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viernes, 20 de noviembre de 2020

Escuela concertada, Religión, el castellano o las repeticiones: estas son las principales novedades que trae la ley Celaá

 Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

  • La aprobación definitiva por el Congreso de la LOMLOE pone a la que será la octava ley de la democracia a un mes aproximado de su publicación en el BOE y entrada en vigor
19 de noviembre de 2020

La ley Celaá (Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación, Lomloe) ya ha sido aprobada por un Congreso dividido en la que será su versión definitiva, o casi. La nueva norma, que será la octava de la democracia para el sector, viene a sustituir a la Lomce de José Ignacio Wert, aprobada en solitario por el PP haciendo uso de su mayoría absoluta en 2013. El texto aún tiene que viajar al Senado, donde puede ser enmendado aunque la mayoría del PSOE en la Cámara Alta lleva a intuir que sufrirá pocos cambios, antes de su aprobación definitiva. El Gobierno espera que en aproximadamente un mes esté el nuevo texto publicado en el BOE y por tanto vigente, de manera que las partes organizativas y de gestión de la ley entren en vigor ya el próximo curso. Para los cambios curriculares habrá que esperar al desarrollo reglamentario por lo menos otro curso más.

El Congreso aprueba la ley Celaá con el apoyo de ERC y el PNV y la amenaza de la derecha de llevarla al Constitucional SABER MÁS


La Lomloe trae novedades en muchos ámbitos. Reorganiza los estudios y modifica asignaturas, como la Religión o la Ética, cambia el reparto de asignaturas entre el Gobierno central y los autonómicos, elimina la referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza, limita la expansión de la escuela con conciertos (privada sostenida con fondos públicos) y rebaja su peso en el sistema dando un papel preponderante a la escuela pública, intenta repartir mejor al alumnado entre las dos redes para reducir la segregación, incorpora medidas para reducir la repetición, recupera un papel más fuerte de los Consejos Escolares e impulsa el primer ciclo de Educación Infantil, entre otras novedades. Además, introduce elementos de manera transversal a toda la educación, como la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

Además de estas novedades –y muchos otros cambios que ellos meterían– el profesorado echa en falta una rebaja por ley de las ratios de alumnos por clase, probablemente una de las principales reivindicaciones, si no la principal, de los docentes. Unidas Podemos intentó enmendar la ley en este sentido, pero lo hizo sin el apoyo del PSOE y la idea no salió adelante. Todo sigue igual en este aspecto: las ratios se mantendrán en un máximo de 25 alumnos por clase en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato (ampliables todas un 10% en situaciones excepcionales que a veces no lo son tanto). El Ministerio de Educación y el PSOE aducen que las cifras son un máximo y que en manos de las comunidades autónomas está bajarlas, si es su deseo.

Rebajar la repetición

La norma pretende abordar el problema que tiene España con la repetición de curso. Aproximadamente un tercio del alumnado de 15 años no está en el curso que por edad le correspondería, según datos oficiales, y además la repetición ejerce de elemento segregador: no todo el alumnado tiene las mismas posibilidades de repetir ni siquiera en condiciones de igualdad de competencias. La Lomloe establece que la repetición será un recurso "excepcional" y lo limita a lo largo del ciclo educativo: será posible como máximo una vez en Primaria y dos en el ciclo obligatorio (hasta 4º de la ESO). La repetición ya no estará sujeta necesariamente, como hasta ahora, a un número máximo de suspensos: el claustro decidirá de manera colegiada si el alumno está preparado o no para seguir avanzando por el sistema. "Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente y se estime que tiene expectativas favorables de recuperación", reza el texto.

Promoción de curso y titulación

El Gobierno pretende rebajar también el fracaso escolar y que haya más titulados al menos de Secundaria Obligatoria. Para ello, permitirá titular con algún suspenso, de nuevo bajo la premisa de que "obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que al terminar la educación secundaria obligatoria hayan adquirido las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa", sin más mención al límite de suspensos en 4º de la ESO que los referidos a la promoción de curso, y vuelve sobre la decisión "colegiada" del profesorado. La Lomloe también otorgará el título de la ESO a todos los alumnos que concluyan la Formación Profesionales Básica (hasta ahora se le otorgaba este título solo a algunos de estos alumnos).

En Bachillerato, se permite pasar de 1º a 2º con hasta dos materias suspendidas, que tendrán que ser cursadas en el siguiente curso. Los alumnos de Bachillerato podrán graduarse de manera excepcional con una asignatura suspendida "siempre que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título". También aparece como novedad que quien tenga el título en Técnico en Formación Profesional y Técnico en Artes Plásticas y Diseño podrá obtener el título de Bachillerato si superan las materias necesarias para alcanzar los objetivos de la etapa.

Vuelven los programas de diversificación curricular en la ESO

La Lomloe recupera los llamados Programas de diversificación curricular (de momento se mantiene el nombre), que la Lomce eliminó. En la LOE, estos programas estaban destinados al alumnado que no fuera capaz de pasar de 2º de la ESO a 3º, tenían muy buena acogida en la comunidad educativa y la Lomloe ahora los recupera. "En este supuesto, los objetivos de la etapa y las competencias correspondientes se alcanzarán con una metodología específica a través de una organización del currículo en ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su caso, materias, diferente a la establecida con carácter general", explica la ley. Se trata de una vía diferente a la general para lograr que el alumnado con necesidades de apoyo educativo no deja los estudios y logre titular en Secundaria Obligatoria.

El castellano deja de ser vehicular

Es a la vez una de las modificaciones que más ruido ha provocado y que menos efectos reales va a tener a priori en las aulas. Una enmienda pactada por el PSOE, UP y ERC elimina la referencia a que el castellano sea lengua vehicular de la Educación (expresión que se inventó José Ignacio Wert, antes de su Lomce, en 2013, no existía). El nuevo texto reza: "Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable", junto al compromiso, no especificado en la forma, de que el alumnado dominará ambas lenguas donde las haya y si no, se tomarán medidas correctoras. Los conocedores del sistema de inmersión lingüístico catalán (modelo en el que se estaba pensando cuando se incluyó este cambio) destacan que esto ya funcionaba así de facto y que en cualquier caso los tribunales ya han establecido que las familias que así lo pidan tienen derecho a recibir un 25% de sus clases en castellano. Apenas un centenar de ellas lo solicita al año en toda Catalunya.

Religión y Cultura de las religiones

Otro de los elementos ruidosos pero que parece generar más debate a nivel social que en los propios colegios. La Lomloe mantiene la asignatura como de oferta obligatoria para los centros, pero optativa para el alumnado. La norma le resta peso en el sistema a la materia: no contará para la nota media final, como había introducido la ley Wert, y no tendrá asignatura alternativa como hasta ahora, lo que promete causar quebraderos de cabeza la dirección de los centros, que se verán forzados básicamente a ponerla al principio o final de la jornada escolar porque no puede haber alumnos sin clase en mitad del horario escolar.

Además, una enmienda de PSOE y ERC establece que "en el marco de la regulación de las enseñanzas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones". No hay más información en la ley, y fuentes socialistas aclaran que se regulará posteriormente, que no será obligatoria ni tampoco ejercerá de alternativa a Religión.

