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A Cidespu nos han llegado quejas de la situación en los IES de Móstoles, hemos realizado un estudio y preguntado a numerosas familias y AMPAS y hemos recogido las deficiencias que se están dando.
Le hemos trasladado al Consejero de Educación , Enrique Ossorio, esta carta, que difundimos también en los medios
Un saludo
Ciudadan@s en defensa de la Escuela Pública de Móstoles
Sindicatos y comunidad educativa denuncian que "apenas se ha avanzado" para cerrar la brecha digital y mejorar la conectividad de las escuelas, mientras Google y Microsoft ganan la batalla por el software educativo ante la ausencia de una alternativa nacional fiable
El siguiente punto del programa incluye la formación del profesorado en técnicas de educación digital, por el momento sin fecha. Por último, 'Educa en Digital' pretende el "desarrollo de técnicas y plataformas de inteligencia artificial para mejorar la gestión en el ámbito educativo" ("este desarrollo permitirá establecer itinerarios personalizados para los alumnos, un seguimiento más efectivo de sus progresos y un análisis individualizado de su evolución por parte del cuerpo docente", especifica el Ejecutivo).
Paralelamente, el programa 'Escuelas conectadas' está trabajando con siete comunidades autónomas para mejorar la conexión de los centros. Los dos programas tienen un techo de gasto de unos 600 millones de euros, de los que la mayor parte está financiada con fondos europeos. El resto se lo reparten entre el Ejecutivo central y las comunidades.
Medio millón de euros para un prototipo de plataforma educativa libre
La opción alternativa al uso de las herramientas de las multinacionales digitales en la escuela pública española es el software libre, que permite una mayor transparencia y control sobre lo que ocurre con los datos de los menores. La mayoría de las comunidades cuentan con plataformas de este tipo, con diferentes niveles de desarrollo. No obstante, varias fuentes explican a elDiario.es que casi todas ellas son una evolución de los portales para la gestión de centros educativos (consulta de notas o temario) y están pensadas para una comunicación de arriba a abajo con las familias, no para una interacción diaria y fluida entre los profesores y los alumnos.
"Son parches que casi siempre funcionan mal y que se convierten en un problema más sobre los hombros de los profesores y de los directores de los centros, que bastante tienen con lo que tienen", lamenta Simona Levi, portavoz del grupo hacktivista Xnet. "Son seudo-alternativas que, si los centros no están muy concienciados con la importancia de utilizar herramientas digitales libres, lo normal es que les sobrepase. Y aunque lo estén, muchas veces aún así lo hace", opina.
Este grupo, muy activo en la defensa de los derechos digitales en España y Bruselas, se alió con un grupo de familias catalanas que no deseaban que sus hijos utilizaran las herramientas de Google en la escuela para diseñar una alternativa. Lo denominó 'Plan de digitalización democrática de los centros educativos' y se lo presentó a la Generalitat, con quien llegó a un acuerdo en junio. Consiste en un manual para crear una suite educativa desde cero para competir con las de Google y Microsoft, basada en las herramientas de código libre que ya existen y recurriendo solo a servidores seguros. Requiere una inversión inicial de unos 500.000 euros. "Serviría como un prototipo nacional y cada comunidad podría aportar una parte. Nosotros no nos llevamos nada, claro", aclara la activista.
Aunque estén basados en software libre, muchas veces estas plataformas terminan siendo jardines cerrados que provocan que los profesores pierdan los nervios y pidan que les dejen utilizar Google o Microsoft a toda costa
Se trata de la primera iniciativa para crear una plataforma educativa de software libre a nivel nacional y varias comunidades se han interesado por la iniciativa. La Comunitat Valenciana (una de las más avanzadas), Madrid, Catalunya, Galicia, Andalucía o Extremadura tienen experiencias propias, con aulas virtuales basadas en Moodle como desarrollo base, al que cada comunidad ha ido sumando más herramientas y funcionalidades por su cuenta. Así, mientras que la Comunidad de Madrid integró recientemente las vídeo-llamadas con el software libre de Jitsi, la Valenciana optó por contratar el servicio a Cisco Webex.
"Aunque estén basadas en software libre, muchas veces estas plataformas terminan siendo jardines cerrados que provocan que los profesores pierdan los nervios y pidan que les dejen utilizar Google o Microsoft a toda costa. La clave no es inventar nada nuevo, sino utilizar lo que ya existe, adaptado para competir en igualdad de condiciones con Google", afirma Levi.
"Cuando trabajas con alumnos, lo importante es que las cosas funcionen"
Mientras el coronavirus constata el suspenso en digitalización de la escuela pública española, las multinacionales digitales ganan terreno como elementos vehiculares para el aprendizaje de los alumnos. Google expone a elDiario.es que ha llegado a acuerdos con Murcia, Catalunya, Navarra, Canarias, Extremadura, Baleares, País Vasco para que sus centros educativos implanten sus servicios, y está en negociaciones con otras dos comunidades. Microsoft hizo lo propio con Castilla y León, mientras que otras como Cantabria o Asturias incluyen sus herramientas entre las instrucciones de inicio de curso para sus docentes.
En Madrid, la Consejería de Educación ha puesto en suspenso el uso de estas herramientas mientras se aclara su nuevo encaje en la protección de datos. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de julio puso en duda su legalidad, aunque Google y Microsoft defienden que siguen siendo perfectamente válidas. Mientras, los directores de los institutos presionan a la Consejería para que les permita utilizar las herramientas de Google en este curso que acumula más dificultades que nunca. "Tenemos la sensación de que no nos están dejando trabajar", denuncian.
Mientras, Google promociona sus servicios entre los centros educativos de toda España. Este miércoles organiza un acto en un instituto de Navarra, una comunidad en proceso de googleficar su educación pública completamente (30.000 estudiantes navarros disponen de un Chromebook, el ordenador portátil de la multinacional, como plataforma básica de trabajo y usan todas sus herramientas en su día a día).
"Lo más importante cuando estás trabajando con alumnos de un colegio o instituto es que las cosas funcionen. Un centro educativo no puede permitirse perder tiempo en estar arreglando cosas que no funcionen correctamente. Eso es justo lo que te aporta Google", explica a elDiario.es Curro Chust, profesor de tecnologías educativas y coordinador TIC del instituto público Julio Caro Baroja de Pamplona, que la multinacional americana ha elegido para poner de ejemplo de sus servicios.
