Tutor de empresa, flexibilidad y másteres: las claves de la nueva regulación de la FP (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

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Más prácticas, más empresa, más flexible, más amplia y más sencilla. El Gobierno ya ha definido cómo quiere que sea la Formación Profesional del siglo XXI, una de las grandes apuestas del Ministerio de Educación para mejorar la formación –inicial y continua– de jóvenes y adultos y adaptar el parque de trabajadores del país a lo que se considera que serán las necesidades de futuro de la economía española: más técnicos medios y superiores. La reforma de la FP llega con 5.000 millones de euros debajo del brazo (unos 2.000 procedentes de los fondos COVID europeos) y entre sus puntos fuertes (o a eso aspira el ministerio al menos) está la acreditación de competencias de tres millones de trabajadores.

El 25% de la población adulta española tiene actualmente una cualificación intermedia y otro 35% una de nivel bajo. Son cifras que no concuerdan con lo que exige el mercado laboral. Las previsiones dicen que, en cuatro años, España necesitará tener un 49% de sus puestos de trabajo cubiertos por empleados con una cualificación intermedia y solo un 16% con baja cualificación.

El departamento que dirige Isabel Celaá presentará este martes en el Consejo de Ministro el Anteproyecto de Ley de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, adelantado por El País y que de esta manera arranca su trámite. A partir de ahí, el texto pasará a los sectores interesados y se abre a recibir aportaciones. Entre las principales novedades de la nueva ley está un mayor protagonismo de las empresas en la definición de la formación del alumnado, con la creación de un tutor en la empresa que evaluará parcialmente la adquisición de conocimientos por parte del alumno, la integración de todas las modalidades de la FP bajo un mismo paraguas para darle coherencia, la posibilidad de realizar cursos más breves que los actuales o la introducción de algo parecido a unos másteres de especialización.

La oferta formativa: módulos, ciclos y másteres

La nueva FP apuesta por la flexibilidad en su oferta formativa, que se organizará por niveles que van desde la A hasta la E, según recoge el documento. Esta es una de las novedades de la reforma: se permitirá realizar cursos breves, de mayor o menor duración, destinados a obtener una competencia específica para mejorar la empleabilidad. La idea de Educación, explican fuentes del Ministerio, es ofrecer alternativas a quien no puede realizar un ciclo de 2.000 horas, pero sí tiene 50 para algo específico.

Los cursos de nivel A son los más básicos, corresponden a "la oferta base" y conducen a "la obtención de una acreditación parcial de competencia". Los B se corresponden con la realización de un módulo entero, y podrán obtenerse bien superando esa formación, bien acumulando cursos del nivel A, y tendrán la duración estipulada para superar el módulo en cuestión. El nivel C corresponde a "varios módulos profesionales" que conducen a la obtención de un Certificado Profesional y podrán exigir prácticas en empresas.

El grado D se corresponde con los actuales Ciclos Formativos en cualquiera de sus versiones: la FP Básica (para alumnado a partir de 15 años), la de Grado Medio (equivalente al Bachillerato) y la Superior (Universidad). En los dos primeros casos se mantienen los dos años de duración (2.000 horas), mientras en la Superior pueden llegar hasta tres cursos. En los tres casos la nueva ley apuesta por el paso a la FP Dual, que exige un mínimo de prácticas en la empresa del 25% del tiempo total del ciclo.

En cuanto al currículo, los ciclos formativos incluirán la realización de un proyecto intermodular que aspira a tener "un carácter integrador de los conocimientos" y que en la FPB se hará una vez en todo el ciclo y en los de grado medio y superior uno al año con una duración de 25 horas. La oferta de estudios también deberá incluir, además de los módulos profesionales del catálogo, una parte optativa "integrada por módulos que doten de mayor flexibilidad a la configuración y capacidad de adaptación de la oferta, para atender la diversidad de la realidad productiva del territorio correspondiente y los intereses y motivaciones personales" del alumnado, un poco en línea con la configuración de los grados universitarios.

Por último, y esta es otra de las grandes apuestas del Gobierno, el nivel E corresponde a cursos de especialización que otorgarán un título de Máster Profesional, que podrán ofrecerse tanto en la educación secundaria de segundo grado (ciclos formativos de grado medio) o la superior (ciclos superiores). Estos másteres tendrán carácter modular y una duración de entre 300 y 800 horas (los universitarios tienen entre 600 y 1.200 horas). La forma de acceso a estos másteres queda pendiente de un posterior desarrollo normativo.

Una de las novedades es que la formación profesional de los grados C, D y E podrá ofertarse por módulos (como mínimo uno entero) "para su adaptación a las necesidades y circunstancias personales y laborales, así como al ritmo de aprendizaje". Esta formación a la carta está reservada para mayores de 18 años y, con carácter excepcional, a "personas adultas con experiencia laboral que no tengan las condiciones establecidas para el acceso a la formación".

El Anteproyecto de ley dedica también un apartado a lo que denomina la "relación entre las enseñanzas de FP y enseñanzas universitarias". Pretende Educación, según se lee en este epígrafe, tender puentes entre ambas etapas para "facilitar el establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente adquirida en ambos sentidos", esto es, que estudiantes de ambas vías se pasen a la otra para complementar su formación.

Más presencia (y decisión) de las empresas

Las empresas ganarán presencia en la nueva FP y capacidad de decisión respecto a los planes formativos. Toda la oferta a partir del nivel C tendrá carácter dual, explica el Ministerio, lo que implica aumentar la carga de horas de prácticas profesionales en las empresas y en paralelo el rol de estas en el diseño de la formación y la evaluación del alumnado. "Las ofertas de formación profesional se diseñarán de manera que la formación teórico-práctica se reciba en el centro educativo y en el centro de trabajo, siendo ambos centros corresponsables, aunque actuando sobre la base de un reparto entre ellos del contenido curricular", reza el anteproyecto.

De esta manera, se escuchará la opinión de empresas para tratar de ajustar la formación a lo que demandan. Así, las compañías tendrán voz a la hora de adaptar los programas "a las características propias de cada centro y de las empresas correspondientes" y "la organización de la fase práctica dual atenderá las especificidades de los sectores productivos o empresas que demanden un diseño diferenciado por (...) la tipología de actividades a realizar". También participarán a la hora de definir, junto a los centros, "el reparto de contenidos curriculares".

En este sentido, el texto del anteproyecto regula la figura del tutor dual de empresa, una figura que será obligatoria en cada empresa que acoja estudiantes (o uno para varias, si son pequeñas) y que actuará de enlace entre la compañía y el centro formativo. Este tutor o tutora coordinará junto al docente encargado del centro el plan formativo del alumno, participará en la selección de los estudiantes aprendices y también tendrá que "evaluar la adquisición de los resultados de aprendizaje". Fuentes de Educación aclaran que esto no quiere decir que los tutores de empresa vayan a poner la nota al alumno; harán un informe sobre las prácticas. "La evaluación final será responsabilidad del centro educativo, teniendo en cuenta la evaluación de lo aprendido en el centro de trabajo efectuada por el tutor o tutora dual de la empresa u organismo equiparado", que podrá estar presente en la sesión de evaluación, dice el anteproyecto. Esta figura del tutor de empresa existe actualmente en muchas compañías, pero no en todas, aclara Educación, que lo que hace en la nueva ley es regular su existencia y funciones.

Para el equipo docente de cada centro sigue quedando "realizar la concreción del currículo", "validar los planes de formación" y "asistir al estudiante durante la preparación y el desarrollo de la fase en empresa", entre otras cuestiones.

