La fascinación por la derrota o dar más dinero a la concertada (Agustín Moreno. 24-10-2024)

 Agustín Moreno nos envía este mensaje:

Os mando un artículo sobre la noticia de que el Gobierno dará más dinero a las escuelas concertadas. 

La fascinación por la derrota o dar más dinero a la concertada.

Hace casi cuarenta años se crearon los centros educativos privados financiados con fondos públicos, conocidos como concertados. Su función teórica era escolarizar al alumnado donde la red pública no llegaba. Fueron financiados a condición de que su enseñanza fuera gratuita y no discriminase al alumnado. Pero sus objetivos eran otros: el negocio económico, el control ideológico de la escuela y el adoctrinamiento religioso. Corrían los tiempos del gobierno de Felipe González y era fundamentalmente una cesión a la iglesia católica. También se ha utilizado para asentar la hegemonía política de la derecha en comunidades autónomas como Madrid.

El gobierno que creó los conciertos pretende ahora fortalecerlos en el contexto de una fuerte presión privatizadora sobre la educación pública. Esta tendencia se ha acentuado tras las elecciones de mayo de 2023 con el aumento del poder autonómico de las derechas. Más allá de guerras culturales, todo ello se traduce en la negativa a construir los centros públicos que demandan las familias, aumentar el dinero a los centros concertados y los cheques escolares para ir a la privada en formación profesional, educación infantil y bachillerato. Así se va derivando el alumnado a los centros privados. Frente a esta situación el gobierno de coalición no está aplicando una política de fortalecimiento de la educación pública. Ni siquiera ha evitado que el gobierno de Díaz Ayuso siga regalando suelo público a colegios privados y manteniendo los conciertos a los centros del Opus Dei que segregan por sexo.

La realidad actual es contundente y escandalosa. La educación concertada es una perversión educativa que no ha dejado de crecer a costa de la educación pública. En términos porcentuales somos en tercer país de Europa con más peso de la educación privada y concertada, detrás de Bélgica y Malta. La ofensiva privatizadora de la derecha en comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Murcia, etc., hace que se esté reduciendo el peso de la educación pública de forma galopante. Un ejemplo, en Madrid capital, el alumnado escolarizado en la educación pública es menor del 40%. Si comparamos estos datos con los de los principales países europeos que escolarizan en la educación pública entre el 80 y 90%, podemos concluir que España no es Europa en educación. Una anomalía que hay que corregir.

Según numerosos estudios que vienen haciendo la patronal de enseñanza privada y la confederación de AMPAS, está absolutamente generalizado el cobro de cuotas al alumnado en los centros privados-concertados. El último informe de CICAE concluye que ocho de cada 10 centros subvencionados infringen la gratuidad. También EsadeEcPol llega a la misma conclusión y pone una cifra que da una idea del orden de magnitud del fraude: los colegios concertados recaudan 1.000 millones de euros al año cobrando cuotas ilegales al 85% del alumnado

La concertada es el principal factor de segregación escolar. Esto es un tema gravísimo, porque España está a la cabeza en desigualdad escolar en el mundo desarrollado. El estudio de Murillo Torrecilla y Martínez Garrido, de la Universidad Autónoma de Madrid , afirma que España es el tercer país más segregador por nivel socioeconómico de Europa, solo detrás de Hungría y Rumania y lejos de los países de su entorno más cercano, destacando Madrid y Cataluña como las más segregadoras. Esta realidad ataca al derecho constitucional a la educación, al principio de igualdad de oportunidades y va en contra de la equidad y la cohesión social.

No se pueden dedicar recursos públicos a potenciar un modelo que fomenta un tipo de escuela que discrimina en vez de integrar. Y menos aumentarlos, como pretende el gobierno. Por más juguetería verbal con la que se quiere justificar, es un disparate premiar a los que llevan muchos años saltándose la legalidad. Si se quiere afrontar la segregación, la solución no es darles más dinero sino suprimir el concierto a quienes incumplan la gratuidad. Como argumentan los Movimientos de Renovación Pedagógica, darles más fondos a la privada concertada equivaldría a darle de comer a una fiera para que no te ataque. Más allá de que es aceptar una lógica perversa en un contexto de ofensiva neoliberal contra los servicios públicos y de calidad. ¿Y a Quirón por qué no se le suben también los fondos?

Las consecuencias que tendría dar más dinero a la concertada serían muy negativas. Por un lado, la existencia de la doble red (pública/privada-concertada) ya está suponiendo la pérdida de alumnado en la pública, la creación de guetos y el deterioro de la calidad global al negar la heterogeneidad del alumnado. Por otro, debilitaría aún más la educación pública y en una tendencia a la caída demográfica se acabarían cerrando colegios e institutos públicos, algo que ya ha empezado a pasar. Esta primavera asistí en Cádiz a una manifestación que pedía directamente el cierre de colegios concertados para evitar la liquidación de los colegios públicos. Por último, sería una medida inútil: los centros no dejarían de cobrar cuotas ni de segregar el alumnado, y la inspección no aplicaría controles contra el fraude, como ha ocurrido hasta ahora.

Si de verdad queremos un proyecto de modernización hay que extender la Educación Pública mediante una red suficiente de centros, de titularidad y gestión pública directa, que permita cubrir todas las necesidades educativas (desde los 0 años) en sus diferentes etapas, modalidades y distritos escolares y territorios. Con la supresión progresiva de conciertos a través de la integración negociada y voluntaria en una red pública única. Mientras, aquellos que no cumplan con los principios de gratuidad, transparencia, inclusión e igualdad no recibirán financiación pública. El horizonte debe ser que todo el dinero público vaya a la educación pública.

Para la izquierda la educación pública debe ser lo primero. Por ello, no puede aceptar que se fomente una perversión educativa y se premie el incumplimiento de la ley. Podemos estar seguros de que, aunque se les dieran 1.000 millones de euros más a los centros concertados, si pueden seguir cobrando otros 1.000 millones y segregando lo harían porque es su esencia. Cuando se está intentando desguazar la educación pública por las derechas ¿el problema más importante para un Gobierno progresista es aumentar la financiación a la educación privada clasista y segregadora?

Toda la izquierda debe rechazar el aumento de la financiación a los centros privados concertados. Hay medidas del gobierno que son equivocadas y hay que discrepar de ellas. Dar más dinero a la concertada es, además de un error, muy negativa y solo discrepar es insuficiente. Sumar y Yolanda Díaz, deben oponerse totalmente y con todas las consecuencias. El programa de Sumar es red pública única y reducción progresiva de los conciertos. La izquierda que está en el gobierno debe hacer casus belli de este tema. Porque participar en un gobierno que siguiera deteriorando la educación pública, sería desarmarse ideológicamente. Toda una derrota. Porque no solo estamos hablando de modelo educativo sino de modelo social y político.

Entradas relacionadas:

• Asamblea Marea se opone al aumento de fondos para la privada concertada anunciado por el Gobierno (Comunicado de AMVM. 4-11-2024)
• Privada-concertada

11-11-2024: Monográfico “CEIP vs CEIPSO. Jornada partida vs Jornada continua” (18:00 h., en zoom). Organiza: Asamblea Marea Verde Madrid

Acuerdo Sectorial

Conclusiones de la asamblea de Marea Verde Madrid del 1-10-2024

Inicio de curso 2024-25

• Instrucciones inicio de curso

Razones para la movilización

• Enlaces a todas las convocatorias

La LOMLOE o las cosas a medias (Agustín Moreno para eldiario.es)

 Agustín Moreno nos envía su último artículo publicado en eldiario.es

• La educación es algo demasiado importante para dejarla en manos de los sectores conservadores, de la Iglesia y de los fondos de inversión. Lo mínimo que debe hacer el Gobierno de España es recurrir toda medida que intente reventar la timorata LOMLOE

10 de enero de 2023

“La utilidad de la LOMLOE para el sistema educativo y para el futuro de la sociedad se medirá por su capacidad para frenar y revertir el proceso de desmantelamiento de la educación pública. Servirá de poco si no impide las maniobras privatizadoras y la segregación socioeconómica del alumnado. Si no blinda y potencia la Educación Pública, será una ley inane incapaz de proporcionar para el siglo XXI una educación que pueda transformar y mejorar esta sociedad. De nuevo la ley tiene el mismo aire de ocasión perdida…”. Con esta conclusión, cerraba un artículo sobre la Ley Orgánica 3/2020, publicado hace un año, donde analizaba sus aciertos e insuficiencias.

Los hechos posteriores han confirmado estos fundados temores. El Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid sigue con su cruzada privatizadora de la educación pública. Aprovecha para ello los vacíos legales y la inacción del Ministerio de Educación, que no ha sido capaz de recurrir las leyes y las medidas de Díaz Ayuso para aplicar esta estrategia.

