora Raimundo de los Reyes, presidente de Fedadi. "Hay que comprobar que tenemos los recursos, los medios y las condiciones para llevarla a la práctica. Y ahí es donde yo tengo mis dudas. De que se tengan estos medios y de que se puedan proveer", añade.

La palabra más repetida estos días para analizar la propuesta del ministerio es "improvisación". La usan los profesores y las familias. La emplean los sindicatos docentes, que lamentan que las administraciones estén diseñando un plan que les afecta, y mucho, sin consultarles.

La falta de profesorado, de recursos tecnológicos en los centros para mantener la enseñanza a distancia (tendrán que asumir a la vez lo que los docentes y alumnos hacen ahora en sus casas), la no adecuación de los espacios físicos, la conciliación de las familias cuando a sus hijos les toque quedarse en casa, o el uso de los espacios comunes en los colegios (¿qué va a pasar con los comedores?) se señalan como los principales problemas a abordar con el plan del Gobierno.

Y un elemento del que se habla poco, pero al que los profesionales dan mucha importancia: la brecha social. "Lo que más claro ha quedado es la importancia de la escuela presencial", reflexiona Jurjo Torres, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de A Coruña. "Pensábamos que vivíamos en una sociedad con igualdad de oportunidades, pero ahora se visibilizó que en realidad es muy desigual".

Antonio Bolívar, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, coincide con Torres. "La casa no puede ser la escuela", rechaza, y habla de "brecha social" en vez de brecha digital, de madres, casi siempre madres, que tienen que ayudar a sus hijos "si pueden y saben". "La clase online no es regalarte un ordenador", dice Torres. "Se puede llevar cuando está la familia, hay un ordenador, una conexión a internet decente, incluso comida en la mesa...", opina Bolivar.
Desdobles en el espacio o en el tiempo

Y luego están los problemas de los centros. Al director De los Reyes, como a cualquiera que se lo plantee, no le salen las cuentas. A falta de información, repasamos con él las opciones que existen para desdoblar clases. Spoiler: en todos los escenarios van a hacer faltar muchas horas de profesorado.

El desdoble de una clase puede hacerse básicamente de dos maneras: en el espacio o en el tiempo. La primera modalidad consiste en coger a la mitad del grupo y meterlos en otra aula al mismo tiempo. Esta posibilidad está descartada por razones obvias. Por un lado, la idea es no solo no meter a 30 alumnos en una clase, también es evitar las aglomeraciones en los centros. Por otro, las escuelas no tienen espacio físicamente para esto.

La segunda opción, que parece la más probable, es separar las clases en dos mitades que acudan a los centros en distintos momentos (unos por la mañana y otros por la tarde, unos unos días y el resto otros...). Pero los profesores ya cubrirán su jornada laboral atendiendo a un solo grupo. ¿Qué va a pasar con los demás alumnos el resto del tiempo?

"En todos los casos yo veo que desdoblar grupos se traduce en disponer de más horas de profesorado. Tantas como el doble, a priori", explica De los Reyes. Este director no cuenta con que el Gobierno duplique los más de 700.000 profesores que tiene el sistema, entre centros públicos y privados. Ya será raro que haya aumento de algún tipo con las cuentas públicas tiritando, admiten los sindicatos. Y ahí llega el bloqueo.

"Es imposible para el profesorado, incluso con la mejor voluntad del mundo [asumir esto]. Si ya estamos desbordados. Igual hay una solución que no se me está ocurriendo, pero por eso precisamente tienen que explicar las cosas", reflexiona.

Para el catedrático Torres la solución está clara: invertir. "Hasta que haya una vacuna, habrá que pagarlo. Igual que ahora se está pagando la Sanidad pública. Pues igual. Hay servicios que son esenciales, y la Educación es un derecho por el que el Estado tendrá que apostar. Igual hay menos AVEs, pues habrá que establecer prioridades", cuenta.

Los centros privados tampoco acaban de ver la propuesta del Gobierno y tienen las mismas objeciones que el resto. "Los centros necesitarán más recursos sanitarios, humanos y tecnológicos que no podrán abordar todos los centros por igual", expone un comunicado enviado por Cicae, la Asociación de Colegios Privados e Independientes.

Esta patronal cree que la vara de medir utilizada es errónea. "Respecto a establecer 15 alumnos como máximo por aula, solicitamos un planteamiento más objetivo y que el criterio sea por metros cuadrados de los espacios educativos y teniendo en cuenta la distancia social. Se puede dar el caso de que 15 estudiantes en un aula pequeña sean muchos y, sin embargo, pocos para un salón de actos, un polideportivo, o un espacio abierto", sostienen.
Europa también vacila

En los países de nuestro entorno la situación es similar con algunos matices. En Italia, uno de los países más golpeados por el coronavirus, no habrá vuelta a los centros educativos hasta septiembre. De momento el Gobierno no ha informado de los planes que tiene para ese retorno. Mientras, las autoridades hablan de campamentos de verano en los patios de las escuelas con medidas de seguridad.

Francia es de los países que lo tiene más claro. Habrá una vuelta a las aulas gradual y voluntaria a partir de la semana que viene, empezando por Primaria. El Gobierno ha decidido limitar las clases a 15 alumnos y valora si obligar a los niños a utilizar mascarilla.

En Alemania, los estados federales ha acordado un plan común para reabrir los centros educativos, lo cual se hizo el pasado lunes, a diferentes ritmos y con capacidad de decisión a nivel de centros. En el país germano se habla también de dividir las clases y de utilizar los sábados como días lectivos.

Mientras se conocen los detalles, los profesores van tirando de sarcasmo. "Va a hacer más por las ratios el coronavirus en unos meses que ningún Gobierno en años", bromeaba un docente, consciente de que no va a ser así porque, si finalmente se da esta división, caerán las ratios de alumnos por aula, pero no por profesor. Cada docente tendrá que atender a los mismos estudiantes, hasta 300 en un trimestre en muchos casos.

También hay quien le ve ventajas a la situación, puestos a sacar el lado positivo: "Quizá, cuando flipemos con lo que somos capaces de hacer con 15 alumnos en el aula, avancemos hacia ese modelo que todos deseamos", escribía una docente en Twitter.

De los Reyes cierra con una reflexión final a modo de petición. "Espero que la idea no sea que cada centro se las ingenie, que por otra parte es una experiencia que ya tenemos con cierta regularidad en el sector educativo", afirma, y desliza como ejemplo lo que ha ocurrido con las evaluaciones del tercer trimestre que, tras polémicas, órdenes ambiguas y contradictorias de las comunidades autónomas y un pacto del que se desmarcaron cinco regiones, han acabado pasando la responsabilidad a las juntas de evaluación de los centros educativos. O sea, a los profesores.

martes, 2 de agosto de 2016

5 razones por las que las reválidas de ESO y Bachillerato reciben tantas críticas (El Huffington Post)

Reproducimos este artículo que publica hoy el diario El Huffington Post



El Consejo de Ministros aprobó el viernes el decreto que daba luz verde a la aplicación de las reválidas de la ESO y Bachillerato que ya contemplaba la Lomce. El tema se convirtió ese mismo día en trending topic y las críticas hacia el Gobierno y hacia el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, no han dejado de sucederse.
Sindicatos y asociaciones profesionales están cargando contra la medida y la Generalitat de Cataluña ya ha anunciado que recurrirá el Real Decreto. Mientras, Asturias y Baleares han solicitado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación.
Aquí tienes las principales críticas que están recibiendo estas polémicas reválidas.

