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La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha actualizado la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la región y ha establecido que, ante la aparición de casos esporádicos, no habrá cuarentenas en los centros educativos, si bien la Dirección General de Salud Pública indicará las actuaciones a seguir ante la aparición de brotes.
31 diciembre 2021
La Consejería ha adaptado su Estrategia para dar prioridad a las actuaciones de prevención y control de la transmisión en el escenario actual, marcado por la variante predominante Ómicron, más infectiva, pero con síntomas más leves y con mejor pronóstico clínico, y habiendo alcanzado en la región una cobertura de vacunación de casi el 92% con pauta completa en la población diana de más de 12 años.
Uno de los principales cambios que se va a introducir a partir de ahora es en los centros educativos en sus distintos niveles. De forma general, y ante casos esporádicos, no se realizarán cuarentenas y ante la aparición de brotes Salud Pública indicará las actuaciones a seguir.
Contactos estrechos
En términos generales, en el estudio y manejo de contactos no se realizará la identificación de todos los contactos estrechos, salvo en aquellos ámbitos en los que la exposición se considere de alto riesgo por la presencia de personas con una mayor vulnerabilidad (como centros sanitarios o sociosanitarios) o ante la aparición de brotes.
Además, los contactos estrechos vacunados con pauta completa estarán exentos de cuarentena, mientras que los que no hayan recibido las dosis contra el COVID-19 realizarán cuarentena de siete días, siempre que en los últimos tres días no presenten síntomas.
Pruebas diagnósticas
Los centros sanitarios priorizarán la realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a contactos estrechos (tanto vacunados como no vacunados) que sean personas vulnerables y a personas que las atienden (cuidadores profesionales o familiares, trabajadores sanitarios y sociosanitarios), además de los residentes de centros sociosanitarios y los pacientes ingresados. Se realizará una única PDIA, preferentemente en los primeros cinco días tras la exposición.
Respecto al manejo de casos, se establece un período de aislamiento de siete días para los casos confirmados asintomáticos o con síntomas leves, siempre que en los últimos tres días no presenten síntomas.
Asimismo, se priorizará la realización de una PDIA para confirmación de casos sospechosos en aquellos con sintomatología más severa, personas con mayor vulnerabilidad y aquellos que pertenezcan a entornos colectivos vulnerables, como centros sanitarios y sociosanitarios.
Además, se priorizará el seguimiento activo de los mayores de 70 años, con patología inmunosupresora, embarazadas y personas no vacunadas. Este seguimiento se realizará en el ámbito de Atención Primaria.
No se realizará seguimiento activo de todos los casos asintomáticos o con síntomas leves diagnosticados en el ámbito de Atención Primaria. En el momento del diagnóstico se facilitarán recomendaciones de aislamiento, la fecha de finalización del mismo e indicación de que en caso de empeoramiento de los síntomas, deben contactar con su centro sanitario, y en caso de una urgencia, con el 112.
Desde la Consejería de Sanidad se insiste en el mensaje de responsabilidad con el mantenimiento de las medidas de prevención en las interacciones sociales: uso de mascarilla, distancia interpersonal y ventilación de espacios interiores.
Detrás
de todo acto político está el derecho a la vida
Nos
lo recuerda todos los días cuanto tiene importancia: la electricidad, la
pandemia, la educación de los hijos, todo.
Fue en 1789, cuando en la Revolución Francesa, cuando el “derecho
a la vida”, pasó a estar explícitamente en las grandes declaraciones de la
convivencia entre humanos como asunto político nuclear.
La humanidad de todos
No es que antes fuera un páramo absoluto, pues desde el Código de Hammurabi en Babilonia, 1800
años a. C., hay constancia de la preocupación por comportamientos sociales que
empezaron a estar fijados por escrito en igualdad para todos. En torno a cuatro
siglos más tarde, el Decálogo de
Moisés (Éxodo, 20 y Deuteronomio, 5) los señaló para la
organización sociopolítica de los israelitas, y el cristianismo los concretó
–entre los años 80-90 d.C.- en torno al “amor a Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a sí mismo” (Mateo, 22,
36-40). La posterior cristianización del Imperio romano entre el siglo cuarto y
quinto hizo que ese bagaje fuera principal de la cultura europea y occidental
en los siglos siguientes, incluso como referente de lo humano frente a otras
culturas. Con los descubrimientos geográficos a partir del siglo XV, la amplitud
de lo humano hubo de de ser reconfigurada, pues se había reducido de manera
estrechamente etnocéntrica y patriarcal con el ensimismamiento feudal; como ha estudiado Fernando Álvarez-Uría, los primeros brotes de esa apertura en El reconocimiento de la humanidad
tuvieron lugar en los albores del Humanismo renacentista; acabarían
eclosionando en la revolución de los colonos americanos contra los ingleses y,
muy pronto, en París.
Aquella floración fue amarga; mientras los privilegiados del
Antiguo Régimen se aprestaron a conservar sus privilegios en lo posible,
cuantos desde los estratos sociales hasta entonces inferiores -en particular
los burgueses- pudieron trepar en el
ascenso social y económico ayudaron a mantener a salvo aquellos intereses,
mientras los pobres y asalariados del trabajo se asociaron más vivamente para
defender su derecho a la vida. Desde entonces, el genéricamente denominado
“movimiento obrero” –nutrido de influencias incluso religiosas- fue sobre todo
desde 1848 su brazo en la pelea social y política, mientras el poderoso grupo de
los percentiles económicos más altos se reforzó en la conservación del
pasado.
La igualdad del derecho
a vivir
Esta es la raíz de la gran dificultad, después de esa fecha, para
ampliar un poco más el derecho en igualdad a la vida. En el momento actual, ahí
seguimos los humanos en esa pelea que, en los países democráticos, se traduce
en la configuración de un conjunto de derechos sociales, nunca del todo
satisfechos por la pugna subyacente: unosdeseando ampliarlos y otros tratando de recortarlos. En el caso de
España, en estos días se muestra en bastantes frentes; la pandemia de la que no
logramos salir lo muestra claramente y el salario mínimo, la sanidad, la
educación de los hijos, la energía eléctrica o el gas, se suman de manera muy
destacada a las urgencias de cuanto define la mayor pobreza de muchos o la
creciente riqueza de unos pocos a cuenta de los “medios de producción”,
imprescindibles para atender las necesidades humanas –empezando por las más
básicas-, y que siempre han sido y serán escasos. De cómo seamos capaces de
conciliar una moderada satisfacción de todos, depende el entendimiento
colectivo y el orgullo de sentirse a gusto en esta sociedad, en la que el
pasado pesa mucho.
Detrás de este permanente conflicto, siempre ha habido una
soterrada lucha por la “propiedad” de los bienes capaces de solucionar los
problemas y necesidades, yhasta muy
entrado el siglo XIX, estuvo acompañada por una fuerte tendencia a sostener
como inviolable, y hasta sagrado, el derecho de propiedad privada; pero también
crecieron los partidarios de coartarla, sobre todo desde que en el último
tercio de ese siglo, para evitar males mayores, empezaron a limitarse los
omnímodos derechos que conllevaba ser propietario. Sobre esa base se crearon las
primeras leyes sociales que, después de la segunda Guerra Mundial, configuraron
el “Estado de Bienestar”, es decir, un abanico de coberturas para todos
soportadas por leyes e instituciones del Estado. Hasta entonces – y en diverso
grado según países- estas formas limitadoras de la propiedad, que habían sido
variadas -ya
veces con fondo religioso- nunca habían estado generalizadas como obligación;
no eran exigibles, por tanto, ante un Tribunal hasta muy entrado el siglo
pasado.
El “Bien general”
Hoy, la pugna de fondo ahí sigue. Las declaraciones de ayer por parte del llamado Foro Nuclear , junto con algunas de preguntas en el control parlamentario en la mañana del día 15 de este mes, documentan
fehacientemente que esa lucha básica por el derecho a la vida, con unos mínimos
de igualdad, sigue latente y no se soluciona con alivios. Solo consensos
democráticos hacen viable encontrarle una solución; la Sanidad y la Escuela
pública, y cuanto presupuestamos atender con dignidad cada año, son un ejemplo
de que es posible, a sabiendas de inconformismos y, sobre todo, de que de no
hacerlo todos perderemos mucho más.
