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miércoles, 28 de abril de 2021

Solo Turquía segrega más a su alumnado pobre que la Comunidad de Madrid en toda la OCDE (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

 Reproducimos esta información de ELDIARIO.ES



Un informe de Save the Children y Esade asegura que "las políticas educativas juegan un papel esencial en la segregación escolar" y señalan los elementos que caracterizan las políticas educativas madrileñas; España es el tercer país más segregador entre los desarrollados pese a que hay regiones, como Catalunya, que la han reducido en los últimos años

Si Madrid fuera un país, solo Turquía segregaría más a su alumnado en función de su origen socioeconómico. Dicho de otra manera: la región que preside Isabel Díaz Ayuso separa (o agrupa) a su alumnado según su clase social más que ninguna otra en toda España y está entre las que más lo hacen de todo el mundo desarrollado, según el estudio elaborado por Save the Children y Esade. El informe, titulado Diversidad y libertad, reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro, deja una pista de las posibles razones tras este dato: "Las políticas educativas juegan un papel esencial en la segregación escolar".


Esta afirmación cobra todo el sentido cuando se piensa en Madrid y se cotejan sus políticas con los elementos que, según este informe, influyen en aumentar la segregación: financiación de los centros, las cuotas de la escuela concertada, los baremos para elegir colegio o instituto, la matrícula viva o la zonificación escolar son algunos de los elementos que se señalan como decisorios. Y de ahí las grandes diferencias entre comunidades autónomas que señala el informe, elaborado a partir de datos de los exámenes internacionales PISA y TIMSS.


A España como conjunto no le va mucho mejor, en parte por los datos madrileños, que tiran de la media hacia arriba. El país es el tercero de la OCDE que más segrega, superado solo por Lituania y Turquía, añade el texto. En el otro extremo de Madrid destacan, por su menor segregación, La Rioja y Cantabria, con cifras que se quedan en la mitad de las madrileñas. También sobresale el trabajo de regiones como estas dos mencionadas o Catalunya y Asturias, que han conseguido reducir su segregación desde 2015. En Madrid, la tierra de la libertad de elección, ha subido tanto en Primaria como en Secundaria. Los pobres están cada vez más con otros pobres y los ricos, cada vez más con otros ricos.

Esta segregación no es anecdótica, dicen los autores del informe, sino que "se ha convertido en un problema cada vez mayor para la calidad, equidad y libertad de educación en España". Tampoco ha caído del cielo o simplemente se da de manera más o menos natural, por ejemplo por el mero hecho de que la distribución geográfica de la población ya la agrupa por nivel socioeconómico (barrios pudientes, barrios humildes).

El texto, elaborado por Álvaro Ferrer, especialista en equidad educativa de Save the Children, y Lucas Gortazar, director de Investigación de Esade EcPol, no se limita a describir la situación. También defienden los autores que la capacidad de elegir centro debe estar incluida en el concepto "libertad educativa", si bien añaden que para ello esa posibilidad de elección debe ser real y no sostenerse solo sobre el papel como ahora, y proponen ocho medidas para que sea posible. Algunas de ellas son: aumentar la discriminación positiva a grupos socioeconómicos en la admisión; abordar la matriculación del alumnado que se incorpora durante el curso; dotar a los centros [concertados] de financiación suficiente y control para evitar el pago de cuotas; y mejorar la oferta escolar de centros públicos, entre otras.

Este informe confirma los datos de otro, de febrero de 2018, que ya señalaba a Madrid entre las regiones más segregadoras de Europa.
La foto fija

El informe analiza la segregación en la escuela a partir de dos variables, la etapa escolar y el origen del alumnado. Y concluye que es mayor en Primaria que en Secundaria y que se da más por clase social que por origen geográfico. Casi huelga decir que Madrid lidera la segregación socioeconómica tanto en Primaria como en Secundaria, aunque queda a mitad de tabla en la que mide las diferencias por lugar de nacimiento del alumno (inmigrantes versus nacidos en el país).

En Primaria y en función del nivel socioeconómico, Madrid segrega al nivel de Lituania y por encima de España como conjunto, pero también de Francia, Chile o Portugal. Por encima solo está Turquía en todo el mundo desarrollado. El índice de Gorard en este caso, que mide la "uniformidad" del sistema, arroja un resultado de casi 0.35 para la región dirigida por Díaz Ayuso. Dicho de otra manera, el 35% de los alumnos que pertenecen al 25% más pobre de la sociedad (se ha elegido esta medida como podía haber sido cualquier otra) tendrían que cambiar de centro para que la representatividad de este colectivo concreto fuera la misma en los colegios que en la sociedad. El dato ha subido (empeorado) desde 2015, cuando estaba en 0,30.

España como país presenta un dato algo mejor, con una segregación de 0,32. Sin embargo, no le sirve mucho para bajar en esta clasificación. Nuestro país es el tercero que más segrega en Primaria, a un nivel similar al de los vecinos franceses, pero más alto que Portugal, por ejemplo, o Italia. Con los países nórdicos, en los puestos de honor de la tabla, es difícil compararse (ver gráfico).Segregación en Primaria en España y en Madrid.

En Secundaria, la estadística deja a España prácticamente en la media de la OCDE, rozando un índice de Gorard del 0,30. También a Madrid. En este caso, destacan los autores del informe, llama más la atención la amplia diferencia entre regiones, con Madrid y el País Vasco a la cabeza (correlación o causalidad, son las dos regiones que más escuela concertada tienen) y La Rioja y Cantabria a la cola. En esta etapa sobresale, al contrario que en Primaria, que la media nacional ha bajado en los últimos años (menos segregación), impulsada por la caída de Catalunya, Asturias, Canarias, Cantabria y La Rioja (ver gráfico). Como sucede en Primaria, la segregación no aumenta en función de la nacionalidad de origen del alumnado (a nivel nacional, sí ocurre en autonomías como Andalucía o Euskadi). No es, parecen apuntar esto datos, la nacionalidad; es el dinero.Segregación en Secundaria.
"Más allá de la estructura residencial"

¿Por qué se da esta segregación? ¿Cuánta culpa tiene la existencia de la red concertada, como a menudo se señala? ¿Y la mera división de los municipios en barrios más o menos acomodados? "Distintos estudios muestran que más allá de la estructura residencial de ciudades y regiones y de la doble red pública-concertada, las políticas educativas juegan un papel esencial en la segregación escolar", responde el informe.

Ferrer explica que lo primero es que el debate público está pervertido. "Creemos que en el debate que se está teniendo sobre la libertad hay que compatibilizar dos ideas: se habla de la libertad de elección de centro, un derecho reconocido, pero también debe hablarse de la libertad que da a niños y niñas tener las mismas posibilidades de elegir qué van a hacer con su vida", argumenta. Libertad de elección de centro, sí, dicen Ferrer y Gortazar. Libertad de elegir uno mismo y que la vida no elija por uno porque no ha tenido las mismas oportunidades debido a que el sistema educativo, teórico garante de ello, no ejerce, también.

Y el problema, continúa este experto, es que muchas familias realmente no eligen. "Las familias con menor nivel socioeconómico o de origen extranjero tienen menos acceso a información, porque tienen menos red social", arranca Ferrer. "Las familias autóctonas o de nivel socioeconómico más alto recurren a amigos o conocidos, también tienen menos preocupaciones en su vida como para poder dedicarle más tiempo a conocer sus centros, etc.", continúa. Además, "las familias de nivel socioeconómico más bajo priorizan la cercanía porque la lejanía tiene un coste en transporte y en conciliación. También las cuotas que se cobran en la mayoría de los centros concertados [y algunos públicos], que impiden que sean accesibles para todas las familias".
La discriminación positiva suma

Llegados a este punto, los autores del informe proponen soluciones que, en su opinión, servirían para simultáneamente "reducir la segregación escolar y respetar (e, incluso, para las más vulnerables, ampliar) la capacidad de elección de las familias". Según explica Ferrer, todas estas medidas se han probado ya en algún sitio (de España o fuera) con éxito. En cualquier caso, añade, se ofrece una batería de medidas y se anima a las administraciones a "experimentar".

La primera propuesta y quizá la más llamativa es "aumentar la discriminación positiva a grupos socioeconómicos en los baremos de admisión". España, y esto es una cuestión algo particular, no apuesta estrictamente por la zonificación escolar, explica el informe. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay un distrito único en toda la región. Pero, como se ha explicado anteriormente, no todas las familias tienen la misma capacidad de elección real. "En la medida en que las familias con menor nivel socioeconómico se benefician menos de la elección, tiene sentido discriminarlos positivamente en la admisión y no premiar a familias de renta alta, como se hace en algunas comunidades", escriben los investigadores.

