Además, las plataformas están examinando la última versión del texto línea a línea para presentar un recurso de inconstitucionalidad en el caso de que se apruebe: están convencidos, asesorados por profesorado de ciencias jurídicas de las propias universidades, de que la ley no pasa el filtro del Tribunal Constitucional porque, alegan, ataca a la autonomía universitaria, la autonomía económica y financiera, pone a disposición de los centros privados recursos públicos sin límite, daña la investigación y establece un distrito único de prácticas académicas, además de establecer un régimen de supervisión represivo y vulnera derechos del personal y del estudiantado, entre otras razones.
Por el momento la oposición a la norma, que va desde el alumnado hasta los seis rectores –
que han expresado públicamente que esta ley no es la que necesitan–, ha conseguido que el Gobierno regional no aprobara la norma el pasado mes de diciembre,
tal y como había expresado el consejero, Emilio Viciana, que pretendía hacer. Pero, aunque la Consejería de Educación ha declinado informar a este periódico de los plazos que maneja o en qué punto está la tramitación, desde las plataformas informan de que en los próximos días está prevista una reunión de la Comisión de Planificación de la consejería que analiza el texto, en la que están presentes los mandatarios universitarios, representantes de los centros privados, alumnado y técnicos, entre otros perfiles, y que pretende dar un impulso a la norma.
Profesorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III ha realizado un exhaustivo análisis de la última versión de la norma conocida y ha concluido que hay argumentos para presentar un recurso de inconstitucionalidad si se acaba aprobando en los términos actuales. Además, aunque esto no es inconstitucional, sostienen en el texto que la redacción de la norma es “pésima”. Es el mismo grupo que consiguió que el Gobierno regional eliminara de una versión anterior de la ley lo que calificaron como un “asalto” a la autonomía universitaria:
la Lesuc creaba una Oficina de Control Económico que daba control sobre cada euro que se gastase en la universidad –desde comprar un ordenador hasta contratar a un docente– a los Consejos Sociales de las universidades, colonizados por el Ejecutivo de Ayuso en los últimos años con expolíticos del PP, empresarios o incluso directivos de universidades privadas.
Pero aquella corrección es insuficiente, aducen ahora a través de un elaborado documento de 36 folios al que ha tenido acceso este periódico. “El Anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (ALESUC) contiene un programa dirigido a anular en distintos puntos la garantía constitucional de la autonomía universitaria, así como a ceder recursos materiales y humanos de las ya de por sí asfixiadas Universidades públicas a los centros privados. Asimismo, y como consecuencia de esa cesión de recursos a las universidades privadas, que tienen como finalidad exclusivamente la obtención de un beneficio, disminuirá el nivel de la investigación en los centros públicos, que son los únicos que realizan aportaciones al mundo de la investigación”, exponen de inicio.
Una pieza clave en las intenciones del Gobierno regional, continúan los expertos, es el rol que la ley prevé para los Consejos Sociales, los organismos de participación de la sociedad civil en la universidad a través de políticos, sindicalistas, empresarios y otros perfiles. Estos grupos, que tienen un rol limitado de supervisión, se “reconfiguran” en la Lesuc, sostiene el análisis, “para convertirlos en instrumentos de control económico de las Universidades públicas madrileñas. Esta reconfiguración −que viola el artículo 47 de la ley orgánica universitaria [jerárquicamente superior a la regional de Ayuso]− debe analizarse a la luz de la realidad de los Consejos Sociales actuales, en varias de cuyas presidencias la Comunidad de Madrid ha nombrado a personalidades provenientes del entorno del Partido Popular, de diversas patronales e, incluso, también del entorno de centros universitarios privados como la UNIR o la UNIE. Es decir: que algunos dirigentes de esas empresas privadas ejercen, asimismo, de directivos de los Consejos Sociales de las universidades públicas, lo que, obviamente, implica gobernar éstas con los ojos puestos en los intereses de aquéllas, lo que compromete absolutamente su labor”.
De la autonomía y la transferencia de patrimonio
El documento analiza los, a criterio de los autores, principales problemas de constitucionalidad que tiene la ley. En primer lugar y con carácter general, sostienen, la Lesuc “es un ataque estructural a la autonomía universitaria (...), un derecho fundamental constitucional [artículo 20.7] que ha sido desarrollada en sentencias del Tribunal Constitucional y en la Ley Orgánica LOSU”. Más específicamente, la norma “vulnera la autonomía económica y financiera reconocida en la LOSU mediante controles externos, multiplicación de informes e injerencias que destruyen la rendición de cuentas establecida por las universidades”.
Las protestas pasadas consiguieron que la Consejería eliminara la Oficina, pero todavía “se atribuyen al Consejo Social competencias que no le corresponden (aprobar supuesto de exclusión de intervención previa por parte de los propios mecanismos internos de ejecución presupuestaria)”, dicen los expertos. “Es decir: trata de ejercer la Comunidad Autónoma, por medio del Consejo Social, competencias en la gestión ordinaria del presupuesto, lo que choca frontalmente con la autonomía universitaria”, advierten.
