La Ley Orgánica del Sistema Universitario: una norma necesaria, una propuesta mejorable (Joan Guàrdia Olmos para ELDIARIO.ES)

Reproducimos este artículo de opinión publicado en ELDIARIO.ES

Hace catorce años que no hay acción legislativa concreta en las universidades españolas y, si me lo permiten, ni la LOU ni la LOMLOU supusieron ningún paso adelante significativo

Ya hace unos meses que se debate sobre la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) como una de las grandes iniciativas del Ministerio de Universidades del Gobierno Español y, obviamente, del ministro Castells. Han aparecido, en varios medios de comunicación, informaciones sobre la posición de los rectores y las rectoras respecto al anteproyecto que se ha presentado (que, en estos momentos, ya va por la segunda o tercera versión).

Cabe recordar que la primera (y única) gran revolución universitaria española en democracia fue la LRU (Ley de Reforma Universitaria) de 1983 que, promovida por el primer gobierno socialista, marcó un antes y un después para la universidad española. Los resultados del sistema universitario español no pueden entenderse sin esta referencia. Después, con menor fortuna, aparecieron la LOU (Ley Orgánica de Universidades) del 2008, seguida por la LOMLOU (Ley Orgánica que modifica la LOU) del 2007.

Hace catorce años que no hay acción legislativa concreta y, si me lo permiten, ni la LOU ni la LOMLOU supusieron ningún paso adelante significativo. En ese sentido, parece razonable afirmar que en breve hará cuarenta años del cambio más significativo de la universidad española. Sin embargo, el mundo y el entorno universitario han cambiado profundamente en todo este tiempo.

A partir de este escenario, no es extraño que el sistema universitario requiera de una nueva estructura legislativa y de un nuevo impulso para el sistema universitario y de investigación (sí, y de investigación, porque son dos caras de la misma moneda: una no puede entenderse sin la otra) que esté a la altura de la potencia y músculo existente. Pero para que esto suceda es necesario poner el foco en cuestiones que, si no se toman en consideración, difícilmente obtendremos una LOSU que tenga un impacto de transformación sistémica y adaptación a los retos que tenemos por delante como el que facilitó la LRU en su momento. Me centraré en tres aspectos concretos.

El primero tiene que ver con la variabilidad del sistema universitario español, donde conviven universidades de primer nivel con otras de cuyos estándares de calidad no son, de acuerdo con parámetros objetivos, homologables a la excelencia internacional. Atención, y no hablo de los famosos rankings, que ofrecen una imagen limitada sobre la verdadera calidad universitaria. Ni pretendo hacer una enmienda a la totalidad a ninguna institución y menos a sus integrantes. Sin embargo, las asimetrías en términos de exigencia, calidad, rendimiento, impacto e, incluso, aspiración, son difícilmente refutables. Si se desea realizar una LOSU de futuro, el punto de referencia no puede ser el límite inferior del intervalo. O nos fijamos en el límite superior o legislarán igualando a la baja, lo que no beneficia a nadie. O vamos a un sistema donde diferenciamos tipos de universidades o no nos movemos de sitio.

El segundo elemento es que la LOSU debe ser una ley de bases. Su redactado actual parece más un reglamento que un marco jurídico amplio. Si el primer punto que les he expuesto les parece relevante, este segundo es una derivada directa. Si no se piensa en un marco amplio en el que cada institución universitaria pueda desarrollar su camino, lo cierto es que acabaremos en una ley que quiera satisfacer a todo el mundo para no satisfacer a nadie. Una ley centrada en encorsetar las principales instituciones que generamos y gestionamos el conocimiento, como es el caso de las universidades, es una ley que difícilmente comprende la agilidad, dinamismo, pluralismo y variación permanente que acompaña a la generación y gestión de este conocimiento. Por no mencionar que, siguiendo el símil del lenguaje popular, supone tratar de "poner puertas al campo".

