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Os mando un artículo sobre la noticia de que el Gobierno dará más dinero a las escuelas concertadas.
La fascinación por la derrota o dar más dinero a la concertada.
Hace casi cuarenta años se crearon los centros educativos privados financiados con fondos públicos, conocidos como concertados. Su función teórica era escolarizar al alumnado donde la red pública no llegaba. Fueron financiados a condición de que su enseñanza fuera gratuita y no discriminase al alumnado. Pero sus objetivos eran otros: el negocio económico, el control ideológico de la escuela y el adoctrinamiento religioso. Corrían los tiempos del gobierno de Felipe González y era fundamentalmente una cesión a la iglesia católica. También se ha utilizado para asentar la hegemonía política de la derecha en comunidades autónomas como Madrid.
El gobierno que creó los conciertos pretende ahora fortalecerlos en el contexto de una fuerte presión privatizadora sobre la educación pública. Esta tendencia se ha acentuado tras las elecciones de mayo de 2023 con el aumento del poder autonómico de las derechas. Más allá de guerras culturales, todo ello se traduce en la negativa a construir los centros públicos que demandan las familias, aumentar el dinero a los centros concertados y los cheques escolares para ir a la privada en formación profesional, educación infantil y bachillerato. Así se va derivando el alumnado a los centros privados. Frente a esta situación el gobierno de coalición no está aplicando una política de fortalecimiento de la educación pública. Ni siquiera ha evitado que el gobierno de Díaz Ayuso siga regalando suelo público a colegios privados y manteniendo los conciertos a los centros del Opus Dei que segregan por sexo.
La realidad actual es contundente y escandalosa. La educación concertada es una perversión educativa que no ha dejado de crecer a costa de la educación pública. En términos porcentuales somos en tercer país de Europa con más peso de la educación privada y concertada, detrás de Bélgica y Malta. La ofensiva privatizadora de la derecha en comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Murcia, etc., hace que se esté reduciendo el peso de la educación pública de forma galopante. Un ejemplo, en Madrid capital, el alumnado escolarizado en la educación pública es menor del 40%. Si comparamos estos datos con los de los principales países europeos que escolarizan en la educación pública entre el 80 y 90%, podemos concluir que España no es Europa en educación. Una anomalía que hay que corregir.
Según numerosos estudios que vienen haciendo la patronal de enseñanza privada y la confederación de AMPAS, está absolutamente generalizado el cobro de cuotas al alumnado en los centros privados-concertados. El último informe de CICAE concluye que ocho de cada 10 centros subvencionados infringen la gratuidad. También EsadeEcPol llega a la misma conclusión y pone una cifra que da una idea del orden de magnitud del fraude: los colegios concertados recaudan 1.000 millones de euros al año cobrando cuotas ilegales al 85% del alumnado
La concertada es el principal factor de segregación escolar. Esto es un tema gravísimo, porque España está a la cabeza en desigualdad escolar en el mundo desarrollado. El estudio de Murillo Torrecilla y Martínez Garrido, de la Universidad Autónoma de Madrid , afirma que España es el tercer país más segregador por nivel socioeconómico de Europa, solo detrás de Hungría y Rumania y lejos de los países de su entorno más cercano, destacando Madrid y Cataluña como las más segregadoras. Esta realidad ataca al derecho constitucional a la educación, al principio de igualdad de oportunidades y va en contra de la equidad y la cohesión social.
No se pueden dedicar recursos públicos a potenciar un modelo que fomenta un tipo de escuela que discrimina en vez de integrar. Y menos aumentarlos, como pretende el gobierno. Por más juguetería verbal con la que se quiere justificar, es un disparate premiar a los que llevan muchos años saltándose la legalidad. Si se quiere afrontar la segregación, la solución no es darles más dinero sino suprimir el concierto a quienes incumplan la gratuidad. Como argumentan los Movimientos de Renovación Pedagógica, darles más fondos a la privada concertada equivaldría a darle de comer a una fiera para que no te ataque. Más allá de que es aceptar una lógica perversa en un contexto de ofensiva neoliberal contra los servicios públicos y de calidad. ¿Y a Quirón por qué no se le suben también los fondos?
Las consecuencias que tendría dar más dinero a la concertada serían muy negativas. Por un lado, la existencia de la doble red (pública/privada-concertada) ya está suponiendo la pérdida de alumnado en la pública, la creación de guetos y el deterioro de la calidad global al negar la heterogeneidad del alumnado. Por otro, debilitaría aún más la educación pública y en una tendencia a la caída demográfica se acabarían cerrando colegios e institutos públicos, algo que ya ha empezado a pasar. Esta primavera asistí en Cádiz a una manifestación que pedía directamente el cierre de colegios concertados para evitar la liquidación de los colegios públicos. Por último, sería una medida inútil: los centros no dejarían de cobrar cuotas ni de segregar el alumnado, y la inspección no aplicaría controles contra el fraude, como ha ocurrido hasta ahora.