Ferrer explica el caso de la Comunidad de Madrid. El Decreto de Libertad de Elección de 2013 introdujo un cambio en los baremos de admisión al reducir el peso de la renta como criterio e introducir el punto extra por ser familiar de antiguo alumno, junto a otro punto a discreción de la dirección del centro. "Ese fue el factor que contribuyó al aumento de la segregación por nivel socioeconómico y origen migrante y no la introducción del distrito único", aseguran los autores. Para remediarlo proponen aumentar el peso de los criterios socioeconómicos y eliminar el punto extra por antiguos alumnos o los discrecionales, que algunos centros han utilizado para favorecer a las rentas más altas.
La 'matrícula viva'

Otra propuesta de Save the Children y Esade pasa por modificar la llamada 'matrícula viva', la matriculación de alumnado –normalmente extranjero– que se produce con el curso ya en marcha y que tiende a desfavorecer a los colegios con mayor concentración de alumnado vulnerable, como demuestran los datos de Catalunya. La solución es sencilla en este caso: "Un uso inteligente de reservas de plaza y aumentos y reducciones de ratio permite gestionar equilibradamente la matrícula viva".

Una tercera propuesta atañe a la financiación de los centros, explica Ferrer. "Tanto en términos de abordar la correcta financiación de la escuela concertada como una financiación más aplicada a la situación del alumnado", sostiene. Respecto a lo primero, opinan los autores, una ajustada financiación de la escuela concertada supondría que se dejarían de cobrar las cuotas, excluyentes, y en cualquier caso se vigilaría que así fuera. Las cuotas también suelen resultar en que la infrafinanciación se convierte en sobrefinanciación, permitiendo a estos centros un aumento de recursos que se destina "a mejoras de la calidad o la diferenciación de la misma oferta escolar en un contexto de casi-mercado educativo".

Respecto a la financiación, el informe sostiene que una escuela pública con una financiación por centro más dirigida y menos generalista es capaz de reducir la segregación. "En el Reino Unido se da más recursos a los centros con más alumnado vulnerable en la escuela pública. Se ha reducido la segregación gracias a esta financiación más equitativa", ilustra Ferrer.

Además de estas, los autores proponen implementar en los centros sistemas de dobles listas de espera que discriminen por nivel socioeconómico y adjudiquen plazas en función de las vacantes; organizar (mejorar) la oferta escolar del sistema público para que sea más atractivo (comedores, aula matinal, jornada compacta); sustituir el actual mecanismo de asignación de plazas; e impulsar la red de oficinas de escolarización, información y acompañamiento para que todas las familias tengan las mismas condiciones a la hora de elegir su centro.

¿Hay alguna de estas medidas más importantes, con mejores resultados que las otras? "El problema de la segregación es muy complejo", responde Ferrer. "Por eso ofrecemos varias soluciones y animamos a las administraciones a experimentar, a probar y ver cuáles funcionan mejor. Pero todas han sido implementadas en algún sitio, de España o el extranjero, y está demostrado que funcionan", cierra.

sábado, 19 de diciembre de 2020

¿Qué pasará con la inmersión lingüística? Entre la sentencia que la tumba y la esperanza en la 'ley Celaá' (Pau Rodríguez para ELDIARIO.ES)

 

Una vez más, la justicia ha fallado contra el modelo de escuela íntegramente en catalán en Catalunya. Pero ¿supone la sentencia de este jueves la estocada final al llamado modelo de inmersión? ¿Deberán los docentes impartir al menos un 25% de las clases en castellano después de que esta posibilidad haya planeado sobre las aulas durante los últimos ocho años?

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), a partir de un recurso de la Abogacía del Estado de 2015, ha resuelto que los cerca de 4.000 centros educativos catalanes deben impartir al menos un 25% de sus clases en castellano. Esto significa, en la práctica, que deben dar en este idioma una asignatura troncal más que la de Lengua Castellana. Este porcentaje se venía aplicando desde 2012 pero solo para las familias que lo reclamaban para sus hijos (desde 2019 habían sido ocho).

Antes que nada, sin embargo, la sentencia del TSJC es recurrible. Y a eso se acoge el Departamento de Educación, que ya ha anunciado que interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo. A la espera de que se resuelva, por lo tanto, nada cambiará en las aulas catalanas. Algunas formaciones contrarias a la inmersión, como el PP o Ciudadanos, han instado al Gobierno central a que vele "de inmediato" por la aplicación de la sentencia –en palabras de Pablo Casado–, pero el Ejecutivo no se ha pronunciado.

La 'ley Celaá', ¿un blindaje?

Más allá de lo que falle el Supremo, la Generalitat ha asegurado que no teme por la sentencia de este jueves porque en las próximas semanas entrará en vigor la nueva reforma educativa en España, la LOMLOE, que según su interpretación ofrece cobertura jurídica al modelo de inmersión lingüística. Así lo ha expresado el conseller de Educación, Josep Bargalló. "Ahora que está a punto de aprobarse en el Senado la nueva ley, hay quien quiere volver al pasado", ha denunciado, y ha vaticinado que el fallo "no tendrá ningún efecto". 

En los mismos términos se ha expresado Joan Mena, portavoz de Educación de Unidas Podemos-En Comú Podem, quien ha defendido también que "en el marco de la LOMLOE" la sentencia "quedará sin efecto". 

La novedad que incorpora la Ley Celaá en este ámbito es que deja de calificar el castellano como "lengua vehicular", algo que sí hacía la LOMCE del PP. El texto, pactado con PSOE y Unidas Podemos a través de una enmienda de los partidos nacionalistas, establece finalmente que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios". 

Según formaciones como UP o ERC, esto significa que el modelo de escuela en catalán queda cubierto. Lo mismo han interpretado desde el PP y Ciudadanos, que han usado la eliminación del concepto "vehicular" asociado al castellano para acusar al Gobierno de querer perjudicar a esta lengua frente a las cooficiales. 

Sin embargo, no todos coinciden con esta interpretación. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es sostienen que la LOMLOE no blinda como tal la inmersión, puesto que sentencias como la de este jueves no se apoyan en la Ley Wert, por ejemplo, sino que lo hacen en la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya. Ese fallo establecía que considerar el catalán como lengua vehicular no debe suponer que el castellano quede excluido en su totalidad como idioma de uso. 

"¿Está la inmersión blindada? No. No lo está desde el momento en que el artículo del Estatut fue interpretado de esta forma por el Constitucional [que no se puede excluir el castellano como vehicular en las aulas] y desde el momento en el que ha habido jurisprudencia determinando unos porcentajes que, digámoslo así, no se sabe muy bien a qué responden", señala Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB). En base a esa sentencia, posteriormente, el TSJC acabó determinando que el 25% de horas lectivas era la proporción mínima de castellano para que este se pudiera considerar como vehicular. 

Con todo, Arbós apunta a que el Departamento de Educación tiene razones para mantener el catalán como la lengua vehicular de las enseñanzas, puesto que la norma que define el modelo educativo catalán es la Ley de Educación de Catalunya (LEC), de 2009. Hasta la fecha ningún juez ha tumbado el modelo lingüístico escolar que prevé esta norma, puesto que el recurso que interpuso el PP contra ella hace una década no impugnaba los artículos sobre la lengua. 

El futuro del modelo 

Al margen de lo que dicten los jueces, y pese a que durante años la inmersión ha sido intocable en Catalunya –debido al consenso político, social y educativo que ha suscitado–, de un tiempo a esta parte las instituciones se han abierto a flexibilizarlo. El propio Departamento de Educación, en manos de ERC, presentó al inicio de la legislatura un plan lingüístico que, sin perder el catalán como lengua de uso, animaba a los centros a dar más clases en castellano si detectaban que había que mejorar el nivel de los alumnos. 

En estos momentos cada centro educativo tiene potestad para aprobar un proyecto lingüístico que contemple la docencia no ya en castellano, sino en inglés. Esto último lo hacen la mayoría de colegios en alguna asignatura. Aun así, en principio, todos siguen teniendo el catalán como lengua de uso por defecto con los alumnos, entre los docentes y con las familias. Los defensores del modelo argumentan que esta es la única forma de que toda la población escolar acabe la ESO con las nociones necesarias tanto de catalán como de castellano –algo que las pruebas externas acreditan– y, a la vez, evitar que se segregue al alumnado en función de su lengua.

