sábado, 24 de julio de 2021

4-9-2021: Manifestación “Por una vuelta segura a las aulas. Por un Plan de rescate para la Educación Pública” (18:30 h., Neptuno-Cibeles-Consejería de Educación. C/ Alcalá 32)

 


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DECRETO 189/2021, de 21 de julio, por el que se modifica el Decreto 59/2020, de 29 de julio: las modificaciones de Educación Física se implantarán en el curso 2022-23 (BOCM 23-7-2021)

DECRETO 189/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 59/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
(BOCM 23-7-2021)

[...]

Artículo único
Modificación del Decreto 59/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria

El apartado 2 de la disposición final primera del Decreto 59/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Calendario de implantación, queda redactado de la siguiente manera:

“2. Las modificaciones introducidas en este Decreto relativas a la materia Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria se implantarán en el año académico 2022-2023”.

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Intervenciones de Agustín Moreno en el Pleno de la Asamblea de Madrid (15-7-2021)

Agustín Moreno nos envía estos enlaces de sus intervenciones en el Pleno de la Asamblea de Madrid del 15 de julio de 2921:





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Bajar las ratios, vacuna contra el fracaso escolar (Agustín Moreno para eldiario.es)

 Agustín Moreno nos envía su último artículo publicado en eldiario.es

Se necesitan clases con ratios razonablemente bajas, que faciliten el deber del profesorado de atender las necesidades del alumnado. Es decir, no sólo enseñarles las materias, sino facilitar la convivencia, favorecer su inclusión, prevenir los conflictos y ayudarles a solucionarlos

23 de julio de 2021

Lo venía diciendo la comunidad científica y pedagógica, lo sabemos por nuestra experiencia como docentes a pie de aula, y lo confirma el sentido común: se educa y se enseña mejor de 20 en 20 alumnos que de 33 en 33, o de 38 en 38, que son las ratios que se plantean en ESO y bachillerato en la Comunidad de Madrid (CM) para el curso próximo. Y lo recomienda la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea: 20 estudiantes por grupo-aula en educación primaria y secundaria; 30 en aula universitaria según establece el Plan Bolonia. Pero hemos tenido que vivir una pandemia para comprobarlo con carácter general. Durante la crisis sanitaria de la Covid hemos descubierto el valor de lo esencial en educación, aunque, como decía Antoine de Saint Exupery, a veces lo esencial es invisible a la vista, y eso parece que es lo que le pasa al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Los retos para el curso próximo son la total presencialidad, las garantías sanitarias y la mejora de la calidad educativa. Que se alcancen, depende en gran medida de la inversión, de las ratios y de la contratación de profesorado. La Consejería de Educación ha anunciado la contratación de 6.700 profesores y otros profesionales. Estas contrataciones en realidad suponen la reducción en unos 5.000 profesores, con relación a los contratados el curso pasado, que la propia Consejería de Educación reconoce que fueron 10.600.

La Consejería intenta contabilizar como nuevas contrataciones las 3.700 plazas de la oposición de Secundaria, pero son las mismas plazas ya existentes que cambian de naturaleza: pasan de estar cubiertas por profesorado interino a serlo por funcionarios de carrera en prácticas. Pero lo que mide la realidad, no son las cuentas del "Gran Capitán" que haga la Consejería de Educación sobre profesorado contratado, sino los cupos concretos que llegan a los centros. Éstos, no contemplan la reducción de la ratio, ni el aumento del profesorado de refuerzo. Según explican los directores de institutos públicos, se destinan 600 profesores para 353 institutos públicos. Eso viene a suponer un par de profesores más por centro, fuera de cupo, y eso no sirve para realizar desdobles, ni reducir las ratios (que van a estar en 30-33 en ESO y 38 en bachillerato). Dos ejemplos: un IES del centro de Madrid con 1400 alumnos, tendrá 3 profesores más y 0,5 para el departamento de orientación; un IES del Corredor del Henares con 1.300 alumnos, 2,6 profesores y 0,5 en orientación.

Mantener ratios altas tiene consecuencias demoledoras. Por un lado, dado el pequeño tamaño de muchas aulas, es imposible garantizar la seguridad del alumnado y del profesorado en los escenarios covid que se contemplan con ratios tan altas en clase y con una distancia de seguridad de 1,2 metros. Por otro lado, es seguir apostando por la mediocridad del sistema educativo, algo que se ha puesto de manifiesto con el retroceso de Madrid en los últimos informes PISA: bajada de 46 puntos en lectura y fuertes caídas en matemáticas y ciencias.

Se necesitan clases con ratios razonablemente bajas, que faciliten el deber del profesorado de atender las necesidades del alumnado. Es decir, no sólo enseñarles las materias, sino facilitar la convivencia, favorecer su inclusión, prevenir los conflictos y ayudarles a solucionarlos. Necesitan muchos cuidados en esas etapas tan tempranas de sus vidas. Por no hablar del efecto de mejora de las condiciones de la docencia y la consiguiente reducción del estrés del profesorado.

