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lunes, 5 de febrero de 2024
domingo, 12 de noviembre de 2023
18-11-2023: Jornada por la dignificación de la Educación Infantil 0 a 3 años. Marcha y concierto de Yo soy ratón (11:30 h., Sol esquina con C/ Carretas - Plaza de Isabel II -Ópera). Convoca: CCOO
18 de Noviembre: por la dignidad de la Educación Infantil marcha y ven al concierto de Yo soy ratón
Sábado 18 de noviembre de 2023
Salida a las 11:30 de la puerta del Sol esquina con calle carretas, hasta Plaza de Isabel II (Opera)
Nos manifestamos y concentramos con las trabajadoras de las Escuelas Infantiles de Gestión indirecta y privadas.Reivindicamos la dignificación de la Educación Infantil 0-3.
Por una educación de calidad, condiciones de trabajo justas.
Talleres: pintacaras, suelta de globos ...y más porque contaremos con la actuación especial de: Yo soy Ratón
@yosoyratonTodo ello para seguir reivindicando el desbloqueo de la negociación del convenio porque queremos un convenio justo y porque exigimos la dignidad de la Educación Infantil y el derecho a la educación de los niños y niñas de la etapa de O a 3 en condiciones de calidad.
¡Os esperamos!
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jueves, 17 de marzo de 2022
viernes, 15 de enero de 2021
jueves, 24 de septiembre de 2020
La rebaja de las ratios queda fuera de las enmiendas conjuntas de Unidas Podemos y el PSOE a la nueva ley de Educación (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
23-9-2020
Unidas Podemos y el PSOE difieren respecto a las ratios. El Gobierno en su conjunto ha renunciado a bajar por ley el número máximo de alumnos por aula en las enmiendas conjuntas que han presentado a la LOMLOE, la nueva ley de Educación que se tramita en el Congreso. Ante la negativa del PSOE a incluir esta modificación en la ley (los socialistas defienden que ya hay unos máximos y que las comunidades pueden bajarlas si quieren), UP ha presentado una enmienda propia para rebajar las ratios de alumnos por aula de manera definitiva, más allá de la emergencia coyuntural. UP propone que en cada clase de Primaria y Secundaria haya un máximo de 20 estudiantes, que serían 25 en la Secundaria postobligatoria. Pero la formación morada no ha conseguido convencer al PSOE, según fuentes de UP, de manera que la iniciativa ha quedado fuera del paquete de enmiendas comunes que han presentado ambas formación bajo un cierto aire de que aquellas, las conjuntas, son las enmiendas del Gobierno a su propio texto.
Este miércoles acababa el plazo de presentación de enmiendas de los partidos al proyecto de ley del Ministerio de Educación (la LOMLOE) y las propuestas de modificación comunes que han presentado el PSOE y UP (un total de 107) no incluyen una disminución del número de alumnos por aula, la que probablemente sea la principal exigencia histórica de los docentes, reforzada por la necesidad de distancia social que impone la pandemia. Actualmente, tras la subida que realizó el exministro José Ignacio Wert en 2012, las ratios máximas permitidas por ley son de 25 alumnos por aula en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. Todas estas cifras son ampliables un 10% en casos excepcionales, aunque según dónde no necesitan ser tan excepcionales para aplicarse. UP sí propone su bajada,
Entre las enmiendas que sí han presentado los partidos que forman el Gobierno destacan tres, explica Javier Sánchez Serna, responsable de Educación de UP: el refuerzo de la educación pública situándola como eje vertebrador del sistema y con un compromiso, por escrito, de aumentar la oferta de plazas en la red pública cada año; un aumento de la oferta de plazas públicas en la Educación Infantil (no obligatoria); y eliminar los conciertos a centros que segreguen a sus alumnos por sexo, una modificación que introdujo Wert y avaló el Tribunal Constitucional. La Religión como asignatura volverá a no contar para la media y no tener asignatura espejo (la alternativa para los que no la cursan), pero también parece haber caído en el olvido, salvo que se regule por otra vía, la intención de la ministra, Isabel Celaá, de sacarla del horario lectivo.
Las enmiendas presentadas por PSOE y UP a lo que parecería su propio proyecto de ley hay que entenderlas porque el texto presentado en el Congreso es enteramente del PSOE. Para no tener que pasar el trámite de audiencia pública, etc. obligatorio en todo proyecto de ley, el ministerio presentó el mismo borrador que había registrado Celaá el mismo día que se disolvían las Cortes de la anterior legislatura, y UP ha querido, explican fuentes del partido, sentirlo como propio con algunos cambios, que se han pactado con el PSOE. Pero no deben haberlo sentido como propio del todo, toda vez que aparte han presentado sus propias enmiendas.
El PP también ha presentado sus propias enmiendas a la ley, informa Europa Press. Son 10 en total, entre las que destacan la creación de un sistema parecido al MIR de los médicos para los docentes o que el 65% del currículum sea común para toda España.
En manos de las comunidades
El tema de las ratios separa a los socios de Gobierno. Por la mañana, tras una rueda de prensa conjunta con cierto aire de improvisación, Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, ha justificado la renuncia a bajar las ratios porque la ley ya fija unos máximos, pero permite a los Gobiernos de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en Educación, rebajar esos topes. "No vemos la necesidad" de cambiarlo, ha explicado. Una idea similar parece tener la ministra Celáa, que eludió la pregunta por dos veces en una entrevista con este periódico en abril y se limitó a afirmar que para eso no hace falta una ley orgánica.
Pero Podemos difiere, y ha presentado otra enmienda propia en la que incluía la petición de bajada de ratios, pero por el momento no cuenta con el apoyo del PSOE. "Se han registrado enmiendas que defienden lo que hemos defendido programáticamente desde hace años, y que también lo reivindica la comunidad educativa progresista", explican fuentes del partido. UP también propone que el suelo público sea exclusivamente para centros públicos y convertir la red concertada en "subsidiaria" de la pública, entre otras cuestiones.
El problema de dejar en manos de las comunidades las bajadas de ratios –si se entiende que no baje el máximo de alumnos por aula como un problema– es que los Gobiernos regionales no parecen muy por la labor de reducirlas, y sin una ley que lo especifique el Gobierno no tiene mecanismos para obligarlas.
Se ha podido observar con el planteamiento de este curso con la COVID-19. A finales de agosto, el Ministerio pactó con las comunidades que los grupos que debían tener una educación 100% presencial (hasta 2º de la ESO, con carácter general) serían de 20 alumnos máximo siempre que fuera posible. Pero, sin ley de por medio, esta medida quedó en recomendación. El resultado es que la mayoría de las comunidades no han reducido sus clases a estos 20 alumnos, según denuncian docentes y familias por toda la geografía a falta de datos oficiales. Y en algún caso que sí los han ofrecido, como en Andalucía, solo ha servido para confirmar que efectivamente no cumplen la recomendación de los 20 alumnos por aula. Según la Consejería asturiana de Educación, solo su comunidad y la Valenciana están cumpliendo.
Fuentes de Podemos explican que la cuestión se ha debatido, pero que "no ha habido consenso entre los socios de Gobierno". En el partido creían que el tope actual se podía ajustar más, explican estas fuentes, pero también anticipaban complicaciones al encajarlo en el debate presupuestario (ratios más bajas significa más profesores, lo que significa más dinero) y finalmente aceptaron no dar la batalla en este campo. Desde el partido explican que se planteó bajarlas al inicio de curso por Real Decreto –la fórmula que utilizó Wert para subirlas–, pero finalmente se apostó por otras vías, y que para un RD "siempre hay tiempo".
El tema de las ratios separa a los socios de Gobierno. Por la mañana, tras una rueda de prensa conjunta con cierto aire de improvisación, Luz Martínez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, ha justificado la renuncia a bajar las ratios porque la ley ya fija unos máximos, pero permite a los Gobiernos de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en Educación, rebajar esos topes. "No vemos la necesidad" de cambiarlo, ha explicado. Una idea similar parece tener la ministra Celáa, que eludió la pregunta por dos veces en una entrevista con este periódico en abril y se limitó a afirmar que para eso no hace falta una ley orgánica.
Pero Podemos difiere, y ha presentado otra enmienda propia en la que incluía la petición de bajada de ratios, pero por el momento no cuenta con el apoyo del PSOE. "Se han registrado enmiendas que defienden lo que hemos defendido programáticamente desde hace años, y que también lo reivindica la comunidad educativa progresista", explican fuentes del partido. UP también propone que el suelo público sea exclusivamente para centros públicos y convertir la red concertada en "subsidiaria" de la pública, entre otras cuestiones.