1-. Crean un ‘limbo’

A partir del año 2018, ya no será suficiente con aprobar la ESO o Bachillerato. Los alumnos deberán aprobar también esas reválidas para obtener el título. En la práctica, eso supone que si un estudiante aprueba la ESO pero suspende las dos convocatorias, no tendrá más remedio que cursar la Formación Profesional Básica, dirigida a alumnos de entre 15 y 17 años que sólo han superado el primer ciclo de la ESO. No tiene más opciones si quiere seguir estudiando el curso siguiente.
La Federación de Asociaciones de Directivos de centros Públicos (FEDADI) subraya que el Ministerio de Educación ha creado así un “limbo" en el que van a encontrar los jóvenes que no aprueben la reválida de la ESO y recuerda que lo ha denunciado en varias ocasiones. Alerta, además, de que esta situación va a provocar que en España aumente la tasa de fracaso escolar, es decir, de alumnos que no acaban ni la educación obligatoria.
“¿Qué hacemos si suspende un diez por ciento de los chavales? ¿Les dejamos en la calle?", se pregunta el presidente de FEDADI, Alberto Arriazu, en declaraciones a Europa Press. Asegura que esta situación puede generar un problema logístico porque "no va a haber plazas suficientes" de FP Básica y, sin embargo, en FP de grado medio "se van a quedar vacías".

2-. No se tiene en cuenta el progreso del alumno

Los docentes subrayan que en la evaluación de un estudiante se ha de tener también en cuenta la progresión personal del alumno y su nivel de partida. Y eso, insisten, no se va a valorar en las reválidas.
"Nos preocupa más la prueba de 4º de la ESO porque dadas las altas tasas de abandono y fracaso escolar que tenemos, no nos gustaría que si el alumno ha ido bien pudiera suponer un obstáculo más", asegura el presidente del sindicato de enseñanza ANPE, Nicolás Fernández, quien cree que estas pruebas deberían tener efectos únicamente diagnósticos y no académicos.

3-. Aumentan la desigualdad

El Sindicato de Estudiantes ha denunciado en una nota de prensa que estas reválidas buscan “simple y llanamente expulsar a miles de jóvenes de barrios humildes del sistema educativo". "Y lanzarnos a un mercado laboral precarizado hasta el límite, donde seamos nosotros mismos los que nos convenzamos de que, al fin y al cabo, no nos merecemos mejores condiciones, pues no tenemos estudios para otra cosa”, añade.
Eso es así, según la organización, porque “los recortes de más de 7.000 euros a la educación pública” han supuesto “el despido de 32.000 profesores, la masificación en las aulas, la pérdida de refuerzos educativos y las becas de libros y comedor entre muchas otras cosas”.
“Con la expulsión masiva de jóvenes del sistema educativo se pone la primera piedra para justificar nuevos recortes en el futuro con la excusa de que el número de estudiantes se habrá reducido”, denuncia el Sindicato de Estudiantes.

4-. Son de otra época

El propio Sindicato de Estudiantes ha calificado estos exámenes de “reválidas franquistas” y el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), José Luis Pazos, cree que suponen una “involución” que lleva al sistema educativo español "al modelo anterior a 1970".

5-. Lo aprueba un Gobierno en funciones

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública asegura que la actual situación política y jurídica "deslegitima" al Gobierno en funciones para continuar con el desarrollo de la Lomce y propone prorrogar las normas vigentes actualmente hasta la constitución de nuevo gobierno.
En la misma dirección, el sindicato CCOO ha anunciado que recurrirá el real decretoal considerar que el Ejecutivo dicta la norma "sin legitimidad jurídica ni política".
"El PP concurrió a las elecciones con una propuesta de pacto educativo, pero sigue gobernando en funciones, unilateralmente y sin legitimidad política ni jurídica para hacerlo, sin pactar con nadie, e incumpliendo sus promesas electorales desde el minuto cero", ha señalado el sindicato en un comunicado.

domingo, 31 de julio de 2016

El Gobierno en funciones aprueba por Real Decreto unas reválidas que aumentarán el fracaso escolar, generarán tensión en los alumnos e infravaloran la FP

Reproducimos este artículo publicado el EL DIARIO.ES

Los alumnos que suspendan la 'reválida' de la ESO solo podrán matricularse en una FP Básica

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al decreto que regula las evaluaciones de Secundaria y Bachillerato, que se pondrán en marcha en 2017 y cuyo marco general lo determinará el Ministerio de Educación
La medida afectará a aquellos estudiantes que no cuenten con el título, que solo se obtiene con la superación de la prueba, y que no se podrán matricular en un grado medio ni en Bachillerato aunque hayan aprobado la ESO
La Federación de Asociaciones de Directivos de centros Públicos alertan de que la medida previsiblemente aumentará el fracaso escolar

Los alumnos de 4º de la ESO que suspendan las dos convocatorias establecidas por curso para la evaluación final de ESO y quieran estudiar algo el año siguiente sólo podrán matricularse de Formación Profesional Básica. Esta modalidad de la LOMCE está dirigida a alumnos de entre 15 y 17 años que sólo han superado el primer ciclo de la ESO, es decir, hasta 2º.
Así lo recoge Europa Press de fuentes del Ministerio de Educación en relación con aquellos estudiantes que, habiendo aprobado el último curso de la ESO, no pueden continuar sus estudios en FP de grado medio ni Bachillerato por no contar con el título que sólo se obtiene con la superación de la evaluación externa.
Las mismas fuentes añaden que tras un ciclo de FP Básica (un año de duración) los alumnos pueden pasar a la FP de grado Medio o volver a presentarse a la evaluación final de ESO las veces que necesiten hasta aprobarla.
Por su parte, los que suspendan la 'reválida' de Bachillerato las dos convocatorias establecidas para cada curso, no podrán acceder a la Universidad ni a enseñanzas artísticas superiores, pero sí matricularse en algún ciclo de Formación Profesional de grado superior.

En marcha en 2017

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes 29 de julio al decreto que regula las evaluaciones de Secundaria, que, según el calendario de la LOMCE, la de ESO (alumnos de 15 y 16 años) se pondrá en marcha en 2017, pero no será hasta 2018 cuando los alumnos tengan que aprobarla para obtener el título de la ESO. Lo mismo ocurre con la de Bachillerato (17 y 18 años), que en el primer año de aplicación, 2017, no servirá para titular, pero sí para acceder a la Universidad.
Las evaluaciones del último curso de ESO y Bachillerato constarán de pruebas de las materias troncales (cinco asignaturas), dos opcionales y una específica, que no sea ni Educación Física ni Religión. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determinará el marco general de la prueba, las características, el diseño y los contenido.
Serán las comunidades autónomas "las responsables de la aplicación material de las pruebas, incluida su elaboración, fijación de los tribunales, fechas y lugares, así como, reclamaciones". Los profesores de la escuela pública y sus equipos directivos aplicarán las evaluaciones, que serán controladas en los centros educativos por el profesorado durante su realización.
En la nota final de la evaluación de ESO contará en un 70 % la media de las calificaciones del curso y en un 30 % la de la prueba final. En Bachillerato el 60 % del peso de la nota será, igual que en la ley anterior, la media de las calificaciones del curso y el 40 % la obtenida en la evaluación final.