El último es aún más simple. Una LOSU de futuro debe contener espacios para hacer frente a los problemas reales. No es un problema real cómo se elige rector o rectora: los rectores somos una pieza menor con relación a los retos que debemos enfrentar a corto y medio plazo. Lo que importa es encontrar soluciones a cuestiones que podríamos sintetizar con términos que comienzan con la letra "r": Reforzar la investigación, Reducción y ordenación de la oferta docente, Revitalización de la Innovación y Transferencia, Referencia internacional, Rejuvenecer profesorado y personal técnico de apoyo, Redefinir la formación en pro de las políticas de igualdad que garanticen romper los techos de cristal, Responsabilización y participación del alumnado, Rendición de cuentas y, finalmente, Respeto al trabajo realizado. Hacer frente a estos retos tangibles es lo que nos permitirá ser verdaderos referentes.

Se podría afirmar que estos tres puntos que he enunciado apuntan en la misma dirección que la posición de cuestionamiento atribuida a los rectores y rectoras con relación a las propuestas de la LOSU. No en vano, la mayoría coincidimos en que, después de 40 años, es necesaria una nueva ley, contundente y ambiciosa. Sin embargo, la propuesta presentada es a todas luces y cuanto menos, mejorable. Es por todo ello que trabajaremos, desde el binomio de espíritu crítico y voluntad de cooperación que caracteriza a toda universidad, para que esta mejora pueda materializarse. Esperemos que todos y todas estemos a la altura del reto que se nos plantea.

Las universidades privadas ganan terreno a la pública y ya son el 40% en España (Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es

• La aprobación de tres nuevos campus en Madrid elevará a 37 el número de universidades de iniciativa privada, frente a las 50 públicas

• La última universidad de fondos públicos data de principios de los años 90 y desde entonces se han aprobado casi 20 centros privados. En Madrid hay ya 13 privadas frente a 6 públicas

• Los rectores lamentan las pocas condiciones que exige la normativa a los centros de nueva creación y alertan de que no exigir proyectos de investigación baja la calidad

Madrid tendrá tres nuevas universidades privadas, y ya serán 13 frente a las 6 públicas. Con este trío de nuevos centros, aprobados contra la opinión de la comunidad universitaria por Ángel Garrido (PP), la relación entre centros públicos y privados en la región ahonda en un camino que ha recorrido el Estado en general en los últimos años: el número de centros de iniciativa privada crece sin parar (serán 37 con las nuevas madrileñas, el 43% del total) mientras los públicos se mantienen estables desde hace décadas en 50 (57%).

¿Tenemos demasiadas universidades privadas? Para Carlos Andradas, rector de la Universidad Complutense de Madrid, sí. "La última pública, la Politécnica de Cartagena, se creó a principios de los 90. Las privadas no paran de crecer", comenta.

Así y todo, este no es el principal problema que detectan los rectores con la proliferación de centros privados. "Más que el número, que también, es el concepto", explica Andradas. "Estas tres madrileñas que están sobre la mesa ahora proponen un tamaño de 2.500-3.000 estudiantes. Yo llamaría a eso muchas cosas, pero no universidades. Son grupos muy pequeños que obedecen a intereses particulares", argumenta. La Complutense, la más grande del país, tiene 75.000 estudiantes.

El problema de origen hay que buscarlo, opina Andradas, en que a los nuevos centros privados no se les ponen casi requisitos para ser aprobados. "A nivel nacional, [el exministro de Educación, José Ignacio] Wert, fijó que la única condición para crear una universidad privada, aparte de unos estándares físicos de espacio, etc., era ofrecer ocho titulaciones oficiales, nada más, sin siquiera especificar si grado o máster. Es una ridiculez. ¿Qué clase de universidad es esa? Nos parece incomprensible que no haya unos requisitos de investigación, etc. Eso es la calidad de un centro", reflexiona.

Las comunidades autónomas pueden fijar sus propias condiciones, pero en el caso de Madrid no existen. Y va sumando universidades.

Mirando el panorama general, dicen los datos que mientras el número de universidades públicas parece haber tocado techo en 50, cifra que lleva inmutable desde 1998, las privadas aún están por descubrir el suyo.