Si las sentencias se acaban aplicando o no dependerá, en última instancia, de que la comunidad educativa lo acepte. En 2012 los primeros fallos del TSJC generaron un gran revuelo entre sindicatos, asociaciones de docentes y AMPAs, que amagaron con desobedecer, aunque con los años los centros educativos acataron por norma general las sentencias que afectaban a familias particulares. En esta ocasión, el fallo de este jueves no ha despertado una oleada de indignación como la de aquellos años, quizás a la espera del recurso.

martes, 20 de octubre de 2020

Josep A. Planell: "La educación online no es solo que los profesores se graben mientras dan la clase" (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

 Publicamos esta entrevista que leemos en ELDIARIO.ES



Josep A. Planell es el rector de esa universidad peculiar que es la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que este miércoles ha cumplido 25 años. Impulsada desde la Generalitat, gestionada de manera privada pero con precios públicos, la UOC presume de ser "la primera universidad totalmente online del mundo" y cuenta con 77.549 estudiantes este curso. Con el bagaje que dan más de dos décadas de dedicación exclusiva a la formación a distancia en el centro, su rector alerta en esta entrevista de que la educación superior online, tan presente estos meses los campus, implica más que simplemente grabarse las clases; debe participar de ella –y estar formado– todo el personal de la universidad. También pone en valor la presencia física de los campus en las ciudades y alerta contra algunos centros "que solo buscan el beneficio" económico.

Partiendo de que hay tantas propuestas para pasar lo presencial a online como facultades o hasta profesores, si se quiere, ¿cómo ve la educación a distancia que están planteando las universidades normalmente presenciales?

Ellos han tenido que afrontar una emergencia, y las emergencias tienen un principio, pero deben tener un final porque si no, no serán emergencias. Han hecho lo que han podido y estaba en sus manos, yo aplaudo y creo que tiene mucho mérito lo que todas las universidades españolas han hecho. Pero en cuanto a lo que podemos considerar que es formación online o no ahí hay muchas variables. La primera y más importante para mí es que el online no depende solo del personal académico. Necesitas que el personal de gestión esté absolutamente sincronizado y trabajando codo con codo con los académicos. La tecnología tiene que ayudar a los académicos, facilitar procesos de evaluación. Hace falta que el personal que se conoce como PAS (personal de administración y servicios) tenga unas competencias adecuadas para pasar al online. No solo que los profesores se adapten a filmarse mientras dan la clase.

“Lo que se está haciendo en algunas universidades no es educación a distancia”, le he leído. ¿Qué sí lo es?

En el momento en el que las universidades presenciales hagan la apuesta por el online deberán escoger el modelo pedagógico que quieren y adaptar sus estructuras a este modelo. El vicepresidente primero del MIT ha publicado un libro en el que cuando analiza el futuro de la educación considera muy importante tener en cuenta los periodos de atención del cerebro. Un vídeo de una hora es insostenible. Él dice que la atención se mantiene durante 10-12 minutos. Si tu apuesta online es filmar clases, deberás personalizar al máximo. El online puede considerarse esto, la filmación de clases, que es el modelo igual que el presencial. Tienes un profesor que emite conocimiento, los estudiantes lo reciben, toman notas, etc.

El modelo UOC no es así. En nuestro modelo no hay clases, los profesores no dan clases. Se parece más a la flipped classroom, el estudiante aprende haciendo. Es un modelo distinto del presencial y del online, en el que el profesorado dicta un conocimiento. Al estudiante se le plantean una serie de retos que debe resolver a través de pruebas de evaluación continuadas y para ello se le proporcionan unos recursos de aprendizaje (para entendernos, podrían ser los apuntes, pero es mucho más complejo), se le coloca en un aula virtual con un profesor al frente que le va a convocar para seminarios, le propondrá trabajos y va a resolver las dudas que el estudiante tenga mientras trabaja o estudia y la propia aula es una red social en la que los estudiantes pueden estar en contacto, hacerse preguntas, resolver problemas conjuntos y trabajar en pares. Esto permite la tecnología: tener ocho mil aulas organizadas de la misma forma. Con su profesor que los tutorizará, sus recursos de aprendizaje y un conjunto de estudiantes en el aula con los que trabajar conjuntamente.

Pero para una universidad como la UOC es más fácil mantener enganchada a la gente, que se apunta sabiendo lo que hay. Los de las universidades 'presenciales' se han encontrado esto de manera sobrevenida, quizá no estaban preparados.

El estudiante que viene a la UOC sabe a lo que viene. Ahí hay un punto de discusión muy interesante: si la docencia va a pasar a ser híbrida online presencial para la mayoría de las universidades, en la descripción de derecho y deberes de estudiantes y profesores esto deberá ponerse de manifiesto, porque nadie te obliga a priori a tener un ordenador o una tableta. En otros países ha habido desmovilización de estudiantes en estas circunstancias.

¿Cómo puede afectar todo esto al sistema universitario español? Se dice que la idea es volver a la presencialidad absoluta cuanto antes, pero está por verse. ¿Cree que podría derivar la situación en algún tipo de reordenamiento de las universidades si lo online se extiende? Ya no haría falta tener tantas facultades en tantos lugares...

Esta pregunta me la hecho alguna vez y la hemos comentado con algún otro rector en la CRUE. Cuando Cambridge decidió pasar a online la respuesta que mostraba mayor perjuicio era del alcalde de Cambridge, porque esto significaba que los estudiantes ya no iban a ir allí. Significaría una pérdida para el municipio. En España la universidad dinamiza las ciudades. Se ve en Catalunya en Girona, Lleida... Pero imaginemos que Cambridge decidiese que los estudios costaran 5.000 libras (diez veces menos que ahora) a cambio de tener diez veces más alumnos. ¿No existiría la tentación de tener un título de Cambridge en vez del de la universidad de tu pueblo? ¿Cómo sería la relación entre las universidades grandes y pequeñas? El online está para quedarse. Todo lo que se hace en un aula es virtualizable, pero lo que haces fuera del aula no tiene por qué serlo. Cuando quieres ver células en un microscopio hay que hacerlo en un laboratorio. La pandemia ha acelerado esto y dudo que la educación online remita respecto de lo que era anteriormente. Luego habrá modelos y quién hace qué y para qué, porque en educación online estamos algunos haciendo un servicio público, pero luego hay modelos que solo buscan el beneficio.

¿Cree que hay universidades privadas de poca calidad?

Las titulaciones oficiales, reguladas por el Ministerio, deben estar sometidas a la verificación y acreditación por parte de las agencias, para eso las tenemos. En este sentido creo que tenemos la estructura para ofrecer una educación superior de calidad. Lo que ocurre es que en función del tipo de modelo de universidad que se establezca habrá otras cosas que se darán más o menos. Me refiero a que las universidades públicas ofrecen precios regulados por las comunidades autónomas. Pero luego hay universidades que salen a bolsa o están en manos de fondos de inversión, o empresas privadas que, con toda la legitimidad, establecen su política de precios y su tipo de organización. Esto establece diferencias relevantes. En el momento en el que la educación tiene una componente de negocio lucrativo las cosas no son iguales. Por eso hay universidades privadas sin ánimo de lucro y universidades privadas donde esto no es así. Sería interesante analizar el nivel de investigación que se hace en unas y otras. La investigación siempre es una inversión e invertir en investigación es algo que no aporta beneficio económico.

Ha mencionado que hay fondos de inversión comprando universidades, con todo lo que esto implica. ¿Sería partidario de poner límites a quién tiene una universidad?

No estoy en condiciones de decir quién sí y quién no. Creo que por el lado de la acreditación debería poder establecerse qué es una universidad. Se pueden hacer mejor o peor con cualquier estructura. Cuando piensas que la demanda de educación superior va a crecer en los próximos años (un informe de la OCDE decía que en 2009 había 100 millones de universitarios en el mundo y esperaban 400 millones para 2030) necesitas universidades para dar cabida a estos estudiantes. Si lo haces mediante universidades presenciales, tendríamos que estar construyendo dos universidades para 20.000 estudiantes cada día. Si tienes que dar contenido, tienes que formar profesores, y formar un doctor puede costar más de 25 años desde que nace. Esta es la gran oportunidad para el online porque es escalable. Con la presencialidad únicamente no darás abasto a dar respuesta a esta demanda creciente. Una gran demanda atrae al negocio y es lógico que haya una respuesta de fondos u otro tipo de estructuras que vean posibilidad de negocio.

La pandemia nos ha puesto de frente con la realidad de la brecha digital, que en tiempos de bonanza no preocupaba. Si las universidades están planteando una educación semipresencial (aunque técnicamente la llamen presencial), ¿deben facilitar los medios –ordenadores, conexión– a los estudiantes para seguir las clases online?