A esta conclusión llegó Bismarck en la Alemania de los años
ochenta del siglo XIX; a la misma llegaron cuantos, a partir de 1902 sobre
todo, apoyaron en nuestro país el seguro de accidentes de trabajo,el
primer derecho social en nuestro país. Cien años más tarde, los neoliberales de
turno, desde Reagan a Thatcher -imitados por el ala más cerrada del Partido
Popular y no frenados por la fracción conservadora
de la socialdemocracia-, han vuelto a las esencias del liberalismo clásico del
siglo XIX; todas las limitaciones, recortes y silencios que unos y otros
pactan, deciden y consienten -junto a las broncas para teatralizarlo en
público-, degradan el derecho de todos a la vida, y se saltan lo que dice el
art. 128 de la CE78 sobre la predominancia que debe tener “el bien general” en las
decisiones a tomar en este conflicto permanente. De igual que se trate de
salarios mínimos, la luz eléctrica, prevenciones y cautelas sobre la pandemia, servicios
sanitarios, y dignidad que deba tener la educación de todos o la atención a los
mayores. A los de abajo en los percentiles económicos –como si sus vidas
valiesen menos- hay siempre quienes les están diciendo: cállense, tengan
paciencia, que bastante les hemos dado. Dicho de otro modo, que lo que estos
días sigue en riesgo es el interés
general de todos y cun particular de
unos u otros.es por derecho y no por devocimos minante endo: c abajo en los
percentiles econbre todo, apoyaron eáles han de ser sus componentes por
derecho, no por voluntarista devoción caritativa o benéfica de alguien.
La Comunidad de Madrid es la segunda que menos invierte en Sanidad, está a la cola de profesores por alumno pero basa su campaña en prometer nuevas rebajas de impuestos. Este viernes anunció nuevos recortes al de donaciones y sucesiones para beneficiar a 11.000 de los 6,8 millones de madrileños
La rebaja fiscal que Isabel Díaz Ayuso ha prometido este viernes para el 0,16% de la sociedad madrileña más privilegiada tendrá un coste de 30 millones de euros al año para las arcas de la Comunidad de Madrid, un dinero que la administración regional dejará de recaudar. Puede parecer una partida insignificante entre los 20.000 millones de euros anuales que maneja el Gobierno regional. Pero la cuantía que la candidata del PP pretende rebajar en el ya muy mermado impuesto a las herencias en Madrid daría para acometer mejoras largamente demandadas en los servicios públicos, como demandan los colectivos sanitarios o el personal de Educación, dos de las áreas que más sufrieron en la región con los recortes sociales en la anterior crisis económica.
Ayuso aseguraba este viernes que ampliará las bonificaciones entre tíos y sobrinos y entre hermanos en el impuesto de donaciones y sucesiones. Ese impuesto, que el Estado cedió a las comunidades autónomas, ya es prácticamente 0 entre padres e hijos y entre cónyuges en la Comunidad de Madrid, donde los sucesivos gobiernos del PP han aprobado bonificaciones del 99%. La propuesta de Ayuso consiste ahora en que la bonificación entre hermanos pase del actual 15% al 25%. Y entre tíos y sobrinos, del 10% al 20%. El "impacto" para las arcas públicas, admite el Partido Popular, es que la administración dejará de recaudar 30 millones de euros al año. Esa dinero irá a parar según cálculos del propio PP a 11.000 madrileños, el 0,16% de la población, si se tiene en cuenta que la región tiene 6.779.888 personas. Son datos oficiales del pasado 1 de enero del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Mientras los organismos internacionales reclaman mayor compromiso fiscal para hacer frente a un gasto público disparado derivado de las ayudas contra la pandemia, Ayuso sigue en su carrera para acabar con los impuestos. La candidata popular puso varios ejemplos: "Una persona deja en herencia a su hermano un piso valorado en 200.000 euros. El heredero pagará casi 5.000 euros menos de impuesto (35.600 en vez de 40.300 euros). También por la herencia a su un sobrino: "una casa en el pueblo valorado en 100.000 euros. El sobrino heredero pagará 1.700 euros menos de impuesto" (14.100 en vez de 15.800 euros). "No quiero atentar contra quienes tienen dinero y han amasado una buena herencia tras una vida de trabajo", aseguró este lunes en una entrevista en Telemadrid.
Esa partida que irá a parar a 11.000 herederos que reciban bienes de sus padres o hermanos darían para paliar algunas de las carencias en política social de la Comunidad de Madrid. Lo que sigue es un cálculo aproximado de lo que podría implicar esos 30 millones de euros en las carteras de Educación y Sanidad.
- Médicos: Según los cálculos recabados por los sindicatos, la Comunidad de Madrid podría contratar a 500 médicos recién licenciados con esos 30 millones de euros. El salario bruto de un sanitario recién salido del MIR es de unos 42.000 euros, que ascendería a 60.000 si se computan los costes para el empleador, en este caso la administración pública. Si se tiene en cuenta el salario medio de un médico –contando trienios por antigüedad y especialidades– este ascendría a unos 80.000 euros anuales. En ese caso, con el dinero que Ayuso pretende dejar de recaudar, podrían contratarse 375 médicos.
Ayuso prometió en septiembre, una mejora en la condiciones laborales de los médicos de la Atención Primaria así como la contratación de 300 médicos en tres años. La presidenta regional anunció para este plan que se alargaría hasta 2023, una inversión de 80 millones de euros. Debía igualar los salarios de estos sanitarios al de los hospitales y contratar antes de fin de año a 75. Ninguna de esas promesas las ha cumplido. 30 millones de euros es algo más que lo que Ayuso dijo que gastaría anualmente para mejorar la Atención Primaria. A día de hoy, no ha gastado ni un euro.
- Enfermeros: la cantidad de enfermeros aumentaría respecto a la de médicos. Según calcula el sindicato AME, sobre un salario medio de 40.000 euros brutos anuales, a los que habría que sumar el gasto en Seguridad Social, esa cantidad podrían contratarse podrían contratarse 600 enfermeros, el mismo número hay en la plantilla del hospital de Getafe o en el Príncipe de Asturias, según las memorias del Sistema regional madrileño de salud (SERMAS). Si es un enfermero recién graduado, la cifra ascendería a 750.
Según los datos del último informe del Ministerio de Sanidad sobre gasto sanitario público, la Comunidad de Madrid se sitúa como la región de España que menos porcentaje de su PIB dedica a la sanidad: un 3,6%. El territorio gobernado por el PP desde hace más de 25 años gasta un 1,1% menos que Cataluña, la siguiente que menos invierte con un 4,7%.
- Profesores: 30 millones de euros al año equivalen a unos 788 docentes, asegura Isabel Galvín, portavoz de enseñanza de CCOO Madrid. El dato coincide con las propias cifras de la Comunidad de Madrid, que anunció para el curso 2019/2020 una inversión de 32,6 millones de euros para contratar 800 nuevos docentes. Galvín lamenta el anuncio de Ayuso a la vez que se quieren acometer "recortes" para el curso que viene pese a que la pandemia aún golpea la región. En total, se suprimirán para el próximo curso 4.919 aulas COVID y se despedirá a una buena parte de los profesores que se contrataron para bajar las ratios de alumnos.
La Comunidad de Madrid está por debajo de la media nacional en número de alumno por profesorado, pese a los más de 10.000 docentes que contrató para la pandemia. Mientras la media del Estado está en 92 profesionales por cada 1.000 alumnos, la media de la comunidad que su gobierno presenta como la más pujante del país, baja a 86.
Una medida que no es nueva
La medida anunciada no es nueva. La presidenta regional ya hizo la misma promesa en la campaña de hace dos años, en 2019. Quedó en un cajón como gran parte de su programa electoral. También la rebaja "histórica" de impuestos del IRPF en todos los tramos, que incluía a las rentas más altas. Ayuso no ha logrado sacar adelante ni un solo presupuesto desde que es presidenta y sigue gobernando con la prórroga de los que sacó adelante su antecesor, Ángel Garrido en 2019, una situación que se agrava en el contexto actual de pandemia. Con las nuevos comicios, todo apunta a que 2021 terminará sin nuevas cuentas.
La gestión de los impuestos de Sucesiones, Donaciones o del Patrimonio es una cesión el Estado a las comunidades autónomas que nació como una forma de involucrar a las autonomías para que se hagan responsables de parte de sus ingresos ya que gestionan el grueso del gasto social (sanidad y educación, principalmente). El Gobierno central planea legislar para implementar una armonización fiscal debido a que estos impuestos varían notablemente según comunidades y las quejas de algunos presidentes de distinto color político que acusan a Madrid de ejercer un dumping fiscal.
Los sucesivos gobiernos del PP de Madrid han sido pioneros a la hora de bonificar ese tipo de tributos: lo hace al 99% en el caso de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges. El impuesto sobre el Patrimonio está anulado porque se bonifica al 100%. Por este último impuesto, el Gobierno regional dejó de ingresar en el último año en el que hay registros (2017) 955 millones de euros. Cataluña, la segunda Comunidad más rica, sin embargo, recaudó ese año por ese mismo impuesto 498,5 millones.
En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que se bonifica al 99%, en 2018, en Madrid se recaudaron apenas 411 millones de euros. Stop Impuesto de Sucesiones, una plataforma que lucha por la supresión de este tributo, elaboró el ejemplo de una persona de 30 años, soltera, que hereda de sus padres bienes por 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a su vivienda.