El problema de dejar en manos de las comunidades las bajadas de ratios –si se entiende que no baje el máximo de alumnos por aula como un problema– es que los Gobiernos regionales no parecen muy por la labor de reducirlas, y sin una ley que lo especifique el Gobierno no tiene mecanismos para obligarlas.
Se ha podido observar con el planteamiento de este curso con la COVID-19. A finales de agosto, el Ministerio pactó con las comunidades que los grupos que debían tener una educación 100% presencial (hasta 2º de la ESO, con carácter general) serían de 20 alumnos máximo siempre que fuera posible. Pero, sin ley de por medio, esta medida quedó en recomendación. El resultado es que la mayoría de las comunidades no han reducido sus clases a estos 20 alumnos, según denuncian docentes y familias por toda la geografía a falta de datos oficiales. Y en algún caso que sí los han ofrecido, como en Andalucía, solo ha servido para confirmar que efectivamente no cumplen la recomendación de los 20 alumnos por aula. Según la Consejería asturiana de Educación, solo su comunidad y la Valenciana están cumpliendo.
Fuentes de Podemos explican que la cuestión se ha debatido, pero que "no ha habido consenso entre los socios de Gobierno". En el partido creían que el tope actual se podía ajustar más, explican estas fuentes, pero también anticipaban complicaciones al encajarlo en el debate presupuestario (ratios más bajas significa más profesores, lo que significa más dinero) y finalmente aceptaron no dar la batalla en este campo. Desde el partido explican que se planteó bajarlas al inicio de curso por Real Decreto –la fórmula que utilizó Wert para subirlas–, pero finalmente se apostó por otras vías, y que para un RD "siempre hay tiempo".
Más escuela pública
Las principales enmiendas presentadas, más allá de algunas novedades técnicas, van en la línea de reforzar la escuela pública, explica Sánchez Serna. "Por primera vez, se incluye en una ley educativa el compromiso de incrementar las plazas en centros de titularidad pública", valora el diputado. Una medida similar se aplicará, si la ley sale adelante con estas modificaciones, a las escuelas infantiles. "Hemos querido poner negro sobre blanco que la oferta del 0-3 (la primera etapa de la Educación Infantil) debe ser pública, suficiente y asequible para cerrar el paso a estas propuestas privatizadoras de Ciudadanos y PP con el cheque escolar, que funciona para el régimen de conciertos", explica Serna.
Las enmiendas de ambos partidos proponen una serie de cambios en cuanto a la escuela concertada y su relación con la pública, aunque sin llegar a entrar al fondo de la cuestión. Así, PSOE y UP quieren acabar "con esa segregación por origen socioeconómico" que, cuenta el diputado de Unidas Podemos, se da "no en toda, pero si en buena parte de la concertada". Aquello de que los ricos van a clase con los ricos y los pobres con los pobres. Para ello, proponen que las administraciones educativas "velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación económica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación", según se lee en la enmienda presentada.
Esta medida se complementa con una apuesta por la "escolarización de proximidad": se dará preferencia para los conciertos a aquellos centros que prioricen a las familias residentes en el barrio en el que están ubicados, para acabar esa práctica, cuenta Serna, de que la libertad de elección de las familias del tipo de educación que quieren para sus hijos se había convertido en libertad de los centros educativos de escoger a sus alumnos, con medidas por ejemplo como el distrito único que instauró Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
La otra gran medida que va a afectar a la escuela concertada es que se pretende prohibir de facto por ley los conciertos a centros que segreguen a su alumnado por sexo, una medida que introdujo el Gobierno del PP en la LOMCE de Wert y que el PSOE llevó al Tribunal Constitucional para ver cómo este la validaba. Esta medida no será cuantitativamente muy utilizada, pero desde UP y el PSOE ya anticipan que va a ser una de las que más contestación social tengan desde ciertos sectores. Fuentes de UP señalan, de hecho, que hubo cierto debate con la ministra con esta cuestión, porque el PSOE teme que al haber perdido en el TC la derecha acuda a este tribunal para que anule la medida. Pero desde el partido morado señalan que el hecho de que el TC avale una práctica no quiere decir que prohíba la contraria. En cualquier caso, la fórmula elegida para la enmienda no será en negativo, sino en positivo: "Tanto los centros públicos como los centros sostenidos con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su sexo", se lee en la enmienda.
Las principales enmiendas presentadas, más allá de algunas novedades técnicas, van en la línea de reforzar la escuela pública, explica Sánchez Serna. "Por primera vez, se incluye en una ley educativa el compromiso de incrementar las plazas en centros de titularidad pública", valora el diputado. Una medida similar se aplicará, si la ley sale adelante con estas modificaciones, a las escuelas infantiles. "Hemos querido poner negro sobre blanco que la oferta del 0-3 (la primera etapa de la Educación Infantil) debe ser pública, suficiente y asequible para cerrar el paso a estas propuestas privatizadoras de Ciudadanos y PP con el cheque escolar, que funciona para el régimen de conciertos", explica Serna.
Las enmiendas de ambos partidos proponen una serie de cambios en cuanto a la escuela concertada y su relación con la pública, aunque sin llegar a entrar al fondo de la cuestión. Así, PSOE y UP quieren acabar "con esa segregación por origen socioeconómico" que, cuenta el diputado de Unidas Podemos, se da "no en toda, pero si en buena parte de la concertada". Aquello de que los ricos van a clase con los ricos y los pobres con los pobres. Para ello, proponen que las administraciones educativas "velarán por la presencia equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o que se encuentre en situación económica desfavorecida entre los centros sostenidos con fondos públicos de su ámbito de actuación", según se lee en la enmienda presentada.
Esta medida se complementa con una apuesta por la "escolarización de proximidad": se dará preferencia para los conciertos a aquellos centros que prioricen a las familias residentes en el barrio en el que están ubicados, para acabar esa práctica, cuenta Serna, de que la libertad de elección de las familias del tipo de educación que quieren para sus hijos se había convertido en libertad de los centros educativos de escoger a sus alumnos, con medidas por ejemplo como el distrito único que instauró Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
La otra gran medida que va a afectar a la escuela concertada es que se pretende prohibir de facto por ley los conciertos a centros que segreguen a su alumnado por sexo, una medida que introdujo el Gobierno del PP en la LOMCE de Wert y que el PSOE llevó al Tribunal Constitucional para ver cómo este la validaba. Esta medida no será cuantitativamente muy utilizada, pero desde UP y el PSOE ya anticipan que va a ser una de las que más contestación social tengan desde ciertos sectores. Fuentes de UP señalan, de hecho, que hubo cierto debate con la ministra con esta cuestión, porque el PSOE teme que al haber perdido en el TC la derecha acuda a este tribunal para que anule la medida. Pero desde el partido morado señalan que el hecho de que el TC avale una práctica no quiere decir que prohíba la contraria. En cualquier caso, la fórmula elegida para la enmienda no será en negativo, sino en positivo: "Tanto los centros públicos como los centros sostenidos con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separarán al alumnado por su sexo", se lee en la enmienda.
martes, 7 de abril de 2020
De concertada a pública o a privada en un proceso ¿Es posible? (Por otra política educativa para eldiariodelaeducacion.com)
Artículo de Francisco Imbernón, Rodrigo Juan García, Rocío Anguita y Julio Rogero para eldiariodelaeducacion.com/porotrapoliticaeducativa
- El que los presupuestos públicos subvencionen a escuelas privadas y que se pida por amplios sectores que se acaben los conciertos en un proceso de tiempo que podría tratarse aproximadamente de 10 años. No es una cuestión ideológica sino, sobre todo, un tema de modelo educativo y de justicia social6-4-2020
Las escuelas de iniciativa privada sostenidas con presupuesto público se establecieron en 1985, asimilándose “teóricamente” a las escuelas públicas, mediante la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE) con el argumento de falta de recursos para escolarizar a toda la población.
Desde entonces ha habido un debate abierto sobre la continuidad de estos conciertos. Debate que ha sido aprovechado constantemente por el empresariado de la enseñanza privada para seguir arañando conciertos, mayores subvenciones y aumentando su negocio. Entre otros mensajes, se argumenta, por ejemplo, que los fondos públicos no son suficientes ya que el coste por alumno es menor que en el sector público y, por tanto, “voluntariamente” las familias han de aportar cuotas “voluntarias”, que es el térmico que se utiliza para escapar de la prohibición. Hoy siguen defendiendo y pidiendo que se aumenten los conciertos, dicen, con el fin de que se haga efectivo el “derecho” de las familias a elegir centro para sus hijos e hijas.