No es aceptable que, siendo Madrid la comunidad autónoma más rica, sea la que menos invierte en educación. Tan solo un 2,25% del PIB frente al 4,27 % de media en España y al 5% que recomienda la LOMLOE. Con 34.916 euros de PIB per cápita, solo invierte 4.700 euros por alumno/año, 1.000 euros menos que la media de España, 2.000 euros menos que Castilla León, y 4.300 euros menos por alumno que el País Vasco. A lo anterior hay que añadir los Fondos de Recuperación europeos de los que va a disponer la CAM. Por último, hay que hacer una mejor gestión del dinero público. Tres ejemplos de gastos poco útiles: 5 millones de euros en pruebas externas de bilingüismo; 1 millón de euros en algo tan absurdo como un programa para evitar que se copie en los exámenes online; 15 millones en Aula Planeta, una enciclopedia virtual que nadie pidió y que nadie utiliza, un dinero que hubiera permitido contratar a 500 profesores durante todo el curso.

Las Instrucciones de la Consejería que acaban de llegar a los centros educativos para el curso 2021-2022, confirman que el anuncio solemne de Ayuso en la sesión de investidura de que iba a bajar las ratios es una burla cruel. Para que se entienda lo que ha propuesto, imagínense que con la Covid se dijera: tenemos dinero, pero no vamos a comprar vacunas y ni a vacunar hasta septiembre de 2022 y solo a los de 4 años. Por respeto a la ciudadanía y a sí mismo, el Gobierno Ayuso no debería seguir usando un coctel de mentiras y propaganda, anunciando a bombo y platillo una bajada de ratios que tardaría 10 años en llegar a la ESO.

La reducción de ratios tiene que ser algo estructural y no episódico frente al fracaso escolar y a los mediocres resultados educativos. Por ello, es muy escandaloso que habiendo dinero no se invierta en mejorar la educación pública, por una decisión política que ignora y desprecia una educación de calidad en nuestra comunidad. El Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid olvida que lo que mide el grado de civilización de una sociedad es cómo cuida a su infancia y a sus mayores, y aquí se les abandona. Y si fue muy grave la muerte de ancianos en las residencias, también lo es que un alumno de Madrid no tenga las mismas oportunidades educativas que otro del País Vasco, Asturias o Castilla León.

La educación es la mejor inversión. Lo demostraba James Heckman, Premio Nobel de Economía del 2000, afirmando que por cada dólar (o euro) invertido por niño, el rendimiento es de entre el 7 y el 10% a lo largo de su vida; es decir, que cada dólar invertido en educación inicial revierte en 8 dólares del producto social en las etapas posteriores; una rentabilidad mucho más elevada, insistía irónicamente Heckman, que los fondos de inversión.

Solo un gobierno incompetente puede ignorarlo. Solo un Gobierno prepotente como el de Ayuso, puede negarse a negociar estos temas, como hacen otras comunidades autónomas. Por ello, hay que decirles dos cosas: primero, que dejen de actuar como si fueran la reserva del neoliberalismo más rampante; y, en segundo lugar, que si les parece que la educación es cara, que prueben con la ignorancia. En todo caso, desde Unidas Podemos, seguiremos empeñados en defender una educación pública de calidad de todas y para todas.

Bizantinismos (Manuel Menor)

Los bizantinismos, aunque sean jurídicos, no juegan al solitario

El trasfondo que encierran suele conectar con situaciones e intereses de sectores que quieren imponer su distinción.

El Tribunal Constitucional dictaminó el día 13 de julio que el Gobierno había actuado ilegalmente al imponer el estado de alarma en la primavera de 2020. Las circunstancias coyunturales en que  se emitió esta sentencia, entre las que no es menor la relación que cabe establecer con las que atraviesa el Consejo del Sistema Judicial y el Tribunal de Cuentas,  amén de deteriorar gravemente una de las instituciones principales del sistema democrático, pone en cuestión la gestión del Gobierno, como si fuera función del TC ejercer de oposición. El don de la oportunidad no parece que haya regido cuando, en plena quinta ola, se pide responsabilidad a los más jóvenes y cada Comunidad va a su aire. 

Neoplatonismo

Tratar de dirimir en una sentencia una cuestión teórica de índole jurídica es indicio que parece inapropiado para terciar en una cuestión que, a todas luces venía siendo objeto de litigio, pese a que los ahora satisfechos con esta sentencia habían facilitado la opción seguida por el Gobierno al demandar el estado de alarma  y no el estado de sitio o excepción, una figura jurídica que hubiera sido más complicado y más lento gestionar cuando tanta urgencia había y que, además, no añadiría nada a las posibilidades ejecutivas. Los estudiosos de la influencia neoplatónica en las decisiones dogmáticas que adoptó la Iglesia entre los siglos IV y VI d. C. saben bien de la importancia, nada espiritual, que tenía inclinarse por unos u otros conceptos  que en aquellos años pasaron a ser de rigurosa creencia. 