Ética y filosofía

Descontados los cambios en Religión, la Ética es la materia de la que más se ha hablado en la última semana. El PSOE ha roto en la Lomloe el consenso que alcanzó el Congreso para recuperar el ciclo de formación filosófica (una sucesión de asignaturas en cursos consecutivos con un sentido conjunto) que rompió la Lomce, según denuncia la Red Española de Filosofía, que agrupa a profesionales de todo tipo relacionados con la Filosofía. La redacción de la nueva ley no prevé ninguna asignatura con estos contenidos en la Secundaria Obligatoria –las comunidades autónomas podrán incluir alguna optativa dentro de su margen de actuación–, pero sí una materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos, "que prestará especial atención a la reflexión ética y se incluirán contenidos referidos a la Constitución española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible", etc. La materia tiene, a falta del desarrollo del currículo, un aire a la extinta Educación para la Ciudadanía y amenaza con provocar los mismos desencuentros que aquella, que la derecha tachó de ideologizante y adoctrinadora. La REF sostiene que, diga lo que diga el Gobierno, no es la materia de Ética que ellos piden.

La Lomloe sí recupera la obligatoriedad de dos asignaturas de Filosofía en Bachillerato, una en 1º y otra en 2º, que laminó Wert.

Agrupación de asignaturas por ámbitos

Otra de las novedades más puramente educativas que trae la Lomloe es que permitirá la agrupación de las asignaturas por ámbitos de conocimiento, de manera que no haya que impartir necesariamente una materia de Biología y otra de Física y Química, podrán ir juntas. "Los centros educativos podrán establecer organizaciones didácticas que impliquen impartir conjuntamente diferentes materias de un mismo ámbito, de acuerdo con su proyecto educativo", explicita la ley. Esto supone darle carácter normativo a algo que se venía haciendo en ciertos lugares. Queda exento de esta práctica el 4º curso de la ESO.

Límites a la escuela concertada

La Lomloe incluye varias novedades respecto a la situación, extensión y rol de la escuela concertada en el sistema educativo. Algunas de ellas se han realizado pensando exclusivamente en ciertas prácticas que se han venido desarrollando en la Comunidad de Madrid por los centros privados sostenidos con fondos públicos, según explican fuentes socialistas y del Gobierno. Dos de las que más demandaban los defensores de la pública son la prohibición de ceder suelo público para la construcción de centros concertados y la prohibición de concertar centros que segreguen a su alumnado por sexo. La ley Celaá incluye ambas medidas, que había introducido la ley Wert. La plataforma Más plurales no ha dado la batalla especialmente con estos dos asuntos.

Además, el Gobierno quiere poner fin a esa práctica irregular pero asumida de que la escuela concertada cobre cuotas a las familias de manera más o menos transparente. Para ello, la Lomloe prohíbe introducir actividades complementarias dentro del horario lectivo (se cobran aparte y pone a las familias en el brete de pagarlas o ver cómo su hijo es excluido, a veces en mitad de la jornada escolar) y obliga a las administraciones educativas a controlar que no se paguen cuotas.

Reparto de alumnado, "demanda social" y segregación

El Gobierno también pretende reducir la segregación de alumnado en el sistema con varias medidas que también afectan a la escuela concertada agrupadas en dos ámbitos: la gestión de la oferta de plazas y el proceso de admisión y reparto del alumnado por los centros para evitar que los más favorecidos se junten en la escuela privada sostenida con fondos públicos y los más humildes se matriculen en las públicas. En cuanto a la oferta, la Lomloe retira de su articulado la expresión "demanda social", que se inventó la Lomce. José Ignacio Wert incluyó esta fórmula en su ley para determinar qué tipo de plazas debían ofrecerse a la población para garantizar el derecho a la educación que garantiza la Constitución, apelando a que si las familias querían escuela concertada habría que darles escuela concertada. El problema que encuentra el Gobierno es que esta fórmula al revés no funcionaba según dónde (de nuevo, con un ojo en Madrid). Las plazas en centros públicos no estaban garantizadas.

El Gobierno quiere potenciar la escuela pública en la Lomloe. Para ello, ha introducido varios cambios en el articulado. Además de retirar la expresión "demanda social" –una de las medidas más criticadas por los defensores de la concertada, que acusan al Gobierno de restringir la libertad de elección de centro y han realizado una campaña contra la norma que incluye el uso de menores–, se establece por ley que la garantía de que exista una oferta de plazas suficientes corresponde a la escuela pública, mediante fórmulas como que esa garantía se articulará "mediante una oferta suficiente de plazas públicas" o que "las administraciones educativas programarán la oferta de modo que garanticen la existencia de plazas públicas", además de promover "un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública".

La otra pata de las políticas para reducir la segregación es el reparto del alumnado por los centros. Los cambios fundamentales en este sentido, para deshacer los que introdujo la Lomce, son primar en la admisión la cercanía del colegio al domicilio o la renta per cápita, elementos que también recogía la ley Wert, pero no priorizaba: "Tendrán preferencia en el área o zona de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo, indistintamente, de alguno de sus padres, madres o tutores legales aquellos alumnos y alumnas cuya escolarización en centros públicos o privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales", dice la Lomloe. La otra medida es establecer "áreas de influencia" de los centros para hacer efectiva la aplicación de los criterios de proximidad y dar a las Comisiones de garantía de escolarización, encargadas de dirimir disputas cuando hay más demanda que oferta de plazas en un centro, el mandato de "evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de cualquier otra naturaleza".

Cambios en la educación especial

Otro de los aspectos que más ruido ha hecho, bajo acusaciones al Gobierno de que "los centros de educación especial van a desaparecer". La polémica se centra en torno a la disposición adicional cuarta de la Lomloe. Este apartado fija la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, firmada por España en 2008, como marco de referencia (al ser una convención internacional ratificada por el país es obligatorio, en el rango jerárquico está solo por debajo de la Constitución) y establece que todos los niños tienen derecho a una educación inclusiva en un centro ordinario.

La disposición cuestionada no llega a tanto. Establece que "el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años [aquí va la referencia a la Convención] los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Esta es la parte que desde la patronal se entiende como una amenaza a su existencia. Más adelante, en referencia a los centros de Educación Especial, la ley añade: "Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios". Además, el articulado de la ley establece que se escuchará a las familias a la hora de matricular al alumnado con necesidades educativas especiales en unos centros u otros, con el fin de evitar situaciones como las que se dan de que las administraciones educativas deciden unilateralmente y luego la justicia corrige la decisión, pero varios años después. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han establecido que los menores con discapacidad tienen derecho a ser escolarizados en centros ordinarios.

El reparto competencial

La Lomloe modifica también el reparto entre Gobierno y comunidades autónomas sobre el currículum educativo y sustituye el método que instauró Wert (por el que el Gobierno central decretaba un número de asignaturas comunes para toda España y daba a las autonomías capacidad de introducir unas pocas optativas) por uno de porcentajes. Así, tras enmendar el texto original, el Ministerio de Educación se ocupará del 60% del currículo, porcentaje que caerá al 50% en las comunidades con lengua cooficial. También se añade en la ley que los centros educativos "desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas en uso de su autonomía". Algo más de libertad para los centros.

Colegios e institutos también ganarán algo de autonomía respecto a la Lomce. El articulado de la Lomloe recupera el papel de los Consejos Escolares, disminuidos en la ley Wert en favor de la dirección de los centros. La nueva norma establece que "la comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través de su Consejo Escolar".

Impulso a la Formación Profesional

No es exclusivo de la Lomloe porque vendrá con una ley propia, pero también vienen cambios en la FP. Ya se ha mencionado que titular en la etapa básica, para alumnos de 15 años que tienen problemas para seguir el ritmo en Secundaria, otorgará directamente el título de la ESO para que este alumnado pueda seguir progresando por el sistema o al menos tenga una titulación obligatoria. También habrá una especie de másteres de la FP, para la especialización al modo de los universitarios, y se flexibilizan los estudios para que no tengan que durar necesariamente todos lo mismo, como sucede ahora.

