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martes, 17 de noviembre de 2020

Una de las impulsoras de la plataforma contra la nueva ley educativa es una excandidata de Falange Independiente (Aitor Riveiro y Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

Artículo de Aitor Riveiro y Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
  • Más Plurales, que aúna a asociaciones de padres como Concapa; a patronales de la educación concertada y privada como CECE, fundada por un alto cargo franquista; y a sindicatos como USO, denuncia que la LOMLOE "se inventa un derecho a la educación pública" y "devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión"
16 de noviembre de 2020

Más de un millón de firmas contra la LOMLOE, la nueva ley educativa que negocia el Gobierno de coalición para acabar con la ley Wert y que ha puesto en guardia a las derechas. Es lo que afirma haber recogido en pocas semanas la nueva plataforma Más Plurales, que aúna a diversas organizaciones y patronales educativas en su oposición a la norma que se debate estas semanas en el Congreso. Entre ellas, destacan la Concapa (una de las principales asociaciones católicas de padres); el sindicato USO; o las patronales de la educación privada y concertada CECE (fundada por un alto cargo del franquismo) y Escuelas Católicas (el brazo educativo de la Iglesia), entre otras organizaciones como Fedma o Cofapa. La plataforma tiene entre sus promotoras, además, a una excandidata del partido Falange Española Independiente.

Gema María Carballo López es la persona que registró el pasado 16 de octubre el dominio masplurales.es, donde se aloja la web de la plataforma, según figuraba hasta el jueves en el registro oficial dependiente de la entidad Red.es, tal y como pudo comprobar elDiario.es y se puede apreciar en la imagen adjunta.

Este medio ha hablado también con CECE, la primera patronal de colegios privados y concertados que se puso en marcha en España y de quien depende la Fundación Ángel Martínez Fuertes, el que fuera su fundador. La fundación es la única persona jurídica que se menciona en la web.

Una portavoz de CECE dijo a elDiario.es que tampoco sabía quién era Carballo López y señaló que el único papel de la Fundación era ser depositaria de los datos personales de los firmantes del manifiesto promovido por la plataforma. “Única y exclusivamente”, zanjó en varias ocasiones a preguntas de este medio. Una respuesta similar salió de Escuelas Católicas. "Cada una [de las organizaciones que componen la plataforma] se ha encargado de una cosa y nosotros no sabemos quién es esta persona", afirmó una portavoz.

Sin embargo, 24 horas después el registro de la página web masplurales.es, accesible en Dominios.es, ha sido modificado. Ahora figura como titular la propia Fundación Ángel Martínez Fuertes y como persona de contacto su secretario general, Santiago García.

jueves, 9 de abril de 2020

Confinamiento y desigualdad educativa: 500.000 niños viven en casas sin ordenador (ctxt.es)

Artículo publicado en ctxt.es

100.000 hogares de familias con bajos recursos no tienen conexión a internet. El exceso de tareas y la sobreexposición a la información son algunos de los problemas que están floreciendo durante esta crisis

8/04/2020

El confinamiento forzoso que enfrenta la población en España ha traído consigo un aumento exponencial de la conectividad a internet: el tiempo invertido en redes sociales se ha disparado durante el mes de marzo, y las plataformas de ‘streaming’ están viviendo sus particulares semanas doradas. Sin embargo, y paralelamente a las cifras sobre acceso a ocio y cultura, el encierro forzado también está destapando el riesgo de que la brecha digital se dispare durante los días que dure el encierro. Gran parte de la información sanitaria, las leyes y decretos sobre el estado de alarma, las operaciones bancarias, el teletrabajo o el los mecanismos de empleo y de ayudas públicas se han convertido estos días temas sensibles en materia digital: el confinamiento obliga a que estas tareas se realicen de forma telemática, pero no todo el mundo tiene la misma facilidad de acceso a internet y, sobre todo, no todo el mundo cuenta con las mismas capacidades y conocimientos tecnológicos.

En el caso concreto de la educación, el cierre de centros ha provocado que cerca de 10 millones de estudiantes –8,5 millones en enseñanzas no universitarias– tengan que continuar su formación a distancia y desde sus hogares. Unos espacios heterogéneos donde la desigualdad de recursos se traducirá, durante el tiempo que se mantenga el encierro, en inequidad educativa. Así lo ha expresando la Unesco en varias ocasiones durante las últimas semanas y así lo recoge la Plataforma de Infancia en un comunicado que expone algunos de los datos más preocupantes sobre esta cuestión en el contexto nacional: medio millón de niños viven en casas que no tienen ordenador, y hasta 100.000 hogares no disponen de acceso a internet para que los menores puedan conectarse.

Frente a esto, la plataforma, que se encuentra conformada por numerosas entidades sin ánimo de lucro centradas en la infancia, pide que los esfuerzos públicos se concentren en las familias con pocos recursos, principalmente aquellas que cuentan con ingresos por debajo de los 900 euros al mes y en las que el impacto de las circunstancias educativas será mayor. Solo en este grupo de población, un 42% de los hogares no tiene ordenador y un 22% no tiene acceso a la red, tal y como ha advertido Save The Children.

Según la ONG, otra de las organizaciones que está haciendo un especial seguimiento al efecto del confinamiento en los menores, el aumento de la inequidad educativa provocado por el cierre de los centros no solo tiene que ver con los recursos digitales de los que disponen las familias: con la escuela trasladada al hogar, la facilidad de los progenitores para conciliar, así como su nivel formativo y socioeconómico, se convierten en ventajas todavía más destacadas para los alumnos con más recursos.

Por otra parte, la Plataforma de Infancia también apunta a la incidencia de la nueva excepcionalidad educativa en el bienestar de los menores, y hace especial mención a los efectos sobre la salud psicológica que está provocando el encierro y que se pueden agravar por la excesiva carga de tareas que reciben los menores desde los colegios y por la gran cantidad de tiempo que pasan frente a la pantalla de los ordenadores.