Si de verdad queremos un proyecto de modernización hay que extender la Educación Pública mediante una red suficiente de centros, de titularidad y gestión pública directa, que permita cubrir todas las necesidades educativas (desde los 0 años) en sus diferentes etapas, modalidades y distritos escolares y territorios. Con la supresión progresiva de conciertos a través de la integración negociada y voluntaria en una red pública única. Mientras, aquellos que no cumplan con los principios de gratuidad, transparencia, inclusión e igualdad no recibirán financiación pública. El horizonte debe ser que todo el dinero público vaya a la educación pública.
Para la izquierda la educación pública debe ser lo primero. Por ello, no puede aceptar que se fomente una perversión educativa y se premie el incumplimiento de la ley. Podemos estar seguros de que, aunque se les dieran 1.000 millones de euros más a los centros concertados, si pueden seguir cobrando otros 1.000 millones y segregando lo harían porque es su esencia. Cuando se está intentando desguazar la educación pública por las derechas ¿el problema más importante para un Gobierno progresista es aumentar la financiación a la educación privada clasista y segregadora?
Toda la izquierda debe rechazar el aumento de la financiación a los centros privados concertados. Hay medidas del gobierno que son equivocadas y hay que discrepar de ellas. Dar más dinero a la concertada es, además de un error, muy negativa y solo discrepar es insuficiente. Sumar y Yolanda Díaz, deben oponerse totalmente y con todas las consecuencias. El programa de Sumar es red pública única y reducción progresiva de los conciertos. La izquierda que está en el gobierno debe hacer casus belli de este tema. Porque participar en un gobierno que siguiera deteriorando la educación pública, sería desarmarse ideológicamente. Toda una derrota. Porque no solo estamos hablando de modelo educativo sino de modelo social y político.
El gasto público en la educación concertada ha crecido un 30% en diez años, mientras el Gobierno se abre a negociar con la patronal para subir los fondos asignados como supuesta estrategia para acabar con el cobro de cuotas ilegales a las familias.
24-10-2024
Este miércoles el diario El País anunciaba que el Gobierno, de la mano del Ministerio de Educación, se dispone a aumentar los fondos que recibe la educación concertada, asumiendo el marco de la patronal que asegura que estos centros están infrafinanciados. Para ello el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, aseguraba a este diario que se establecerá de “forma objetiva” cuál es el coste real del servicio educativo que presta la enseñanza concertada y, tras ello, se procederá a actualizar esta cantidad. A cambio de una subida en la asignación, desde Educación esperan que se eliminen las cuotas que estos colegios hacen pagar a las familias de manera ilegal.
MARIBEL LÓPEZ DE LUZURIAGA ALONSO, JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Este movimiento llevaba tiempo cociéndose, aunque no se había puesto el foco sobre él. Tal y como se puede leer en el pacto de Gobierno entre Sumar y PSOE, en su página 26, ambos partidos se comprometieron a combatir la segregación escolar “mediante la actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos”.
Para Daniel Turienzo, investigador, doctor en Educación y maestro de primaria, este planteamiento parte del “buenismo”: para acabar con las cuotas, que cobran el 80% de los colegios concertados a las familias según un estudio de CICAE, y la segregación que se produce, hay que aumentar las partidas que se llevan estos centros. “Cobrar cuotas es ilegal y lo lleva siendo desde 1985 que se establece en la legislación. Si desde 1985 se ha hecho impunemente, queda naif pensar que esto se va a perseguir ahora dándoles más dinero y sin ningún mecanismo de penalización”, expresa Turienzo, autor del libro Educafakes. 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española (Capitán Swing, 2024). “Cobrar cuotas es ilegal y lo lleva siendo desde 1985 que se establece en la legislación. Si desde 1985 se ha hecho impunemente queda naif pensar que esto se va a perseguir ahora dándoles más dinero y sin ningún mecanismo de penalización”, expresa Daniel Turienzo
Para Turienzo lo que debiera hacer el Gobierno es perseguir judicialmente a los colegios que cobran cuotas, algo ilegal ,tal y como se indica en el artículo 88 de la LOMLOE. “La normativa establece que si se incumplen los términos del concierto este se puede retirar, pero ningún Gobierno ha tenido la voluntad”, añade. Tampoco entiende que dar más dinero sea un mecanismo para frenar la segregación. “La segregación escolar es la base del sistema concertado. Este sistema está pensado para que no sea inclusivo, la mayoría de estos centros están en los barrios más ricos. Pensar que ellos quieren voluntariamente ser inclusivos no es una realidad, está en sus propias bases el no serlo”, añade.