Algunos países (Bélgica, Francia, Malta y Holanda) que también tienen instaurada esta práctica no llegan a las cifras del nuestro, con la salvedad de que se permiten los conciertos en zonas más degradadas y con problemas sociales.
En España, la escuela concertada acoge a cerca de un millón de alumnos y alumnas y emplea a 130.000 profesores en 3.500 centros con un presupuesto de dinero público destinado en 2017 de 6.179 millones de euros, distribuidos de manera desigual en los distintos territorios. La mayoría de los centros están situados en comunidades de renta alta o tradición “ideológica” de escuela privada.
Desde entonces ha habido un debate abierto sobre la continuidad de estos conciertos. Debate que ha sido aprovechado constantemente por el empresariado de la enseñanza privada para seguir arañando conciertos, mayores subvenciones y aumentando su negocio. Entre otros mensajes, se argumenta, por ejemplo, que los fondos públicos no son suficientes ya que el coste por alumno es menor que en el sector público y, por tanto, “voluntariamente” las familias han de aportar cuotas “voluntarias”, que es el térmico que se utiliza para escapar de la prohibición. Hoy siguen defendiendo y pidiendo que se aumenten los conciertos, dicen, con el fin de que se haga efectivo el “derecho” de las familias a elegir centro para sus hijos e hijas.
Algunos países (Bélgica, Francia, Malta y Holanda) que también tienen instaurada esta práctica no llegan a las cifras del nuestro, con la salvedad de que se permiten los conciertos en zonas más degradadas y con problemas sociales.
En España, la escuela concertada acoge a cerca de un millón de alumnos y alumnas y emplea a 130.000 profesores en 3.500 centros con un presupuesto de dinero público destinado en 2017 de 6.179 millones de euros, distribuidos de manera desigual en los distintos territorios. La mayoría de los centros están situados en comunidades de renta alta o tradición “ideológica” de escuela privada.
En cifras globales, estos centros acogen a uno de cada cuatro estudiantes en la enseñanza obligatoria (el 30% del alumnado), cifras superadas únicamente por Bélgica en el número de alumnos matriculados.
Es de destacar que el 64% de las escuelas concertadas son directamente propiedad de la Iglesia o instituciones ligadas a ella y que algunas de ellas segregan por sexo, argumentando, además, que su labor es de verdadera ayuda al Estado.
El que los presupuestos públicos subvencionen a escuelas privadas y que se pida por amplios sectores que se acaben los conciertos en un proceso de tiempo que podría tratarse aproximadamente de 10 años. No es una cuestión ideológica, como sus defensores afirman sino, sobre todo, un tema de modelo educativo y de justicia social, ya que:
sistema socioeconómico que tenemos nos ha legado un sistema educativo dual y un Estado democrático no puede permitirse desdeñar la escuela pública y apoyar a la enseñanza privada-concertada y confesional. El deber de las administraciones públicas es articular un sistema público de educación igualitario basado en la justicia social y democrático y efectivo, con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el sector educativo privado, que deberá ser siempre subsidiario al público.
Por todo ello, el ‘Foro de Sevilla. Por otra Política Educativa’, defiende que la responsabilidad de la escolarización ha de regularse y planificarse con la afirmación de la centralidad de la escuela pública. Así, entendemos que es necesario que el Estado camine en la dirección de dar respuesta a la necesidad de escolarización de toda la población en la red de escuelas públicas, de forma que los conciertos con la escuela privada vayan desapareciendo progresivamente en un tiempo que se determine. Las escuelas concertadas podrán pasar a públicas con las condiciones de la educación pública o escoger quedarse únicamente como escuelas privadas con su financiación propia.
Las condiciones de la escolarización en una sociedad democrática han de estar regidas por la búsqueda de la equidad, la inclusión, la transparencia y la calidad máxima de la educación en todas y cada una de las escuelas de la red pública. A eso hemos de tender en la mayoría de las escuelas del sistema educativo.
Francisco Imbernón, Rodrigo Juan García, Rocío Anguita y Julio Rogero son miembros del ‘Foro de Sevilla. Por otra Política Educativa’.
Es de destacar que el 64% de las escuelas concertadas son directamente propiedad de la Iglesia o instituciones ligadas a ella y que algunas de ellas segregan por sexo, argumentando, además, que su labor es de verdadera ayuda al Estado.
El que los presupuestos públicos subvencionen a escuelas privadas y que se pida por amplios sectores que se acaben los conciertos en un proceso de tiempo que podría tratarse aproximadamente de 10 años. No es una cuestión ideológica, como sus defensores afirman sino, sobre todo, un tema de modelo educativo y de justicia social, ya que:
- El que estos centros educativos estén financiados por fondos públicos no indica que sea educación pública. Sus características pedagógicas y de gestión son de escuela privada y no aplican toda la normativa estatal del funcionamiento de las escuelas públicas. No se niega que hagan un servicio subsidiario a la población, pero la educación que imparten no responde, en termino generales, a los principios de igualdad y solidaridad, participación y democracia que son exigibles a la educación pública.
- Con fondos públicos de nuestros impuestos que, pagamos todos y todas, se financia una tipología de escuelas que seleccionan a su alumnado, con el argumento de la libertad de elección de las familias para escoger el centro educativo, cuando lo que realmente sucede es que se están seleccionando a las familias más interesantes desde cada centro.
- La principal consecuencia es que se segrega a una parte importante del alumnado. Los informes nos indican que la escuela pública matricula al 80% del alumnado inmigrante pese a escolarizar el 71% de la población total. La concertada tiene un 14% de inmigrantes con un 30% del alumnado general.
- Se generan dos redes educativas sostenidas con presupuestos públicos, que atienden a poblaciones sociales diferentes y aunque no pueden hacer una selección según la normativa, se hace. Las cuotas “voluntarias” son, de hecho, una forma de seleccionar a las familias que pueden pagarlas. Hay otras formas de selección como el “efecto barrio” donde se ubica la enseñanza privada concertada.
- Las escuelas concertadas defienden que su gasto, en comparación con la educación pública, es menor según algunas estadísticas. Otras, que incorporan más variables, dicen lo contrario. Además, no argumentan que ellos tienen en sus aulas estratos sociales más altos debido a la selección del alumnado y que se tiene en cuenta el gasto de las familias. Aun así, ocultan que la escuela pública tiene muchas más necesidades de apoyo, soporte y refuerzo que ellos no utilizan porque no los necesitan. Tampoco contemplan el coste financiero de las escuelas rurales, que son públicas en su totalidad, la formación del profesorado… etc.
sistema socioeconómico que tenemos nos ha legado un sistema educativo dual y un Estado democrático no puede permitirse desdeñar la escuela pública y apoyar a la enseñanza privada-concertada y confesional. El deber de las administraciones públicas es articular un sistema público de educación igualitario basado en la justicia social y democrático y efectivo, con una gestión eficaz y eficiente del subsistema estatal y unas reglas claras y cohesivas para el sector educativo privado, que deberá ser siempre subsidiario al público.
Por todo ello, el ‘Foro de Sevilla. Por otra Política Educativa’, defiende que la responsabilidad de la escolarización ha de regularse y planificarse con la afirmación de la centralidad de la escuela pública. Así, entendemos que es necesario que el Estado camine en la dirección de dar respuesta a la necesidad de escolarización de toda la población en la red de escuelas públicas, de forma que los conciertos con la escuela privada vayan desapareciendo progresivamente en un tiempo que se determine. Las escuelas concertadas podrán pasar a públicas con las condiciones de la educación pública o escoger quedarse únicamente como escuelas privadas con su financiación propia.
Las condiciones de la escolarización en una sociedad democrática han de estar regidas por la búsqueda de la equidad, la inclusión, la transparencia y la calidad máxima de la educación en todas y cada una de las escuelas de la red pública. A eso hemos de tender en la mayoría de las escuelas del sistema educativo.
Francisco Imbernón, Rodrigo Juan García, Rocío Anguita y Julio Rogero son miembros del ‘Foro de Sevilla. Por otra Política Educativa’.
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domingo, 2 de junio de 2019
15-6-2019: III Jornada solidaria "Del Olvido a la Acción” (9:00 h, Carrera solidaria, bicicletada, actividades..., en la zona de Matadero)
Os escribo desde el área de comunicación del proyecto solidario “Del Olvido a la Acción” formado por un grupo de AMPAS (Asociaciones de Padres y Madres) de colegios e institutos públicos de Arganzuela y Centro que el próximo 15 de junio celebra su tercera jornada festiva y solidaria a favor de las personas refugiadas.