Primero quiero decir que tenemos que dar la capacitación digital a toda la ciudadanía, estamos tardando. Y debe empezar ya en las escuelas. Si la educación online está aquí para quedarse en el educación superior en España es imprescindible que internet sea accesible para todos. Internet es un derecho ciudadano como lo es el acceso al agua o la electricidad, y debe tener un precio asequible y una red neutra, que no favorezca por parte de los distribuidores cierto tipo de paquetes frente a los educativos o culturales.

Respecto a los medios: no sé si debe ser una universidad y cargárselo a su presupuesto o debe ser una cuestión del Gobierno. En el caso de las universidades públicas, en las becas el estudio habría que incluir los medios para estudiar online. Si las presenciales van a incorporar el online –y creo que deben hacerlo– y montar una formación híbrida, creo que es fundamental y lógico que se les suministren los medios para poder acceder a internet. Se acaba de aprobar una ley para el teletrabajo que dice que deben suministrarse al trabajador los medios para teletrabajar, estamos un poco en la misma situación. Una universidad no es una empresa, por tanto si hay que facilitarlo deberá recibir los fondos.

¿Qué opinión le merecen los cursos masivos online (MOOC)? Nacieron, se reprodujeron exitosamente hace unos años (se dijo que eran el futuro), pero no sé si se están muriendo ya.

Tal como se concibieron al principio se les ha pasado el momento. El problema es que no tenían seguimiento, nadie orientaba a los estudiantes. La gran función del profesor no es tanto lo que enseña como los errores que evitas que cometa el estudiante. El seguimiento del estudiante era un elemento a incorporar en los MOOC. Algunos lo están haciendo ya, pero yo creo que hay que tener claro para qué sirve un MOOC. Un MOOC puede ser un elemento de márketing importante. Va a exponer de manera breve y atractiva un elemento complejo, que puede servir para atraer estudiantes para grados, por ejemplo. Son recursos que se ponen gratis en el sistema: la universidad que los pone debe saber qué está dejando de ofrecer para hacer esto, qué le conviene para su propia sostenibilidad. El MIT, por ejemplo, habla de que para ellos los MOOC son para atraer talento. Siempre me ha interesado poco el tema, jamás los vi como el futuro de la educación superior. Y eso que nosotros tenemos unos cuantos, pero en ámbitos muy concretos para levantar interés en cuestiones que creo que pueden ser relevantes y que pueden tener una buena acogida, por ejemplo en Latinoamérica.

miércoles, 2 de septiembre de 2020

¿Un curso escolar sin optativas y menos educación física? La epidemia altera currículos, proyectos y asignaturas (Pau Rodríguez para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica este artículo



Mucho se ha hablado en las últimas semanas de cómo la epidemia va a condicionar la organización de los alumnos en el aula, con grupos estancos, algunas –pocas– reducciones de ratios, distancia entre ellos y uso de mascarillas. Pero los protocolos sanitarios han obligado a los centros educativos a acometer más cambios, la mayoría de ellos alejados del foco político o mediático, pero muy presentes en los claustros de profesores. Se trata de modificaciones que afectan a cuestiones más intangibles como el contenido de los temarios, las metodologías que se pueden ahora emplear y al papel de los docentes.



¿Hay que recuperar parte del currículo no impartido el curso pasado? ¿Se debe simplificar el temario por si los rebrotes traen más clases virtuales? ¿Pueden los centros más innovadores seguir haciendo proyectos que implican fusionar asignaturas y cursos? ¿Qué pasa con las excursiones habituales? ¿Y con las asignaturas optativas en la ESO o las aulas de refuerzo, donde suelen mezclarse alumnos de distintos grupos que ahora serán burbujas?

Estas son algunas de las cuestiones que escapan al debate público pero que traen de cabeza a los profesores desde este 1 de septiembre, cuando miles de ellos han vuelto a su puesto de trabajo. Algunos equipos directivos han invertido parte de sus vacaciones en ello, sabedores de que la autonomía escolar dejaba en sus manos estas decisiones, según recuerdan a menudo los consejeros de Educación de las distintas comunidades autónomas.

Así pues, más allá del acondicionamiento sanitario del centro, y del siempre problemático encaje de bolillos que supone la asignación de horarios, muchos centros adaptan estos días todo lo que envuelve sus programas pedagógicos. Y en algunos casos se le añade otro nivel de complejidad: debido a la falta de profesores para reducir ratios, los hay que han usado a docentes especialistas (los de Educación Física, de Música, de Inglés o de Arte) para asumir tutorías de nuevos grupos. Con lo que las horas impartidas de esa materia decaen o las pasa a asumir cada tutor.

No ha ayudado nada a los equipos directivos que, tras elaborar cada comunidad autónoma su protocolo de vuelta a la escuela en julio, lo hayan endurecido a pocos días de la vuelta al colegio debido a los rebrotes. "Las medidas sanitarias están claras desde hace tiempo, y son incuestionables, pero las educativas están en el alero y vamos tarde. El ejemplo es que muchas escuelas, como las de Madrid, no saben a día de hoy cuántos alumnos por clase tendrán", resume Paco Garcia, secretario general de Educación de CCOO.
A por un currículo más básico

Uno de los objetivos de esta semana en el Instituto Escuela Intermunicipal del Penedès, en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), es seleccionar de cada asignatura cuáles son las competencias que los docentes consideran esenciales. "Son las que realmente necesitas para seguir progresando, las que si no adquieres, te dejan cojo", resume Teresa Terradas, Coordinadora Pedagógica del centro educativo y profesora de Geografía e Historia.

Terrades pone como ejemplo su asignatura: "Trataremos de poner énfasis en entender cuestiones como los ejes cronológicos o la comprensión lectora de textos históricos, más que en dar de forma exhaustiva contenidos sobre épocas concretas". Han tomado esta decisión conscientes de que hay que reforzar conceptos que los alumnos no pudieron aprender el curso pasado. También para que un posible confinamiento les coja con el temario adaptado.

Al cerrar los colegios en marzo, las directrices de las autoridades educativas fueron que no se avanzasen contenidos porque no se podía garantizar que el 100% del alumnado lo seguiría. Al final de curso, todos hicieron un informe alumno por alumno sobre su progreso. "Esto nos ha de servir para elaborar la programación del curso, junto con una buena evaluación inicial", resume Vicent Mañes, presidente de la asociación de directores de colegios públicos Fedeip y responsable del centro de Catarroja (Valencia).

Según Mañes, los centros pueden optar por dos vías en cuanto al currículo. "O empiezan trabajando contenidos que se dejaron atrás para iniciar los nuevos en octubre, o lo incrustan en sus unidades didácticas durante todo el año. Esto será lo más común en los colegios de Primaria", opina, "porque a esas edades, más importantes que los contenidos, son los procedimientos".

De forma parecida se expresa César Coll, catedrático de Psicología y Educación de la Universitat de Barcelona (UB) y autor de varios trabajos sobre el currículo escolar. Este académico no cree que se pueda hablar de que el alumnado español ha perdido un trimestre, pero sí alerta de que aquellos escolares de entornos más vulnerables, con menor capacidad para seguir las propuestas de sus profesores, pueden haber retrocedido respecto a los demás.

"El currículo tiene muchos contenidos, todos ellos interesantes e importantes, pero algunos no es que sean deseables, es que son imprescindibles", expone Coll. Son estos conceptos los que deberían "presidir", apunta, la adaptación de los temarios. Aquí menciona aspectos instrumentales básicos, como la lectoescritura o algunos conceptos matemáticos sin los cuales no se puede avanzar, pero también cita hábitos de trabajo, capacidad de cooperación, uso de nuevas tecnologías o el bienestar emocional.
Trabajo en equipo y proyectos, adaptados

A Guadalupe Jover, profesora de Literatura en el IES María Guerrero, de Collado Villalba (Madrid), no le preocupa si hay menos tiempo para dar temario, porque siempre lo ha adaptado al contexto de sus escolares. "Me parece irrelevante en comparación con la falta de acompañamiento educativo que han sufrido algunos alumnos, y con la desconexión con el instituto que esto ha conllevado", opina.

Lo que sí la ha mantenido ocupada en los meses de verano, y todavía no ha logrado resolver del todo, es encajar su metodología docente en los protocolos. "Mis clases se sostienen sobre la conversación entre alumnos en grupos pequeños, del trabajo en equipo, de sentarme yo al lado de cada crío para hacer un texto con él… ¿Cómo se hace todo esto a metro y medio de distancia?", se pregunta esta profesora. En marzo dejaron a medias con los de Bachillerato un trabajo sobre las obras literarias y el poder (con lecturas de Rebelión en la granja, Pedro y el capitán, Antígona…) que partía de foros de debate que hoy no sabe cómo organizará.