Más plazas públicas en la etapa 0-3

El Gobierno quiere impulsar la Educación Infantil, que no es obligatoria pero sí prácticamente universal en el segundo ciclo (3-6 años) aunque flojea en el primero (0-3 años), con una oferta de plazas "pública, suficiente y asequible". El objetivo que se quiere alcanzar, expone la ley, es "atender todas las solicitudes de escolarización" en la etapa inicial. También se recupera parte del carácter educativo de la etapa, que la Lomce laminó por otro más asistencial.

El profesorado podrá ser apartado

La Lomloe incluye una disposición adicional nueva, la cuadragésima octava, que no ha gustado mucho a los sindicatos porque entienden que corresponde al ámbito del Estatuto docente, aún pendiente de negociar. Es de carácter disciplinar sobre el "cambio de las funciones del personal docente", y dice así: "Los funcionarios docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto docente o una notoria falta de rendimiento que no comporte inhibición, podrán ser removidos de su puesto de trabajo y realizar otras tareas que no requieran atención directa con el alumnado. La remoción ha de ser consecuencia de un expediente contradictorio que finalice con una evaluación negativa realizada por la inspección educativa".

domingo, 9 de junio de 2019

Competencia multa con 34 millones de euros a 33 editoriales de libros de texto y a ANELE, la asociación que las agrupa (Pavlo Gutiérrez del Álamo para EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN)

ELDIARIODELAEDUCACION.COM ha publicado esta noticia

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia afirma que "han llevado a cabo conductas constitutivas de infracción fijando y uniformizando las políticas y condiciones comerciales y han tratado de imponer su acuerdo en todo el mercado".
La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, ANELE, y 33 editoriales fijaron políticas y condiciones comerciales del mercado de los libros de texto durante 5 años, según la CNMC, «a pesar de una pretendida voluntad de aplicar reglas éticas». La editorial Vicens Vives fue la empresa que denunció estos hechos, en relación a ANELE.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto una multa a las editoriales y a ANELE que asciende a 33,8 millones de euros al considerar que «se ha demostrado con rigor suficiente» que un pacto sobre políticas comerciales «conlleva inevitablemente la reducción de la competencia y a la preservación del status quo«.
Las editoriales multadas, así como la Asociación, se habían dado un Código de Conducta con el que pretendían introducir reglas éticas para asegurar cierta autorregulación pero, según la CNMC «ha sobrepasado de manera nítida» los límites de dicha autorregulación y ha servido «para coaccionar y boicotear a aquellas editoriales que no querían adherirse a esta estrategia anticompetitiva». «Ese modo de actuar ha tratado de condicionar la actuación de los centros educativos y de reducir su poder de negociación».
Además de tratar de condicionar a los centros educativos, se enviaron cartas a terceras editoriales en la que se aseguraba que sus políticas de promoción de sus materiales de enseñanza resultaban ilegales, a pesar de «que se empleaban de manera generalizada antes de la entrada en vigor» del Código de Conducta.
Entre 2012 y 2017, tras la aprobación del Código de Conducta por parte de ANELE y de varias editoriales, se llevaron a cabo diferentes medidas de presión que han pasado por el envío de cartas a empresas, así como a los centros educativos con los que negociaban estas, en las que se aseguraba la ilegalidad de las condiciones comerciales que se estaban negociando. En otros casos, además, ha habido denuncias en los juzgados para aumentar la presión.
Una presión que pretendía, por una parte, que los centros educativos dejaran de tratar con determinadas editoriales y, por otra, hacer que estas desistieran de sus políticas de promoción y se adhiriesen al código y us medidas.
También, asegura la Comisión, ha habido coordinación para fijar el precio de los libros digital así como las condiciones de su comercialización «en los momentos iniciales de su desarrollo e implantación, lo que habría contribuido a retrasar artificialmente su capacidad para sustituir al libro de texto en formato papel, limitando con ello la innovación y el progreso técnico».
La Comisión de la Competencia considera acreditado que las empresas, con la ayuda de ANELE, cruzaron correos electrónicos para «debatir y acordar los precios», así como las medidas para su comercialización en 2011 y en 2014.
Entre estas medidas se encuentran las condiciones de reutilización de los libros por hermanos de alumnos o alumnos repetidores, la duracion de las licencias de dichos materiales, la negativa a trabajar offline o la fijación de precios.
«Las condiciones comerciales acordadas -asegura Competencia- definen el alcance del producto vendido al cliente, reducen las posibilidades de elección de los centros docentes que prescriben los libros de texto y, por ende, de los alumnos».
Tanto las editoriales multadas como ANELE asegurarón ante la Comisión de la Competencia, que parte de las decisiones relacionadas con los libros digitales se tomaban para asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de las plataformas que utilizan los centros educativos. Para Competencia, sin embargo, estos motivos «no explican los acuerdos entre competidores en materias que no interfieren en la necesaria estandarización mencionada».

Responsabilidades

Para la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, queda claro que ANELE, así como las editoriales Grupo Anaya, Grupos Santillana, Grupo SM y Oxford University Press (OUP) «han sido las líderes, pues han tenido un papel preeminente en la toma de decisiones y han participado activamente y desde sus inicios en la Comisión de Supervisión» del Código de Conducta en relación al desarrollo de dicho código.
Junto a estas, otras como Edelvives, Edebé, McMillan, Mc Gray Hill, Pearson, Teide y Byme apoyaron dicho código y participaron de los mecanismos de control y presión «para disciplinar a los competidores», aunque sin formar parte de la Comisión de Supervisión.
Además, existe un tercer grupo conocedor de las infracciones pero con una participación menor en los hechos. Editex, Grupo Bromera y Laberinto formarían este grupo.
En lo que respecta al libro digital, la Comisión de Competencia asegura que ANELE, Grupo Anaya, Grupos Santillana y Grupo SM asistieron a todas las reuniones del Comité Técnico y tuvieron un papel activo «en la homogeneización de condiciones comerciales».
Edebé, McMillan, Mc Graw Hill, PEarson, Teido y OUP no estuvieron en todas las reuniones del Comité  Técnico, pero sí lo hicieron, asegura CNMC, en «aquellas en las que se han tratado los aspectos más problemáticos de la conducta».
La CNMC considera que ANELE ha tenido un «papel fundamental» como promotora del Código de Conducta. Además » ha potenciado y permitido su aplicación efectiva y la extensión de su alcance». A esto se suma que «al menos desde 2009», la asociación ha intentado la coordinación de sus asociados para restringir determinadas políticas comerciales de promoción del sector.
«ANELE coordinabalos diferentes instrumentos comerciales que iban a eliminarse o limitarse en aplicación del CDC. ANELE era consciente de que existía una motivación económica y de preservación del statu quo en el desarrollo y aplicación del CDC», asegura la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La Asociación también tuvo un papel determinante en relación a las medidas de presión. Primero, acudiendo a un bufete de abogados para la redacción de las cartas que eran enviadas a centros educativos, instituciones educativas y editoriales. Segúndo, las misivas eran enviadas en nombre de ANELE y con la firma de su presidente, José Moyano, con lo que la asociación asumía la responsabilidad de lo escrito, entre lo que se incluían acusaciones a empresas y centros de unposible delito de cohecho.
La Comisión de la Competencia considera probado que ANELE iba más allá de sus funciones presionando a editoriales que no estaban adheridas a su código de conducta y que, por lo tanto, no tenían por qué seguir sus indicaciones.
«Sin la cooperación necesaria y organización de ANELE», asegura la CNMC, no podría haberse desarrollado y aplicado las diferentes infracciones condenadas según el Código de Conducta.
Lo mismo ocurre en relación al libro digital. En esta falta la Comisión de la Competencia también entiende que ANELE ha jugado un papel importante, primero, con la formación del Comité Técnico y la estructura que permitió los acuerdos sobre la comercialización de dichos libros.
Señala la Comisión que «queda acreditado que la asociación auspició, coordinó y estimuló la toma de todas las decisiones en torno al acuerdo de las editoriales de libros de texto españolas sobre condiciones comerciales, incluyendo precios, para el libro de texto digital».
En el caso de los libros digitales, a Comisión de Cometencia considera acreditado que esta actuaciónpor parte de ANELE se produjo desde abril de 2014 hasta febrero de 2017.