Las cuotas que se cobran de manera ilegal
Según el último estudio de CICAE, al que anteriormente se hacía alusión, el 79,4 % de los colegios cobra una cuota base a las familias y en el 72% de los casos no existe voluntariedad, “contraviniendo el derecho a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos”. Los centros con titularidad mercantil son los que cobran importes más elevados a las familias, con una cuota promedio de 108,38 euros al mes y los colegios pertenecientes a congregaciones religiosas, que son los más numerosos, son los que cobran menores importes a las familias, con una media de 60,10 euros al mes. Por otro lado, se detectan un 14 % de casos de exclusión si las familias no pagan la cuota, llegando al 31% en algunos centros concertados de la Comunidad de Madrid.
Mientras esto sucede, la financiación que recibe la educación concertada por parte de las administraciones públicas no ha dejado de incrementarse. Según se refleja en elSistema estatal de indicadores de Educación 2024el gasto público en conciertos se ha incrementado un 28,5% entre 2011 y 2021, pasando de ser 5.779 millones de euros a 7.426 millones.
Las comunidades autónomas que destinan un mayor porcentaje de gasto público en educación a financiar centros privados son: Euskadi, Comunidad de Madrid e Illes Balears
Además, las comunidades autónomas que destinan un mayor porcentaje de gasto público en educación a financiar centros privados son: Euskadi, Comunidad de Madrid e Illes Balears, con el 25,2%, el 19,6 % y el 18,7 % respectivamente.
Maribel López de Luzuriaga Alonso es miembro de la Plataforma por la Escuela Pública Vasca y participante de Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea. Avisa de que lo que está sucediendo ahora en el Estado español para ellas es un deja vu. Lucharon contra la aprobación de la nueva ley de educación que se aprobó en el parlamento vasco en 2023. Esa ley, validada con los votos de PNV y PSE, venía a “equiparar” la escuela pública y la privada, “una manera de blindar el sistema dual injusto que tenemos”, expresa López de Luzuriaga respecto a un territorio donde hay municipios sin ninguna escuela pública.
La mayoría de gobiernos en Euskadi han perpetuada la política de hacer una concertación de todos los servicios, “una concertación universal”, valora López de Luzuriaga, y con la bajada de natalidad han intentado blindar la concertada, relata. Entre otras cosas, “se han bajado las ratios en la concertada de 16 a 13 alumnas y alumnos. Con que se matriculen 13 niños y niñas ya tienen un módulo y se financian como tal”, relata. Al mismo tiempo, “esta es la comunidad que más segrega por origen, por delante de Madrid, y la segunda por situación socioeconómica”.
Una medida de “realismo mágico”
Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO Madrid, se queja de que mientras que desde el Gobierno han impulsado un grupo de trabajo para analizar la infrafinanciación de la escuela concertada, no han considerado prioritario analizar la infrafinanciación de la pública. “Desde la patronal de la concertada trasladan que necesitan 1.000 millones de euros más para el conjunto de España. 1000 millones de euros más se necesitarían solo en Madrid para que se revirtiera la situación de la enseñanza pública tras la crisis y los recortes”, ejemplifica.
Las competencias recaen en las Comunidades Autónomas y en un escenario de mayoría conservadora les están allanando el camino en sus políticas privatizadoras. “Parece que esta medida la estuviera diseñando el equipo de Ayuso”, expresa Isabel Galvín
Galvín califica el aumento de fondos propuesto por el Gobierno para acabar con las cuotas ilegales como una medida de “realismo mágico”. “Estamos en el Gobierno que pide a los propietarios de las viviendas que sean solidarios con el inquilino para que no suban los alquileres y ahora confía en que cumpla la concertada”, ironiza mientras señala un riesgo: al final las competencias recaen sobre las Comunidades Autónomas y en un escenario de mayoría autonómica conservadora les están allanando el camino en sus políticas privatizadoras. “Parece que esta medida la estuviera diseñando el equipo de Ayuso”, expresa sobre una comunidad que cede suelo público a empresas privadas para crear centros concertados.
Una necesaria apuesta por la pública
Y, en lugar de invertir más en la concertada para acabar con la segregación, los sindicatos claman por destinar más dinero a la educación pública, el eje vertebrador de la igualdad de oportunidades. “La educación pública es la única garante de que los recursos económicos lleguen a todo el mundo de forma gratuita y sin hacer ningún tipo de acepción a clases sociales y sin rechazar a alumnado que tenga una diversidad o unas necesidades educativas diferentes”, expresa Fran Fernández, del sindicato educativo andaluz USTEA.