Aumento del fracaso escolar

Desde la Federación de Asociaciones de Directivos de centros Públicos (FEDADI) lamentan en declaraciones a Europa Press que el Ministerio de Educación no haya subsanado "el limbo" en el que van a encontrar los jóvenes que no aprueben la 'reválida' de ESO, pese a haberlo denunciado en varias ocasiones.
Asimismo, alertan de que esta situación va a provocar que España aumente la tasa de fracaso escolar, es decir, de alumnos que no acaban ni siquera la educación obligatoria. "¿Qué hacemos si suspende un diez por ciento de los chavales? ¿Les dejamos en la calle?", pregunta el presidente de FEDADI, Alberto Arriazu, en declaraciones a Europa Press.
Asegura que esta situación puede generar un problema logístico porque "no va a haber plazas suficientes" de FP Básica y, sin embargo, en FP de grado medio "se van a quedar vacías".
Este director cree que los que no aprueben la evaluación de ESO están en "clara desventaja". A los que no pasen la de Bachillerato, sin embargo, se les permite acceder a ciclos de FP de grado superior para los que "hasta ahora era necesario el título". Por ello, no entiende "por qué no dejan a los de 4º de la ESO sin reválida superada que accedan a FP de grado medio".
Desde esta federación rechazan de plano las evaluaciones ligadas a la obtención del título por su carácter "finalista", ya que consideran que "no tiene en cuenta el progreso del alumno". "Evaluaciones externas sí, pero no ligadas a la titulación", asevera, para añadir que el título de ESO es el "más básico" que hay en España, "a la altura del título de ciudadano".

Entradas relacionadas

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato

martes, 26 de noviembre de 2013

FEDADI y CEAPA afirman que la LOMCE suprime el carácter de servicio público de la educación y avanza hacia una "escuela pública marginal"

20MINUTOS.ES: Directores de institutos y Ceapa tildan la Lomce de "ideológica" y que crea una "escuela marginal"

Directores de institutos públicos han denunciado este sábado la "fuerte carga ideológica" de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), a la que el Senado ha dado esta semana el visto bueno solo con los votos del PP, además de considerar que suprime el carácter de servicio público de la educación.

Estas son algunas de las consideraciones que recoge el documento aprobado por la Federación de Asociaciones de Directivos de centros educativos públicos (Fedadi) en su XXVIII Congreso, que también hace hincapié en que la reforma del Ministerio de Educación "debilita" la enseñanza pública frente a la concertada. "La ley tiene un fuerte carácter recentralizador, cierra el currículo y rompe con un consenso establecido que hasta ahora no había generado conflicto", destacan los directores de institutos públicos, que también creen que la asignatura de religión adquiere valor académico, además de no salir del currículo. Asimismo, la Fedadi entiende que con la Lomce las lenguas propias "pueden dejar de ser vehiculares" y que las reválidas no son el "instrumento adecuado" para medir el esfuerzo de los alumnos ya que, a su juicio, no evitan el abandono escolar temprano. Para los directores de institutos públicos hoy es "más urgente" que nunca la "mejora continua" del sistema educativo español, si bien defienden que los cambios constantes en la legislación educativa no favorecen la calidad del sistema porque su estabilidad "queda seriamente comprometida". "Debemos ser capaces de identificar las acciones que realmente tengan efectos sobre la mejora de la calidad educativa si queremos afrontar con éxito los retos que plantea la sociedad del conocimiento", concluye Fedadi. La Ceapa critica la 'Ley Wert' Por otro lado, el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Jesús María Sánchez, ha asegurado este sábado que con la Lomce se avanza hacia una "escuela pública marginal, una educación para unos pocos y sin recursos". En una rueda de prensa en Ceuta, Sánchez ha solicitado al Gobierno que "reconsidere" el texto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), antes de su aprobación definitiva, al señalar que esta ley "premiará con más recursos a los centros más destacados y castigará a los que tienen más dificultades reduciendo su presupuesto". Sánchez ha señalado que con la puesta en funcionamiento de la Lomce se elaborará un "ranking de centros en función de sus resultados" y ha advertido de que estos resultados serán también el "criterio" que se siga para repartir el presupuesto. "Caminamos hacia la creación de una tercera red educativa de carácter asistencial o benéfico ya que la escuela debe ser compensadora de desigualdades de todo tipo, sociales, étnicas, culturales o de sexo", ha comentado. Sánchez ha estimado que la educación pública "tiene que ser el instrumento de ascenso social para todas aquellas personas, sobre todo de clase media y baja, que son las más vulnerables y con esta ley pueden ser condenadas a la marginalidad". Ha añadido que, de ponerse en marcha la Lomce, se tratará de una ley "que nace muerta ya que se ha firmado un pacto con todos los partidos de la oposición, excepto con UPyD, para revocar esta ley y dejarla sin efecto cuando cambie el Gobierno".

miércoles, 10 de julio de 2013

El PP avanza en la privatización de la Educación: La Escuela Pública pierde 22.600 profesores desde 2011, mientras en la privada aumenta el empleo

Gracias a  hemos conocido el enlace a esta noticia:

elpais.comLa escuela pública pierde 22.600 profesores en dos cursos
  • La plantilla se reduce un 4,5% mientras el alumnado aumenta un 3,6%
  • Castilla-La Mancha encabeza el descenso con 4.415 docentes menos


La escuela pública ha perdido 22.689 profesores desde el curso 2010-2011, según el avance estadístico que acaba de publicar el Ministerio de Educación. Mientras, el número de alumnos de enseñanza infantil, primaria, ESO, bachillerato y FP a los que dan clases esas mermadas plantillas ha aumentado en 191.484, es decir, un 3,6%. Ese ha sido el resultado de las medidas de ajuste aprobadas en 2012 por el Gobierno, que aumentaban las horas lectivas de los profesores, permitían a las comunidades incrementar el número máximo de alumnos por clase y prohibían cubrir las bajas hasta pasadas dos semanas. De esa forma se ha podido prescindir de miles de interinos, no se han sustituido a los jubilados, ni las bajas temporales.
Algunas comunidades ya habían empezado a reducir profesorado antes, pero aquel real decreto del Gobierno les permitió profundizar en el recorte y obligó a empezar a aplicarlo a las autonomías que aún se resistían. En todo caso, el año pasado fue la primera vez en dos décadas que descendió (lo hizo ligeramente, en 2.200) el profesorado de la pública.
Fuente: Ministerio de Educación. / EL PAÍS

Ahora, con la cifra del año escolar 2012-2013, que acaba de terminar, el descenso de 22.689 se queda lejos de los cálculos sindicales (CC OO estimó una reducción de más de 60.000 desde 2009, tomando como referencia el ahorro que se había producido en sueldos). A pesar de ello, sigue siendo una bajada importante, concentrada, sobre todo, en los institutos de ESO, bachillerato y FP, donde se han perdido 14.800 profesores, es decir, se ha producido un descenso del 6,2%.