Históricamente, España tuvo cuatro universidades privadas (Deusto, Pontificia de Comillas, Pontificia de Salamanca y Navarra), situación que duró hasta principios de los 90, cuando comenzaron a dispararse. Primero, lentamente. En 1995 había siete. A partir de ahí, el crecimiento fue ganando velocidad: 22 en 2994, 28 en 2010, 33 en 2014.

Así, en los últimos 20 años, el número de centros de educación superior de iniciativa particular se ha multiplicado por cinco. De las siete universidades privadas existentes en 1995 se ha pasado a las 34 actuales (serán 37 cuando las tres nuevas madrileñas sean una realidad). La balanza ahora se equilibra: 50 públicas, 37 privadas. En 1998 la relación era 50-18.

Expertos señalan a la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada por el PP en 2001, como la incitadora de este cambio en la relación de fuerzas. En aquel momento, la nueva ley universitaria incorporó las disposiciones de dos decretos anteriores donde se especificaban por primera vez los requisitos mínimos que debían tener las universidades privadas de nueva creación, según explica Esther Simancas, profesora de la Universidad de Cádiz y autora, junto a Marcial García López, de la Universidad de Málaga, del estudio Historia de un secuestro: de la Iglesia a la Marca. Evolución Histórica de la Universidad en España.

"El incremento exponencial de las universidades privadas es consecuencia inequívoca de la cobertura legal que se comienza a dar a estas con la LOU", escriben. "Las modificaciones más importantes se pueden resumir en que las universidades privadas tendrán personalidad jurídica y adquirirán idénticas competencias que las públicas, se regirán por las mismas normas de organización y funcionamiento y estarán sujetas a los mismos mecanismos de evaluación; se reconoce la participación de sus rectores en el Consejo de Universidades y, por otra parte, se introducen cambios en la financiación y en la gestión de todo el sistema universitario que incrementan la participación privada y que desplazan los costes hacia el usuario final", añade Simancas.

"La LOU es, sin duda, una respuesta política, que se sustenta en considerar a la iniciativa privada como un aliado estratégico en el logro de una educación más pertinente y de mejor calidad, y no como una competencia o amenaza", escribe Isidro Moreno Herrero, profesor en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación de la Complutense.

Y las privadas están sabiendo encontrar su pedazo de la tarta. Favorecidas también por la subida de las tasas en las públicas como consecuencia de la apertura de mano con los precios que realizó Mariano Rajoy nada más llegar a La Moncloa en 2011, las universidades privadas están ganando la batalla por los alumnos del siempre goloso mercado de los másteres.

Con un mercado laboral cada vez más competitivo, la especialización que ofrecen los másteres universitarios se cotiza en las empresas. Cada vez más alumnos optan por cursar uno, en parte como consecuencia de la degradación, presente y futura, de los grados y por el paro juvenil.

La rebaja de las carreras tradicionales que trajo consigo el plan Bolonia (muchos títulos pasaron de cinco a cuatro años) impulsó los posgrados. Y estos son sensiblemente más caros que los grados (las matrículas pueden costar el doble). Súmese a esta necesidad de especialización el hecho de que los precios públicos se dispararon desde 2012, acercándose a los de la privada, junto al hecho de que los centros de iniciativa particular son más flexibles a la hora de plantear sus estudios. En esos factores se mueve el trasvase de alumnos.

En cifras: los centros privados llevan varios años ganado alumnos de máster. De los 7.668 que tenían en el curso 2008-09, un 15% del total de los que cursaban un posgrado, han pasado a 73.744 el 2017-18, un 36%. Las públicas también suman más alumnos, pero pierden porcentaje. En 2008-09 matriculaban al 85% de los estudiantes de máster (42.753). Nueve cursos después, el porcentaje ha caído al 64% (131.305).

La disparidad proporcional salta a la vista cruzando estos datos con los estudios de grado, las clásicas carreras. En este apartado, las cifras se mantienen bastante estables en el tiempo: la Universidad pública acogía hace diez años al 89% de los alumnos (1.232.290). Hoy en día el porcentaje es del 85% (1.098.184 estudiantes).

