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sábado, 5 de septiembre de 2020

Sánchez pide a los presidentes autonómicos que los cierres de colegios se consensúen con Sanidad y las comunidades limítrofes (Esther Palomera / Irene Castro para eldiario.es)

Artículo de Esther Palomera e Irene Castro para eldiario.es
  • El presidente vuelve a reclamar a los líderes autonómicos "apartar la lucha partidista de la discusión de la epidemia" y envía un mensaje de tranquilidad ante la reapertura de las aulas
4 de septiembre de 2020 

Tras semanas de acusaciones de inacción en la preparación de la vuelta al colegio y un acuerdo de mínimos suscrito por Educación y las comunidades autónomas, Pedro Sánchez ha reclamado a los presidentes regionales que exista una suerte de pacto tácito para que el hipotético cierre de colegios por rebrotes de coronavirus se haga de forma consensuada con el Ministerio de Sanidad y las autonomías limítrofes. Ese ha sido uno de los asuntos abordados en la conferencia de presidentes que se ha reunido este viernes de forma telemática durante la pandemia. Sánchez ha reclamado que se abandone la "lucha partidista" mientras los presidentes del PP han reclamado unidad de acción en la respuesta a los rebrotes.

lunes, 10 de agosto de 2020

Los profesores tratan de blindarse para que no les responsabilicen de los contagios ante una “vuelta al cole caótica” (Mónica Zas Marcos para ELDIARIO.ES)

 Reproducimos este artículo de ELDIARIO.ES


Agosto avanza y, a pesar de las súplicas del personal docente, la “vuelta al cole” es todavía una incógnita en la mayoría de comunidades autónomas. La imposibilidad de adaptar las aulas a un escenario epidemiológico que empeora por momentos ha hecho que los equipos directivos y los profesores quieran blindarse en caso de que autoridades educativas o padres traten de achacarles los posibles brotes de coronavirus.


Los únicos que han conseguido algo al respecto son los centros de Andalucía, donde la Junta ha eximido por escrito a directores y maestros de cualquier responsabilidad asociada a los contagios. "En primer lugar, habría que determinar dónde se contagió la persona en cuestión, lo que sería muy difícil y a lo que habría que añadir que el riesgo cero, como señalan las autoridades, no existe”, expresa el comunicado. Este papel, no obstante, carece de validez legal y no es una orden ni un decreto ni unas instrucciones dirigidas a los centros educativos, que sigue siendo la gran tarea pendiente de las consejerías de Educación.

Es un gesto, más simbólico que otra cosa, que el profesorado podrá usar como primer escudo ante posibles denuncias. El supuesto legal abarcaría desde una complicación derivada de la enfermedad, un rebrote descontrolado o un accidente producido en el centro, cosa que los sindicatos no descartan ya que dicho papel no garantiza una “presencialidad segura”, como piden desde hace meses las asociaciones de padres, madres y docentes.

Para CC OO, esta victoria es solo un parche para “una vuelta al cole caótica”, como ellos mismos la definen. Critican que las consejerías hayan depositado en los equipos directivos "unas competencias que no tienen y para las que no han sido formados” y que las negociaciones con las autonomías hayan alumbrado "unos planes de contingencia deficientes” para no tener que reducir el ratio de alumnos ni ampliar las plantillas de profesores.

De momento, las principales medidas de seguridad en los colegios serán calzarse bien la mascarilla, que no haya más de 30 o 35 estudiantes por cada 50 metros cuadrados -número que ha ido in crescendo desde marzo- y nombrar a un responsable COVID-19 entre los profesores que establezca un protocolo sanitario en los centros y preste atención a síntomas compatibles con la enfermedad. Y, según los docentes, nada de esto garantiza un regreso a las aulas seguro para ellos ni para los alumnos.


Las principales medidas de seguridad en los colegios será calzarse bien la mascarilla, que no haya más de 30 o 35 estudiantes por cada 50 metros cuadrados y nombrar a un responsable COVID-19 entre los profesores que establezca un protocolo sanitario

Hace unas semanas aún no sonaban los tambores de huelga, pero eso ha cambiado al menos en la Comunidad de Madrid, donde los docentes han anunciado movilizaciones a finales de mes e incluso paros si no garantizan la seguridad en las aulas. En Sevilla, anteriormente a la carta de la Junta de Andalucía, dimitió el primer equipo directivo de un centro en bloque como medida de presión. Señales de que la negociación con la mayoría de las comunidades autónomas está siendo tan infructuosa como el plan para frenar el coronavirus en las clases.

“Ya sabemos lo que va a pasar: a medida que aumenta el contacto comunitario van aumentar los contagios y, si no se ataja, uno de los grandes focos van a ser los colegios”, critica Paco García, portavoz de Educación de CC OO. La perspectiva real de una segunda ola de coronavirus está minando la moral de los docentes, que temen ser quienes paguen el pato por la dejadez institucional. “Existe inseguridad jurídica de que algunos consejeros se laven las manos y dejen toda la responsabilidad en manos de los centros”, admite García.

Desde CC OO han promovido un escrito para que los centros lo firmen y lo remitan a la consejería correspondiente, de forma que les liberen de responsabilidades como ha ocurrido en Andalucía. “Aún así, saben que nuestros servicios jurídicos están a su disposición”, repite el portavoz. Por su parte, UGT confía en que las asociaciones de padres y madres caminen por la misma línea que los docentes y compartan las mismas preocupaciones, lo que no quita que “las administraciones deban apoyar por escrito al profesorado y no lo están haciendo”. 

Aunque no creen que vaya a ser lo habitual, en la Confederación de Sindicatos de Educación (STEs) reconocen estar “al albur de que alguien ponga una denuncia” ya que “las familias tienen derecho a exigir responsabilidades y a tomar medidas si nadie las asume”. José Ramón Merino, su delegado, reconoce que el debate jurídico ha quedado en un segundo plano por la evidente prioridad sanitaria, pero que también es un asunto que preocupa a los profesionales: “La responsabilidad civil es compleja y existen algunas sentencias al respecto, aunque son puntuales y como mucho alcanzan la figura del director”, explica Merino. Sin embargo, la casuística del virus es nueva y como tal abre posibilidades igualmente inexploradas.