El evento, que tendrá lugar en la zona de Matadero Madrid (Nave de Terneras, Auditorio de la Casa del Reloj, El Puente...) comenzará a las 9 de la mañana con una carrera popular a la que seguirá una bicicletada y cerca de 100 actividades para todos los públicos: talleres, conciertos, cuentacuentos, batucada, actividades deportivas... Habrá tres escenarios con actuaciones musicales y de baile. Música y conciertos hasta la madrugada.
En las dos pasadas ediciones participaron más de 10.000 personas y todo lo recaudado fue destinado a varias organizaciones que están trabajando con refugiados y con proyectos educativos en el tercer mundo. Este año colaboramos con dos ONG: la Asociación para la Integración Lingüística
del Inmigrante en Madrid Asilim y la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG.
Nos gustaría pediros ayuda en la difusión del evento.
Os envío toda la información.
1. Dossier de presentación
El evento, que tendrá lugar en la zona de Matadero Madrid (Nave de Terneras, Auditorio de la Casa del Reloj, El Puente...) comenzará a las 9 de la mañana con una carrera popular a la que seguirá una bicicletada y cerca de 100 actividades para todos los públicos: talleres, conciertos, cuentacuentos, batucada, actividades deportivas... Habrá tres escenarios con actuaciones musicales y de baile. Música y conciertos hasta la madrugada.
En las dos pasadas ediciones participaron más de 10.000 personas y todo lo recaudado fue destinado a varias organizaciones que están trabajando con refugiados y con proyectos educativos en el tercer mundo. Este año colaboramos con dos ONG: la Asociación para la Integración Lingüística
del Inmigrante en Madrid Asilim y la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG.
Nos gustaría pediros ayuda en la difusión del evento.
Os envío toda la información.
1. Dossier de presentación
2. Cartel carrera solidaria y nota de prensa
3. Nota de prensa del evento
jueves, 14 de febrero de 2019
domingo, 23 de septiembre de 2018
La segregación por sexos se oferta este curso en 87 centros concertados (eldiario.es)
Artículo publicado en eldiario.es
Este curso los colegios concertados que segregan a sus alumnos por razón de sexo suman en España 87 centros, según los datos aportados por Efe por las consejerías de Educación de las comunidades, entre las que destacan Madrid, Cataluña y Valencia con más de una decena cada una.
Se trata de centros privados que reciben financiación del Estado mediante conciertos económicos y que los gobiernos autonómicos, según han ido cambiado de color político, han renovado o no y han aprobado otros nuevos o no.
La mayoría de estos centros concertados que separan a los chicos de las chicas -ellos prefieren llamarse centros educativos diferenciados- son de inspiración cristiana o pertenecen a entidades vinculadas a la Iglesia católica, por ejemplo el Opus Dei.
Los defensores de este tipo de enseñanza argumentan que el modelo está extendido en Estados Unidos o Reino Unido y aseguran que educar a niños y niñas por separado permite mejores resultados académicos.
Este curso, Madrid (18 centros), Cataluña (16) y Comunidad Valenciana (15) son las autonomías que tienen mayor número de centros concertados que segregan por sexo.
Por contra, no cuentan con ninguno Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Financiar con dinero público centros que segregan al alumnado por sexo es un tema polémico, aunque el Tribunal Constitucional (TC) avaló el pasado abril la subvención pública a esos colegios, fallando en contra del recurso presentado por el PSOE en 2014 contra varios puntos de la Lomce.
Sin embargo, cuatro magistrados emitieron un voto particular a la sentencia al considerar que la educación que segrega por sexos vulnera artículos de la Constitución y ocasiona perjuicio a las personas intersexuales.
El artículo 27 de la Constitución "reconoce la libertad de enseñanza" y ese es el punto sobre el que se basa la defensa de estos centros que separan a los alumnos de las alumnas.
En la Comisión de Educación del Congreso, la ministra de Educación, Isabel Celaá anunció este verano que abriría "un diálogo" con los centros que diferencian a los estudiantes por razones de sexo pues cree que "el modelo más igualitario aporta más valor", unas declaraciones que produjeron "intranquilidad" entre los sindicatos y asociaciones de estos colegios.
Más allá fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al asegurar que no entiende la segregación por sexos en la escuela porque, como otros asuntos como la brecha salarial o la conciliación, "tiene que ver" con la violencia machista.
Por el contrario, el anterior gobierno del PP defendió la libertad de los padres de poder elegir colegios concertados que segreguen por sexo.
Cuando se conoció la citada sentencia del TC, el entonces ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, comentó que la educación diferenciada era "un ejercicio más de la libertad", ya que nadie está obligado a llevar a sus hijos a un colegio que segrega por sexos.
Similar opinión mostró la Conferencia Episcopal, al considerar que la sentencia era "una buena noticia, sobre todo para los padres", pues garantiza su derecho "para elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos.
El siguiente cuadro recoge, por CCAA, el número de centros concertados (Andalucía y Galicia no han aportado este dato) y, de ellos, los que segregan por sexo:
CCAA Centros concertados Segregan por sexo
Andalucía --- 9
Aragón 80 0
Asturias 70 2
Baleares 115 2
Canarias 99 0
Cantabria 74 1
C.-La Mancha 127 0
C. y León 221 5
Cataluña 641 16
C. Valenciana 432 15
Extremadura 77 0
Galicia --- 5
Madrid 560 18
Murcia 121 2
Navarra 79 4
País Vasco 311 6
La Rioja 24 2
Ceuta 6 0
Melilla 3 0.
Este curso los colegios concertados que segregan a sus alumnos por razón de sexo suman en España 87 centros, según los datos aportados por Efe por las consejerías de Educación de las comunidades, entre las que destacan Madrid, Cataluña y Valencia con más de una decena cada una.
Se trata de centros privados que reciben financiación del Estado mediante conciertos económicos y que los gobiernos autonómicos, según han ido cambiado de color político, han renovado o no y han aprobado otros nuevos o no.
La mayoría de estos centros concertados que separan a los chicos de las chicas -ellos prefieren llamarse centros educativos diferenciados- son de inspiración cristiana o pertenecen a entidades vinculadas a la Iglesia católica, por ejemplo el Opus Dei.
Los defensores de este tipo de enseñanza argumentan que el modelo está extendido en Estados Unidos o Reino Unido y aseguran que educar a niños y niñas por separado permite mejores resultados académicos.
Este curso, Madrid (18 centros), Cataluña (16) y Comunidad Valenciana (15) son las autonomías que tienen mayor número de centros concertados que segregan por sexo.
Por contra, no cuentan con ninguno Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Financiar con dinero público centros que segregan al alumnado por sexo es un tema polémico, aunque el Tribunal Constitucional (TC) avaló el pasado abril la subvención pública a esos colegios, fallando en contra del recurso presentado por el PSOE en 2014 contra varios puntos de la Lomce.
Sin embargo, cuatro magistrados emitieron un voto particular a la sentencia al considerar que la educación que segrega por sexos vulnera artículos de la Constitución y ocasiona perjuicio a las personas intersexuales.
El artículo 27 de la Constitución "reconoce la libertad de enseñanza" y ese es el punto sobre el que se basa la defensa de estos centros que separan a los alumnos de las alumnas.
En la Comisión de Educación del Congreso, la ministra de Educación, Isabel Celaá anunció este verano que abriría "un diálogo" con los centros que diferencian a los estudiantes por razones de sexo pues cree que "el modelo más igualitario aporta más valor", unas declaraciones que produjeron "intranquilidad" entre los sindicatos y asociaciones de estos colegios.
Más allá fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al asegurar que no entiende la segregación por sexos en la escuela porque, como otros asuntos como la brecha salarial o la conciliación, "tiene que ver" con la violencia machista.
Por el contrario, el anterior gobierno del PP defendió la libertad de los padres de poder elegir colegios concertados que segreguen por sexo.
Cuando se conoció la citada sentencia del TC, el entonces ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, comentó que la educación diferenciada era "un ejercicio más de la libertad", ya que nadie está obligado a llevar a sus hijos a un colegio que segrega por sexos.
Similar opinión mostró la Conferencia Episcopal, al considerar que la sentencia era "una buena noticia, sobre todo para los padres", pues garantiza su derecho "para elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos.