En esta misma línea se ha manifestado la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (CEAPA), que también ha solicitado recientemente reducir las tareas que están recibiendo los menores durante el confinamiento y que no computen en la evaluación. El encierro, aseguran desde CEAPA, no puede diluir el tiempo de ocio de los niños, y es necesario que siga existiendo una rutina de desconexión para los estudiantes.

Tanto las advertencias de la Plataforma de Infancia como las de la CEAPA han quedado constatadas en los resultados de una reciente encuesta que ha realizado la Asociación de Familias de la Escuela Pública Gallega (CONFAPA), una de las secciones territoriales de la Confederación. Según el sondeo, uno de cada tres alumnos gallegos tienen que compartir ordenador con sus familiares, y cerca de un tercio carece de una conexión suficientemente buena para realizar una video llamada. Además, muchos de los alumnos señalan un exceso en la carga de trabajo.

En última instancia, los problemas educativos asociados al confinamiento y el incremento de las brechas digitales en materia educativa no solo está afectando a los estudiantes. Otra encuesta publicada en los últimos días, en este caso por parte de Comisiones Obreras, señala las dificultades que también están sufriendo los profesores para impartir las materias de forma telemática: un 76% de los docentes de escuelas públicas –65% en el caso de las concertadas– asegura que tiene problemas para llevar a cabo las clases en línea, bien por falta de medios técnicos o por falta de conocimiento de las herramientas virtuales.

De la falta de acceso a la sobreexposición

El incremento de las distintas brechas digitales en el ámbito de la educación no es el único problema que están enfrentando los más jóvenes durante las semanas en las que se está prolongando el confinamiento. En el extremo contrario, el abuso y la hiperexposición a la red también se puede convertir, según Save The children, en una lacra para la infancia.

El ciberacoso, la incitación a cometer conductas lesivas o la exposición involuntaria a material sexual o violento son algunos de los riesgos que, según la organización, se puede ampliar en estas fechas, sobre todo cuando los datos de partida ya arrojaban una realidad preocupante en el país: en una encuesta de 2018, la ONG ya encontró que tres de cada cuatro jóvenes había sufrido violencia en la red durante su infancia.

Brechas digitales territoriales

En España, el acceso a internet ha crecido de forma continuada durante los últimos años, lográndose la universalización en muchos de los indicadores sobre digitalización. Sin embargo, las cifras de conectividad también demuestran las distintas brechas cualitativas que aún persisten en este ámbito, y que se superponen a otras desigualdades más amplias como las socioeconómicas o las territoriales. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía, apenas el 38% de la población que vive en la España rural dispone de conexión de banda ancha de alta velocidad (100 Mbps), mientras que en el conjunto del país este tipo de cobertura llega al 80%.

Por su parte, los datos del portal estadístico Eurostat ofrecen también más detalles sobre las diferencias que existen entre zonas rurales y urbanas en materia de capacitación tecnológica: apenas la mitad de la gente que vive en áreas rurales posee habilidades digitales básicas o superiores; en el caso de las ciudades, el porcentaje llega al 63%.


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lunes, 6 de abril de 2020

Las familias denuncian que la concertada sigue cobrando las cuotas y la patronal dice que es para "mantener" los centros (Daniel Sánchez Caballero y Sofía Pérez Mendoza para eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero y Sofía Pérez Mendoza para
  • FAPA Giner de los Ríos lamenta que los centros privados sostenidos con fondos públicos sigan cobrando mensualidades; pero estos mantienen que no hay por qué dejar de hacer las "donaciones"
05/04/2020 

Las familias del colegio Alborada, escuela concertada en Alcalá de Henares (Madrid), recibieron hace unos días una carta. En ella, el director les explicaba: "Como veréis, en estos días hemos mandado al banco el recibo correspondiente al mes de abril. En dicho recibo aparecerá exclusivamente el cargo relativo a las actividades y servicios complementarios (hace referencia a profesores de actividades complementarias, tutores docentes personales, talleres de inglés, orientación, enfermería, parte de los servicios de secretaría y mantenimiento del centro, plataformas digitales y otros gastos que no están financiados por el concierto educativo). El resto de conceptos (comedor, permanencia, ruta, actividades extraescolares, etc.) no se cargarán hasta que volvamos a la actividad presencial habitual".

Esta misiva parece dar la razón a la FAPA Giner de los Ríos de Madrid, que ha denunciado que muchos centros concertados siguen cobrando las cuotas que pagan las familias a los centros –y cuya legalidad ya está discutida en general– pese a que no hay clases que las justifiquen, según la federación de asociaciones de familias de la escuela pública.

"Varias familias nos han hecho consultas porque les han pasado las cuotas en abril", afirma Camiló Jené, presidente de la FAPA. "En este estado de alarma, es necesario que los centros privados concertados informen de forma adecuada a las familias en cuanto a la voluntariedad en el pago de estas cuotas, y más aún cuando en este periodo no se recibe ninguno de los servicios a los que dicen acogerse con este pago", explican desde la FAPA, donde cifran en unos 150 euros al mes la aportación media.

Desde las patronales de centros concertados y privados sostienen que las cuotas son voluntarias, que no se pagan a cambio de servicios específicos sino para complementar el insuficiente módulo del concierto y que en general deben seguir cobrándose si las familias pueden pagarla, según explican desde Cece. También defienden la labor que están realizando las escuelas y que "la mayoría de los centros no ha despedido a nadie", aunque sí se han hecho ERTE en las áreas donde el teletrabajo no es una opción: la primera etapa de Infantil (0-3 años), el servicio de comedor, las extraescolares o el personal de administración, según el caso.

En medio del debate, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, explicó la semana pasada que la concertada no debe devolver las cuotas, como sí tienen que hacer gimnasios o academias que no están ofreciendo un servicio. "Aunque no se asista a las clases, la actividad lectiva sigue produciéndose online", explicó el ministro, y especificó que no tienen que devolver las cuotas ni tienen que ofrecer sus servicios por un tiempo extra cuando finalice el estado de alarma.