“La responsabilidad de cumplir con los protocolos y las medidas de seguridad corresponde a los titulares de los centros, y esa titularidad en el caso de los públicos es de las consejerías”, dice Sonia García en nombre del ANPE. “Otra cosa es que haya un incumplimiento por parte de un profesor concreto o de un equipo directivo que pueda acarrear consecuencias penales en lo relativo al COVID-19”, abunda. A pesar de tener la teoría, reconoce que es mucho más fácil averiguar “si un niño se rompe un brazo por negligencia del adulto que si se contagia de coronavirus”. Por eso, entiende que lo que han pedido los docentes andaluces producirá “un efecto eco” que debería alcanzar al resto de autonomías para aligerar este peso que cargan los colegios sobre sus hombros.
Presencialidad obligatoria, pero sin protocolos claros

El cierre de los colegios el pasado marzo obligó a centros y familias a adaptarse a una especie de educación casera abrupta y sin los medios ni la preparación necesarias en la inmensa mayoría de los casos. Sin embargo, el Ministerio de Educación no se planteó en ningún momento regular el homeschooling, ya que la prioridad era regresar a las aulas en las mejores condiciones sanitarias posibles. Seis meses después, esas condiciones no han llegado a pesar de los continuos gritos de socorro de los profesores.

“Todos coincidimos en que la presencialidad es un elemento clave a preservar”, inciden desde CC OO, “pero es lamentable que esos 2.000 millones de euros que ha destinado el Gobierno a Educación no se vinculen a objetivos concretos”, lamenta Paco García. Es decir, “nadie garantiza que las autonomías lo vayan a invertir ahí porque, de hecho, no se está haciendo”. El portavoz se refiere al compromiso de hacer obras en las aulas para garantizar la distancia de seguridad, a reducir el número de alumnos en las aulas -que ha ido aumentando desde los 15 hasta los 35 que ya permiten algunos institutos-, a desarrollar un plan digital y a contratar a más profesores. Un pacto de responsabilidad que, de momento, solo se ha cumplido en la Comunitat Valenciana.

Sonia García, de ANPE, critica la publicidad que se le da a "tres o cuatro centros que hacen obra", puesto que "la gran mayoría van a abrir sus colegios sin las reformas necesarias”. “El tema legislativo es importante, nos tenemos que basar en leyes y el Ministerio de Sanidad solo ha sacado un documento con recomendaciones, cuando lo suyo es que todo lo que ponga por escrito sea de obligado cumplimiento”, insiste la representante.

Maribel Loranca, de UGT, cree que “los centros escolares deben expresar a las autoridades educativas sus necesidades, pero nunca hacerse responsables de llevar a cabo un plan de contingencia. Por lo tanto no me extraña que los docentes pidan que se les exima de responsabilidades, porque ni las deben tener, ni están formados, ni tienen medios para ello”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una reunión a finales de agosto con todos los representantes autonómicos para abordar el difícil tema de la educación, sin duda uno de los quebraderos de cabeza de este verano. Una cita que "llega tarde" para la mayoría de sindicatos de profesores, que han asistido durante meses "al estrés, la faena y la presión por parte de las consejerías de educación, que no hacen más que producir normativas contradictorias y que les obliga a revisar cada día el BOE sin tiempo para maniobrar”. 

miércoles, 16 de octubre de 2019

El Plan Presupuestario enviado ayer por el Gobierno Sánchez a Bruselas calca las políticas de recorte del PP (César Pérez Navarro para TERCERA INFORMACIÓN)

TERCERAINFORMACION.ES publica esta noticia



El Responsable Políticas Económicas IU, Carlos Sánchez Mato, denuncia que el Plan Presupuestario enviado a Bruselas por el Gobierno en funciones del PSOE "sitúa el gasto público en el 41,3% del PIB, el segundo más bajo desde el estallido de la crisis" en 2008, lo que nos "aleja cada vez más de la media de la Eurozona".
España debería dedicar 60.000 millones más al año en gasto público para llegar a esa media.





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Mientras el llamado "conflicto catalán" abre todos los informativos y ocupa todas las portadas de la prensa, siempre incidiendo en las escenas con alto contenido de violencia, el Gobierno Sánchez remitió ayer a Bruselas su Plan Presupuestario 2020 del Reino de España. En el mismo (adjunto en PDF al final) se consagran las políticas de "ajuste" o recortes aprobadas por el anterior ejecutivo Rajoy de la mano de su ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.

Tras el análsiis del documento, quien fuera concejal de Economía de Ahora Madrid, señala que la "sanidad reduce su peso hasta el 5,9% del PIB", y añade que es "la primera vez desde 2007 que no alcanza el 6%, lo que consolida los recortes de estos 12 últimos años". El peso de la sanidad sobre el gasto público total también se está reduciendo en 2019, y se reduce desde el 14,6% de 2018 al 14,4% previsto para 2020.


El presupuesto de Educación se ve igualmente afectado por la continuidad de las políticas económicas de ajuste neoliberal. Así, el presupuesto "se mantiene congelado en el 4% del PIB, la cifra más baja desde 2007". En conjunto, apunta Sánchez Mato, "Sanidad y educación están un 13% por debajo de 2009".

En total, "el gasto público se sitúa en el 41,3% del PIB, el segundo más bajo desde el estallido de la crisis", lo que significa que España se aleja cada vez más de la media de la eurozona, donde el gasto público supera ampliamente el 46% del PIB. La principal causa de este desbarajuste está en los ingresos, ya que España recauda 80.000 millones de euros menos que la media de la Eurozona porque "brillan por su ausencia las medidas para que paguen más quienes más tienen".

Para 2020, el déficit de las cuentas públicas se reducirán un 0,3% del PIB (del 2% al 1,7%), es decir, 3.767 millones. Solo se prevé aumentar en 1.452 millones los ingresos porque no se aumenta ningún impuesto a las rentas más altas. Se renuncia a la tasa Google tras las amenazas de Trump, se repite la carga fiscal sobre el tramo de IRPF correspondiente a rentas de más de 130.000 euros, o se mantiene el impuesto de sociedades en el 15%, entre otros ejemplos. Esto se traduce en que solo se sube el sueldo como corresponde a los funcionarios públicos (2%) y se mantienen las pensiones.