El siguiente cuadro recoge, por CCAA, el número de centros concertados (Andalucía y Galicia no han aportado este dato) y, de ellos, los que segregan por sexo:
CCAA Centros concertados Segregan por sexo
Andalucía --- 9
Aragón 80 0
Asturias 70 2
Baleares 115 2
Canarias 99 0
Cantabria 74 1
C.-La Mancha 127 0
C. y León 221 5
Cataluña 641 16
C. Valenciana 432 15
Extremadura 77 0
Galicia --- 5
Madrid 560 18
Murcia 121 2
Navarra 79 4
País Vasco 311 6
La Rioja 24 2
Ceuta 6 0
Melilla 3 0.
sábado, 22 de septiembre de 2018
Cheques Bachillerato: La amenaza de la enseñanza concertada planea sobre el Bachillerato (Silvia Casado en Cuartopoder)
Artículo de nuestra compañera Silvia Casado en CUARTOPODER.ES
- Se trata del proyecto ideológico de convertir todo lo público en mercancía. Es la continuación de las políticas de cesión de suelo público a colegios concertados
- Aquí lo que está en juego no es la libertad de elección de los padres sino todo lo contrario; la escuela pública se construyó, ante todo, para proteger a los niños del totalitarismo familiar, para abrir una puerta al libre pensamiento
El pasado viernes 14 de septiembre, Ángel Garrido durante el debate del Estado de la Región, anunciaba la gran traca final de sus políticas neoliberales: la concertación del bachillerato a través de los famosos “cheques-bachillerato”.
Tras quince años del golpe de estado en Madrid conocido como el tamayazo, que arrebató el futuro gobierno de coalición del PSOE e IU, el mapa de la escuela pública madrileña ha quedado como si nos hubiera caído una bomba encima. Han sido quince años de políticas contra la enseñanza estatal, aplicadas por los gobiernos de Esperanza Aguirre (aristócrata y política, presidenta de la CAM entre el 2004 y 2012), Ignacio González (presidente entre 2012-15, imputado por el caso Lezo) y Cifuentes (presidenta dimitida por el caso del máster), en los que el presupuesto de la Escuela Pública ha ido disminuyendo al tiempo que aumentaba el de la privada-concertada.
Según los datos ofrecidos por la Comunidad de Madrid, la privada y concertada entre el curso 2007/2008 al curso 2017/18 ha matriculado casi al 80% (77,7%) del nuevo alumnado.
Así pues, la escuela concertada y privada ha aumentado en Madrid 3,5 veces más que la escuela pública en la última década.
Desde que Esperanza Aguirre en el curso 2010/11 nos aplicara la doctrina del shock, los recortes no han dejado de azotar a toda la comunidad educativa de la Escuela Pública: docentes, alumnos y familias. El cierre de unidades escolares cada curso, la reducción de plantillas ordinarias y de atención a la diversidad, el aumento de ratios y de horarios lectivos, y un largo etcétera han sido la tónica de la política educativa del PP. En resumen: un maltrato a un alto porcentaje de la sociedad madrileña, a todas esas familias que elegimos la enseñanza pública y también pagamos impuestos, y que sin embargo, hemos visto cómo han descendido los recursos de los centros escolares de nuestras hijas e hijos usurpados por las políticas neoliberales y parasitarias de las arcas públicas hacia los negocios privados de sus amigos. Hemos pagado, en resumen, con nuestros impuestos una subcontrata a empresas privadas, lo mismo que ocurre de forma habitual con los comedores o los servicios de limpieza, pero, lo que es mucho más grave, respecto del entero sistema de enseñanza.
Así las cosas, el sucesor de Cristina Cifuentes, en un discurso patético y paternalista, anunciaba su proyecto de subvencionar los estudios de bachillerato en centros concertados a cargo de las arcas públicas. Garrido explicó que el gobierno de la CAM “cree que hay que trabajar por la Educación y que hay que hacerlo atendiendo a un criterio social”. “Serán 3000 plazas educativas sostenidas con fondos públicos que irán destinadas a las familias de los entornos más desfavorecidos y de menor renta”. Hay que tener mucha cara para expresar las cosas así, para presentar lo que no es más que una aportación de dinero público a un negocio privado como una medida educativa de apoyo a las “familias de entornos desfavorecidos”.
Se trata del proyecto ideológico de convertir todo lo público en mercancía. Es la continuación de las políticas de cesión de suelo público a colegios concertados, que José Ignacio Wert incorporó a la LOMCE a través de una enmienda del PP (que en Madrid es conocida como la “enmienda Granados” en referencia a la Operación Púnica por la que fueron investigados varios colegios concertados de la región).
La otra mentira y justificación ideológica es la de la “libertad de elección de centro”. En las últimas semanas, en los plenos de diferentes ayuntamientos madrileños, el Partido Popular ha presentado mociones en apoyo a la escuela privada-concertada. En la página web del PP de Alcalá de Henares, podemos leer que “los populares complutenses llevarán una moción al Pleno de mañana para debatir la libertad de elección de las familias en el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos, recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española”.
Asombra contemplar este maquillaje por el que la expansión de los negocios de la patronal de la enseñanza -que desde hace ya tiempo insisten en que ellos no son subsidarios, sino complementarios- se presentan como un bien universal basado en los principios de los derechos humanos y constitucionales. Habría que comenzar, como explica Fernández Liria en Escuela o Barbarie, por negar la mayor: aquí lo que está en juego no es la libertad de elección de los padres sino todo lo contrario; la escuela pública se construyó, ante todo, para proteger a los niños del totalitarismo familiar, para abrir una puerta al libre pensamiento en unos niños que, en sus ambientes familiares, pueden estar sometidos a una dictadura ideológica asfixiante y castradora. Nadie tiene por qué asumir como un destino el haber nacido en una familia del Opus, de testigos de Jehová, de integristas islámicos o hippies contraculturales. Contra lo que se suele decir, la escuela pública no adoctrina, en primer lugar porque hay en ella tanta diversidad que aunque quisiera, no podría; y en segundo lugar, porque los profesores son funcionarios con libertad de cátedra, que no tienen por qué ceder a ninguna presión gubernamental. Se olvida a menudo que para eso se inventó el funcionariado: para apuntalar la división de poderes e impedir injerencias gubernamentales en la enseñanza o la justicia. Son dos virtudes que por definición no puede tener la enseñanza privada o concertada, donde la diversidad puede ser cribada ideológicamente y los profesores pueden ser despedidos por no encajar con el ideario doctrinal del centro. La enseñanza privada no es un bastión de los principios de la Ilustración, sino una lacra medieval y totalitaria incrustada en los principios del Estado de Derecho. Se habla mucho del gran éxito educativo de Finlandia, obviando el hecho de que ahí la enseñanza privada y concertada es prácticamente inexistente.
Que al Partido Popular, en el contexto de la Educación (no voy a entrar en otros), el bien común, los derechos humanos, los criterios sociales y los entornos desfavorecidos de los que tanto hablan les importan menos que nada, lo sabe cualquier docente que trabaje en cualquier barrio obrero de Madrid (y se me ocurren bastantes). Lo sabemos muy bien miles de docentes que hemos trabajado ahí en la última década, y que estamos a la espera de que el gobierno de Garrido cumpla con la dotación de profesores firmado en el Acuerdo Sectorial de enero del 2018 con los agentes sindicales. Ni cumplen con el cupo de profesores, ni con nada del Acuerdo que implique dotación económica. Este incumplimiento nos llevó a los delegados sindicales de CCOO al encierro del pasado mes de junio en la Escuela de Marginación de San Carlos Borromeo.
Si a la agresión sistemática del Partido Popular a la Escuela Pública, le sumamos ahora la entrega de 8 millones de euros en cheque-bachillerato a los centros concertados, los docentes madrileños podemos darnos por muertos y felicitar a los premiados. No solamente va a suponer un grave ataque a la igualdad de oportunidades y a la equidad social, sino que además, dejaremos de nuevo que nos vampiricen el dinero público para sus intereses privados. Veremos aumentar el cierre de aulas en centros públicos (incluso con alta demanda de alumnado), como ya viene ocurriendo desde hace una década, pero ahora en progresión geométrica. Y por supuesto, veremos en el paro a nuestros compañeros interinos y el incumplimiento de cualquier acuerdo para potenciar el empleo público.
Antes de entrar en la cárcel, cuando todavía era ministro de Economía, Rodrigo Rato resumió bien el programa del PP: había que “hacer más con menos”. Se impone la lógica de la subcontrata de empresas privadas porque dicen que salen más baratas, como si, tratándose nada menos que del derecho a la educación de la población, esto fuera un argumento solvente. Ahora, los madrileños vamos a regalar 8 millones de euros a la patronal de la escuela privada y concertada.
Pasada la crisis económica del 2008 el nuevo mantra del PP para justificar su falta de presupuestos en la pública ha sido repetir una y otra vez que no todo se soluciona con dinero y que los recursos no son infinitos. En este mismo capítulo es donde se añade, cómo no, la supuesta falta de formación del profesorado como mal endémico de nuestra escuela. Todo un abanico de calumnias y sarcasmos que algunos medios de comunicación no han cesado de airear. La respuesta, por parte de la comunidad educativa, tiene que ser contundente. Basta ya de negocios y de mentiras.