Este diario pidió ayer al ministerio, sin éxito, su opinión sobre estas cifras. No obstante, el departamento que dirige José Ignacio Wert siempre ha argumentado en numerosas ocasiones  que los estudios internacionales de referencia no han encontrado una relación directa entre el tamaño de las clases y los resultados educativos y que el problema de la educación española no es de recursos, ya que el gasto educativo se dobló entre 2000 y 2010 sin que los resultados mejorasen. Además, aseguran que la relación entre el número de profesores y alumnos en España estaban tan bien en la comparativa europea que seguirían estándolo a pesar del recorte. Ahora, según el avance estadístico, el número medio de alumnos por profesor ha pasado de 10,6 a 11,5 en las enseñanzas no universitarias (en 2011, la media europea era de 14,1 en primaria y de 11,2 en secundaria).
“Probablemente otros países no tengan la ruralidad y la dispersión poblacional que tiene España. Cuando estamos hablando de centros de Barcelona, Madrid, Valencia, de ciudades grandes, esas medias se están compensando con pueblitos de Extremadura, con centros con cuatro o seis alumnos. Esos informes internacionales que establecen que tenemos unas ratios bastante aceptables no sirven para nada”, decía la semana pasada en el Congreso de los Diputados (durante la comparecencia de expertos sobre la reforma educativa) el responsable de Educación del sindicato CSIF, Adrián Vivas.
Asimismo, los directores de instituto reunidos en la asociación estatal Fedadi han advertido en varias ocasiones de que no es lo mismo aumentar el número de alumnos en un instituto de un barrio de clase media-alta que en una zona humilde. Ni tampoco es lo mismo en unos programas que en otros, por ejemplo, en los de diversificación curricular, que intentan recuperar a los chavales de la ESO que van más retrasados. “Nos han subido el mínimo por clase de 15 a 18, y con estos chicos eso es muchísimo; si no podemos avanzar más rápido para que acaben llegando al mismo nivel que los demás, la diversificación no sirve”, contaba a este diario el pasado marzo una docente de un instituto de Azuqueca de Henares (Guadalajara). Desde los sindicatos y las asociaciones de padres se han venido quejando de que el descenso de docentes se está traduciendo en la eliminación de buena parte de las medidas de atención a los alumnos con dificultades: desdobles (clases más reducidas algunos días a la semana), refuerzos, clases de recuperación para los que suspenden…
Por comunidades, hay dos que no han visto reducida su plantilla en los últimos dos cursos: Asturias (tienen 211 profesores más) y La Rioja (190 más). En todas las demás, han bajado, mientras aumentaba el alumnado. Sobre todas ellas destaca, con un descenso del 14% (4.400 menos), Castilla-La Mancha, cuyas escuelas públicas han visto aumentar sus estudiantes un 2,7%. Le siguen Murcia (-8,3% de docentes) y Canarias (-7,9%). El descenso en las aulas castellanomanchegas significa volver prácticamente a la plantilla del curso 2006-2007, cuando tenían 42.000 estudiantes menos. Pero si se pone el foco en los institutos, la cifra de profesorado ha descendido un 17% hasta quedarse en el nivel de 2005-2006.
La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha asegura en una nota que “todas las necesidades educativas y de escolarización de los alumnos [de la comunidad] están garantizadas con la actual plantilla” y que la Junta está lanzando acciones de calidad educativa y apoyando al profesorado a través de iniciativas como la Ley de Autoridad del Profesorado.
El responsable de Educación de CC OO, Francisco García, recuerda que el mayor descenso se ha producido en la secundaria, tanto en esa comunidad como en las demás, mientras que en la privada las plantillas han crecido. “Todo ello significa menos equidad (pues es plantilla dedicada principalmente a medidas de atención a la diversidad, apoyos...), despilfarro de los recursos públicos destinados a conciertos (pues se incrementan teniendo al lado centros públicos con plazas), sobrecarga laboral del profesorado...”, protesta.
Efectivamente, en la enseñanza privada se mantiene e, incluso, aumenta el empleo. En los últimos dos cursos se ha elevado la cifra de docentes (tanto en la concertada como en la totalmente privada; no hay un desglose) en un 1,3% (2.623), una cifra acorde al aumento de su alumnado, de un 1,4%. A pesar de todo, en 10 autonomías se ha reducido la plantilla de la privada, pero varias comunidades tiran hacia arriba de la media general: Comunidad Valenciana (1.392 docentes más; un 7,5%), País Vasco (979; 7,9%), Andalucía (977; 3,4%) y Madrid (739; 1,4%).

elpais.com: Comunidad Valenciana: 2.200 profesores menos atienden a 38.000 alumnos más desde 2009

JUAN MANUEL JÁTIVA Valencia

El avance del curso 2012-13 del Ministerio certifica el cambio de equilibrio entre escuela pública y privada

Lee el artículo completo en elpais.com

Consulta este enlace: Enseñanzas no universitarias. Estadística del profesorado. Curso 2012-2013. Datos Avance

martes, 2 de abril de 2013

¿Los recortes no afectan a la calidad de la enseñanza? El Defensor del Pueblo denuncia los retrasos para cubrir las bajas de profesores

cadenaser.comEl Defensor del Pueblo denuncia los retrasos para cubrir las bajas de profesores

Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha y Madrid son las comunidades que más tardan en reemplazar a los docentes enfermos

MAR RUIZ 31-03-2013

El informe anual del Defensor del Pueblo alerta sobre "las consecuencias negativas y, en ocasiones, difícilmente reparables" de los recortes educativos que prohíben sustituir a un profesor enfermo durante los primeros diez días lectivos de la baja. Los directores de instituto aseguran que esta circunstancia impedirá a muchos alumnos poder completar todo el temario previsto a final de curso.

Se trata de una de las principales quejas en materia educativa que recoge el informe anual del Defensor del Pueblo que habla de retrasos como práctica usual y especialmente acentuada en Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y Madrid. Las denuncias proceden de la decisión del ministerio de Educación de prohibir la sustitución de los docentes de baja durante los primeros diez días lectivos (dos semanas naturales de clase) para ahorrarse dinero. Sin embargo, tal y como recoge el Defensor del Pueblo, al perjuicio de no tener profesor durante esos primeros diez días se suma el retraso burocrático añadido que prolonga ese plazo durante varias semanas más hasta que la sustitución se hace efectiva.
Según denuncia la Federación de Directores de Instituto (FEDADI) el problema, que en muchos casos puede suponer hasta un mes sin profesor de Matemáticas o de Lengua, se viene registrando desde el inicio de curso pero es ahora, en el arranque del tramo final del curso, cuando se hace especialmente acuciante. "Uno de los efectos más perniciosos de los recortes es que ésa pérdida de clases va a provocar que, en muchos casos, no se pueda impartir todo el temario previsto a final de curso, y que los alumnos que han sufrido ese fenómeno de bajas no cubiertas, estén en desventaja", señala Vicent Baggeto, vicepresidente de FEDADI. "Y es algo especialmente preocupante en cursos de final de etapa, sobre todo en el caso de los alumnos de segundo curso de Bachillerato que deben enfrentarse a la Selectividad en junio".
El Defensor del Pueblo insta a las administraciones a garantizar una atención educativa suficiente a los alumnos, impidiendo perjuicios adicionales por la aplicación de las medidas de recorte.