El pasado mes de septiembre, fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que el nuevo cuadro macroeconómico estaría marcado por la "prudencia", ya que los hipotéticos Presupuestos de 2020 tendrán que elaborarse por el próximo Ejecutivo que se forme tras las elecciones del 10 de noviembre y llevarán incorporadas unas medidas u otras en función del color político. Con todo, en su actual redacción, el plan presupuestario sigue la línea marcada por el PP en años anteriores.



Plan Presupuestario 2020 
https://www.hacienda.gob.es/CDI/EstrategiaPoliticaFiscal/2020/Plan_Presupuestario_2020.pdf …

jueves, 8 de agosto de 2019

El Gobierno no retocará la ley Celaá más allá del trámite parlamentario (eldiario.es)

Artículo publicado en eldiario.es

La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha asegurado este martes que la futura ley educativa, la llamada ley Celaá, no se va retocar y que solo contará con las aportaciones que se hagan durante su trámite parlamentario.

Celaá ha hecho estas consideraciones tras reunirse, junto con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con representantes del sector de la educación, un encuentro que se enmarca en la ronda de contactos que inició el líder del PSOE el 1 de agosto con colectivos y asociaciones de la sociedad civil.

Tras la reunión, varios portavoces de la comunidad educativa han sostenido que Pedro Sánchez se ha comprometido a ampliarla la citada ley y la ministra ha precisado que la nueva norma, que el Gobierno tendrá que volver a llevar a las Cortes, se podría actualizar "con algunas miradas" de los colectivos presentes en el encuentro y también de los que no han estado presentes.

La Lomloe, la ley con la que el Gobierno socialista pretendía derogar la Lomce del PP, "se retocará cuando esté en el itinerario del Congreso de los Diputados con las propuestas de las distintas fuerzas políticas", ha asegurado Celaá, quien ha precisado que "el programa está completo y lo estamos actualizando".

Celaá ha asegurado que en la reunión con CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) y la Confederación Estatal de Estudiantes (CANAE) y sindicatos como CC. OO., UGT, CSIF y STES han coincidido en los objetivos y en "la rapidez con la que necesitamos activar los cambios".

En la reunión se ha abordado también la "incardinación" de la educación de 0 a 3 años como etapa educativa y no socioasistencial "porque la educación empieza a los cero años y no acaba en ninguna parte", ha dicho Celaá, quien ha recalcado que la formación a lo largo de la vida es un derecho.

La ministra también ha hablado de la importancia de la digitalización que se va a ver reflejada en la formación profesional y ha recordado que el año que viene se va a poner en marcha un módulo de digitalización en cada uno de los ciclos formativos existentes.

Algunos de los representantes del sector educativo han sostenido que Sánchez se ha comprometido a ampliar y mejorar la Lomloe, aunque sin concretar medidas, como ha dicho el presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez.

El presidente del sindicato de profesores ANPE, Nicolás Fernández, ha asegurado que Sánchez tiene la intención de situar a la educación en el eje vertebrador de todos los proyectos que querría acometer en la próxima legislatura.

Además, ha explicado que Sánchez se ha mostrado receptivo a su petición de acometer una reforma educativa "más profunda y global", ya que, según ha comentado, "parece que la idea es ampliar la ley mucho más".

Sin embargo, la representante de Ceapa, Leticia Cardenal, ha indicado que el Gobierno "no tiene intención de hacer grandes cambios" en la ley y ha defendido la necesidad de formar un Ejecutivo progresista para que en septiembre "podamos darle carpetazo a la Lomce y los alumnos la dejen de lado".

Cardenal no ha querido pronunciarse sobre el hecho de que los representantes de la escuela concertada hayan denunciado que no han sido convocados a esta reunión.

La representante de Ceapa ha afirmado que Sánchez se ha comprometido a dialogar y a recoger sus propuestas, y ha rechazado sentirse "intrumentalizada" por ser invitada a este encuentro.

El portavoz de CSIF ha trasladado a Sánchez las "carencias" del sistema educativo, fruto de que no hay una ley estable, que cambia cada vez que cambia el Gobierno, por lo que ha abogado por un pacto político y por situar a la educación en el centro de la agenda.

Según Gutiérrez, Sánchez se ha comprometido a dedicar el 5 % del PIB a educación, pero ha confiado en que se pueda llegar a un acuerdo para que alcance el 6 %.

Por su parte, CC. OO. ha pedido a Sánchez más inversión para una escuela pública inclusiva, laica y participativa en el sistema educativo, así como situar los derechos humanos y de la infancia en el corazón de la nueva ley.

domingo, 30 de septiembre de 2018

"Llevamos años con problemas de masificación en las aulas, no tiene nada que ver con la llegada de migrantes" (Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es)

Artículo de Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es
  • Docentes y familias desmienten que la sobrecarga se deba al factor que apunta la Consejería de Educación que culpa a la política migratoria de Sánchez
  • Los únicos datos disponibles, de Interior, confirman que el número de menores en el sistema de protección madrileño ha aumentado en 72 en los últimos meses
  • "Con 28 niños de tres años hay días que dices: mañana no vengo, me doy de baja", cuenta una profesora de Infantil que trabaja en la sierra de Madrid
Matrículas en septiembre que desbordan las aulas y centros que recurren al salvoconducto de la LOMCE que permite ampliar la ratio hasta a 28 alumnos por aula. Es el diagnóstico que admite la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid sobre la situación de muchos colegios y escuelas en la región este nuevo curso. El Gobierno de Ángel Garrido informa de un aumento de las solicitudes del 33% en Infantil y Primaria solo en el área central de la región (DAT Capital) pero ha encontrado fuera los culpables del colapso en las áreas: el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y la "inmigración desordenada".

El departamento de Educación de la Comunidad, dirigido por Rafael Van Grieken, apunta directamente a la "errática política migratoria del Gobierno" central. Una afirmación desmentida por el relato de docentes y familias que niegan que esta masificación sea un problema puntual y acotado a este curso. La situación no es nueva, lleva un año y medio en manos de los tribunales, tras la denuncias de CCOO.

"Llevamos años con problemas de masificación en las aulas públicas que nada tienen que ver con la llegada de migrantes", sentencia Natalia, maestra de Educación Infantil. El año pasado fue tutora de una clase con 27 niños y niñas de tres años cuando la ratio máxima son 25. "Para empezar es hasta inviable a nivel de espacio, colocar a 27 niños, meter las mesas y también otros espacios si no quieres que estén todo el día sentados", explica. Natalia admite en conversación con eldiario.es el agobio que le generaba tener que enseñar a los niños, de cinco años y a solo un curso de entrar en Primaria, a leer y escribir. "No puedes dedicarles a todos el tiempo que necesitan. Acabé el curso pensando que había muchos sobre los que no sabían ni por dónde andaban en desarrollo, en capacidades...", reconoce.