La mal llamada ley “maestra de libertad educativa” del Gobierno de Madrid busca fundamentalmente blindar la educación concertada, incluyendo la financiación a los colegios que segregan por sexo. Se aprobó con los votos del PP y de Vox y el rechazo del bloque progresista. Una delegación del grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid nos reunimos con la cúpula del Ministerio de Educación encabezada por el secretario de Estado, Alejandro Tiana, el 21 de marzo. En ella, les advertimos de lo que sucedería y les pedimos que recurrieran la ley ante el Tribunal Constitucional. No lo hicieron y ahí están los resultados. Hablemos de dos de ellos.

1. Pelotazo educativo en Valdebebas, Villa de Vallecas y El Cañaveral. El Gobierno del PP, saltándose la filosofía de la Disposición Adicional decimoquinta de la LOMLOE, va a ceder gratis a empresas privadas tres parcelas con un valor de 30 millones de euros y una superficie total de 55.000 m2, equivalente a más de cinco campos de fútbol. Siempre aparece el mismo modus operandi. Se desprecia a las familias que se movilizan demandando la construcción de centros educativos públicos. Para que los concertados capten el alumnado, se obliga a construirlos en pocos meses: el de Valdebebas no está adjudicado aún, pero se establece que empezará en septiembre de 2023. Son una golosina desde el punto de vista de la rentabilidad: son barrios con decenas de miles de habitantes sin infraestructuras educativas y, por ello, con fuerte demanda; por ejemplo, en Valdebebas salen 3.000 alumnos a estudiar fuera cada día. Se concederán conciertos a 40 años, prorrogables a 75 años sin que exista aún el centro, algo irregular; y se compromete una financiación de muchos cientos de millones de euros de fondos públicos. Los aspirantes al premio son los sospechosos habituales: el Opus en alguna de sus formas y grandes fondos de inversión.

En este medio, Daniel Sánchez Caballero llegaba a la misma conclusión que nosotros en el sentido de que la LOMLOE no evita el expolio de lo público: “La nueva ley de educación no consigue frenar la cesión de suelo público para colegios concertados”.

2. Financiación con 51,7 millones de euros por curso a colegios del Opus Dei que segregan por sexo. Son 17 centros pertenecientes todos ellos a grupos ultrarreligiosos que rechazan abiertamente el principio de coeducación sin ningún argumento consistente. La LOMLOE lo impide expresamente en su Disposición Adicional vigesimoquinta del artículo 83. Más allá de su ilegalidad, negar la coeducación obedece a una concepción sectario-religiosa y no tiene beneficio pedagógico alguno ¿Por qué hay que financiar con fondos públicos una filosofía patriarcal y machista de la sociedad y discriminatoria para la mujer? De ella, a los gritos simiescos del colegio mayor Elías Ahúja hay un paso.

El saqueo a la educación pública que hace el PP en Madrid pretende que sea el modelo a exportar a otras comunidades y para el Estado en el caso de ganar las elecciones generales. Además de la negativa a construir centros educativos públicos demandados por las familias, realiza una oferta de plazas públicas muy insuficiente (especialmente en la Formación Profesional). Completan el robo los cheques escolares para estudiar en centros privados a familias con rentas muy altas en las enseñanzas no obligatorias (0-3 años, bachillerato y FP). Las consecuencias son que en Madrid capital menos del 40% del alumno está escolarizado en la educación pública; o que en la última década los alumnos de la FP privada han crecido un 1.523%.

Las razones de esta estrategia de las derechas son ideológicas, políticas y económicas. Por una parte, se busca controlar la educación para promocionar valores conservadores que mantengan el sistema y que no se planteen reducir las desigualdades y una mayor justicia social. Políticamente, hay un claro objetivo de búsqueda de hegemonía política en estas operaciones de ingeniería social. Lo sabía muy bien Esperanza Aguirre. Como llegó a decir un consejero suyo de Educación, por cada colegio concertado que se instalase aumentaría un 3% el voto al PP en el barrio o localidad. Por último, el aterrizaje de fondos de inversión en el pastel de la educación es muy evidente y proporciona una alta rentabilidad.

El fondo del asunto es que los colegios privados-concertados son una perversión educativa y un anacronismo. Básicamente ofertan la selección del alumnado e idearios religiosos. Suele haber una ausencia de control sobre ellos por la administración educativa en cuanto al cobro de cuotas ilegales (82%) y la no participación de las familias. Pero lo más escandaloso es pagar con dinero público un sistema segregador que multiplica las desigualdades y que supone dar dinero a los que ya lo tienen.

España no es Europa en educación. Somos una anomalía: el segundo país de Europa en educación concertada, detrás de Bélgica. En todos los demás países: Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros, la educación es inmensamente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28). Y es que la educación pública es un factor de cohesión social y política al ir juntos a la misma escuela los hijos e hijas de los ciudadanos pertenecientes a todos los sectores y clases sociales.

La educación es algo demasiado importante para dejarla en manos de los sectores conservadores, de la Iglesia y de los fondos de inversión. Lo mínimo que debe hacer el Gobierno de España es recurrir toda medida que intente reventar la timorata LOMLOE. Y realizar todas las modificaciones normativas que impidan la cesión de suelo público y los procesos de privatización. En este sentido, el grupo parlamentario de Unidas Podemos/ECP/GeC presentará una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados. Para tener un futuro sistema educativo de calidad, el gran reto es escolarizar al 90% del alumnado en una red pública única, como es la norma en los países europeos, suprimiendo e integrando los conciertos de forma progresiva.

Entradas relacionadas:

• Ley maestra de libertad de elección educativa
• Cesión de suelo público
• Razones para la movilización

Concertada a la fuerza, la "libertad" de Ayuso (Agustín Moreno)

Agustín Moreno nos envía este artículo:

Isabel Díaz Ayuso va a regalar dos grandes centros educativos privados financiados con fondos públicos en los barrios de Valdebebas y del Ensanche de Vallecas. El 10 de noviembre el BOCM ha publicado la convocatoria de los concursos públicos para la construcción de dichos centros privados concertados en dos barrios de Madrid. Precisamente allí donde las familias venían reclamando institutos públicos.

Estamos ante otro episodio de una privatización que no cesa. Miren este dato: el 40% del alumnado de Madrid capital está escolarizado en la educación pública. Para ponerlo en contexto: en España la educación pública escolariza el 67% y en los grandes países europeos cerca del 90% del alumnado. Esta situación es fruto de la política de desmantelamiento de la educación pública que viene aplicando el Partido Popular de Madrid desde hace décadas.

En este nuevo abuso la situación es aún más escandalosa. Por la forma en que se produce, por el objetivo que persigue, por el coste y porque es una adjudicación con trampa.

La demanda de las familias de estos barrios es muy clara: exigían la construcción de un instituto público en cada uno de ellos para atender a la población escolar que lo necesitaba. En el caso de Valdebebas, porque no hay ningún instituto para una población de 25.000 personas y donde cada día salen 5.000 alumnos a estudiar fuera del barrio; un centro privado es una golosina desde el punto de vista del negocio. En el Ensanche de Vallecas hay cuatro centros educativos concertados que tiene secundaria y solo un instituto público (IES María Rodrigo) que está sobresaturado.

Para reclamar su derecho a centros públicos, familias y profesorado se han movilizado, han recogido firmas, se han reunido con la administración educativa, han salido a la calle cientos de personas en varias ocasiones en los dos barrios. Merece mucho la pena ver las comparecencias en la Asamblea de Madrid de las AMPAS de Valdebebas y de las AMPAS del Ensanche de Vallecas invitadas por Unidas Podemos. Pero esta es la libertad de elección de Ayuso: si los padres quieren educación pública, habrá concertada a la fuerza. Demostrando una vez más que su libertad de elección no es otra cosa que el disfraz de la mentira.

La pregunta es: ¿por qué privatiza la educación de manera salvaje la derecha? Claramente lo hace por intereses ideológicos, políticos y económicos. Considera que la educación concertada -la mayor parte en manos de entidades religiosas- contribuye a un adoctrinamiento en valores conservadores que ayudan a mantener el statu quo con una ciudadanía educada desde la segregación y el clasismo. El PP de Madrid tiene muy claro que la hegemonía política se sustenta en este tipo de estrategias: un consejero de Educación de Madrid decía que por cada centro educativo concertado en un barrio aumentaba un 3% el voto al PP.

También sirve para regar los negocios de empresas amigas que convierten la educación en un mercado para lucrarse con ella. Y ojo con este tema. Es tanto el dinero que está en juego que es difícil no pensar las contraprestaciones cruzadas, por no hablar directamente de corrupción. La Operación Púnica demostró que se cobraban comisiones de un millón de euros con los conciertos educativos.

Es una operación ruinosa para los intereses públicos por el alto coste que tiene. Por un lado, se regalan parcelas que valen 11,9 millones de euros. Por otro, se les promete un concierto a 40 años (prorrogable hasta 75 años), es decir, prácticamente perpetuo. Ello viene a suponer una financiación comprometida del orden de entre 400 y 700 millones de euros a precios de hoy. Una barbaridad en sí misma y, más aún, cuando se están negando los recursos que necesita la educación pública.