Movimientos en el profesorado

Otra de las novedades que plantea el anteproyecto de ley atañe a los docentes. La principal novedad en este apartado quizá sea que se contempla la posibilidad de recurrir a algo parecido a los profesores asociados de la Universidad, profesionales que acuden a centros formativos a ofrecer una formación muy concreta vinculada a su área de trabajo. "Con carácter excepcional y cuando así se requiera para cubrir las necesidades docentes, las Administraciones competentes en la materia podrán autorizar a profesionales del sector productivo asociado para impartir ofertas de formación profesional en cualquiera de los centros del sistema de formación profesional", se lee en el texto respecto a lo que llama "especialistas", cuyo acceso y condiciones tendrán que ser reguladas más adelante.

El otro movimiento de más impacto, aunque ya se conocía desde que se aprobó la Lomloe, es que el cuerpo de profesores técnicos, un vestigio de cuando la FP estaba más compartimentada en cuanto a formación académica o práctica y que está encuadrado en el grupo A2 de la administración (los de Secundaria y FP son A1, pese a que realizan la misma función), está condenado a desaparecer como tal.

Entre los, aproximadamente, 28.000 profesores técnicos hay dos perfiles: los que tienen carrera universitaria y los que no. Los primeros, una mayoría, promocionarán mediante un método de acceso aún por determinar. Ganarán algo de salario y, sobre todo, posible desarrollo profesional. Para el grupo sin licenciaturas universitarias, de cuyo tamaño no hay datos oficiales pero los propios afectados calculan en unas 12.000 personas, en muchas ocasiones sin título porque la disciplina que imparten no tiene ese equivalente, Educación ha decidido crear una categoría propia con diez especialidades (cocina y pastelería; estética; fabricación e instalación de carpintería y mueble; mantenimiento de vehículos; mecanizado y mantenimiento de máquinas; patronaje y confección; peluquería; producción de artes gráficas; servicios de restauración; y soldadura).

El anteproyecto también contempla un tercer grupo, el de los profesores técnicos sin grado universitario pero que no pertenecen a ninguna de estas diez especialidades exentas de título y que se consideran un cuerpo a extinguir. También se abre la posibilidad de un cuarto colectivo, que Educación define como "los que, para la docencia en determinadas especialidades, se determinen reglamentariamente previa consulta a las comunidades autónomas", sin especificar más.

Acreditación de competencias y orientación

Otro de los aspectos que el Gobierno quiere impulsar mucho. La acreditación de lo que los trabajadores saben hacer a base de aprenderlo en sus empresas, aunque nadie se lo haya reconocido oficialmente, no es un elemento nuevo en la Formación Profesional. Sin embargo, nunca llegó a despegar: desde que se puso en marcha en 2009 apenas lo han utilizado 300.000 trabajadores sobre un grupo potencial de 11 millones.

La acreditación vendrá además acompañada de "una propuesta de itinerario formativo que complete la formación conducente a la obtención de un certificado o un título de formación profesional", según se lee en el anteproyecto. Esto es, una vez acreditadas las competencias que correspondan, el trabajador podrá continuar formándose en algunos de los niveles de la FP.

A este respecto, el Título VII del texto define la creación de un sistema de orientación profesional "flexible y gratuita" abierto a personas, empresas, organismos e instituciones durante toda la vida y orientado a "la información y el asesoramiento individualizados sobre las ofertas de formación profesional que, ajustadas al perfil correspondiente y a las oportunidades de empleo, permitan la cualificación y recualificación desde la motivación y la identificación clara de los propios objetivos".

El Gobierno corregirá las limitaciones que Wert impuso a la FP Básica y dará a sus alumnos directamente el título de la ESO (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

 Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

• Educación va a remodelar la FP y dará el título de la ESO a quién acabe la Formación Profesional Básica, flexibilizará las enseñanzas para que no todas tengan por qué durar lo mismo y creará una especie de másteres de la FP; además, casi 30.000 profesores técnicos 'ascenderán' al cuerpo de Secundaria

• — El Gobierno invertirá 1.500 millones para impulsar la FP y acreditar competencias laborales de 3,3 millones de trabajadores

2 de noviembre de 2020

El Gobierno va a darle la vuelta a la Formación Profesional (FP). Como han hecho prácticamente todos los Ejecutivos –aunque con un una dotación económica prevista récord, si se cumple–, el Ministerio de Educación quiere darle importancia y prestigio a esta vía formativa, que no tiene mucho prestigio en España a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos de nuestro entorno. "Es una de las grandes prioridades del Gobierno y va a salir muy potenciada", asegura Mari Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso.

Para ello se incluirán varias medidas en la LOMLOE, que tramita estos días el Congreso, y se creará a posteriori una ley específica para la FP, según ha podido saber este periódico. Entre las principales novedades que pretende introducir el Gobierno está que el alumno que se gradúe en la Formación Profesional Básica (FPB) obtenga directamente el título de la ESO (hasta ahora no lo hacía) y crear una especie de másteres de especialización para la FP media y superior. Además se flexibilizarán los estudios, de manera que no todos duren necesariamente dos años como ahora y habrá más tiempo para completarlos; los profesores técnicos de FP ascenderán al cuerpo de profesores y catedráticos de Secundaria, una medida reclamada por este colectivo y que afectará a unos 30.000 profesionales; y se agilizará "la detección de las necesidades de formación en cada sector productivo" para crear títulos adaptados a lo que pide el mercado con mayor celeridad.

La motivación detrás de esta reforma, que dará toda la gestión de la FP al Ministerio de Educación (actualmente tiene una parte, orientada al empleo, que gestiona Trabajo) es que España tiene demasiados trabajadores no cualificados y pocos con cualificación intermedia, según explicó el presidente, Pedro Sánchez, durante la presentación de las líneas gruesas del plan hace unos meses. La composición del colectivo de trabajadores del país no responde a las necesidades de empleados que va a tener en los próximos años, según los cálculos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

Actualmente, casi la mitad de los 23 millones de personas que componen la población activa (un 48%, en concreto) tiene un nivel de formación que no les capacita profesionalmente, según datos del Gobierno. Frente a esta realidad, el país necesitará en 2025 que la mitad de sus trabajadores tengan una cualificación intermedia y un 14% de empleados con baja cualificación. Pero la foto fija muestra otra realidad: actualmente España no llega al 26% de personas con cualificación intermedia, pero supera el 35% con baja cualificación. La solución está en la FP, cree el Gobierno.

De la FPB al Bachillerato

Una de las principales novedades que va a presentar la nueva ley educativa es que la Formación Profesional Básica (FPB) –una etapa que se inventó el exministro del Gobierno José Ignacio Wert para aparcar a los alumnos de 15 años con problemas de rendimiento escolar, según denunció en su momento la comunidad educativa– dará directamente cuando se concluya el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), lo que permitirá a los alumnos seguir progresando por el sistema educativo: a elegir entre el Bachillerato o la Formación Profesional de grado medio. Hasta ahora –después de pelearlo mucho, porque la FPB era en origen una vía muerta–, un graduado en FPB no tenía opciones: o más FP, de grado medio, o a trabajar. Excepcionalmente, si los profesores decidían que cumplía los objetivos, podía titular en Secundaria. La conclusión de la FPB también otorgará un título de Técnico Básico, que tendrá validez profesional.