Sanciones

La Comisión nacional de los Mercados y la Competencia Ha impuesto una serie de multas. Por una parte estas por las actuaciones relacionadas con el Código de Conducta:
Por otra parte, estas son las sanciones relacionadas con las acciones llevadas a cabo sobre el libro digital:

domingo, 2 de junio de 2019

Competencia sanciona a 34 editoriales de libros de texto y a su patronal con 33,88 millones (Antonio M. Vélez en eldiario.es)

Artículo de Antonio M. Vélez en eldiario.es
  • Las mayores multas corresponden al grupo Santillana (casi 9 millones), Anaya (8 millones) y SM (5,38 millones); también se ha sancionado a la patronal del sector, ANELE
  • Coordinaron "políticas y condiciones comerciales en el marco de un Código de Conducta para las empresas del sector"
  • Una Comisión de Supervisión "controlaba las desviaciones con medidas de presión y amenazas de denuncia a quienes no formaron parte de los acuerdos"
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes una batería de sanciones por importe de 33,88 millones de euros a 34 editoriales de libro de texto y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE).
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Competencia, que no menciona la palabra "cártel", dice que el sector coordinó un "mecanismo" para fijar "políticas y condiciones comerciales en el marco de un Código de Conducta" para sus empresas. Una Comisión de Supervisión al amparo de ese código "controlaba las desviaciones con medidas de presión y amenazas de denuncia a quienes no formaron parte de los acuerdos". "Anele y 10 editoriales pactaron condiciones comerciales para comercializar el libro de texto digital entre 2014 y 2017", explica.

Las mayores sanciones han correspondido a siete empresas del grupo Santillana, perteneciente al grupo Prisa, con multas por importe de 8.944.435 euros; Anaya (seis editoriales y sanciones de 8.027.658 euros; SM (5.389.761 euros); Oxford University Press España (3.113.066 euros) y Edelvives (2.705.258 euros). A la patronal ANELE le han correspondido otros 180.000 euros.

Santillana ha mostrado "su total desacuerdo con las dos prácticas supuestamente restrictivas de competencia que fundamentan la resolución de la CNMC", que recurrirá porque "contiene profundas inconsistencias".

En el expediente, iniciado a partir de una denuncia realizada por la Editorial Vicens Vives, se han sancionado dos infracciones muy graves según la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la UE: una serie de acuerdos y prácticas concertadas vinculadas con el desarrollo y aplicación de un Código de Conducta para las empresas del sector en vigor desde abril de 2012.

Al elaborar e implantar ese código, las editoriales sancionadas y la asociación configuraron, según la CNMC, "una estrategia dirigida a restringir la competencia en la prescripción de libros de texto no universitarios por parte de los centros educativos" que les permitió "homogeneizar las políticas y condiciones comerciales en el sector, como la entrega de materiales informáticos (pizarras digitales, cañones de proyección, ordenadores portátiles etc.), para reducir y eliminar aquellos elementos que introducían competencia en la prescripción de libros de texto".

A pesar de que el Código de conducta se justificó por un sistema de supuestas "buenas prácticas", Competencia cree acreditado "que las entidades que llevaron a cabo las conductas lo hacían con una finalidad económica y para restringir la competencia"; y que existían "métodos de castigo a las editoriales que no cumplían con los acuerdos, aunque voluntariamente no se hubieran adherido al Código de conducta".

"Anele envió cartas a competidores y a los centros educativos, incluyendo amenazas de denuncias. También se realizaron medidas de presión concretas contra Edelvives, hasta que se unió a los acuerdos, y se presentaron demandas de competencia desleal contra Vicens Vives", la denunciante.

La CNMC ha comprobado, también, un descenso de la cantidad destinada por parte de las editoriales a la entrega de material de las TIC entre 2010 y el curso 2017/2018 a las aulas, "sin que ello se haya traducido en bajadas de precios de los libros de texto".

Competencia recuerda que la comercialización de libros de texto tiene unas características "peculiares", dado que las familias de los alumnos, que son las compradoras de los libros, no seleccionan el producto en función del precio y están obligados a adquirirlo si lo prescribe el centro educativo.

"Otro aspecto relevante es que hay etapas educativas de precio fijo (educación infantil, bachillerato y FP) y otras (educación primaria y ESO) con precio libre". A esto se suma "una regulación sobre los contenidos de los libros de texto no universitarios muy clara y determinante" y que los centros educativos tienen la obligación legal de mantener los mismos libros de texto por periodos de al menos 4 años, salvo que está plenamente justificada su sustitución antes del tiempo establecido.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Uno de cada tres colegios concertados de Madrid puede ser sancionado por cobrar irregularmente a las familias (Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es)

Artículo de Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es
  • Los inspectores de la Comunidad de Madrid vuelven este trimestre a 167 centros a los que abrieron expediente por incumplir la normativa 
  • Educación avisa de que pondrá sanciones si no han subsanado las irregularidades, que suponen la retirada de parte del dinero público con el que funcionan
  • La administración ha detectado que estos centros ofrecen servicios en bloque de pago obligatorio o no rinden cuentas adecuadamente con la Consejería
Los inspectores de la Comunidad de Madrid están volviendo desde principios de octubre a los 167 centros concertados de la región a los que abrieron expediente tras detectar irregularidades en su gestión de las actividades extraescolares. Son casi uno de cada tres colegios (32%) visitados por la inspección, que pasó por 522.  Todos los que, según la Consejería de Educación, ofrecen este tipo de servicios fuera de horario lectivo y que son un 92% de los 566 centros privados que funcionan con fondos públicos en la Comunidad. 
Estos centros, según una respuesta del Gobierno de Cristina Cifuentes al Grupo Socialista, no informan a las familias de que las actividades son voluntarias y no lucrativas, no reflejan adecuadamente en la información que remiten a la administración la existencia de estas actividades, las ofrecen en bloque, sin desglosar precios y sin posibilidad de elección o incluyen conceptos erróneos como servicios complementarios. 
Estas actuaciones, confirmadas también por la viceconsejera de Organización Escolar María José García-Patrón, contravienen el artículo 88 de la Lomce, que dice que "en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos". Y la ley prevé sanciones en caso de incumplimiento, a las que hace referencia una resolución de la Comunidad de Madrid de 2016.
"Los inspectores tienen que reflejar si el centro ha subsanado las deficiencias comunicadas. Y en caso contrario se propondrá la medidas previstas en la norma", dijo en septiembre la viceconsejera García-Patrón, que explicó que una vez detectada la irregularidad, la administración debe abrir una Comisión de Conciliación –compuesta por el titular del centro, una persona del Consejo Escolar y otra en representación de la administración– que acuerde medidas para corregirla. Por el momento solo ha abierto una, pese a que se han detectado 166 casos más. 
Lo que sale de esa comisión es de obligado cumplimiento para el centro, que cometería una infracción grave si no actúa como se marca. Estas infracciones conllevan multas económicas que oscilan entre el total y el doble de una parte del dinero público reservado a ese concierto que dejarían de percibir. Concretamente el reservado en las partidas a "otros gastos": entre 6.900 y 9.200 euros por aula al año, según el nivel educativo. 