Para presentar los pliegos hay solo un mes: del 10 de noviembre al 12 de diciembre. Estamos convencidos de varias cosas. Los colegios ya están dados. También los conciertos, pues nadie se mete en una inversión de unos diez millones de euros en la construcción de un centro si no tienen asegurado el negocio. Esta decisión se tomará al más alto nivel, en el entorno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Tan seguros estamos de que es un concurso con trampa que tenemos dos opciones: depositar ante notario un sobre lacrado con los más que posibles adjudicatarios. O hacer una porra con los sospechosos habituales: el Opus Dei en alguna de sus encarnaciones (ojito a Alfonso Aguiló), el gran fondo de inversión Hospitales de Madrid o el Instituto de Empresa, donde trabaja la exconsejera de Educación Lucía Figar. Al tiempo.

Tal y como se está planteando el tema, es manifiestamente un acto ilegal. No solo porque va en contra de la filosofía de la LOMLOE que pretende evitar estas situaciones, pero que la actitud pusilánime del Gobierno central no amarró suficientemente. La ley prohíbe que los ayuntamientos cedan suelo para colegios privados y la artimaña consiste en que el ayuntamiento de Madrid se lo ceda a la Comunidad para que ésta pueda burlar la ley y regalárselo a sus amigos. Tampoco se cumplen las condiciones exigidas para los conciertos. Pero, sobre todo, no es legal vincular el suelo y los conciertos en un mismo acto.

Con este atropello a la educación pública, Ayuso retorna a las prácticas de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. Al periodo más negro de la corrupción política de la que fueron protagonistas. Ese es el fondo del asunto, aunque la neolengua intente vendernos lo contrario de la realidad. La libertad no tiene nada que ver con las cañas y tapas, con gobernar al servicio de los intereses privados o con el adoctrinamiento en las bondades de la desigualdad. Las libertades son las que garantizan los servicios públicos y los derechos de ciudadanía que consagra la Constitución y el estado de bienestar: educación, sanidad, pensiones, dependencia, servicios sociales, vivienda. Además del perjuicio que se produce a derechos fundamentales y a la cohesión social, la desigualdad y segregación que genera la red concertada hace que sea menos eficiente y más mediocre el modelo educativo madrileño.

Como Unidas Podemos hemos registrado varias preguntas para el Pleno de la Asamblea de Madrid. Es más que probable que esta injusticia acabe en los tribunales. Pero la lección que deberíamos aprender de una vez por todas es la necesidad de la unidad de las fuerzas progresistas para que las urnas no den la razón a prácticas mafiosas. Por último, los sindicatos, las AMPA, las organizaciones estudiantiles y toda la comunidad educativa deben empezar a unirse y a movilizarse frente a la injusticia. La movilización por la Sanidad Pública es el espejo.

13 de noviembre de 2022

Este artículo ha sido publicado también en blogs.publico.es/otrasmiradas

Entradas relacionadas:

• Razones para la movilización

• Cesión de suelo público

Radiografía de un saqueo: la educación en el Madrid de Ayuso (Agustín Moreno)

 Agustín Moreno nos envía este artículo:

De nuevo los escolares cargarán con sus mochilas. De nuevo se encontrarán a sus compañeros y verán que no ha cambiado casi nada. Las mismas ratios, el mismo número de profesores, la misma escasez en los recursos. Seguramente no notarán el deterioro, porque se han acostumbrado a la precariedad desde que gobierna el PP en la Comunidad de Madrid. Y de nuevo el Gobierno repetirá una vez más: el curso escolar ha empezado con normalidad. Nada más lejos de la verdad. Partir del principio de realidad es una obligación para objetivar las cosas y saber de qué estamos hablando. Desde hace 27 años, la política ultraliberal de la derecha viene saqueando la educación pública madrileña. Es un recorte de recursos continuo y una privatización que no cesa. No son opiniones, son datos: la realidad es un argumento irrebatible.

1. Bajísima inversión educativa. Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte de España siendo la comunidad más rica. Se mire como se mire. Solo invierte el 2,13% del PIB frente al 4,93% en España. El presupuesto educativo por habitante es de 754 euros frente a 1.167 de media en España. Y por alumno, de 4.181 euros frente a 6.738 de media del Estado, menos de la mitad que el País Vasco (9.143 €). La ínfima inversión y el peso de la red privada-concertada hace que en Madrid las familias se gasten en educación casi el doble que la media de España.

2. Privatización galopante, que ha provocado que el alumnado escolarizado en los centros públicos sea del 54% en Madrid frente al 68% en España y a más del 90% en los países europeos. En el caso de Madrid capital, el alumnado de la pública no llega al 40%. Este destrozo se consigue por varias vías: deteriorando la educación pública con los recortes, negando la demanda de las familias de plazas públicas y la construcción de nuevos centros públicos, transfiriendo recursos inmensos a la concertada (1.300 millones este año), y con la política de cheques-regalo a familias ricas con ingresos de 143.652 €/año si son cuatro personas.

3. Desprecio y abandono de los centros públicos. Como demuestra las altas ratios de 33 alumnos por clase en secundaria y hasta 38 en bachillerato. Visto en términos de ratio alumnado/profesorado, Madrid tiene la más alta de todo el Estado con 12,9 alumnos, frente a 8 del País Vasco o de Asturias. La pandemia demostró algo que todos sabíamos y que venía repitiendo la comunidad científica: la bajada de ratios es fundamental para mejorar la calidad educativa y el éxito escolar. Informan inspectores de Educación que este año en muchos distritos se han quedado alumnos fuera de la pública por sobrar plazas en la concertada y derivarles a ella.

4. Un desastre en Formación Profesional. Como todos los años, decenas de miles de jóvenes se quedan sin la plaza pública que solicitaron ¿Dónde está su libertad de elección? Es una estrategia deliberada que hemos explicado y que tiene como objetivo reducir el peso público y potenciar la FP privada y concertada. Tanto es así que la FP privada ha pasado del 25% en 2007 al 44% en 2020, un aumento de 20 puntos en 13 años, mientras que el porcentaje de FP pública ha caído en el mismo periodo del 75% al 56%. Los propios datos de la consejería demuestran que solo es pública una de cada tres plazas de FP que se crean actualmente. Madrid sigue imponiendo barreras de entrada a la FP, como la tasa de 400€ para matricularse en los grados superiores, una absoluta anomalía en el Estado.

La foto-resumen de este comienzo de curso es: 103 aulas concertadas más, aprobación de cuatro nuevos colegios concertados; 1.000 profesores públicos menos según la Asociación de Directores de Institutos (ADIMAD) en Secundaria a pesar de crecer un 1,6% el alumnado; 33.000 alumnos sin plaza pública de Formación Profesional (FP); y 127 millones de euros de gasto en cheques-regalo para ricos que se detraen de una educación pública infradotada.

Esta es la realidad, luego están las mentiras descaradas del Gobierno de Ayuso. Es decir, la propaganda, el bulo y la manipulación con la complicidad necesaria de medios bien engrasados por las subvenciones de este Gobierno. Aparte de los datos inventados por la consejería, dos ejemplos del mundo al revés que defiende la derecha: para ella, adoctrinar es educar en derechos humanos y no lo es meter el catecismo en las aulas (la gran mayoría de los centros concertados son católicos); hablan de la cultura del esfuerzo y montan chiringuitos universitarios privados donde titulan los que pueden pagárselo. Adoctrinamiento, negocio y hegemonía de valores conservadores. El control de la educación no es ajeno a la frase de Millás de que "votan al PP aunque se presente un mono tocando los platillos".

El problema está, además, en que la política educativa del Partido Popular de Madrid no es inocua y tiene consecuencias muy negativas. Madrid está a la cabeza de Europa en segregación escolar y por razones socioeconómicas, según numerosos estudios académicos (Save The Children, Universidad Autónoma de Madrid, ESADE...). Y el resultado de la baja inversión, el peso de la red privada-concertada con la consiguiente segregación es un modelo de calidad mediocre. Así se pone de manifiesto en el último informe PISA o los datos comparativos de la EVAU con otras comunidades autónomas.

El derecho a la educación no está siendo garantizado por el Gobierno Ayuso que impulsa el sector privado con dinero público. Se está perjudicando una educación pública digna y de calidad. Por ello, Unidas Podemos presentaremos un decálogo de propuestas en la Asamblea de Madrid. Entre otras medidas está doblar la inversión educativa hasta el 5%; bajar las ratios para mejorar la atención a la diversidad y la calidad educativa; aumentar los cupos de profesorado en al menos 1.000 efectivos en Secundaria; 18 periodos lectivos y la recuperación del poder adquisitivo perdido por el profesorado y demás personal por la inflación; aumentar las plazas de FP abriendo grupos de tarde en los IES públicos contratando a nuevo profesorado y no aumentando la jornada; un plan urgente de construcción de nuevos centros públicos educativos y terminar de una vez los centros que están empantanados por la construcción por fases.