“El año pasado se dieron más de 2.000 millones de euros a los concertados mientras que en Andalucía se han cerrado más de 2.000 líneas de la pública”
Desde este sindicato indican que no pueden entender que un Gobierno que se autodenomina como el más progresista de la historia entregue a empresas privadas la educación de un país. “Esos conciertos además en el caso de Andalucía llevan unas excepcionalidades que no tiene la pública, como es tener las partidas económicas y el mantenimiento de las clases sin recortes, con conciertos blindados por cuatro años. El año pasado se dieron más de 2.000 millones de euros a los concertados mientras que en Andalucía se han cerrado más de 2.000 líneas de la pública”, expresa Fernández.
A vueltas con la infrafinanciación
La excusa que esgrime la patronal es la infrafinanciación que sufren los centros concertados pero, como el propio Gobierno reconoce, aún se desconoce cuál es el coste real del servicio educativo que dan. “No sabemos cuánto cuesta una plaza concertada, solo se da un cálculo viciado, porque algunos gastos solo se achacan a la red pública, como los de Inspección Educativa”, expresa Daniel Turienzo para quien la infrafinanciación de estos centros no es generalizada y esta también afecta a la pública.
Según el estudio de ESADE, El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas la situación de estos centros es heterogénea: hay un 20% de centros con resultado económico negativo o esencialmente cero, otro 50% con un resultado económico positivo y un 30% que tienen una clara situación de sobrefinanciación.
“Lo que están haciendo es rescatar a la escuela concertada en un escenario de baja natalidad”, expresa Maribel López de Luzuriaga Alonso, miembro de la Plataforma por la Escuela Pública Vasca
Maribel López de Luzuriaga Alonso avisa: la supuesta infrafinanciación de las escuelas concertadas también ha sido la excusa para que se blinde este modelo en Euskadi. “Lo que están haciendo es rescatar a la escuela concertada en un escenario de baja natalidad”, expresa.
Para Daniel Turienzo ahora estamos sufriendo una caída demográfica y es el momento de revertir la tendencia. “En los últimos años se han cerrado 4.000 aulas públicas y solo 400 aulas privadas concertadas. En Portugal se desconcertó, la premisa que existía es que si tú tienes la capacidad de hacerlo por tus propios medios no tiene sentido que lo hagas con empresas privadas. Hay que aprovechar la caída demográfica para eliminar centros concertados”, sentencia.
CNT nos envía este Comunicado sobre el informe “Por una escuela concertada inclusiva” de Save the Children, publicado en comarcalsur.cnt.es:
Recientemente ha sido publicado un informe de la ONG Save the Children realizado por el investigador Alfonso Echazarra titulado “Por una escuela concertada inclusiva” que ha tenido un rápido e importante impacto mediático debido a su principal titular: “España es el país de la OCDE que más segrega por motivos socioeconómicos a su alumnado entre la escuela concertada y la pública”. Basándose en un minucioso y excelente análisis de los resultados del último informe PISA 2022, se demuestra que la escuela concertada es culpable del 21% de la segregación escolar por motivos socioeconómicos en España. El principal motivo: el cobro de cuotas, que son ilegales en teoría pero habituales en la práctica, aleja a las familias más humildes de esta opción escolar.
Está amplia y científicamente demostrado que la segregación escolar y la separación del alumnado por niveles socioeconómicos y/o académicos no favorece el aprendizaje ni el desarrollo social del alumnado, por lo que consideramos que el informe hace bien en analizar y señalar uno de los principales mecanismos de producción de la segregación: la escuela concertada. Sin embargo, no concordamos en absoluto con su propuesta para solucionar la situación: “mejorar” la escuela concertada, hacerla más “inclusiva” a través de diferentes medidas como perseguir el cobro de cuotas, gratuidad en el acceso, apertura y democratización de los procesos de admisión, etc. para hacer la escuela concertada más accesible a las familias de nivel socioeconómico más bajo para equilibrar la distribución del alumnado vulnerable y que no recaiga mayoritariamente en la escuela pública. Dado que esto es algo que debería darse por supuesto en centros sostenidos con fondos públicos, esta solución implicaría aumentar la financiación de las escuelas concertadas para que cumplan con los requisitos que ya deberían estar cumpliendo.
