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sábado, 1 de agosto de 2020

"Las universidades empezarán el curso con el 50% del alumnado por videoconferencia; el sueño sería tener un segundo trimestre presencial"

Daniel Sánchez Caballero entrevista a José Carlos Gómez Villamando, presidente de la CRUE, para eldiario.es

El representante de los rectores admite que las universidades no estaban preparadas para la evaluación 'online', defiende que el objetivo es volver a la presencialidad directa en cuanto se pueda aunque no será así al inicio del curso y se pregunta por qué si hay 300 millones para inyectar en ciencia con carácter urgente no se hace de manera estructural
30 de julio de 2020 

Como rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamando ha tenido que lidiar por partida doble con la situación insólita de tener que acabar el curso con todas las universidades cerradas. Cree que ha ido razonablemente bien, dadas las circunstancias. Pero también admite que ni los centros, ni los profesores ni los alumnos estaban preparados para esta circunstancia y que hay aspectos a mejorar, sobre todo en la evaluación. Quizá por eso, admite sin decirlo abiertamente, se ha levantado la mano: la Ebau (o Evau, la antigua Selectividad) ha tenido más aprobados que nunca y las matriculaciones de nuevos estudiantes han subido alrededor del 5%. Este catedrático de Histología y Anatomía Patológica Veterinarias explica que, de cara al próximo curso, las universidades empezarán con entre un 30% y un 50% del alumnado siguiendo las clases desde casa, pero con el deseo ("sería un sueño") de pasar a la presencialidad en el segundo cuatrimestre. Hablamos con el representante de las universidades sobre el año académico que viene y cuestiones de más largo alcance, como la reforma de los precios públicos, la negociación del nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) o la precariedad docente en la Universidad.

Las universidades ya van presentando sus planes para el curso que viene. ¿La docencia online ha llegado para quedarse?

Hay quien habla de cambio de modelo. Yo creo que todo esto va a servir para mejorar mucho. La inmensa mayoría de universidades ha optado por una presencialidad al 100% en dos modalidades: presencialidad en aula compaginada con la modalidad de videoconferencia, que sigue siendo una docencia presencial. No es presencial directa, pero sí es presencial porque se puede interactuar. Junto a eso está la enseñanza online habitual de herramientas, plataformas, etc. Todas las universidades hemos puesto en marcha cursos para que el profesorado perfeccione esa metodología, pero como metodología complementaria a esa presencialidad que reclamamos como seña de identidad.

Pero entonces la mayoría de universidades sí va a introducir enseñanza a distancia, aunque la llamemos presencial no directa.
La videoconferencia no es enseñanza online, es presencial y así se considera. Pierde parte de las ventajas que tiene la presencialidad física, evidentemente. Pero es presencialidad e interacción directa en el momento.

Pero parte de la docencia se va a hacer a través de videoconferencias.

La mayoría tienen la idea –dependiendo también del tamaño del aula y otras variables– de que un 30% o 50% de los alumnos estén en el aula, el otro 50% por videoconferencia y que vayan rotando cada semana o mes, según cada una. Se trata de que el profesor y el estudiante puedan tener un lugar de contacto físico. Ojalá podamos hacer eso, porque la alternativa sería volver al confinamiento.

Este es el escenario bueno, entonces.
No el ideal, pero sí bueno dada la situación actual. Si empezáramos así el cuatrimestre y pudiéramos ir en el segundo hacia la presencialidad habitual sería lo ideal. Esto es lo que soñamos: acabar el primer cuatrimestre en esta bimodalidad y que el segundo sea presencial en aula al 100%.

¿Volver a la presencialidad en febrero no es excesivamente optimista?

Es más un deseo que otra cosa. Los cursos están diseñados para que sea todo el curso en esa enseñanza bimodal.

Entonces, que es donde quería llegar al principio, se va a quedar.

Estamos en el objetivo de volver a la presencialidad directa en cuanto se pueda. Somos universidades presenciales y el proceso de enseñanza–aprendizaje requiere mucho de ejemplo y de contacto. La vida universitaria no se entiende sin la vida en los campus, en las aulas...