El Julio Caro Baroja es un instituto con 600 alumnos de 50 nacionalidades diferentes, "al que acuden los menores de las familias provenientes de algunas de las zonas más desfavorecidas de Pamplona", expone Chust. En 2017 empezó a usar los Chromebooks y las herramientas de Google y la experiencia fue todo un éxito, hasta el punto de que el modelo ha sido adaptado a toda la comunidad. "Solo hay dos personas que hacen de administradores del sistema en toda Navarra. Solo dos, a tiempo parcial. Y les da igual administrar 30 equipos que 30.000, que son los que tienen ahora mismo. En un par de meses, cada alumno de secundaria tendrá su propio ordenador [Chromebook], que deben devolver al final de la etapa educativa", detalla.
"La clave del sistema es que es sencillo. Arrancar una clase con 12 ordenadores con Windows teniendo 30 alumnos, cuando solo en arrancarlos se tardan 15 minutos... los centros no pueden perder el tiempo. Si eso pasa, lo que ocurre es que al final la tecnología se queda aparcada", continúa el docente, que también es consciente de que las herramientas de la multinacional conllevan otro tipo de riesgos: "Google dice que no utiliza para publicidad los datos de los alumnos y que los destruye cuando acaban el instituto, pero eso es algo en lo que no te queda otra que fiarte de su palabra".
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
"Estamos solos", describe el presidente de la asociación de directivos la gestión educativa de la Comunidad, que lamenta que se impongan medidas sin consultar y que no hayan llegado los 70.000 ordenadores prometidos
30 de septiembre de 2020
"Estamos solos". Esteban Álvarez, presidente de Adimad, la asociación de directores de instituto de Madrid, ha cargado duramente este miércoles contra la gestión educativa de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y ha dibujado un panorama preocupante –según su descripción– en los centros, que se sienten abandonados por una Consejería que nunca les ha consultado para tomar medidas sino que las ha impuesto, que no está al otro lado del teléfono cuando hace falta, donde los protocolos cambian y no responden a las necesidades de los centros y no llegan los medios tecnológicos ni sanitarios prometidos ni se sustituyen las bajas de profesores, según ha denunciado.
Álvarez ha desglosado una serie de problemas acuciantes que sufren a diario para los que no encuentran solución. El quizá más grave, ha explicado, es que cada instituto está teniendo de media 4-5 profesores de baja por COVID cada día que no se sustituyen (sean positivos o sospechosos de serlo, mientras esperan el resultado de las PCR), a los que hay que sumar las bajas habituales por otras razones, que en otoño suelen ser relativamente altas. "Esto iba a requerir una agilidad en las sustituciones tremenda, había que tenerlo muy preparado. No es fácil conseguir profesores para tantos centros", admite Álvarez. "Había que priorizar para que no se pierdan más horas lectivas". No se hizo.
A estas bajas y los problemas académicos que conlleva la falta de docentes se suman las de los alumnos, otras tres o cuatro al día, que conforman un problema sanitario en los centros. "Esto implica un número de casos al día que obliga a ese miembro del equipo directivo nombrado como responsable COVID a estar todo el día no haciendo su función principal, sino a ejercer prácticamente de rastreador", explica Esteban. Sin embargo, estas bajas no se traducen en cierres de aulas porque el protocolo no lo contempla así: como en Secundaria no hay "grupos estables de convivencia" y los alumnos tienen que llevar mascarilla, no se consideran contacto estrecho de un posible caso positivo.
El problema se agrava, ha explicado Álvarez, con una Consejería de Educación ausente. "Queremos que el contacto con la Dirección General de Salud Pública funcione", ha pedido en alusión a esa línea telefónica a la que deben llamar los colegios pero que comunica sin parar porque cuenta con tres profesionales para atender a más de 4.000 centros. "Necesitamos una respuesta en tiempo y forma a los problemas de los centros, que son muchos. Y no nos vale personal administrativo, necesitamos personal sanitario", ha añadido.
La contratación de este personal sanitario para los centros (solo han llegado 30 de las 300 enfermeras previstas) y que les permitan utilizar las plataformas tecnológicas que consideren (la Comunidad de Madrid ha vetado el uso de las herramientas de Google en los centros públicos) son otras de las reivindicaciones de Adimad. "Tenemos la sensación, con casos como estos, de que no nos están dejando trabajar", lamenta Álvarez.
Adimad sostiene que la Comunidad tampoco ha distribuido los medios que había prometido, a excepción del profesorado (aunque este llegara a última hora). "A nivel académico se ha establecido la semipresencialidad a partir de 3º de la ESO, lo que requiere una serie de medios que no disponen los centros. Se habló de 70.000 dispositivos y 6.000 cámaras. No han llegado ni uno. Se habló de la mejora de las redes de los centros. No se ha producido. Estamos compitiendo entre nosotros por los geles, las alfombrillas sanitarias, teniendo que ir a polígonos a comprarlas", ha descrito.
La falta de medios informáticos está afectando a la docencia, que se estableció semipresencial a partir de 3º de Secundaria. "Estamos teniendo los mismos problemas que en junio, pero con un problema añadido: hay que atender a los alumnos en casa y clase. No hay instalación ni medios para mantener la actividad lectiva con los alumnos en el aula y su casa. No hay redes e infraestructuras. Estamos prestando nuestro material informático [de los centros], pero como tenemos alumnos en el instituto también los necesitamos nosotros", explica el representante de los directores madrileños.
Álvarez ha dibujado un panorama en el que la Consejería va a la suya desde la primavera, sin consultar las medidas con los afectados, como se ha hecho en regiones como la Comunidad Valenciana, y que va cambiando de opinión según van pasando los días. En el que todo llega tarde y mal. Una consejería que en primavera les comunicó (no negoció) unos criterios para la vuelta al cole, que el 28 de agosto cambió los escenarios para crear otro nuevo, echando por tierra el trabajo en los centros de todo el verano, y que este cambio de criterio viniera sin aviso ni agradecimiento. "La sorpresa fue –además del cambio en sí– que nos dijeran que no había cambios, que estaba previsto así. Habría sido de agradecer, a la vista del trabajo que hicimos, que reconocieran al menos un cambio de opinión", ha valorado Álvarez.
El presidente de Adimad ha cerrado realizando una llamada a la responsabilidad de cada uno: "Exigimos que todas las medidas se pongan en marcha de forma inmediata y que cada uno asuma la responsabilidad y las consecuencias de las medidas adoptadas, lo que suele ocurrir pocas veces", ha afirmado Álvarez, aunque también ha matizado que no les corresponde a ellos pedir la dimisión de nadie. "Hace unos días el consejero nos envió una carta agradeciéndonos nuestro trabajo y colaboración. Nosotros lamentamos mucho no tener nada que agradecer", ha cerrado.