No basta con cabrearse mientras el desastre continúa. Hay que actuar y salir a la calle. El 10 de septiembre hay la oportunidad de hacerlo: Marea Verde convoca a toda la comunidad educativa y social a que reaccione. La educación es una cuestión que afecta a toda la ciudadanía porque prefigura el modelo de país que estamos construyendo. Es un error una educación segregadora basada en la educación privada y con una educación pública asistencial convertida en un gueto. Apostamos por una educación pública universal gratuita, laica e inclusiva, que asegure la equidad y la igualdad de oportunidades. Lo que está en juego es una sociedad clasista y desigual o una sociedad cohesionada y más democrática.

AGUSTÍN MORENO

Diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

Publicado el 08/09/2022 también en blogs.publico.es/otrasmiradas

Educación infantil, cuando todo empieza (Agustín Moreno)

Si hay un tema que goza de un alto consenso social, es la importancia de la educación infantil. Es el período en el que se forma el cerebro del niño. De ahí surgirán el desarrollo de sus sentidos, de su motricidad, de su afectividad, de su sociabilidad y sus equilibrios.

Según han demostrado las investigaciones de la neuropsicología, a esa edad se forman cientos de nuevas conexiones neuronales por segundo, que son la base del desarrollo y del aprendizaje. Como decía el psicólogo Ajuriaguerra: “desde los tres años, gerontología”.

No se puede dejar de educar a los niños y niñas en una etapa tan crucial y no se puede dejar solas a las familias en esta tarea. La etapa es un fin en sí misma, no es la preparación para la etapa escolar ni una cuestión de conciliación. Son los cimientos del niño y de la niña. Tanto que, como decía una madre, la educación infantil es donde y cuando todo empieza. Modelar cerebro es modelar futuro.

La educación infantil es una medida esencial para la equidad. Para James Heckman, premio Nobel de Economía, la educación infantil de calidad a niños desfavorecidos reduce la desigualdad e incrementa la productividad en el futuro. Afirma que es la inversión más potente en términos de rentabilidad.

Lo prioritario es crear escuelas y plazas públicas suficientes para que puedan acceder todas las familias, especialmente las más necesitadas, porque el barrio y la familia no pueden condicionar la igualdad de oportunidades

Por ello la LOMLOE asume su importancia y propone los requisitos mínimos para asegurar su carácter educativo (currículo, ratios, titulaciones, espacios, coordinación entre ciclos y con Primaria); un Plan de ocho años para extender el ciclo 0-3 incrementando la oferta de plazas pública priorizando las situaciones de vulnerabilidad.

El gran problema es que la educación de 0-3 años escolariza a menos de la mitad de los niños de esa edad. En la Comunidad de Madrid (CAM), solo al 37,48% en 2019. De 239.855 niños/as de 0-3, escolariza a 92.782. Se necesitarían crear 154.737 plazas en ese rango de edad para todos los que potencialmente lo necesitan. Para ello hay que crear plazas públicas de calidad y gratuitas.

Lo prioritario es crear escuelas y plazas públicas suficientes para que puedan acceder todas las familias, especialmente las más necesitadas, porque el barrio y la familia no pueden condicionar la igualdad de oportunidades. Hay que suprimir las barreras que impiden que muchas de estas familias accedan al uso del derecho. Entre ellas, las barreras económicas por el coste inasumible y las escasas ayudas; barreras burocráticas, de información y comunicación; barreras organizativas derivadas de un modelo complejo que no se adecúa a todas las familias; y barreras culturales que llevan a rechazar la escolarización por preferencias basadas en las costumbres. Y la clave es la calidad educativa. No basta que las cosas sean gratis, tienen que ser buenas y no un aparcamiento de niños.

La única gratuidad real es la de las escuelas públicas. En Madrid, la educación infantil en centros públicos es gratuita (excepto el comedor y las ampliaciones de horarios antes de las 9 y después de las 16 horas) y es lo que hace que la educación sea universal para todos. El cheque escolar financia a los ricos cuando el objetivo tiene que ser la equidad y refuerza la estrategia de privatización desde la educación infantil hasta la Universidad.

Desde la Unión Europea se ha puesto en marcha un programa de creación de plazas de educación infantil públicas. La condición para financiadas con fondos europeos es que esas plazas sean accesibles, asequibles, inclusivas, de alta calidad y atiendan a familias vulnerables. El Partido Popular, contrario a todo lo que sea público, amenazó con no participar en dicho programa. Pero ello suponía la pérdida de importantes recursos (123 millones en Andalucía, 53,6 en Madrid, etc.). Finalmente ha accedido a rastras a participar y ha tomado decisiones para cumplir con las plazas públicas que debe crear.

Por un lado, la Consejería de Educación impone el desmantelamiento del ciclo 0-6 en las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid al dejarlas reducidas al 0-3 para cumplir con la creación de plazas y recibir los millones. Se quiere mutilar a escuelas de muy alta calidad y reconocidas por numerosos premios nacionales e internacionales. La medida es un error pedagógico al romper la coherencia del ciclo 0-6 como recomiendan todos los expertos. Se impone en contra de la voluntad unánime de las familias, de las educadoras y de los equipos directivos y de Atención Temprana ¿Dónde está la cacareada libertad de elección? ¿Por qué se prohíbe únicamente a estas escuelas la etapa 0-6 y se permite en las privadas, concertadas y CEIPs? Es puro autoritarismo y desprecio a la comunidad escolar y a las formas democráticas. Ello ha llevado a CCOO a recurrir la medida en los tribunales por considerarla contraria al artículo 27.5 de la Constitución que obliga a una participación efectiva de la comunidad educativa.

Por otro, la Consejería ha decidido crear plazas de 0 a 3 años en los colegios de infantil y primaria públicos (CEIPs). Para el próximo curso, serán 1.753 plazas en 46 colegios. En tres años, se deberán haber creado un total de 5.259 plazas públicas nuevas para recibir los 53.5 millones de euros, sin duda una buena noticia.

Es positivo que se creen plazas públicas de infantil, pero hay que asegurar la calidad del ciclo 0-3 en los CEIPs. Ello pasa por abordar tres ejes fundamentales: la adecuación de los espacios y materiales; las ratios y el profesorado, su contratación y formación; las familias y su participación. Es importante bajar las ratios que en la CAM son más altas que en el Ayuntamiento de Madrid o en Cataluña: en 1, 2 y 3 años son de 8/14/y 20 niños, frente a 6/10/15 en Cataluña y 4/6,5/8 en el Ayuntamiento de Madrid; aumentar el personal e introducir la pareja educativa; subir los bajos salarios y reducir la temporalidad que llega al 70% en ocasiones; más formación de los equipos; convocatoria de oposiciones con una amplia oferta pública de empleo. El 0-3 debe formar parte de un Proyecto Integrado de 0 a 12 años. Ese es el reto y ello exige la negociación con la comunidad educativa en los ámbitos establecidos, abandonar el oscurantismo y la falta de información que se ha mantenido hasta ahora.

En resumen, es fundamental tener conciencia ciudadana de la importancia de este tramo educativo. Todo niño y niña tiene derecho a una buena educación pública desde su nacimiento y nadie debe quedar excluido. La educación debe de ser respetuosa, cuidadosa, sana, cálida, libre, feliz y digna. Los niños no son objetos a guardar, sino personas a educar. La educación infantil es nuestro futuro.

Agustín Moreno es diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid

Fuente: https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/educacion-infantil-empieza_129_1222655.html

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

"Ley maestra" de la Comunidad de Madrid (declaraciones de Agustín Moreno). Vídeo de Asamblea Marea Verde Madrid con la colaboración de laeducacionpublica.es

 

Declaraciones de Agustín Moreno, diputado de UP en la Asamblea de Madrid, sobre la "Ley maestra de libertad de elección educativa" en la Concentración "Contra la Ley maestra" del día 3 de febrero de 2022 frente a la Asamblea de Madrid. 

Asamblea Marea Verde Madrid agradecemos a laeducacionpublica.es su colaboración en la realización de este vídeo.

Entradas relacionadas:

• Vídeo de la Concentración "Contra la Ley maestra de libertad de elección educativa" (Asamblea Marea Verde Madrid. 3-2-2022. Con la colaboración de laeducacionpublica.es)

• Manifiesto "Contra la Ley maestra de libertad de elección educativa” (Asamblea Marea Verde Madrid. 30-1-2022)

• 3-2-2022: Concentración “Contra la Ley Maestra” (17:30 h., en la en la Avda. Pablo Neruda 142 -frente a la Asamblea de Madrid). Convoca: Asamblea Marea Verde Madrid

• Ley maestra de libertad de elección educativa

La Ley Maestra: una apuesta por la segregación y un atropello parlamentario ( Agustín Moreno en eldiariodelaeducacion.com)

 Artículo de Agustín Moreno en eldiariodelaeducacion.com

18/01/2022

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado su proyecto de “ley Maestra”, que no es otra cosa que una apuesta descarada por seguir desmantelando la educación pública en esta comunidad. Es una ley segregadora, que blinda y potencia la educación concertada, que unido a su resistencia a construir centros educativos públicos, hace que la libertad de elección real de las familias se oriente a la privada-concertada. También pretende incumplir la Lomloe dando conciertos a colegios contrarios a la coeducación, regalando suelo público a empresas privadas y publicando rankings de centros con los resultados de pruebas académicas. Por último, tampoco garantiza la educación inclusiva en todos los centros educativos ordinarios. Llamar “ley maestra” a esto, es el disfraz de la mentira y un insulto a nuestra profesión docente.