Igual que este año se ha levantado un poco la mano con las notas, ¿se le va a dar continuidad el próximo curso o se acabó el, digamos, periodo de carencia?

Uno de los problemas que tenía el sistema online es que no estábamos preparados ni el alumno ni los profesores para evaluar online. De hecho, gran parte de los cursos que tenemos es sobre cómo evaluar online, qué herramientas se tienen que utilizar y desde luego ir a la evaluación continua. Esta evaluación continua sí podría ser una mejora para quedarse en el sistema. Si somos capaces de ir interiorizando la evaluación continua como algo normal y natural ganaríamos muchísimo estudiantes y profesores en todo el proceso de formación. De las muchas cosas donde Bolonia no ha terminado de cuajar ha sido en esto de la evaluación continua. Esta podría ser una de las grandes ventajas de esta situación.

¿Va a haber alguna medida especial para los estudiantes de primer curso, que van a tener el doble salto de aterrizar en la universidad y además hacerlo en esta bimodalidad educativa?

Nos preocupa muchísimo, y de hecho la tónica general es intentar que la presencialidad en aula de los chicos de 1º sea la máxima posible. Es lo que decía del contexto. Que acaben el Bachillerato y vuelvan a la universidad por vía online no creemos que sea adecuado. Por eso las aulas más grandes se están adecuando para que el alumno de 1º pueda tener si no el 100%, sí casi toda la docencia de forma presencial directa, en el aula, para esa convivencia que forma parte de cualquier formación.

¿Se va a compensar finalmente a los estudiantes de este curso que no han recibido el servicio por el que pagaron?

Pero es que el servicio lo han recibido. Han recibido su docencia, se han evaluado. La parte que más resentida se ha visto han podido ser las prácticas curriculares, cosa que han podido hacer en junio, julio, agosto o septiembre. La mayoría de las universidades hemos ampliado el periodo entrando en el segundo cuatrimestre para que puedan terminar sus prácticas, y en cualquier caso para aquellos alumnos que de forma justificada no han podido recibir aquello por lo que pagaron, hemos abierto periodos extraordinarios de anulación de matrículas en el cuatrimestre que acaba ahora. Ya no hay un escenario de compensar nada porque algo se ha hecho.

Voy a cambiar de tercio hacia cosas de más largo recorrido. El Ministerio de Universidades ha cambiado los precios públicos con un complejo sistema que se traducirá en que la mayoría de las comunidades tendrán que bajarlos, lo que significa menos dinero para las universidades. ¿Cómo lo ven? ¿Les van a compensar esta caída de fondos?

Nosotros siempre hemos dicho que había que disminuirlas (las tasas), sobre todo para que el sistema sea equitativo. No tenía sentido que el estudiante de una comunidad pagara el triple o el cuádruple que el de otra. Queríamos volver al sistema anterior de pequeñas variaciones de precios, pero nos preocupaba que las comunidades no compensaran esta pérdida de financiación. Por eso pedimos siempre que las comunidades se pronuncien. Se ha llegado a un acuerdo entre comunidades y ministerio sobre cómo hacer esta reducción de tasas (este año solo entra en la primera matrícula). Esperamos que las comunidades cumplan con esta financiación –no tenemos por qué dudar de ellas tampoco–.

El Ministerio trabaja también en un Estatuto del Personal Docente Universitario, una cuestión de la que están pendientes muchos docentes y aspirantes a serlo. ¿Qué les parece el borrador que se ha filtrado, aunque sea un estadio bastante inicial? ¿Va en la buena dirección para la CRUE?

España necesita un marco normativo nuevo. Necesitamos un nuevo estatuto del PDI que sea un marco normativo que nos dé flexibilidad, que respete la autonomía universitaria y que sea un estatuto no pensado para resolver los problemas de ahora, que podemos hacerlo por otra vía, sino pensado para proyectar la universidad hacia 10 o 15 años. Una ley orgánica de esta envergadura, como se quiere sacar, lo normal en el ámbito universitario es que dure años, entonces tiene que tener visión de futuro, flexibilidad para permitirnos desarrollar nuestro potencial (con toda la rendición de cuentas que se quiera). Hay otros agentes en el sistema, pero la visión de conjunto y de querer mejorar todo el conjunto del sistema probablemente nos toque tanto al ministerio como a CRUE.