NO A LOS RECORTES, NO A LA REDUCCIÓN DE PLAZAS ESCOLARES PÚBLICAS,
EL DINERO PÚBLICO TIENE QUE FINANCIAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
Los colectivos que suscriben este documento marcan unas líneas rojas respecto a la vuelta a las aulas:
El regreso a las aulas debe producirse en condiciones de salud y seguridad para toda la Comunidad Educativa.
Es imprescindible aumentar el cupo de los centros educativos públicos, lo que implica más contratación de profesorado. Aumentar la contratación de trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza pública y además la contratación del resto de perfiles profesionales (Personal de Administración y Servicios, personal de limpieza, técnicos especialistas III...) y diversificar los perfiles para la atención a la diversidad, incluyendo personal sanitario suficiente para todos los centros educativos.
No puede haber una vuelta a las aulas sin las condiciones dignas para las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza.
Disminuir las ratios, y que se establezca una ratio máxima de 15 alumn@s, que deberá ser menor si incumple la distancia de seguridad. Reducción proporcional en el primer ciclo de Educación Infantil sobre las ratios actuales.
Aumentar los espacios y plazas públicas: proveer de todas las plazas públicas necesarias sin que se cierre ningún aula pública, construyendo nuevos centros públicos y recuperando los centros públicos cerrados y vacíos.
Disminución de los períodos lectivos del profesorado, no superando los 18 períodos en todas las etapas, lo que no afecta al horario del alumnado, para mejorar la calidad de la enseñanza.
Sustitución de las bajas de manera inmediata durante la enseñanza presencial y no presencial.
Garantizar la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y con necesidad de compensación educativa, teniendo en cuenta la especificidad de su atención educativa y emocional, tanto en los apoyos que se realizan dentro como fuera de las aulas.
Adaptar los contenidos y objetivos curriculares.
La vuelta a las aulas requerirá de una estrategia pedagógica y emocional con apoyo económico, que recupere al alumnado que ha sido abandonado por las instituciones aumentando la brecha social.
La Consejería ha de articular medidas para evitar que el alumnado tenga que prescindir de tener un docente de referencia o de sus especialistas. Asimismo, tendrá que proporcionar al alumnado, a las familias y al profesorado materiales, herramientas, recursos y la formación necesaria.
La Consejería de Educación tiene que financiar los gastos derivados del teletrabajo a las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza pública. De igual forma debe financiar los gastos ocasionados de la educación a distancia a las familias.
El calendario escolar no debe ser modificado en ningún caso.
En ningún caso se limitará la participación y la democracia en los centros educativos públicos.
La Junta Directiva de la Asociación de Directores de Instituto de la Comunidad de Madrid, ahora que ya parece verse el final de este oscuro túnel por el que hemos transitado, sin menoscabo de que algo así pudiese repetirse, o quizás por ello, nos vemos en la necesidad de realizar una reflexión, sin demasiadas esperanzas de que sirva para algo, salvo para poner de manifiesto la realidad de lo que se ha vivido en los centros de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid.
La suspensión de la enseñanza presencial y su sustitución por la enseñanza telemática supuso un cambio brusco en la mayoría de los centros: en menos de una semana todo el sistema se preparó y se puso en marcha para dar servicio. Todo ello sin tener, en muchos casos, la formación suficiente, experiencia previa de algo parecido y en la mayoría de los casos con los recursos personales de cada uno.
Además de intentar conseguir los equipos para todo el alumnado y las correspondientes conexiones, para nosotros era urgente poder “continuar con los procesos de enseñanza”. Esto ha supuesto, no solo un gran trabajo de organización, sino también de resolución de infinidad de incidencias técnicas.
En un principio nos lanzaron al vacío con una Instrucción que en la que se indicaba que podíamos utilizar todo (y en ese todo había incluso herramientas como WhatsApp). Descartadas por inútiles e inservibles las herramientas proporcionadas por la Comunidad de Madrid (EducaMadrid), colapsadas desde el primer minuto, cada cual intentó buscar una salida. Muchos optaron por las herramientas de Google, que por su potencia y sencillez les ha permitido mantener el trabajo con su alumnado.
Hasta la semana pasada estuvimos recibiendo normativa diversa que ha ido cambiando la organización que teníamos implantada, limitando incluso el uso de herramientas tales como formularios, o redireccionamiento de correos, entre otras. Da la impresión de que poco a poco se han ido asustando con asuntos relacionados con la Protección de Datos, y nada mejor que compartir el temor transmitiéndolo a los directivos de los centros, a la vez que eluden su responsabilidad. Si hay problemas de esa índole, y no lo ponemos en duda, su trabajo es solucionarlos y no trasladarlos a quienes se encargan de la enseñanza al alumnado. Dado que GSuite es la herramienta más usada por los centros por su carácter gratuito y su solvencia, al pedir explicaciones a las personas responsables de Protección de Datos en la Comunidad de Madrid, sobre la posibilidad de usar GSuite, la respuesta ha sido un rotundo no: no se puede usar como herramienta administrativa y por supuesto tampoco para la evaluación a través de classroom. Tenemos que usar única y exclusivamente las herramientas que pone a disposición la Comunidad (oferta que se ha visto ampliada con Microsoft) y nada más. Funcionen o no.
Lo que resulta inexplicable es entonces ¿para qué nos sirve la formación en GSuite impartida por la propia Comunidad de Madrid?, ¿o por qué aparece esta herramienta en sus páginas institucionales?
Nos consta que otras Comunidades tienen implementados estos sistemas a entera satisfacción de los usuarios, por ejemplo la Comunidad Foral de Navarra (según nos corroboran nuestros compañeros en FEDADi de la Asociación de Directores de Navarra), por lo que resulta difícil entender lo que se nos niega. Como resulta difícil entender que centros de titularidad no pública de Madrid lo estén utilizan en sus actividades lectivas sin mayor problema ni con la Consejería ni con la Delegación de Protección de Datos. O que la misma Universidad Carlos III lo emplee en su trabajo docente también sin problemas. Bien es cierto que la Comunidad de Madrid, desde que asumió las competencias, se ha caracterizado por un chauvinismo casi patológico: solo había que utilizar sus herramientas, dado que eran las mejores, independientemente de que funcionasen (normalmente mal) o que no funcionasen. La introducción de nuevas herramientas ha conllevado año tras año, y conlleva, un sufrimiento estéril e inútil de los usuarios: nosotros. Hace años acuñamos la expresión “sadismo institucional” para definir esta situación de hacernos utilizar herramientas para la gestión que, simplemente, no funcionaban con un mínimo de solvencia. Lamentablemente la situación no ha cambiado.