En su colegio, en la sierra de Madrid, se venían dando situaciones parecidas también en años anteriores. L. prefiere no hablar con nombres y apellidos pero cuenta que hace dos cursos tuvo que atender a 28 alumnos y alumnas de tres años. Mientras no cabían en su aula, la de al lado estaba vacía. Ese año suprimieron una clase y concentraron a todos los niños y niñas en una. "Eso me crispaba, ver ese aula vacía y yo allí... que quería salir corriendo algunos días. Tuve que ingeniármelas para que fueran lo más autónomos posible. Asumí que no iba a poder plantearme grandes objetivos. Eran muchísimos", recuerda. Al final de curso, relata, le dijo a la dirección que otro año más así "no aguantaba". "Pensé en que si la cosa seguía así me pedía la baja, acabé derrotada física y mentalmente. Mi vida se convirtió en irme a la cama cuanto antes, había días que no quería ir al cole", cuenta.

Los recortes educativos permitieron, a través de un decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, un aumento excepcional de las ratios en un 20%. Pero esta licencia dejó de ser aplicable ya el año pasado al recuperarse la tasa de reposición de maestros y maestras al 100%. Pese a ello, las aulas han continuado por encima de 25 en Primaria y de 28 en Secundaria.

El argumento oficial de la Consejería remite al artículo 87 de la Lomce, que permite "el incremento de hasta un 10% del número máximo de alumnos y alumnas por aula", pero solo si eso está justificado "para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado por incorporación tardía o bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en periodo de escolarización extraordinaria". Es también la respuesta que han dado este lunes, tras conocerse que se han dado órdenes por escrito para proceder a ese incremento en Vallecas y Moratalaz. CCOO informa que también existen "órdenes verbales" en el mismo sentido en Latina, Carabanchel y Villaverde.

La propia consejería refleja en sus datos esta sobrecarga, que no es nueva, según sus propias cifras. En el curso 2016/2017, la Comunidad de Madrid tenía 6.000 aulas con más niños y niñas de los marcados por ley el curso pasado. En 1.222 –muchos concertados–, la Consejería de Educación directamente incumple la normativa porque no justifica esa masificación; y en 5.027 utiliza el mecanismo previsto en la Lomce pero solo reservado a circunstancias excepcionales que, en este caso, se aplican a una de cada diez aulas en la región, según figura en una respuesta del Gobierno al grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid.
Una investigación abierta en los tribunales

Esta repetición del esquema, incluso cuando ya el Gobierno central no lo respaldaba por decreto, llevó a Comisiones Obreras a presentar un recurso ante la Consejería que terminó en los tribunales. Ahora, un año y medio después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid debe entrar en tres casos distintos –correspondientes a tres direcciones de área territorial– en el fondo del asunto: encontrar una justificación a la masificación y verificar si la Comunidad de Madrid está cumpliendo la normativa.

Las dos maestras contactadas por eldiario.es inciden en que la administración "vende una atención individualizada que no puedes ofrecer, aunque los profesores quieran". "No puedes atender a tantos niños ni darles un ratito. Es lo que se merecen. Que como persona de referencia le dediques cinco a diez minutos. Y es imposible", zanja L. Las dos describen una masificación "estructural". "Es mentira que esto se haya desbordado por la inmigración. Llevamos bastantes años con problemas", dice Natalia, que este año tiene una clase de 24 alumnos pero no cuenta con ningún apoyo.

Del otro lado, pero como parte del mismo problema, están las familias. Raquel García tiene un hijo de siete años. En su aula de segundo de Primaria convive con otros 27 compañeros y compañeras. Su clase lleva arrastrando la sobrecarga –el límite legal está en 25– desde los cuatro años. "Pasa en mi colegio y pasa en casi todos", sostiene. El primer año que intentó escolarizar a su hijo, con tres años, tuvo que hacerlo en un centro a seis kilómetros de su casa, según su relato. El colegio más cercano estaba tan masificado que estaban convirtiendo salas de psicomotricidad y de música en aulas.

"No solo es que las clases estén por encima de ratio, es que muchos centros están por encima de línea. Tienen más aulas de las que pueden albergar", argumenta. Raquel pertenece a la Plataforma de Parla en Lucha por la Educación Pública. "Entre las familias estamos hartas de contarnos siempre lo mismo. Los que tienen clases de 25 están de enhorabuena", asegura.

Señalar la llegada de migrantes de origen "africano y venezolano" como una de las causas de la sobrecarga de las clases, tal y como ha hecho el Gobierno de Garrido, ha provocado el enfado de las familias y también de los docentes. Los datos, además, desmienten este extremo por el escaso número contabilizado por el Ministerio de Interior. Según las cifras oficiales, entre el 30 de junio y septiembre 72 menores entraron en el sistema de protección de la Comunidad de Madrid.

Se trata de menores extranjeros no acompañados (MENAS) y proceden, en su mayoría, de países africanos. "Es una falacia achacar el problema a estos menores porque, además, la mayoría están en una franja de edad entre los 16 y los 18 años y precisamente peleamos por su escolarización, que no siempre se facilita", replica Lourdes Reizábal, presidenta de la Fundación Raíces. A preguntas de eldiario.es, la Consejería de Educación no ha concretado cuántas de las nuevas matrículas están asociadas a niños y niñas migrantes recién llegados a Madrid. Solo aseguran que el número ha crecido de 2.700 a 4.050, respecto al curso pasado, y "la mayoría" responde a estos perfiles. También aseguran las mismas fuentes que la Comunidad de Madrid en ningún caso "se salta la ley".

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jueves, 21 de junio de 2018

Sin prisas ni pausas, veremos qué afán es posible cada día (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía este artículo de opinión



De los límites y ambiciones del nuevo Gobierno –entre lo posible y lo deseable- habló Isabel Celáa en una entrevista a Eldiario.es.