Bajo nuestro punto de vista, esta propuesta de solución al problema de la segregación, basada en mejorar el funcionamiento y aumentar la financiación de la escuela concertada, provocaría una profundización de una tendencia que venimos denunciando desde hace décadas: el aumento de la red concertada a costa de la disminución de las aulas en la pública. O lo que es lo mismo: la privatización y mercantilización de la escuela pública a través de la externalización de los servicios educativos públicos gestionados por empresas privadas, la gran mayoría (75%) de orientación católica.
Nuestra solución: mejorar y extender la escuela pública. Aumentar su financiación y recursos, mejorar sus condiciones laborales e infraestructurales, a la vez de frenar el apoyo con fondos públicos a las escuelas concertadas y privadas gestionadas por empresas particulares. Una escuela pública bien dotada, digna, es la mejor garantía para lograr la libertad educativa y un sistema escolar exitoso, inclusivo y no segregador, que produzca una educación de calidad de tod@s para tod@s.
Sabemos que estamos en una época donde la tendencia que triunfa no es la nuestra. El apoyo a la concertada, quienes defienden y promueven su reforma para que “deje de ser un problema y se convierta en una solución”, no es exclusivo de la ideología conservadora o de “derechas”, sino que penetra profundamente en sectores “progresistas” como ONGs o partidos de “izquierdas”, como se puede corroborar en este informe o en el reciente anuncio de la Ministra de Educación, Pilar Alegría, de reunirse con las patronales de las escuelas concertadas para atender sus necesidades y reclamaciones en materia de financiación. En definitiva: en cuestión de privatización y mercantilización del sistema educativo, derechas e izquierdas se dan la mano. Parece que en el barco de la defensa de la pública cada vez quedamos menos.
Pero vamos a dar la batalla. Por el momento, en el caso de la Comunidad de Madrid, nos veremos en la próxima huelga docente convocada para el miércoles 25 de septiembre y la posterior manifestación en defensa de la pública a las 18:00 de Atocha-Sol. Y muchas más que están por llegar
73 colegios comienzan las clases en obras, algunos de ellos “víctimas” de la construcción por fases desplegada por los diferentes gobiernos del PP
9 SEP 2024
Los alumnos y alumnas del CEIP Nuria Espert en Valdebebas (Madrid) celebran que este curso por fin se acabarán las obras de construcción de su cole. Este lunes acudían a clase por primer día, pensando que llevan desde hace tres años acudiendo a las aulas entre obras. Primero se construyó Infantil y luego Primaria. El alumnado que iba pasando de curso sin las instalaciones aún terminadas ocupaba espacios improvisados o las instalaciones de otro colegio. Hoy algunos cursos empezarán en barracones. Pero, paradójicamente, deben alegrarse porque, al menos, ya han puesto fecha fin a la construcción por fases.
Este 'modus operandi', que se ha replicado en las últimas décadas de gobierno popular en la Comunidad de Madrid, ha provocado que a día de hoy 50.000 alumnos y alumnas de las escuelas madrileñas arranquen el colegio entre cascotes de obra. Son datos que ha presentado este lunes CC OO, sindicato que ha comprobado que hay 73 centros educativos afectados por las obras, o bien derivadas de la construcción por fases o bien por reparaciones necesarias y mejoras necesarias.
Según el informe SociEducación 2023, Madrid es la última comunidad en inversión educativa de toda España por alumno y la que menor porcentaje de su Producto Interior Bruto (PIB) destina a este asunto. En concreto gasta 5.607 euros por alumno, lo que supone un 2,2 % de su PIB, mientras que otras comunidades como Euskadi invierten 10.214 euros por alumno, un 4,1% de su PIB. Esto “pasa factura”, advierte la secretaria general de CC OO Educación Madrid, Isabel Galvín. En cuanto al dinero destinado a nuevas construcción, obras y equipamientos, y según una revisión de los datos oficiales, la Comunidad de Madrid no dedica ni la mitad de lo que destinaba en 2009, pasando de 154 millones de euros a 76 millones.
“En algunos de los ejemplos de centros en obras estas
empezaron a realizarse a finales de agosto.
Llega el inicio de curso y no están preparadas las infraestructuras”
“Las infraestructuras son particularmente deficitarias, las construcciones llegan tarde y se hacen por fases”. Por otro lado, “encontramos unos centros que se construyeron hace mucho tiempo y la mayoría de ellos que necesitan obras de mejora y estas llegan tarde. En algunos de los ejemplos de centros en obras estas empezaron a realizarse a finales de agosto. Llega el inicio de curso y no están preparadas las infraestructuras”, expresa Galvín, quien también echa en falta un plan de climatización para los centros públicos “qué es una urgencia” o el plan de desamiantado.