Pregunto específicamente por la carrera laboral que propone el ministerio en la Universidad, paralela a la funcionarial.
Tiene una serie de dificultades técnicas. Hay un mínimo de personal funcionario que se debe respetar (un 51%), vamos a ver cómo evoluciona. Estamos en el minuto cero, empezando.

Recientemente, el Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya publicó un informe que decía que la Universidad en su conjunto incumple la ley respecto a la relación de profesores temporales y a tiempo completo. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Uno de los perjuicios que tuvo la crisis de 2008 fue alterar mucho la estructura de las universidades. Hasta que la tasa de reposición no ha llegado a una situación que no es la que queremos, pero al menos podemos vivir con ella, no ha permitido ir recuperando tasa de funcionariado, aunque es verdad que en algunas universidades no se alcanza la tasa de funcionariado y es algo que hay que cambiar. También hay que tener en cuenta que cuando se analizan estos datos no hay que contabilizar el número de efectivos como trabajadores a tiempo completo.

Uno de los problemas de la universidad es la alta tasa de asociados, profesores en ocasiones muy precarios que están sosteniendo la docencia. ¿Cómo resolvería la CRUE esta situación si dependiera de ella?

Hemos planteado varias cuestiones, pero hay que entender alguna cosa antes: no hablamos de un colectivo homogéneo, es tremendamente heterogéneo. Hay personas de grandes carreras profesionales independientes y muy sólidas aparte de la universidad; tenemos otro perfil, que por desgracia no son la mayoría y ojalá lo fuera, que son doctores acreditados, para los que hemos planteado en varias ocasiones que vía Presupuestos Generales del Estado se nos permita darles la opción de estabilización mediante un concurso oposición y que no cuentan en la tasa de reposición. Le podríamos abrir la puerta del proceso de estabilización a estas personas sin que eso repercutiera negativamente en el resto de personas de la carrera académica. Y luego tenemos otro colectivo de personas que llevan muchos años en la docencia que no tienen el título de doctor o una acreditación, que necesitan otra solución. Habría que facilitarles que adquieran los méritos para que en un tiempo razonable puedan acceder a un concurso como los demás. Esto creemos que debe hacerse de urgencia y fuera del estatuto del PDI.

Otro tema recurrente es la endogamia universitaria, estos profesores que estudian la carrera en una universidad y se quedan ya toda la vida. El estatuto propone estancias obligatorias fuera para combatirla. ¿Cómo lo ve?

Creo que es fundamental que la gente salga fuera, vea otros sistemas, otra universidad y otra forma de hacer las cosas. Pero hay que ver cómo se financia y cómo se gestiona y se controla para que luego sea real. Pero volviendo al tema de la endogamia, siempre hago la misma pregunta: una persona que se forma en una universidad, saca el doctorado en esa universidad, se va 4-5 años fuera y luego vuelve a la universidad, ¿es endogamia? Porque eso es lo que se está contabilizando como endogamia, y eso es lo que se está haciendo. Eso no es endogamia, al menos yo no lo entiendo así, pero computa como tal por el análisis simple de dónde hizo la tesis y dónde está contratado, que deja en medio la trayectoria vital de ese personal. Y la mayoría de ese personal ha estado un año fuera como mínimo. Aparte de que la endogamia no es buena ni mala. Es decir, es mala si la universidad no está siendo competitiva, pero si esa endogamia hace que cojas a alguien, lo formes, vaya a otros centros, vea mundo, y luego lo reincorpores y eso hace que tu grupo o universidad mejore, no veo el problema.