En Andalucía, este heredero no debería pagar ni un euro a Hacienda por la sucesión, y en Canarias apenas 134 euros. Si viviera en Madrid abonaría 1.586 euros. Por el contrario, este importe se elevaría a 155.393 euros o 103.135 euros, respectivamente, en Aragón y Asturias, las dos comunidades autónomas donde este contribuyente debería más dinero a las arcas públicas. Les siguen Castilla y León (81.018 euros), la Comunidad Valenciana (63.193 euros), Castilla-La Mancha (31.759 euros), Galicia (15.040 euros), Cantabria (14.765 euros), Cataluña (9.796 euros), Baleares (5.950 euros), La Rioja (3.175 euros), Murcia (1.640 euros) y Extremadura (1.587 euros).
Esos beneficios fiscales diseñados por la Comunidad de Madrid se concentran en los contribuyentes de mayor renta y riqueza y suponen una reducción de los ingresos públicos per cápita que, en comparación a la mayoría de las Comunidades Autónomas, afecta a la calidad de los servicios públicos.
Las bajas que afectan a claustros enteros de profesores se unen a la incertidumbre sobre qué ocurrirá con los docentes mayores de 55 años, los universitarios y en aquellas regiones que ni siquiera han empezado a citar al profesorado
La vacunación a profesores empieza a mostrar síntomas de improvisación. Hace un mes que España decidió no administrar el suero de AstraZeneca a mayores de 55 años, lo que obligó a la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad a repensar la estrategia para incluir nuevos grupos prioritarios con población más joven. Entre los colectivos que pueden inmunizarse con esta vacuna están sanitarios, policías o docentes, pero no hay un orden fijo y cada comunidad ha decidido de forma independiente por quiénes empezar.
En el caso de los profesores, la situación varía mucho dependiendo del territorio: en algunos llevan semanas vacunándose, otros ni siquiera han empezado y los hay que están pagando las consecuencias de una estrategia precipitada. Como en la Comunidad de Madrid, donde ya se ha vacunado a 24.176 profesores, pero un centenar de ellos llevan desde el comienzo de la semana sin poder ir a trabajar por las reacciones a la vacuna.
El lunes a primera hora, decenas de profesores llamaron a sus centros dándose de baja por los efectos secundarios de AstraZeneca. Nada que se saliese de lo previsto en los ensayos y en las 48 horas posteriores al pinchazo: fiebre alta, malestar, náuseas y dolor muscular. Pero al vacunarse el domingo, la mayoría de los síntomas brotaron esa noche o al día siguiente sin dar margen a los centros para avisar a las familias.
Para los sindicatos, "es especialmente lamentable que esta alegría quede empañada por la falta de previsión y de planificación, y por la mala gestión", critica Isabel Galvín, responsable de Educación de CCOO. en Madrid. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos hizo saltar las primeras alarmas tras recibir quejas por la ausencia inesperada de varios miembros de los mismos claustros. En el caso más extremo, llegaron a ausentarse 15 profesores del mismo centro en Leganés. "Las familias nos hemos encontrado con un nuevo percal que añadir a este curso", se lamenta la presidenta de la FAPA, Mari Carmen Morillas.
"Según iban recibiendo la llamada de los profesores, los centros han emitido una circular a las familias a modo desesperado para que en lo posible no llevasen a los niños. Pero a otros ya les ha pillado en el colegio en el servicio de desayuno", explica Morillas. La dificultad de esta situación, como recuerda Galvín, es que los centros continúan con un estricto protocolo COVID que no permite romper los grupos burbuja aunque se queden sin profesor. "Es una situación de tormenta perfecta", define la representante sindical. "Habría estado bien que la vacunación fuera escalonada, organizada y con criterios transparentes", reclama. Para ella, ha habido tiempo de sobra desde octubre, cuando organizaron la primera mesa sectorial.
"Se ha citado a claustros enteros sin considerar que las bajas serían generalizadas, se han vacunado centros enteros y a nadie del centro de al lado", precisa. A su juicio, el plan llega sin haber dialogado con los representantes del profesorado, del personal educativo ni con los equipos directivos. Aunque asegura que los docentes "han recibido un trato maravilloso por parte de los sanitarios", quienes los han vacunado en el Hospital Isabel Zendal y en el estadio Wanda Metropolitano, también reprocha que las autoridades no informasen a los centros de los posibles efectos secundarios en su plantilla. Una queja que no se circunscribe solo a la Comunidad de Madrid.
Andalucía empezó a vacunar a sus profesores el 22 de febrero y muchos de ellos han sido citados durante el pasado puente del Día de Andalucía. Inma Jiménez, profesora de Música y de un curso bilingüe de 4º de Primaria acudió emocionada el viernes pasado. "Me la puse a las 12 de la mañana y a las 6 empezaron los síntomas: tres horas de escalofríos, 39,6 de fiebre, vómitos y debilidad extrema", cuenta la docente cordobesa. Después de un día con paños húmedos por todo el cuerpo para bajar la temperatura y tomando paracetamol cada dos horas, "el domingo ya estaba estupenda".
De los 24 profesores de su centro, asegura que solo un par no presentó síntomas y otros dos sintieron un leve dolor en el brazo. La suerte que tuvieron es que la mayoría del claustro enfermó durante el puente y este martes estaban todos en perfectas condiciones para dar clase. "Con haber estado la mitad de mala de lo que yo me puse, claramente me tendría que haber pedido la baja", dice Inma al conocer lo ocurrido en Madrid.
"Lo nuestro debía estar calculado", confía. Fuentes de la Consejería de Sanidad lo desmienten: que una parte de sus docentes haya sido vacunada este puente y sus malestares no hayan afectado al desarrollo de las clases ha sido cuestión del azar. De hecho, Andalucía está llevando una estrategia similar a Madrid, citando colegio por colegio en lugar de escalonar por cursos. No obstante, los docentes andaluces acuden mediante el aviso previo de su equipo directivo, a diferencia de lo que ocurre en Madrid, donde algunas jefaturas han lamentado que desconocían que su plantilla había sido llamada a vacunarse.
"Deberían repensar la planificación de cara a la segunda dosis, que nos toca el 9 de mayo y dicen que puede provocar aún más síntomas", responde Inma al enterarse. Además, tiene la certeza de que este martes ha habido bajas en su entorno, aunque en otras provincias, ya que la vacunación sigue su curso también entre semana. Lo mismo ocurre en Catalunya, donde la inmunización del profesorado empezó a mediados de febrero. "Hemos denunciado la falta de coordinación entre el Departament de Salut y el de Educación porque no se ha informado de los criterios", señala Rosa María Villaró, portavoz catalana de Educación de CCOO.
Aun así, existen diferencias entre esta fórmula y la madrileña, puesto que a los docentes catalanes les llega un correo mediante el cual pueden pedir cita en su centro de salud más cercano. Ya hay 58.673 personas del sector vacunadas. "El problema es que este sistema se colapsa muy a menudo, se producen muchas incidencias y no entendemos cómo se están priorizando los colectivos", admite la responsable de CCOO. Respecto a efectos secundarios, admite no haber recibido quejas a nivel sindical, pero no duda de que haya ocurrido de forma menos mediática que en Madrid. "Esto pasa cuando se ponen parches pero no se gestiona a priori", se lamenta. "Preferiría que hubieran empezado un poco después a que la vacunación trastoque la vida de las familias y el trabajo de los centros", dice Mari Carmen Morillas, desde Madrid.
Comunidades que sí y que no
Hay muchas comunidades que ni siquiera han iniciado aún la vacunación de sus docentes. Aragón y Castilla-La Mancha calculan que empezarán a finales de marzo; en Asturias los llamarán después de la Policía y la Guardia Civil; Cantabria empezará la segunda semana de marzo, como la Comunitat Valenciana y Murcia.
En el caso de la Comunitat Valenciana, Toni González, presidente de FEDADi (Federación de Asociaciones de Directores de Instituto), cuenta que la Consejería de Sanidad les ha pedido dos listados con todo el personal del colegio, incluidos profesores, conserjes, personal de limpieza, bar y cafetería, administrativos y personas en prácticas. El primero con la gente menor de 55 y el segundo con los mayores. Dentro del primero, se solicita nombre, apellido y número de teléfono para que acudan a vacunarse a las principales ciudades valencianas. "Nos llamarán más o menos en una semana y tenemos que ir de tres a ocho de la tarde", cuenta el director. Sin embargo, desconoce si lo escalonarán por cursos o lo harán por colegios enteros.