viernes, 7 de diciembre de 2012

Silencio o represión

elpais.com: El ciudadano, mejor calladito
  • Las Administraciones intentan silenciar a las asociaciones más críticas
  • Algunas se revuelven, pero otras ceden a la mordaza institucional por miedo al descrédito y a perder las subvenciones
  • Los que no quisieron callarse
CARMEN MORÁN / PILAR ÁLVAREZ

La cita es literal: “Te ruego que no te pongas en contacto con los institutos para no entorpecer su normal funcionamiento. Cualquier cosa que necesites nos la pides a nosotros”. Una portavoz de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha pedía así hace una semana a un periodista de EL PAÍS que solo recabe datos oficiales, nada de hablar con profesores. En Madrid, un nuevo movimiento, la marea blanca contra la privatización de la gestión sanitaria, ha explotado en las calles y en los centros hospitalarios con una protesta inédita. Miles de personas rodearon el miércoles la Asamblea de Madrid. El gobierno regional lo consideró una “coacción al Parlamento desde las calles” y acusó a la oposición de jalear la iniciativa. La asociación de consumidores Facua se enfrentó recientemente al Ministerio de Sanidad, que le acusaba de “extralimitación” en sus funciones por promover campañas contra los recortes. Les amenazaron con retirarles las subvenciones y con su salida del registro oficial. Plantaron cara, pero no siempre ocurre. Es la lucha del pequeño frente al grande, de una sociedad civil que quiere protestar y se ve silenciada con una mordaza institucional de descrédito social o de ahogo económico.

¿Hasta qué punto intentan callar las administraciones públicas y los Gobiernos a los ciudadanos? ¿Está la sociedad española articulada para protestar? ¿Les están cortando las alas? ¿Podrían organizarse de otra manera?

“En España se ha instaurado el ‘yo gano las elecciones y hago lo que me da la gana, y ustedes, ciudadanos, ya opinarán en los próximos comicios”, considera José Antonio Martínez, presidente de Fedadi, organización nacional de directores de institutos de secundaria. Martínez lleva años quejándose de los niveles de represión que ha sufrido este colectivo, antes y después de las protestas que en 2011 alumbraron la marea verde. “En Madrid idearon un proceso de selección de directores de institutos que derivó en caza de brujas; permitía dejar a gente en la calle cuando no los consideraban afines. Tengo compañeros con la carrera destrozada. Ya no es que el que se mueva no sale en la foto, es que el que se pronuncie se va a la calle y punto”.

De la misma opinión es José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una organización que denuncia las medidas y recortes que afectan a la Ley de Dependencia. El silencio se ha instalado entre muchos de sus asociados que “no pueden aparecer públicamente sin que se vean penalizados en sus ayuntamientos, consejerías”, señala. Ramírez es de los pocos que le pone voz pública al malestar de los ciudadanos dependientes y lo ha pagado caro. El proceso que vivió, que él califica sin ambages de “acoso”, acabó con la amortización de su plaza de laboral fijo del Ayuntamiento de Marbella, la única de 3.000. Ahora tiene más tiempo para reivindicar: “Tenemos miedo de hablar, recibimos amenazas. Y eso que no tenemos una sola subvención de ningún gobierno”.

La institucionalización de muchas organizaciones ha sido, andando el tiempo, la raíz de su descrédito y lo que ha debilitado su crítica, si no silenciado. “Ya ocurrió con los sindicatos en los años veinte del siglo pasado en toda Europa. Los acercaron al poder para que negociaran con ellos. Eso los mantenía alejados de las huelgas”, explica Rafael Cruz Martínez, profesor de Historia de los Movimientos Sociales de la Complutense, Rafael Cruz Martínez. “Y parecida fue la creación de los Institutos de la Mujer en los ochenta en España. Por un lado podía recoger una petición del colectivo feminista, sí, pero si aparecían los problemas y las discrepancias, ¿quién criticaba, si los había creado el poder?”, dice.

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, lo define como “una especie de chantaje en la que ha caído de bruces el movimiento asociativo”. Recuerda su propia experiencia. Su trayectoria social comenzó en el Campo de Gibraltar como miembro de un movimiento que intentaba frenar los efectos de las drogas. “Éramos pioneros. Cuando el Gobierno empezó el Plan Nacional contra las Drogas en 1985, nuestra asociación ya gestionaba hasta comunidades terapéuticas”. Costeaban sus gastos con rifas, aportaciones voluntarias, venta de camisetas… “Éramos mucho más libres, nosotros marcábamos los programas necesarios. Pero llegaron las subvenciones y, como había tanto que arreglar, no nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo independencia”.

¿Qué parte de culpa tienen los propios ciudadanos en su falta de organización y de independencia respecto a los poderes públicos? ¿Qué pueden hacer?

El profesor Cruz Martínez les exculpa: “Solo imitan a los políticos, que cuando se acercan las elecciones dejan de lado los asuntos que consideran espinosos, los que creen que les restarán votos”. Pero la filósofa Victoria Camps incide en su parte de responsabilidad en un análisis desde una perspectiva ética y política. “El ciudadano en democracia liberal no actúa, espera a que le resuelvan los problemas, se ve como sujeto de derechos y no asume responsabilidades”, señala Camps, impulsora del artículo Democracia de calidad frente a la crisis con otros miembros del Círculo Cívico de Opinión. La filósofa subraya la diferencia de tradición entre países del sur de Europa y los anglosajones, en los que se produce “una mayor desconfianza de los ciudadanos respecto al Estado. Allí prefieren tomar la iniciativa”. Lo achaca a factores sociales y también religiosos: “El protestantismo es un elemento de libertad que rompe con la jerarquía eclesiástica y con el poder”. Y concluye: “Estamos acostumbrados a buscarnos poco la vida. No tendría que ir aparejado sentirse limitado por recibir subvenciones, pero todos sabemos que el ser humano es imperfecto”.

Para Pablo Iglesias, doctor en Ciencias Políticas de la Complutense, el problema está más en quién y cómo se dan las subvenciones que en las asociaciones que las reciben: “Lo público va más allá de lo institucional, aunque los políticos no lo acaben de ver. Las asociaciones enriquecen lo público y subvencionarlas no es un regalo de los políticos. Aunque quizá les interesa más una sociedad civil amordazada mientras son serviles con los grupos de presión”.

Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua, considera que a veces es beneficioso dar un paso al frente. Facua se vio inmersa recientemente en una polémica que ilustra la mordaza que a veces cae sobre las organizaciones ciudadanas. “El Gobierno no nos amenazó con quitarnos las subvenciones si seguíamos con nuestra campaña contra los recortes; era peor que eso. Nos amenazó con la ilegalización, eso nos impedía pronunciarnos en los foros en los que tenemos derecho a participar. Pero seguimos adelante, no nos callamos y todavía estamos aquí”, dice. Cuadruplicaron el número de socios tras denunciar las presiones de Sanidad. “No se puede recibir subvenciones y ser correa de transmisión de los partidos políticos, que no solo han creado muchas de estas organizaciones, sino que ellas tampoco se han independizado. Es curioso ver cómo algunas aparecen y desaparecen en función del partido que gobierna”, critica.