"Se pueden seguir haciendo en este momento"
"Pedimos desde el primer momento que el ERTE fuera el último recurso", explica José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, la principal patronal de escuela concertada del país con dos de cada tres centros privados sostenidos con fondos públicos.

Alvira, que lamenta que la FAPA está "obsesionada" con la escuela concertada, explica que el consejo de EC a sus centros es que "como las aportaciones voluntarias no van ligadas a la contraprestación del servicio, se pueden seguir haciendo en este momento", aunque también es consciente de que "hay familias que pueden haber visto recortados sus ingresos y algunos padres han decidido recortarlas".

En este caso, el responsable de la patronal recomienda ponerse en contacto con el centro para explicar la situación y buscar una solución de común acuerdo, una idea similar a la que expresaba el director del colegio Alborada en su carta a las familias. Escuelas Católicas no tiene datos de cuántas familias pueden haber dejado de pagar.

La explicación de Alvira descansa en el argumento habitual de la escuela concertada de que el módulo del concierto (el precio que paga el Estado al titular del centro por cada aula concertada) es insuficiente para cubrir costes y que por eso necesitan las cuotas, que son voluntarias (porque están prohibidas por ley, aunque básicamente todas las familias las pagan).

El precio del módulo lo fija el Gobierno, que marcó el último mínimo en 39.350 euros el módulo anual para una clase de Infantil o Primaria, 47.748 euros para una de Secundaria obligatoria y 76.785 euros para una de Bachillerato, según el Real Decreto-ley 24/2018. Sin embargo, cada comunidad autónoma tiene la libertad de subirlo y muchas lo han hecho para actualizar los salarios de los docentes. El precio por alumno de la escuela concertada es inferior al de la pública: con un 17,7% del gasto público se atiende a un 29% de alumnos. Según los críticos, esto se debe a que estas escuelas no atienden al medio rural (más caro), su personal tiene peores condiciones laborales y apenas acogen alumnos con necesidades educativas especiales (también es más caro atenderles).

Pedro Caballero, presidente de Concapa, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, muy vinculada a la escuela privada y concertada, cuenta que muchas familias les están llamando para preguntar. "Tenemos la certeza de que las actividades complementarias (comedor, permanencia) que conllevan una contraprestación no se están cobrando en abril", afirma. Respecto a las "donaciones", recuerda Caballero que "son voluntarias" y "si una familia no puede pagarlas por motivos familiares, personales o laborales, lo deja de hacer y punto, no puede haber ninguna represalia". Como Alvira, sí recomienda comunicarlo al centro.

Tanto Alvira como Caballero plantean también la cuestión de las cuotas de los centros privados sin concierto y en las etapas sin concertar. Escuelas Católicas sostiene que "en los niveles donde se está trabajando y los profesores están activos, aunque sea a distancia, nuestra recomendación es que las cuotas se sigan cobrando porque hay gastos y los profesores cobran su sueldo".

Caballero va más allá. "¿Qué pasa con todas las familias que no van a poder pagar abril, mayo o junio? Hay muchas en esa situación y crea discriminación con las escuela pública. Vamos a pedir al Gobierno que tome medidas, como ha hecho con los autónomos. Es una situación que nunca hemos vivido y como tal, merece medidas excepcionales", cierra.

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martes, 28 de enero de 2020

Asociaciones ultracatólicas de España se alían para formar en Murcia una plataforma en favor del veto parental (E. Calvo, E. Reche y S. Cabrera Catanes para eldiario.es)

Artículo de Erena Calvo, Elisa Reche y Santiago Cabrera Catanes para eldiario.es
  • La plataforma ha leído este lunes un manifiesto frente a la Delegación del Gobierno en el que exigen "sacar el adoctrinamiento de las aulas"; esperan reunirse en los próximos días con la consejera de Educación para comunicarle sus reivindicaciones
  • El consejero de Presidencia del Ejecutivo regional ha considerado que detrás del requerimiento de Madrid para paralizar las instrucciones que piden la autorización paternal para actividades complementarias "hay toda una estrategia jurídica"
27/01/2020
Más de una veintena de colectivos ultracatólicos de todo el país se han unido en defensa del veto parental que Vox quiere imponer en Murcia y han constituido la Plataforma Escuela Libre de Ideología. Su "único" objetivo "es sacar el adoctrinamiento de las aulas", han asegurado a través de un manifiesto que han leído en la tarde del lunes 27 de enero.

Se han adelantado así a la manifestación convocada este martes por Pacto por la Regeneración en la Región de Murcia a las 19.00 de la tarde y que saldrá desde la sede del Gobierno autonómico, el Palacio de San Esteban, contra el llamado 'pin parental' y que cuenta con el apoyo de 216 organizaciones y asociaciones políticas, educativas y sociales; entre ellas, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Juan González, la que aglutina más centros en toda la Región.

Con no más de 50 adultos y cuatro menores, la Escuela Libre de Ideologías ha dado comienzo a su manifestación. La concentración ha sido frente a la Delegación del Gobierno de Murcia, adornada en su fachada con una pancarta que reza 'Vivas y sin miedo', dentro de una campaña del teléfono de ayuda (016) contra la violencia de género.

Su objetivo es, según sus integrantes, evitar la "manipulación mental y emocional a favor de intereses ajenos a su formación académica". Desde la Plataforma sostienen que la ideología política en algunos lugares de España está "rompiendo familias y sectores sociales, llegando a ser un peligro para la integridad misma de la nación y su gobernabilidad".

Los ultracatólicos exigen a los poderes públicos, a los partidos políticos y al poder judicial que amparen sus derechos como padres y como ciudadanos, según han declarado. "Representamos a más de un 40% de los padres de alumnos de la Región; solo la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa) aúna al 35% de las familias" en la Comunidad, donde el alumnado de la educación concertada representa el 30% frente al 70% de la pública. Otras fuentes educativas de la Región, en cambio, han señalado que la Concapa supone el 10% del total del alumnado.