Multas de más de 100.000 euros

Por ejemplo, en un colegio de Primaria de tamaño medio con dos clases por nivel la sanción ascendería a 124.200 euros por curso. Multiplicada por dos, 350.000. Y a mayor número de aulas, mayor cuantía en la multa. Estas sanciones, no obstante, solo se extienden según normativa durante dos años. Después prescriben. 
Pasa lo mismo con las muy graves, ligadas a la retirada del concierto, aunque los titulares podrían volver a solicitarlo pasados tres años. Para que la administración considere que la sanción llega a este nivel, el centro debe reincidir en incumplimientos graves, como "impartir las enseñanzas objeto del concierto contraviniendo el principio de gratuidad" o "incumplir los acuerdos de la Comisión de Conciliación". 
La normativa –recogida en los artículos 61 y 62 de la LODE– también habla de "incumplimientos leves", que prescriben en un curso, conllevan apercibimiento de la administración y, de demostrarse que tienen como fin último el ánimo de lucro, pueden convertirse en graves.
Son la mayoría de los detectados por la inspección. Entre ellos, "percibir cantidades por actividades escolares complementarias o extraescolares o por servicios escolares que no hayan sido autorizadas por la Administración educativa o por el Consejo Escolar del centro" o "i nfringir el principio de voluntariedad y no discriminación de las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios". 

Cuotas de 148 euros al mes

En cualquier caso, la norma marca un largo recorrido para que la sanción llegue a hacerse efectiva y da oportunidades a los titulares para subsanar las irregularidades, señaladas además de por los propios datos de la Consejería de Educación, por informes de la Organización de Consumidores y Usuarios y más recientemente por dos estudios encargados por la FAPA Giner de los Ríos y CICAE a consultoras privadas. 
Estos últimos concluyen que el 100% de los centros visitados exigen un pago fijo obligatorio que alcanza los 148 euros de media al mes. El 77% de ellos no menciona la voluntariedad de cuotas en la visita informativa de los padres, y de estos el 39% tampoco lo refleja por escrito. Los que sí lo cuentan a las familias y lo ponen por escrito, de manera verbal explican, según los informes, que tienen carácter obligatorio e incluso que "la Administración les obliga a ponerlo así".
La Comunidad de Madrid tiene un volumen de escuela concertada muy superior al de otras regiones. Es la cuarta comunidad autónoma –solo por detrás de Euskadi, Navarra y Baleares–  que dedica más presupuesto público a este modelo educativo: fueron 943 millones de euros en 2014, uno de cada cinco euros del gasto total en educación (20%). La media está en un 14,7%.
Y sigue creciendo este curso. El Gobierno de Cristina Cifuentes ha incrementado la partida para 2017-2018 en 15 millones de euros, lo que se traduce en el aumento de 210 aulas.

domingo, 20 de agosto de 2017

La Comunidad de Madrid protege a la directora de un colegio que dejó en la calle a dos niños sin avisar a su familia

Fuente: Laura Galaup para eldiario.es

  • La responsable de un centro público ordenó a dos alumnos de 11 años que se marchasen en horario lectivo y sin supervisión de adultos 
  • Acudieron tarde al colegio porque sus progenitores eran objetores de la prueba de la Lomce de 6º de primaria
  • El Gobierno de Cristina Cifuentes reconoce que se cometió "un error" pero limita la penalización a un "apercibimiento verbal" y descarta una sanción


La Comunidad de Madrid ha decidido no sancionar a la directora de un colegio público que dejó en la calle a dos alumnos de 11 años, un niño y una niña. El Gobierno de Cristina Cifuentes ha tomado esta decisión después de que los padres de estos dos menores protestasen porque sus hijos fueron expulsados el pasado mes de mayo en horario lectivo y sin supervisión de ningún adulto, ya que ellos no fueron avisados de esta decisión.

Finalmente fue la abuela de uno de los menores, que les había llevado al centro, la que se hizo cargo de ellos, tras encontrárselos por casualidad andando solos por la calle.


En sus quejas los padres lamentan que los menores abandonaran el centro "siguiendo las instrucciones de la directora". En la respuesta que les remitió la responsable de la Dirección del Área Territorial (DAT) de Madrid capital, reconoce que estos hechos son "censurables", aunque descarta sancionar a la responsable del centro porque considera "preciso valorar este incidente en sus justos términos".

En el documento emitido por la DAT a las familias, al que ha tenido acceso eldiario.es, aseguran que la directora del colegio Winston Churchill recibió un "oportuno apercibimiento verbal" y que al equipo directivo se les transmitieron las indicaciones para que "extremen la atención y el control de aquellas situaciones que puedan originar malas prácticas".

"Es incomprensible que la responsable de un centro diga a los menores que abandonen el centro sin avisar a sus padres, saltándose la ley y el reglamento de régimen interno. El colegio alberga a casi 800 niños de entre 3 y 12 años", apunta María, madre del niño expulsado, en una de las reclamaciones dirigidas a la Comunidad de Madrid.

"Como gracias a la abuela no pasó nada, deciden tapar estos hechos y se acabó", recrimina Cristina, madre de la niña. Las familias de los menores se muestran indignadas con esta respuesta porque consideran que la Consejería de Educación se ha amparado en que "no hay ningún mal que lamentar".

El departament reconoce a eldiario.es que esta profesional cometió "un error al permitirles salir fuera de sus instalaciones", pero describen este incidente como un "hecho puntual".

Objetaron a las pruebas externas

El incidente sucedió el día en que se celebraron las pruebas externas de 6º de primaria, el pasado 31 de mayo. Los alumnos acudieron a las 12.15 al centro, acompañados por la abuela de uno de ellos. Sus padres habían tomado esta decisión para negarse así a que participasen en el examen, porque no estaban de acuerdo con la "obsesión" del centro para prepararlas. "Durante dos meses se centraron en simulacros y dejaron a un lado el temario pautado. Se vuelcan en que el centro tenga buenas notas y no se preocupan por el alumno", relata Cristina.

Estas pruebas se celebraron en todos los colegios de la Comunidad y, aunque no tienen valor académico, sí suponen "una valiosa herramienta de diagnóstico tanto para las familias, los centros y la administración educativa", argumenta la Comunidad de Madrid. Una vez que fueron corregidas, se elaboró un informe para "mejorar la calidad educativa madrileña".

Amparándose en este contexto, la responsable de la DAT continúa señalando a las familias que una vez que los menores llegaron al colegio a las 12.20, se les explicó que "no podían incorporarse a clase por haber llegado tarde" porque sus compañeros estaban "finalizando la prueba".

Asimismo, esta directiva de la Consejería de Educación enmarca este suceso en el "estrés que supone la organización de las pruebas" en un centro educativo, así como que el centro no ha registrado anteriormente "hechos de esta naturaleza".

También explica en el escrito que los menores se marcharon porque "en ningún momento se informó a la directora que ambos alumnos se habían presentado acompañados de la abuela de uno de ellos". "A las 12.25 salen ambos del colegio, su compañero estaba autorizado a salir solo e Icíar manifestó que había venido con él", reseñan los responsables de la DAT en el documento.