Galicia, por ejemplo, está citando por orden alfabético, de forma que se aseguran de no dejar ningún centro sin personal durante dos días en caso de que broten los efectos adversos. Esta comunidad empezó a llamar el pasado 24 de febrero, mientras que Euskadi comenzó el 27 y Extremadura el 1 de marzo. Los expertos en Salud Pública y epidemiólogos recomiendan "evitar agravios comparativos entre los territorios", como dice José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad y profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Sin embargo, si los planes siguen según lo previsto, a finales de marzo todo el país habrá comenzado a vacunar a sus docentes menores de 55 años. El siguiente problema será, ¿cuándo les toca a los mayores de 55 y a los profesores universitarios?
Profesores universitarios y mayores de 55
Isabel Galvín, de CCOO, reclama a Educación y Sanidad que aclaren "qué va a pasar con los mayores de 55 años y con los que tienen enfermedades no compatibles con la vacuna, un tercio de todos los docentes". La incógnita es si diseñarán un plan para ellos o tendrán que esperar a su grupo de edad para vacunarse con Pfizer o Moderna, como ha ocurrido con los policías. En Euskadi, según UGT, Educación habría emitido un comunicado para que los profesores de más de 55 recibiesen de forma prioritaria la vacuna de Janssen, que previsiblemente será aprobada el próximo 9 de marzo, pero aún no hay nada cerrado.
Los sindicatos consultados muestran su preocupación por la "exclusión" de este colectivo, así como por "la situación de embarazadas y lactantes y los colectivos con enfermedades previas como inmunodepresión grave, enfermedades cardiovasculares o hepáticas", para los que la vacunación no está recomendada, enumera Galvín. El otro campo de batalla para Educación se encuentra en los campus con los rectores, al no haber sido incluidos ni ellos ni el personal de las universidades entre los 15 grupos "esenciales". Al respecto, fuentes del Ministerio dirigido por Manuel Castells aseguran que lo han solicitado, "pero que la última palabra la tiene Sanidad".
Publicamos este nuevo artículo de nuestro compañero Manuel Menor
Este año de la peste es
crecientemente aleccionador
Nadie nos examinará de
sus lecciones, ni en modo on-line ni
presencialmente, pero no nos libraremos de una evaluación de lo que hayamos
aprendido.
Especialistas como Aguado,
en la Comunidad de Madrid, mejoran mucho la interpretación del liberalismo
clásico. Cierto que una Comunidad autonómica no es el Estado, pero sí parte
sustantiva de este (según la CE78); sea como sea, es una plataforma perfecta
para que algunos políticos se sientan “varones”, eufemismoaristocratizante que podría traducirse como
“reyezuelos”, de carácter más o menos absolutista según talantes y enla medida
que dicte un guión que alguien escribe entre bambalinas.Este vicepresidente confirma, desde la tarima
profesoral de su cargo oficial, que son partidarios del “Estado mínimo” decimonónico, tan pequeño que, incluso en una
situación grave como la actual, han decidido no hacer nada y que lo poco que
hagan redunde en beneficio de quienes les han aupado a proteger sus intereses.
El presupuesto
Mientras, en lecciones anteriores, hemos aprendido que el 50% del presupuesto
de Sanidad madrileño que administran se va a entidades privadas, descapitalizando
lo que resta de Sanidad pública; y nos enteramos de que, dado el déficit de
plazas para atender a los enfermos que se acumulan, han contratado hospitales
privados a unos precios que parecen de suite hotelera de cinco estrellas. En
Madrid -punta de lanza del neoliberalismo
más rancio- la lección magistral que acaban de proporcionar -ejemplarizada a
modo de power-point muy gráfico con
actuaciones colaterales- se sintetiza en que “no queremos tomar más medidas….
Si la situación empeorara, entendemos que es el Gobierno de España el que tiene
que tomar cartas en el asunto”. Adicionalmente, para que quedara más claro, en
la propia Asamblea de Madrid
–teóricamente el aula magna de la democracia autonómica- la presidenta del
lugar ha llamado “sinvergüenzas” a quienes se manifiestan ante su hospital
estrella por afearle la mala
gestión y el schock que, en los
asuntos sanitarios, está produciendo. Podía ser lo mismo si de Educación se
tratara, porque lo ha explicado otras muchas veces ante la terquedad de la
mitad del alumnado.
La conclusión, como alumnos oyentes, es pensar que muy bien, lo
están haciendo muy bien; dan muy bien en la foto de la tarima, sobre todo
cuando se pelean ante las cámaras para mostrarnos lo bizarros que son para
mostrar que, porque nos quieren, están dispuestos a pelearse de continuo con
quien sea; unos segundos narcisistas en
los twits de los amiguetes están divinos, aunque al resto del alumnado esas
cuitas mediáticas nos haga bostezar.
La peste
Es propio de la escuela dogmática y chillona el aburrimiento,
porque nos hace conscientes de que no pintamos nada en esta historia salvo como
paganos. ¡Cuidado con el silencio! En el patio de recreo de este colegio crece
la sensación de que estos hombres de paja son un timo. Nadie se explica que, ni
en una situación tan grave como esta, los patrimonios de unos pocos sigan creciendo, por más que esta
pandemia se esté llevando por delante más gente que cualquier guerra
convencional; recuerdan lo que les mandaron leer en Defoe, quien al final de El
año de la peste, dice en 1722: “Terrible peste…, cien mil almas se llevó,
¡pero yo sobrevivo!”.
Nuestro compañero comparte con tod@s su nuevo artículo
¿Es público todo lo
público?
En las noticias de este
martes (01.12.2020), tuvo relevancia la inauguración de un hospital nuevo en
Madrid, que, hasta en la TV, parecía tramoya.
Teóricamente con muchas camas, teóricamente con muchos sanitarios
y teóricamente fundamental para la deteriorada red sanitaria pública, el
flamante trozo de instalación hospitalaria se inauguraba después de un mes de
noviembre que se ha cerrado con una media de 300 muertos por día –a nivel
nacional-, equivalente a más de 9.000 muertos por la pandemia en este mes.
Sonaba muy bien; el acontecimiento estuvo en primer plano, las autoridades más
implicadas pudieron hacerse la foto y los más crédulos pudieron dormir
tranquilos: estaban en buenas manos, ocupadas de que estuvieran bien atendidos;
estaban en una región privilegiada del mundo y, con un hospital reluciente al
lado de un aeropuerto, no habrán pensado en marcharse, sino en quedarse
mientras la vida aguante, contentos con esta gente a la quemerece la pena tener en cuenta para las
siguientes elecciones.
La Primaria
El verdadero acontecimiento del día estuvo en otra parte; había
acontecido a personas muy próximas no solo en Sanidad, sino también en Educación
y en cuanto a Asistencia de tercera Edad. A la misma hora, una persona amiga me
contaba la penitencia en que peregrinaba desde antes del verano a causa de un
trastorno producido por una operación de cadera no bien resuelto, la secuencia
de placas, análisis y citas con la especialistas por la que tenía que pasar
para que, al final, en una unidad dedolor le pudieran poner una determinada inyección. Era de tal
complejidad que todavía le quedaba esperar –si seguía el itinerario actual de
la red sanitaria pública- como mínimo hasta la primavera, mientras su dolor
continuaba atosigaba su paciencia de continuo. Una hija, preocupada por
cómosufría, llamó a una reconocida
entidad privada y, según parece, este viernes le harán un hueco para atenderla.
El esquema estaba claro ayer, incluso tras un hospital que se
abría como un escaparate de posibilidades, pero del que algunos de responsables
ni siquiera sabían si tenía quirófanos, y que parecía, ante todo, el anuncio de
un supermercado de amueblamiento sanitario. Esa tapadera no impide, sin
embargo, que prosiga el desmantelamiento de la red pública, la erosión
creciente de la atención primaria y el estrés de cuantos quedan residuales en
sus centros que, a su vez se van deteriorando progresivamente o, en algunos
casos, ya están abandonados.
Todo usuario que tenga algún problema como el de la persona
mencionada, será la mejor agencia publicitaria para contar que, si requiere
cuidados y no puede esperar, ya sabe a dónde no debe ir; cada cual se buscará
la solución como pueda y donde entienda que, al menos, le digan que lo suyo
merece la pena de ser atendido. Por supuesto, que la red privada le mimará si
tiene una buena tarjeta de crédito; en uso pleno de la libertad de mercado, y
contando con el apoyo infinito de algunas autoridades presentes en el acto de
ayer –o en actos similares- hará el milagro de que su mano invisible se cuele en
nuestras vidas de manera voraz para nuestros bolsillos.
Los clásicos (de la Economía
política)
Gracias a esta puesta en escena de la vuelta a los orígenes de la
Economía Clásica, se acabará pronto cuanto quede de la Política Económica que
se fue tejiendo desde finales del siglo XIX en Europa y, en lo que atañe a
España, tan lenta y mediatizada desde la primera ley de protección social que
hubo en 1901. No cabe duda de que es un glorioso retroceso de la historia de la
humanidad hacia un imparable como urgente desarrollo de un individualismo feroz:
cada cual a lo suyo y el último que apague la luz.