El Gobierno también cambiará la estructura de los ciclos formativos. La idea, explican desde el ministerio, es avanzar hacia una "organización modular de las enseñanzas", un poco al estilo de la Universidad, pero además con una "duración variable" en función de las necesidades de cada perfil profesional. Se acabó la uniformidad de que todos los ciclos se extiendan por dos años sin excepciones. Otra novedad que se introduce es que "todos los ciclos formativos incluirán una fase práctica dual", al estilo de la FP Dual, una modalidad que está demostrando una gran empleabilidad aunque sigue siendo muy minoritaria. Los cambios más académicos se complementarán con la creación de unos cursos de especialización posteriores para graduados, una especie de másteres como los de la Universidad.

Martínez Seijo destaca también el desembarco de la inclusión que habrá en la FP. "Hasta ahora, la inclusión se trabajaba solo en las etapas obligatorias [de Infantil a la ESO]", explica. "Ahora se contempla también para el Bachillerato y la FP", añade. Además de introducir las adaptaciones metodológicas que ya se realizan en esas otras etapas y de provisionar una oferta específica de plazas si fuera necesario, los alumnos con necesidades educativas especiales podrán estudiar hasta los 21 años como medida para evitar el abandono.

Novedades para los profesores

La reforma de la FP también trae novedades para los profesores. Los profesores técnicos de FP sufrirán un 'ascenso'. Este colectivo de docentes está actualmente en una especie de limbo y en una situación de agravio comparativo, denuncian, respecto a los de Secundaria. A estos técnicos se les exige un grado y el máster de formación del profesorado que deben tener sus compañeros de la ESO y Bachillerato, pero están en un cuerpo docente inferior. El Ejecutivo dará respuesta a sus demandas por la vía de incluirlos dentro del cuerpo de profesores y catedráticos de Secundaria, de manera que se asimilen a sus compañeros.

"El Gobierno, de acuerdo con las Administraciones educativas, establecerá el procedimiento para el ingreso en este cuerpo, así como para el acceso al mismo del profesorado técnico de formación profesional que estuvieran en posesión en la fecha de entrada en vigor de esta Ley Orgánica de la titulación de grado universitario, o equivalente a efectos de acceso a la función pública, en las condiciones que se determinen", dice la LOMLOE. La medida afectará a 28.359 profesores, según calcula el PSOE.

Respecto al profesorado, la ley contempla también la posibilidad de contratar, en régimen laboral, a "profesores especialistas", profesionales del sector productivo asociado al título correspondiente, una figura similar a la de los profesores asociados en la Universidad, profesionales de prestigio en su rama que imparten docencia concreta en su especialidad. "Esta cuestión constituye un salto enorme en la aproximación a la realidad de la empresa y al ámbito laboral de la formación, facilitando la interacción de los profesionales del sector en los centros de Formación Profesional", explican desde el ministerio.

Estudiar con adaptaciones, aprobar y no titular, un callejón sin salida (Víctor Saura para EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN)

Reproducimos esta noticia de ELDIARIODELAEDUCACION.COM 


El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce, en una sentencia pionera, que no dar la posibilidad de titular la ESO a una alumna con discapacidad intelectual supone una vulneración de sus derechos fundamentales.

Irene González Magdaleno tiene síndrome de Down, además de otros problemas de salud asociados (problemas de visión, escoliosis) que elevan su grado de discapacidad por encima del 65%. Pero también, a lo largo de sus 20 años, ha tenido unas ganas enormes de aprender y de vivir, y por eso ha sido siempre una excelente estudiante. Durante toda la escolaridad obligatoria, en Cuéllar (Segovia), casi siempre sacó notables y sobresalientes, pero al acabar 4º de la ESO en su instituto le comunicaron que no iba a graduar. La razón que le dieron: esas buenas notas se debían al hecho de que había cursado algunas asignaturas con adaptaciones curriculares significativas y que, por tanto, no daba el nivel.

Para Irene el título de la ESO no es un capricho ni un trofeo con el que decorar la pared, sino que lo necesita para acceder a la que le gustaría que fuera su próxima etapa formativa, un grado medio de administración. Pero para acceder a un ciclo formativo necesita la ESO y, como no la tiene, ahora mismo está cursando una FP Básica de electricidad, que es la única oferta formativa para esta etapa de formación postobligatoria que tenía a su alcance en Cuéllar. «Este año lo ha cursado todo sin adaptaciones y ha aprobado todas las materias troncales», añade su madre, Chus Magdaleno. Irene sabe que jamás será electricista, pero sigue demostrando que le gusta estudiar.
La perversión del sistema


Cuando los padres de Irene supieron de la negativa del centro a concederle el graduado le respondieron lanzándole un órdago: “Si el problema son las adaptaciones curriculares significativas, pues que repita el curso con adaptaciones curriculares no significativas”. Pero la dirección se negó. Entonces la familia recurrió a la dirección provincial de Educación, que avaló la decisión del centro, y a partir de aquí se inició el litigio judicial que la semana pasada desembocó en una sentencia pionera de la sala del contencioso administrativo del TSJ de Castilla y León. Según la sentencia, la decisión de no permitirle realizar la ESO por su cuenta supone una vulneración de los derechos de la estudiante y una discriminación, y el hecho de que las adaptaciones sean un impedimento para obtener el título es una perversión del sistema.

«La Administración –apunta la sentencia 172/2019, de 24 de junio de 2019– al concluir que, pese a que se aprobaron todas las asignaturas con adaptaciones curriculares significativas, no se habían alcanzado las competencias básicas y objetivos de la etapa, convirtiéndose dichas adaptaciones, al no haberse permitido la renuncia a las mismas, en un obstáculo o limitación para dicha titulación, es por lo que dichas adaptaciones han venido a significar de facto una discriminación que ha impedido a la alumna alcanzar los objetivos y la titulación correspondiente a dicha etapa, por lo que se ha de convenir que con ello se provocan unos efectos perversos de las citadas adaptaciones curriculares que
se han convertido no en una medida para obtener una educación inclusiva».


Así, el tribunal confirma la posición de la fiscalía, que en este asunto se puso del lado de la familia. “La fiscal hizo un informe demoledor, en el que venía a decir que si la permites estudiar con adaptaciones y no titulas, y luego no la permites estudiar sin adaptaciones la estás abocando a un callejón sin salida porque no va a conseguir el título haga lo que haga”, recuerda Magdaleno.
Camino del Supremo

¿Significa esto que, según el tribunal, las adaptaciones curriculares no deben ser un impedimento para la titulación?, ¿o significa que la vulneración de derechos se produce solamente porque no se le permite repetir curso sin adaptaciones? “Hemos pedido varias aclaraciones sobre la ejecución de la sentencia, el tribunal confirma que se ha vulnerado un derecho pero no cómo se repara el daño causado”, comenta Magdaleno. Con todo, es bastante probable que el asunto acabe en el Tribunal Supremo, bien sea porque la dirección provincial presente recurso o porque lo haga la familia, puesto que había pedido que el tribunal se pronunciase directamente a favor de la concesión del título y en este punto falla en su contra.

La sentencia establece que la resolución de la Consejería no es conforme a derecho, por vulneración del derecho fundamental a la educación en igualdad de condiciones, pero la pretensión última de Magdaleno es que la Justicia reconozca sin ambages lo que establece el artículo 22.7 de la Ley Orgánica de Educación (LOE), y que sigue vigente ya que no fue derogado por la LOMCE: “Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán orientadas a la consecución de los objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte de todo su alumnado y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente”.