Nuevamente los servicios administrativos se han erigido en protagonistas de algo en que no lo son: la educación del alumnado. Se pervierte claramente su función de apoyar a los centros, que es donde se llevan a cabo los procesos educativos, al hacer que los centros les sirvan a ellos.
Desde el plano educativo, resulta enormemente difícil que en los centros escolares el repositorio propuesto por la consejería esté a la altura de las herramientas digitales de hecho más utilizadas por las instituciones educativas más avanzadas.
Desde los lineamientos que da la propia Unión Europea en su propuesta de Organizaciones Educativas Digitalmente competentes, se deja claro la necesidad de que tanto docentes como alumnos cuenten con las competencias digitales necesarias. Es evidente en los próximos años se generarán nuevas brechas digitales entre aquellos centros que faciliten recursos (tanto de hardware como de software) de calidad a docentes y a alumnos, y aquellos que lo hagan con recursos más deficientes o desactualizados, como sería el caso de los centros públicos con la política actual de la Consejería.
Desde el plano legal no vemos impedimento en utilizar estas tecnologías en su dimensión pedagógica. Creemos que lo necesario es que desde las autoridades administrativas se faciliten las herramientas y recursos para realizar análisis de riesgo ágiles y rigurosos y un despliegue de medidas de seguridad adaptadas a los riesgos identificados. En este sentido, en los comunicados a los que hemos tenido acceso de la Delegación de Protección de Datos de Madrid entendemos que no se prohíbe el uso de tecnologías distintas a las de Educamadrid. Este es el caso del Informe de la Delegación de Protección de Datos de 13 de abril de 2020, sobre La protección de datos en el uso de aplicaciones y plataformas corporativas y ajenas para el teletrabajo en el ejercicio de la función educativa. En caso de que el centro lo considere necesario por no encontrar una tecnología del catálogo de EducaMadrid deberá:
Realizar un análisis de riesgos
Proponer las medidas de seguridad de carácter técnico, organizativo y legal
Aplicar los principios de proporcionalidad y privacidad desde el diseño y por defecto
Recabar el consentimiento de las familias para garantizar que cuenta con suficiente base legitimadora.
Si hay problemas con Protección de Datos, soluciónenlos, que para eso están, y dejen de actuar de manera que, en los centros, los Directores tengamos que sentir siempre que está sobre nosotros una espada de Damocles por estar ofreciendo un servicio útil a nuestros alumnos/as, y que en la Comunidad de Madrid son incapaces de ofrecer.
Por ello, y sobre todo considerando la posibilidad que el curso próximo nos veamos desgraciadamente abocados a repetir situaciones ya conocidas u otras en las que la atención al alumnado no sea solamente presencial, además de para poder terminar el presente curso con la dignidad necesaria, consideramos que deberían abordarse de manera inmediata las siguientes cuestiones:
- La asunción, por parte de la Consejería de Educación, de las graves deficiencias de las herramientas que proporciona y, consecuentemente, cese en su afán de elaborar nuevas herramientas y establezca convenios con las ya existentes, suficientemente probadas y verificadas, y que siempre les van a resultar inalcanzables en su diseño y prestaciones. De esta forma sería posible materializar una Plataforma garantizada y útil. Resulta penoso que la gestión de ICM se encuentre no sólo sometida a un proceso judicial, sino en el estado lamentable en que está en la actualidad.
- Potenciar la autonomía de los centros, no solo cuando la Administración se encuentra en un callejón sin salida, sino de forma usual en la organización del centro.
- La firma de un convenio con Google (y con cuantas plataformas sean de uso común) para poder usarlas y que los directores no estemos temerosos porque parece que estamos en un marco legal no seguro. Queremos que se firme lo mismo que se ha firmado con Microsoft para poder usar las herramientas de dicha compañía (mucho más adaptadas a las necesidades de la docencia). La no firma de este convenio, nos obligaría a no poder seguir usando la Gsuite, toda vez que ante cualquier reclamación puede exigírsenos responsabilidades como responsables del centro.
Es en estos momentos, especialmente, cuando los Equipos Directivos y los docentes necesitamos y, probablemente merezcamos, un mayor apoyo y comprensión a la trayectoria de trabajo de los centros; y si un recurso se está utilizando por una gran cantidad de centros docentes, y se está demostrando que es útil (además de gratuito), entendemos que debería ser la propia Consejería quién debería ayudarnos a que se puedan utilizar con la máxima seguridad. Lo que no parece ser el caso.
Afortunadamente, tenemos la constancia de que nuestro alumnado y sus familias sí que han reconocido y agradecido el trabajo realizado.
En la situación actual, volver a clase antes de septiembre parece casi irresponsable. Antes de hablar de esto, podrían aprovecharse los siguientes cuatro meses para acometer algunas actuaciones importantes ligadas a las infraestructuras escolares, a la higiene y limpieza de los centros, a la contratación de personal de enfermería o a la dotación, real, de equipos y herramientas informáticas para el alumnado y el profesorado.
06/05/2020
Empezamos mayo y los diferentes territorios tienen situaciones muy dispares, lo que lleva a constatar que lo que se ha venido en llamar “desescalada” será desigual entre ellos. Y si, hasta la fecha, el confinamiento ha convivido con debates sobre lo que habría de hacerse -en un país donde todo el mundo parece ser experto en epidemias-, ahora parece que se inicia una carrera para ver quién llega antes a la vida «normalizada».
Pues bien, me parece que no toca seguir jugando a adivinar el futuro, ni a que las comunidades autónomas tomen decisiones arriesgadas con la esperanza de ser las primeras y cruzar los dedos para tener suerte y acertar. Por eso, mi intención es hacer propuestas sólo sobre las certezas que tenemos a día de hoy y centrarme en aquellas cuestiones sobre las que las consejerías de Educación son competentes para actuar.
1. No se podrá volver a las aulas hasta septiembre. Es más, no se debe volver.
La estrategia que se ha dado a conocer así lo indica y, a mi juicio, es correcto. Eso no quita para que territorios donde lleven más de dos semanas sin un contagio, cuando estén en la fase donde se ha previsto que sea posible, puedan ir abriéndolos en los casos excepcionales indicados, pero la inmensa mayoría de los territorios no están en esa situación y algunos se encuentran muy lejos de ella.