Quienes siguen con atención la evolución del mundo educativo
tienen ocasión de asistir a un espectáculo de similar magnitud. La proporción
que ya ha alcanzado la red privada y, especialmente la privada concertada, ha
sido similar; a cuenta de mermar recursos para la pública, va en aumento y está
a punto de alcanzar a los belgas, que nos llevan delantera en este asunto.
Quienes disfrutan el privilegio de tener subvenciones o conciertos –como se
llama a la asistencia que reciben de recursos públicos desde la LODE, en 1985-
están que trinan porque, según la LOMLOE que se avecina, les van a poner
algunas pegas a tanta prodigalidad como venían disfrutando. Tienen en el
recuerdo –porque siempre queda memoria del reciente pasado- de cuando a los
institutos de la pública solo iba apenas un 30% de bachilleres y todos los
demás pasaban por sus bonitos colegios; añoranza el tiempo de cuando, en vísperas de la Ley General de
Educación en 1970, detentaban casi el 80% de los recursos de la Enseñanza
Media, como atestigua el INE y el Libro
blanco que, en 1969, adelantaba cómo iba a ser –en el papel- la ley que
instauró la EGB, el BUP y el COU. La nostalgia de algunos va más atrás todavía,
cuando pasar de una Primaria escuálida e imposible incluso para muchos, era
privilegio exclusivo de la gente “bien educada”, de la que Vicente Risco dejó
un gran retrato, en 1928, en su pieza teatral: O porco de pé .
Mi casa (oikos)
Naomí Klein lo explicó en La
teoría del Schock hace trece años. Pero cuando se deteriora todo para dar solución
redentora a un problema urgente, en términos de guión de serie acreditada-como Lilyhammer
(2011)- se llama mafia; en los de la nueva economía imaginativa, es
proclamada como emprendimiento y, en el lenguaje de una sana vida democrática,
ocupada en el Bienestar de todos, se conoce como corrupción.
Es fácil vender “calidad” en situaciones tan desequilibradas en
que se juegan los recursos de todos y hasta los más torpes han aprendido a dejarse
ir al huerto porque está tirado para quienes tengan el cerebro de un mosquito.
Lo difícil es gestionar lo público como si de algo propio se tratara, y que todo
el mundo entienda que se trata de su casa: en definitiva, a eso alude
etimológicamente la palabra “economía” sin adjetivos. La Covid-19 está dejando
claro el juego a quien quiera verlo; el riesgo que todos estamos corriendo es
que crezcan en demasía los cansados de reclamar atención y que se pierda toda
esperanza de sensatez. La situación se parece a lo que cuenta Benedetti al
inicio de uno de sus poemas más conocidos, “la casa y el ladrillo”, que inicia
con esta cita de Brecht: Me parezco al
que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa.
Reproducimos este artículo de Carlos Girbau (concejal de Ahora Ciempozuelos y amigo de Sin Permiso) en CUARTOPODER.ES
Que el Consejo fuera conveniente a quienes administran nuestra salud y educación en el reino, no quiere decir que haya sido realmente útil para la mayoría de la ciudadanía
El problema no radica en que haya 17 CC.AA. con sus maneras diferentes de ponerse la mascarilla como señala la prensa. Lo que hay son dos modelos políticos que pugnan
Hubo que esperar hasta el 27 de agosto, a escasos días de la vuelta a los centros de estudio, para que una conferencia multisectorial de tres ministros (I. Celaá, Educación y Formación Profesional; S. Illa, Sanidad y C. ; Darias, Política Territorial y Función Pública) y los consejeros de Sanidad y de Educación de las 17 Comunidades Autónomas (CC.AA.) acordara, con la abstención de la delegación de la C.A. vasca, el protocolo que establece los términos en los que los centros educativos pueden ser abiertos. El largo y formal título del documento: “Acuerdo del consejo interterritorial del sistema nacional de salud, adoptado en coordinación con la conferencia sectorial de educación, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al covid-19 para centros educativos durante el curso 2020-21” podría hacernos creer que nos encontramos ante la norma que resuelve las dudas e inquietudes que asaltan a la inmensa mayoría de una sociedad concernida por una reapertura de los centros de estudio en pleno crecimiento de los contagios de COVID-19 a razón de casi 10.000 diarios.Transcurridos 6 meses del obligado cierre de la educación presencial debido al confinamiento y todo lo ese hecho puso en evidencia, era ya chocante la inacción, la falta de previsión y planificación de las administraciones (todas) ante el inminente regreso a las clases.
La reunión del día 27 de agosto le iba bien a todo el mundo político institucional. Por un lado, a un PP sin alternativa como quedó de manifiesto en el encuentro de todo su poder autonómico celebrado el 26 de agosto, un día antes del consejo interterritorial, de cuyas decisiones y propuestas de un “plan alternativo al del gobierno” aún hoy nada se sabe. Por otro, a los gobiernos autonómicos que, a toda prisa, fueron estableciendo precarios protocolos de reincorporación a las aulas. También a la presidencia del Gobierno le vino bien para huir de su imagen de pasividad reprochada en agosto; incluso a Unidas Podemos que, poco antes de la reunión del consejo interterritorial, había señalado la falta de iniciativa de la ministra Celaá por no condicionar a la mayor contratación de profesores y de personal en los centros educativos los dos mil millones que en mayo el Estado puso al servicio de las autonomías para educación. UP tocó con ello un problema básico en toda esta situación pero, lamentablemente, calló sobre universidades, la rama educativa que les compete directamente en el Gobierno de Coalición Progresista.
Ahora bien, que el Consejo fuera conveniente a quienes administran nuestra salud y educación en el reino, no quiere decir que haya sido realmente útil para la mayoría de la ciudadanía. Una lectura rápida del acuerdo llevara a perder toda esperanza de encontrar en él algo más de lo que, tras meses de sufrir pandemia, podemos definir como “lo de siempre”: mascarillas, higiene de manos, establecimiento de grupos de convivencia estables o distancia de 1,5 metros. Nada novedoso con respecto al documento del Ministerio de Educación del 22 de junio de 2020.
La gran mayoría de la prensa, fiel exponente de las empresas que la controlan y partidaria de manera creciente, como una porción cada vez mayor de la oligarquía española, de una involución recentralizadora del Estado autonómico, no pierde ocasión para ridiculizar en sus titulares las diferencias en el uso de la mascarilla, la ventilación de las aulas y la toma de temperaturas que existen en las distintas CCAA. Intentan con ello ganar el discurso hacia un aspecto concreto de la cuestión, que no del problema.
La pandemia y el cierre de las escuelas de marzo, como ahora el número de contagios y sus zonas (los barrios populares), pone de manifiesto, una vez más, los graves problemas de fondo de la sociedad. Problemas profundos que son previos a la pandemia, como bien nos recordó el anterior relator de la ONU, Philip Alston en su informe sobre la pobreza en España de 2018. En aquel documento ya entonces se señalaba que un 26,1% de la población y el 29,5% de los niños se hallaban en riesgo de pobreza o exclusión y que más del 55% de los habitantes experimentaban algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. A día de hoy, las personas que han presentado la solicitud de Ingreso Mínimo Vital son más de 800.000; las que están en el desempleo rondan el 20%, 7 puntos más que en 2018; y quienes se hallan en ERTE superan el millón. Como bien señaló el relator, el empobrecimiento general de la población fue resultado de una decisión política que protegió a los más adinerados. Entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante se incrementaron menos del 2%.
La crisis de 2008 se enjugó por parte del gran capital sobre la base de recortes y más recortes en los servicios (derechos básicos) e incremento de la precariedad para la ciudadanía, y de rebajas fiscales para los más opulentos. Dicho de otra manera, se degradó la propia condición de ciudadano/a y de persona, encogiendo la democracia y reduciendo de manera cada vez más evidente el conjunto del entramado legal a un simple instrumento para el pago de la deuda a sus tenedores (cambio artículo 135 de la constitución) y para la profundización de la represión como respuesta (leyes mordaza).
Tras una década, tales recortes y sus efectos continúan sin revertirse. Se trata de la lluvia fina que cala y que se encuentra, por ejemplo, detrás de la brutal brecha digital que separa al alumnado y que se puso de manifiesto en el cierre de los centros bajo el confinamiento. Una expresión del empobrecimiento de la sociedad, de la falta de inversión y la escasez de garantía y compromiso democrático por parte de los gobiernos de turno (autonómicos y estatales) con un derecho democrático fundamental como la educación. En estos años de pre-pandemia y austeridad se aumentaron las ratios por clase, se tomaron laboratorios y bibliotecas para dar cabida a más alumnos, se recortaron espacios comunes y se redujeron profesores y otros técnicos. Se degradó la enseñanza pública de manera muy especial. Se fragilizó el empleo hasta el extremo de que 53.000 interinos deben ser recontratados año a año; se redujo la parte del PIB que se destina a educación a un 3,75% (previamente a la anterior crisis, se situaba en un ya escaso 4 %). En definitiva: se perdieron nada menos que 9.000 millones por causa de los recortes.