La Concapa, que ya se había manifestado recientemente a favor del veto parental, a través de un comunicado ha afirmado que quieren "llegar a acuerdos que liberen a la educación de imposiciones o tendencias ideológicas". Desde la Plataforma han opinado que "los aparatos ideológicos del Estado son diversos, pero el más importante con diferencia es la escuela; así lo han entendido siempre los aspirantes a controlar a la población y a perpetuarse en el poder usando el sistema educativo para ejercer presión vertical sobre el individuo".

No obstante, y contraviniendo a los ultracatólicos, el presidente del sindicato mayoritario educativo y de corte conservador en la Región ANPE, Clemente Hernández, se ha pronunciado el lunes en contra del veto parental en declaraciones a la Cadena Ser Murcia.

En 2009 el Tribunal Supremo decidió por 22 votos a favor y 7 en contra que no era posible acogerse al derecho a la objeción de conciencia para la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Esta materia fue finalmente suprimida como asignatura íntegra por el Gobierno de Mariano Rajoy, apareciendo de manera transversal en la LOMCE, aprobada en noviembre de 2013. 
"El monstruo estaba dormido"
"Después de la derrota de aquel intento han pasado unos años y han vuelto a la carga con la intención de querer usar a los niños como herramienta de poder, con fines políticos", ha criticado Francisco Martínez Peñaranda, presidente de la Asociación Libertas. "Se creía que el monstruo estaba muerto, pero estaba dormido. Se pretende hacer lo mismo otra vez. El pin recupera el consentimiento informado", ha dicho Peñaranda a eldiario.es de la Región de Murcia.

Martínez Peñaranda, autor del libro 'Sin paternidad no hay libertad. La tiranía del género', ha adelantado que desde la Plataforma pondrán en marcha una serie de acciones para "eliminar la ideología de las aulas". La primera será reclamar una cita con la consejera de Educación para hacer un seguimiento sobre el veto parental y conocer en qué quedarán las instrucciones de principio de curso.

En opinión de Escuela Libre de Ideología el Estado no es titular del derecho a la educación de los hijos; "este es un derecho y un deber de los padres y sólo una sentencia judicial dictada por causa criminal (o en casos muy concretos y singulares de divorcio) puede privarles a los padres del mismo; la educación moral de los hijos es un derecho de los padres".

A la Plataforma se han adherido asociaciones de otras comunidades "porque esto es un problema de toda España", según Peñaranda. Al manifiesto se han unido otros colectivos como Cristianos En Acción, el Foro Español de Política Familiar y Social, la Asociación Activa, la FAPA San Javier, la Asociación Libertas, Actúa Familia, Valores en Baleares, Los niños son Intocables, Grupo Giges, Asociación Género en Libertad, Asociación Libres Para Elegir la Educación de Nuestros Hijos, el Foro de la Familia Región de Murcia, la Asociación Cultura y Mujer, Plataforma por las Libertades, Abogados Cristianos, Asociación Cultural Amemos, Confraternidad de Ministros de Madrid, Instituto Balear de la Familia y Profesionales por la Ética. También se sumaron después HazteOír y Con mis hijos no te metas.

"Dentro de esas asociaciones hay colectivos ultraconservadores de nuestra Región. La plataforma educativa más representativa es la Plataforma por la Escuela Pública de la Región de Murcia que está en contra del veto parental, como gran parte de la comunidad educativa", ha afirmado a eldiario.es Antonio José Espín, portavoz socialista de la Comisión de Educación de la Asamblea.
La "estrategia jurídica" detrás del 'pin parental'El Ministerio de Educación confirmó el pasado 17 de enero que recurrirá ante los tribunales la directiva del Gobierno murciano de principios de curso en la que se establece la necesidad de informar a los padres de las actividades complementarias de los centros escolares de la Comunidad. La cartera dirigida por Isabel Celáa señaló que esta norma "vulnera los derechos de los alumnos y alumnas" al "socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado".

El consejero de Presidencia y Hacienda murciano, Javier Celdrán, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno extraordinario en el que se ha dado luz verde a los presupuestos de la Comunidad que "nuestros servicios jurídicos se encuentran estudiando con más profundidad el requerimiento porque parece que tiene detrás la intención de llevar este asunto por lo contencioso administrativo o recurso de inconstitucionalidad, como si hubiera ya toda una estrategia jurídica para tumbarlo".

Según Celdrán, las instrucciones sobre el veto parental cuentan con los informes jurídicos favorables de la Consejería de Educación y la inspección educativa, "pero estamos revisándolos para tener mayor seguridad".
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miércoles, 14 de agosto de 2019

La Unesco premia al programa navarro Skolae de coeducación que fue denunciado por asociaciones de padres ultracatólicos (eldiario.es)

Artículo publicado en eldiario.es/norte/navarra

  • La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura otorga su premio internacional de Educación de niñas y mujeres 2019 al programa  de coeducación Skolae del Gobierno de Navarra
El programa Skolae de coeducación en las aulas puesto en marcha por el Gobierno de Navarra en la anterior legislatura ha recibido el reconocimiento de la Unesco. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha otorgado su premio internacional de Educación de niñas y mujeres 2019 al programa navarro, que ha sido llevado a los tribunales por la Confederación Católica de Padres (Concapa), la Asociación M18 y un grupo de padres y madres a título individual, que en conjunto han interpuesto una triple demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Prácticamente en el ojo del huracán de la derecha navarra y de los sectores más conservadores de la comunidad foral, la vida hasta ahora no ha sido fácil para Skolae, que ahora recibe un reconocimiento al más alto nivel por los valores que fomenta. María Solana, la anterior consejera de Educación en el Gobierno navarro, fue la encargada de poner en marcha el proyecto. "La apuesta por la educación en igualdad ha sido eje de mi mandato y existe el compromiso expreso de que continúe siéndolo esta legislatura", se ha congratulado.