Cuando los jueces ejercen su oficio, no solo muestran la “técnica jurídica” como garantía de imparcialidad. Si fuera así, no tendríamos tantos sesgos en muchísimas sentencias en que la calidad  del abogado defensor juega un papel principal para inclinarlas de un lado o del otro; su preparación y capacidad son vitales para maniobrar con las variaciones semánticas de un término. Independientemente del coste  de un buen bufete, en el campo jurídico siempre aparece por medio un fondo de subjetividad interpretativa tras la presunta imparcialidad objetiva de la justicia existente; se puede constatar entonces su similitud con lo que suele ser frecuente en Historia, Ciencias sociales, y no digamos Periodismo, en que a la inevitable  subjetividad, se añade con más frecuencia de lo deseable una deliberada inclinación para mirar de modo nada veraz e imparcial. 

En casos como el que estos días es objeto de asombro, a la parcialidad le están sobreviniendo ya problemas inducidos, lo que añade una serie de despropósitos que incidirán directa e indirectamente en el crédito institucional y en la  disminución del valor de la democracia, cuando por su fragilidad es algo que debiéramos cuidar al máximo.  Lo primero que aparece es que, detrás de estas actitudes se traslucen muchas otras cuestiones ligadas a prevalencias o, si se quiere, diferencias y desigualdades de unos y otros ciudadanos. Es como si algunos aprovecharan su nada indiferente presencia en esa sensible carrera administrativa para imponer al resto sus particulares creencias, opiniones o maneras de mirar el mundo. Lo cual concuerda con que el acceso a las altas magistraturas y la continuidad de sagas familiares en algunos de esos puestos, con demasiada frecuencia sean percibidas sociológicamente aparejadas. No suele ser raro, por demás, que la parafernalia profesional de este colectivo sea invocada a menudo bajo el hipotético paraguas de la “vocación”, un constructo bajo el que se encubren interpretaciones gremiales de su activismo, que no se desea al alcance de los otros mortales para examen o juicio crítico.

El desacuerdo como sistema 

Tras lo acontecido en el TC, la COVID-19 ha evidenciado otras cuestiones. La principal, que, pese a la difícil coyuntura pandémica y las crisis que ha acarreado a los ciudadanos, hay personas y grupos que no aprovechan la excepcionalidad  para facilitar la vida a los demás, sino para aumentar el enfado y el desacuerdo. Pedagógicamente, es una actitud mortal para cualquier ansia de convivencia que se pueda albergar; hace peligrar los pactos principales y propicia el mal ejemplo a cuantos, en su vida cotidiana, lo tienen complicado para salir adelante. Los bizantinismos –por muy puros que puedan parecer- también siembran el odio: Steiner menciona el “odium philologicum” que algunos intelectuales despliegan contra cuantos discrepan de sus disquisiciones; los filólogos suelen ser muy escrupulosos –y de ahí el apelativo-, pero a poco que se revisen notas a pie de página de muchos libros, revistas académicas y críticas literarias, no es difícil advertir que es una actitud demasiado frecuente. 

No es exactamente una novedad de esta pandemia, pero parece estarse imponiendo en estos tiempos como fórmula de acción política y, en muchas ocasiones puede seguirse perfectamente en los medios, como si lo relevante fuese sostener en el ambiente una tensión sin la cual sus promotores no serían nadie. Administran la bronca permanente, cierta violencia ambiental y una moda más o menos retadora ante los demás; es la pugna al estilo de las películas del Oeste o de algunas en que un futuro distópico se hubiera impuesto y habría que tratar de sobrevivir a cuenta de lo que sea, como si en pleno individualismo cada cual tuviera cancha para imponer sus reglas y cambiarlas a su libre albedrío. 

Subsidiarios 

Es vergonzoso que la Covid-19 esté siendo ocasión para enfrentar  los intereses particulares de cada Comunidad o contra el Gobierno central; y es lástima que por los posibles costes políticos, estemos creando una selva inexcrutable de decisiones, como lo es que normas supuestamente pensadas para tratar de unir en igualdad a unos y otros, sean retocadas para que la desunión se fortalezca. De todo ese bagaje amarillo creciente, propicio para el desencuentro, puede servir como estrella luminosa el blindaje que la Comunidad de Madrid acaba de adoptar para preservar la supuesta “libertad de elección de centro” para dar  cancha libre a los colegios privados. ¿Es que la enseñanza y la sanidad pública han de seguir siendo subsidiarias? Resulta, sin embargo,  que no era este el sentido de una sociedad agrupada en torno a unos valores a compartir. Hete aquí, además, que el sistema educativo había nacido como derecho universal para expandir aquellos principios valiosos para todos. 