Y es precisamente ahora cuando se habla de reducir ratios para garantizar mejor la seguridad y de desdoblar aulas, de contratar profesores y personal de apoyo, de incrementar los medios tecnológicos. Pero tales afirmaciones no representan mucho más que discurso. De hecho, el documento del Consejo del 27 agosto apenas trata el tema; además, no es de obligado cumplimento. O sea, da vueltas sobre un problema provocado por la austeridad neoliberal, pero se niega siquiera a señalarlo, como si por el hecho de no nombrarlo se pudiera escapar de él y sus terribles consecuencias.
Por puro sentido común, la comunidad educativa reclama una apertura del curso presencial y segura. La reclama en defensa de la igualdad social y de la propia enseñanza; exige más personal, lo que supone mucho más que la obligada recontratación anual de los 53.000 interinos; se solicita revertir lo recortado para poder empezar a hablar en serio y se exige que se destine una parte directa de los fondos que vendrán de la UE a educación.
El Consejo del 27 de agosto ha mostrado también que las autonomías han dejado para última hora el regreso a las aulas. Una vuelta dominada por esa austeridad no revertida y una cicatería de medios que continúa siendo el elemento determinante en su diseño junto a la voluntad evidente de sacudirse toda responsabilidad política. Con algo de esta lógica, rompe positivamente el acuerdo alcanzado en la Comunitat Valenciana. Allí el conjunto de la comunidad educativa y el gobierno autonómico surgido del Pacto del Botànic firmaron un acuerdo por el que dicho gobierno destinará 200 millones de euros a adecuar espacios para impartir enseñanza y a la contratación de 4.600 profesionales. Veremos en qué queda, pero, en todo caso, se trata de una línea diametralmente opuesta a la de la Comunidad de Madrid donde se espera una huelga en la enseñanza que seguirá a la organizada por las escuelas de idiomas a principios del verano. Los paros están convocados por todas las centrales sindicales en todos lo tramos educativos, menos el universitario. Las jornadas elegidas inicialmente fueron el 4, 8, 9 y 10 de septiembre. Pero posteriormente han sido aplazadas al 22 y 23 de septiembre.
Un gobierno, el de la Comunidad de Madrid dirigido por PP y C’s, que ha continuado, en plena pandemia, cerrando unidades docentes (públicas) y desviando dinero a la enseñanza privada y concertada. Frente a la amenaza de huelga y la sensación de inseguridad que transmite a la población intenta ahora sacar pecho y anunciar, a 10 días del inicio de curso, la contratación de 10.000 docentes. Vale recordar que ha sido incapaz de concretar la contratación de 1.200 rastreadores y que despide a miles de profesores interinos cada año sin que le tiemble el pulso. Pero a pesar de ello y de mantener los centros de atención primaria cerrados en varias localidades, asegura que reducirá las ratios de alumnado; eso sí, sin proveer de fondos ni de espacios a los centros de enseñanza. Algo similar ocurre en Andalucía y Galicia, comunidades todas ellas gobernadas por la derecha.
El problema no radica en que haya 17 comunidades autónomas con sus maneras diferentes de ponerse la mascarilla como señala la prensa. Lo que hay son dos modelos políticos que pugnan. Uno, que va ganando con mucha ventaja y que tiene en la llamada “colaboración publico-privada” el caldo de cultivo de la privatización que domina la descentralización administrativa autonómica del régimen del 78 bajo el neoliberalismo; y otro, el que entiende que lo público representa, como en la pandemia, la única garantía de derechos, de igualdad y verdadera protección de la mayoría de la población ante los efectos de esta triple crisis sanitaria, social y económica que padecemos. El primer camino se empantana sometido al desgobierno del interés de los más poderosos. El segundo necesita, cada vez de manera más imperiosa, un nuevo marco legal que vaya más allá del 78 y que lo sustituya por otro basado en la libre decisión de los pueblos y la igualitaria relación fraternal que marcan las repúblicas. Mientras se despeja el panorama, huelgas como la de Madrid marcan camino.
Enterrada, al menos por ahora, el hacha de guerra. Gobierno y comunidades han alcanzado un acuerdo de mínimos para organizar la vuelta al colegio. La cercanía de la reapertura de las aulas seis meses después de que los niños se fueran a casa en marzo por el crecimiento del coronavirus en España disparó las alarmas en la comunidad educativa sobre la forma en la que se retomará la actividad. Y también se incrementó la tensión entre administraciones. Algunas comunidades autónomas y el PP reprocharon al Ejecutivo la inacción en este asunto. Incluso Unidas Podemos acusó a la ministra de Educación, Isabel Celaá, de "falta de liderazgo" en la organización del retorno a las escuelas.
"Estamos trabajando desde la suspensión de la actividad educativa presencial. Hemos trabajado conjunta y coordinadamente". Así comenzó Celaá su intervención en la rueda de prensa en la que, junto a Salvador Illa y Carolina Darias, explicó el acuerdo alcanzado con todas las autonomías, a excepción de Euskadi. "Hemos conseguido concluir el curso 2019-2020, celebrar las pruebas de la EVAU, organizar el trabajo y homologar los estudios cursados en el extranjero y otros. Estamos trabajando en el inicio del curso escolar 2020-2021 que empezará en septiembre. Hay mucho trabajo hecho", se defendió la titular de Educación, que recordó que el 22 de junio, tan solo un día después de que se levantara el estado de alarma, se envió a las comunidades una guía para el arranque del curso escolar. "No hemos partido de cero", remató.
Una vez recuperadas todas las competencias, las comunidades tenían que establecer sus propios planes de actuación. Pero a medida que la fecha se ha ido acercando y con un aumento significativo de los contagios, la tensión se ha elevado por parte de algunas autonomías, que pedían instrucciones a Educación. El Gobierno convocó una reunión multisectorial en la que estuvieran presentes los consejeros de Educación y Sanidad y, por su parte, asistió también la ministra de Política Territorial. La víspera, el PP convocó a sus representantes y, tras la reunión, Génova reclamó un plan coordinado para la vuelta al cole que incluyera el uso obligatorio de la mascarilla o la elaboración de pruebas PCR a los profesores antes de reincorporarse.
Ante la revuelta ocasionada, desde el Gobierno recordaban que la educación es una materia transferida a las comunidades autónomas y que ya había un protocolo genérico elaborado en junio. La ministra trató de rebajar la preocupación al asegurar que solo era necesario realizar algún "ajuste" en función de cómo ha evolucionado la epidemia en España. Y eso es lo que han hecho en la reunión de este jueves en la que han introducido algunos cambios sobre las recomendaciones iniciales. Por ejemplo, se ha generalizado el uso obligatorio de la mascarilla a partir de los 6 años –independientemente de que los alumnos formen o no parte de grupos "burbuja"– y se tomará la temperatura al inicio de la jornada escolar. También se han establecido parámetros como la higiene de manos al menos cinco veces al día o la necesidad de ventilar –si no es posible tener permanentemente las ventanas abiertas– antes de iniciar las clases y en los recreos.
Los ministros explicaron que se trata de una serie de medidas acordadas con las comunidades, que podrán desarrollar otras que consideren oportuno dado que las competencias les corresponden a ellos. Un ejemplo es la realización de test PCR al profesorado. "Hay un consenso amplio en la ciencia y entre los epidemiológos en que una acción indiscriminada con PCR o test serológicos no tiene mucho sentido, hay maneras más eficaces" de reducir el riesgo de contagio, sostuvo Illa. "Nunca viene mal pero no es la forma más eficiente de actuar", apostilló el titular de Sanidad, que dejó claro que las autonomías pueden "actuar convenientemente".
También intentaron restar importancia a las críticas que habían llegado de algunas comunidades, que acusaban al Ejecutivo de inacción. "El ambiente que hemos venido sosteniendo a lo largo de 18 reuniones –dijo Celaá para remarcar el contacto constante con las autonomías– ha sido siempre muy positivo". "Las comunidades dan mucho trabajo", admitió la titular de Educación en tono irónico, consciente de que ha estado en el centro de la diana en los últimos días por el tira y afloja entre las autonomías y el Gobierno central. Fuentes gubernamentales admiten que es "agotador" el equilibrio que tienen que mantener en la cogobernanza con las 17 comunidades. "Hay más ruido fuera que dentro", trató de suavizar Darias, que es la responsable de las relaciones territoriales.