El hijo de esta mujer estaba autorizado para marcharse del colegio sin compañía de un adulto cuando terminaban las clases. Eso sí, los progenitores aseguran que este consentimiento estaba enmarcado en las horas de salida del centro y reseñan la "gravedad" de lo acontecido porque la otra niña no contaba con ese permiso.

Las familias se muestran desconcertadas ante esta respuesta oficial. En sus argumentaciones destacan que el reglamento de régimen interno del centro permite a los niños comer en el colegio si llegan antes de las 12.30. "Los padres no fuimos avisados y la abuela se los encontró fuera, de casualidad. Vio desde el autobús que los niños iban andando por la calle en dirección a mi casa", reseña María.

"No había nadie en casa para recibirles"

En este punto, inciden en que al tomarse la decisión dentro del horario lectivo, no había nadie para recibirles en sus domicilio. "Si un día necesito que acuda otra persona a recoger a mi hija, tiene que llevar una autorización firmada por mi. Así que no entiendo cómo la dejan marchar porque va con otro niño, no tiene sentido", argumenta Cristina.

Ante esta actuación, una vez que su abuela les interceptó mientras andaban los dos solos, volvió al colegio para pedir explicaciones "se las vio y deseó para que les dejaran quedarse", continúan los progenitores. Estas familias se muestran decepcionadas porque ningún alto cargo del centro "en ningún momento" se puso en contacto con ellos para aclarar lo sucedido, fueron los padres los que tuvieron que pedir explicaciones.

Tampoco entienden por qué en el centro educativo destruyeron la hoja de firmas ratificada por la abuela de uno de los niños en la que figuraba la hora en la que entraron por primera vez. Ante esta última queja, desde la DAT aclaran que "el conserje retiró la hoja" porque "los alumnos ya no estaban en el centro" pero "sin que hubiera intención de ocultar nada", apuntan.

Cifuentes ratifica la decisión de la Consejería

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha respondido a las quejas de María y su marido y en la contestación que les mandó el mes pasado se reafirma en la decisión tomada por su equipo educativo. Destaca que la directora "ha pedido personalmente disculpas a los progenitores", pero también "espera" que los padres se "hagan cargo" de que se "trataba de una circunstancia extraordinaria" porque en esas horas lectivas era "obligatoria" la participación de los alumnos en la prueba de 6º de primaria.

miércoles, 13 de agosto de 2014

Los cuatro ceutíes sancionados por abuchear a Wert consideran que es un honor luchar por la escuela pública

Vía  hemos leído esta noticia


20 MINUTOS.ES: Multan con 301 euros a tres políticos de Ceuta por abuchear al ministro Wert


Los dos líderes del primer grupo de la oposición de Ceuta, Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui, y el portavoz de Podemos en Ceuta, Julio Basurco, han sido multados con 301 euros por haber abucheado al ministro de Educación, José Ignacio Wert, durante la visita que hizo a la ciudad a finales de junio.

Los dos integrantes del partido Caballas, acompañados del portavoz de Podemos, Julio Basurco, y un estudiante de la Universidad de Granada en Ceuta, Hamza El Roudani, han expresado su malestar por las sanciones de 301 euros impuestas por la Delegación del Gobierno y a la que cada uno deberá hacer frente.

Artífices de la protesta

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de junio, cuando el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, visitó la nueva Biblioteca Pública del Estado en Ceuta, donde los sancionados se encontraban con una multitud y a los que se les consideró artífices de dicha protesta.

"Como todos sabéis el oscurantismo es una técnica del PP y no había una agenda trasladada a la opinión pública y la ciudadanía, con el objetivo de que pudiera organizar previamente unos actos de protestas en contra de las políticas educativas del PP", ha declarado en rueda de prensa Mohamed Alí, quien decidió ir a manifestarse haciendo uso de su derecho democrático.

El líder de la oposición ha destacado que no entiende por qué solo ellos cuatro están sancionados, cuando en los alrededores del edificio se encontraban muchas más personas, pero aún no siendo los artífices de la movilización, ha asegurado "que es un honor ser los organizadores y promotores de una causa justa como es la lucha por la escuela pública".

Injusticia con Ceuta

"Teníamos la necesidad moral de decirle al señor Wert que lo que está haciendo con Ceuta es injusto", y ha aprovechado la ocasión para llamar "mentiroso compulsivo" al portavoz del Gobierno ceutí, Emilio Carreira (PP), quien los acusó de insultar al ministro, algo que Aróstegui ha negado con rotundidad.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Julio Basurco, ha afirmado que el PP ha optado porel camino de la represión o "política del miedo", ante las crecientes propuestas que se están levantado por todo el país antes sus políticas impopulares.

Por último, el joven de 18 años y estudiante de la UGR sancionado ha destacado que está"indignado" por la sanción y por haber sido denunciado por "incitar a la violencia de quienes los acompañaban en la manifestación", por lo que ha pedido que se le sancione con motivos justificados y no supuestos. 

lunes, 14 de abril de 2014

"El gulag de Lucía Figar" (PROFESORGEOHISTORIA): 500 expedientes abiertos a profesores, alumnos, directores... por oponerse a la política de la Consejería

Gracias a @TashaLabaru hemos visto esta noticia publicada en el BLOG PROFESORGEOHISTORIA

Algunos ya lo sabíamos pero ahora lo constatamos a través de El Diario y CCOO.  Según CCOO hay más de 500 expedientes abiertos a profesores y directores por mostrarse críticos con la política educativa de Figar:
http://www.eldiario.es/sociedad/marea_verde-camiseta-juicio-profesora-camiseta_verde-educacion_0_247075659.html

Una victoria real, pero también con un peso simbólico muy importante. El Tribunal Contencioso-Administrativo ha dado la razón a la primera profesora madrileña sancionada por llevar la camiseta verde en una prueba de 6º de Primaria. Un tanto para la Marea Verde y un impulso para seguir defiendo la educación pública. Así ha sido recibida esta sentencia de la Sala Quinta del tribunal, que rechaza la idea de que llevar la camiseta verde no es una “desconsideración a la comunidad educativa”, tal y como argumentó la Consejería de Educación para ponerle un apercibimiento (falta leve) a esta profesora. Ahora la Comunidad de Madrid tendrá que retirar la sanción porque el juez ha estipulado que no cabe recurso.
“Estoy muy contenta y la verdad es que es un alivio. Si para ellos este juicio era ejemplarizante, así debemos tomar esta sentencia. Que la gente que sepa que no hay que conformarse y hay que luchar”, cuenta la profesora, que desde el primer día no ha querido dar su nombre al entender que este litigio no era un caso personal. Era un pulso a la Marea Verde. “Siempre he dicho que la sanción no se me ponía de forma particular por lo que había hecho. Me tocó a mí, pero detrás había mucho más. Estábamos empezando a molestarles”, explica.
Todo comenzó el 10 de mayo de 2011. Las camisetas verdes aún se veían poco. De hecho, este episodio sería el revulsivo para que empezara a extenderse y convertirse en lo que hoy ya es todo un icono de la defensa de la educación pública. Ese día, esta docente del IES Arcipresete de Hita de Vallecas (Madrid) acudió al colegio concertado Liceo Cónsul, del mismo barrio madrileño, a hacer una prueba de Conocimiento y Destrezas Indispensables (CDI) a los alumnos de 6º de Primaria con su camiseta verde con el lema “Escuela Pública de tod@s para tod@s”. No hubo problemas, hasta que se encontró 20 días después con un apercibimiento firmado por el entonces director del área territorial Madrid-Capital, Bonifacio Alcañiz.
Antes el inspector del centro revistió de una supuesta informalidad una charla con la profesora en la que le pedía explicaciones por su conducta, tras recibir las quejas de la dirección del centro donde se hizo la prueba. Fue esta conversación la que realmente fue utilizada para imponerle la sanción. La profesora, ante el apercibimiento, elevó un recurso a la Consejería de Educación, que fue desestimado, y decidió llevar a la Comunidad de Madrid a los tribunales para exigirle que retirara la sanción por improcedente. Esto fue a principios de marzo y el desenlace llegó hace unos días, cuando la justicia le ha dado la razón.