La advertencia de Naciones Unidas

De hecho, uno de los puntos del informe elaborado hace un par de años por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en relación al cumplimiento por parte de España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, era precisamente el de la titulación. Entre muchas otras críticas y aspectos que mejorar, el Comité no dudaba en calificar de injusto que en España se permita que muchos alumnos que finalizan la ESO con adaptaciones curriculares “no obtengan la misma titulación que sus compañeros”.

En este sentido, hace unos meses unos padres de Sant Boi (Barcelona) con una problemática similar iniciaron una recogida de firmas a través de change.orgpara que el Gobierno apruebe una legislación que reconozca el título de la ESO adaptado. Llevan casi 140.000 firmas, pero el parón electoral abortó la interlocución que se había abierto con el Ejecutivo a finales de 2018. Según explica Joan Cabezas, el padre promotor de esta iniciativa, en las últimas semanas han recibido una carta del Defensor del Pueblo en la que les confirman que la legislación no prevé este título pero que el Gobierno en funciones prevé una modificación legislativa para hacerlo posible.


“Irene quiere estudiar, le apasiona estudiar y le dedica mucho tiempo”, subraya su madre, Chus Magdaleno. “A pesar de tener una discapacidad –añade–, Irene nunca ha ido a una escuela a calentar la silla, sino que va a aprender, a participar y a convivir, como el resto de los alumnos, y por supuesto a obtener lo mismo que el resto cuando se aprueban unos exámenes”.

“¿O sea que ya puedo estudiar para ser administrativa?”, le preguntó Irene a su madre cuando le explicó que había salido la sentencia. “Todavía no”, le contestó Chus. “Y entonces… ¿de qué me sirve ganar?”.

El Gobierno aprueba más de 200 millones de euros en programas de cooperación territorial educativos con las comunidades autónomas (Ministerio de Educación y Formación Profesional)

Publicado el 07/12/2018 en educacionyfp.gob.es

Los programas comprenden orientación educativa, financiación de libros de texto, impulso a la FP Dual, movilidad de profesorado, acciones de calidad de la FP, acreditación de competencias profesionales y actividades de asociaciones de padres y madres de alumnos

Estos acuerdos, impulsados por el Ministerio de Educación y FP, fueron aprobados por la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación el pasado 29 de noviembre

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un total de 208.695.658 de euros en diferentes programas de cooperación territorial educativos con las comunidades autónomas. Estos acuerdos, promovidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, fueron aprobados el pasado 29 de noviembre por la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación.

Los programas de cooperación territorial son un mecanismo de coordinación del Gobierno y las comunidades autónomas para la actuación conjunta en áreas de especial relevancia como el refuerzo a los estudiantes con riesgo de abandono, el impulso a la Formación Profesional, el apoyo a la participación de padres y madres o la gratuidad de los libros de texto, entre otras cuestiones.

De esta forma, para el programa Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación (anterior PROEDUCAR), el Consejo de Ministros ha aprobado 81.208.638 euros. El criterio de distribución entre comunidades autónomas es el resultado del producto de las siguientes variables: número de alumnos escolarizados en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ponderación 50%), porcentaje de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ponderación 20%), tasa de idoneidad a los 15 años (ponderación 20%) y dispersión de la población (ponderación 10%).

El Consejo de Ministros también ha aprobado un total de 48.559.610 euros para el programa Financiación de Libros de Texto y Materiales Didácticos. El criterio de distribución entre comunidades es el resultado del producto de dos variables: la tasa del riesgo de pobreza por comunidad autónoma extraída de la Encuesta de Condiciones de Vida 2017 y el número de alumnos matriculados en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en cada comunidad autónoma.

El programa Impulso a la Formación Profesional Dual ha recibido un importe de 46 millones de euros, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Los criterios de distribución han sido: territorios especiales, insularidad, ultraperiféricos; número de alumnos en FP Básica y de Grado Medio; número de centros que imparten FP Básica y de Grado Medio; número de empresas tecnológicas e industriales; número de empresas participantes en FP Dual; número de centros que ofertaron FP Dual; tasa de abandono educativo temprano, y brecha de género en títulos de familias tecnológicas e industriales.

Con la cofinanciación también del Fondo Social Europeo, el Consejo de Ministros ha aprobado un total de 19.600.000 euros al programa Acciones de Formación, Perfeccionamiento y Movilidad del Profesorado. Los criterios de distribución por comunidad autónoma han sido el número de profesores de Enseñanzas de Régimen General y el número de centros de ESO y/o Bachillerato y/o FP.

Para el programa Acciones de Calidad en Formación Profesional del Sistema Educativo Español (CALIDAD), cofinanciado también por el Fondo Social Europeo, el Consejo de Ministros ha aprobado 8.642.960 euros. La cuantía asignada a cada comunidad se calculó siguiendo factores de proporcionalidad de los siguientes criterios: número de alumnos matriculados en FP, número de profesores que imparten enseñanzas de FP, tasa de riesgo de pobreza, número de centros que imparten enseñanzas de FP y dispersión territorial de las administraciones públicas educativas.

El Fondo Social Europeo también cofinancia el programa Actividades para la Evaluación y Acreditación de las Competencias Profesionales (ACREDITA), para el que el Consejo de Ministros ha aprobado 4.481.170 euros. La cuantía asignada a cada comunidad autónoma se calculó siguiendo factores de proporcionalidad de los siguientes criterios: número de personas en búsqueda de empleo sin estudios profesionalizantes, número de personas en búsqueda de empleo de entre 30 y 64 años, dispersión geográfica de las administraciones públicas y dispersión de la población activa.

Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado destinar 203.280 euros al programa Actividades de las Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (AMPAS). La Comisión General de Educación aprobó que el 80% del crédito se distribuyera en la misma proporción que acordó la Comisión General de Educación celebrada el año anterior para 2017, y el 20% restante se distribuye en función del número de alumnos de cada comunidad autónoma.

De la LOE a la LOMCE, ¿y vuelta a empezar? (Javier Sánchez Serna en eldiario.es)

Artículo de Javier Sánchez Serna -Portavoz de Educación de Unidos Podemos- en eldiario.es

El Anteproyecto de Ley de Educación no presenta muchas novedades respecto a la LOE. Además no recoge muchas de las proposiciones aprobadas esta legislatura, como muchos de los consensos a los que llegó la comunidad educativa en el “Documento de Bases para una Ley de Educación”

La mayoría de expertos señalan la urgencia de establecer el objetivo de equiparación del gasto educativo público a la media europea; es decir, el 5% del PIB

Si el Gobierno mostrara algo más de determinación, se podría recuperar la fórmula de la LODE de 1985, que definía a la red de centros públicos como la red principal y a la concertada como una red subsidiaria, para comenzar a desprivatizar el modelo educativo

La Ministra Isabel Celaá ha anunciado su intención de derogar la LOMCE. Y esto, indudablemente, es una buena noticia. Sin embargo, parece que esta decisión no va a implicar la apertura de un tiempo nuevo, sino más bien una vuelta a lo de antes. A lo de 2006, para ser más exactos.

Efectivamente, el Anteproyecto de Ley de Educación que ha elaborado el Gobierno no presenta muchas novedades respecto a la LOE. Es una vuelta a lo ya conocido que apenas innova, que no incluye muchas de las proposiciones aprobadas esta legislatura y, sobre todo, que no recoge muchos de los consensos a los que llegó la comunidad educativa en el “Documento de Bases para una Ley de Educación”. Documento, por cierto, que entre otros muchos también firmó el propio PSOE.

Pero, ¿por qué decimos que resulta tan decepcionante esta reforma educativa?