Según el estudio de CC OO, el área más afectada ha sido es la zona centro (Dirección Asistencial Centro) donde hay 32 edificios en obras. En cuanto a la construcción por fases, CC OO destaca que este modelo, de implantación generalizada y no ligada a una circunstancia excepcional en un centro, !supone una vulneración e incumplimiento de las condiciones que, de acuerdo con el RD 132/2010 de requisitos mínimos, definen un puesto escolar. El puesto requiere, desde el primer día de la escolarización, de todas las instalaciones del centro: biblioteca, laboratorios, gimnasio, talleres, etc".
El gobierno regional saca pecho
Al mismo tiempo, la Comunidad de Madrid ha celebrado en nota de prensa que estrenará 17 nuevas infraestructuras educativas públicas en el curso 2024/2025. Según la versión de la comunidad, y así la presentaba el pasado miércoles 4 de septiembre el consejero de Educación Emilio Viciana, se trata de nuevos centros, ampliaciones y equipamientos como gimnasios que han supuesto una inversión de 47,3 millones de euros y suman 136 nuevas aulas para cerca de 3.300 alumnos.
De estas 17 infraestructuras, cinco son centros educativos que se han construido en una única fase y abren sus puertas por primera vez este año y son cuatro escuelas infantiles públicas en los distritos de Arganzuela, Hortaleza, Vicálvaro y Ensanche de Vallecas además del instituto de educación secundaria María Goyri Goyri.
“El anuncio de estas infraestructuras no es nuevo, llevan un retraso en su apertura considerable y de las cinco al menos dos no iniciarán su actividad desde el primer día lectivo de curso”, explican desde la FAPA Giner de los Ríos
Desde la Federación de familias FAPA Giner de los Ríos, desarman este entusiasmo, recordando que los fondos destinados a la construcción de las cinco Escuelas Infantiles públicas proviene de fondos europeos canalizados a través del gobierno central. “El anuncio de estas infraestructuras no es nuevo, llevan un retraso en su apertura considerable y de las cinco al menos dos no iniciarán su actividad desde el primer día lectivo de curso. Es importante añadir que al igual que se anuncia estas cinco aperturas también se ha procedido al cierre de dos, la Escuela Infantil Tesoros de Arganda del Rey y El Señor Don Gato de Valdebernardo.
Desde la FAPA exponen que la construcción “con retraso” de centros es una situación “con sello” de la Comunidad de Madrid “que conlleva problemas tan serios como el desplazamiento de alumnado a otros centros que tienen que acogerlos o alumnado conviviendo entre obras con las molestias y peligro que ello supone”. La FAPA denuncia que estos casos se han alargado más de una década hasta su finalización definitiva, sin contar con los años previos de petición de construcción. “Nos podemos poner fácilmente en cerca de 20 años de espera, por ejemplo en el IES Ana Frank o el CEIP Héroes 2 de Mayo de Colmenar Viejo”, explican.
El informe de la escolarización en Madrid para el próximo curso elaborado por CCOO arroja un dato muy preocupante, pero que se veía venir: el gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha reducido a máximos históricos la oferta de plazas en la enseñanza pública obligatoria hasta hacerla casi desaparecer en la zona norte de la región.
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
Entre un 81% y un 95% del alumnado abona una cantidad al mes a su centro en función de la etapa, según un estudio de EsadeEcPol; la cuota media se sitúa entre 680 y 860 euros al año y Catalunya es, con un cierto margen, la comunidad donde más gente paga y más dinero abonan
Las familias que van a la escuela concertada abonan entre 947 y 1.186 millones de euros al año a sus colegios en cuotas. De media, estas familias pagan de 680 a 860 euros por curso (en función de la definición de cuota elegida, por ejemplo si incluye el comedor o no), según el informe El coste de acceso a la escuela concertada en España: cuantificando las cuotas e identificando sus causas, elaborado por EsadeEcPol y en el que se aborda por primera vez de manera integral el ecosistema de centros concertados, familias y cuotas en toda España a partir de datos de dos encuestas diferentes del INE.
Estas cifras ocultan matices importantes, según los autores del estudio, en un mercado que es cualquier cosa menos monolítico. El primero, que no todo el alumnado de los centros privados sostenidos con fondos públicos paga una cuota mensual, aunque sí casi todos: entre el 81% y un 95% lo hace, en función de la etapa educativa. Otro detalle es que no todos los colegios tienen la misma motivación a la hora de exigir estos abonos. Dejando fuera al 30% que no cobra cuotas, Esade sostiene que entre los que lo hacen, hay casos en que es por mera supervivencia (un 25%, según el informe), otros para pagar servicios que los conciertos no contemplan (30%) y un tercer grupo que sí responde a la idea más socialmente asentada respecto a estos pagos, los que cobran por diferenciarse del resto, cribar y/o aumentar sus beneficios económicos (15%).