 Pueden estar ahí no pocas de las pautas que, con realismo, pretende su proyecto educativo, la otra competencia de la portavoz gubernamental. Ante todo, qué hacer con la LOMCE. Desmontarla “por partes”, dando prioridad a los aspectos que, desde 2013, han acentuado la desigualdad, parece un buen objetivo siempre que “a medio y largo plazo” –cuestión aleatoria en este momento- culmine en una más justa estructura educativa que resulte difícil de remover a la primera de cambio. El pasado ha sido pródigo en enconadas  alternancias estériles.

Lo demás es aclaratorio de lo principal. Y es que la LOMCE sintetizó gran parte de las aspiraciones de los sectores más reacios a que el sistema educativo se modernizara en profundidad y fuera capaz de adoptar las mejores prácticas en beneficio igualitario de todos los españoles. La libertad y la universalidad del derecho a la educación que reconoce el artículo 27 de la CE han tenido en esta ley su interpretación más parcial. Deseable, por tanto, es que se revise a fondo ese articulado, de modo que se compatibilicen ambos derechos y se blinde su ejercicio sin demérito para la enseñanza pública; y posible es ir dando pasos significativos en esa dirección “sin prisa pero sin pausa”, con fórmulas concretas que frenen el deterioro sufrido. Lo intolerable es que la educación siga siendo el primer escalón para privilegiar modélicamente a grupos que aumenten, con dinero público, la brecha social a medida que crece como negocio y forma demostrativa de la diferencia. Solo será excelente si cumple como sistema de cohesión social y unidad moral de convivencia.

En las palabras de la ministra se trasluce, además, una relevante atención a la Formación profesional. Su experiencia en el País Vasco podrá serle de gran utilidad para que esa vía educativa alcance, al fin, en el imaginario colectivo reconocimiento suficiente. Más allá del ampliado nombre de su Ministerio, será crucial una mejor redefinición de la segunda etapa de ESO de modo que no resulte tan tempranamente discriminatoria como está siendo. Desde la reforma primera en la LOGSE –y desde las precedentes en los años sesenta y setenta de Lora Tamayo y Villar Palasí-, la definición polivalente de ese final de la Secundaria Obligatoria se ha convertido en clave para la calidad del sistema educativo. En todo este tiempo, el discurso –social y político- acerca de la educación, siempre ha estado viciado por razones más o menos relacionadas con esa etapa. Recuérdense aquellos estigmas de “bajada del nivel” o de “egebeización del sistema” que tanto sirvieron de excusa para frenar los intentos democratizadores. Pero como exponente de fallos y progresos, ahí siguen los tercos  datos del muy azacaneado “fracaso y abandono escolar” existente, el gran reto a superar sin puertas falsas más allá de los compromisos con EUROPA-2020.

¿Qué eje vertebrador?
Sin desmerecer de tan principales asuntos, en las respuestas de Celáa aparecen conexos otros de gran valor. Veremos si una vez más, y hasta dónde, son instrumentados para vender lo posible como sustituto de lo necesario, esa historia cansina que, desde 1812, en la Constitución de Cádiz, no cesa. En ella entran la Religión o las religiones y la ideologización –cuestión bastante más amplia que la que pretende ceñirse a su presencia en el currículum-;  el papel de la privada y de los colegios concertados en el sistema, que tanto alienta una de las libertades menos libres: la de la elección de centro; y, con un alcance mayor del que cabe intuir en la entrevista, la formación del profesorado, ese intangible tan manoseado como desatendido, y la participación democrática en la gestión modernizadora de las aulas, uno de los mejores signos del valor que se les asigna.

Si en medio de tanto avatar impredecible como el de la política actual –“de urgencia”-, la ministra y su equipo pueden mantenerse consecuentes  con que “la enseñanza pública es el eje vertebrador del sistema” y no la criada de servicio, ya será positivo.  Será digno y justo, equitativo y saludable. 



Manuel Menor Currás
Madrid, 21.06.2018
 






Entrevista a Isabel Celaá, portavoz del Gobierno y Ministra de Educación (Aitor Guenaga / Eduardo Azumendi / Irene Castro para EL DIARIO)

Reproducimos esta entrevista publicada en ELDIARIO.ES

"No tenemos ninguna razón para no fiarnos de Pablo Iglesias"

