Mucho de lo que sucede no es casual. Puede parecer fabuloso si se compara con lo que debiera ser, pero no es extraño, si se mira bien.
Si se observa lo que ocurre sin la urgencia del periodista por contarlo, la diversidad del día a día, con sus repeticiones, referencias a lo vivido y sugerencias de futuro, permite advertir en los acontecimientos posibilidades argumentales muy amplias e, incluso, conexiones. Sus ámbitos dispares: Sanidad, Educación, Justicia, Servicios sociales y otros asuntos, como, por ejemplo, Urbanismo y Orden público tienen mucho que ver entre sí; en este momento, incluso Política exterior, Comercio y Economía, Trabajo, Energía y Clima guardan estrecha relación. Siempre que el ojo del observador tenga a bien entender la Educación más allá de lo que es la mera instrucción, enseguida puede ver tramas posibles, capaces de hacer de lo que acontece una serie narrativa mucho más potente que las que atan a los espectadores a las plataformas de cine y TV.
LA MEMORIA
Acaba de desarrollarse el pasado día 31 de octubre el “Día del recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra civil y la Dictadura”, como ha planteado que se haga la Ley de Memoria Democrática recién estrenada (Ley 20/2022, de 19 de octubre. BOE del día 20). Han pasado 83 años desde el final de aquella desgracia colectiva y sigue habiendo miles de familias que no saben de sus antepasados. Hay entre la población una gran ignorancia de lo ocurrido, y no ha sido posible que la Historia Actual de España –la de los acontecimientos posteriores a los años treinta del Siglo XX- se haya generalizado con la dignidad científica requerida en los centros del sistema escolar: la explicación que han transmitido los currículos educativos y lo que se hace en las aulas muchas veces no roza estos asuntos. Los libros de texto, y las encuestas al alumnado que hace los másteres preceptivos para enseñar muestran bien cómo está de floja la memoria democrática y, en particular, la que, más allá de legítimos sentimientos subjetivos, es Historia reconocida por investigadores de prestigio acreditado.
Es penoso, por ello –y esta es la parte conflictiva del argumento posible de un relato sobre esta cuestión-, que haya tantas personalidades con representación política empeñadas en sostener lo insostenible. Visible ha quedado en el acto solemne del último día de octubre el desafecto mostrado con las ausencias al mismo; y bochornosas han sido las explicaciones de algunos que, a modo de marionetas, siguen con la ignorancia que propagaba el Libro de España -de obligada lectura en los años cincuenta y sesenta-, o las enciclopedias de 2º Grado, en que la Historia acaecida en la Península era imperialista casi desde Adán y Eva, providente, imperialista y defensora del bien bajo el sacrificado impulso de martiriales seguidores de victoriosos caudillos. De nada nos sirven esas fabulosas narraciones del pasado para afrontar los problemas del presente; sin aceptar la realidad de aquellos conflictos –de los que teóricamente hemos pasado página en 1978-, y la preservación de la dignidad de todos, difícil será alargar mucho tiempo este presente; las emociones encontradas no son buenas consejeras cuando crecen las incertidumbres. Que exista, al fin, una norma capaz de poner orden en las responsabilidades colectivas, bien merece celebrarse si ayuda a reconciliar posturas entre los descendientes de aquel conflicto; verlo de otro modo, es incubar una tendencia a fabular digna de mejor causa.
LA JUSTICIA
No menos fantasioso es que quienes llevan más de cuatro años entorpeciendo los entresijos administrativos de la Justicia española desde el CGPJ alardeen de hacerlo por el bien común de los españoles. La vigésima de las razones que esgrimen para aplazar el cumplimiento de la Constitución no excusa de lo preceptuado en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio (BOE del día 2). Las funciones de naturaleza administrativa que, en principio, están encomendadas a este órgano de gobierno del sistema judicial español están causando serios daños a su buen funcionamiento y, sobre todo, a la credibilidad que a los ciudadanos les merezcan quienes están llamados a poner orden en sus litigios particulares y en la convivencia colectiva.
Es fabuloso que, en nombre de la Constitución, haya grupos interesados en frenar el desarrollo de lo que la ley existente regula. De entrada, da la sensación de que el control de la ley existente obedezca, ante todo, a pautas no escritas, pero inscritas en hábitos muy arraigados, en que como enseñaba Karl Schmitt en su teoría del Estado, en 1934, estas competencias emanaban del Empíreo y, por infusión genealógico-clasista, solo unos pocos estaban predestinados a administrarlas. En segundo lugar, habiendo sido algunos implicados en el enquistamiento de este asunto formados en las lides jurídicas según la normativa que reguló la Universidad desde 1943, parece que siga rigiendo, ad pedem literae, lo que esta ley establecía como función principal: “educar y formar a la juventud para la vida humana, el cultivo de la ciencia y el ejercicio de la profesión al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de España” (art. 1). Ahora bien, aunque la retórica cultural haya variado levemente esta orientación tan genérica, no se entiende bien –salvo fabulando- el nulo contraste que, respecto a ella, hayan tenido las actuaciones de estos más de cuatro años en torno a este órgano administrativo, y en particular la de estos días pasados. Ergo, debieran aclarar en qué objetivos democráticos actuales haya que inscribir la traducción que hacen de aquel “servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de España”.
LA CASUALIDAD Y LA CAUSALIDAD
Es tendencia arraigada, desde las culturas mesopotámicas unos 3000 años a. C., que el destino estaba inscrito en las combinaciones astrales y que sus alineaciones regían nuestras vidas. Esta literatura –desmentida entre otros por el P. Jerónimo Feijóo- sigue teniendo adeptos: muchos adivinos y tertulianos siguen adscritos a esa creencia. Crece, también, la de cuantos, ante los problemas, acuden a rituales mágicos; desde el Paleolítico, el hechicero de la tribu y su pretensión de controlar las fuerzas de una Naturaleza independiente de las ambiciones humanas ha tenido gran prestigio. No es extraña, por ello, la ambición de cuantos ambicionan que la ignorancia siga a sus anchas. El malhadado día en que Miguel de Unamuno pronunció aquello de “que inventen ellos” estaba diagnosticando muchos de los comportamientos poco modernizados que, desde 1906 hasta hoy, ha tenido el sistema educativo español. Esta pauta cultural no es fábula, sino realidad; no tiene misterio, dadas las frágiles estructuras de que hemos sido capaces de dotarnos, inaccesibles para muchos.
Manuel Menor Currás
0 de noviembre de 2022