En cualquiera de los tres casos, una realidad es incuestionable en este tipo de centro: “El nivel socioeconómico medio del alumnado que accede a la escuela concertada es mayor que el que accede a la pública: esto es un fenómeno que se da en todas las comunidades”, sostiene el informe, haciéndose eco de investigaciones anteriores. Y lo hace pese a que el sistema de acceso debería ser el mismo que el de la red pública y que el cobro de cuotas es, en teoría, ilegal porque la escuela concertada se considera parte del sistema público y debe ser gratuita.
“Los centros deberían ser gratuitos por ley, por lo que formalmente cualquier cuota es ilegal”, concede Xavier Bonal, uno de los autores del estudio. Pero para él el problema está en otro sitio. “Todo el mundo asume que la infrafinanciación justifica la cuota, pero hay que considerar que solo una parte de esos 950-1.100 millones de euros podría estar justificada por infrafinanción, otra no. Entonces ya hablamos de un problema de desigualdad”, razona.
Grosso modo, cuanto más grande es un colegio concertado, más probabilidades hay de que pida una cuota (no tan) voluntaria a las familias. Y de que este pago mensual sea más alto. También existe una relación entre la situación económica de las familias y la cantidad que abonan: cuanto más acomodadas, más dinero pagan cada mes.
Además, pagan cifras más altas las familias catalanas (1.696 euros anuales de media) que las madrileñas (1.156) o vascas (959). Si se suman a estas las valencianas (597 euros al año) y andaluzas (453) se explica el 70% de los pagos a la escuela concertada en toda España. Sin incentivos para cambiar el modelo
Lucas Gortázar, Ángel Martínez y Xavier Bonal, autores del informe, explican que es buen un momento para que España tenga un debate público sobre la escuela concertada, porque la caída de la natalidad ofrece la posibilidad de reconfigurar el sector pese a que intrínsecamente tiene “pocos alicientes” para hacerlo por sí mismo. “El sistema actual ha llegado a un equilibrio muy estable, donde los incentivos para cambiar la situación son escasos para la mayoría de los actores implicados: la existencia de la red concertada reduce la presión sobre el gasto público de las administraciones educativas (entre otras cosas, por sus menores costes salariales por alumno y porque son centros más grandes), facilita un sistema de selección social para familias de mayor renta a cambio de un copago y garantiza una demanda amplia que asegura la continuidad del sector concertado”, sostienen.
Un sector en el que los casi mil millones que aportan las familias cada año suponen algo más de uno de cada diez euros de la financiación total del curso (las administraciones transfirieron 7.482 millones de euros a las escuelas privadas sostenidas con fondos públicos en 2022, según datos del Ministerio de Educación). Pero el coste no es homogéneo ni por etapa ni por centro ni siquiera dentro de una misma comunidad, según el informe de EsadeEcPol.
Así, como se puede observar en el siguiente gráfico, la cuota media oscila –dependiendo de que se incluya el pago del comedor o no– entre 670 y 853 euros en el 2º ciclo de Educación Infantil (3-6 años), entre 679 y 863 euros por curso en Primaria y se reduce a entre 568 y 684 euros en la ESO. Respecto a quién paga, en ninguna etapa baja del 80%, aunque hay más prevalencia en Infantil (87%) que en las etapas posteriores (81% en Primaria, 80% en Secundaria obligatoria). Incluso entre los que pagan hay diferencias: un 13% de quien acude a la concertada no pone un solo euro y un 18% menos de 20 euros mensuales. Esto quiere decir que, de todos los que van a la concertada, hay una mitad (abriendo un poco el arco) que apenas aporta el 10% de todo lo que recaudan estos centros. Lo que a su vez significa, en consecuencia, que la inmensa mayoría de los pagos lo asume la otra mitad: en concreto, el 20% de las familias asume el 60% de los casi mil millones de euros que se dedican a este concepto cada año.
Esto arroja una conclusión, en palabras del informe: “No hay una escuela concertada en relación con las barreras económicas de acceso: hay al menos dos o más tipos. En una, las barreras de entrada son totalmente abusivas y concentran más de la mitad de los pagos. En el otro espectro del sector apenas hay barreras de entrada y son escuelas que se acercan más al principio de gratuidad. En este grupo las familias o bien no pagan cuota o bien pagan precios muy bajos, de entre 10 y 20 euros por alumno al mes de media”.