En primer lugar, porque la financiación vuelve a ser la gran olvidada. A nadie se le escapa que con la inversión actual no es posible revertir todos los recortes del Partido Popular. Además, la mayoría de expertos señalan la urgencia de establecer el objetivo de equiparación del gasto educativo público a la media europea; es decir, el 5% del PIB. Fue la falta de compromiso presupuestario del anterior Gobierno lo que provocó que tanto Unidos Podemos como el PSOE nos levantáramos de la mesa del Pacto. Por eso, ahora que el PSOE podría cumplir sus propias exigencias, resulta tan incomprensible que este anteproyecto de ley no incorpore una memoria económica o una disposición adicional que fije los objetivos de inversión y plazos.

Una segunda cuestión fundamental que esta reforma no corrige, ni compensa, es la situación de abandono en la que se encuentra la Educación Pública. Aunque se elimina el artículo 109 de la LOMCE donde se establecía la programación educativa a “demanda social”, lo cierto es que se vuelve a la fórmula de la LOE de considerar a centros públicos y concertados como “redes complementarias”. En su momento esta formulación fue una cesión del PSOE a los sectores educativos más conservadores y supuso, en sí misma, desdibujar el papel vertebrador de la escuela pública.

Sin embargo, si el Gobierno mostrara algo más de determinación, se podría recuperar la fórmula de la LODE de 1985, que definía a la red de centros públicos como la red principal y a la concertada como una red subsidiaria. No por una cuestión meramente terminológica, sino para comenzar a desprivatizar el modelo educativo; limitando, por ejemplo, el régimen de conciertos a la enseñanza obligatoria y paralizando, en consecuencia, los nuevos conciertos en Bachillerato y Formación Profesional, que tanto promocionan los Gobiernos del PP.

El tercero de los escollos de este Anteproyecto de Ley es el de un tema tan sensible como la etapa educativa 0-6. A pesar de que el Gobierno siempre habla de universalizar esta etapa educativa, la realidad es que este anteproyecto de ley no crea las estructuras necesarias para ello. A nuestro juicio también en este punto se podría haber ido bastante más lejos: estableciendo el deber de las Administraciones de ampliar la oferta de plazas públicas para atender toda la demanda del primer ciclo, y garantizando la universalidad del segundo ciclo en la red pública. Pues sigue siendo de vital importancia que la Educación Infantil tenga el carácter estrictamente educativo que le asignó la LOGSE y se aleje definitivamente de una función asistencial encaminada únicamente a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

En lo referente a la ordenación curricular, celebramos la supresión de los itinerarios tempranos que introdujo la LOMCE, pero, por lo mismo, lamentamos que el Ministerio haya decidido mantener precisamente la Formación Profesional Básica, que no es más que otro itinerario segregador dentro de la Educación Secundaria. La FPB, en efecto, encarrila a los estudiantes por un camino secundario de difícil retorno y, por tanto, rompe con los principios comprensivos, de calidad y equidad que deberían vertebrar esta etapa.

Por otra parte, y pese a la buena acogida la expectación que despertó la vuelta de la Filosofía a los planes de estudio, el Ministerio tampoco ha cumplido con la proposición de Unidos Podemos. Si bien, por un lado, se recupera la Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato, por otro se elimina la Ética de 4ª de la ESO, ya que la asignatura de Valores Cívicos y Éticos no es una materia propiamente filosófica, sino que se asemejaría más a una Educación para la Ciudadanía “versión 2018”.

En cuanto a la religión seguimos un poco en lo mismo. La reforma elimina el carácter evaluable de la materia, pero la sigue considerando parte del currículum educativo. Y eso cuando no hace ni medio año que aprobamos una proposición con el PSOE, impulsada por Europa Laica, para derogar el Concordato y sacar la catequesis de las escuelas. Aunque la supresión de los privilegios del Vaticano excede el ámbito de una Ley educativa, lo cierto es que, dentro del marco vigente, se podía ir más allá; por ejemplo, dejando la religión fuera del horario escolar.

Por último, vemos con preocupación cómo este anteproyecto de ley no tiene la voluntad ni pone los instrumentos para abordar los problemas que tienen nuestros docentes.

De hecho, no hay una sola mención a la situación de interinidad de las plantillas docente ni a la degradación de sus condiciones laborales. En este sentido, pensamos que es urgente y prioritario habilitar, como disposición transitoria, un proceso extraordinario para la consolidación y estabilización de las plantillas docentes. Ésta no es una propuesta original, se trataría simplemente de cumplir una lo que aprobamos Unidos Podemos y el Grupo Socialista, en la Comisión de Educación del Congreso.

Estamos, por tanto, ante una Ley de mínimos, que cumple con la derogación de la LOMCE pero evita ir más allá, ya que el Gobierno parece estar más pendiente de las reacciones de la PP y C’s, que de los consensos y demandas de la comunidad educativa. El Gobierno se equivoca si piensa que volviendo a la LOE y evitando todas las cuestiones, va a calmar las aguas. Lo que le puede ocurrir, al contrario, es que se quede entre dos aguas.

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La Comunidad de Madrid se enfrenta a una grave crisis de escolarización en Formación Profesional (FP). FE CCOO Madrid

Según los propios datos de la Consejería de Educación, en el curso que acaba de concluir ha habido más solicitudes que plazas disponibles para el alumnado. La previsión de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid es que este déficit de oferta de FP crezca en el próximo curso 2018-2019.

30/07/2018

Los datos de la Consejería atestiguan que para el curso 2017-2018, en Ciclos de FP Básica hubo 6.280 solicitudes para 5.372 vacantes (16,9% de sobredemanda); en Grado Medio (GM) 20.590 solicitudes para 17.001 plazas (un 21,1% de sobredemanda); y en Grado Superior (GS) 23.584 solicitudes para 12.472 plazas (un 89% de sobredemanda). Es decir, que por cada plaza adjudicada, prácticamente hay otra que se rechaza.

A juicio de CCOO la tendencia estadística evidencia que la situación empeorará el próximo curso “ante la indiferencia del Gobierno regional por la salud de la FP Pública”. Una indiferencia que se convierte en complicidad con el sector privado a la hora de convertir la cualificación profesional de miles de jóvenes en un negocio.

Para el sindicato, la pérdida de matrículas asciende a 7.000 en la FP de Grado Superior, y a 1.000 en Grado Medio. Esto se debe a un perverso sistema ideado por el PP, que supone la subida de tasas en ciclos de Grado Superior públicos, mientras que a través del “cheque escolar”, exclusivo para el alumnado de FP privada, se fomenta la matriculación y el negocio en centros privados.

Este aliento de la FP privada se ejecuta con 22 millones de euros dedicados exclusivamente a fomentar que el alumnado se matricule en centros privados. De hecho, para el curso 2018-2019 sigue habiendo ciclos de FP que no se ofrecen en ningún centro público y sí en los privados (como el Ciclo de “Emergencias Sanitarias”). Según los propios datos de la Consejería, el número de centros públicos que ofrecen FP es ya, un año más, menor al de los centros privados: hay 134 centros públicos que ofrecen alguna modalidad de FP y 173 privados.

CCOO denuncia este perverso modelo que deja sin formación cualificada a miles de jóvenes y augura una grave crisis de escolarización en la FP madrileña. En este sentido, para Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, “se hace urgente un Plan de Formación Profesional que haga frente a los significativos problemas de la Formación Profesional en la región”.