Y pone más ejemplos. Con los de ESO elabora cada año un periódico, una tarea que conlleva reuniones en grupo, discusiones de un lado al otro del aula, contacto físico incluso… "Es una clase en movimiento", reivindica. A lo que se pregunta qué sentido tiene para una docencia de este tipo las cámaras que ha prometido la Comunidad de Madrid por si hay que retransmitir clases telemáticas. "No lo tiene. Está más cerca de cómo se concebía la educación en época de Fray Luis de León", sentencia.

En un momento en que muchos colegios, pedagógicamente innovadores, defendían que las asignaturas no debían ser compartimentos cerrados, sino que debían mezclarse conocimientos, la epidemia obliga a impartir clase de nuevo en aulas burbuja. Pero nadie está dispuesto a renunciar a su proyecto educativo. "La mayoría los están repensando, y estoy convencido de que los centros van a encontrar la forma de seguir teniendo esa seña de identidad y ese sello educativo particular, aunque en la práctica puedan salir menos de excursión", apunta García (CCOO).

En eso andan estos días en el instituto público de nueva creación Poblenou, en Barcelona. Con tan solo 90 alumnos y por ahora solo hasta 3º de la ESO, dedicaban un tercio de las 30 horas semanales al proyecto, que el año pasado abordó, por decisión de los alumnos, los plásticos. Su abuso y consecuencias. Para trabajar la materia mezclaron clases, docentes y asignaturas, se fueron de excursión a varios museos, centros de investigación y hasta un vertedero. Para colmo, acabaron con un musical temático de fin de curso.

"Tuvimos que tomar decisiones sobre el proyecto", constata el director Oriol Rigola. Esta vez el tema, siempre de actualidad, no se podrá escoger libremente, como hacían tras un proceso deliberativo en el que participaban todos. Y cada grupo burbuja hará su parte. De esta forma, la empresa pierde sin duda matices, pero no calidad. Así lo defiende al menos Rigola. "Haremos lo que sea para que la calidad no disminuya. Lo que sí afectaría de verdad es que tuviésemos que confinarnos a menudo", remarca.
Optativas y especialidades, en el aire

En el aire quedan también todas aquellas agrupaciones flexibles de alumnos que van más allá de lo que ahora es grupo burbuja. Desde aulas de refuerzo a materias optativas en la ESO, pasando por las aulas de acogida de alumnado recién llegado y que no conoce el idioma. "Entendemos que no se van a hacer", dicen desde CCOO.

En la práctica, hay casuísticas muy diversas. Institutos como el Intermunicipal del Penedès o el Poblenou han optado por suprimir algunas optativas, mientras que otras dejan de ser de libre elección y se incorporan al horario de cada grupo. Es decir, que si en el centro que dirige Rigola antes los alumnos podían escoger cada trimestre entre múltiples opciones, como hacer un huerto urbano, ornitología, resolución de problemas matemáticos o iniciación al francés, ahora será el colegio el que decidirá por ellos.

En el instituto María Guerrero de Madrid, en cambio, han decidido justo esta semana que intentarán que las optativas correspondan solamente a dos grupos burbuja, que alternarán clases presenciales y a distancia para no coincidir en un mismo espacio físico. "Cuando esto no sea posible, se hará todo a distancia", apunta Jover.

El sudoku organizativo de las escuelas ha afectado también al papel de docentes especialistas, sobre todo en la Primaria. En Catalunya, al conocer la semana pasada que debían bajar ratios a 20 alumnos por aula sin saber si habría más profesorado para ello –todavía no lo saben–, alguno equipos directivos han echado mano de maestros de Educación Física o Inglés para asumir las tutorías de aquellos nuevos grupos creados a partir de desdoblamientos.

Lo expone con todo detalle Xevi Salvador, jefe de estudios de la concertada Escola Pia de Mataró (Barcelona). De cuatro líneas (A, B, C y D) han tenido que pasar a cinco. Y la tutoría en varias de estas nuevas aulas la han asumido docentes de Educación Física, sacrificada –en parte– para cumplir ratios. "Entendemos que la prioridad es reducir la cantidad de alumnos por aula, por encima de según qué contenidos del currículo", explica Salvador.

De todas formas, no aparcan del todo la materia. "Plantearemos tres o cuatro jornadas deportivas al trimestre, diseñadas por los docentes de esta especialidad pero llevadas a cabo por cada tutor. Así no dejamos de hacer Educación Física, pero la hacemos en cápsulas más intensivas", plantea el jefe de estudios de este centro. Con Música harán algo parecido y tratarán de incorporarla dentro de distintas materias de forma más globalizada.
Hacia un programa más global

Este docente asegura que, precisamente debido al confinamiento, su claustro ha aprendido a programar unidades de forma más conjunta (mezclando asignaturas y conocimientos). Y esto, el trabajo más "globalizado" –apunta Salvador– es algo que quieren preservar e impulsar este curso, ahora de forma presencial.

No son los únicos. En la escuela pública Octavio Paz de Barcelona, de un entorno muy desfavorecido y premiada en varias ocasiones por sus proyectos de innovación pedagógica, han dado este curso un paso definitivo para desmontar la distribución tradicional de la docencia. En su caso han eliminado todas las especialidades y han asignado a sus docentes un nuevo grupo escolar de referencia, que ahora serán de un máximo de 18 alumnos. Esos grupos serán de edades distintas, con tres años de diferencia.

"Excepto educación física, todo será trabajo globalizado, no habrá propiamente ni música, ni inglés, ni mates… La epidemia ha acelerado este proceso que nuestro proyecto ya contemplaba para más adelante", relata Xavier López, su director. En vez de asignaturas, han consolidado lo que llaman franjas (ordenadas según competencias y proyectos más transversales).

Lo que preocupa más al director del Octavio Paz, uno de esos centros cuyos profesores se han desvivido para mantener el contacto y las propuestas didácticas a sus alumnos –a menudo por teléfono y sin que muchos tuviesen buena conexión u ordenador–, es que solo le ha llegado un maestro de refuerzo por la COVID-19. "Lo han hecho fatal", se lamenta López.

López denuncia que precisamente los colegios de entornos más desfavorecidos, como por decreto ya tienen una ratio más reducida en Catalunya, han recibido menos refuerzos extra esta vez. "Estoy luchando para que me den media dotación más. Colegios públicos y concertados con más alumnos les han dado más. Conozco algunas que han recibido tres", se queja este director.

jueves, 6 de agosto de 2020

Entre todas las CCAA se contratarán 14.500 docentes más para el próximo curso (ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica esta información



Hasta la fecha han sido muy pocas las comunidades autónomas que hayan anunciado su intención de contratar a profesorado de forma extraordinario para responder a las necesidades de medidas de seguridad que implicará la vuelta a los colegios e institutos todavía con una pandemia sin solución a la vista.

La última ha sido Cataluña, ayer mismo. El conseller de Educació, Josep Bargalló, dio una rueda de prensa en la que anunción que su departamento contrataría a algo más de 8.000 profesionales a partir de septiembre, de los cuales, 5.418 serán docentes. No solo ha sido la última, sino que también es la autonomía que ha anunciado una contratación mayor.

Le seguiría Andalucía, suyo consejero, Javier Imbroda, habló hace unos días de la contratación de más de 6.000 docentes para reforzar las plantillas de los centros que se encontrasen en peores condiciones. El plan supone apoyos que van de uno a cuatro profesores más en el mayor sistema de educación del Estado y que, además, cuenta con unos 6.500 centros educativos, entre públicos y concertados. De la cifra anunciada, el sistema público se beneficiaría con la contratación de 4.600 docentes.

Castilla-La Mancha también hará una importante apuesta, con la contratación, según anunció el presidente de la comunidad, de 3.000 docentes para el próximo mes de septiembre.

Juanto a estas, otras autonomías también han hecho anuncios parecidos, aunque más modestos. Desde Castilla y León se estudia aumentar las plantillas con unos 600 docentes; Región de Murcia, 500 y Asturias, unos 400.

En total sumarían 14.500 profesionales de la educación más a partir del curso que viene. Una cifra que viene a ser poco más o menos el 10 % del cálculo que hiciera hace algunas semanas la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO. El sindicato cifraba en unos 160.000 docentes los necesarios para dar cumplimiento a las medidas de seguridad anunciadas entonces desde el Gobierno central. Medidas que se han flexibilizado desde entonces y que han pasado, por ejemplo, de contemplar una distancia de 2 mestros a 1,5 en las aulas o agrupaciones que en un inicio eran de 15 chavales por aula y que en las últimas semanas, y tras las presiones de las comunidades autónomas, ascendieron hasta los 25.