Este estudio de EsadeEcPol difiere del que realizan cada año la asociación de colegios privados Cicae y la federación de AMPAS de la escuela pública Ceapa en que este estudio es censal, a partir de los datos de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación (EGHE) y la Encuesta de Financiación y Gasto de la Educación Privada (EFGEP), ambas del INE, mientras que el de Cicae se realiza por la técnica del cliente misterioso (alguien llama al centro haciéndose pasar por un posible cliente para recabar información) e incluye una muestra limitada (y por tanto sesgada) de los colegios.
Cuanto más grande, más cobra
Estos datos llevan implícita otra consecuencia: la desigualdad en las cifras entre los que sí pagan. Si se divide al colectivo de familias en cinco grupos en función de sus ingresos (quintiles), se observa que la tendencia es ascendente: cuanto más acomodada, más cuota paga. Las familias del quintil 1, el que menos gasta, está en 317 euros al mes. En el quintil 5 llega a los 878 euros (sin incluir el comedor). Este último grupo, sostiene el informe, es el que paga gustosamente por diferenciarse una cuota que no le supone un gran esfuerzo.
Otro factor que explica que un centro exija una cantidad mensual a sus familias o no es su estado financiero, que a su vez relaciona con el tamaño. Dentro de que en cada comunidad todos los colegios reciben el mismo módulo económico por grupo concertado (aunque este difiere entre autonomías porque el Gobierno central solo fija un mínimo, que los Ejecutivos regionales complementan), el factor diferencial inicial para que un colegio esté infra o sobre financiado es básicamente el número de alumnos que tenga.
En general, explican los autores, cuanto más grande el centro, mejor situación económica tiene antes de las cuotas. Pero a la vez también es más habitual que pida un pago mensual y que sea más alto. “Es en estos centros donde se concentra un pago de cuotas más elevado y por razones no solo relacionadas con infrafinanciación”, sostiene Xavier Bonal.
Los centros con mejor financiación, y que cobran cuotas elevadas, lo hacen por motivos relacionados o bien con la ampliación de servicios, o directamente, con el beneficio económico
El análisis del cobro de las cuotas en función de la economía del colegio arroja un gráfico en forma de U que descarta, sostiene el informe, que las cuotas se exijan siempre por razones financieras, como suele aducir el sector. “Si el único motivo para el cobro de cuotas fuera exclusivamente la infrafinanciación, sería esperable observar que tanto el porcentaje de centros que cobran como la cuota media caen a medida que se avanza en la distribución de financiación”, sostiene el documento. Pero no es el caso. Los peor financiados y los mejor financiados son los centros que más cobran, lo que sugiere en el caso de los primeros una necesidad económica, pero no en el de los segundos.
“Es evidente”, analiza el informe, “que los centros con peor financiación cobran cuotas y lo hacen en mayor magnitud con una finalidad de supervivencia económica. También puede desprenderse que aquellos centros con mejor financiación, y que cobran cuotas elevadas, lo hacen por motivos relacionados o bien con la ampliación de servicios, o directamente, con el beneficio económico”.
Por comunidades también se observan diferencias, según EsadeEcPol. Según el desglose regional, Catalunya es la autonomía en la que más gente paga (99%) y donde más alta es la cuota (1.397 euros de media al año, contando solo a los que pagan). Madrid (90% y 898 euros) y Euskadi (92% y 929 euros) se mueven en magnitudes ligeramente inferiores. Después de estas tres hay un escalón hasta la Comunitat Valenciana (87% de pagadores, 372 euros) y Andalucía (un 52% y 427 euros de media). Propuestas de solución
Por último, el informe realiza unas algunas propuestas que, en opinión de los autores, podrían ayudar a garantizar la gratuidad del sistema que exige la ley. “Mantener el statu quo actual reproduce una situación que vulnera el derecho a la educación y que puede motivar el cobro de cuotas tanto para compensar la infrafinanciación como para disponer de un mecanismo de distinción en la oferta o incluso lucrarse”, argumenta el informe.
La primera medida es averiguar “el coste teórico de la plaza escolar en el sector público y concertado en todas las comunidades” para conocer con detalle a cuánto asciende esa infrafinanciación que denuncian los centros privados concertados. En la misma línea es necesario conocer el coste de los servicios no concertados y las cuotas que cobran los centros que financian estos servicios con aportaciones familiares, con el fin de conocer cuáles de estos servicios podría considerarse justificado que el Estado cubriera y cuáles no.
Además, EsadeEcPol propone “acabar con el sistema de conciertos plenos de los centros claramente sobrefinanciados y cuyas cuotas son elevadas y que se sitúan notablemente por encima de los gastos no concertados de su contabilidad. De acuerdo con las simulaciones realizadas, esto permitiría, además, redistribuir el excedente disponible para acabar con la infrafinanciación que afecta a una parte del sector concertado”.