Publicado en feccoo-madrid.org

Seamos comprensivos con la reválida (J. S. Martínez García)

Artículo de José Saturnino Martínez García publicado en eldiario.es/zonacritica

• La reválida mejorará los indicadores educativos, pero no la educación

• Aumentará la desigualdad de lograr el título de ESO

Max Weber decía que el objeto de la sociología es captar el sentido de la acción social. Y que la forma más sencilla de realizar esta tarea tan compleja es suponer que la gente es sensata y por tanto hay que buscar la lógica de lo que hace desde su punto de vista. Es lo que se conoce como sociología comprensiva. Si somos comprensivos con la reválida, podremos entender mejor por qué existe y cuáles serán sus efectos. Ser comprensivo no quiere decir justificar ni solidarizarse, simplemente entender.

La racionalidad en el lado del Ministerio de Educación está en cumplir con los objetivos fijados por la Unión Europea para 2020. Uno de estos objetivos es reducir el abandono educativo temprano. Muchos han dicho que la LOMCE aumentará el fracaso escolar, pero eso es porque no se han leído la letra pequeña de las estadísticas de la UE. Se considera que está en abandono educativo quienes no estén estudiando (sea lo que sea) o que no tengan un título educativo de "nivel 3". Aquí está el truco. La ESO es de nivel 2, pero la FP Básica es de nivel 3, así que quienes obtengan este título no estarán en abandono educativo, aunque no tengan el título de ESO.

Otro de los objetivos de la LOMCE es mejorar el nivel de competencias, lo cual se traduce en disminuir el porcentaje de adolescentes de 15 años que no llegan al nivel 2 en las pruebas PISA. Todavía no sabemos cómo será la reválida, pero se supone que una de sus intenciones es evaluar competencias. Dicho de otra manera, la reválida llevará a un entrenamiento especializado en el aula para mejorar en PISA, desatendiendo otras áreas del currículum y otras formas de aprender. Este entrenamiento podría mejorar los resultados en PISA, pero en tanto que cabe esperar peores resultados en los que se deriven a FP Básica (como veremos), el efecto final será indefinido.

Desde el punto de vista de los centros, en tanto que los resultados de las reválidas se hagan públicos, tendrán un incentivo claro en no dejar que se presenten a estas pruebas aquellos estudiantes sobre los que hay la expectativa de que suspendan. Esto llevará a lo que ya hemos visto con la PAU: en pocos años, el porcentaje de éxito en la reválida será muy alto, pues solo se dejará que se presenten aquellos adolescentes que los centros están convencidos que lo harán bien. Si la dificultad de la prueba se mantiene constante en el tiempo, veremos tasas de éxito muy altas. Eso, sí, a cambio aumentará la proporción de jóvenes que no terminan la ESO, pero no importa, para ellos está la FP Básica.

En cuanto a las familias, su objetivo es lograr que sus hijos vivan mejor, o por lo menos igual de bien. Cuando esto se aplica a educación, se traduce en que lo normal es que los estudiantes obtengan al menos el mismo nivel educativo que su padre, o más normalmente, su madre. O que lo mejoren. Para las familias de clases populares, que su hijo entre en la trayectoria de FP no se vivirá como un gran problema, mientas que para las de clase media y alta, será una tragedia. Estas familias presionarán mucho para lograr que sus hijos pasen la reválida, aumentado así la desigualdad de oportunidades entre la trayectoria hacia la universidad o hacia la FP.

En cuanto al profesorado, se le brinda una forma sencilla de gestionar al alumnado. Dirán a los estudiantes que si quieren ser de provecho, tendrán que aprobar la reválida. Si no, su vida será un desastre, como la que le espera a los que mandamos a la FP Básica. Sí, la FP Básica está condenada a convertirse en el lugar al que enviar al alumnado disruptivo y/o más rezagado en el aprendizaje. Al recortar en atención a la diversidad y en políticas de apoyo, la tentación para desviar a este grupo al alumno que necesita más atención, es muy grande. La LGE ya mostró que si se rebajan los requisitos de entrada a la FP, se desprestigia.

¿Y los estudiantes? A esas edades están muy despistados. Sus intereses todavía no están claros. Dependerán de lo motivador que sea su profesorado, de sus grupos de amigos (es decir, del barrio en el que está el centro), de la presión de su familia, de lo amenazador que resulte entrar en un grupo con todo el alumnado más problemático, el de la FP Básica.

Al comprender la reválida, podemos anticipar que disminuirá el abandono educativo y aumentarán los titulados en FP de nivel medio, al tiempo que aumentará la desigualdad de oportunidades ante la titulación en ESO y posiblemente en competencias. Estas mejoras no quiere decir que mejorará la educación, solo habrán mejorado las estrategias para maquillar los indicadores educativos.

"La irresponsabilidad del PP en educación" (Agustín Moreno)

Reproducimos este artículo del compañero Agustín Moreno, publicado en CUARTO PODER

Más de ocho millones de alumnos y 670.000 profesores de la enseñanza no universitaria comienzan un curso escolar que se caracteriza por la aplicación de la LOMCE y la irresponsable improvisación de la administración educativa. Chapuceros en lo técnico y malintencionados en lo político e ideológico. El caos estaría servido si no fuera por el esfuerzo de la comunidad educativa para evitarlo. El desconcierto es aún mayor en alguna comunidad como la de Madrid, núcleo duro del reaccionarismo del PP, antes con Aguirre y ahora con una Cifuentes con otrolook y el apoyo de C´s. Merece la pena detenerse en lo que se hace en Madrid porque se utiliza de banco de pruebas de las medidas más retrógradas que luego se extienden a todo el Estado. No hay más que leer lo que dice el consejero de Educación de Castilla y León criticando las reválidas, para ver las diferencias. Veamos las medidas más lesivas de comienzo del curso que están provocando la indignación de la Marea Verde.

Segregación como “filosofía” de la LOMCE. En las Juntas de Evaluación realizadas en septiembre se han empezado a aplicar las medidas a las que obliga la LOMCE y que son la segregación del alumnado desde edades bastante tempranas (13 años). Derivación de alumnos a los llamados Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR), a Formación Profesional Básica, a itinerarios en 4º de ESO de enseñanzas “académicas” o “aplicadas” que conducen al Bachillerato o a la FP siempre que aprueben la reválida. Imaginamos las dificultades que tendrá este alumnado para incorporarse luego a pruebas estandarizadas externas. El tronco común,que debería asegurar el aprendizaje con éxito de todo el alumnado, se va estrechando. Las“alternativas” se pueden convertir en vías muertas y los que siguen en la ESO se toparán con una reválida donde se juegan titular o no después de estar escolarizados al menos hasta los 16 años. Todo son vallas y obstáculos y se penalizará a los alumnos que no sigan el ritmo de los demás o tengan algún contratiempo.

Puesta en marcha de las reválidas LOMCE. A pesar de que el Parlamento aprobó la paralización de la LOMCE, el Gobierno sigue empeñado en aplicar uno de los aspectos más cuestionados, las reválidas. Como en los mejores tiempos, sacó un Real Decreto el 31 de julio donde establece que se realizarán en 4º de ESO y en 2º de Bachillerato a final de este curso; por ser la primera vez no tendrán efectos académicos, pero sí condiciona el acceso a la universidad. Es una irresponsabilidad que estemos a punto de empezar las clases y no se sepa en qué van a consistir las pruebas, sus características, etc. El MEC solo ha avanzado que serán “quince preguntas por asignatura. Al menos la mitad son preguntas abiertas. El resto, tipo test”. Dice frívolamente Méndez de Vigo que no hay que preocuparse, que tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar su contenido, justo cuando ya se lleva un tercio del curso de 2º de Bachillerato. Nunca ha comenzado un curso con tanta incertidumbre para las familias, el profesorado y, sobre todo, para 700.000 alumnos de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato.