Además, el anteproyecto contempla la cesión de los recursos de las universidades públicas a las privadas a voluntad de estas. “Todo el texto del ALESUC supura un indisimulado deseo de compartir los recursos de las universidades públicas en favor de las privadas”, sostiene el análisis. El artículo 2.f establece que “las enseñanzas superiores en la Comunidad de Madrid tienen como objetivos: (…) La contribución a la mejora de la vida social, económica, empresarial e institucional, del empleo, la ciencia, la industria, la inversión y las artes, desde la colaboración institucional y público-privada, nacional e internacional”.
Y va bajando el nivel de concreción de esta “colaboración público privada”. El objetivo, sostiene, es “la elaboración y seguimiento de programas conjuntos para la mejora de las infraestructuras de apoyo; el perfeccionamiento de las estructuras docentes, investigadoras y administrativas de las enseñanzas superiores; la racionalización y optimización de los recursos; y las políticas efectivas de servicios y equipamientos de uso compartido”. Y, negro sobre blanco, establece “la puesta a disposición, de manera recíproca, de aulas, auditorios, laboratorios, polideportivos, pistas deportivas u otras instalaciones, previa justificación de las necesidades docentes o de otras actividades que así lo requiriesen”.
El problema que ven los juristas de la UC3M es que esos auditorios, laboratorios, etc. los tiene la universidad pública y no la privada o al menos no todas o de peor calidad, por lo que más que recíproco será unidireccional. El texto advierte: “Difícilmente se puede expresar con mayor claridad lo pretendido por la Comunidad de Madrid; es exactamente el mismo mecanismo introducido por la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, y que dio paso a la privatización de la Sanidad Pública y el progresivo hundimiento del Sistema Nacional de Salud”.
Represión y derechos
Otro de los aspectos más criticados del ALESUC es la creación de un distrito único de prácticas universitarias, que “en realidad es un desapoderamiento de una parte sustancial de la programación docente de las universidades, sometiéndola a dominio de la Administración autonómica”, advierte el análisis, que se fija en el caso de Medicina, uno de los más delicados porque las plazas son finitas. “De lo que se trata en el ALESUC es de un apoderamiento, por parte de la Comunidad de Madrid, de las plazas de los hospitales públicos madrileños, al ser aquélla −a través de la Gerencia de los hospitales− quien determine cuántas plazas de prácticas se ofertan y, con ello, cuántas se dan a las universidades privadas”. Además, continúan, “en este último caso son mayoritariamente profesores de la universidad pública quienes realmente impartirán la enseñanza a los alumnos de las universidades privadas (y se pongan al servicio de los intereses económicos que hay detrás de las mismas, en no escasa medida de propiedad extranjera), beneficiándose estos de lo que no tienen en sus centros: profesores de calidad reconocida. Catedráticos de verdad, o profesionales de verdad dedicados a la práctica hospitalaria”.
La norma contempla la creación de una Comisión del distrito único de prácticas que estará compuesta por siete cargos políticos de la Comunidad de Madrid, siete empresarios (“los representantes de las organizaciones empresariales, de la Cámara de Comercio y de las universidades privadas, que en realidad son empresarios en representación, mayoritariamente, de fondos de inversión, de pensiones, etc.”, que son los propietarios de las universidades privadas, advierte el texto), cinco de enseñanzas superiores no universitarias, un miembro de centros superiores de enseñanzas artísticas, y los seis rectores de las universidades públicas madrileñas, además de un estudiante.
“Es decir: las prácticas de los estudiantes universitarios van a ser decididas por representantes de enseñanzas no universitarias, por empresarios que pueden ser o no universitarios, por cargos políticos que pueden ser o no universitarios, y por un estudiante”, resumen los juristas. Y concluyen: “De lo anterior se deduce inmediatamente: el ejercicio de la docencia universitaria queda alejado de la universidad e, incluso, su propia estructura es decidida por (o puede serlo) por no universitarios, y en todo caso por representantes del poder político. (...) Estamos ante una decisión de la Comunidad de Madrid mediante la cual se equiparan universidades públicas y privadas; se ponen a disposición de los negocios privados las estructuras de gestión públicas, a las que, de paso, se les ahorran gastos”.
Más información
Por último, aunque esta parte no entra en el análisis de los juristas de la UC3M, las plataformas en defensa de las universidades públicas han denunciado el carácter represivo de la ley respecto a las manifestaciones o protestas en los campus. Aunque la última versión se ha rebajado
respecto a la primera, el texto aún mantiene multas de hasta 100.000 euros por realizar escraches, por ejemplo, y deja en manos del Consejero de Educación la imposición de las sanciones calificadas como graves. “Un régimen de supervisión represivo que vulnera la autonomía estatutaria de las universidades, y que es desproporcionado, invasor de competencias penales y autoritario en tanto concentra dicho poder en el cargo político del Consejero”, sostienen las plataformas.