www.mundiario.com

viernes, 23 de julio de 2021

Y ahora la Red Pública de Orientación (comunicado del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid. 19-7-2021)

 El Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid nos envía este comunicado:


Fuente: areaeducacionpodemoscmadrid.blogspot.com

«En 4 o 5 años podríamos tener a toda la población de 0 a 3 escolarizada» (Pablo Gutiérrez del Álamo para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica este reportaje





Hablamos con la investigadora Cristina Castellanos quien, junto a Ana Carolina Perondi, realizó una investigación sobre el coste y la posibilidad de universalización del 0-3. Con una inversión total de 6.800 millones, en un lustro, podría cubrirte la totalidad de la demandas de plazas en este ciclo, entre 800.000 y 900.000. Unas cifras muy superiores a las anunciadas por el Ministerio en relación a las inversiones que llegarán de la UE y de las que se invertirán 670 millones para la creación de 60.000 plazas. Castellanos y Perondi plantearon un sistema como el sueco: universal, público, gratuito y de calidad. Asegura que es factible, como lo ha sido el aumento de 16 semanas del permiso de paternidad.


spaña tiene una de las tasas de escolarización en educación infantil de segundo ciclo, el 3-6 años, más altas del continente. Prácticamente del 100% por todo el país. Una etapa no obligatoria que desde hace ya tiempo es gratuita y que ha conseguido unos muy buenos resultados. Pero todavía queda camino por recorrer, al menos, en lo que respecta a su «hermano pequeño», el primer ciclo de 0-3 años.

Existen grandes diferencias dentro de este mismo ciclo, entre las criaturas menores de un año y las de 2 o 3. En algunas comunidades autónomas, los centros públicos de infantil y primaria ya han abierto aulas para los 2 años. Los concertados vienen haciéndolo desde hace ya años. Pero existe un importante déficit en la oferta pública de plazas en las edades inferiores. Históricamente se ha dicho que resulta una etapa muy cara para las administraciones porque las ratios son muy bajas en estas edades. Pero, aunque se dice que es caro, no existen cifras oficiales al respecto.

Sí existe un estudio elaborado hace tres años por Cristina Castellanos y Ana Carolina Perondi, para el Instituto de Estudios Fiscales. Un documento que realiza un extenso estudio sobre el coste de estas plazas, tanto a nivel individual como global y que concluye, en palabras de Castellanos, «que no es tan cara» la plaza. Según las cifras que manejaron para hacer este trabajo, la inversión es de entre 5.000 y 6.000 euros al año por cada niña y cada niño. Aunque los cálculos se realizaron sobre cifras de 2017, tras una reciente revisión a finales del año pasado, la situación no ha cambiado sustancialmente, asegura Castellanos.

Según palabras de esta profesora de Economía de la UNED e investigadora, es la primera vez que se ha realizado este cálculo en España. La primera porque, entre otras cosas, acceder a los datos es toda una gincana. No existe estadística pública desagregada por ciclos en infantil y tan solo dos comunidades autónomas, País Vasco y Andalucía, dan información pormenorizada. Para Castellanos, la falta de información estadística denota el grado en el que las administraciones central y autonómicas están comprometidas con este ciclo. «Lo que no se visibiliza, lo que no se contabiliza no existe. Si no se hace es que no hay prioridad política clara», asegura.

Para hacer el cálculo, entre otras cosas, analizaron una buena cantidad de licitaciones públicas de escuelas infantiles para ver los gastos en personal, en mantenimiento, suministros, etc. de estas centros. También las cifras de los presupuestos generales de País Vasco y Andalucía. Y, en su momento, pudieron comparar resultados con los investigadores que en aquel momento estaban elaborando un informe similar para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que, cuenta Castellanos, nunca ha visto la luz.
Universalizar

Las investigadoras, además de realizar este cálculo del coste del puesto escolar por año, elaboraron un proyecto para la universalización de todo el ciclo de entre cuatro y cinco años. Con una inversión total de 6.800 millones de euros, entre 800 y 900 millones al año. Hoy por hoy se está invirtiendo, explica Castellanos, unos 2.500 millones anuales en el 0-3. Además, su propuesta se basa en el modelo que impuso Suecia en ya en los años 70, 100% público.

Charlamos con ella sobre algunos de los detalles de aquel informe y del paper que publicó a principios de este año, a modo de resumen y de actualización de algunas de las cifras y sobre ciertos aspectos del proyecto de universalización anunciado por el Gobierno de coalición (absolutamente insuficientes a su modo de ver).

El Gobierno tiene entre sus objetivos la extensión del ciclo y hace un par de meses, en el marco del proyecto de recuperación de la Unión Europea, anunció la inversión de 670 millones de euros para la creación de 60.000 plazas escolares para esta etapa.