Sin embargo, la carrera por presumir del mejor plan no tardó en llegar y algunas autonomías cuestionaron el cumplimiento al 100% de las medidas pactadas. Andalucía puso en duda el uso de la mascarilla de los niños en el caso de que puedan mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. Catalunya no modificará su protocolo de apertura de las escuelas para incluir la mascarilla obligatoria entre los alumnos a partir de 6 años. El responsable de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha asegurado que seguirán con su criterio: solamente será obligatorio el uso de mascarilla cuando el riesgo epidémico sea elevado. Si no, no lo será, informa Pau Rodríguez. Aún así, Argimon trató de no polemizar. "No habrá discusiones estériles".
A pesar de que algunas comunidades habían reclamado con insistencia el pronunciamiento del ministerio en los últimos días, han aprovechado después para defender sus planes. "Es un documento razonable, de mínimos. Se debía haber debatido hace unas semanas –dijo el consejero madrileño Enrique Ossorio–. Por ese motivo el pasado martes la Comunidad de Madrid presentó su estrategia basada en el escenario 2 de las instrucciones de inicio de curso". La región, que encabeza las críticas al Ejecutivo central en la gestión de la pandemia, asegura que el documento pactado recoge "muchas de las propuestas" del plan madrileño, que consideran "más ambicioso" porque incluye medidas como 100.000 pruebas PCR o un ratio de 20 alumnos por aula [el protocolo establecido por Educación en junio apuntaba a una bajada del número de estudiantes para que estuvieran entre 15 o 20 por clase].
"El Ministerio ha llegado tarde. Ha presentado el 27 de agosto unas medidas que en nuestra Comunidad estaban ya adoptadas desde hace varias semanas", afirmó la consejera de Educación de la Región de Murcia, Esperanza Moreno, que reprochó que no se recogiera "la solicitud de flexibilizar los currículos de las materias y asignaturas". Celaá recordó que las adaptaciones programáticas son una potestad de las autonomías.
No obstante, muchas comunidades han admitido que ya tenían todo listo para la vuelta al cole y que el acuerdo de mínimos no varía sus planes –que en muchos casos van más allá–. La consejera cántabra, Marina Lombó, explicó que el texto aprobado este jueves "actualiza" la guía publicada por los Ministerios de Educación y Sanidad el pasado mes de junio, que fueron la base para la elaboración del protocolo propio de cada Comunidad Autónoma, a la luz del conocimiento más profundo que se tiene hoy del virus y, también, de la evolución de la crisis sanitaria.
"Hemos ejercido nuestras competencias", explican desde un Ejecutivo regional gobernado por el PSOE, que considera injustas algunas de las críticas que en los últimos días se han producido desde algunos gobiernos autonómicos por la gestión de la vuelta al cole.
División en Unidas Podemos por las críticas a Celaá
Además de la batalla que la ministra de Educación ha tenido que librar en los últimos días por las acusaciones de inacción por parte del PP y de algunas comunidades, Celaá se topó con la crítica de los de Pablo Iglesias a su gestión de la vuelta al cole. Mientras estaba reunido el Consejo de Ministros, Unidas Podemos envió una comunicación a los medios en la que reprochaba a la ministra "falta de liderazgo" y le reclamaba medidas como la rebaja de las ratio de alumnos por aula o que la distribución de los fondos europeos se condicionase en función de la contratación de profesorado -algo inviable, según Educación y el propio presidente-.
Sin embargo, ese reproche no lo comparten algunos de los miembros del gabinete que forman parte del socio minoritario. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, alabó el "excelente" trabajo de Celaá. “No le ha faltado liderazgo en absoluto”, aseveró, según informa Servimedia. En esa misma línea se pronunció la titular de Trabajo, Yolanda Díaz: "Hace un trabajo extraordinario".
Después de días y semanas en que los medios de comunicación y la oposición alertaron sobre las ya míticas 17 vueltas al colegio diferentes ("17 formas de llevar mascarilla o de ventilar el aula", se ha llegado a titular), al fin se celebró el jueves la reunión con ministros y consejeros autonómicos de Educación. Después de toda la tinta derramada, podría pensarse que iba a tener lugar un combate salvaje con posiciones radicalmente contrapuestas. De repente, el drama desapareció. Las autoridades presentes llegaron a un acuerdo básico que cada autonomía aplicará a buen seguro en función de las circunstancias. "Un mínimo común denominador", lo llamó Salvador Illa, ministro de Sanidad. 29 medidas y cinco recomendaciones. Para lo más difícil, aquello de lo que casi nadie quiere hablar –el cierre de colegios en caso de brotes–, el plan del Ministerio lo reserva a situaciones de "transmisión comunitaria no controlada" sin concretar las cifras. Es mejor que eso lo decida cada Gobierno autonómico en función de los datos de cada centro. Nadie quiere ponerse en lo peor antes de abrir las aulas.
Esta última idea tiene su parte de lógica. Si se pusieran sobre la mesa todos los posibles escenarios más negativos, los colegios no se abrirían nunca y el daño que sufrirían los alumnos, en especial los de familias más pobres, sería irreversible.
Sí hay situaciones que se van a producir, porque son inevitables, y ante las que podría haber una respuesta más clara. Preguntaron a Illa qué se hará en los casos de familias que envíen a sus hijos al colegio sabiendo que tienen fiebre. El ministro, que suele medir bien sus palabras, optó por una reacción que ignora la realidad de este país, la formada por aquellas familias que no pueden trabajar desde casa ni tienen dinero para contratar a alguien que se quede con los niños en el hogar. "Estando como estamos, no concibo que un padre o una madre lleven a un niño al centro a sabiendas de que pone en riesgo la salud de los demás. Si no, esto no tiene solución", dijo.
Quizá Illa no lo pueda concebir, pero ese es un dilema al que se enfrentarán muchas familias en el mundo real. Es evidente que sería una irresponsabilidad. También es verdad que es más fácil ser responsable cuando te lo puedes permitir.
La ministra de Educación admitió que el documento pactado no recoge medidas sobre conciliación para esos casos. "Pensaremos en respuestas acordes a las necesidades de las familias", dijo Isabel Celaá. Cuando terminen de pensar, es posible que nos avisen.
El acuerdo no contempla medidas inviables, como la exigencia del PP de hacer "test masivos", una medida desproporcionada que no es una garantía, porque un profesor que dé negativo en una prueba PCR puede contagiarse un día o una semana después. "Tienen que hacerse los test diagnósticos a los profesores, a los trabajadores de los centros educativos", había dicho Ana Pastor el día anterior. Los gobiernos autonómicos presididos por el PP podrían realizarlas por su cuenta sin pedir permiso al Gobierno central y no se les ve con muchas ganas. Básicamente, porque tendrían que pagar las pruebas y contar con el número suficiente de laboratorios en el que analizarlas.
Una reunión de ministros y consejeros no es una garantía de éxito. Como mínimo, esta era necesaria. Podría haberse hecho a mediados de agosto, aunque no fuera la cita definitiva. Esperar a los últimos días del mes ha permitido altas dosis de ruido político y periodístico. Lo normal en esta pandemia. Los gobiernos autonómicos ya habían aprobado criterios para la reapertura de las aulas, porque tienen las competencias en educación y las ejercen todos los años. La imagen ofrecida por muchos medios –caos, decían algunos titulares– daba a entender que todo estaba paralizado a la espera de la reunión del jueves, lo que no era cierto.
Todo el mundo sabe que la respuesta de las Comunidades Autónomas dependerá de la evolución de los contagios en cada zona y cada centro. Es imposible convertir las escuelas en una burbuja, como se ha hecho con los deportistas en varias competencias celebradas este verano. "Lo más importante para volver al colegio es que la enfermedad se reduzca en la comunidad", ha dicho el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS. "Si la transmisión es baja en la comunidad, si la vigilancia epidemiológica, el rastreo de contactos y la sanidad son buenos, entonces las escuelas pueden reabrir". En España, está ocurriendo todo lo contrario en las últimas semanas, así que cada uno puede hacer cuentas sobre lo que puede pasar.
El presidente del Gobierno asturiano ha ofrecido lo que considera clave para revertir los datos preocupantes de este verano: "Asturias tiene mejores datos del coronavirus, precisamente, porque se anticipó y fue más drástico en adoptar algunas medidas. La anticipación, ganar días, ha demostrado ser clave para evitar mayores contagios", ha explicado Adrián Barbón.
Otras comunidades lo tienen más complicado y han empeorado sus opciones con medidas contradictorias o tardías, o simplemente ausencia de ellas. En Madrid, una fuente inagotable de noticias difíciles de creer, todo depende de quién abre la boca. El vicepresidente afirma que la situación está controlada, al mismo tiempo que el alcalde de la capital pide a los ciudadanos que sólo salgan a la calle en las zonas del sur si es imprescindible, lo que viene a ser un confinamiento voluntario. Pero durante esta semana supieron que podían coger un coche o un tren para desplazarse en 40 minutos a Alcalá de Henares y asistir a una corrida de toros junto a otras 4.000 personas. La feria taurina de esa ciudad había sido autorizada por la Consejería de Interior, a pesar de que la Consejería de Sanidad recomendaba que no se celebrara.