Su tramitación en la Asamblea de Madrid está lejos de cumplir cualquier procedimiento parlamentario mínimamente democrático. Se empezó con la acumulación de hasta nueve comparecencias en la Comisión de Educación de organizaciones y entidades en una sola sesión (16 de noviembre de 2021), sabiendo que cada comparecencia supone una hora y diez minutos sin tiempos muertos, y sin parada para comer.

La primera reunión de Ponencia realmente operativa fue el 7 de diciembre de 2021. La Ponencia es la primera instancia de debate de enmiendas y búsqueda de acuerdos sobre el proyecto de ley. Se había acordado por consenso que la Ponencia se dedicaría a la presentación, debate, aprobación o rechazo en su caso de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la ley: 8 enmiendas del PP; 72 de Más Madrid; 15 del PSOE; 44 de Vox y 30 de Unidas Podemos.

Horas antes, se nos comunicó a los portavoces de la Comisión de Educación (a través de WhatsApp) que PP y Vox había llegado a un acuerdo por el que presentaban 27 enmiendas transaccionales. En la reunión de la Ponencia se empezaron a debatir enmiendas y se resolvieron diez de ellas. Pero PP y Vox plantearon cambiar la metodología seguida para aprobar a la carrera su acuerdo externo e impedir el debate de las enmiendas del resto de grupos; proponían que los demás grupos expusieran en 5 minutos todas sus enmiendas y votarlas en bloque, adelantando que votarían en contra de todas ellas. Es evidente que no se podía romper la metodología consensuada ni cambiarla a mitad de sesión y aplicarla en esa misma reunión. Pero lo hicieron.

También pretendían que se votasen sus 27 enmiendas transaccionales en bloque, sin poder opinar sobre algo que empeora más aún esta lamentable ley. Ante la falta de acuerdo, PP y Vox votaron dar por cerrada la Ponencia y sus trabajos. Los tres grupos de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos no participamos en la votación, por considerarla contraria al procedimiento parlamentario que rige en estos casos y porque impedía el debate de las enmiendas.

La actitud del PP y Vox es una negación del debate y de la posibilidad de presentar y defender las 117 enmiendas elaboradas por los tres grupos parlamentarios progresistas. Es un hecho que PP y Vox tienen mayoría para sacar adelante sus acuerdos, pero no tienen patente de corso para saltarse los consensos, los procedimientos ni la democracia. Si tenían tanta prisa para aprobar la ley, podrían haber utilizado el procedimiento de urgencia.

En la reunión de la Mesa y portavoces de la Comisión de Educación del 10 de diciembre se pretendió dar por válido, como si fuera el dictamen de la Ponencia de la Ley, el texto elaborado por el letrado que asistió a la reunión de Ponencia del 7 de diciembre. Hay que recordar que en dicha reunión PP y Vox cerraron la Ponencia y no se permitió presentar ni debatir todas y cada una de las enmiendas de los grupos parlamentarios progresistas.

No se puede pretender zanjar la tramitación de la ley en Ponencia y en Comisión con una metodología con la que los grupos del PP y Vox impongan que se presenten todas las enmiendas de cada grupo en bloque y en pocos minutos, y se voten también en bloque decenas de enmiendas. Votar en bloque niega toda posibilidad teórica de intentar convencer en algo al resto de grupos, de presentar enmiendas in voce y de alcanzar algún acuerdo.

La metodología aplicada es una burla total rechazable por antidemocrática. Un paripé, que no respeta un mínimo procedimiento que permita exponer, debatir y valorar con un mínimo de sosiego las enmiendas presentadas. Hay que recordar, que son propuestas realizadas gracias a un trabajo común con las organizaciones más representativas de la comunidad educativa (sindicatos del profesorado, federaciones de AMPA, Marea Verde, plataformas en defensa de la educación pública y de la educación inclusiva, etc.). Cuando estas organizaciones fueron informadas, no daban crédito a lo que sucedía.

Por poner en contexto estas actuaciones, esta actitud se repite con el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022 y el acuerdo PP y Vox del 30 de noviembre de 2021. Un acuerdo sobre 13 puntos, donde la cuantificación apenas supone un 0,4% del total de los presupuestos (menos de 100 millones de euros, 62,5 de ellos dedicados a más cheques escolares que son un robo a la educación pública. Pero lo más sorprendente es que ponen por escrito una declaración cargada de sectarismo: “Con el presente acuerdo el Gobierno se compromete a no alcanzar ningún acuerdo total o parcial con otros grupos. Del mismo modo, Vox se compromete a no apoyar ninguna de las enmiendas a la totalidad ni parciales presentadas por los otros grupos presentes en la Asamblea”.

¿Cómo se puede decir que no van a aceptar ni una sola de las 3.711 enmiendas que proponen a los presupuestos los tres grupos parlamentarios progresistas (UP 1.655; MM 1.581 y PSOE 475 enmiendas), sin analizar ni aportar soluciones coherentes a los problemas de la gente? Es la misma pauta antidemocrática, sectaria y autoritaria que se ha aplicado con la “ley maestra”.

En conclusión, la actuación de las derechas con la tramitación de la “ley maestra” pone de manifiesto que entre PP y Vox hay un acuerdo de Gobierno, aunque Vox no tenga consejerías. El objetivo del acuerdo en un sabotaje del debate democrático y un cierre en la práctica del correcto funcionamiento de la Asamblea de Madrid. Y, seguramente, algo de mayor calado estratégico: apostar por un futuro gobierno de la ultraderecha en España encabezado por Isabel Diaz Ayuso.

La democracia se basa tanto en el respeto a los contenidos como a las formas, y con esta manera tan antidemocrática de proceder se pone de manifiesto el peligro que para la democracia tiene la fusión de esta derecha trumpista y la ultraderecha. El autoritarismo demostrado indica que van a seguir atentando contra la Educación Pública de Madrid y contra los servicios públicos. Los hechos tienen consecuencias y la educación y la democracia se merecen un respeto. Solo la unidad de todas las organizaciones de la comunidad educativa con las fuerzas progresistas podrá detener esta tremenda agresión a la Educación Pública y este atropello a la Democracia y al parlamentarismo.

Entrada relacionada:

• Ley maestra de libertad de elección educativa

Ayuso y el abandono de la educación pública madrileña (Agustín Moreno)

 Agustín Moreno nos envía este artículo:

Desde el poder siempre se lanzan mensajes tranquilizadores, aunque no tengan nada que ver con la realidad. Dice el Gobierno de la Comunidad de Madrid (CM), que el curso escolar comienza con total normalidad. Pero está afirmación no se apoya en datos sólidos. Simplemente, hay que creerles. La verdad, es que ha habido pocos cursos tan anormales como este que empieza. Al menos, por las siguientes razones: no hay la suficiente seguridad en las aulas, no se apuesta por la calidad educativa y no hay participación democrática. Veamos.

Dudosa seguridad. La vuelta a la presencialidad en las clases es muy positiva, pero no como si no estuviera pasando nada. La pandemia del covid-19 no está superada, hay un alto índice de incidencia en Madrid (y es mayor en la franja de edad de 12 a 18 años); existen variables, como la Delta, que son más contagiosas; y el curso empieza con la mitad de los adolescentes sin vacunar. La OMS, UNICEF y prestigiosos epidemiólogos están llamando a no bajar la guardia e insisten en reducir la ratio en las clases para correr el menor riesgo posible. Además, la vida en los colegios e institutos no discurre solo en el aula. Son hormigueros que bullen en las entradas y salidas del centro, por pasillos y escaleras, baños, recreos y cambios de clase.

El éxito del curso pasado fue gracias al esfuerzo titánico del profesorado y de las familias, y a la disciplina de niños y niñas cumpliendo las medidas adoptadas. Si tenemos que seguir cuidando de la salud de toda la comunidad educativa, ¿por qué se suprimen medidas fundamentales para ello? Tener 25 alumnos en infantil y primaria y 30-33 en ESO y 35-38 en bachillerato afecta a la seguridad y la calidad. Decenas de directores de instituto (NOTA 1) (y otros muchos no lo han hecho por el clima coercitivo existente) han preguntado a la Consejería de Educación cómo pueden aplicar estas cifras y guardar la distancia interpersonal de 1,2 metros en aulas que son pequeñas. La respuesta de la Consejería (Orden de 3 de septiembre) es que hagan lo que puedan con la distancia de seguridad, es decir, que incumplan la distancia Ante esta chapuza total, CCOO lo ha denunciado ante los tribunales (TSJM) y ha pedido medidas cautelarísimas.