Esa sería una de las claves: separar la subvención de la pleitesía. Países con más tradición democrática que España, como Noruega, están más avanzados en este sentido como muestra el siguiente ejemplo: la asociación Amigos de la Tierra Noruega tiene casi un siglo y más de 28.000 socios. Es muy crítica con su Gobierno y ha hecho acciones de presión que han llevado a cambiar planes estatales. En 2011, por ejemplo, el Ejecutivo accedió a detener una perforación petrolera al norte del país, encima del Círculo Polar Ártico, zona de especies amenazadas. El sociólogo del Departamento de Criminología de la Universidad de Oslo, Rune Ellefsen, la pone como ejemplo de organizaciones ecologistas que emplean métodos de desobediencia civil “no violenta pero ilegales” para ejercer una protesta política pero “no han perdido fondos del Estado”. Las ONG ambientales en Noruega debían cumplir dos criterios para recibir financiación: aspectos objetivos y una evaluación “de su relevancia social” que realizaba el Ministerio de Medio Ambiente. La segunda exigencia, explica Ellefsen, fue cambiada recientemente. La asociación de ONG noruega declaró hace un año que les preocupaba que ese requisito “afectará el trabajo de las organizaciones, ya que podrían modificar su cometido para asegurarse de cumplir las exigencias estatales para ser declaradas como socialmente relevantes”.

Ellefsen participa esta semana en un congreso organizado en el Ateneo de Madrid por la organización internacional Igualdad Animal para denunciar la “actual situación de represión global hacia las libertades de expresión e información que padecen tanto la prensa como los movimientos sociales de todo el mundo”. Javier Moreno, de la organización, considera que la tendencia empeora. “Vamos hacia una sociedad de callados y de recortes de libertades, de represión de los derechos y del activismo, que está siendo muy criminalizado”. En dicho congreso intervendrá también la magistrada de Jueces para la Democracia Victoria Rusell, que admite los fallos de su colectivo. “Quizá desde el ámbito jurídico hemos contribuido a silenciar las voces críticas, aunque fuera solo por la pena del banquillo, que no es poco. Y los más débiles no tenían capacidad para llegar a instancias superiores, como Estrasburgo”, reconoce.

“Entre los medios locales de comunicación, los pequeños, cuántas veces ha habido sentencias que primaron el sentido del honor del demandante respecto a la libertad de expresión. Eso ahora está más corregido, el Constitucional ha dado ejemplos para cambiarlo. Pero el mensaje que se enviaba con aquellas sentencias penalizaba al pequeño. Lo mismo que si un presidente de una asociación de vecinos pleiteaba con el líder político que no había cumplido tal o cual cosa”, dice. Reconoce que tenían las de perder, y que eso no ha incentivado, precisamente, el asociacionismo, ni la lucha, ni el contrapoder que puede surgir de los movimientos sociales, de la sociedad civil. “Hemos perdido calidad democrática, y ahora, en plena tensión, protestas y crisis es difícil recuperarla. Apenas nos dedicamos a ver si la policía se ha extralimitado, por ejemplo”, señala.

Los que no quisieron callarse

Religiosos. En marzo de 2007, el Arzobispado de Madrid amagó con cerrar la parroquia roja de Entrevías (Puente de Vallecas, Madrid), San Carlos Borromeo. Alegó que los curas celebraban la eucaristía comulgando con rosquillas en lugar de hostias sagradas y en ropa de calle. El Arzobispado, con Antonio María Rouco Varela al frente, anunció que las instalaciones pasarían a manos de Cáritas; y solo bajo esa supervisión los curas (transformados en trabajadores sociales) podrían seguir haciendo su labor social. “Fue un intento de mordaza en toda regla por criticar a la jerarquía eclesiástica”, opina Javier Baeza, uno de los tres curas de la parroquia, que sigue abierta.

Profesores. En el verano de 2011 comenzó a gestarse el movimiento de la marea verde, la protesta de la comunidad educativa contra los recortes de la Comunidad de Madrid en educación. La consejería expedientó a directores y profesores por llevar camisetas verdes en exámenes o poner carteles. Varios docentes fueron trasladados a peores destinos por denunciar a la prensa sus nuevos cometidos. El PP de Madrid denunció en la Agencia Tributaria al dueño del taller de imprenta en la que se inventó el logotipo y a las asociaciones de padres que vendían las camisetas por “supuesto fraude fiscal” por vender las camisetas de la Marea Verde “sin IVA”. Hubo 11 huelgas. Un año después, el movimiento se ha propagado a otras comunidades autónomas y ha saltado a la universidad.

Policías. Javier Roca, bautizado como poliflauta o el policía del 15-M, fue sancionado por intervenir en una asamblea del movimiento social en julio de 2011. Se le achacó “abuso de atribuciones”, una falta grave, porque se identificó en una asamblea y señaló que él y parte de sus compañeros estaban indignados y apoyaban el movimiento. Invitó públicamente a los compañeros a “colgar el uniforme durante un tiempo y pensar”. Un año después, un juzgado contencioso administrativo anuló esa sanción. “Ojalá mi caso sirva para que nadie limite la libertad de expresión”, deseó él entonces.

Dependientes. El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, perdió el trabajo. Ha recibido amenazas por tierra, mar y aire. Los estudios de su organización sobre el sistema de la dependencia sacaban los colores a las consejerías y al Gobierno. Una consejera popular le dijo un día: “Tú estás haciendo mucho daño a las instituciones del PP, pero ellas también te lo pueden hacer a ti”. Una consejera socialista le llamó indignada: “¿Pero tú qué te crees, que te puedes meter con el Gobierno de esta comunidad?”. La última fue del anterior Ministerio de Sanidad. Un alto dirigente le llamó cuando habían hecho públicos unos datos sobre financiación de la dependencia. “¿Qué es lo que estás publicando? ¿Qué datos son esos? Te los puedes meter por el culo”. “Desde entonces”, bromea Ramírez, “llevo todos los datos en un pendrive, por si acaso”. No han conseguido silenciarle, pero la consejera del PP tenía razón. Le hicieron mucho daño. El Ayuntamiento de Marbella, donde trabajaba, amortizó su plaza de laboral fijo. La única de las 3.000 existentes que ha sido amortizada. El Gobierno publicó poco tiempo después los datos de financiación oficiales: eran prácticamente calcados a los que avanzó en su día la organización de Ramírez.

domingo, 25 de noviembre de 2012

Fedadi pide un pacto en Educación. #StopLeyWert

publico.esLos directores de instituto advierten a Wert de que las reválidas "aumentarán el fracaso escolar"


Un informe revela que, con las nuevas pruebas previstas en la Lomce, "habrá menos titulados" en Educación Secundaria Obligatoria