Isabel Celaá (Bilbao, 1949) se define como un "soldado" cuando se le pregunta si tuvo que darle vueltas al ofrecimiento de Pedro Sánchez de incorporarse a su gabinete como ministra de Educación y Formación Profesional. De la segunda parte del nombre del departamento hace especial gala por su etapa como consejera de Educación en Euskadi. Ahora es consciente de que trabaja en un Ejecutivo de urgencias, que, sobre todo, precisa de actuaciones rápidas y del que no solo se encarga del ministerio sino también de la portavocía del Consejo de Ministras. 
El presidente dice que quiere agotar la legislatura. ¿Sin presupuestos se puede agotar?
Claro que se puede agotar la legislatura, pero nosotros aspiramos a aprobar los presupuestos.
Pero la pregunta es que si en 2019 no hay nuevos presupuestos, si no son capaces de armar esa mayoría, ¿van a dar la palabra a los españoles?
No vamos a especular. Cada día tiene su afán.
En la oposición han utilizado mucho el verbo derogar, pero ahora usted usa revisar con la LOMCE, retocar la reforma laboral... ¿En el caso de la ley mordaza también van a estar en territorio medio o van a derogarla?
Si tuviéramos una mayoría en el Congreso para hacerlo, lo haríamos. Lo que pasa es que vamos a efectos prácticos y urgentes. No somos un gabinete de aprendices, sino de personas muy curtidas cada una en nuestra materia y vamos a resolver. En algunas de las leyes que menciona, la eliminación de los aspectos más controvertidos da un resultado aceptable.
¿Por ejemplo, la ultraactividad en el caso laboral?
Por ejemplo la ultraactividad. Lo ideal sería tener mayoría suficiente para aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores; pero para esto necesitamos acuerdo. Para eso vamos a trabajar. Aquí se trabaja a corto plazo y a medio plazo. Además, si queremos trabajar acompañándonos no solo de diálogo sino también de acuerdos es preciso mantener los asuntos que ciertamente no perjudican al resultado. Si removemos, retiramos, vaciamos, por ejemplo, los aspectos más controvertidos de la LOMCE que afectan a la igualdad, entonces el conjunto será aceptable, válido. Eso no quita para que sigamos trabajando en la consecución de un acuerdo educativo, ya veremos por dónde, para conseguir una ley actualizada.
Si no hay mayoría para derogar leyes como la reforma laboral o la ley mordaza, ¿confía en que la haya para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado?
Ya veremos. Cada día tiene su afán.
Y sus aliados.
Y sus aliados.
¿Qué le ha contado el presidente de su reunión secreta con Pablo Iglesias?
Que hay materias en las que hay posiciones que coinciden y en las que podremos acordar. Y esas materias las vamos a aprovechar.
¿Se fían ustedes de Pablo Iglesias?
No tenemos ninguna razón para no fiarnos. Nos fiamos de casi todos los partidos políticos y sus representantes. Ya iremos viendo en el camino cómo van asistiendo a sus compromisos.
¿Llegaron a algún acuerdo?
Ya digo que hay algunos asuntos en los que hay bases en las que coincidimos y hay que aprovecharlas.
Una de las materias en las que coinciden es en impulsar los permisos por paternidad y maternidad. ¿Este será un anuncio del presidente en los próximos días?
Él es dueño de su agenda y de sus declaraciones. Yo no se lo puedo adelantar. Eso tiene un coste económico.
Pero como ya está en el Congreso, ¿se puede hacer a través de esa vía?
Vamos a ver. Voy a ir al Senado por primera vez esta tarde (por el martes). La sesión la empieza el presidente.
El miércoles le pregunta Pablo Iglesias por esa cuestión.
Entonces estaremos muy atentos a la respuesta (ríe).
El desafío soberanista es el principal reto al que se enfrenta Sánchez. ¿Cree que con incorporar a la legalidad catalana la parte del Estatut que fue declarada inconstitucional va a ser suficiente para el presidente Quim Torra?
Se trata de abrir un nuevo ambiente. Esa ruta que plantea es muy interesante y hay que explorarla. Eso sin menoscabo de que durante el procedimiento emerjan otros nuevos factores que también se pueden explorar. Pero se trata de eso, de normalizar, de crear un nuevo ambiente que debe estar basado en confianza y diálogo y no ha habido ni diálogo ni confianza en las últimas fechas. La política es buscar un territorio común para poder avanzar y eso no significa que busquemos lo mismo, sino que busquemos un territorio para poder avanzar. Eso es lo que estamos viendo. En próximas fechas el presidente se reunirá con el president Torra.
¿Está cerrada la fecha ya?
No.
¿Ve factible la reforma de la Constitución en esta legislatura?
Siempre hemos dicho, en la oposición desde hace mucho tiempo, que queremos una reforma constitucional en clave federal. No queremos un proceso constituyente. Nos parece que la Constitución es una norma suprema de gran valor y queremos hacer determinadas reformas, pero con el acuerdo mayoritario.
¿Cabe la propuesta del PNV de relación confederal? ¿La bilateralidad pactada?
No estamos siquiera iniciando la reforma. La confederación no existe en estados confederales, existe en estados confederados. Existen estados federales, pero no confederales. Por tanto, valoramos las federaciones. Y la bilateralidad pactada es una confederación. Nosotros tenemos una bilateralidad en el concierto económico entre Euskadi y España.
¿Un gesto en esa distensión que busca el Gobierno puede ser la renuncia de Pedro Sánchez al cambio de la tipificación del delito de rebelión para adaptarlo a lo que pasó en Catalunya?
Eso no tiene nada que ver con Pedro Sánchez. Cambiar la tipificación es una cosa que corresponde al legislativo y al judicial en lo que significa hacer cumplir la ley y la interpretación. Otra cosa es que haya un impulso en el legislativo, que, de momento, no lo hay.
Pero Sánchez  anunció que llevaría al Congreso la reforma justo antes de presentar la moción de censura...
Ya lo veremos.
¿El traslado de los políticos presos a Catalunya sería otro gesto de distensión?
Es un gesto de normalidad. Si los políticos presos han estado a expensas del juez instructor, ha sido por una razón práctica. Una vez culminen las diligencias y el instructor no los requiera, la competencia pasa a Instituciones Penitenciarias y se procederá al traslado para que puedan estar junto a sus familias y abogados.
Y en cuanto a la instrucción del procés, ¿habrá un cambio en la posición de la Abogacía del Estado o la Fiscalía, que dependen del Gobierno?
Lo ignoro. Todavía no dispongo de esa información.
¿Pero podría suceder?
No diré nada al respecto.
Con el acercamiento de los presos, ¿temen una campaña de PP y Ciudadanos en contra?
Nosotros no tememos. Nosotros intentamos hacer lo mejor posible para todos. Entonces, lo natural es que una vez concluyan las diligencias, los presos puedan ser trasladados a su lugar de origen. Es lo natural, es lo normal y es lo que vamos a hacer.
El presidente ha anunciado una política penitenciaria distinta, individualizada, para los presos de ETA. ¿En qué términos estamos hablando?
De esto no podemos hablar porque depende de muchos factores. Lo primero es que ETA ha desparecido y, por tanto, nuevas circunstancias requieren nuevas políticas. Y la política penitenciaria es una, pero nos moveremos con acuerdo. Igual que hemos tenido acuerdo en la forma en la que hemos terminado con ETA, porque ha sido el estado de derecho el que lo ha logrado, queremos mantener también el acuerdo para poder trabajar con lo resultante de los espantosos crímenes de ETA. España no merece que se vulneren los acuerdos. A través de los acuerdos el Estado ha terminado con ETA y vamos a seguir buscando el acuerdo para concluir una política penitenciaria que se ajuste a las nuevas circunstancias.
¿Todo esto no sería más factible hacerlo con un Gobierno de coalición con Unidos Podemos que con solo 84 diputados del PSOE?
El diseño fue un gobierno socialista, de urgencia, y que quiere llevar a cabo el programa socialista. Se puede acordar en la Cámara.
¿Va a ser posible conseguir el apoyo de Unidos Podemos para los presupuestos cuando requerirían también el respaldo de fuerzas de derechas para salir adelante?
Es irrelevante lo que yo crea. No dejaría de ser más que una opinión subjetiva. Lo importante es lo que vaya a ocurrir y fíjense lo que ha cambiado la política en ocho días. ¿La semana anterior habría corrido la misma suerte el pasaje del Aquarius que la que corrió con un Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Dónde estarían ahora? ¿Habría corrido la misma suerte el real decreto que se prepara para dar protección universal a la salud de no haber existido el gobierno de Pedro Sánchez?