Tras una legislatura en la que ha sido blanco de ataques y polémicas, el nuevo Gobierno presidido por la socialista María Chivite mantendrá el programa y apostará "por la coeducación en todos los niveles, en aras de avanzar hacia una sociedad no sexista" y por la "educación afectivo sexual". También en la Universidad pública se fomentarán "estudios de género".

Mientras PP y UPN claman contra su aplicación obligatoria, Vox -que ni siquiera tiene representación en la Comunidad foral- quiere derogarlo directamente. ¿Sus argumentos? "Adoctrina a los niños; se inmiscuye en la moral de las familias; se basa en la ideología de género…".

Frente a esas crítica, la Unesco ha reconocido en Skolae valores como la capacidad crítica ante el sexismo, el fomento de la autonomía personal y la independencia económica, la corresponsabilidad en lo doméstico y la igualdad en lo público, el empoderamiento de las niñas, la educación sexual en igualdad…

Aunque existen planes de coeducación similares en autonomías como Andalucía y Euskadi, solo Navarra ha dado el paso de hacerlo obligatorio en toda la red pública, y con la exigencia para la concertada y privada de desarrollar sus propios planes si no quieren adoptar Skolae.

domingo, 26 de febrero de 2017

"La Iglesia quiere que el pacto educativo no toque la clase de religión ni los conciertos" (EL DIARIO.ES)

Reproducimos este artículo publicado en EL DIARIO

"Queremos un Pacto Educativo que responda a una tradición cultural gloriosa de nuestro pueblo". Los obispos quieren entrar de lleno en el debate para una ley de educación consensuada, pero que al tiempo no toque el tema de la clase de Religión o la educación concertada. El secretario general de la CEE, José María Gil Tamayo, defendió la relevancia de lo católico en la enseñanza en España.
La Iglesia, de momento, "no se la ha citado" en la subcomisión parlamentaria que aborda este pacto educativo, aunque sí algunas de sus instituciones, como Concapa o Escuelas Católicas. Sin embargo, los obispos han convocado una reunión, el próximo 2 de marzo, para "arrimar el hombro y repartir papeles" en un debate en el que los temas más polémicos ( clase de Religión, conciertos y financiación de la Iglesia) podrían quedar fuera.
"No hemos de ir a un pacto que hemos deseado todos con miedo, sino con un objetivo común: el bien de la educación en nuestro país", recalcó Gil Tamayo, quien no negó que dichos temas pudieran quedar fuera del debate. "Si quedaran fuera del pacto porque no son importantes, no lo aceptamos. Si quedan fuera porque están estabilizados y no se tocan, pues... es otro tema. Tenemos que defender que lo religioso no sea una moneda de cambio".
El portavoz sí denunció la "anarquía de horarios y el tratamiento de los profesores", así como determinadas "situaciones de indefensión" de la escuela concertada católica "en Andalucía o Murcia". "Pedimos que esta situación de inseguridad de los profesores, de la asignatura y su status no esté a merced de variaciones políticas o del lugar del país en que se viva.", recacló Gil Tamayo
"Estamos en el ambiente del Pacto Educativo, pedido por todas las partes, para poner estabilidad, serenidad y eficacia en esta política de Estado, que es la educación. Que responda a una tradición cultural gloriosa de nuestro pueblo, que pueda desarrollarse con unos niveles de calidad de un país desarrollado como el nuestro", insistió, reivindicando el "aporte" de la Iglesia, que "tiene un peso en el sistema educativo".
"Queremos diálogo y vamos con espíritu constructivo, apostando por una educación integral desde la libertad, que lleva consigo el aporte del hecho religioso" y que, en su opinión, "está arropado por un marco jurídico que ampara la presencia del hecho religioso y la aportación de la educación católica". Al tiempo, reclamó la defensa del status de sus profesores de Religión, pues "el permanente recurso a lo judicial está aflorando una patología que debemos dar por superada".

"Los hijos no son derecho sino un don"

"Condenamos de forma rotunda, en nombre de la Conferencia Episcopal, la violencia doméstica que estamos sufriendo en la sociedad española". Gil Tamayo se refirió a las cinco mujeres asesinadas por sus ex parejas las últimas 72 horas. "Detrás hay mucho sufrimiento, mucho dolor, seis hijos huérfanos, un bebé muerto... Esto nos duele y nos tiene que hacer pensar como sociedad. Es un problema social que debemos afrontar con educación y sensibilización, con la denuncia clara y firme, y con rigor legal y policial".
"Este tema tiene que estar en un primer plano", recalcó el portavoz, quien pidió una mayor "concienciación social de este problema" y "hacer siempre una opción por las víctimas".
En lo tocante a la maternidad subrogada, Gil Tamayo fue muy duro. "Creemos que la maternidad subrogada constituye una explotación de la mujer, y del niño, que se convierte en un objeto de consumo", recalcó, insistiendo en que "los niños y las mujeres no tienen precio. Un hijo no es un derecho, ni es un deseo. Es un don", y denunciando la "mercantilización" que se da en todos los casos, sea mediante dinero o por donación. .
"Hablemos a las cosas por su nombre. Si es vientre de alquiler es viente de alquiler; si es aborto, es aborto, no es interrupción del embarazo", apuntó el portavoz episcopal, quien recalcó que "al margen de vinculaciones afectivas entre la madre gestante y el niño gestado, será siempre fruto de una transacción al servicio de un derecho falso, que es el derecho a tener un hijo. Tanto si se paga el servicio de gestación como si no se hiciera, contraviene el orden natural de la procreación humana, no se cura la infertilidad, se trata de un medio alternativo que la Iglesia no acepta".

domingo, 19 de febrero de 2017

"Enseñanza: maquillaje o pacto imposible" (Francisco Delgado. EUROPA LAICA)

Artículo escrito por FRANCISCO DELGADO RUIZ. PRESIDENTE DE EUROPA LAICA · · 16 FEBRERO, 2017 y publicado en LAICISMO.ORG