Las elevadas ratios. Hay una lógica demoledora: se atiende la diversidad y se educa y enseña mejor de 20 en 20 alumnos que de 35 en 35. Los resultados en el curso pasado en primer ciclo de la ESO, con ratios reducidas, fueron extraordinariamente positivos ¿Por qué no seguir haciendo lo que funciona bien? Que el consejero de Educación diga que reducir las ratios empeora la calidad educativa (porque obliga a usar espacios comunes, sin plantearse cómo ampliarlos) es un insulto a la inteligencia. Además, ¿dónde está la bajada de ratios que prometió Ayuso y que fue bandera de su investidura? ¿por qué no se aplica cuando más se necesita, durante la pandemia y cuando la situación sanitaria aún no está controlada?

La reducción del profesorado respecto al curso pasado. Ante el baile de cifras, si atendemos a lo que la propia consejería de Educación repite en los medios de comunicación, en el curso 2020-21 se contrataron 11.000 profesores de refuerzo y para el curso 2021-22 serán solo 3.000. Es decir, se contratarán casi 8.000 profesores menos, según sus propias cuentas. Según las nuestras son 7.697 profesores menos. Madrid es la comunidad que prescinde de más docentes de refuerzo, mientras que otras CCAA menos ricas contratan más profesorado, tanto en términos absolutos como relativos. De los 3.000 profesores que se ha anunciado contratar, 2.000 irán a centros públicos, lo que dividido por los centros públicos existentes, tocan a 1,1 profesor/centro. Algo totalmente insuficiente, que no da para desdoblar clases ni bajar la ratio, apenar para reforzar alguna guardia. La escasez de profesorado endurece sus condiciones de trabajo, algo que unido a la alta precariedad del colectivo de interinos y al no reconocimiento de su trabajo, produce la percepción entre el profesorado de que ni la peor empresa privada trata tan mal a sus trabajadores como el gobierno de Ayuso.

La escasa inversión educativa: Que Madrid, con 35.900 euros de renta per cápita, invierta en educación la mitad que la media nacional en porcentaje de PIB, lo dice todo. El gasto por alumno/año en 2017 era: Madrid 4.727 euros; España 5.779 €; Castilla León 6.761 €; País Vasco 9. 298 €. La decisión política de reducir la inversión educativa tiene consecuencias: un niño una niña o un joven de Madrid no tiene las mismas oportunidades que los de País Vasco, Asturias, Castilla León, etc. No es aceptable esta política.

El escándalo de la Formación Profesional (FP): Una grave crisis de matriculación en la región. En julio, se quedaron 6.938 personas sin poder matricularse en Ciclos Formativos de Grado Medio y 17.976 sin una plaza pública en ciclos de Grado Superior (NOTA 1). Ello suma 24.914 solicitudes rechazadas, la mayoría de las cuales tampoco encontrarán plaza pública en septiembre. Se les está obligando a buscarse la vida en centros privados y concertados o a quedarse en su casa. El déficit de plazas y la crisis en el proceso de admisión es estructural por la falta de inversión y, sobre todo, por una brutal estrategia privatizadora. Ello está afectando a la equidad y a sectores del alumnado con menos recursos que eligen la FP como itinerario formativo. Negar una mayor cualificación profesional a decenas de miles de jóvenes, es abocarles al paro, la precariedad y los bajos salarios, en una comunidad con un 35% de paro juvenil.

Ninguna participación democrática: La consejería no se ha reunido con los sindicatos del profesorado, ni con las confederaciones de AMPAS y organizaciones estudiantiles. Pero la práctica de informar, negociar y llegar a acuerdos con la comunidad educativa se realiza en otras comunidades autónomas, incluida alguna gobernada por el PP. No es normal tanta prepotencia y tanto desprecio al diálogo como el que practica el Gobierno de Díaz Ayuso.

En conclusión, en Madrid, además de la falta de seguridad suficiente, se siguen apostando por un modelo educativo de baja calidad, de inversión insuficiente, muy segregador y autoritario. El resultado es la mediocridad educativa en la comunidad autónoma más rica de España, tal y como refleja los últimos informes PISA: bajada de 46 puntos en lectura y fuertes caídas en matemáticas y ciencias. Algo que la propia Ayuso reconocía en un lapsus o en un rapto de sinceridad: que la educación de Madrid es un desastre. Una declaración que no se hace para mejorar la educación, sino para seguir privatizándola, aunque ése sea precisamente el desastre. No tiene ninguna justificación querer cargarse la educación pública en aras del negocio económico, ideológico y político. Todo lo anterior tiene un nombre: abandono de la educación pública madrileña, y la consecuencia de convertir la igualdad de oportunidades en un espejismo. Por ello, desde la comunidad educativa, y como Unidas Podemos, pedimos un Plan de Rescate para la Educación Pública ante esta situación de emergencia educativa.

NOTAS:

https://elpais.com/espana/madrid/2021-09-03/el-gobierno-de-madrid-obliga-a-parte-de-los-directores-de-secundaria-a-incumplir-la-normativa-sanitaria.html

https://www.publico.es/politica/unidas-pide-comparecencia-consejero-educacion-madrid-deficit-plazas-fp.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web

La FP y el techo de cristal de los chicos de la clase obrera (Agustín Moreno para eldiario.es)

 Artículo de Agustín Moreno para eldiario.es

• Una comunidad como Madrid, que tiene un 35% de tasa de paro juvenil y una alta precariedad laboral, no puede cometer el disparate de dejar sin atender a una buena parte de la demanda de formación de los jóvenes

17 de septiembre de 2021 

Alba acabó bachillerato en un instituto público del sur de Madrid y quería matricularse en un ciclo de grado superior de Laboratorio Clínico. Pertenece a una familia trabajadora y cree que tiene capacidad para cursar una carrera, pero no puede permitirse la Universidad por las tasas universitarias y, sobre todo, porque necesita trabajar lo antes posible. Pero cuando miró las listas de admitidos en julio comprobó que no tenía plaza y que estaba en una lista de espera de 1.684 personas, ya que el 90% habían sido excluidos. Estos primeros días de septiembre va a tener que hacer guardia de noche en la puerta de un centro público, a ver si tiene mucha suerte y puede acceder a una posibilidad para seguir formándose. Alba es una más de las casi 25.000 personas que se han quedado sin una plaza pública para poder estudiar Formación Profesional (FP) en Madrid.

Los datos de la campaña de matriculación en Formación Profesional en Madrid para el curso 2021-2022 son escandalosos. En julio se quedaron 6.938 personas sin poder matricularse en Ciclos Formativos de Grado Medio. A ellos hay que sumar otros 17.976 (el 54%) que se quedaron sin una plaza pública para cursar un ciclo de Grado Superior. Son un total de 24.914 solicitudes rechazadas de personas, obligados ahora a ir centros privados y concertados o a quedarse en su casa por no poder pagar tasas de 7.000 a 10.000 euros. Este desastre de la FP en Madrid pone de manifiesto que no estudia quien quiere sino quien puede.

El déficit estructural de plazas públicas en la FP es un grave problema educativo por la falta de inversión y de planificación. Está afectando a sectores del alumnado con menos recursos que eligen la FP como itinerario formativo y destroza la equidad del sistema. Porque si lo unimos a la segregación escolar que produce la apuesta de la derecha por la red de centros privados y concertados, al distrito único y al bilingüismo, en la práctica supone un irrompible techo de cristal para los jóvenes de familias modestas. Algo que ya documentó Paul Willis en su “Aprendiendo a trabajar” (NOTA 1), desmontando el mito neoliberal de que cualquiera puede alcanzar los sueños que se proponga si se esfuerza independientemente de su origen social: los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera. No hay que olvidar que la naturaleza de toda segregación consiste en dejar a gente por el camino, convirtiéndose en un poderoso mecanismo que convierte la igualdad de oportunidades en un espejismo.

Lo sucedido no es imprevisión ni simple incompetencia. Es recurrente, ya que algo parecido sucede todos los años (NOTA 2). Las causas hay que buscarlas en la descarada estrategia de privatización de la FP. Privatización que no consiste en vender centros públicos, pero sí en cerrar aulas o ir vaciándolas de su alumnado. Es una decisión política que apuesta por un modelo educativo neoliberal que reproduce fielmente un modelo social injusto por desigual.

Su política contra lo público les hace mantener un déficit crónico de plazas en la FP pública para achicar el espacio de la educación pública. Al negar plazas públicas a muchos miles de alumnos, se les deja en la calle o se les arroja en brazos del sector privado, que ha proliferado bajo la forma de academias que difícilmente reúnen condiciones mínimas de calidad. Miles de alumnos reciben el “cheque escolar” exclusivo para el alumnado de la FP privada. Así, una orden de la Consejería de Educación de mayo de 2021 destina 18,5 millones de euros para becas de una media de 2.000 euros, lo que supone más de 9.000 alumnos derivados a la FP de Grado Superior privada. Las becas se gestionan directamente desde las secretarias de los centros privados. El resultado del proceso de privatización de la FP en la Comunidad de Madrid es demoledor: en solo diez años el alumnado que estudia FP en centros concertados y privados ha pasado del 27% al 44%, gracias a esta política deliberada.