Hay un Gobierno que adopta decisiones con rapidez, se tiene una crisis que se resuelve en horas, no en meses. Por tanto, se ha abierto una ventana de oportunidad y nosotros los percibimos. ¿Que sería más fácil o más difícil? No lo sabemos, pero nosotros hemos aportado esta fórmula, este Gobierno con personas preparadas, emocionadas y lo que observamos es que hay emoción ciudadana. 
Sobre esa crisis de horas, ¿qué diferencia hay entre Màxim Huerta y Luis Planas?
Muchísima. No tienen nada que ver los casos. El señor Planas no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia. Era un cargo público cuando algo ocurrió, pero no porque estuviera en el incidente, pero es que ya lo dijo el fiscal en 2017. Luis Planas es una persona que toda la vida se ha dedicado al servicio público; no tiene ningún problema, ninguna cuenta pendiente con la justicia.
¿Pero en este momento está imputado o no?
En este momento está imputado, pero es un caso que no le afecta personalmente a él. Hay imputaciones que se producen por causas penales y otras que son casos administrativos que se van revisando.
¿Ha sido un error nombrarle en el momento en que aún está imputado?
No ha sido ningún error. El señor Planas es un servidor público y ustedes han visto perfectamente cuál es el nivel de exigencia ética de este Gobierno. Y si ustedes ven que se ha actuado de una manera en un caso y de otra en otro, tienen la propia experiencia de que son casos distintos.
Respecto a su cartera de Educación y Formación Profesional, ¿cómo está el sistema educativo español?
La cuestión no es fácil, pero con el discurso pesimista no se va a ningún sitio ni se puede mejorar nada. El índice de abandono escolar alcanza el 18,5% y eso tiene muchas implicaciones. Es preciso que ese índice no se dispare ahora que mejora el mercado de trabajo y puede atraer a muchos jóvenes. El objetivo es alcanzar el 15% en 2020. La LOMCE ha supuesto un desvío en el camino para alcanzar los objetivos europeos. Ha introducido algunos elementos que suponen una vulneración de la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, en lo que estamos inmersos es en revisar y corregir determinados aspectos de la LOMCE. No podemos derogarla toda de golpe porque nos quedaríamos sin legislación. Por eso tenemos que ir desactivándola por partes.
¿A qué partes se refiere?
Por ejemplo, la ESO incorpora en tercer curso una doble línea para unas matemáticas orientadas a unas enseñanzas académicas y otras matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. Y en cuarto de la ESO hay una doble titulación: enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas. Esta segregación resulta improcedente y no estamos de acuerdo con ella. Estamos analizando cómo modificarla. Tiene que ser de una forma segura jurídicamente y rápida. Hoy en día hay evidencias contrastadas de que la equidad mejora la excelencia y la excelencia la equidad.
Otro aspecto a modificar es el de la participación. La LOMCE introduce un procedimiento para elegir directores de los colegios, miembros de los consejos escolares…Y lo que queremos es avanzar en democracia, que las escuelas tengan una amplísima participación de la comunidad educativa, ya sean profesores, ya sean familias, alumnos… Y otra cuestión son los conciertos con centros educativos. La educación pública es el eje vertebrador del sistema, mientras que la concertada debe ser complementaria.
¿Será el Gobierno exigente con los compromisos adquiridos por los centros privados en la aceptación de la concertación?
Se trata de una exigencia soportada sobre la justicia. En general se puede decir que la educación pública está haciendo mayor esfuerzo con las personas con necesidades educativas especiales como con los alumnos con menos recursos. Pero es necesario contar con el talento de todos. El desafío está en que cada alumno y alumna aprenda lo más posible. A veces, algunos alumnos avanzan más lentamente en un momento determinado, pero se recuperan después. Lo que no podemos consentir es que mientras avanzan lentamente, se les separe y se les dirija a otro itinerario.
Respecto a los aspectos que quieren revisar de la LOMCE, ¿se van a modificar independientemente de que haya pacto educativo?
En el tema de la LOMCE se puede actuar de dos maneras. Por una parte, sentarse y empezar a hablar para lograr un pacto que termine en ley. Se trata de un proceso largo. Pero como tenemos que trabajar con urgencia iniciaré un diálogo con las comunidades educativas, con los agentes sociales para abordar la cuestión muy rápidamente.
¿Qué papel tiene que jugar la religión en el sistema educativo?
Prefiero hablar de las religiones más que de la religión en singular. Las religiones no deben tener valor académico si es que persisten en el currículo escolar. No deben tener nunca una asignatura alternativa como los valores éticos. Estos valores son universales y, por lo tanto, todos los alumnos y alumnas tienen que acercarse a la materia de los valores éticos.
¿Eso significa que el Gobierno va a recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía?
Es lo que estoy diciendo cuando me refiero a valores éticos. La ideologización se debe quedar a las puertas de la escuela. Todos tenemos legítimas ideologías, pero la educación tiene que estar por encima de eso porque de lo contrario jamás seremos capaces de llegar a acuerdos. Y la educación española necesita acordar para estabilizarse y dignificar en profundidad la profesión docente. Al igual que los mejores cirujanos deben operar los casos más difíciles, los mejores profesores tienen que estar en los colegios con más problemas.
¿Qué le parece la propuesta de un MIR para los docentes similar al proceso de especialización que siguen los médicos cuando terminan su carrera?
Hay que estudiarlo. Lo importante es que sirva para activar la carrera profesional.
Ver a los profesores en la calle reivindicando sus derechos habla muy poco en favor de la apuesta de un Gobierno por la educación.
Dignificar la labor docente es una obligación de todos. Durante la crisis se produjo un recorte del gasto público en educación. Vamos a trabajar con los Presupuestos del anterior Ejecutivo.
Pero no garantizan que el gasto público en educación se oriente hacia un 5% para 2020, tal y como el PSOE exigía cuando estaba en la oposición.
Lo que tenemos que hacer es trabajar con el Presupuesto que tenemos por una cuestión de responsabilidad. Ahora empezaremos con el proyecto de 2019. Nuestro objetivo en educación es homologar el gasto público en España en términos de PIB con el resto de los países europeos. De momento vamos a trabajar con lo que tenemos y en las prioridades que nos hemos marcado: una escuela inclusiva y de calidad. Muchas veces no hay que fijarse tanto en el monto como en el reparto. En política siempre hay que distinguir entre los objetivos deseables y los posibles.
¿Las becas relativas a las universidades dependen del Ministerio de Educación o corresponden el departamento de Pedro Duque?
Las becas están aquí. Tanto las universitarias como las no universitarias penden del Ministerio de Educación.
¿Va a llevar al próximo Consejo de Ministras un nuevo decreto sobre becas?
Para las becas hay una cantidad fija y tenemos que ver cómo hacerla más rentable. Estamos trabajando en ello hoy mismo y se verá el resultado en los próximos días. Primero tendrá que pasar por el Consejo Escolar.
¿Para usted es más importante darle más peso a la renta a la hora de conceder las becas?
Si empezamos a modificar todo el decreto de becas no llegamos a tiempo. Habrá cambios de importancia, pero tengo que conocer el impacto de las modificaciones. Nuestro objetivo es que cada alumno llegue a su máximo, que la escuela siga como ascensor social y transformadora de las circunstancias socioeconómicas de las familias.
En cuanto a la Formación Profesional, ¿está pensando en exportar el modelo de Euskadi?
Para empezar es una buena noticia que el Ministerio la incluya en su nombre. Hay que analizar cómo está funcionando en el conjunto del Estado. En Euskadi arrancamos con 124 alumnos y la llevamos a otro nivel para lo cual contamos con empresas que se prestaron a abrir sus puertas y a hacer una formación dual. Pensamos que era interesante que tuvieran un contrato de formación y aprendizaje con el que los alumnos reciben un salario, un seguro, Seguridad Social…
Aquí tengo que analizar en profundidad algunos de los proyectos a los que están llamando formación dual y abriré una ronda con los sectores afectados. Es imprescindible que haya también un acuerdo con Empleo porque el alumno tiene que tener un contrato de trabajo. Esto cuesta que arranque, pero es muy deseable. La Formación Profesional no puede ser el caladero de los que no van a bachiller porque se les dicen que no pueden. Hay que hacer FP marca España
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miércoles, 6 de junio de 2018