Diría que buena parte de la crítica también está en esos concursos a los que a veces prácticamente le falta poner el DNI del candidato al que se le quiere dar la plaza.
Eso es una mala práctica que ha habido en el sistema, pero que se va diluyendo cada vez más. No digo que no exista, pero cada vez se hace menos. Más que la estancia fuera, creo que un gran acierto del estatuto del PDI es que los tribunales que han de evaluar cada plaza sean de una persona de la universidad y dos de fuera. Es igual que el sistema de habilitación que tuvimos, lo que pasa es que era muy complejo de realizar y muy caro. Pero este sistema de uno de la casa y dos de fuera me parece buena propuesta para combatir esto. Incluso deberíamos ir a más: ver de qué forma se podría intentar casi por ley incluso evitar ese perfilar tanto las plazas.

Hablemos de ciencia, que también es universidad. El sistema científico universitario está por los suelos. Grupos de investigación que desaparecen, laboratorios cerrados... ¿Es recuperable?

Nos preocupa enormemente. Aparte del dinero que necesitamos para las investigaciones que tanta gente de valía que tenemos no pueda incorporarse al sistema como predoctoral o como postdoctoral. España exporta talento e importa patentes. Si no exportáramos tanto talento y le diéramos oportunidades, posiblemente no tendríamos que importar luego tantas patentes que podríamos desarrollar aquí. Esto no es un problema de las universidades, es un problema de país. Siempre hemos creído que universidades y ciencia debían estar en el mismo ministerio, lo creemos fundamental, creemos que son caminos que deben ir juntos y nos preocupa que siendo dos ministerios sean divergentes y nunca convergentes. Que haya por ejemplo un estatuto del PDI y por otro lado se esté hablando de un estatuto de la ciencia para incorporar personal son dos estrategias que creemos que debería ser una, con una visión más global. Con un solo ministerio sería más fácil. Habría que tener un enfoque global de cómo queremos formar a nuestro personal investigador y cómo queremos formar a nuestro personal docente investigador, porque se dan la mano. Pero es la situación en la que estamos y CRUE insistirá en que cualquier estrategia de ciencia de este país tiene que contar con las universidades.

Ya que lo comenta, el presidente del Gobierno presentó hace dos semanas su plan de choque para la ciencia, dotado con 300 millones el primer año y 700 el segundo. ¿Es suficiente?

Cualquier dinero es bienvenido. Lo que uno se plantea es que si hay 300 millones que están disponibles para el sistema, ¿por qué no los dejamos de forma estructural y no que sea algo puntual? Nos parece estupendo, y también con una visión: no todo es COVID, hay muchas más cosas cercanas al COVID, desde las sociales, las humanidades, la ciencia o la tecnología, que es necesario atender para la COVID, pero también para otras cuestiones que suponen un desarrollo de país. Vemos importante que no se desatienda esta visión.

jueves, 30 de julio de 2020

Castells al rescate de Wert: “Jaque a la Universidad pública española” (cuartopoder.es)