Una comunidad como Madrid, que tiene un 35% de tasa de paro juvenil y una alta precariedad laboral, no puede cometer el disparate de dejar sin atender a una buena parte de la demanda de formación de los jóvenes. No es aceptable una política que escatima esfuerzos de financiación, de profesorado y recursos para potenciar y modernizar un sector educativo fundamental para mejorar la cualificación y la calidad del empleo. Este desprecio hacia la FP se evidencia en que Madrid es la comunidad autónoma con menos alumnos matriculados en FP sobre el total de alumnos matriculados en todo el sistema educativo, la que menos plazas oferta en la FP pública, y la única que cobra unas tasas académicas en la FP de grado superior de 400 euros. Para corregir y mejorar la situación, desde Unidas Podemos exigimos la máxima transparencia al Gobierno de la Comunidad y una Comisión de Seguimiento para la gestión de fondos provenientes de Europa para la FP. Hay que asegurar su carácter finalista y que no sean desviados a la privatización y a otros capítulos.

Es urgente negociar un Plan de Choque de Formación Profesional para hacer frente a la situación de emergencia existente y atender la demanda insatisfecha con mayor inversión, contratación de profesorado y apertura de las aulas taller en turno de tarde. A medio plazo, se deberá negociar con la comunidad educativa y los agentes sociales un Plan Estratégico de Formación Profesional que incremente la oferta de plazas públicas de FP en función de la demanda del alumnado y del mercado de trabajo, y no del negocio de los centros de FP privados. Hay que reforzar la FP reglada pública, más aún, cuando conocemos que se produce una disminución de la FP continua (dirigida a trabajadores en activo), porque las empresas han recortado a la mitad en una década el dinero en formación a sus trabajadores (NOTA 3).

Los efectos sociales y laborales del debilitamiento de la FP que hacen comunidades como Madrid, convierten el mercado de trabajo en el reino de la desregulación y la precariedad. Negar una mayor cualificación profesional a decenas de miles de jóvenes es abocarles al paro, a la precariedad y a los bajos salarios. Es la hora de apostar por empleos de calidad. Ello pasa, además, por la derogación de la reforma laboral a la máxima urgencia y por otro modelo productivo que nos saque del círculo vicioso de la dependencia cuasi absoluta de la hostelería y del turismo. Desde Biden a Macron han abierto el melón de algo obvio: es absolutamente necesario pagar bien a trabajadores debidamente formados. El modelo de precariedad, bajos salarios, trabajo sin derechos que conduce a la generación de trabajadores pobres no debe tener cabida en una economía avanzada y en una sociedad civilizada. Hay que poner una FP pública de calidad al servicio de la formación de los buenos profesionales que el país necesita.

Intervenciones de Agustín Moreno en el Pleno de la Asamblea de Madrid (15-7-2021)

Agustín Moreno nos envía estos enlaces de sus intervenciones en el Pleno de la Asamblea de Madrid del 15 de julio de 2921:

IU Madrid🔻  (@IU_Madrid) July 15, 2021

@MorenoG_Agustin sobre la necesidad de bajada de ratios en la educación madrileña. https://t.co/7taMAmXhCj

Entrada relacionada:

• Bajar las ratios, vacuna contra el fracaso escolar (Agustín Moreno para eldiario.es)

Bajar las ratios, vacuna contra el fracaso escolar (Agustín Moreno para eldiario.es)

 Agustín Moreno nos envía su último artículo publicado en eldiario.es

Se necesitan clases con ratios razonablemente bajas, que faciliten el deber del profesorado de atender las necesidades del alumnado. Es decir, no sólo enseñarles las materias, sino facilitar la convivencia, favorecer su inclusión, prevenir los conflictos y ayudarles a solucionarlos

23 de julio de 2021

Lo venía diciendo la comunidad científica y pedagógica, lo sabemos por nuestra experiencia como docentes a pie de aula, y lo confirma el sentido común: se educa y se enseña mejor de 20 en 20 alumnos que de 33 en 33, o de 38 en 38, que son las ratios que se plantean en ESO y bachillerato en la Comunidad de Madrid (CM) para el curso próximo. Y lo recomienda la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea: 20 estudiantes por grupo-aula en educación primaria y secundaria; 30 en aula universitaria según establece el Plan Bolonia. Pero hemos tenido que vivir una pandemia para comprobarlo con carácter general. Durante la crisis sanitaria de la Covid hemos descubierto el valor de lo esencial en educación, aunque, como decía Antoine de Saint Exupery, a veces lo esencial es invisible a la vista, y eso parece que es lo que le pasa al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Los retos para el curso próximo son la total presencialidad, las garantías sanitarias y la mejora de la calidad educativa. Que se alcancen, depende en gran medida de la inversión, de las ratios y de la contratación de profesorado. La Consejería de Educación ha anunciado la contratación de 6.700 profesores y otros profesionales. Estas contrataciones en realidad suponen la reducción en unos 5.000 profesores, con relación a los contratados el curso pasado, que la propia Consejería de Educación reconoce que fueron 10.600.

La Consejería intenta contabilizar como nuevas contrataciones las 3.700 plazas de la oposición de Secundaria, pero son las mismas plazas ya existentes que cambian de naturaleza: pasan de estar cubiertas por profesorado interino a serlo por funcionarios de carrera en prácticas. Pero lo que mide la realidad, no son las cuentas del "Gran Capitán" que haga la Consejería de Educación sobre profesorado contratado, sino los cupos concretos que llegan a los centros. Éstos, no contemplan la reducción de la ratio, ni el aumento del profesorado de refuerzo. Según explican los directores de institutos públicos, se destinan 600 profesores para 353 institutos públicos. Eso viene a suponer un par de profesores más por centro, fuera de cupo, y eso no sirve para realizar desdobles, ni reducir las ratios (que van a estar en 30-33 en ESO y 38 en bachillerato). Dos ejemplos: un IES del centro de Madrid con 1400 alumnos, tendrá 3 profesores más y 0,5 para el departamento de orientación; un IES del Corredor del Henares con 1.300 alumnos, 2,6 profesores y 0,5 en orientación.

Mantener ratios altas tiene consecuencias demoledoras. Por un lado, dado el pequeño tamaño de muchas aulas, es imposible garantizar la seguridad del alumnado y del profesorado en los escenarios covid que se contemplan con ratios tan altas en clase y con una distancia de seguridad de 1,2 metros. Por otro lado, es seguir apostando por la mediocridad del sistema educativo, algo que se ha puesto de manifiesto con el retroceso de Madrid en los últimos informes PISA: bajada de 46 puntos en lectura y fuertes caídas en matemáticas y ciencias.

Se necesitan clases con ratios razonablemente bajas, que faciliten el deber del profesorado de atender las necesidades del alumnado. Es decir, no sólo enseñarles las materias, sino facilitar la convivencia, favorecer su inclusión, prevenir los conflictos y ayudarles a solucionarlos. Necesitan muchos cuidados en esas etapas tan tempranas de sus vidas. Por no hablar del efecto de mejora de las condiciones de la docencia y la consiguiente reducción del estrés del profesorado.

No es aceptable que, siendo Madrid la comunidad autónoma más rica, sea la que menos invierte en educación. Tan solo un 2,25% del PIB frente al 4,27 % de media en España y al 5% que recomienda la LOMLOE. Con 34.916 euros de PIB per cápita, solo invierte 4.700 euros por alumno/año, 1.000 euros menos que la media de España, 2.000 euros menos que Castilla León, y 4.300 euros menos por alumno que el País Vasco. A lo anterior hay que añadir los Fondos de Recuperación europeos de los que va a disponer la CAM. Por último, hay que hacer una mejor gestión del dinero público. Tres ejemplos de gastos poco útiles: 5 millones de euros en pruebas externas de bilingüismo; 1 millón de euros en algo tan absurdo como un programa para evitar que se copie en los exámenes online; 15 millones en Aula Planeta, una enciclopedia virtual que nadie pidió y que nadie utiliza, un dinero que hubiera permitido contratar a 500 profesores durante todo el curso.

Las Instrucciones de la Consejería que acaban de llegar a los centros educativos para el curso 2021-2022, confirman que el anuncio solemne de Ayuso en la sesión de investidura de que iba a bajar las ratios es una burla cruel. Para que se entienda lo que ha propuesto, imagínense que con la Covid se dijera: tenemos dinero, pero no vamos a comprar vacunas y ni a vacunar hasta septiembre de 2022 y solo a los de 4 años. Por respeto a la ciudadanía y a sí mismo, el Gobierno Ayuso no debería seguir usando un coctel de mentiras y propaganda, anunciando a bombo y platillo una bajada de ratios que tardaría 10 años en llegar a la ESO.