Castellanos calcula que faltan entre 800.000 y 900.000 plazas en total. El proyecto del Gobierno se queda muy por debajo. «No llega ni a un 10%. Necesitamos duplicar lo que hay ahora mismo, un incremento relevante» y, más, teniendo en cuenta el dinero que está previsto que llegue de la Unión Europea en los próximos años. Pone de ejemplo, de hecho, los 3.600 millones que llegarán para digitalización a España desde la UE. «Con la mitad cubrirías dos etapas de nuestra propuesta».

De media, hoy por hoy, se está escolarizando en esta etapa al 40% de las criaturas con grandes diferencias entre sus edades. Las investigadoras proponen llegar a una tasa de escolarización del 90% para las y los niños de 1 año y del 33% para las criaturas menores. Esto es lo que costaría, en el plazo de cinco años, menos de 7.000 millones de euros.

Los cálculos los han realizado teniendo en cuenta una gran cantidad de variables. Para empezar, la mejora de las condiciones salariales de las profesionales, tanto de las maestras como de las técnicas superiores, cuyos salarios son muy bajas como vienen denunciando todo tipo de colectivos y sindicatos desde hace años.

También se tuvo en cuenta que entraría en vigor la reforma de los permisos de maternidad y paternidad, de manera que los primeros ocho meses de vida sería posible que una criatura permaneciese al cuidado de alguno de sus progenitores. De esta forma, la escolarización podría realizarse justo después.

Para Castellanos, además, es importante que el sistema sea público. «Apostamos por un sistema público porque entendemos que es la forma de que sea universal, en tanto en cuanto se garantizan unos estándares de calidad; al ser público, como la sanidad, indica que todas las personas tienen derecho, acceso y posibilidad». Esto no quita para que quien quiera acudir a un centro privado lo haga, asegura la investigadora. Pero ha de garantizarse una plaza pública posible para todas y todos.

Eso sí, apunta, «en las CCAA que se apuesta más por la concertada y la privada, se observan algunas deficiencias, digamos, en la asignación y en cómo se generan algunos guetos y efectos no deseados al apostar por ciertos tipos de educación».

Desde su punto de vista y teniendo en cuenta los datos disponibles, «digamos que el derecho a la educación de 0-3 está centrado en los hijos y las hijas de la clase media». Cuando se estudian los datos de las comunidades autónomas se ve una falta de plazas públicas de 0-3 que, además, «tampoco llegan a los grupos más vulnerables» porque se establecen sistemas de copago que lo hacen imposible.

Según la investigadora, además, correría de parte del Ministerio hacer la legislación básica para que, al menos, hubiera unas condiciones mínimas comunes en todo el territorio dado que la educación es una competencia transferida en la que, además, también tienen mano las entidades locales.
Beneficios

Los beneficios de la escolarización en educación infantil ya no pueden discutirse. Hace décadas que todo tipo de organismos internacionales hablan de su impacto en la cohesión y la igualdad de oportunidades, en la calidad de la vida escolar de cada persona, en la mejora de los resultados a lo largo del tiempo. Eso sí, el servicio educativo ha de ser de calidad.

Castellanos y Perondi, como economistas que son, y expertas en políticas de igualdad de género, también señalan importantes beneficios en la esfera económica. De hecho, parte del estudio habla de los retornos que supondría la universalización. Aunque cifren un aumento de 4.500 millones de euros sobre lo que se invierte hoy, calculan que se generarían miles de puesto de trabajo (como mínimo, unos 100.000) y, con ellos, un aumento millonario en las arcas de la Seguridad Social y de Hacienda.

Además, si el sistema universal fuera público, los más de 1.600 millones que calculan que las familias están gastando hoy por hoy en la escolarización en centros privados de 0-3, acabarían en otros sectores de la economía.

Y no hay que olvidar lo que podría suponer para la relación de las mujeres y el mercado de trabajo. Según dice Castellanos, existe un consenso absoluto en la relación entre la escolarización en los primeros años de la vida de los hijos y el acceso y mantenimiento en los puestos de trabajo de sus madres. De esta forma, la universalización del 0-3 traería de la mano una serie de beneficios económicos indirectos a la educación (difíciles de cuantificar, asegura la investigadora) que también calculan en miles de millones y que tendrían relación directa con la posibilidad de que las madres accedieran al mercado de trabajo, tuvieran jornadas reducidas o pudiesen ascender en sus puestos.
Sistema sueco

La comparación con los países nórdicos y sus sistemas educativos parace un mantra continuo en España, además de una quimera social, cultural y presupuestaria. Suecia y, sobre todo, Finlandia siguen siendo esos lugares a los que miramos con envidia cuando llegan los resultados de PISA. Aunque las comparaciones son odiosas y, en no pocos casos, imposibles, para Castellanos, en el caso del proyecto de universalización de la educación infantil pública de calidad, no lo es.