Para volver a abrir los centros educativos para toda la población escolar, se deberían tomar estrictas medidas para garantizar que no se convertirán en focos de contagio. Y para ello, si hacemos caso de las medidas establecidas que son comunes para la mayoría de escenarios, entre otras cosas se necesitaría una separación de, al menos, dos metros entre cada alumno o alumna y con sus docentes. Es decir, que las ratios deberían bajarse desde el primer momento, al menos, al 50%. Alguna presidencia de comunidad autónoma dijo que lo haría y, cuando alguien le debió explicar que es imposible, lo dejó de repetir.
Y, ¿por qué es imposible? Porque eso nos obligaría a satisfacer previamente dos necesidades que no podrán ser cubiertas.
La primera, la contratación de un número de docentes que haría casi duplicar las plantillas actuales. Si las ratios bajaran a la mitad, debería hacerse; no hay otra forma. Y estoy dispuesto incluso a creer que tendrían la voluntad de hacerlo los titulares de la consejerías con competencias en Educación -aunque los recortes continuados en muchas comunidades autónomas no permitan ni imaginarlo-, pero como el dinero no es ilimitado, estoy seguro de que los responsables de las haciendas autonómicas no podrían permitirlo. Por supuesto que es necesario aumentar las plantillas y realizar todos los desdobles posibles, pero duplicarlas de un año para otro no es posible.
Incluso, haciendo un gran esfuerzo imaginativo, estoy dispuesto a pensar que en este contexto tan excepcional aprobarían presupuestos extraordinarios que lo permitieran. Sin embargo, sólo la dotación económica no lo haría viable porque faltaría solucionar la segunda cuestión: ¿cómo podríamos tener de repente el doble de aulas sin reducir a la mitad los espacios de las existentes? No hay duda, no podemos. Es imposible que alguien piense en construir en cuatro meses tantas aulas como ahora tenemos. Y tampoco sería una solución establecer dos turnos en los centros, porque además de impedir en ellos otras actividades no lectivas que serán necesarias, no serviría para que conciliaran todas las familias con el mundo laboral -verdadera preocupación de quienes quieren empezar las clases con todo el alumnado cuanto antes- y, además, la medida sería cuestionada por quienes sostienen -no entro en este debate ahora-, que las tardes no son buenas para enseñar.
Así que, volver todo el alumnado ahora a las aulas y, a la vez, mantener las medidas de distanciamiento físico, es sencillamente imposible. Y hacerlo sin guardar esas distancias sería un suicidio colectivo.
Propuesta: dejen de imaginar que es posible volver a los centros antes de septiembre y sométanse a la realidad.
2. Una parte del alumnado y de los docentes ha sufrido la pérdida de algún familiar o amistad, y de alguna puede que se enteren el día que vuelvan a las aulas. Lo primero que habrá de hacerse cuando se vuelva a las aulas no será aplicar aquello de «como decíamos ayer» y continuar con las clases como si no hubiera pasado algo demoledor. La actividad curricular será posible acometerla sólo cuando antes se haya gestionado bien el estado emocional del grupo y, en donde sea preciso, se haya gestionado correctamente el duelo de algún integrante o de todo el colectivo.
No sólo habrá que dar salida a la necesidad de contar lo sufrido en el territorio familiar o de amistad, sino que habrá alumnado y docentes que no volverán a las aulas más, y eso se conocerá el día que se regrese a ellas. El impacto emocional en las personas y en los grupos afectados habrá que gestionarlo sobre la marcha y no será fácil ni rápido. Y si tratara de obviarse, como se ha hecho en demasiadas ocasiones durante la anterior «normalidad», la gestión del grupo podría dificultarse hasta límites insospechados.
Propuesta: contraten los recursos humanos especializados necesarios para atender esta necesidad y hagan que estén en los centros desde el mismo instante en el que se empiecen a incorporar alumnado y docentes, y pongan estrategias en marcha para aplicarlas y perfeccionarlas antes de que en septiembre llegue todo el alumnado.
3. Garantizar que los centros educativos no se conviertan en focos de contagio exigirá que estos tengan los recursos humanos necesarios para evitarlo. En septiembre el coronavirus no habrá desaparecido. Es más, parece que podemos tener un nuevo brote hacia octubre. Y habrá que tener un control sanitario muy constante de la población escolar para frenar en seco cualquier punto de nuevo contagio en los centros educativos, hasta que, al menos, tengamos una vacuna efectiva o medicamentos que eliminen el coronavirus de cualquier cuerpo infectado.
Ante la imposibilidad de mantener medidas de distanciamiento físico, se deberán tomar otras. No parece muy eficaz, ni viable, que el alumnado lleve guantes y mascarillas diariamente y durante tantas horas como permanezcan en los centros, por lo que la apuesta parece más sensata hacerla por medidas de control de temperatura corporal y de observancia de síntomas. Y antes de que alguna mente privilegiada piense en encargar todo ello a los docentes, dejaré claro que, en mi opinión, no debe ni pensarse. Seguro que todo el mundo estará pendiente de los síntomas que otros puedan experimentar, pero el control de la temperatura y la observancia profesional de estos síntomas deberá hacerse por personal cualificado para ello. En algunos centros habrá, pero serán muy pocos.
No debe obviarse que, si se detectan rápidamente menores contagiados, desde los centros se podrá informar con celeridad para que las autoridades sanitarias actúen y acoten con prontitud cualquier nuevo escenario escolar y familiar de presencia del coronavirus, contribuyendo con ello al control y extinción de la pandemia.
Propuesta: contraten personal de enfermería para que haya, como mínimo, una persona con dicha función en cada centro educativo desde el mismo momento en el que algún alumnado vuelva a las aulas, y establezcan una coordinación efectiva con personal médico y epidemiológico.
4. La comunidad educativa tendrá que reforzar las medidas de higiene, por lo que los centros educativos deberán contar con los medios adecuados.
Con carácter global, la desinfección de los centros educativos deberá realizarse con alta frecuencia, por lo que deberán contar con los medios suficientes. Es lógico pensar que habrá lugares de los centros que podrán esperar a tener sólo una desinfección diaria o en periodos superiores, pero otras zonas, como aseos, seguramente no. El personal de limpieza del centro, siempre que esté formado para ello, lo podrá realizar, pero debe tenerse en cuenta que, salvo raras excepciones, sólo está presente fuera del horario lectivo. Garantizar la desinfección de los centros no sólo requerirá más tiempo diario de trabajo del personal sino presencia durante dichos tiempos lectivos.
Además, no debería pensarse que los docentes podrán controlar perfectamente lo que suceda en los aseos del centro educativo, por lo que debería reforzarse el personal de limpieza también para que puedan realizar dicha supervisión.