La sentencia determina que el procedimiento se hizo de manera incorrecta por parte del inspector. “Dice que ha habido un error a la hora de hacer el expediente porque el inspector no lo hizo como debía. Me dijo que era una conversación informal cuando en realidad estaba haciendo un trámite de audiencia sin informarme, porque te lo tienen que decir. Fue una encerrona absoluta porque la sanción sale de esa conversación. Me sentí muy traicionada por el inspector. Y eso es lo que el juez ha manifestado. No ha entrado a valorar ni las camisetas ni el mensaje”, asegura la profesora.
Desde la Consejería de Educación recalcan que “no han sancionado  nunca a ningún docente por llevar una camiseta verde” y que el fallo del tribunal se basa en ese defecto de forma. “La inspección hizo una valoración de los hechos y un informe proponiendo una falta leve basándose en el artículo 8.C del Reglamento de Régimen disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado: “La incorrección con el público, compañeros o subordinados”, por la que la docente recibió un apercibimiento. Y añaden que esto es “una sanción inferior dentro del Estatuto Básico del Empleado Público” ya que “no tiene ni una sola consecuencia desde el punto de vista profesional, laboral o salarial”.

Más de 500 expedientes

“La sentencia es muy positiva por el valor simbólico que tiene. Es una victoria de la Marea Verde sobre la Consejería de Educación porque el símbolo de nuestra movilización es esa camiseta, que se ha querido criminalizar y estigmatizar”, señala Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñaza de CCOO Madrid. “Pero además es muy positivo por los otros expedientes que hay abiertos. Se reconoce nuestro derecho a la libertad de expresión y que no hay manera de callarnos. Esta victoria supone un principio de seguridad jurídico y nos da ánimo para seguir resistiendo, porque han querido imponer un clima del miedo”.
En concreto, explica, tienen constancia de más de 500 casos abiertos contra profesores, alumnos y equipos directivos por manifestar su oposición a la política educativa regional, ya sea por ser especialmente activos, manifestar su rechazo en los medios de comunicación –”ya hay algún juicio ganado en este sentido”, matiza– o por llevar la camiseta verde. De hecho, si el de esta profesora a la que le acaba de dar la razón la justicia fue el primer caso, el último episodio en el mismo sentido tuvo lugar el mes pasado. Un alumno de 40 años de un centro de FP de Madrid ha sido sancionado por llevar la camiseta verde en una visita de la consejera Lucía Figar. “Ahora mismo se está elaborando un recurso, porque la inspección le ha expulsado unos días del centro”, afirma Galvín. 

lunes, 10 de marzo de 2014

La docente sancionada por llevar la camiseta verde durante las pruebas CDI explica cómo sucedieron los hechos: "la prueba se desarrolló con absoluta normalidad"

Hemos recibido este correo de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas:

Hola a tod@s. Como sabéis el pasado 3 de marzo se celebró el juicio ante el Tribunal Conrtencioso Administrativo, por el cual nuestra compañera Carmen, recurre la sanción leve que le impuso la Consejería de Educación, por llevar una camiseta verde con el texto: "Escuela Pública de tod@s, para tod@s" .

Lógicamente todavía no se sabe nada, pero ante las dudas que pudieran surgir por las circunstancias en que se dieron los hechos denunciados por el Liceo Cónsul, nuestra compañera he elaborado un escrito explicando como fue la cosa, escrito que os adjuntamos a continuación.
Saludos

Ante la insistencia de los medios de comunicación, opto por contar lo ocurrido en relación a la sanción impuesta por llevar la camiseta de la Escuela Pública en el colegio Liceo Cónsul en la aplicación de la prueba de CDI en 2011.

Soy una empleada pública (así me denominan en la notificación de la sanción) que defiende la Escuela Pública y esto no puede ser malo. Lo que me parece malo es que a mí, empleada pública, la administración pública para la que trabajo me sancione por llevar una camiseta en la que se refleja un derecho constitucional, derecho que la propia administración tendría que tener como propio. Y que se me acuse de desconsideración por el hecho de llevarla en un centro concertado, es decir, sostenido con fondos públicos. ¿Dónde está el agravio?

El trato que recibí ese día 10 de mayo en el Liceo Cónsul fue correcto en consonancia con mi actuación, que fue correcta y ajustada a las Instrucciones de la prueba CDI a los alumnos de 6º. Se estableció un ambiente entre los alumnos y yo totalmente normalizado, que para nada reflejaba esa desconsideración de la que me acusaron posteriormente. Los niños se despidieron de mí de forma natural con un espontáneo: “¡adiós, Carmen!”

Si realmente tenían un problema conmigo, me lo tendrían que haber hecho saber en el momento, es más, habiendo adquirido la queja tal dimensión como para terminar sancionándome, tendrían que haberlo reflejado como incidencia (esa es la labor del Director del centro durante una prueba). Pero no fue así. Insisto, la prueba se desarrolló con absoluta normalidad, como todas las pruebas en las que he participado en calidad de aplicadora, cumpliendo una orden de servicio.

Cuando el Inspector viene a hablar conmigo el día 20, insistiendo que es algo informal, sólo para saber qué había pasado porque le ha llegado una queja del Liceo Cónsul, él mismo queda sorprendido al contarle que en ningún momento dijeron o dejaron ver que estaban molestos, que todo fue amabilidad y corrección. Él continuamente resta importancia a la entrevista (y yo le creí porque era el Inspector con el que estaba acostumbrada a solventar dudas o cuestiones propias de mi trabajo como orientadora y confié en él), llega a decir que no hay nada que tenga que ver con un expediente, pero sí me dice al finalizar que no propondrá sanción aunque él está de acuerdo con la queja (yo me quedo perpleja al oír la palabra sanción y preocupada por la falta de imparcialidad de mi propio Inspector) y entonces comienzo a sospechar que su visita era algo más que informal, porque además ¿por qué no permitió que la Directora estuviera presente, cuando yo se lo pedí más de una vez?

Y 10 días después llegó la notificación de la sanción, argumentada en aquella conversación “informal” y aderezada con alguna mentira más; alguna muy grave, como que yo sabía previamente del malestar causado, que era consciente de ello, que lo admitía y aún así lo volvería a hacer…

En algún momento esto se le ha ido de las manos a alguien y lo considero un lamentable error de la administración pública en la que trabajo de forma honesta.

Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas 
plataformavk@yahoo.es
plataformadevallekasxep@gmail.com

lunes, 17 de febrero de 2014

La APAH denuncia las multas impuestas a dos estudiantes que se manifestaron en defensa de la Educación Pública

LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ALCALÁ DE HENARES DENUNCIA LAS MULTAS IMPUESTAS A DOS ESTUDIANTES DE NUESTRA CIUDAD POR EJERCER SU DERECHOS FUNDAMENTALES
 
La asociación de Profesores de Alcalá denunció en su día el acoso e intimidación al que se sometió a los estudiantes que se manifestaron por la Escuela Pública, en el marco de las movilizaciones contra la LOMCE, y vuelve a hacerlo, ahora, cuando se han materializado las multas de 301 euros a dos de nuestros alumnos, Raúl y Jorge.