"La mayoría de profesores universitarios tenemos más de 50 años, se ha hecho un tapón para los jóvenes". Entrevista a Juan Castellanos (Daniel Sánchez Caballero en el diario.es)

Daniel Sánchez Caballero entrevista a Juan Castellanos en eldiario.es

• Juan Castellanos es fundador y secretario de la Asociación para la Transparencia Universitaria (ATU), desde la que denuncia la corrupción en la universidad

• "La gestión del Caso Máster fue vergonzosa, ningún rector salió diciendo que aquello no podía ser, no se ponen a la cabeza de la defensa de la universidad"

• "Los gobiernos quitan dinero a la universidad, pero quieren que se obtengan fondos por otros medios diferentes: eso ha permitido los chiringuitos como el de la Rey Juan Carlos"

La Asociación para la Transparencia Universitaria (ATU) nació después de que en la Universidad Politécnica de Madrid aparecieron miles de diplomas falsos otorgados por academias privadas, pero avalados en teoría por la UPM, aunque la universidad no sabía nada al respecto. Desde ese año 2000, Juan Castellanos, su secretario y fundador, profesor en la Facultad de Informática que se vio en medio del escándalo, batalla desde ATU contra la corrupción en la universidad, que conoce bien tras 33 años como profesor, y por la transparencia como remedio de casi todos los males. Tras el caso máster de la URJC y su desempeño activista en los últimos años, ATU se ha convertido en un pequeño refugio al que acuden trabajadores de universidades de toda España, en su mayoría profesores, cuando se sienten víctimas de una injusticia o una irregularidad en su universidad.

¿Está tan mal la universidad como podría parecer leyendo la prensa?

El escándalo ahora es la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que ha sido el acabose de la utilización de la universidad para el beneficio propio, obtener dinero, dar títulos falsos... Lo que ha habido siempre en la universidad es una lucha de grupos, de influencia entre unos y otros. Pero con el tiempo se han acentuado mucho las cosas. Cuando salió el caso de los diplomas falsos en la UPM ya no hubo más porque lo arreglaron: dijeron que quien quisiera acuerdos con academias que los haga y pague un canon a la universidad. Ya no había diplomas falsos, sino legalizados.

Un problema grave que tiene la universidad, acentuado últimamente, es que necesita dinero para sobrevivir, para investigar. Y ahora los gobiernos van quitando dinero, pero quieren que se obtenga dinero por otros medios diferentes a la financiación pública: acuerdos con empresas, buscar financiación para la investigación... Todo esto ha permitido los chiringuitos, como el de la URJC y otros que habrá, que han provocado los abusos.

También influye la falta de transparencia. Si hubiera más, que ya la hay, las cosas se van denunciando, solucionando, corrigiendo.

¿Cuál son las formas más típicas de corrupción universitaria, en vuestra experiencia?

Aquí hay una parte importante intrínseca en el sistema. La endogamia y contratar a profesores de dentro con menos méritos que otros de fuera siempre se ha dado. Cuando hicimos el segundo congreso contra la corrupción, salió en El País una página entera hablando del tema. Nos preguntamos qué pasaba. Pues que el PSOE iba a hacer una nueva ley de universidades con la bandera de que iba a acabar con la endogamia. Muy bien. Pero la nueva ley del PSOE no quitó la endogamia, si no que la multiplicó. Ahora el sistema de acceso a las plazas depende de cada universidad, que pone las normas que cree conveniente. Respecto a la corrupción de tipo diplomas falsos o chiringuitos como el de la URJC, esa no está generalizada. Las universidades, al tener autonomía, son las responsables de sus gastos y de eso oficialmente se da cuenta. Algo se escapa al control, pero las universidades controlan todo.

Financiación. Las universidades se han tenido que buscar la vida, por ejemplo en la contratación de profesores porque la administración no les dejaba. Entonces se inventan esto de contratarlos como visitantes, etc. ¿Se han visto, digamos, 'obligadas' las universidades a manejarse de manera irregular?