Por otra parte, la limpieza personal, tanto de alumnado como de docentes y resto de personal de los centros, exigirá dotar a todos los aseos de los materiales necesarios. Ya no se podrá convivir más tiempo con estos espacios sin, por ejemplo, geles y secadores eléctricos o papel para la limpieza de manos, y papel higiénico y cobertores para las tazas. Nunca fue aceptable, pero ahora ya es inexcusable.
Propuesta: incrementen la contratación del personal que presta servicios de limpieza, priorizando a quienes estén formados en tareas de desinfección de zonas y formando a quienes no lo estén, y doten a los centros de suficientes materiales para limpieza y aseo personal.
5. Tenemos cuatro meses para poner los centros educativos al día. Cada año nos encontramos con un par de meses mal contados para que se hagan las reparaciones y ampliaciones en los centros educativos, pero esta situación excepcional nos facilita un periodo mayor, si se quiere aprovechar. Y debería hacerse.
Todas las comunidades autónomas tendrán obras de mayor o menor envergadura pendientes, y los ayuntamientos actuaciones de mantenimiento. Además, se podrían realizar otras que son importantes pero que no estaban previstas para este verano y que, por similar vía de urgencia que ha permitido la contratación de múltiples cuestiones ligadas con efectos directos o indirectos de la pandemia, se pueden aprobar rápidamente.
Propuesta: pongan rápidamente en marcha obras que no deberían seguir esperando y adelanten otras, ayudando además con ello a revitalizar la construcción y sus servicios auxiliares, algo que preocupa a muchos responsables autonómicos y a una buena parte de la sociedad.
6. Las TIC ya no pueden ser el futuro a implementar en la educación, sino el presente como herramientas en nuestras aulas.
Si algo ha demostrado este periodo de educación a distancia es que nos ha pillado con el pie no sólo cambiado sino fuera del presente.
Con relación al alumnado, una buena parte no puede seguir dichas enseñanzas. Ni tenían dispositivos que lo hicieran posible, ni se les han facilitado a la inmensa mayoría de los que carecían de ellos. Ni tenían destreza en su uso para aprender sólo con ellos, ni ha dado tiempo a enseñarles incluso a quienes tenían los dispositivos. Y de cara al próximo curso, al menos de momento, las actuaciones de la mayoría de las consejerías con competencias en Educación se centran de nuevo en mantener los programas de préstamo de libros de texto en papel. Sin que ahora sea prioritario eliminarlos, por varias razones, no son suficientes estos programas y deberían convivir con planes específicos para dotar de herramientas tecnológicas a todo el alumnado.
Por otra parte, se ha dado por supuesto que todo el profesorado está trabajando sin problemas a distancia -teletrabajando como se dice ahora- y eso no es cierto. Cuando tenemos elecciones a cualquiera de los parlamentos estatales o autonómicos, elegimos unos representantes cuyo trabajo se considera tan esencial que se les facilitan nuevos teléfonos móviles y tablet con conexiones a internet. A nuestras y nuestros docentes, que desde luego no son menos esenciales, para su trabajo en sus casas -que por la legislación actual es un mínimo obligado de siete horas y media a la semana-, en el mejor de los casos, se les da las gracias por poner sus propios equipos. Obviamente, estos dispositivos y las aplicaciones que tienen instaladas dependen del nivel de inversión que cada docente puede y quiere permitirse, así como su interés y capacidad para realizar una inmersión real en unas herramientas de enseñanza a las que las consejerías de educación no suelen prestar la debida atención.
A día de hoy, hay plataformas educativas autonómicas que siguen sin funcionar correctamente -después de lustros de gastar mucho dinero en ellas- y otras alternativas, privadas y sobre las que no se ha hecho un debate suficiente sobre lo que suponen, tampoco llegan a todo el profesorado por diferentes razones. Hablar de utilizar programas de uso libre muchas administraciones lo dejan para el siglo XXII, si acaso.
A esto hay que añadir que el profesorado necesita un tiempo que no tiene para ponerse al día con cada cambio que se hace en las plataformas o con las nuevas herramientas que se ponen a su disposición. Su nivel de entrega está siendo máximo de forma mayoritaria, pero el apoyo que recibe es escaso y suele llegar tarde, porque se sigue actuando como si estuviéramos en la sociedad del siglo XX, aquella en las que las TIC eran unas recién llegadas. No es casual. La actuación deliberada por la que se hace agrandar diariamente la brecha digital muestra ahora una realidad tremendamente cruel. Si no fuera por el esfuerzo impagable del profesorado, que dedica horas y horas de confinamiento a aprender sobre la marcha, la actividad lectiva se habría paralizado casi en su totalidad. Es más, un debate que se ha rehuido es si debería haber sido así por el bien del alumnado, sus familias y sus docentes. Y hablo de la actividad lectiva curricular, no de seguir con el contacto entre el alumnado y sus docentes, algo que considero emocionalmente imprescindible que se mantenga en la medida de lo posible.
Lo anterior supone que cada docente está trabajando de forma desigual a sus compañeras y compañeros de profesión, llegando más o menos lejos en su tarea docente a distancia -y presencial- en función de múltiples factores que escapan, muchas veces, a su propio control. Y no es lo mismo tener nuevos materiales elaborados por el docente orientados a potenciar las competencias del alumnado, que este último sólo tenga acceso a clases magistrales grabadas que reproducen lo que hubiera pasado en las aulas en un entorno presencial. Sin entrar en qué es mejor en cada caso, los resultados de una y otra no serán los mismos y, quizás, se usen de forma errónea en muchos casos. Eso sí, seguro que con la mejor de las voluntades. Pero la voluntad, siendo imprescindible, por sí sola no basta.
Y no solo de cara a cambiar la realidad de la educación actual sino porque es posible que en octubre tengamos un rebrote de la epidemia y quizás deban cerrarse los centros de nuevo algún tiempo, no podemos volver a pasar por un momento como el actual sin que los responsables políticos hayan aprendido algo sobre este tema y actuado en consecuencia.
Propuesta: doten de equipos informáticos y conectividad a alumnado y docentes, con aplicaciones comunes que permitan una interacción sin complicaciones añadidas por estar trabajando con medios desiguales y deficitarios, o por carecer de ellos.