Artículo publicado en cuartopoder.es el 29 de julio de 2020
  • "Lo que hace Castells es rescatar el proyecto del PP, cuyo borrador de modificación de la Ley Orgánica de Universidades ya criticara Pablo Iglesias férreamente en 2013"
  • "Actualmente, las figuras docentes universitarias laborales las pagan las Comunidades Autónomas, no el Estado. ¿Se ha hablado con ellas para diseñar este nuevo Estatuto?"
  • "Esa revolución morada vivida años atrás en las Universidades públicas españolas, en la cual emanó la masa crítica de Podemos, se ha quedado en una revolución retórica"
David Moscoso, Profesor Titular del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ex-parlamentario andaluz y ex-coordinador del Grupo Parlamentario de Podemos en Andalucía
Como es sabido, tras el 15 M se gestó Podemos y fue justo en las Universidades donde emergieron buena parte de sus miembros, cargos orgánicos, votantes y representantes públicos. En aquel momento, muchas de las denuncias que se espetaban desde la Universidad eran contra los recortes generalizados del gasto y la externalización masiva de servicios públicos, traduciéndose ello en la precarización de las condiciones laborales en los campus universitarios, especialmente entre quienes no formaban parte del cuerpo de funcionarios, tanto en el sector servicios como entre el personal docente e investigador.
De ahí que el anuncio del Ministro de Universidades Manuel Castells de un nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) haya sorprendido a esa masa crítica que impulsó Podemos, por las razones que a continuación se aluden, generando la indignación de las plantillas universitarias y los rectorados por varias razones. En primer lugar, lo que hace Castells es rescatar el proyecto del Partido Popular liderado entonces por el ministro José Ignacio Wert, cuyo borrador de modificación de la Ley Orgánica de Universidades —conocido como “Informe de Sabios”— ya criticara Pablo Iglesias férreamente en 2013, y que supuso la movilización al pleno del alumnado y profesorado universitario de nuestro país. En efecto, el modelo del Partido Popular de Wert que ahora desea rescatar el Ministerio Castells es un modelo propio de la derecha catalana, puesto en marcha a través del CDC a principios de los noventa por iniciativa de Jordi Pujol, cuya mayor plasmación fue la Universidad Oberta de Cataluña. Un modelo característico de las Universidades privadas americanas, en donde la presión sobre el profesorado merma las garantías de sus derechos laborales, pues no es lo mismo ser indefinido que funcionario en términos de seguridad jurídica, administrativa y económica. De ahí que sorprenda el proceso de laboralización que plantea el ministro de Unidas Podemos en lugar de la funcionarización propuesta en un anterior documento por el ministro Pedro Duque. En ese sentido, este es un modelo que se puede esperar de un partido de derechas, pero no de Unidas Podemos.
En segundo lugar, partiendo de la premisa de que la Ley de Universidades necesita una profunda modificación y, en consecuencia, su Estatuto de Personal Docente e Investigador, la mejor forma de hacerlo sería la de un modelo de acceso a los cuerpos laborales y funcionariales docentes consecuente con la realidad. Cierto es que las figuras de Personal Sustituto Interino y Profesor Asociado alcanzan cifras inadmisibles —en torno al 35% de las plantillas universitarias— y que estas figuras están precarizadas y se utilizan como vía anómala de acceso a la Universidad. Pero también es cierto que son justamente el reflejo de años de políticas equívocas de Gobiernos precedentes, que no daban opciones diferentes a las Universidades públicas españolas para la oferta de empleo público con la que garantizar la carga docente de los departamentos. De haber satisfecho esa oferta de empleo necesaria a través de las figuras contractuales contempladas actualmente en el Estatuto que propician un mejor acceso (ayudante, ayudante doctor, colaborador y contratado doctor), la figura de asociado se hubiera circunscrito a lo que debiera ser, es decir, la presencia de expertos profesionales en determinados ámbitos del conocimiento que contribuyen con ello a la docencia universitaria. Pero la perversión ha venido de la mano de la propia administración del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, que han visto en esas figuras las más factibles y baratas para garantizar la enseñanza universitaria, habiéndose producido un aumento exponencial desde la aprobación del decreto de sostenibilidad de los servicios públicos del PP en el año 2012, que limitó la tasa de reposición de empleo público, al tiempo que plantillas de profesorado funcionario iban causando baja por jubilación. En este sentido, hubiera sido más razonable por parte del Ministro Castells sentarse con el titular de Hacienda y Administraciones Públicas y con sus homólogos de las Comunidades Autónomas, para llegar a un acuerdo con el que cambiar las reglas de gasto en cuanto a la contratación de nuevo personal docente e investigador en número suficiente y con la financiación necesaria, en lugar de plantear un cambio tan drástico como inviable del sistema de acceso y contratación de profesorado universitario.