Cómo gestionan la escasez depende de cada universidad. En mi universidad no se puede contratar a un visitante, por ejemplo, si no cumple todos los requisitos. Esto es una cosa de la URJC y de la UC3M, el resto apenas tiene. El contrato de visitante que están utilizando es en fraude de ley. La contratación es discriminatoria, se contrata más o menos directamente, con un concurso de méritos que hará el rectorado de la universidad como sea... De esta manera, de alguna forma se crea un sistema clientelar por el que si te han contratado y dependes del rector, por supuesto que vas a votarle. En la URJC está claro lo que ha pasado. Pero no ha sido igual en todas las universidades.

¿Cuánta responsabilidad tienen los profesores en que les hagan contratos fraudulentos? Para bailar hacen falta dos.

Claro. Hay que tener en cuenta que cada universidad pone sus normas y tienen en cuenta los méritos científicos y académicos. Lo que pasa es que en algunos departamentos se pasan y cuando sacan una plaza parece que está dirigida para una persona concreta, por tantos apellidos que tiene. Generalmente no pasa, pero sí se da. Esto hay que denunciarlo y hacerlo público.

Dice que generalmente no pasa, pero hay un dato circulando por ahí que dice que el 70% de los profesores universitarios estudiaron en el mismo centro en el que dan clase.

Digo que una cosa es que una plaza tenga uno o dos perfiles [especialidades o asignaturas que ese profesor deberá impartir], otra es que le pongan cinco o seis asignaturas. Eso es abusar.

¿Por qué se da la endogamia? No puede ser que la mayor parte de los profesores universitarios tengamos más de 50 o 55 años. Se ha hecho un tapón muy grande para los jóvenes. Cuando se abre un poco ese tapón todo el mundo aprieta un poco para que los suyos se puedan quedar. En parte es culpa del sistema, que no permite que no exista una carrera universitaria. En otros países cuando empiezas en la universidad sabes los méritos que necesitas para ir ascendiendo. Aquí, no. No ha habido nada, ha habido un tapón muy grande y la gente ha estado mal contratada, cobrando muy poco, dando muchas clases, cogiendo muchos méritos, que hacen falta. Y esto ha hecho que apriete mucho el sistema. Y luego la ley que hizo el PSOE para acabar con la endogamia.

¿Qué cambió el PSOE en la ley que aumentó la endogamia?

Antiguamente el sistema de acceso era más o menos de oposición y era público. La LOU ha dado mucho pie para que la universidad haga lo que quiera, que para su autonomía está bien, pero a la vez hay que vigilar a los centros para que hagan las cosas bien. Como siempre: la transparencia debe ser que digan qué pasa, qué normas tienen. En mi universidad hace ya ocho o diez años que los concursos ya están más o menos regulados. Antes no, no estaban regulados los baremos (tanto por ciento de investigación, tanto por ciento de docencia, etc.), era al libre albedrío de un tribunal, que podía decidir si pesaba más la investigación o la docencia, y luego el hermano gemelo de ese tribunal ponerlo al revés, según le interesara. Ahora creo que esto se ha corregido en muchas universidades.

Ha mencionado un par de veces la autonomía universitaria. Ninguna administración se responsabiliza de lo que pasa en las universidades. Sin enmendar la totalidad, ¿cree que las universidades se aprovechan de ella para a veces no rendir cuentas?

Es bastante importante porque hay que administrar una universidad, pero el abuso de eso lleva a que un rector hace lo que quiere. Si hay un abuso de autonomía y por eso tenemos que contrariarnos, no es real. Tiene que ser transparente y todos deben ser responsables. Como antes no decían nada de lo que hacían y cómo estaban las cosas se hacían las cosas "porque lo digo yo". También sucede que muchas veces los jueces dicen: "Si lo dicen los rectores, tendrán razón". La autonomía universitaria es mejorable, pero necesaria.

¿Cuánto impacto tuvo el caso de la URJC en las universidades? ¿En su universidad, por ejemplo, hubo algún cambio específico para evitar posibles situaciones similares?