Isabel Celaá, profesora y ex consejera de Educación en el País Vasco, nueva Ministra de Educación y Formación Profesional

Isabel Celaá



ELDIARIO.ES: Isabel Celaá será la ministra de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez

La vasca Isabel Celaá, hasta ahora presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE, será la nueva ministra de Educación en el Gobierno de Pedro Sánchez. Celaá, licenciada en Filosofía, Filología Inglesa y Derecho, acumula una dilatada trayectoria profesional en la gestión de la Administración y en la política, siempre ligada al terreno educativo.

Como presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE jugó un papel clave en el Comité Federal de 2016 por el que posteriormente Pedro Sánchez acabó renunciando al acta de diputado en el Congreso. Allí, Celaá formó parte del núcleo que apoyaba al actual presidente del Gobierno. Celáa, profesora de profesión y nacida en Bilbao en el año 1949, ejerció de consejera de Educación, Universidades e Investigación en el Gobierno del PSE-EE, presidido por Patxi López, desde el año 2009 al 2012.

Isabel Celaá era viceconsejera de Educación con Fernando Buesa (asesinado por ETA en el año 2000) cuando en 1992 se alumbró el Pacto Escolar. La evolución de la escolarización de las dos redes (pública y concertada) junto con el desarrollo del inglés han sido dos cuestiones que siempre le han preocupado durante su gestión. En su opinión, la culpa del desequilibrio a favor de la red concertada en Euskadi se debe a "la política nacionalista".

ELDIARIO.ES: Isabel Celaá, en Educación: el inglés y la igualdad de oportunidades por bandera
La vasca Isabel Celaá (1949, Bizkaia), hasta ahora presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE, es la nueva ministra de Educación y portavoz en el Gobierno de Pedro Sánchez. Celaá, licenciada en Filosofía, Filología Inglesa y Derecho, acumula una dilatada trayectoria profesional en la gestión de la Administración y en la política, siempre ligada al terreno educativo. Isabel Celaá fue uno de los puntales del Gobierno vasco de Patxi López como consejera de Educación, Universidades e Investigación, pero su trayectoria ya estaba vinculada con la enseñanza desde que ejerciera como jefa de Gabinete del consejero José Ramón Recalde, primero, y como viceconsejera con el también socialista Fernando Buesa, después.

De 2009 a 2012 ejerció de consejera de Educación en el Gobierno vasco del lehendakari Patxi López. Durante su mandato impulsó de manera muy decidida el trilingüismo, la escuela 2.0 y la investigación. Sus primeros meses en el cargo no resultaron nada pacíficos, ya que su primera medida fue derogar el currículo escolar (marca lo que deben estudiar los alumnos hasta los 16 años) aprobado por su antecesor, Tontxu Campos (Eusko Alkartasuna). Y básicamente lo hizo para despojar al currículo escolar de la carga ideológica nacionalista que le había infundido el Gobierno vasco anterior, donde gobernaba el PNV en coalición con EA e Izquierda Unida. Entre otras cuestiones, ese currículo fijaba el euskera como lengua preferente en la comunidad. Celaá equiparó euskwra y castellano al mismo nivel, de acuerdo al bilingüismo de Eukadi.

Isabel Celaá era viceconsejera de Educación con Fernando Buesa (asesinado por ETA en el año 2000) cuando en 1992 se alumbró el Pacto Escolar. La evolución de la escolarización de las dos redes (pública y concertada) junto con el desarrollo del inglés han sido dos cuestiones que siempre le han preocupado durante su gestión. En su opinión, la culpa del desequilibrio a favor de la red concertada en Euskadi se debe a "la política nacionalista".

"El nacionalismo", ha sostenido, "ha sido siempre favorable a la red privada y muy insensible a las necesidades de la pública. No quiere darse cuenta de que los colegios públicos son los únicos que garantizan la igualdad de oportunidades porque están en todos los sitios, allí donde la red privada no quiere llegar. Y la privada, salvo honrosas excepciones, no atiende a la población con más problemas, como a los alumnos con necesidades educativas especiales, los que fracasan y a los inmigrantes". Es su declaración de intenciones.

Durante su etapa como consejera puso en marcha los programas de presencia de las víctimas del terrorismo en los centros educativos para que trasladaran su experiencia a los alumnos de Secundaria.