A estas autonomías podrían sumarse otras que todavía no se han pronunciado. En sentido contrario, por ejemplo, está Madrid que ha decidido que el curso comenzará como cualquier otro, con los mismos docentes, los mismos alumnos por aula y sin más medidas extraordinarias. A no ser que la Comunidad entre en lo que han llamado fase 2, en la que los datos de contagios comenzasen a aumentar de manera importante. En ese momento comenzarían a aplicar las medidas que el Ministerio ha recomendado como las iniciales para septiembre. En ese escenario en que se podrían reducir ratios, por ejemplo, debido a la asistencia intermitente del alumnado a los centros educativos, sí prevén la posible contratación de 3.500 docentes, según anunciara Enrique Ossorio, consejero de Educación de Madrid.

Navarra, por su parte, ha acelerado la contratación de 3.700 docentes que se habían apuntado a las oposiciones que, debido a la pandemia, se han retrasado hasta 2021. Esta contratación pretende dar la seguridad a los centos de contar con todas las bajas cubiertas para cuando comience el curso en septiembre.

sábado, 30 de mayo de 2020

Catalunya, Madrid y Baleares abrirán escuelas de 0 a 3 años antes del verano entre las quejas de los educadores (Pau Rodríguez / Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

Reproducimos este artículo de ELDIARIO.ES

Catalunya será la primera comunidad en la que se abran las escuelas infantiles, mientras sus trabajadoras alertan de que la vuelta puede traer más problemas que beneficios y lamentan que se utilicen los centros con carácter conciliador


La vuelta al colegio durante la desescalada está siendo muy distinta en función de la comunidad autónoma y de las edades de los escolares. Aún así, tras las imágenes de la apertura de los institutos en Euskadi este lunes, se espera que la mayoría de alumnos españoles que acaban Primaria (6º curso), ESO (4º) y Bachillerato (2º) se reencuentren en las aulas ante final de curso.
No ocurrirá lo mismo en las aulas de Infantil, que retomarán la actividad de forma mucho más minoritaria y con mayor revuelo entre los educadores. Consideran los docentes –todos los sindicatos van a una en esto– que la actividad presencial no debería retomarse en ninguna etapa y en ningún territorio, y que esto es especialmente válido para los más pequeños, más difíciles de controlar y con una educación basada sobre todo en el contacto y la interacción. Tampoco están de acuerdo, añaden los propietarios de centros, con el papel de elemento para la conciliación que se está dando a la educación infantil.
La idea inicial del Ministerio de Educación de abrir las escuelas infantiles, de 0 a 3 años, y las etapas de Infantil de los colegios, de 3 a 6, en ambos casos para facilitar la conciliación de los progenitores que tengan que acudir a su puesto de trabajo (en Madrid hasta lo tendrán que demostrar), chocó con el rechazo inicial de la mayoría de las comunidades autónomas, que salieron de la última reunión con el Gobierno afirmando que no abrirían las aulas de 0 a 6. Pero finalmente algunas de ellas sí trabajan en este escenario: Catalunya activará estos cursos el próximo lunes en las zonas que estén en fase 2; en Baleares lo harán en fase 3, lo mismo que en Madrid, aunque estas dos regiones solo plantean abrir la etapa de 0 a 3 años.
El resto de comunidades, a excepción de algunos casos que dan libertad a las guarderías privadas, no contemplan reactivar esta etapa educativa hasta septiembre. Es el caso por ahora de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, País Vasco, Navarra, Galicia, Cantabria o Murcia. Destaca el caso de Comunidad Valenciana, que no abrirá las escuelas infantiles de su titularidad pero sí permite que lo hagan las municipales y las privadas a partir del 18 de junio, pensando en la actividad durante el mes de julio.
En Canarias la situación es similar. En pleno proceso de cambio de cambio de consejero tras la dimisión esta semana de María José Guerra por discrepancias con el plan de desescalada, no lo tiene claro aún. Una portavoz de la consejería explica que se está trabajando en un posible protocolo y que, si se consigue aprobar este será cuando se decida si abren o no. Por otra parte están las escuelas municipales y privadas, que quedan fuera del ámbito competencial de la consejería y se preparan para abrir con muchas dudas.

La Generalitat enciende a las educadoras

El inicio de la actividad escolar en Catalunya, a partir de este lunes en los territorios en fase 2, llega con una enorme incertidumbre especialmente para los más pequeños. Estos días, las escuelas infantiles, públicas o privadas, y los colegios de Primaria están mandando encuestas a las familias para saber qué alumnos tendrán que acoger por razones de conciliación de sus progenitores. En muchos casos la respuesta es inferior a un tercio, lo que no supondrá un problema para garantizar las ratios reducidas de entre cinco y ocho niños y niñas por grupo en función de la edad.
Pero los sindicatos en pleno y varios colectivos de Educación Infantil ya se han mostrado contrarios a la apertura por varias razones: porque consideran que las distancias de seguridad y las medidas de higiene impiden el necesario vínculo y cercanía a estas edades, porque creen que los problemas de conciliación no deben descargarse sobre los centros educativos y porque temen quedar demasiado expuestos en el caso de que haya rebrotes. 
En las instrucciones de la Generalitat para las aulas de 3 a 6 años, como en etapas más avanzadas, se plantea una distancia física de dos metros dentro del aula, que los docentes lleven mascarilla y un uso del material escolar muy restrictivo. No se podrán usar hojas de papel y los juguetes serán de uso individual a no ser que se asegure su desinfección cuando pase de unas manos a otras. 
Noemí Rocabert, directora del colegio Mestre Morera de Barcelona, advierte que una vuelta a las aulas en estas condiciones, y a unas edades que tras dos meses de ausencia requerirán de mucha adaptación, puede ser más perjudicial que beneficiosa. "Los niños y niñas aprenden interaccionando y jugando, si esto no se puede garantizar, no podemos ser escuela. Si es un tema de conciliación, ¿por qué no lo asumen las empresas?", plantea. 
¿Podrán abrazar a los alumnos si lloran? ¿Deberán impedir constantemente que toquen el mobiliario? ¿Tiene sentido el reencuentro si su tutora no puede estar presente porque es colectivo de riesgo? Estas son algunas de las preguntas que lanzan las educadoras. "Las necesidades de desarrollo y bienestar de 0 a 6 años pasan por la atención y cuidado de un adulto de forma cercana. Pedirle a un niño pequeño que sus relaciones humanas sean a distancia afecta directamente a su proceso de desarrollo, de vinculación y de entender el mundo que lo rodea", advertían distintos colectivos de educadores en una carta escrita el pasado jueves y que ya tiene más de 2.000 firmantes. 
Para las escuelas infantiles de 0 a 3 años, casi todas de titularidad municipal o privada, las medidas no serán finalmente tan restrictivas. En una instrucción mucho más detallada aprobada el viernes, la Generalitat transforma las obligaciones en recomendaciones y solo pide distancia de un metro entre los niños y niñas a la hora de comer o de hacer la siesta. En cuanto a los juguetes, serán de uso exclusivo para cada grupo de cinco. Biberones y chupetes deberán esterilizarse cada día en casa, se recomienda usar toallas y baberos desechables y en las instrucciones se dedica una página entera a describir paso a paso cómo se tienen que cambiar los pañales para evitar contagios.
Aun así, no está claro todavía cuántas escuelas van a abrir. Lo harán seguro las 42 que son de titularidad de la Generalitat, pero entidades como la Coordinadora d'Escoles Bressol, que representa tanto a privadas y municipales, aseguran que la mayoría de sus asociadas no lo harán. Su principal preocupación ahora mismo es sostenerse económicamente al haber perdido buena parte de las cuotas de las familias. En cuanto a las municipales, sirven como ejemplo las cinco ciudades más pobladas que entrarán en fase 2 el lunes: Girona, Manresa y Vilanova i la Geltrú abrirán, Reus no lo hará y Tarragona todavía no lo ha decidido. 