Subcomision Educacion Congreso 2017 Pacto Educativo
En el Congreso se acaba de formalizar la creación de la Subcomisión de Educación, que tiene como finalidad el poder llegar a un Pacto Educativo.  A una Ley de consenso.
Se ha propuesto que, previo a los debates legislativos, se escuche la opinión de más de 80 comparecientes de la sociedad civil y del mundo de la Enseñanza, pública y privada, a especialistas,  técnicos y a los representantes del alumnado, de los sindicatos del profesorado y de las AMPAs.
Las comparecencias van a comenzar por los representantes en el Consejo Escolar del Estado: Sindicatos del profesorado (ANPE, CSIF, CC OO, UGT, FSIE, STES, USO, CIGA y ELA), las patronales de la Enseñanza (FERE, CECE y ACADE), dos confederaciones de asociaciones de madres y padres (CEAPA y CONCAPA) y de los estudiantes (Sindicato de Estudiantes, CANAE, FAEST y UDE). Se ha acordado, también, que estas comparecencias sean abiertas a los medios de comunicación.
Este tipo de comparecencia se da y se han dado con otras leyes de vital trascendencia y se dieron previos a los debates de la LOE y de la LOMCE (reforma parcial de la LOE)
Según diversos estudios, al parecer, un Gran Pacto es lo que está esperando la sociedad y, en especial, la comunidad educativa. Aunque yo no estoy tan seguro de ello, sobre todo desde los sectores más conservadores.
¿Pero, realmente, se puede llegar a un Pacto de consenso en una cuestión tan compleja y que tiene tantos intereses mercantiles, económicos e ideológicos? Honradamente creo que NO. La opinión pública no debería de ser manipulada de forma tan burda.
De hecho ya se han dado varios Pactos parciales por la Educación, incluso con un amplio apoyo: Con los procesos de transferencias educativas, cuando se apoyaron -ampliamente- los conciertos educativos, con la LODE y, posteriormente con  la LOGSE, maquillada después con la LOPEG. Y sobre todo con la LOE (PSOE), donde una parte importante del mundo social, sindical, corporativo, empresarial, religioso y político la apoyó.  Aunque se posicionó en contra el PP, por cuestiones exclusivamente electoralistas y por no haber podido poner en marcha “SU” ley -LOCE-, tuvo que votar en contra, aunque -en el fondo- estaban bastante de acuerdo.
De hecho la posterior LOMCE (PP), que modificaba un porcentaje pequeño del articulado de la LOE (PSOE), consistió en incluir algunos elementos nuevos de apoyo para aumentar la privatización, la segregación, la jerarquización y la confesionalidad, que ya apuntaba la LOE, desde la LODE y LOGSE, fundamentalmente y,  desde 2007, de acuerdo con el Tratado de Lisboa.
Todo ello se puede comprobar en los debates de la LOE en el Consejo Escolar del Estado y en los debates y votaciones del Congreso y del Senado. El ministro Gabilondohizo un “muy buen trabajo” de consenso. Por cierto tanto a Gabilondo (padre de la LOE), como a Wert, (padre de la LOMCE) al parecer,  se les  va a citar para que comparezcan ante la Subcomisión.
A lo largo de estos últimos meses -desde diversos sectores- se han hecho propuestas muy variadas para una “nueva Ley de Educación” (?) o para un Pacto.
Quizá la más cercana  a mis históricos planteamientos personales es la que, desde un amplio colectivo político, social y sindical, se propone bajo el epígrafe “Documento de bases: Por otra política Educativa”, se puede ver en: www.porotrapoliticaeducativa.org– Pero dudo mucho que vaya a prosperar.
No voy a hacer un relato de lo que -a mi juicio- ha sucedido, desde que se implantó la Ley general de Educación de 1970. Ya que en varios de mis libros lo expreso, por haber sido testigo muy directo desde 1979, tanto a nivel institucional legislativo, como desde el Consejo Escolar del Estado, como en su día presidente de CEAPA.
Por ello, no soy nada optimista, porque he observado -en primera línea, año tras año y reforma tras reforma- como el Sistema Educativo español, se ha ido descomponiendo, desarmonizándose, corporativizándose, privatizándose, jerarquizándose y confesionalizándose,  conforme se iban desarrollando nuevas leyes generales, parciales y autonómicas, ya no digamos en sus desarrollos y aplicaciones.
Evidentemente el modelo de universalidad general de la Enseñanza que tenemos hoy, nada tiene que ver en cuanto a recursos, currículo, financiación, instalaciones, proyectos innovadores puntuales e incluso participación, al de hace 40 años. Faltaría más. Pero el “sueño” de un modelo democrático, profesional igualitario, inclusivo, no patriarcal, público, único y laico… se ha ido desmoronando.
Porque los mercados, el patriarcado y la religión (también otras ideologías parciales) están ahí introduciendo un grave estorbo para un desarrollo plural e inclusivo del Sistema.
Por lo tanto, en mi opinión, NO PUEDE HABER UN GRAN PACTO DE CONSENSO.  Como publicaba hace unos días, “estoy en condiciones de asegurar que el tan manido “Pacto por la Educación”, en todo caso y si se da, va a consistir  en un simple MAQUILLAJE de la actual LOE-LOMCE.
Porque previo a un debate democrático e igualitario de tamaña envergadura, como mínimo, antes:
1-Habría que “denunciar y anular” los “Acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979”, para que la religión saliera de la escuela y del sistema educativo;
2-Decidir sobre cómo ir eliminando (poco a poco) los conciertos educativos – en especial con los centros ideológicos, para poder primar la enseñanza pública;
3-Llegar a un acuerdo de cómo no ingerir en la libertad de conciencia del alumnado, básicamente. También de la comunidad educativa. En cumplimiento de la Constitución y de la DUDH;
4-Decidir como “sortear” el Tratado de Lisboa, que impulsa abiertamente la mercantilización del Sistema;
5-Como abordar con rigor la formación, la profesión docente y su acceso
6-Como plantear una necesaria armonización del Sistema a nivel de todo el Estado y en el contexto europeo
7-Abordar toda la cuestión de la financiación. Porque sin ésta, es imposible plantear ciertas cuestiones.
8-Democratización: Como cumplir rigurosamente el 27.7 (control igualitario de la gestión por parte de TODA  la comunidad educativa)
9-Como desarrollar un Plan específico, para  el ámbito rural.
10-Como adaptar los proyectos de enseñanza-aprendizaje y el currículo a los contextos de diferencias sociales, intelectuales, multiculturales, etc.
Sin estas 10 premisas, llegar a un Pacto real de consenso, es imposible. Se tratará -en todo caso- de un MAQUILLAJE, para que todo siga parecido. O será un Pacto parcial, como los anteriores.
Y mientras tanto la ERA DIGITAL lo va  transformar todo, ya lo está transformando muy deprisa, incluidos los Sistemas Educativos, al uso. Tiempo al tiempo.
______________
Francisco Delgado | Fue miembro del Consejo Escolar del Estado, presidente de CEAPA, parlamentario, autor de varios libros sobre gestión y política educativa y, en la actualidad, Presidente de Europa Laica.