Los directores de institutos públicos han denunciado hoy que las pruebas finales en 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) previstas en la reforma del sistema educativo propuesta por el ministro José Ignacio Wert disminuirán el número de titulados y aumentarán los índices de fracaso y de exclusión del sistema educativo, al generar diferentes titulaciones.
Esta es una de las conclusiones del informe en el que la Federación de Asociaciones de Directivos de centros educativos públicos (Fedadi) analiza el Anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que se ha consensuado durante su XXVI Congreso.
Esta organización defiende un título único de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), sin prueba final, al que se pueda llegar por diferentes vías, ya que "la calidad no está necesariamente relacionada con las pruebas finales".
Considera que la educación es un bien público y debe priorizar el desarrollo personal del alumnado frente a otros aspectos como la competitividad.
Para Fedadi, el Ministerio de Educación debe liderar los esfuerzos para alcanzar acuerdos sobre los contenidos mínimos y, posteriormente, velar por su cumplimiento, considerando la actual distribución entre el Ministerio y las CCAA de los porcentajes del currículo, consolidado y aceptado desde hace 20 años.
Los directores consideran que el alumnado de los Programas de Cualificación Profesional Inicial o de Formación Profesional Básica debe tener la posibilidad de obtener un título que sea de validez universal, además de su cualificación profesional.
En el Bachillerato consideran "imprescindible" una mayor flexibilidad y variedad en la oferta de materias y modalidades para posibilitar al alumnado la construcción del itinerario que le permita acceder a los estudios posteriores que desee. Además, el título de Bachillerato no puede estar vinculado a pruebas externas.
Para Fedadi, la educación diferenciada de alumnos y alumnas representa un modelo inadecuado, por lo que no deben existir centros sostenidos con fondos públicos que concierten este tipo de enseñanza.
El informe señala que la dirección es el órgano ejecutivo de los centros y ejerce el liderazgo, y que el consejo escolar debe ser un órgano de control y gestión a través de la participación de todos los sectores de la comunidad educativa.
Desde la Federación Estatal de Asociaciones de Directivos se insiste en la necesidad de un pacto en educación en el que se comprometan los agentes económicos y sociales.

sábado, 6 de octubre de 2012

NI ÉTICA NI ESTÉTICA (Sobre el proyecto de nueva Ley de Educación)

Mucho ha llovido desde que aquel ministro de Franco de nefasta memoria decía altito y claro, con la osadía que solo proporciona la ignorancia, aquello de “más gimnasia y menos Latín”. Mucho ha llovido porque, desde 1969, muchas cosas han cambiado en nuestra arena política. Pasamos de la dictadura que no pedía permiso al pueblo a una democracia que sí que al menos lo tenía en cuenta; a otra en la que el miedo a perder votos limitaba las ambiciones y obligaba a guardar las formas; finalmente, a una extraña forma de gobierno en la que el pueblo ha elegido a unos representantes que no difieren demasiado de aquellos de la dictadura, ni en el fondo ni en los términos.
Claro que las pequeñas diferencias pueden ofender a la ciudadanía que, habiéndolos votado o no, siempre merece un respeto, por simulado que este sea. Y esas pequeñas diferencias residen en la jactancia, en el exhibicionismo de riqueza y poder, en la prepotencia. En el fondo, puesto que a diario nos van privando, uno a uno, de todos los derechos adquiridos en estos años en los que ha llovido tanto; nos van privando de nuestros puestos de trabajo y de nuestros salarios; de nuestra dignidad de profesionales y personas, en resumen.
En la forma: hasta una fecha que podríamos situar en la época en la que ya la democracia estaba ya más que asentada, en la que ya no temía nadie un golpe de estado que nos retrotrajera a tiempos pasados y concluidos, los políticos guardaban las formas. Guardaban las formas porque pensaban que el respeto era imprescindible, o al menos necesario y, también, porque sabían hablar.
Ahora una burda paleta (aunque investida diputada) grita desde el hemiciclo “que se jodan”. Y la polémica está servida. Parece que lo importante es a quién va dirigido el ex-abrupto. Y, en efecto, lo es, es importante, pero no es “lo importante”. A esta señora la apercibieron por el fondo, no por la forma. Y esto es lo primero que resulta intolerable, salvo que la señora fuera víctima de una ofensa y se refiriera al castigo de sus ofensores (siempre en la esfera de lo privado). Y esto solo es un pequeño detalle. Las expresiones de nuestros gobernantes darían para un estudio muy amplio.
No hay formas porque no hay ética, no hay formas porque no hay estética. No hay ética porque no se respeta a los demás (especialmente si los demás son tu electorado o el pueblo cuyos derechos y bienestar tienes el deber de defender). No hay estética porque esos no son modales.
Y, lejos de intentar cultivar ética y estética en nuestros ciudadanos, la LOMCE, la nueva ley de Educación, marca un rumbo contrario a ambos conceptos. Es una ley claramente orientada hacia el materialismo y el desconocimiento, que niega los valores de la creatividad, del humanismo, de la solidaridad y la convivencia equitativa. De valores que se asentaron hace miles de años, gracias a los cuales sus señorías están donde están, en esa posición de privilegio, olvidando que no son otra cosa que servidores del pueblo.
El Arte y el Humanismo son liberadores. El Arte, el único bien que el ser humano deja tras de sí, puesto que por lo demás es la plaga del planeta, lo dignifica, da sentido a su existencia: escuchar buena música, mirar un cuadro largo tiempo, leer poesía, transportarte en el tiempo gracias a un relato o novela, sentir que eres mejor, que eres otra persona, muchas personas…, son placeres simples y gratuitos, carentes de materialismo.
El Humanismo: los griegos sentaron las bases de nuestra convivencia, de nuestra cultura. Ellos y los romanos, de nuestra lengua, que es lo mismo que decir de nuestro pensamiento. El latín es exacto y puro, el griego es escurridizo, bello, inabarcable: la lengua de la filosofía. Saber algo de ambas lenguas es comprender mejor el mundo, mirar de otra manera al ser humano.
Al lado de estas enseñanzas, o en su misma base, la Ética y la Ciudadanía no deberían siquiera proponerse como opciones. La esencia de la educación es formar seres humanos capaces de vivir y convivir con dignidad, siendo razonablemente felices y haciendo razonablemente felices a los demás, queriendo y teniendo lo justo y necesario.
Pues bien, la nueva ley elimina el bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza, manteniendo un único Bachillerato de Artes que no incluye ni una sola materia de estas especialidades, sino sólo de artes plásticas, imagen y diseño. Sin ningún motivo, puesto que, como dice el presidente de FEDADI1, José Antonio Martínez: “Son bachilleratos muy rentables, la demanda supera con mucho la oferta en los institutos que los imparten y además el alumnado tiene un rendimiento por encima de la media. No son especialmente costosos porque son pocos institutos los que ofertan esa vía, pero resultan exitosos social y académicamente”.
Supone también un grave perjuicio para las Lenguas Clásicas: La Cultura Clásica de 3º / 4º de E.S.O. desaparece. El Griego queda relegado a la categoría de materia optativa de oferta no obligada para el Bachillerato de Humanidades. También sin un motivo aparente.
También desparece del currículo cualquier rastro de Educación para la Ciudadanía. Una decisión puramente ideológica conllevará la eliminación de la Ciudadanía de primaria, Ética y Ciudadanía de cuarto de ESO y la desaparición del apellido de Ciudadanía a la Filosofía de primero de bachiller.
¿Qué tipo de ciudadanos pretende formar la nueva ley? La educación, cada vez más, queda relegada a las aulas. Los padres delegan en los educadores, la sociedad en su conjunto no cumple ningún papel formativo. Los medios lanzan mensajes contrarios al valor del esfuerzo, del trabajo, del conocimiento. Los triunfadores que la televisión nos presenta son tipos y tipas zafios, desfachatados, sin noción alguna de lo que pueda ser un código moral o de decencia. Triunfan los trepas, los que se acuestan o dicen acostarse con, los que solo saben dar una patada a un balón, los estafadores o los enchufados… Triunfa y aplasta el señor dinero.
Y creo que lo que se pretende es formar no a ciudadanos, sino a adoradores y esclavos de ese “bien” supremo.
Meli San Martín
Sevilla, 4 de Octubre de 2012

sábado, 25 de agosto de 2012

"Calidad educativa y autonomía de centros (¿hablamos de lo mismo?)" (artículo de opinión)