Haciendo un resumen enorme, Castellanos asegura que «Suecia era una economía que no era boyante en los 70. una economía que apostó porque la igualdad de género fuera transversal, por la independencia económica de todas las personas en todo su ciclo vital. Se planteó qué políticas públicas tenían que ponerse como pilares. La educación fue una de ellas».

Para esta investigadora, a veces hay objetivos que parece imposibles, pero una vez que se priorizan, se consiguen. Está el caso sueco y, explica, en Espñaa podríamos pensar lo mismo de lo que ha ocurrido con los permisos de paternidad, que han pasado de unos pocos días a 16 semanas. «Se decía que aquí sería implanteable. Ahora son iguales (los permisos de mujeres y hombres)».

Para ella hay dos factores relevantes que hacen posible el cambio hacia este modelo sueco: «La inversión en términos económicos es posible y la demanda social está».

jueves, 22 de julio de 2021

Comunicado la Ilustración X la Educación Pública



 

Puedes descargar el comunicado en PDF aquí

Corsarios neoliberales: capitalismo EdTech en la educación pública (Enrique Díez para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

Reproducimos este artículo publicado en ELDIARIODELAEDUCACION.ORG 





“¡Solo queda un mes y ya somos más de 15.000 asistentes! Batiendo récords de inscripciones”. Así me llegó por correo electrónico el anuncio de la convocatoria para el encuentro “Virtual Educa Connect” denominado “Reset Educativo: Ecosistemas Digitales para el Desarrollo Humano”. Encuentro virtual con sesiones sobre Edtech centradas en “innovación en educación”, “nuevos contextos y demandas educativas”, “iniciativas de impacto”, etc. y destinado a los “educadores del siglo XXI” tras el coronavirus, con el fin de “revolucionar” la educación.

Los títulos de las conferencias eran significativos: “El modelo Flipped Learning como base para el sistema educativo mixto pospandemia”, del ministro de Educación de la Provincia de Misiones, Argentina; “Be TalentSTEAM” del director General de la Fundación Altran para la Innovación; “Soft Skills, habilidades y competencias para afrontar la Cuarta Revolución Industrial (4RI)”, de la vicerrectora Académica Nacional de Areandina; “O-City.org: Impulsando la Economía Naranja a través de la Educación”, del director de la Cátedra de la Innovación de la UPV o “El papel de las aceleradoras en la innovación digital de ámbito educativo: como apoyar e impulsar las startups”, del director de SEK Lab Edtech Accelerator.

En este encuentro, explican, se aborda cómo aplicar al ámbito educativo la Inteligencia artificial (AI) y Big Data, el Internet de las Cosas (IoT), las Cadena de bloques (Block Chain) o la computación en la Nube (Cloud Computing). Está auspiciado por Microsoft, Pearson, Intel, IE Business School, el Banco Mundial, la OCDE y muchos de los grandes del partenariado corporativo en el ámbito educativo.

Este puede ser uno de los múltiples ejemplos que florecen como los campos en primavera, en estos tiempos de pandemia y confinamiento. La educación digital se vende como la “nueva salvación” por los gurús de la EdTech a raíz de la COVID-19. El Big Data, la Inteligencia Artificial, las plataformas digitales y la nube nos traerán la modernización de una educación anclada en el siglo pasado, proclaman en este reeditado “relato salvador” del solucionismo tecnológico como panacea para la educación. Los grandes patrocinadores de la EdTech¹ están impulsando así su asalto definitivo a la educación, impulsando una gobernanza híbrida que proclama la imperiosa necesidad de la colaboración público-privada para gestionar la educación del futuro.

Vemos así cómo los datos digitales, el código y los algoritmos del software se mezclan con determinadas agendas políticas relacionadas con la gobernanza educativa, intereses comerciales de grandes conglomerados, ambiciones empresariales de fondos de capital riesgo y objetivos de negocios con marketing filantrópico, que destinan ingentes cantidades de inversión económica para crear nuevas formas de entender e imaginar la educación e intervenir en ella, como si fuera un nuevo nicho de mercado y de expansión del capitalismo (Fleming, 2016; Haddad & Reckhow, 2018). Si en sus manos están ya los medios informales de construcción del pensamiento colectivo (Netflix, Walt Disney, Fox, MTV, etc.) se trata de controlar también los medios formales de socialización de las futuras generaciones y explotar un gran negocio que mueve muchos miles de millones de dólares anuales².