Seguro que podremos llamar la atención sobre otras cuestiones más adelante, pero sobre estas me parece imprescindible que se actúe en este momento. Espero que las tengan en su mente las personas que están al frente de las comunidades autónomas y, especialmente, de las consejerías con competencias en Educación. De lo contrario, les pido a estas personas que mediten seriamente sobre ellas y las pongan en marcha. Sin todo lo anterior resuelto, no deberían abrir los centros educativos.
La Junta Directiva de ADIMAD, Asociación de Directores de Instituto de Enseñanza Secundaria de Madrid, ante la situación excepcional en que nos encontramos por la pandemia del Covid19, quiere manifestar, antes de cualquier otra cuestión y en nombre de todos sus asociados, sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas que se han producido hasta el momento. Aunque a veces parece olvidarse, estamos ante un problema de salud pública y creemos que ésta debe ser nuestra principal consideración en estos momentos.
Desde principios de marzo, las distintas administraciones han ido tomando decisiones para hacer frente a la situación creada. Somos conscientes que no es nada fácil, que todas las propuestas son revisables y las posibilidades de error son elevadas porque son muchas más las incertidumbres que las certezas. Ofrecemos de nuevo nuestra colaboración como responsables de los centros educativos --hasta el momento no solicitada-- en la búsqueda e implementación de las medidas que nos permitan a todos (alumnado, personal docente y no docente y miembros de la comunidad educativa en general) superar esta situación de la mejor manera posible. Hasta el momento presente, la falta de diálogo e improvisación que la Consejería reprocha a otras instancias, es la misma que padecemos los directores de los centros educativos de la propia Consejería (ningún director hubiese recomendado, por ejemplo, el tipo de comida contratado).
En este sentido, y teniendo en cuenta estas cuestiones, queremos manifestar nuestra inquietud y preocupación ante una serie de actuaciones, disposiciones y problemas que nos preocupan en gran medida:
1º- Las numerosas resoluciones e instrucciones adoptadas hasta el momento han sido en ocasiones confusas y poco clarificadoras. A modo de ejemplo, creemos importante señalar algunas de ellas: el 9 de marzo, el Consejo de Gobierno decreta la suspensión de la actividad lectiva presencial y la permanencia de los centros abiertos para aquellas familias que deseen utilizar los centros, aunque no haya clase; el 10 de marzo las Viceconsejerías de Educación establecen la obligatoriedad de la asistencia del personal docente y no docente a los centros y el sistema de teletrabajo siempre que sea compatible con la continuidad de las actividades educativas; el 11 de marzo las Viceconsejerías determinan la continuidad de todo lo anterior pero con la adopción del sistema de teletrabajo en todos los casos; el 13 de marzo las Viceconsejerías resuelven que la asistencia a los centros educativos solo sería precisa para garantizar la continuidad de las actividades, y el 30 de marzo las Viceconsejerías concluyen el cierre de los centros educativos salvo casos excepcionales, cuando desde el 14 de marzo el Decreto del Estado de Alarma ya había suspendido toda la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas.
2º- No podemos aceptar que estemos ante un curso fallido ni las apelaciones a una supuesta huida de la cultura del esfuerzo y a la evaluación cuantitativa como único recurso. Si así fuera nuestra labor docente se vería reducida a la mera transmisión y reproducción de contenidos. La evaluación no es solo la calificación de un examen sino también valorar la evolución y el desarrollo académico y personal de nuestros alumnos. En todo caso se han impartido de forma presencial dos trimestres de todas las materias, cerca de un 70%. En cuanto a la cultura del esfuerzo a la que se alude, las actividades a distancia en esta situación en la que estamos, están suponiendo para alumnado y
profesorado un considerable incremento del trabajo y el esfuerzo que como directores de los centros educativo queremos y debemos reconocer y agradecer de forma pública.
3º.- Por otro lado, las instrucciones de la Consejería de Educación (Resolución de 24 de abril) recogen un conjunto de recomendaciones y/o exigencias, que no aportan claridad a la comunidad educativa ni modifican sustancialmente la propuesta del Consejo Escolar del Estado y el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación. En Madrid los alumnos pueden promocionar de curso con dos, tres y hasta con 5 materias suspensas según la legislación vigente (no cuentan para promocionar ni las materias optativas ni las de libre configuración autonómica de los distintos cursos). No acertamos a comprender, salvo por desconocimiento, declaraciones como las efectuadas por el Vicepresidente de la Comunidad: “Puede haber comunidades donde nuestros hijos pasen de curso con cinco suspensos y otras, como Madrid por cierto, donde no se va a pasar con suspensos”. En todo caso, y según estas instrucciones, la no promoción también se considerará una medida excepcional y en la evaluación los docentes, al igual que en el resto de las comunidades autónomas, deberán ponderar las posibles carencias no achacables al propio alumnado para asegurarse de que ello no penalice su calificación.
4.- El paso de una enseñanza presencial a una enseñanza remota en línea de una forma tan rápida pone en evidencia de nuevo la necesidad de tener un sistema educativo público potente y moderno con recursos humanos y tecnológicos suficientes que le permitan afrontar ésta y cualquier otra situación que se pueda presentar. Las mejoras en la plataforma educativa de la Consejería o los acuerdos con Microsoft o Planeta son de agradecer, pero resultan insuficientes y los centros hemos tenido que tomar medidas de urgencia para asegurar las actividades lectivas a distancia que han supuesto un enorme esfuerzo. Es necesario fomentar la autonomía de los centros y dotarlos de los recursos necesarios para desarrollar un Plan de Digitalización adecuado a la realidad de cada uno de ellos que permita adoptar, respetando la legislación vigente, las plataformas y medios más adecuados en cada caso para realizar nuestra actividad docente. Los centros públicos no podemos quedarnos atrás y menos frente a centros de otra titularidad que disponen de medios y plataformas específicas desde hace tiempo.
5.- Por último, y por si todo lo anterior no fuera ya suficiente motivo de preocupación, los planes de vuelta a la actividad presencial generan una enorme inquietud. Creemos que crean un problema de seguridad y salud pública y un problema de organización académica imposibles de resolver. Los planes del Ministerio de Educación nos parecen una medida muy arriesgada para la salud de alumnos, profesores y personal no docente: nos referimos a la asistencia voluntaria a partir del 25 de mayo del alumnado de 2º de Bachillerato y de 4º de la ESO y la asistencia también voluntaria pero solo para aquel alumnado de otros cursos que los profesores consideremos que puede ser beneficioso que acudan unos días a clases presenciales, en grupos de 15 alumnos como máximo, y siempre que la situación sanitaria lo permita. Y todo ello manteniendo el teletrabajo con la gran mayoría, probablemente un 80 o 90%, del resto de nuestros alumnos.