Oficialmente, que yo sepa, no [se ríe]. Pero seguramente el equipo rectoral habrá mirado alguna cosa. Lo de la URJC ha sido un aldabonazo, la UPM y la UCM son universidades enormes y lo habrán mirado. Aunque desde que nosotros revelamos en 2002 nuestro caso de los diplomas falsos ya se aplicó mucho nuestro rectorado, porque aquello fue un escandalazo. En ese sentido sí ganamos. Imagino que en la URJC se pondrán las pilas para denunciar las cosas. Ya no es solo a nivel judicial, que es muy bonito de cara a la sociedad, aparte hay que ver que existen buenas praxis dentro, entre nosotros, los profesores, los alumnos, que los estudiantes participen en el funcionamiento de la universidad. Hay muchas cosas que no son denunciables a los jueces, pero hay que hacerlas también con una ética universitaria.

Los centros privados adscritos a universidades públicas, ¿siguen teniendo sentido?

En mi universidad ha habido alguno, pero no los entiendo mucho. Quizá específicamente para desarrollar una enseñanza concreta en una universidad en la que no se podía crear una facultad por determinadas razones podía tener sentido. Pero creo que no hay demasiado control de estos centros. Se han quedado un poco desfasados. Está bien mientras estén controlados, pero hay algunos por ahí que no han tenido control.

¿Qué le parece la gestión que se hizo de todo el caso URJC?
Fue vergonzoso. Ningún rector salió diciendo que aquello no podía ser. Los rectores de nuestras universidades son muy flojitos, no se ponen a la cabeza de la defensa de la universidad. Tienen que decir más y defender la universidad. Si se pusieran a cabeza de la defensa de la universidad tanto a nivel de dinero, de investigación, etc. otro gallo cantaría. Es su obligación, pero no lo hacen. Son tan tímidos que parece que hacen los contrario, no defenderla, cuando un rector está elegido específicamente para eso, para defender la universidad como tal.

¿Cree que la CRUE no cumple con su cometido en ese sentido?

La CRUE es una asociación privada de rectores, no es un organismo oficial. El organismo oficial es la Conferencia de Rectores, ligada al ministerio. Pero el actual presidente de la CRUE [Roberto Fernández] dice ahora que hay que hacer una ley de universidades y la tienen que hacer ellos y el ministerio y nadie más. No, señor. Habrá que hacerla entre todo el mundo, toda la comunidad universitaria, la universidad es un servicio para la sociedad, no un negocio. Lo que tienen que hacer es defender la universidad, no los intereses de las universidades privadas y que se llegue a acuerdos entre todos. Porque sí que hace falta una nueva ley de universidades, que esta sea un servicio a la sociedad, no un negocio en el que los alumnos son clientes. Por ejemplo, las tasas tienen que bajar. En Alemania son gratis, en Francia, testimoniales. ¿Qué pretenden? Que solo estudien quiénes tienen que estudiar y el resto a estudiar Formación Profesional. Pero no porque la FP sea mala, sino que quieren que vaya ahí quién no se pueda pagar la universidad. Están poniendo unas tasas impensables de pagar para las familias, que lo están pasando mal porque son muy caras. Es una vergüenza que la universidad no sea accesible para todo el mundo.