El nuevo eslogan neoliberal en la gestión educativa reza así: “La nueva política sigue la innovación privada en la gestión de lo público”. Privatización vestida de innovación. Es la reedición del clásico partenariado o gestión conjunta pública-privada, donde el sector público se acaba convirtiendo en nicho de extracción y obtención de beneficio del sector privado. Pero que ahora, en este relato postmoderno reeditado, se le remoza y se le da una capa de barniz, planteando que de lo que se trata es de tomar las decisiones “conjuntamente”, orientar las políticas y decisiones de lo público desde los “principios innovadores de lo privado”, con la participación directa de los adalides “cualificados” de la sociedad civil, los nuevos filántropos del capitalismo (mecenas, bancos, fundaciones, fondos de capital riesgo…) que ya probaron su valía triunfando en la gestión del capitalismo y ahora quieren y exigen aplicar sus recetas en lo público y orientar su gestión adecuadamente.

Lo hemos comprobado incluso en la nueva ley educativa, la Lomloe. El artículo 122 promulga que los centros públicos podrán “obtener recursos complementarios”. Este punto supone la posibilidad de captación de fondos privados “complementarios” para la educación pública, dando por supuesto la infrafinanciación pública de los centros educativos. Abre así la puerta a los patrocinios, el partenariado, los sponsors, la “colaboración público-privada”, para convertir la educación en un espacio de negocio de una nueva gestión híbrida público-privada bajo el control de una supuesta “innovadora” tecnología digital educativa controlada por la Big Tech.

De hecho, la Ley Celaá consigna lo que ya ocurre de facto, mediante acuerdos de colaboración, con La Caixa, la Fundación Bofill o, recientemente, Amazon. Es más, no contempla en ningún momento mecanismos para frenar a la Big Tech o GAFAM, los gigantes tecnológicos norteamericanos, como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft que han invadido con sus plataformas todo el espacio público educativo. Se está dejando en manos de estas plataformas hegemónicas la información del alumnado, la extracción masiva de sus datos (el oro blanco del siglo XXI). Dejando morir las plataformas de código abierto y públicas construidas por el profesorado y las comunidades educativas como Guadalinex o la de Extremadura.


Para “asaltar los cielos” habría que empezar por socializar la nube y desarrollar infraestructuras digitales públicas

El capitalismo digital quiere el control y el dominio de las últimas fronteras de lo público que le quedan por conquistar: nuestra información en forma de datos para predecir comportamientos, un bien común y esencial. Datos que extraen y venden las Big Tech, terratenientes neofeudales de la nueva economía digital que siguen con la centenaria lógica extractivista, capitalista y colonial de extraer y acumular el oro del siglo XXI (nuestra información) y que se están haciendo con el control de nuestra soberanía digital.

El negocio somos nosotros: extraer información del alumnado, con el fin de convertir los colegios en una fábrica de datos e información comercializable sobre unos clientes presentes y futuros a los que se quiere fidelizar. La era digital se ha convertido así en otro capítulo más de la historia del capitalismo, que ha mercantilizado con afán de lucro la experiencia humana traduciendo los comportamientos a datos para, a partir de ellos, realizar predicciones que se compran y se venden.

Por eso, para “asaltar los cielos” habría que empezar por socializar la nube y desarrollar infraestructuras digitales públicas, es decir, poner en manos del común los nuevos medios de producción digital, que diría el viejo Marx, para avanzar hacia la “socialización de los datos” como bien público y hacia la democracia digital. Si Internet es esencial para muchas cosas en nuestras vidas, como lo es claramente, ¿no debería tratarse como un bien común de utilidad pública sin fines de lucro? Es decir, debemos avanzar hacia el postcapitalismo o socialismo digital que proponen Mason o Morozov. Y la educación tiene un papel crucial en ello.

Este es un extracto del artículo recientemente publicado en la Revista Foro de Educación al que se puede acceder libremente en este enlace: Gobernanza híbrida digital y Capitalismo EdTech: la crisis del COVID-19 como amenaza (2021).
Notas

¹ EdTech UK fue impulsado por Boris Johnson, entonces alcalde de Londres y actual primer ministro Británico, con la ayuda del Ministerio de Economía y una coalición privada de empresas del sector tecnológico, para “contribuir a acelerar el crecimiento del sector de la tecnología educativa del Reino Unido” asegura extraordinarios beneficios en un “mercado amplio y rentable”. Fue constituido por la Education Foundation, think thank que colabora con el Departamento de Educación y la Secretaría de Estado de Educación, y desarrolla una red de asociaciones corporativas con Facebook, IBM, Pearson, HP, Randstad Education, Cambridge University Press, McKinsey, Skype, Sony, Google y Samsung.

² El sector «edTech» alcanzará los 10 billones de euros en 2030. En 2018, ya marcó un récord: 8.200 millones, en comparación con los 1.400 millones invertidos en 2014, según un informe de Barclays sobre la EdTech (García, 2019).