Solo para padres trabajadores

Madrid y Baleares se mueven en un escenario similar. Ambas comunidades tienen la idea de abrir los centros cuando pasen a la fase 3. Sus trabajadores están igual de satisfechos que los catalanes al respecto.
En Madrid, el consejero Enrique Ossorio ha estado tanteando estos días a la comunidad educativa, a la que ha informado de su intención de abrir las escuelas infantiles cuando la región pase a fase 3. Esto sería, si se mantienen los plazos de dos semanas entre fases y siempre que no haya pasos atrás, a partir del 22 de junio.
"Nos parece terrible la diferenciación que están haciendo de la etapa de Infantil frente al resto, es evidente que nos están considerando como conciliación", explica Blanca Azanza, presidenta de la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta (Ameigi). "Pero somos centros educativos, la conciliación es cosa de las empresas, no debería buscarse la salida fácil de llevar a los niños al cole", añade. "Además, ¿por qué los menores de tres sí y el resto no? ¿Un niño de seis años ya puede quedarse en casa con un bocadillo?", pregunta.
El protocolo que ha enviado la Consejería de Educación a los centros en la tarde de este miércoles se especifica que la oferta de Escuelas infantiles es solo para familias cuyos padres trabajen fuera de casa. Y lo tendrán que acreditar. Esta restricción se acabará cuando se acabe la fase 3. En Catalunya, esta se plantea como un criterio de acceso en edades de 3 a 6 y como un criterio de prioridad en 0 a 3.
Baleares es la tercera comunidad en la que, si nada cambia, se abrirán algunas escuelas de Infantil. La consellería defiende que no tiene competencias para mandar sobre las escoletas infantiles, en su mayoría de propiedad municipal o privada, por lo que les ha dado potestad para abrir o no en fase 2. La mayoría no lo han hecho de momento, aunque sí planean hacerlo cuando la comunidad pase a fase 3, lo que podría pasar este próximo lunes. Las que lo harán seguro son las cuatro escoletas que sí pertenecen a la consellería.
"Hay mucha presión social para que abran por el tema de la conciliación", explica Ramón Mondéjar, miembro de la Ejecutiva de STEI. "El Gobierno estaba elaborando un plan al respecto, pero nunca se volvió a saber de él", cuenta. Como los demás, Mondéjar lamenta "excesivo" carácter conciliador que se está dando a la etapa.
"Hicimos una encuesta y el 90% de nuestros afiliados no quería volver. La gente tiene miedo a los contagios", cuenta este docente, que además no le ve ventajas: "Hemos estado estos meses trabajando telemáticamente, podemos seguir tres semanas más". ¿También los más pequeños? "También, se ha hecho un trabajo con ellos muy interesante, la gente de Infantil no ha parado de trabajar".

domingo, 26 de abril de 2020

Profesores interinos sin trabajo y sin expectativas: “Estamos en tierra de nadie” (Sara Montero para CUARTOPODER.ES)

CUARTOPODER.ES publica esta noticia

  • Con el cierre de colegios e institutos, los llamamientos a los interinos que hacían las sustituciones se han parado
  • Para defender sus derechos, un grupo de docentes ha creado en Catalunya la plataforma "Substitutes en Lluita" y en Madrid "Interinos docentes en lucha"
El cierre de los colegios el pasado marzo ante la emergencia sanitaria generó muchos trastornos que, seis semanas después, siguen trayendo consecuencias. Es el caso de cientos de interinos que esperaban a ser llamados en las listas de las administraciones territoriales y que se han quedado sin trabajo y sin expectativas de tenerlo a corto plazo. Para defender sus derechos, un grupo de docentes ha creado en Catalunya la plataforma "Substitutes en Lluita" y en Madrid "Interinos docentes en lucha". Se quejan de que la crisis de la covid-19 la pagarán los trabajadores más precarios de la administración: "Estamos en tierra de nadie", lamentan sobre la incertidumbre ante su futuro.
El cierre de los colegios e institutos fue una de las primeras medidas que tomaron las administraciones para frenar los contagios.  Por tanto, se han ralentizado también los llamamientos en las listas de profesores sustitutos, pese a que la actividad lectiva no se ha paralizado, sino que se ha trasladado a los hogares a través de plataformas informáticas y otros métodos digitales. Estos dos factores hacen, según "Interinos docentes en lucha", que en los hogares haya profesores sobrepasados y, a la vez, sustitutos en paro: "También nos encontramos con profesores sobrecargados de trabajo, al tener que cubrir las labores de sus compañeros de trabajo que están de baja y en el peor de los casos a alumnos sin profesor, lo que acrecenta en estos momentos tan difíciles, aun más, la desigualdad", explica a cuartopoder Javier, portavoz de la plataforma madrileña. 
Por su parte, la Comunidad de Madrid afirma que las necesidades en los centros sí se están cubriendo, tal y como aclara a los interinos en sus propias redes sociales. Sin embargo, Javier asegura que se trata de llamadas puntuales en los últimos días y se queja de "falta de transparencia en el proceso": "Creemos que es un buen principio que decidan reanudar los llamamientos, pero queremos que se haga de forma oficial y que se hagan de forma transparente y pública como se ha hecho siempre". 
Al hablar de su caso personal, este profesor lo achaca a la "mala suerte". Tal y como cuenta, comenzó a trabajar el 18 de septiembre y ha ido enlazando un centro con otro hasta que la última sustitución se le acabó el 9 de marzo: "Ese mismo día volví a las listas y horas después ya había sido convocado para otro llamamiento". El día 11 debía haberse incorporado al centro, pero el día 10 la Comunidad de Madrid comunicó la orden de cerrar los centros: "Esto me ha dejado en una situación difícil, sin trabajo, sin ninguna medida económica a la que acogerme y con un paro que no llega a los 700 euros". 
Los interinos tienen situaciones muy diferentes, algunos sustituyen a un profesor todo el año y otros tienen otros empleos mientras esperan a ser llamados. Arantza es miembro de la plataforma catalana y tiene en común con Javier la volatilidad de su trabajo como profesora. En octubre le llamaron del primer colegio y en marzo empezaba en el tercero. Trabajó dos días de manera presencial y el día 20, el profesor al que sustituía se dio de alta: "Me quedé en el paro y tengo prestación hasta junio. Hay personas en mi situación que ni siquiera han podido generar paro", explica. Algunos de sus compañeros han consumido el desempleo esperando que los vuelvan a llamar del siguiente trabajo y ahora no tienen prestación.
"Creamos la plataforma al ver que somos muchos los que nos encontramos en la misma situación", explica Javier, que asegura que la Comunidad de Madrid les responde "con mensajes automatizados". En este caso, afirma que los sindicatos suelen compartir su rechazo a la actuación de la administración, pero solo la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid ha denunciado la situación ante la Inspección de Trabajo, un recurso que ha sido desestimado.

@educacmadrid Hola creo que ya van 7 consultas sin respuesta. Cuánto tiempo van a tener retenidos los llamamientos? Cuánto van a tener a los alumnos desatendidos y a los profesores secuestrados? Si no hay respuesta seguiré escribiendo hasta que la haya gracias.
Los llamamientos a interinos volverán a reanudarse con normalidad cuando se recuperen las clases presenciales. Ya se cubren algunas vacantes que demandan los centros. La decisión de la DG Recursos Humanos ha sido avalada por la Justicia tras la denuncia de algún sindicato.
En el caso de Catalunya, varias organizaciones apoyan sus reivindicaciones (USTEC, el Sindicato de Profesores de Secundaria, UGT, CGT y la COS). De hecho, han conseguido que, al menos, la Conselleria de Educación de la Generalitat, dirigida por Josep Bargalló, se mueva y reanude los llamamientos. Aún así, desde "Substitutes en Lluita" lo califican de "migajas": "Es un nombramiento a dedo, de personas que hayan trabajado en el centro", explica Arantza sobre el limitado efecto de esta medida. De hecho, hace unos días lanzaron la campaña #BARgonya en redes sociales para protestar por la situación.

Las clases continúan

A las dos fuentes consultadas les preocupa especialmente aquellos que se han quedado sin trabajo y sin paro: " Por otro lado se encuentran los que dejaron su empleo en otros sectores o en la enseñanza privada o concertada porque iban a ser los próximos en llamar y se han encontrado sin un puesto de trabajo y sin el otro", añade Javier sobre la variedad de trastornos.
"Pedimos que no se utilice la covid-19 para recortar en educación. Los profesores siguen trabajando, el curso continua, lo único que están cerrados son los centros, no la educación", asegura el profesor madrileño. Para ellos, no tiene sentido que las clases continúen, con las dificultades añadidas de la distancia, y sin embargo se eliminen recursos: "Pedimos un nombramiento extraordinario, haciendo refuerzos a los centros. Nos encontramos con personas con necesidades educativas especiales en tiempo de confinamiento. También podemos hacer formaciones", explica la portavoz de "Substitutes en Lluita" sobre la variedad de posibilidades.