La reducción de ratios tiene que ser algo estructural y no episódico frente al fracaso escolar y a los mediocres resultados educativos. Por ello, es muy escandaloso que habiendo dinero no se invierta en mejorar la educación pública, por una decisión política que ignora y desprecia una educación de calidad en nuestra comunidad. El Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid olvida que lo que mide el grado de civilización de una sociedad es cómo cuida a su infancia y a sus mayores, y aquí se les abandona. Y si fue muy grave la muerte de ancianos en las residencias, también lo es que un alumno de Madrid no tenga las mismas oportunidades educativas que otro del País Vasco, Asturias o Castilla León.

La educación es la mejor inversión. Lo demostraba James Heckman, Premio Nobel de Economía del 2000, afirmando que por cada dólar (o euro) invertido por niño, el rendimiento es de entre el 7 y el 10% a lo largo de su vida; es decir, que cada dólar invertido en educación inicial revierte en 8 dólares del producto social en las etapas posteriores; una rentabilidad mucho más elevada, insistía irónicamente Heckman, que los fondos de inversión.

Solo un gobierno incompetente puede ignorarlo. Solo un Gobierno prepotente como el de Ayuso, puede negarse a negociar estos temas, como hacen otras comunidades autónomas. Por ello, hay que decirles dos cosas: primero, que dejen de actuar como si fueran la reserva del neoliberalismo más rampante; y, en segundo lugar, que si les parece que la educación es cara, que prueben con la ignorancia. En todo caso, desde Unidas Podemos, seguiremos empeñados en defender una educación pública de calidad de todas y para todas.

Gobierno decente o de ultraderecha (Agustín Moreno para CUARTOPODER.ES)

Publicamos este análisis del compañero Agustín Moreno publicado en CUARTOPODER.ES

Las aguas de la política española están muy agitadas, una convulsión a la que se ha sumado la salida de Pablo Iglesias del Gobierno para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid. La presentación de una moción de censura en Murcia ha sido como una piedra lanzada en un charco de aguas estancadas y ha levantado un oleaje que tiene consecuencias. La primera, es que una moción dirigida a combatir una corrupción galopante en la región se está saldando con más corrupción, bajo la forma de un transfuguismo que niega los principios democráticos a base de tirar de chequera de cargos públicos. La segunda, se frena el interés del PSOE de buscar nuevos aliados. En tercer lugar, la nueva crisis en un Ciudadanos, que buscaba estrategias de supervivencia tras pagar el error de Colón, que obligó a dimitir a Rivera por la debacle de bajar de 57 a 10 diputados. Por último, impulsa la estrategia de Casado de ocupar el centro político, al tiempo que pacta con Vox en Madrid. Como no se puede soplar y sorber al mismo tiempo, no quiere girar hacia el centro, sino eliminar a Ciudadanos. De ahí la convocatoria de elecciones en Madrid y la OPA hostil sobre el partido de Arrimadas. 

Y en esa estamos, una vez que el TSJM ha ventilado el litigio de Madrid, sobre si mociones de censura o convocatoria de elecciones, dando la razón a Díaz Ayuso. La convocatoria electoral puede ser muy arriesgada para el PP, pero no ha sido una improvisación. Su estrategia, basada en contraponer el falso dilema de “Socialismo o Libertad”, aunque simple, puede ser eficaz. Y cuando destacados voceros de la caverna mediática dicen que la campaña de Ayuso ya está hecha con ese eslogan, merece la pena

1.Nunca libertad y derecha fueron de la mano. El apoyo a las clases dominantes es lo contrario a la libertad de todos. Es una burla que hable de libertad quien asume las tesis, actúa y pacta con la ultraderecha y aspira a gobernar con sus votos. Las cosas claras, no hay que olvidar que nunca se han ido los herederos del franquismo que cercenó la libertad y del que nunca renegaron. El modo de actuación de Ayuso con vetos políticos y caza de brujas, de ataque a derechos fundamentales y al pluralismo político, es una forma fascismo de baja intensidad. Por último, ni siquiera el lema citado es original: es el “Freedom or socialism?”, copiado del trumpismo.

Lo que sabemos del concepto de “libertad” que tiene Ayuso y la derecha es su defensa de la libertad para privatizar servicios públicos y bienes comunes; la libertad para actuar irresponsablemente al convertir a Madrid en la capital europea del ocio en pandemia, exponiendo la salud y la vida de las personas; la libertad de dar a dedo contratos a empresas amigas o desregular en favor de las VTC; la libertad de comprar a tránsfugas para mantener el poder; la “libertad de elección” en los centros escolares, para fomentar la segregación y la desigualdad educativa; o la libertad de que haya contaminación y atascos de coches en las calles de Madrid a todas las horas del día. La libertad es un bello ideal que prostituyen y ensucian los neoliberales.

2. El concepto de socialismo está asociado a los derechos humanos básicos de libertad, equidad y justicia social. Todos y todas los que lucharon por estos valores defienden la igualdad frente a las profundas desigualdades de clase y a la dominación económica, cultural y política por una minoría. La izquierda defiende un Estado de Bienestar sólido que garantice la igualdad de oportunidades, una educación y una sanidad y pública de calidad y una protección social suficiente. Todo esto es lo que realmente nos hace libres. La libertad de las élites no puede ir en detrimento de la libertad de la mayoría. Si algo se opone a socialismo es la barbarie de la ultraderecha, no la libertad.

3. La dicotomía “socialismo o libertad” es falsa porque ahora no está en juego la posibilidad de construir ningún socialismo. Se trata de evitar el peligro real de la ultraderecha, porque la única alternativa que tiene Ayuso es gobernar junto a Vox en Madrid. Por ello, lo que realmente está en disputa es evitar un gobierno reaccionario, que también alarmaría a toda Europa que tiene claro que no se puede pactar con la ultraderecha.  Ya lo dije con ocasión de la moción de censura de Abascal: si el Partido Popular se sigue apoyando en la ultraderecha, está jugando con fuego y le acabará devorando.

Lo que se juega la ciudanía madrileña es conseguir que haya un cambio político y se forme un Gobierno progresista. Pero como decía aquel cura que temía que durante la procesión alguien le robara: “¡Ojo al Cristo que es de plata!” La maniobra de convocar elecciones un día de trabajo, tras un largo puente y en plena pandemia, busca que haya una fuerte abstención. Nada es casual. La derecha cree que la abstención afectaría más al voto obrero y progresista que a su electorado. Confía que, por ejemplo, la abstención sea mayor en Villaverde o Parla que en el barrio de Salamanca o en Majadahonda. Y con ello espera dar un vuelco a la situación y ganar ampliamente las elecciones. 

Siendo tan descarada la trampa, sería injustificable que el Madrid progresista perdiera las elecciones por errores propios. Ante un órdago de esta naturaleza y sus tremendas consecuencias, la izquierda tiene que hacer un esfuerzo enorme de imaginación, unidad y trabajo para movilizar al electorado progresista y evitar la abstención. La izquierda tiene que sacar lecciones del pasado reciente y hacer todo lo posible por ganar, para que Madrid esté gobernado con criterios de progreso, de forma amable y cooperativa, y no enfrentada insolidariamente al resto del país.

Pero si la izquierda hace lo mismo, obtendrá el mismo resultado que en las anteriores elecciones. Solo ganará en la medida en que movilice al electorado, esa es la lección de la victoria sobre Trump en Estados Unidos. Conseguirá más votos solo si es capaz de entusiasmar con unidad y un programa avanzado. El argumento de la proporcionalidad en el reparto de escaños, conduce a ofertas fraccionadas a la carta que serían la excusa para que el malestar social se traduzca en abstención. Ya que la izquierda no ha pedido perdón por sus errores de elecciones anteriores, un suicidio que muchos vimos venir, ahora tiene la responsabilidad de hacer las cosas bien. 

Ayuso ha sido incapaz de legislar, de aprobar presupuestos y tiene los peores datos de la pandemia y el mayor número de muertes. Todo ha sido propaganda, enfrentamiento con Sánchez y un rancio regionalismo madrileño. Si una política tan burda y mediocre como Ayuso consigue el gobierno, habría que constatar avergonzados que la izquierda actual es inservible. Y daría igual que la derrota fuera por cálculos interesados de cada formación, por el mantenimiento de viejos rencores y por sectarismos. 

Por ello, debe valorar la posibilidad de concurrir en total unidad, como un Frente Democrático. O, como mucho, en dos bloques: el PSOE y el resto de la izquierda. Debe construir un programa con compromisos concretos que entusiasmen a los electores; debe presentar, incluso, una propuesta pública de gobierno unitario; y debe dedicar lo mejor de sus dirigentes a unas elecciones decisivas. En este sentido, hay que agradecer a Pablo Iglesias que haya comprendido perfectamente la trascendencia de la batalla de Madrid y actúe generosamente en consecuencia.

Repetir estrategias de derrotas en la CAM sería un deja vu imperdonable. Está en juego que pueda pasar lo mejor y lo peor: un gobierno decente o un gobierno de la ultraderecha. Pero uno u otro resultado dependerá de algo muy elemental: de la capacidad que tenga la izquierda de ilusionar a su electorado. O se unen o perderán. Pónganse de acuerdo, por favor.