Razón por la cual lo que se plantean los rectores ante la iniciativa del ministro de Universidades es quién va a pagar esas nuevas figuras contractuales que plantea el borrador del nuevo Estatuto de PDI. Actualmente, las figuras docentes universitarias laborales las pagan las Comunidades Autónomas, no el Estado. ¿Se ha hablado con ellas para diseñar este nuevo Estatuto? Si ya resulta difícil pagar los salarios del profesorado interino, de dónde se va a sacar la financiación para asumir estas nuevas fórmulas de contratación. En países como Canadá, Finlandia, Suecia, Dinamarca o Austria, la inversión pública en materia de Universidades oscila entre el 1,5 y 1,7% de su PIB, el doble de lo que se invierte en España, que gira en torno al 0,9% de su PIB. En consecuencia, de dónde se va a obtener la financiación para hacer viable el nuevo modelo que plantea Castells. ¿Qué salarios tiene previsto asignar a las nuevas figuras contractuales? Porque si se crean unas figuras inviables en términos de oferta de empleo público, que no se encuentren en consonancia con la voluntad de los responsables autonómicos en materia de Universidad y la financiación pública autonómica para tal fin, la nueva realidad del Estatuto previsto por Castells se materializará en una saturación de la docencia entre las plantillas ya existentes, redundando en mayores dificultades de estas plantillas para ofrecer docencia de calidad e investigación científica, con el consiguiente perjuicio, a su vez, para la propia generación de riqueza a través de la investigación, la innovación y desarrollo en España.
En tercer lugar, en relación a la internacionalización, el documento señala las bajas cifras de profesorado extranjero en las Universidades españolas, pero no repara en que el salario de un profesor doctor en nuestro país, en cualquiera de las categorías laborales o funcionariales, es muy inferior al salario de sus homólogos en la mayoría de las universidades del centro y norte de Europa. La pregunta que debemos hacernos es si esa baja presencia de profesorado universitario extranjero en España no puede deberse al bajo salario con el que se retribuye en nuestro país al profesorado universitario, además de la escasa inversión pública en investigación. En España un profesor titular tiene un sueldo base aproximado de 31.500 euros al año, incluyendo las pagas extras, mientras que en Alemania el sueldo base de esta misma figura supera los 50.000 euros al año y en Inglaterra los 65.000 euros. De forma extraordinaria, en Universidades como Harvard un profesor a tiempo completo gana 175.000 euros al año. En ese contexto, deberíamos preguntarnos si creemos que será exitoso diseñar un cambio de estatuto para favorecer la internacionalización sin los resortes de financiación necesarios para ello. Además, en países como los antes mencionados la inversión pública en I+D+i oscila en torno al 3% de su PIB, más del doble que en España, siendo nuestro país muy poco atractivo para investigadores punteros y con experiencia. En consecuencia, hemos de preguntarnos si estamos preparados para competir en internacionalización con los salarios más bajos y con la menor inversión pública en materia de universidades e investigación y desarrollo.
Por lo demás, hubiera sido deseable que el ministro de Unidas Podemos aludiera en su borrador al irresuelto problema de la carrera funcionarial en la Universidad, una carrera que garantice la promoción sin necesidad de concurrir permanentemente a nuevos procesos de oposición para acceder a figuras contractuales mejor remuneradas y más estables. Actualmente, la mayoría de quienes deseen acceder al cuerpo de funcionarios docentes de Universidad deben concurrir mediante convocatorias de empleo de profesorado al menos a unas cuatro figuras laborales, algo que hace infinita e inverosímil la carrera académica. Tampoco se aborda en el borrador de Castells la necesidad de ofrecer mecanismos de movilidad estable entre Universidades públicas, algo igualmente necesario para el intercambio de experiencias y aprendizajes y la conciliación familiar, y que sin embargo impide el vigente Estatuto de Personal Docente e Investigador.
En suma, esa revolución morada vivida años atrás en las Universidades públicas españolas, en la cual emanó la masa crítica de Podemos, se ha quedado en una revolución retórica, pues proyectos de modificación de la Ley Orgánica de Universidades como el que propone en este momento el ministro de Unidas Podemos no hace sino poner en jaque a nuestras universidades como servicio público. En efecto, plantea Castells un modelo de contratación que, lejos de mejorar las garantías jurídicas, administrativas y económicas, del personal docente y universitario, supone nuevas dificultades e incertidumbres y, además, lo hace de forma poco consecuente con las condiciones de financiación de la que dispone el sistema público de investigación y universitario de nuestro país, así como la realidad del reparto de competencias administrativas autonómicas.

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