miércoles, 28 de septiembre de 2016

Méndez de Vigo se reúne con sindicatos estudiantes y asociaciones de padres y madres defendiendo la implantación de las reválidas y sin convocar en un año la mesa sectorial

EL DIARIO.ES: Méndez de Vigo va sin propuestas a las reuniones con la comunidad educativa para acordar un pacto

El ministro de Educación en funciones se presenta de vacío a los encuentros con AMPAS y sindicatos para negociar un Pacto por la Educación
Según sus interlocutores, el ministro dice querer escuchar aunque no da un paso atrás en las reválidas, cuya implantación aún no se puede asegurar
Este lunes ha sido el turno de CCOO y UGT. Ambos sindicatos consideran que Educación quiere dar "una imagen de más apertura al diálogo"

Íñigo Méndez de Vigo, el ministro encomendado a arreglar el escenario de enfrentamiento que dejó José Ignacio Wert antes de su marcha a París, está en estos días en plena ronda de contactos con la comunidad educativa. Por el Ministerio ya ha pasado la representación de padres y madres (CEAPA, CONCAPA) y este lunes ha arrancado con el encuentro con los sindicatos (CCOO, UGT, ANPE y CSIF). Mañana es el turno de los estudiantes. El objetivo: dar los primeros pasos para lograr un Pacto por la Educación.
A las reuniones, para sorpresa de los interlocutores, el ministro se ha presentado sin propuestas, pero con la bandera de su voluntad negociadora. Esta predisposición al diálogo –acotada por unas cuantas líneas rojas– llega tarde para las federaciones de Enseñanza de CCOO y UGT, que consideran que el objetivo del Gobierno es presentar "una imagen de más apertura" a la negociación.
Ambos sindicatos justifican que el momento actual "no es el más adecuado" y recuerdan que "nunca antes" habían contado con ellos cuando el Gobierno no estaba en funciones y "la capacidad para liderar un proceso de negociación con resultados era mayor".
Maribel Loranca, secretaria general de la Federación de Enseñanza de UGT, recuerda además que "la mesa sectorial se constituyó hace un año y nunca nos hemos reunido porque el ministro no la ha convocado". Desde CCOO, Francisco González afirma en la misma dirección que "la LOMCE, una ley aprobada sin consenso, no es el campo de juego de ningún acuerdo" y pide, además del fin de la ley, la reversión de todos los recortes en educación de los últimos años.

Las reválidas no se tocan

UGT, por su parte, ha puesto sin éxito una condición sobre la mesa para sentarse a negociar: la derogación del decreto que regula las reválidas. Pero en este punto no hay vuelta atrás, según el ministro, porque "el calendario de la LOMCE tenía ya su calendario de implantación fijado". El fin de la reforma educativa del PP tampoco es viable, al menos hasta "que haya otra ley que la sustituya", sin dar más detalles.
La posición activa del ministro solo se ha concretado en un momento, cuando ha propuesto que sea el Consejo Escolar del Estado el que asuma como institución la puesta en marcha del pacto educativo. Esta idea ha sido rechazada por CCOO por considerar que en este órgano tiene mayoría "la Administración de turno" y ello "desnaturaliza la representatividad de la comunidad educativa".
El Consejo Escolar del Estado se encuentra en estos momentos sin posibilidad de maniobra: no tiene presidente, ni vicepresidenta ni secretario y, por tanto, no puede convocar a la comisión permanente ni al pleno. Este es el motivo por el que el proceso de implantación de las reválidas está estancado. Se requiere del visto bueno del Consejo para la aprobación de la orden ministerial que regula el diseño de las pruebas.
Ahora, la Abogacía General del Estado está estudiando, por encargo del Ministerio, cómo permitir que el Gobierno complete el procedimiento con éxito en estas circunstancias. Al estar en funciones, el Ejecutivo no puede nombrar a un nuevo presidente del Consejo.

Los estudiantes, todos juntos

Las asociaciones de estudiantes pasarán por el Ministerio este martes y lo harán todas juntas, algo que ha molestado a CANAE. "Si el resto de partes de la comunidad educativa se han ido reuniendo individualmente con el ministro, no entiendo por qué los estudiantes. No puedo entender, si quieren un pacto educativo, que empiecen tratando de diferente forma a los diferentes sectores", se queja Carles López, presidente de la asociación.
Desde CANAE recuerdan al Gobierno que ha sido "el primero que no se ha reunido durante la legislatura con las asociaciones de estudiantes, una a una". "Ahora, esta voluntad de pacto, estando en funciones, no terminamos de encajarla. Si el ministro hubiera querido un verdadero pacto, podría haber empezado cuando llegó", concluye. 

sábado, 11 de enero de 2014

Wert recorta casi un 40% más las becas de libros. Padres y estudiantes exigen libros de texto gratis

elboletin.comWert vuelve a meter la ‘tijera’ y recorta casi un 40% las ayudas para libros de texto

El Gobierno dará este año 20 millones de euros a las autonomías para las becas de libros de texto y materiales didácticos, 12 menos que en 2013.