Sobre todo, es necesario que la respuesta al anuncio de la concertación del bachillerato sea tajante, porque con ello se traspasa una línea roja que, hasta el momento, nadie se había atrevido a cruzar. Como venimos diciendo en otros ámbitos: ninguna agresión sin respuesta. El Partido Popular busca dejarlo “todo atado y bien atado”, y están nerviosos porque saben que en las elecciones de mayo los ciudadanos de esta región les vamos a echar de las instituciones. Y esta vez no van a tener posibilidad de ningún tamayazo.
Hay momentos y oportunidades de urgencia política e histórica. Estemos a la altura, en la calle y en las urnas.
Silvia Casado Arenas es profesora de secundaria y autora del libro ‘¿Qué fue la guerra civil? Nuestra historia explicada a los jóvenes‘ junto a Carlos Fernández Liria.
viernes, 21 de septiembre de 2018
Madrid cierra sin multas los expedientes a 167 colegios concertados por cobros irregulares a las familias (Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es)
Artículo de Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es
- La Comunidad de Madrid informa de que se han "subsanado" las irregularidades detectadas en uno de cada tres centros sobre la información y el pago de las actividades extraescolares
- La "supervisión" de dichas actividades se da por zanjada y no se incluirá en el Plan General de Actuación de la Inspección de este curso, según CCOO
- En paralelo, Gobierno está inmerso en una campaña de defensa de la "libertad de elección": ha abierto 190 aulas nuevas y quiere subvencionar el Bachillerato
El Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha dado carpetazo a los 167 expedientes abiertos a centros concertados de la región tras detectar irregularidades en el cobro a las familias. En todos los casos las indagaciones de la inspección tenían que ver con la gestión de las actividades extraescolares y, en todos los casos, se han cerrado porque los centros "han acreditado que han subsanado estos problemas", aseguran fuentes de la Consejería de Educación a eldiario.es.
La intervención de la inspección se produjo tras comprobarse que los centros no informaban a las familias de que las actividades eran voluntarias y no lucrativas, no reflejaban adecuadamente en la información que se remitía a la Administración la existencia de estas actividades, las ofrecían en bloque, sin desglosar precios y sin posibilidad de elección o incluían conceptos erróneos como servicios complementarios.
Estas actuaciones fueron confirmadas por la exviceconsejera de Organización Escolar María José-Patrón, destituida por el presidente Ángel Garrido cuando tomó posesión de su cargo tras la dimisión de Cristina Cifuentes. Y, según fuentes de la Consejería de Educación, ya no se producen tras el toque de atención de la administración. Los colegios se enfrentaban a multas económicas que oscilan entre el total y el doble de una parte del dinero público reservado a ese concierto que habrían dejado de percibir. Concretamente el reservado en las partidas a "otros gastos": entre 6.900 y 9.200 euros por aula al año, según el nivel educativo.
La oposición considera que el Gobierno ha cerrado el asunto sin entrar en el fondo de la cuestión: "Las cuotas voluntarias generales que son, en realidad, obligatorias". "Eso no se ha arreglado y es vox populi", sentencia la portavoz de Educación de Podemos, Beatriz Galiana. La patronal de la escuela concertada ha reconocido en varias ocasiones, también a eldiario.es , la existencia de estas cuotas con la justificación de que el dinero público que reciben las entidades por cada plaza –los módulos fijados por el Ministerio de Educación– es insuficiente para prestar el servicio.
Todas estas irregularidades, también las detectadas por la inspección, contravienen el articulado de la Lomce, que marca que "en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos". Una resolución de la Comunidad de Madrid de 2016 establece las sanciones en caso de incumplimiento.
Una medida "cosmética" para los sindicatos
El Ejecutivo ha dado por zanjado el asunto y no incluirá esta supervisión de las actividades extraescolares en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de este curso. Al menos así consta en el borrador, según informa Comisiones Obreras a eldiario.es. El plan correspondiente al curso pasado incluía una referencia explícita a estas actuaciones de "supervisión de actividades complementarias y extraescolares y de servicios complementarios en centros privados sostenidos con fondos públicos", para continuarlas y completarlas, un punto que según el sindicato la Consejería ya ha informado que va a eliminar.
"Es evidente que esta medida de supervisión ha sido meramente cosmética, habida cuenta, además, que el Plan General de Actuación de la Inspección del curso actual, según el conocimiento que tenemos de su borrador, ha suprimido tal actuación", explica la secretaria general de Educación de CCOO Madrid, Isabel Galvín.
190 aulas concertadas nuevas este curso
El Gobierno de Ángel Garrido ha iniciado una campaña para reforzar la "libertad de elección" de las familias como respuesta a lo que, asegura el PP, es un ataque del Ejecutivo del PSOE de Pedro Sánchez a este modelo educativo. Si Madrid era 2014 era la cuarta comunidad autónoma –solo por detrás de Euskadi, Navarra y Baleares– que dedicaba más presupuesto público a este modelo educativo (943 millones de euros, uno de cada cinco euros del gasto total), la cifra ha escalado en cuatro años hasta los 1.028 millones (9% más) con la apertura de 190 aulas para este curso, según datos ofrecidos por la Consejería de Educación. Todas, justifican fuentes de este departamento, se ubican en centros que ya tienen concierto educativo y son "para dar respuesta al crecimiento vegetativo".
Durante el verano, Garrido se reunió con los representantes de la escuela concertada en un encuentro que se saldó con dos compromisos: un nuevo decreto de regulación específico para estos centros y la financiación a cargo de las arcas públicas de equipos de orientación educativa para Primaria. Además, ha prometido, si continúa como presidente de la Comunidad de Madrid (y para eso primero tiene que ser candidato, algo que no está decidido en el PP), subvencionar a cargo de las arcas públicas los estudios de Bachillerato en centros privados que no tengan concierto a 3.000 alumnos y alumnas. Ocho de millones de euros para este proyecto piloto, muy mal recibido por PSOE y Podemos y los defensores de la escuela pública.
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viernes, 14 de septiembre de 2018
Garrido redobla su apuesta por la concertada y anuncia un cheque para subvencionar Bachillerato en centros privados (ELDIARIO.ES)
Artículo publicado en eldiario.es/madrid
Esta medida ha sido adelantada por el presidente regional durante su turno de réplica a la oposición en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región que se celebra esta semana en la Asamblea de Madrid. "Mi Gobierno cree que hay que trabajar por la Educación y que hay que hacerlo atendiendo a un criterio social. Creemos que debe ser así", ha sostenido.
La medida no se aplicará hasta el curso próximo, el 2019/2020, y beneficiará según sus planes a 3.000 alumnos y alumnas, "especialmente los de familias con rentas más bajas". De manera que primero serán las elecciones autonómicas y el anuncio puede quedar en nada si el PP no gana. También quedaría en aire si finalmente no hay presupuestos para 2019 porque el coste estaría consignado en estas cuentas, de momento bloqueadas por las exigencias de Ciudadanos.
El Ejecutivo de Ángel Garrido estima que la puesta en marcha de este cheque-bachillerato costará alrededor de 8 millones de euros aunque todos los detalles se desarrollarán con posterioridad en una convocatoria en la que se establecerán y concretarán todos los detalles, así como la cuantía y las condiciones de acceso a estas ayudas, según el Gobierno.
De salir finalmente adelante, la medida supondrá, según ha detallado el Ejecutivo regional, que inicialmente el 15% de los estudiantes madrileños matriculados en centros concertados donde el Bachillerato no es gratuito contará ya el próximo curso con esta ayuda.
"Serán por tanto 3.000 plazas educativas sostenidas con fondos públicos que irán destinadas a las familias de los entornos más desfavorecidos y de menor renta", ha desgranado el presidente autonómico. Asimismo, ha puesto el foco en que esta medida va destinada a los madrileños que afrontan "una situación difícil cuando su hijo pasa de la educación Secundaria, que es obligatoria y por tanto gratuita, al Bachillerato".
- El presidente de la Comunidad de Madrid anuncia un cheque-bachillerato para pagar esta etapa educativa en centros concertados, donde no es gratuita
- El Ejecutivo prevé un desembolso de ocho millones de euros en estos cheques para 3.000 familias, a falta de concretar las cuantías y las condiciones de acceso
- La medida entraría en vigor en septiembre de 2019, así que queda condicionada a unos presupuestos bloqueados y a la victoria del PP en las elecciones
Esta medida ha sido adelantada por el presidente regional durante su turno de réplica a la oposición en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región que se celebra esta semana en la Asamblea de Madrid. "Mi Gobierno cree que hay que trabajar por la Educación y que hay que hacerlo atendiendo a un criterio social. Creemos que debe ser así", ha sostenido.