Sin embargo, nos parece una temeridad difícil de entender algunas manifestaciones de la Consejería de Educación de Madrid que plantean la vuelta escalonada a partir del 18 de mayo y la asistencia de todos los alumnos a los centros. Plantear que un mismo profesor imparta clase a dos grupos de 15 alumnos en dos aulas diferentes y a la vez, como se ha llegado a decir, se califica por sí solo: ni hay espacios suficientes en centros ya bastante masificados ni el profesorado tiene el don de la ubicuidad. Si en marzo se suspendieron las actividades presenciales por el riesgo que entonces suponía, cuando aún la extensión del virus estaba comenzando, no entendemos que en las circunstancias actuales se planteen estas medidas que suponen un riesgo a nuestro juicio inadmisible e innecesario.
Por todo ello, desde ADIMAD, queremos manifestar a la opinión pública en general y a la comunidad educativa en especial, que exigimos la puesta en práctica por parte de nuestras autoridades educativas de las instrucciones del Ministerio de Sanidad en Centros de Trabajo: la dotación de las medidas de protección y detección del virus para todo el personal, la limpieza y desinfección de las instalaciones de forma periódica, la dotación de los productos de higiene necesarios para garantizar la seguridad de alumnos y personal docente y no docente, el cumplimiento de las medidas de separación y distancia entre personas tanto en zonas comunes como en las aulas, las medidas para evitar las aglomeraciones de personas, el cumplimiento del aforo máximo en los centros para cumplir con el requisito de distancia, la instalación de mamparas de protección, la flexibilización de las entradas y salidas para evitar aglomeraciones, la adaptación de los rutas de transporte escolar a las medidas de protección…
Como directores de los centros educativos, y como funcionarios de la Consejería de Educación, cumpliremos lo que nuestras autoridades educativas dispongan, pero con toda claridad queremos indicar que, en caso de que estas mismas autoridades no garanticen y adopten las medidas necesarias indicadas, no podemos hacernos responsables de las consecuencias para la salud de nuestro alumnado, profesorado y personal no docente.
En cualquier caso, queremos reiterar nuestra disponibilidad y deseo de colaborar en la adopción de medidas que, desde la sensatez y la cordura, nos permitan superar esta situación tan inédita para todos. Para lo cual consideramos urgente habilitar cauces permanentes de consulta y colaboración.
El director del Centro de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universitat Jaume I de Castelló, Jordi Adell, considera que la actual crisis del coronavirus conllevará cambios sustanciales en la forma de enseñar, con la irrupción -forzada- de las herramientas en línea, y quizá también en la escolarización, que podría dirigirse hacia un modelo híbrido presencial-en línea en el que la mayor parte de los contenidos se estudiarían desde casa.
"Las aulas de nuestros colegios no reúnen las condiciones para garantizar la separación de los alumnos, y bajar las ratios no es sencillo, en absoluto", explica este profesor de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI) a EFE, convencido de que "las consecuencias de la pandemia se harán patentes también el próximo curso".
"Se ha dicho que este virus afecta menos a los niños, pero no parece una buena idea un desconfinamiento sin distancia física entre ellos. En estos momentos hay mucha incertidumbre al respecto", apunta Adell, quien subraya que "el contacto con el profesor es imprescindible en los niveles obligatorios, y quizá sólo al final del Bachillerato el alumno tiene suficiente madurez como para estudiar por su cuenta y acompañado del profesor".
A su juicio, el regreso debería ser progresivo. "Quizá deberían volver primero a las aulas quienes no han tenido condiciones para estudiar en sus casas", plantea Adell, aunque insiste en que las condiciones para ese regreso son competencia de las autoridades sanitarias.
La situación sobrevenida en la que ha quedado la educación en España "no es enseñanza en línea, sino más bien educación a distancia de emergencia, y es evidente que tanto los docentes -que a su juicio están ‘dando el do de pecho’- como los estudiantes debemos mejorar nuestra competencia digital".
"Estas últimas semanas se ha dado un fenómeno curioso. Muchos docentes que no tienen formación 'online' han intentado trasladar la mundo digital lo que hacen en clase, y hemos asistido al 'megaboom' de las aplicaciones de videoconferencia. Pero eso no funciona, supongo que pronto se han dado cuenta".
Para este profesor universitario y especialista en tecnologías educativas, "la enseñanza a distancia requiere otra forma de planificar el curso, otras actividades, otras exigencias para los estudiantes y otra forma de evaluar, y en eso es en lo que hay que trabajar".
Advierte sobre la denominada "brecha digital": "si en casa no hay ordenador o tableta y un buen acceso a internet difícilmente se podrá siquiera ver lo que envía el profesor. Hay que tener medios y las condiciones para utilizarlos con libertad, y eso en una casa con dos padres teletrabajando y otros hermanos puede ser complicado".
En muchas ocasiones, esa brecha digital sobre la que llama la atención Adell va asociada a lo que denomina "brecha de actitudes", y es que "en las casas donde hay cierta presión, interés o seguimiento de los hijos es muy posible que el confinamiento tenga menos efectos negativos. En resumen, quien lo está pasando peor son los de siempre".
En su opinión, la teleeducación, igual que el teletrabajo, "llega para quedarse", aunque confiesa: "ciertas cosas de este sistema me gustaría que durasen lo menos posible, como el hecho de tener que estar encerrados en casa".
"La competencia digital es clave para estudiar y para todo lo que viene después, y la lección por la que estamos atravesando nos tiene que ayudar a dirigir inversiones y políticas".
Respecto a las decisiones políticas más inmediatas en materia educativa, este catedrático de Castellón se cuestiona sobre cuál debe ser el papel de la Administración central, si el de dar instrucciones genéricas y "dejar que las comunidades autónomas politicen cada asunto" o adoptar decisiones más concretas.
"Es un problema endemoniado. Haga lo que haga el Gobierno será objeto de críticas. Es el típico problema sobre el cual ni siquiera nos ponemos de acuerdo en su definición".
Con todo, destaca la propuesta lanzada por el secretario autonómico de Educación de la Generalitat Valenciana, Miguel Soler -fue también director del Centro de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación entre 1992 y 1996-, de agrupar todas las asignaturas en dos en primero de la ESO, una científico-técnica y otra lingüístico-social, una opción que se aplica desde mediados de los 90 a alumnos con dificultades y que, en su opinión, "ha ido bien".
"A mi me parece que eso es coger el toro por los cuernos y proponer medidas de corte pedagógico y curricular para paliar los efectos de la crisis", sentencia Adell.