Parece que el Gobierno madrileño tenía dudas sobre qué es más importante: abrir los colegios o las plazas de toros. En la tarde del jueves, después de varios días de polémica, Isabel Díaz Ayuso tomó una decisión que probablemente le partió su corazón taurino. Ordenó la suspensión de las corridas previstas. Esta crisis no deja de ofrecer momentos para la historia.
Justo seis meses después de que todos los alumnos españoles tuvieran que dejar apresuradamente sus centros educativos para pasar a una improvisada enseñanza online comenzará la vuelta a las aulas. Será un regreso marcado por las incertidumbres de una pandemia que sigue cebándose con muchos territorios y que los discursos políticos del agosto tardío han salpicado de reproches en todas las direcciones. Las comunidades pidiendo más coordinación al Gobierno central, la comunidad educativa exigiendo garantías de seguridad para alumnos y profesores, los ministros instando a los presidentes autonómicos a ejercer sus competencias delegadas. Este jueves, una semana antes de que los primeros niños se reencuentren con su escuela, se debería acordar en el palacio de la Moncloa los detalles de ese regreso.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, la de Educación; Isabel Celáa; y la de Política Territorial, Carolina Darias; se reunirán en el palacio presidencial con los consejeros autonómicos para acordar unas medidas comunes. No habrá muchas novedades respecto a las que se pactaron en junio en la Comisión Interterritorial de Educación, explican fuentes ministeriales, pero sí algún "ajuste" ante una situación epidemiológica que ha ido complicándose desde entonces. Tras la reunión, Illa y Celaá comparecerán en rueda de prensa para comentar lo concertado con los responsables territoriales.
La idea es que salgan dos documentos: uno "base", sobre protocolos de seguridad a seguir en los centros; y otro sobre las instrucciones a seguir si se detecta un caso o un brote en una escuela o instituto, que vendrán a ampliar el documento que ya acordó Educación con las comunidades el pasado 22 de junio. Una de las medidas que se amplía en la propuesta del ministerio de Celaá es el uso de las mascarillas para todos los niños a partir de los seis años, una obligación que en principio solo iba a afectar a los mayores. En medio, la multiplicación de casos obligó a las comunidades a acordar el uso preceptivo de las mascarillas para toda la población.
Otra medida que se discutirá es la de los controles de temperatura para los alumnos. La propuesta surge de los planes de vuelta al cole de algunas comunidades autónomas y ha tenido buena acogida en el ministerio. Pero hay que definir cómo se haría, porque se intenta evitar cualquier tipo de aglomeración a la entrada de los centros para evitar contagios.
Una tercera novedad sería una ‘declaración responsable’ de los padres de que envían a su hijo a la escuela en perfectas condiciones –sin febrícula ni síntoma de ningún tipo– para proteger a sus compañeros y maestros. Esto también tendrá que definir su procedimiento: si se establecerá por escrito o mediante una comunicación a los progenitores. Y en cualquier caso, independientemente de lo que se acuerde, serán las comunidades las responsables de desarrollar la normativa en sus propios planes de inicio de curso. Estos documentos se han ido presentando –muchos en los últimos días– entre polémicas por la improvisación de las medidas. En Madrid los sindicatos mantienen la huelga convocada para las primeras semanas de clases porque no se fían de que las medidas anunciadas por el Gobierno regional vayan a estar en marcha a tiempo.
La incidencia en varias comunidades autónomas es más alta de lo que los responsables políticos esperaban para el inicio del curso escolar. No hay órdenes claras de ningún organismo internacional acerca de cuál es la tasa segura: la Organización Mundial de la Salud se limitó a señalar que la vuelta al cole sería segura ahí donde la transmisión comunitaria fuese "baja". Transmisión comunitaria hay "en uno u otro nivel" en toda España, explicaba Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), pero en algunas es más alarmante que en otras. En Aragón supera los 400 casos por 100.000 habitantes, aunque en descenso; y en Madrid se aproxima a los 400, en ascenso. En esta última región ya se ha retrasado el curso unos días respecto a lo agendado.
La media española, que concretamente Madrid por su gran población sube mucho, es 173,14. La de Italia 16,5 y la de Francia 65,6, según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.
A pesar de celebrarse ya a las puertas de septiembre, Simón no cree que la reunión de este jueves llegue tarde, sino que solo apuntalará lo que "se ha venido trabajando" desde hace meses. "El documento de recomendaciones que acordamos tiene fecha de junio, no hay ninguna improvisación. Los planes de las comunidades autónomas salen de ese acuerdo, todo está ahí", insisten en Educación. Desde Sanidad defienden igualmente que es ahora cuando se conoce la incidencia con la que España llega a septiembre.
Aquel era un documento de mínimos, de 26 páginas, con los mismos objetivos con los que Simón marcaba para este septiembre: por un lado "crear entornos seguros"; por otro, "posibilitar la detección precoz de casos y su gestión", basándose en la limitación de contactos –distancias de 1,5 metros entre todos y grupos estables separados–; higiene de manos y desinfección y ventilación del centro.
No se incluía, eso sí, la propuesta lanzada este miércoles por el Partido Popular tras la reunión de sus responsables en la materia: hacer pruebas PCR a todos los profesores. Si bien alguna comunidad autónoma ha anunciado que las realizará, fuentes de Sanidad descartan plantear esa medida en la Interterritorial. Sanidad nunca ha sido partidario de las pruebas generalizadas, porque solo marcan la situación puntual de un día. "No creemos que sea operativo", apuntan desde Educación. El protocolo sanitario si hay un positivo y los permisos para padres
La otra gran novedad de la reunión será el documento que presentará Salvador Illa sobre los pasos a seguir si se detecta un caso positivo en la escuela. No se ha avanzado mucho sobre el contenido de este documento, pero fuentes de Sanidad aseguran que se pondrá en valor la figura de un ‘coordinador COVID’ en cada centro, que estará al tanto de los procedimientos y que indicará cómo actuar y de qué manera informar a las autoridades sanitarias de la situación.
Este protocolo se lleva trabajando desde mayo o junio, y se ha acabado de definir en la reunión técnica preparatoria del encuentro en Moncloa, que se realizó este martes en el Ministerio de Sanidad con los viceconsejeros.
Al inicio de la pandemia, los niños fueron en alguna medida estigmatizados por su supuesta capacidad de expandir el virus: no era tanto que contagiasen el virus más que los adultos, aclaraban los expertos, sino que intercambiaban fluidos con más frecuencia y vivían con más descontrol.
Seis meses después sabemos algo más de la COVID-19. Este miércoles, el Hospital Sant Joan de Déu presentaba el estudio Corona Kids, sobre campamentos de verano realizados en Barcelona los últimos meses. La tasa de transmisión es 6 veces inferior a la media: 0,3 respecto a las poblaciones del entorno que los mismos días estaban entre 1,7 y 2. Un dato que no se puede extrapolar directamente a los colegios, ya que en las colonias se realizan más actividades al aire libre, pero que anula el factor supercontagiadores y da pautas sobre que los grupos pequeños, como han sido los estudiados y como se pretende que sea en las escuelas, favorecen la reducción de riesgos.
En último caso, serán las comunidades autónomas las que tomen la decisión de, ante un caso positivo, aislar a una clase –el objetivo de los ‘grupos burbuja’ es mejorar la detección y afectar a la menor cantidad de alumnos posible– o tomar medidas más drásticas como el cierre del centro.
Y aquí surge otra de las grandes incógnitas de cómo se gestionarán estos casos. Si un niño tiene que guardar cuarentena, ya sea por estar infectado o porque en su aula haya habido un positivo,y por tanto requiera que un progenitor o tutor se quede con él. ¿Habrá permisos laborales para ello? Javier Padilla, médico de familia especialista en Salud Pública, reflexionaba sobre eso en elDiario.es: "Mi respuesta y de otros desde consulta será clara: si tengo que dar bajas, las daré. Pero es algo que no puede quedar en manos de las ganas o no del médico de familia".
Este miércoles, la ministra Celaá ha apuntado que el Gobierno está "estudiando" dos opciones: un permiso retribuido para estos casos, para lo que se tendrían que coordinar con el Ministerio de Trabajo; o una baja laboral que permita ausentarse a los padres, que aborda con el Ministerio de Sanidad, aunque también afectaría al de Seguridad Social e incluso al de Función Pública. Sin embargo, este tema no parece estar cerca de concretarse y se queda fuera de la reunión. "Se está empezando a abordar y veremos si es posible", zanjan fuentes del Gobierno.