La medida no se aplicará hasta el curso próximo, el 2019/2020, y beneficiará según sus planes a 3.000 alumnos y alumnas, "especialmente los de familias con rentas más bajas". De manera que primero serán las elecciones autonómicas y el anuncio puede quedar en nada si el PP no gana. También quedaría en aire si finalmente no hay presupuestos para 2019 porque el coste estaría consignado en estas cuentas, de momento bloqueadas por las exigencias de Ciudadanos.
El Ejecutivo de Ángel Garrido estima que la puesta en marcha de este cheque-bachillerato costará alrededor de 8 millones de euros aunque todos los detalles se desarrollarán con posterioridad en una convocatoria en la que se establecerán y concretarán todos los detalles, así como la cuantía y las condiciones de acceso a estas ayudas, según el Gobierno.
De salir finalmente adelante, la medida supondrá, según ha detallado el Ejecutivo regional, que inicialmente el 15% de los estudiantes madrileños matriculados en centros concertados donde el Bachillerato no es gratuito contará ya el próximo curso con esta ayuda.
"Serán por tanto 3.000 plazas educativas sostenidas con fondos públicos que irán destinadas a las familias de los entornos más desfavorecidos y de menor renta", ha desgranado el presidente autonómico. Asimismo, ha puesto el foco en que esta medida va destinada a los madrileños que afrontan "una situación difícil cuando su hijo pasa de la educación Secundaria, que es obligatoria y por tanto gratuita, al Bachillerato".
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lunes, 12 de marzo de 2018
El Gobierno renueva los conciertos a colegios del Opus en Catalunya vía 155 (Pau Rodríguez en eldiario.es)
Artículo de Pau Rodríguez en eldiario.es
- Los partidos soberanistas pactaron no financiar más a estos centros, pero la renovación de conciertos en Catalunya por parte del Ministerio los incluye
- Todos los conciertos de las etapas de Infantil y Secundaria caducaban este año y debían renovarse antes de que empezara el período de preinscripciones
- En la lista de convenios firmados hasta el curso 2021-2022 publicada en el BOE aparecen la mayoría de colegios que segregan por razón de sexo
El Ministerio de Educación, responsable de la enseñanza en Catalunya por aplicación del artículo 155, ha renovado finalmente los convenios de financiación pública de los colegios concertados, entre ellos los de las escuelas del Opus. Así ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes. La renovación va en contra del pacto que habían alcanzado los partidos independentistas de dejar de concertar los colegios que separan a los alumnos por razón de sexo.
El ministro Íñigo Méndez de Vigo ya anunció a mediados de febrero su intención de renovar los conciertos educativos en Catalunya. Los convenios de las etapas de Infantil y Secundaria caducaban este curso 2017-2018, con lo que debían actualizarse, de acuerdo con la ley, antes del período de preinscripciones escolares, previsto para mediados de abril. En total, son 1.956 grupos escolares renovados (987 en Educación Infantil y 969 en Educación Secundaria).
Entre ellos, se encuentran los colegios vinculados al Opus, que en su mayoría separan a los alumnos por sexos. En la lista publicada en el BOE aparecen todos, como es el caso del Viaró Global School (Sant Cugat del Vallès), que podría recibir una sanción por contratar sólo a profesores hombres, La Farga (Sant Cugat del Vallès), Xaloc (l'Hospitalet), Les Alzines (Girona) o Mestral (Jorba).
El último acuerdo alcanzado por JxCat y ERC, que han trasladado recientemente a la CUP, recoge la propuesta de retirar los conciertos a escuelas que segregan por sexo, aunque en este caso ya contaba con que el Ministerio pudiera renovarlos. El documento estipula que se "estudiarán todas las posibilidades legales para tratar de revocarlos". Si forman Govern, sí podrán plantearse no renovar los conciertos en la etapa de Primaria, puesto que estos caducan en 2020.
Se da la circunstancia que justo sobre las escuelas del Opus se votó en el Parlament en la sesión del pasado 3 de marzo. A propuesta de Catalunya en Comú, se aprobó no renovar sus conciertos con el voto favorable, por primera vez en su historia, del sector neoconvergente integrado en JxCat.
domingo, 4 de febrero de 2018
Moral y Pacto (Manuel Menor)
Publicamos con retraso este artículo de Manuel Menor.
Leyes
y moral no suelen coincidir: el fin y los medios pueden hacerlas extrañas
Invocar la ley sin
poner medios para cumplir cuanto exige, o no cambiarla cuando es injusta, no
arregla nada. También en Educación suele ayudar a sostener situaciones nada democráticas.
Del “imperio de la ley” a
cómo funciona la realidad política hay un trecho. Lo enseñó ampliamente el
maestro en estas lides, Maquiavelo. De cómo la Constitución no debe ser un “adorno”, a
cómo puede servir de pretexto para que todo siga parecido a cuando no la había,
también. Y de cómo hay mil tretas, por tanto, para que la argucia leguleya
encubra incluso delitos durante años y años, la Historia es testigo. Las
abundantes noticias demostrativas de esta semana habrán pesado lo suyo en
la educación de la ciudadanía hacia el escepticismo desmovilizador.
Las declaraciones de testigos principales actuando en tramas
mafiosas impunemente durante estos años, incluso con la colaboración de
partidos políticos, ilustran bien la difícil concordancia. A la ilustre nómina
de Naseiro, Filesa o Baltar, y de otros precedentes señeros en nepotismo y
similares, la Audiencia Nacional ha añadido estos días otro extenso grupo de
expertos en ingenierías de las transparencias contables que no ha hecho más que empezar. A este paso, tras la
dudosa ejemplaridad moral de tan encumbrados modelos, tendremos que
buscar con un candil a los justos, como en la Sodoma del Génesis (Gn.
18,23-33). En este preciso momento, Francisco Camps es un prototipo excelente de las últimas tendencias en disociar la ética y
los códigos, y no se descarta que pronto tengamos otros gloriosos. Expertos además en impartir doctrina, estos
peculiares enseñantes han presumido lo suyo de ser “caciques buenos”, han
alardeado de ser perfectos exponentes del ascenso social a través del esfuerzo
y se han erigido en arquetipos del triunfo social y político.
Consustancial a esta estética neopicaresca ha sido dar buenos consejos a otros, un modo demostrativo de buena conciencia. De ese afán no se
apean aunque les sitúe en la tradición autocomplaciente de la hipocresía,
la que culpa del mal a los otros y nunca ve la viga en el propio ojo. En muchos
modos de educar, de que hay sobrados ejemplos y anécdotas, este modo de tratar
las relaciones de unos educandos con otros ha sido objeto de culto,
consiguiendo muy buenos ejemplares de estupidez, además de pésima socialización
de la solidaridad. Ni siquiera con preceptos religiosos por medio se generalizó
la bondad. En nuestro ámbitto cultural, probablemente porque para la propia
Iglesia -maestra casi exclusiva de la sociedad durante siglos-, la solución del
litigio entre el bien y el mal fue un asunto bastante aleatorio. Cada
confesionario, como el maestrillo, siempre tuvo su librillo particular, y la
disculpa de la restricción mental frente a la mentira –al encomendar lo que no
era mentira a la pura intención de que el hablante determinara el sentido de
sus palabras-, dejó un amplio espectro de asuntos a expensas de la relativa
circunstancialidad. De hecho, buena parte del dogmatismo moral tuvo que ser
reforzado a cada paso por sucesivas sinodales, libros de confesores y
sentencias de la propia Inquisición, sin contar las bulas eximentes a condición
de alguna prestación pecuniaria en forma de limosna o del sufragio de
fundaciones o mandas y legados de signo más o menos piadoso. previa.
Buenos y malos
El dictamen definitivo lo acabó imponiendo lentamente el avance
de la mentalidad capitalista y su competitividad congénita, que cada vez
estilizó más, con renovados aires y objetivos, la predicación hipócrita de los
buenos contra los malos. El bien y el mal acabaron siendo determinados por la
racionalidad de la producción y la rentabilidad del libre mercado: pura
cuestión técnica de apropiarse u obstaculizar la apropiación exclusiva de
su valor. A medida que el aburguesamiento de las ciudades se fue desarrollando,
la pobreza fue perdiendo el atractivo espiritual que había tenido y se
convirtió en motivo de escándalo y hasta persecución: Luis Vives es testigo de
ello con su De subventione pauperum (1526). También la caridad
y la beneficencia fueron perdiendo relevancia en la medida en que la “cuestión
social” –como empezó a llamarse a las reivindicaciones de los asalariados- fue
ganando terreno. Las huelgas y reclamaciones de estos -contra el máximo bien de
la sacralizada propiedad- acabaron conduciendo a las primeras leyes sociales,
que suponían un intervencionismo del Estado. Se marcó así un punto de inflexión
en la pelea entre el bien y el mal, por cuanto facilitaba que no se
interrumpiera la producción y se pudiera generar valor.