Déficit de profesorado. Este principio de curso en Madrid se ha acelerado el nombramiento y la designación de centros para el profesorado desplazado, en expectativa, en prácticas e interino, algo que es positivo porque permite que estén presentes en los claustros iniciales y en la distribución de horarios. No ha habido unas instrucciones claras sobre dónde debían de realizar su trabajo durante los exámenes y Juntas de Evaluación de septiembre, quedando al criterio de los directores del centro antiguo y del nuevo, pudiendo ser contradictorias o de dudosa legalidad si afectan a interinos despedidos el 30 de junio para no pagarles el verano. Lo más importante es que continúan faltando profesores en muchos centros, sigue habiendo una tasa de precariedad insoportable. Es un escándalo que se siga contratando a profesores interinos a un tercio de jornada cuando las aulas están saturadas por unas ratios muy altas y carecemos de apoyos en el aula.

Nuevos criterios para la promoción en ESO. Han sido publicados en pleno verano (BOCM 9 agosto) y conocidos en las evaluaciones de septiembre. Son disparatados al permitir que el alumnado pase de un curso a otro con 2 y hasta 3 asignaturas suspensas, a las que se pueden añadir varios suspensos más del bloque de las asignaturas específicas y de libre configuración autonómica como, por ejemplo, Tecnología, Música, Plástica, Ampliación de Matemáticas, etc. Mientras, se mantiene en valor la Religión. Es un intento de ningunear las decisiones sobre nuevas asignaturas que implementan las Comunidades Autónomas y de devaluar muchas otras invitando al alumnado a abandonarlas. También se trata de reducir el fracaso escolar de forma ficticia para justificar la aplicación de la LOMCE (por cierto, en Madrid está aumentando el abandono escolar).Luego presumirán de excelencia y esfuerzo.

No se atiende la demanda de más plazas y más centros escolares públicos. No se ha puesto en marcha toda la demanda de construcción de nuevos centros públicos exigidos por las comunidades escolares y hay una docena de colegios en pleno estado de obras. Al igual que otros años, es muy preocupante el déficit de plazas escolares públicas, especialmente en Infantil y en Formación Profesional. Continúa el cierre de aulas públicas y la negativa a abrir otras nuevas cuando hay matrícula suficiente. Sigue existiendo una ratio de alumnos por aula muy alta, lo que dificulta el trabajo y la atención de la diversidad para asegurar el éxito escolar de cada alumno. Todo está pensado para derivar descaradamente alumnado y recursos de la red pública a la privada concertada.

Directores a dedo. La Consejería de Educación de Madrid ha impuesto equipos directivos en una serie de colegios e institutos públicos, sin tener en cuenta la opinión de la comunidad educativa del centro. Es un atropello a la democracia escolar y que busca la afinidad ideológica más que criterios pedagógicos. La movilización de las familias y del profesorado ha conseguido que en algunos centros afectados los nuevos equipos hayan dimitido o que la Consejería haya aceptado las propuestas que emanaban del Consejo Escolar del propio centro.

Amenaza de una nueva Ley de Universidades en la Comunidad de Madrid. El Gobierno ha presentado un anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior en el que no han participado los sindicatos ni la comunidad universitaria. La ausencia de un modelo de financiación y el plan de la Universidad Complutense con el cierre de facultades y departamentos apunta las líneas privatizadoras y de reducción del espacio público universitario. Se pretende adoptar un modelo de gerencia de la Universidad Pública conforme con los intereses de las grandes compañías privadas, sin autonomías y perdiendo progresivamente su carácter de servicio público. Cierran el cuadro la elevación de las tasas, la reducción de becas y la amenaza del 3+2.

Éste es el pastel que dejó Wert: una ley nefasta, aplicada por una Administración incompetente que pone en peligro la calidad educativa y un sistema público que tiene que tener como finalidad la equidad escolar y la cohesión social. La comunidad educativa y todas las fuerzas sociales, sindicales y progresistas deben inventariar las necesidades educativas y reclamar los cambios que aseguren una reversión de los recortes y la priorización de la red pública.

5 razones por las que las reválidas de ESO y Bachillerato reciben tantas críticas (El Huffington Post)

Reproducimos este artículo que publica hoy el diario El Huffington Post

El Consejo de Ministros aprobó el viernes el decreto que daba luz verde a la aplicación de las reválidas de la ESO y Bachillerato que ya contemplaba la Lomce. El tema se convirtió ese mismo día en trending topic y las críticas hacia el Gobierno y hacia el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, no han dejado de sucederse.

Sindicatos y asociaciones profesionales están cargando contra la medida y la Generalitat de Cataluña ya ha anunciado que recurrirá el Real Decreto. Mientras, Asturias y Baleares han solicitado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Educación.

Aquí tienes las principales críticas que están recibiendo estas polémicas reválidas.

1-. Crean un ‘limbo’

A partir del año 2018, ya no será suficiente con aprobar la ESO o Bachillerato. Los alumnos deberán aprobar también esas reválidas para obtener el título. En la práctica, eso supone que si un estudiante aprueba la ESO pero suspende las dos convocatorias, no tendrá más remedio que cursar la Formación Profesional Básica, dirigida a alumnos de entre 15 y 17 años que sólo han superado el primer ciclo de la ESO. No tiene más opciones si quiere seguir estudiando el curso siguiente.

La Federación de Asociaciones de Directivos de centros Públicos (FEDADI) subraya que el Ministerio de Educación ha creado así un “limbo" en el que van a encontrar los jóvenes que no aprueben la reválida de la ESO y recuerda que lo ha denunciado en varias ocasiones. Alerta, además, de que esta situación va a provocar que en España aumente la tasa de fracaso escolar, es decir, de alumnos que no acaban ni la educación obligatoria.

“¿Qué hacemos si suspende un diez por ciento de los chavales? ¿Les dejamos en la calle?", se pregunta el presidente de FEDADI, Alberto Arriazu, en declaraciones a Europa Press. Asegura que esta situación puede generar un problema logístico porque "no va a haber plazas suficientes" de FP Básica y, sin embargo, en FP de grado medio "se van a quedar vacías".

2-. No se tiene en cuenta el progreso del alumno

Los docentes subrayan que en la evaluación de un estudiante se ha de tener también en cuenta la progresión personal del alumno y su nivel de partida. Y eso, insisten, no se va a valorar en las reválidas.

"Nos preocupa más la prueba de 4º de la ESO porque dadas las altas tasas de abandono y fracaso escolar que tenemos, no nos gustaría que si el alumno ha ido bien pudiera suponer un obstáculo más", asegura el presidente del sindicato de enseñanza ANPE, Nicolás Fernández, quien cree que estas pruebas deberían tener efectos únicamente diagnósticos y no académicos.

3-. Aumentan la desigualdad

El Sindicato de Estudiantes ha denunciado en una nota de prensa que estas reválidas buscan “simple y llanamente expulsar a miles de jóvenes de barrios humildes del sistema educativo". "Y lanzarnos a un mercado laboral precarizado hasta el límite, donde seamos nosotros mismos los que nos convenzamos de que, al fin y al cabo, no nos merecemos mejores condiciones, pues no tenemos estudios para otra cosa”, añade.