Reproducimos íntegro el análisis del anteproyecto de la reforma educativa de Wert que realiza Iñaki López (miembro de la junta directiva de Fedadi -Federación de Asociaciones de Directivo de Centros Públicos-)


EL PAÍS.COM: Calidad educativa y autonomía de centros (¿hablamos de lo mismo?)


Estoy preocupado, no lo puedo remediar. Cuando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dio por comenzado el proceso de tramitación del anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, me alegré pensando que estábamos ante la oportunidad de dar un salto cualitativo en la mejora de la educación en España.
Sin embargo, tras la lectura de las propuestas que se incluían en el citado anteproyecto de ley, primero, y del “resumen” de las aportaciones realizadas por los ciudadanos a través de la dirección de correo electrónico creada al efecto, después, mi estado de ánimo cambió. El Ministerio de Educación y yo compartimos el uso de expresiones como "calidad educativa" y "autonomía de los centros docentes", pero no con el mismo significado. Veamos.
Lo que parece proponerse es un cambio radical de modelo a partir de una de las propuestas que se formulan: “La calidad educativa debe medirse en función del "output" (resultados de los estudiantes), no del "input" (inversión, nº profesores/unidades)”. A partir de esta propuesta, las estadísticas con los resultados de las evaluaciones nacionales externas, como la prueba PISA, pasan a convertirse en las grandes protagonistas del anteproyecto de ley (las referencias a dicha prueba son constantes). La mejora de los resultados estadísticos se convierte en el gran objetivo del sistema y no en un buen instrumento para contribuir a su mejora.
Así, las mencionadas referencias a la prueba PISA son utilizadas, primero para detectar las debilidades del sistema (hasta en tres de las cinco que se citan se hace mención de la comparación de los resultados obtenidos por nuestros alumnos con los de otros países), y después para plantear su mejora como objetivo general explícito, y no solo para la generalidad de nuestros alumnos, sino también, y de forma específica y diferenciada, la de los alumnos excelentes.
Por otra parte, las referencias a la prueba PISA parecen contribuir también a la inclusión entre los objetivos generales del objetivo:“aumentar la autonomía de los centros educativos”, ya que en el Informe PISA 2009 se recoge que la autonomía de los centros españoles es inferior a los promedios de la OCDE y esta organización señala que una mayor autonomía se corresponde con mejores resultados educativos.
Bueno, pensé, sea como fuere, de entrada parece haber una decisión clara de incrementar la autonomía de los centros docentes. ¡Por fin! Tras más de cinco años abordando la Autonomía de los centros y el liderazgo escolar en los distintos foros que hemos promovido o en los que hemos participado las Asociaciones y Federaciones de directores de centros públicos de las que formo parte, ¡ya lo tenemos!
Pero mi gozo en un pozo. Al entrar en el detalle del objetivo: “aumentar la autonomía de los centros educativos”, resulta que hay una propuesta y una medida para alcanzar dicho objetivo que no es que no comparta, es que se podría llegar a decir que las posiciones que sostenemos son radicalmente contrarias, sin contar además que podría estarse produciendo una contradicción flagrante entre los aspectos mencionados y los principios que se proponen en el propio anteproyecto.
Y este desencuentro no es otro que la posible especialización de centros educativos sostenidos con fondos públicos y el desarrollo de lo que el anteproyecto de ley denomina acciones de calidad que no se precisa suficientemente y que abren la puerta a la creación de centros de élite y de guetos, es decir, a fracturar el sistema educativo en dos subsistemas. Para entender lo que esto puede significar, bastaría con que los menos entrados en años pregunten a los mayores como era la enseñanza cuando el Bachillerato y la Formación Profesional se impartían en centros distintos.
Y todo esto, ¿para mejorar qué?, ¿los resultados de la prueba PISA? Pues tengo que confesar que así dudo que se consiga, salvo que se hagan trampas y seleccionemos discrecionalmente a los alumnos que van a participar en dicha prueba. La calidad educativa es algo más que lo que podemos deducir de los resultados de una prueba por muy bien que esté diseñada y la posible especialización de determinados centros educativos y la aplicación de acciones de calidad no pueden ser en ningún caso el único impedimento para acceder a un centro sostenido con fondos públicos.
Cualquiera de estas actuaciones debe ser, en principio, extensible a todos los centros para que cada alumno, como recogen los principios incluidos en este anteproyecto, esté en el centro que esté, disponga de la igualdad de oportunidades que le permita acceder a una educación de calidad hasta el final de la etapa obligatoria y el sistema educativo le ofrezca las trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones e ingresar con éxito en el mercado de trabajo.
Eso sí, como curiosidad, en el Informe PISA 2009 también se hace referencia a la equidad de los sistemas educativos, y en ese apartado el sistema educativo español obtiene buenos resultados, aunque no aparezca siquiera entre las fortalezas del sistema.
En lo que al propio proceso colectivo de toma de decisiones atañe, seguramente compartirán conmigo que lo más razonable es solicitar información y contrastarla, con la ayuda, si es posible, de los especialistas que tengamos más a mano. La probabilidad de éxito de este proceso, en el que los españoles nos jugamos mucho, será sin duda mucho mayor si finalmente obramos razonablemente y no siguiendo impulsos o sentimientos derivados de la “pertenencia a” o “simpatía por” determinados “grupos”.
En este sentido, parece lógico considerar que en la redacción de las propuestas del citado anteproyecto de ley, se debería haber producido la participación, como reconocidos expertos en la organización y funcionamiento de los centros, de las direcciones de los centros educativos a través de las asociaciones y federaciones que les representan. En cambio, parece poco útil que las propuestas enviadas a través de los cientos de correos que se afirma se han recibido, se resuman en un breve documento y de carácter global.
En cualquier caso, la educación es un tema de Estado que nos afecta a todos y nos obliga, especialmente a los que tenemos un mayor protagonismo y responsabilidad en este ámbito, a hacer los esfuerzos precisos para alcanzar un acuerdo duradero que dé estabilidad al sistema educativo español.
Iñaki López es catedrático de Matemáticas de educación secundaria, ha sido director de instituto durante 17 años y es miembro de la junta directiva de FEDADI