En la comunicación de la multa de Raúl le acusan de ser ''líder'' de una manifestación ilegal desde el IES Antonio Machado hasta Pza. de Cervantes, el día 17 de Octubre, y en la de Jorge se le acusa de ser ''líder'' de una concentración ilegal en el parque de La Cruz (enfrente del IES Antonio Machado) y de una manifestación ilegal desde ese mismo centro hasta la estación de la RENFE. ¡Vaya delitos, de haberse dado!, concentrarse pacíficamente en un parque frente a su centro, e ir a la RENFE todos juntos, unos ciento cincuenta metros a través de una zona en la que ni siquiera se interrumpe tráfico alguno. Aunque es preciso añadir que si la manifestación que ''lideró'' Raúl, sí se dió, pero de una forma completamente pacífica; la supuesta concentración y manifestación, de las cuales le acusan a Jorge, no existieron, simplemente eran un grupo de personas a quienes no dejaron entrar en el instituto y se quedaron en el parque, sin pancartas ni silbatos.


Tanto Raúl como Jorge han agotado la vía administrativa, no pueden hacer más, pues esa es la política de los gobiernos del PP, evitar a los jueces, intimidar mediante la aplicación de las multas indiscriminadas de carácter administrativo, o la intimidación física, como hemos visto estos días en la sede del centro social 13 Rosas. De modo que les toca pagar.


Ante este hecho inevitable, la APAH, tal como les prometió ha pagado la mitad de las multas, 300 euros, que se suman a lo recaudado por ellos mismos entre sus profesores, amigos, familias y compañeros, colocando botes solidarios en los institutos, y celebrando jornadas anti-represivas.


Pero aún hay más, un aspecto de la cuestión muy relevante y que dice mucho del proceso seguido en este tipo de multas a menores de edad. Jorge es un joven estudiante menor, sin embargo, todos los recursos enviados y las cartas recibidas venían a su nombre, y para pedir el aplazamiento de su multa se desplazó hasta la la Delegación de Hacienda de Madrid, en ningún momento ha necesitado y nadie le exigió el consentimiento de sus padres, ni una firma autorizada, ni nada parecido; su padre sólo firmó un recurso y la funcionaria que estaba en la administración les dijo que no era necesario. Es decir, se le pude multar y exigir el pago a un menor de edad, firmar y hacerse cargo de su representación, pero no puede ir libremente, junto con otros jóvenes, sin hacer daño a nada ni a nadie, a expresar su opinión sobre una ley que le atañe directamente; ni tampoco podrá votar a sus representantes. Esa asimetría, arbitraria e injusta nos debería hacer pensar también. Son adultos para ser reprimidos, pero no para ejercer su derechos.


Nuestros estudiantes deben saber y toda la comunidad educativa también que la Asociación de Profesores de Alcalá de Henares jamás los abandonará y siempre estará con ellos fuera de las aulas, como lo está dentro de ellas.
 
NO A LA REPRESIÓN, SÍ AL LIBRE EJERCICIO DE NUESTROS DERECHOS Y LIBERTADES.
 
APAH
 

martes, 3 de diciembre de 2013

CC.OO. contabiliza 500 casos de sanciones por parte de Figar contra personal educativo movilizado contra la política educativa y recortes del PP

 recomienda la lectura de este artículo

CADENA SER.COM: CCOO denuncia presiones de la consejería a profesores


Comisiones Obreras es tajante: la consejería que dirige Lucia Figar está imponiendo en la Comunidad la ley del silencio. Isabel Galvín: "la situación es extremadamente grave, hay mucho miedo y cada vez es más difícil encontrar a gente que quiera hacer pública su situación".

El sindicato destaca que desde que se ha puesto en marcha la marea verde, hace dos años, la consejería de educación está persiguiendo a directores y profesorados de colegios e institutos madrileños que se desmarcan de la linea del gobierno regional, y expresan su rechazo a los recortes y a las actuales políticas educativas.

A todos ellos, según tiene constancia comisiones, se les abre un expediente sancionar que si es de falta grave puede quedar al sancionado sin tres meses de empleo y sueldo. Comisiones han contabilizado 500 casos entre directores y profesores.

La Cadena Ser ha podido hablar con una profesora en cuyo centro educativo madrileño un inspector ha abierto un expediente al director. "Nosotros somos un instituto que al principio de los recortes, hace dos años, tuvimos un fuerte enfrentamiento con la consejería; y por eso nos han puesto detrás a un inspector que en todo momento nos busca las cosquillas", asegura la profesora que prefiere mantenerse en el anonimato, dice, por miedo.

Según comisiones, algunos casos ya se están tramitando en los juzgados, al tiempo que estudia elevarlo al tribunal de Estraburgo.

martes, 12 de noviembre de 2013

Piden cuatro años de cárcel para cuatro docentes y un miembro del 15M de Guadalajara por defender la Educación Pública en un acto de 2011

20 MINUTOS.ES: Piden cuatro años de prisión para cinco participantes en una protesta por la escuela pública


La Audiencia Provincial de Guadalajara ve indicios de delito en la actuación de cinco de los participantes en la protesta contra los recortes en educación protagonizada por cientos de personas durante el pregón de fiestas de la ciudad el 7 de septiembre de 2011 y ha decidido, en contra de la opinión de la fiscalía, que el proceso continúe por la senda de lo penal. 

La acusación particular, ejercida en representación de varios agentes municipales, solicita penas que suman cuatro años de prisión para cinco acusados —cuatro profesores de educación secundaria y un activista del 15-M— por sendos delitos de desórdenes públicos y de atentado continuo contra la autoridad. Además, solicita para cada uno de ellos una multa de 1.200 euros. La imposición de dicha condena finalmente supondría la entrada de los encausados en prisión, a pesar de que no tengan antecedentes penales previos. Los hechos ocurrieron durante el pregón de fiestas de la capital alcarreña de 2011, cuando cientos de profesores llevaron hasta el teatro Buero Vallejo su protesta por los recortes en el curso escolar que se iniciaba entonces y que suponían, entre otras cosas, la no contratación de 800 profesores interinos. 

Cerca de 500 personas entraron en el anfiteatro en el momento de la lectura del pregón para corear gritos de "no a los recortes". Posteriormente, una vez cancelado el acto, varios políticos locales y manifestantes debatieron en el hall del teatro sobre el fondo y la forma de la protesta. Uno de los encausados, Nacho Monreal, profesor de secundaria y miembro de la asamblea docente de Guadalajara, defiende que su actuación en el teatro Buero Vallejo fue "pacífica en todo momento, porque los profesores somos personas pacíficas que vamos con la palabra por delante". A su juicio, con este proceso penal lo que se pretende es "dar una imagen de los docentes como delincuentes y hacer que la gente tenga miedo a ejercer su derecho a reivindicar". Este periódico intentó, sin éxito, recabar la opinión del bufete de abogados que representa a la acusación particular. Desde el Ayuntamiento de Guadalajara, un portavoz explicó que la institución "no está personada en el caso y por tanto desconoce la petición de penas". Además de Nacho Monreal, están acusados otros tres profesores de secundaria en activo (Domingo Alcázar, Miguel Ángel Santos y David Concha), así como un activista del 15-M, Juan Ángel Maroto. Solo dos de ellos fueron fichados el día de la protesta, el resto fueron identificados tras el visionado de las imágenes de los vídeos que se grabaron en el teatro.