Eso es así, según la organización, porque “los recortes de más de 7.000 euros a la educación pública” han supuesto “el despido de 32.000 profesores, la masificación en las aulas, la pérdida de refuerzos educativos y las becas de libros y comedor entre muchas otras cosas”.

“Con la expulsión masiva de jóvenes del sistema educativo se pone la primera piedra para justificar nuevos recortes en el futuro con la excusa de que el número de estudiantes se habrá reducido”, denuncia el Sindicato de Estudiantes.

4-. Son de otra época

El propio Sindicato de Estudiantes ha calificado estos exámenes de “reválidas franquistas” y el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), José Luis Pazos, cree que suponen una “involución” que lleva al sistema educativo español "al modelo anterior a 1970".

5-. Lo aprueba un Gobierno en funciones

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública asegura que la actual situación política y jurídica "deslegitima" al Gobierno en funciones para continuar con el desarrollo de la Lomce y propone prorrogar las normas vigentes actualmente hasta la constitución de nuevo gobierno.

En la misma dirección, el sindicato CCOO ha anunciado que recurrirá el real decretoal considerar que el Ejecutivo dicta la norma "sin legitimidad jurídica ni política".

"El PP concurrió a las elecciones con una propuesta de pacto educativo, pero sigue gobernando en funciones, unilateralmente y sin legitimidad política ni jurídica para hacerlo, sin pactar con nadie, e incumpliendo sus promesas electorales desde el minuto cero", ha señalado el sindicato en un comunicado.

"El Gobierno aboca a quien suspenda la reválida de la ESO a retroceder en el sistema" (EL DIARIO.ES)

Reproducimos este artículo publicado en EL DIARIO.ES

La FP Básica, única opción para los alumnos de 16 años que no aprueben el examen final de Secundaria, es una vía para estudiantes de 15 años con problemas de rendimiento

Otorga la capacitación laboral más baja que existe, consta de dos cursos y aprobar permite acceder a la FP Media o regresar a la reválida

Un alumno que haya repetido curso antes de acabar la ESO sobrepasaría la edad límite para iniciar la FPB y la tasa de repetición está en el 30% 

Al final pasó lo que muchos temían. La regulación por parte del Ministerio de Educación de las llamadas reválidas de Secundaria, necesarias para obtener el título, va a dejar a buena parte de los alumnos en un limbo educativo. La norma aboca a los alumnos que las suspendan a retroceder en el sistema yendo a la FP Básica (FPB). 

La vía educativa de la FPB está pensada, sobre todo, para estudiantes a partir de 15 años (los rebotados por la reválida tendrán 16) con problemas de rendimiento. Y este es el mejor de los casos. En el peor se quedarán estancados a la espera de repetir el examen o saldrán directamente del circuito educativo.

Además, habrá otros que ni siquiera podrán optar por ese camino ya que se les habrá pasado la edad. Entre los requisitos para acceder a la FPB consta no haber cumplido los 17 años ni cumplirlos durante ese primer curso.

Dado que los alumnos que progresan a curso por año finalizan 4º de la ESO con 16 cumplidos o por cumplir, que es cuando harán el examen de reválida, con solo haber repetido un curso quedarán automáticamente fuera de este itinerario. Y en España uno de cada tres alumnos de 15 años ha repetido algún curso, según datos de la OCDE.

Otro medidor como es la tasa de idoneidad eleva al 37% el porcentaje de estudiantes que, con esa edad, no está en el curso que le corresponde. La lógica hace pensar que los que han repetido algún curso tienen mas posibilidades de fallar en el examen general de Secundaria. 

Competencias profesionales básicas

Respecto al programa en sí, la FPB ofrece la cualificación profesional más baja que hay en España. Consta de dos cursos en los que se aprenden "competencias básicas de cualquier familia", explica Miguel Recio, director del instituto Pío Baroja, en Madrid, y responsable de la Fundación de Estudios 1º de Mayo.

"Es una barrabasada [enviar a los suspensos a la FPB] porque no es un estudio postobligatorio, está entroncado en el sistema educativo obligatorio", se lamenta Montse Ros, responsable de políticas educativas de CCOO.

Aplicado al caso práctico, Ros se refiere a que un alumno que aprueba 4º de la ESO en teoría ha concluido su andadura por la parte obligatoria del sistema. Pero si no aprueba la reválida, su única opción es retroceder a una vía paralela, "pensada para alumnos de 15 años que han repetido y están en 3º de la ESO o que hayan repetido dos veces y estén en 2º. Esos son los candidatos normales", explica Recio, que afirma que además "hay que pescarlos para que acudan al curso".

El sentido de retroceso que sufrirán los alumnos se explica porque cuando se titula en la FPB el estudiante tiene dos opciones (siempre que quiera seguir estudiando). Avanzar a una FP de grado medio... o presentarse a la reválida de Secundaria, justo de donde habría venido este alumno rebotado. Además, estos estudiantes se verán con compañeros menores, de 15 años en la mayoría de los casos (y excepcionalmente algunos de 14).

Entre sus objetivos de esa Formación Profesional se encuentran "aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención y resolución pacífica de conflictos (...), fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres (...), afianzar el espíritu emprendedor (...) o preparar al alumnado para su progresión por el sistema educativo", entre otras, según el Ministerio de Educación.

La Comunidad de Madrid añade: "En esta etapa se presta especial atención a la tutoría personal del alumnado así como a la orientación psicopedagógica y profesional del mismo y fomentando la correcta expresión oral y escrita, el hábito de la lectura y la integración en el currículo de las tecnologías de la información y la comunicación".

"Montar y desmontar fuentes de alimentación"

Entre el catálogo de títulos disponibles a nivel nacional ( hay 21 establecidos por el Ministerio, pero no todas las Comunidades ofrecen el catálogo completo) se encuentran Servicios Administrativos, Electricidad y Electrónica, Informática y Comunicaciones, Peluquería y Estética, Reforma y Mantenimiento de Edificios o Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios. Pero ofrece un bajo nivel formativo. Como su propio nombre indica, tiene un nivel educativo "básico" y una cualificación de 1 en el Marco Español de Cualificaciones, que comprende una escala del 1 al 8.

Un ejemplo: "En informática las competencias son montar y desmontar fuentes de alimentación, poner monitores o instalar periféricos", explica Recio.

Además, quienes se oponen a esta salida recuerdan que la FPB ha sido un fracaso, al menos si se atiende a las matriculaciones. En su primer curso de aplicación (el pasado 2014-15) se matricularon 40.468 alumnos para 1º. Este segundo año se contabilizan cursos de 1º y 2º por lo que el total ha subido a 62.025 alumnos. Un incremento global en el que queda camuflado que las matriculaciones de primer  año han caído un 40%.

"Las tasas de abandono son altas y las de éxito, bajas", asegura Recio. "Nosotros de dos primeros hemos sacado un segundo con 12 o 14 alumnos", ejemplifica. "Las matriculaciones han caído porque la gente vio que no iban a ningún lado" con este programa, ahonda Ros.

Con  el Real Decreto que regula las reválidas el Ministerio de Educación lo ha vuelto a conseguir. La inmensa mayoría de la comunidad educativa está en contra. Sindicatos, asociaciones de familias y de estudiantes y la Plataforma Estatal por la Escuela Pública han mostrado su rechazo al texto por varias razones. Entre ellas, que el Gobierno en funciones no tiene legitimidad para aprobarlo. Las Comunidades Autónomas que no gobierna el PP también se oponen, y Cataluña ha anunciado que no las aplicará. El sindicato  CCOO recurrirá el decreto.