José Ignacio Wert ha decidido empezar 2014 con un nuevo recorte. El Ministerio de Educación ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una disposición sobre el reparto entre comunidades autónomas de la aportación del Gobierno a las ayudas de libros de texto y materiales didácticos. Este año el Ejecutivo destinará 20 millones de euros a este capitulo, 12 menos que en 2013, lo que supone un recorte del 37,5%.

Según la disposición publicada en el BOE, 1.440.390 euros irán directamente a los centros gestionados por el Ministerio que dirige Wert en Ceuta y Melilla, mientras que el resto, 18.559.610 euros, se repartirá entre las autonomías atendiendo a dos criterios: la tasa de riesgo de pobreza que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el número de alumnos matriculados en enseñanzas obligatorias.

De esta forma Andalucía recibirá 5,49 millones, frente a los 9 del año pasado, y Cataluña contará con 2,3 millones del Estado para estas ayudas cuando en 2013 obtuvo 3,6 millones. Por su parte, Madrid cierra el ‘podio’ de las regiones a las que más dinero enviará Educación para estas becas, al recibir 1,86 millones (en la última convocatoria la subvención otorgada para esta autonomía fue de 2,75 millones).

Esta decisión llega apenas unos días después de conocerse que habrá que modificar cientos de libros de texto ante los cambios curriculares que plantea la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), una medida que criticaron padres y estudiantes, que consideran que con ella Wert quiere favorecer el negocio de las editoriales.

Estos colectivos aseguraron que al ministro no le importa la situación de las familias, que verán incrementado su gasto de cara al curso que viene. El año pasado, según un estudio del Defensor del Pueblo, cerca de un millón de estudiantes perdieron las becas de libros debido a los recortes del PP.



lainformacion.comPadres y alumnos piden libros de texto gratis frente a los "recortes" de las ayudas

Varias asociaciones de padres y estudiantes han abogado hoy por la gratuidad de los libros de texto frente a la disminución en cerca de un 40 por ciento de las ayudas para dicho material escolar que el Ministerio de Educación distribuye entre las comunidades autónomas.

(EFE).- Varias asociaciones de padres y estudiantes han abogado hoy por la gratuidad de los libros de texto frente a la disminución en cerca de un 40 por ciento de las ayudas para dicho material escolar que el Ministerio de Educación distribuye entre las comunidades autónomas.

En declaraciones a Efe, representantes de familias y alumnos han criticado que Educación dedique 18,5 millones de euros al Programa de 2013 para la financiación de los libros de texto y material didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza, cuando en 2012 dicha cifra ascendió a 30,7 millones de euros.

El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Jesús María Sánchez, ha señalado que si el año anterior cerca de 600.000 alumnos se quedaron sin ayudas para libros de texto, ahora, con el "recorte" en el dinero que da el Ministerio a las autonomías, esa cifra "aumentará".

"Nos tememos que va haber más familias que no van a poder comprar libros", ha destacado.

Similar opinión tiene la Confederación Nacional de Padres Católicos de Alumnos (Concapa), que frente a la citada reducción en la financiación de libros de texto y material didáctico ha pedido al Gobierno que ayude "verdaderamente" a las familias en la adquisición de estos materiales.

En una nota, la Concapa se ha mostrado a favor de que los libros de texto sean gratis ya que suponen un "coste irracionalmente elevado", especialmente en estos momentos difíciles para muchas familias.

Para Fidel González, presidente de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), la reducción en las ayudas a libros de texto supone "otra incongruencia" de las políticas educativas del departamento que dirige José Ignacio Wert.

Ha rechazado que se "recorten" las ayudas para libros "casi a la mitad" cuando la situación de las familias sigue este curso "igual de mal" que en anteriores, y ello provocará también "un recorte en la igualdad de oportunidades de los estudiantes".

La secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, también ha apuntado a que menos ayudas para libros significa "desigualdad de oportunidades".

"Tener libros de texto gratis debería es un derecho del ciudadano", ha añadido García, además de recordar que la propia Soledad Becerril, defensora del pueblo, ha abogado en un informe por los sistemas de préstamo y reutilización de los libros de texto en las enseñanzas obligatorias.

Según la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el importe para el desarrollo del programa para la financiación de los libros de texto y material didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza en 2013 asciende a 18.559.610 euros.

Dicho importe supone alrededor de un 40 % menos que el dedicado al programa en 2012, cuando fue de 30.705.665 euros.

Educación señala en el BOE que este programa de ayudas "trata de favorecer los principios de equidad e igualdad para compensar las situaciones socioeconómicas más desfavorables".

El crédito concedido se destinará necesariamente a la adquisición de libros de texto y material didáctico en los cursos de Educación primaria y de Educación secundaria obligatoria hasta el 31 de diciembre de 2014.

El siguiente cuadro refleja la distribución de dinero por comunidades en 2013 y 2012, así como su diferencia porcentual:

CCAA 2013 2012 %

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Andalucía 5.493.191 9.096.265 -39,6

Aragón 377.561 539.512 -30,0

Asturias 140.830 308.947 -54,4

Baleares 366.549 712.666 -48,5

Canarias 1.337.189 2.156.763 -38,0

Cantabria 192.224 280.234 -31,4

Castilla y León 925.977 1.496.293 -38,1

Castilla-La Mancha 1.294.402 1.919.217 -32,5

Cataluña 2.304.107 3.653.406 -36,9

C. Valenciana 1.745.147 3.199.707 -45,4

Extremadura 669.966 1.421.571 -52,8

Galicia 770.890 1.201.515 -35,8

Madrid 1.864.878 2.757.275 -32,3

Murcia 832.947 1.611.145 -48,3

Navarra 104.608 150.671 -30,5

La Rioja 139.144 200.478 -30,5

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TOTAL 18.559.610 30.705.665 -39,5. EFE

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