Pero era una situación inestable que la educación podía
subsanar facilitando la expansión de la buena doctrina. Por la misma ley que
Claudio Moyano regula de manera general el sistema educativo –cuya vigencia
estructural alcanzaría 110 años-, crea también la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas (art. 160). Por si fuera poco que entre el artículo 153 y
los 295-296 esa ley diera un control enorme de “la pureza de la doctrina,
de la fe y las costumbres a los eclesiásticos –amén de la enseñanza religiosa a
la juventud-, esta Real Academia trataría de “desengañar a los hombres ilusos pero
sencillos y de buena fe”, así como de “auxiliar a las autoridades y contribuir
al triunfo de la sociedad sobre las hordas de los nuevos bárbaros que se ocultan en su seno y que espían el momento en que poder lanzarse a convertirla en ruinas y
cenizas”. El mal –según se proclamó en la inauguración, en diciembre de 1858-
era que los asalariados empezaban a reclamar lo que en justicia les pertenecía,
cuando no existían derechos sociales y les estaba prohibido sindicarse. El art.
461 del Código penal de 1848 consideraba delictivo coaligarse para encarecer el
precio del trabajo y “regular sus condiciones”, precepto que tendría vigencia
hasta la ley de 27.04.1909, en que se regularía la huelga.
El premio de los buenos
En vez de una ley justa para todos era más barata la moral
individual. Bajo el auspicio de las más altas instancias del Reino, se
instituyeron premios a la buena moral y en las Actas de la propia Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas ha quedado constancia de las incitaciones a los
obreros buenos para que, en vez de poner en cuestión el orden social
existente, ahorraran; les aseguraban que así sus problemas e imprevistos
podrían tener solución, lejos del vicio y la pereza. De nada valía que quienes
instigaban con el esfuerzo moral a los asalariados supieran sobradamente que
con los salarios que había –apenas para comer quien trabajaba- no les llegara
para nada, como documentaron los testimonios orales y escritos que llegaron a
la Comisión de Reformas sociales, entre otros el de Jaime Vera en 1884. La moral ahorradora fue el único recurso disponible frente a
una total ausencia de protección social, un proceso muy lento en España. Desde
la primera ley de accidentes del trabajo en 1900 hasta que la Seguridad Social
–el principal soporte de prestaciones- fue ampliado en los años ochenta del
pasado siglo a colectivos que no la tenían, pasaron casi 100 años. Y
todavía continuó limitado el acceso a cuanto en Europa abarcó el Estado
de Bienestar desde final de la II Guerra Mundial durante los 30 años
“gloriosos”.
La oposición conservadora a ese gran pacto –inspirado en el Plan Beveridge- venía dado porque removía la idea de la moral ahorradora y,
sobre todo, la sacralidad de la propiedad privada. Era 1942 y solo fue posible
–en Europa- por miedo a un vuelco del voto de los asalariados. Con la caída del
Muro de Berlín en 1989, y con el triunfo de las posiciones neoliberales
de Reagan y Thatcher, se reinició la marcha atrás. También aquí se
implementó esa tendencia y, en las reuniones del Pacto de Toledo, ya florece el
mismo sermoneo anterior a que se creara el INP el 27.02.1908. Vuelven los consejos morales, para suplir las protecciones que el Estado se había
impuesto como obligación frente a supuestos derechos de sus ciudadanos. No
cejan. En la huelga masiva por la enseñanza pública el 19.09.2011, cuando Esperanza Aguirre –en pleno estallido de la
crisis- dijo que había que reflexionar “muy en serio” sobre lo que cuesta la
enseñanza.
Este es el motivo principal por el que de continuo pretenden
edulcorar la realidad social. insisten en que la producción va bien, sin
ocuparse de cómo se reparte su potencial beneficio ni a costa de qué o de quiénes. La estadística sobre turismo español de hace unos días es
ilustrativa. La noticia del segundo puesto mundial con 82 millones de
visitantes no comentaba nada acerca de la poca productividad de esta
“industria”, ni sobre quiénes pagaban el pato en esta burbuja. Si todo va bien
en la estadística del PIB, todo lo demás desajustaría la guapa foto.
La educación de los otros
Impartir lecciones de moral sigue siendo propio de gente bien.
La hay en todas las clases sociales –“donde quiera que vas”, que ya nos decía
en 1969 un guapo grupo americano-,
aunque predomina entre quienes han escalado alguna supuesta posición distante de muchos otros que se han quedado fuera. Quieren ser distintos y aspiran
a ser más que los demás: no verse mezclados con el común, aunque a menudo
resulten ordinarios y groseros. Saben más que los demás –eso dicen- y entre lo
uno y lo otro se atreven a dar consejos y, si se tercia, a imponer sus
criterios. La libertad es su lema y –en vez de sindicar la solidaridad- han
hecho crecer los libros de autoayuda en las librerías: el estrés crece y de
algún modo se ha de salir de las limitaciones frustrantes de una “felicidad”
inalcanzable.
En Educación -igual que en Sanidad y otras prestaciones-, está
sucediendo que los doctrinarios actuales del bien y del mal siguen anteponiendo
intereses privados al bien común. Como en el Código penal de 1870, trafucan la
norma moral con la jurídica en aras de su conveniencia. La política social de este Gobierno y de la mayoría de las Comunidades autonómicas está siendo regida por maneras y objetivos
neoliberales. El pretexto de la crisis les facilita el deterioro creciente de
lo público –la Escuela pública en particular- y las privatizaciones,
externalizaciones y subvenciones directas o indirectas a iniciativas de negocio
privado. Méndez de Vigo repite ahora a Esperanza Aguirre cuando dice
que “sin libertad de elegir no hay libertad, y sin ella no lograremos la
igualdad que ha de inspirar el sistema educativo”.
El recurso a la ley –y a un pacto previo en el caso de la
Educación- sirve para que la orientación prevalente de las decisiones que se
adopten en adelante sea jurídicamente defendible. Con mayoría política clara no
hubiera necesitado un pacto para lavar la cara, pero la evolución del sentido
del voto en España hace posible ese pacto, toda vez que el recambio de
fidelidades al PP ya dispone de sustituto adecuado. Se equivoca,, sin embargo el
sustituto de Wert al señalar que hace 40 años hubo un pacto, “que se tradujo en
el artículo 27 de la Constitución”. De haberlo habido, no habríamos tenido
tantas leyes orgánicas: ocho respecto a la educación escolar y otras tres
respecto a la universitaria. Ni tampoco tantas huelgas, manifiestos y
manifestaciones, tan similares a las de antes de 1978 que los carteles de unas
y otras son intercambiables.
¿Pactar qué?
No es previsible que, hasta mayo, se logre un pacto que vaya más
allá de la apariencia. Es corto tiempo para revertir una tendencia muy
arraigada en la historia de la educación española, un campo ricamente propicio
para mostrar las diferenciales expectativas sociales. En este juego
demostrativo, por otro lado, una parte relevante de la Iglesia institucional ha
puesto casi siempre sus predilecciones, y desde 1961 se le ha sumado la
OCDE, igual que el FMI o el Banco Mundial.
Milagro sería que coincidieran sus expectativas con las que la democracia
recuperada en 1978 no ha alcanzado todavía.
En el entreacto de esta tragicomedia, mientras los más
moralistas siguen ahí impartiendo doctrina a la par que roban, afanan o
trafican con lo que es de todos, otros que presuntamente debieran estar al
quite parecen mirar si les cae algo de que vanagloriarse en una nueva ley. Esta
forma de colaborar hace que lo necesario se demore indefinidamente. Pactar así
hará que todo siga el camino trillado. Algunas de las cuestiones que impiden
una enseñanza pública de calidad para todos, ni siquiera se rozarán. Observen
los múltiples entrecruzamientos y contradicciones entre ley y moral, una vez
pactadas medidas contra la violencia con las mujeres: ¿Es
machismo la discriminación de género que se practica en muchos colegios concertados de ideario
católico? ¿Con cuánto dinero público se sostienen, pese a ello, sus
conciertos educativos? ¿Es justo que se repitan cada año estos conciertos?
Manuel Menor Currás
Madrid, 28.01.2018
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