Cataluña presenta propuestas a Wert para la reforma universitaria de la LOU

LA VANGUARDIA.COM: Universidades, la próxima reforma de Wert

El Govern de la Generalitat quiere cambiar la organización y gestión de las universidades -gobernanza-, un objetivo con el que coincide el Ministerio de Educación. José Ignacio Wert ya ha dicho que el 2014 será el año de la reforma universitaria. No habrá una ley nueva, sino que modificará puntualmente la norma actual, la Lom-LOU. La Generalitat quiere aprovechar esta oportunidad para introducir su modelo de educación superior. El secretario de Universitats i Recerca, Antoni Castellà, tiene lista una propuesta de reforma de la gobernanza que presentará a Wert. Cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid y la Comunitat Valenciana, con sistemas universitarios parecidos al catalán. La propuesta de la Generalitat incluye tres puntos clave. Primero, dotar a las universidades de un "único órgano de gobierno con capacidad plena" en la organización del personal -contratación, retribución y carrera docente-, y en la gestión económica, administrativa y académica. Ahora la gestión de las universidades se divide entre el equipo de gobierno, formado por el rector, los vicerrectores, el gerente y el secretario general; el consejo social, con representantes de la sociedad civil; el consejo de gobierno, un órgano colegiado constituido por el rector -que lo preside-, el secretario general, el gerente y un máximo de 50 miembros de la universidad; y el claustro, donde están representados todos los colectivos de la institución. Además, toda la gestión está muy regulada por la Lom-LOU. Son muchos los rectores que se quejan de la "falta de autonomía" y de "agilidad" que sufre la universidad a causa de la legislación actual.

El segundo punto de la propuesta se refiere a la elección del rector. La secretaría de Universitats i Recerca sostiene en ella que el rector debe ser un académico, de cualquier universidad o país. Y que hay que elegirlo mediante un "concurso de méritos competitivo". No entra en el detalle de quién debe elegirlo, si un consejo o un patronato, ni quién formaría parte de este. La Generalitat sólo apunta las líneas generales de un sistema universitario "más moderno, ágil y competitivo", señala. Pero está claro que las elecciones a rector tal y como están planteadas ahora desaparecerían. Aquí las posiciones están muy divididas. Un sector amplio de la comunidad académica considera que eliminar las elecciones acabaría con la democracia en la universidad.

Por último, si las universidades y los rectores disponen de una mayor autonomía, el sistema de evaluación y rendición de cuentas debería ser más exhaustivo "y transparente". Castellà trasladará a Wert esta hoja de ruta para negociar una "reforma flexible" de la ley de Universidades. Es decir, que permita que cada comunidad autónoma decida si aplica los cambios o no. Sería el mismo modelo que Wert siguió con el aumento de los precios de la matrícula. Educación pone un tope máximo, y los gobiernos autonómicos fijan la subida dentro de este margen. Madrid y Valencia también quieren una reforma de la ley universitaria en este sentido y hablarán con Wert para intentar convencerlo.

"El cambio en la gobernanza no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para impulsar la calidad, la eficiencia y la internacionalización de las universidades", señala Castellà. La Generalitat tiene en mente el modelo de los centros de investigación catalanes. El Centre de Regulació Genòmica, el Institut de Recerca Biomèdica o el Institut de Ciències Fotòniques son centros públicos, funcionan con un contrato programa de la administración y sus directores son escogidos mediante un concurso de méritos. Siguen políticas de personal y científicas muy distintas, pero obtienen el mismo resultado: ciencia de alto nivel. ¿Se puede trasladar este modelo a la universidad? La secretaria de Universitats i Recerca cree que sí, al menos, es la filosofía que quiere impulsar. El otro modelo en el que se fija la Generalitat es el de la Universitat Oberta de Catalunya. Para elegir al último rector, Josep A. Planell, se abrió un concurso internacional -se publicaron anuncios en revistas científicas-. La secretaría de Universitats i Recerca hizo una preselección de candidatos y el patronato de la UOC eligió a Planell. Su sistema de financiación y de profesorado también es distinto. Las líneas generales de la reforma universitaria están marcadas. Ahora falta la concreción, y habrá que acercar posiciones muy alejadas. "Buscaremos el máximo consenso de la comunidad universitaria, un cambio de esta trascendencia no puede ser unilateral", reconoce Castellà.

LOE actualizada (más LODE, LOU y LOFCA) con la LOMCE (FAPA Giner de los Ríos)

La FAPA Francisco Giner de los Ríos nos envía este correo:

Estimados/as amigos/as:

Os enviamos el enlace a un documento que hemos elaborado sobre la LOE actualizada (más LODE, LOU y LOFCA) con la LOMCE.
www.fapa.es/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=937&tid=2

Recibid un cordial saludo.

FAPA Francisco Giner de los Ríos

También puedes descargar el documento aquí.