Arantza también pide que se compute este periodo (hasta julio) como días trabajados a todos aquellos que hayan prestado servicio, de forma que el orden de la lista no se altere. En las oposiciones, la experiencia puntúa: "La gente que tiene un número más bajo que el mío (en la lista) luego me va a pasar por delante. No es justo porque yo no estoy trabajando porque no quiera, sino porque no puedo".

domingo, 20 de octubre de 2019

"El Procés y sus efectos educadores" (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía este artículo



Debería ayudar a revisar, por salubridad democrática, los significados que atribuimos a múltiples palabras encubridoras de otros daños.


Las  divergencias entre “rebelión” y “sedición”, que tan en vilo nos han tenido con la secuencia del procés, se han dejado a un lado para que la sentencia del TS saliera lo más unánime posible, con las aristas menores posibles para ser zarandeada a conveniencia. No evitarán, de todos modos, el cansancio acumulado en este largo año. Tampoco, que pueda aplicarse esa figura penal a otras acciones de protesta, como las que algunos desahucios provocan. Sería iluso, además, que esta sociedad se libre de conflictos con una sentencia. Que sea deseable la armonía social, no nos librará de la existencia de situaciones desiguales, a veces profundamente injustas. A dónde pueda llegar cierto hartazgo de cada vez más ciudadanos después de estos días de manifestaciones, violencia callejera, barricadas y una huelga política en Cataluña, no está escrito y más con tiempo hasta las siguientes elecciones.

Al hilo de esta sentencia, en que se invoca el artículo 544 del Código Penal, se advierten otras figuras delictivas que, además de ayudar a entender el diverso grado de implicación que hayan tenido unos u otros en el conflicto catalán, facilitan discernir el sentido de  otros comportamientos. Especialmente los tipificados con términos que merodean el artículo 27, tales como “Encubridor”, “Cooperador necesario”, “Cómplice” e “Inductor”. Relacionados aleatoriamente con los de otra lista ampliable en cuyo núcleo estuvieran: “Conspirador”, “Incitador”, “Inspirador”, “Provocador”, “Muñidor”, “Alentador” y/o “Organizador”, tendríamos  un conjunto  muy válido para personalizar muchas actuaciones que afectan a nuestras vidas.  La riqueza significante de los términos primeros adquiere significados que, más allá del rigor procesal de lo estrictamente penal, muestra el daño que hacen a una debida Educación social.

Hobbes
De la polisemia de esta especialidad basta ceñirse aquí a la ejemplaridad exigible a personas e instituciones representativas. La confusión lingüistica que a menudo emplean para ocultar inoperancia o corrupción, y salvarse a sí mismas  de incoherencias entre hechos y dichos, degrada la convivencia. Distorsionar y manipular es mala pedagogía que erosiona la lealtad de todos al supuesto contrato social que implica vivir en comunidad. Abandona a los ciudadanos y regresa al hobbesiano Homo homini lupus que, en 1651, sirvió para justificar el absolutismo político y, en nuestros días, distintos neofascismos.

De un tiempo acá, esta pedagogía social es especialmente notable.  Aburre mucho en la mano que mece el tsunami democrátic, como advierte Carmelo Encinas. El Govern de Torra en Cataluña ha tratado de confundir a catalanes y no catalanes  mixtificando el pacifismo democrático con múltiples actividades opacas que no han cesado desde octubre-2018 en sus pretensiones independentistas. Ni siquiera las duras imágenes que estos días de octubre han dejado en nuestra retina les han sacado de la ficción y “señuelo” en que estuvieron moviendo los hilos antes y después del 1-O. Las últimas declaraciones -las más institucional y la personal en una de las marchas que se habían organizado el día anterior- son más indicatorias de esquizofrenia política que de búsqueda de arreglo a un problema que, a todas luces, el President ha contribuido a desarrollar. Para colmo, este iluminado pretende culpar de las llamas  a “jóvenes infiltrados” a los que, absorto en sí mismo, nunca habrá visto.  El resultado es que, como muñidor del conflicto, aumenta el deterioro de su liderazgo institucional.

Hayek
En otro plano distinto en objeto, pero similar en lo que a erosión social y política representa, coincide Esperanza Aguirre declarando ante el juez del caso Púnica a causa de la supuesta caja B de su partido. Su metodología para lograr que su imagen de lideresa estuviera bien posicionada en los medios, choca con las exculpaciones que no es la primera vez que emplea poniendo por medio chivos expiatorios que ya no están por la labor. Independientemente de que sea sentenciada como culpable, los madrileños son testigos de cómo se ha movido siempre entre los escurridizos sinónimos indicados. Han visto cómo –desde antes de aquel sorpresivo Tamayazo en 2003- en el ejercicio de sus responsabilidades con los dineros de todos ha sido experta en anfibología: estar y no estar, ser la jefa y delegar, viciar los problemas y actuar a piñón fijo. La causa principal en que está investigada es si ordenaba  a sus colaboradores qué y cómo debían actuar,  o les dejaba tal autonomía que no sabe si la engañaban y nos estafaban. Sea lo que sea, los sujetos pacientes de su locuacidad no le perdonarán el uso perverso que hizo, sobre todo, de los recursos para Sanidad y Educación.  Su devoción por la preceptiva neoliberal ya la vendió en aquel manifiesto del Club Siglo XXI, en 1997, que señala Antonio Viñao. Por entonces, como comentó Javier Varela a propósito de su proyecto gafe de “las Humanidades” -en que tanto se publicitó-, esta “mujer de un solo libro desayunaba con Hayek por la mañana y recitaba por la tarde las virtudes de la privatización”.

Vida nueva
De similar cariz es que la revista Vida nueva, ocupada en laborar pro domo sua entre bendiciones celestiales, esté desconcertada por lo que, según dice, está sucediendo con la escuela concertada. Según sus cálculos empresariales, “es un ajuste de cuentas” que, desde 1985 acumule –es decir, que le debería pagar el Estado- un 25% de déficit respecto a lo que de los impuestos públicos se detrae para  financiar la escuela pública. Según el particular criterio de esta revista,  este desajuste es particularmente injusto por ser “la garantía de aulas en libertad”. Menos mal –añade- que “sobrevivimos por las aportaciones voluntarias de los padres”. Sin embargo, este recital de valoraciones y justificaciones no es nada original. Tiene una larga historia de que no se hacen responsables, lo que les da pie para seguir alentando, desde la instrumentación de las creencias de conciencia, una radical segregación entre Pública y Privada; y una vez más como portaestandartes de la libertad, eslogan que han manipulado prolíficamente desde la Restauración canovista, como ya en 1967 dejó estudiado Yvonne Turin .

La actual toma de posición eclesiástica –aparentemente neutral, pero con la presencia de la Religión en todas las aulas y los Acuerdos de 1979 respaldando todas estas exigencias- sigue pugnando explícitamente por que la Pública sea “subsidiaria”. Cualquier argucia proteccionista les vale con tal de tener una primacía educadora y que esté mejor sufragada por el Estado. Es su pelea histórica, la que vienen librando desde su “triunfo” político sobre las culturas anteriores al siglo IV. La misma de cuando -para que no aconteciera en España la separación que en Francia había tenido lugar en 1905- Pío XI escribíó en diciembre de 1929 la hoja de ruta en el terreno educativo: la encíclica Divini Illius Magistri. 

El muy controlado equívoco de esta apología del activismo incesante de los obispos desde sus colegios es perturbador, y más en estos días de crisis e inestabilidad. Su caridad no ha sido obstáculo para la compleja operación económica de una fundación controlada por el Obispado madrileño. FUSARA, para allegar recursos para un proyecto de Concertada,  ha dejado en la calle a 188 vecinos entre los que hay bastantes situaciones carenciales. Esta interferencia de motivos caritativos con asuntos de justicia, además de proseguir políticas decimonónicas, es incapaz de encubrir estrictos intereses contables. Es del mismo aspecto emprendedor que ha enseñado Iglesia S.A. inmatriculando a su nombre –solo de 1998 a 2015- casi 35.000 propiedades. Si en estos tiempos, más secularizados y poco “practicantes”, se preguntara alguien en esa corporación a qué se debe que crezca tan acelerada la secularización, tal vez descubriera que la falsedad de la hipocresía farisaica fue muy denunciada en  el Evangelio.

La doblez siempre está al acecho para sostener injustas desigualdades si peligra algún jugoso negocio. Para jugar a ser optimistas resueltos, hasta podemos hacer Flashmob.  Los y las activistas de Flo6x8 saben de qué van algunas de las grandes estafas que se solapan bajo solemnes palabras; con su cante tratan, al menos, de desmontarlas un poco.



Manuel Menor Currás