¡VICTORIA! Luchar por un barrio mejor tiene recompensa (Greenpeace)

Reproducimos esta información de GREENPEACE.ORG


Un pequeño colegio frente a la gran multinacional Iberdrola y al Ayuntamiento de Madrid, y un barrio entero contra los macroparkings del mismo Ayuntamiento. Dos historias diferentes que tienen mucho en común, además de lo mejor: ¡que han ganado!

Estamos hartas de ver en nuestras ciudades cosas que no nos gustan: aceras estrechas, calles pensadas solo para los coches, falta de verde urbano o, como en estos casos, espacios vacíos que podrían usarse para mejorar la sostenibilidad y los servicios públicos pero que iban ser destinados para otro fin: coches, coches, coches.

CASO 1: EL COLEGIO JUAN ZARAGÜETA

El Colegio Público Juan Zaragüeta, ubicado en el distrito de Hortaleza, ha visto en sus cincuenta años de existencia cómo se iba rodeando de autopistas, un parque empresarial y hasta una cementera, cuyas hormigoneras no dejan de pasar esparciendo polvo y humo alrededor del colegio. Únicamente les quedaba una parcela libre junto al patio calificada de uso deportivo.

Siempre soñaron que algún día esa parcela podría acondicionarse para ser utilizada por el cole. Pero hace casi un año comprobaron con gran disgusto que las obras que se iniciaron en ella no eran para ampliar el patio o para hacer una zona deportiva, sino para convertirla en un aparcamiento privado para parte de los empleados de la cercana sede de Iberdrola. El Ayuntamiento había pactado con Iberdrola la cesión de un terreno público para este fin por cuatro años.

Así empezó la lucha de este AMPA para recuperar el espacio que tanto necesitaban. En plena pandemia, mientras en los recreos los niños y niñas se hacinaban en pequeñas parcelas delimitadas en el patio, más de 200 vehículos aparcaban día a día en la parcela que les habían prometido. Tras once meses de lucha, el 15 de Julio el Ayuntamiento ha clausurado el aparcamiento y ha recuperado el terreno, asegurándoles que en breve comenzarán las obras para revertir la situación. Aunque Iberdrola se ha agarrado a ese espacio con uñas y dientes, al final han logrado el cierre del parking con apoyo del barrio y una multitud de asociaciones, como Greenpeace.

Fotos del espacio que corresponden al colegio Juan Zaragüeta, pero que se ha estado utilizando como parking desde 2020.

Fotos del espacio que corresponden al colegio Juan Zaragüeta, pero que se ha estado utilizando como parking desde 2020.

CASO 2: EL VECINDARIO CONTRA EL MACROPARKING DE MAR DE CRISTAL

A poca distancia, en el mismo distrito de Hortaleza de Madrid, la Plataforma contra el Parking de Mar de Cristal se oponía a un modelo de ciudad insostenible donde el espacio sea acaparado por los coches. El objetivo de esta plataforma, formada por una veintena de asociaciones vecinales, culturales, deportivas, juveniles y Ampas del distrito, era frenar la construcción de un macroparking en una de las pocas parcelas vacías del barrio, un espacio que querían que se convirtiese en una biblioteca.

Bajo la propaganda del Plan Madrid 360 (un plan todavía sin aprobar y que no cuenta con el visto bueno de la Unión Europea) el Ayuntamiento de Madrid planteaba construir hasta 8 aparcamientos disuasorios en los barrios de la periferia. La primera impresión es que estos aparcamientos sirven para reducir el tráfico. Pero al estar tan metidos en la ciudad, solo consiguen animar a más personas para que se desplacen en coche a Madrid, aumentando la contaminación en unos barrios periféricos donde ya vive gente. Una gente que verá cómo sus calles se llenan con coches de fuera en lugar de dedicar ese espacio a equipamientos para el barrio, como más espacios verdes o más servicios públicos.

La oposición al macroparking de Mar de Cristal se replicaba en cada barrio con un proyecto similar, como Tres Olivos, Aravaca o Avenida de la Aviación. Lugares que estaban viendo como el Ayuntamiento pasaba por alto las necesidades del barrio para poner más asfalto en unas zonas que necesitan todo lo contrario.

Tras más de un año de protestas, reuniones y hasta una petición al Parlamento Europeo, el Ayuntamiento ha paralizado todos los proyectos pendientes para evaluar de nuevo su eficacia.

Manifestación de los vecinos del barrio de Hortaleza, en Madrid, para reclamar la apertura de una biblioteca en lugar de un macroparking

Manifestación de los vecinos del barrio de Hortaleza, en Madrid, para reclamar la apertura de una biblioteca en lugar de un macroparking

¿Tú también quieres un barrio mejor? No esperes más y ¡únete a los movimientos de tu barrio!
Ante el pasotismo, la lentitud, o la inacción de los responsables políticos de tu ciudad, ¿a qué esperas para denunciar y exigir los cambios necesarios para transformar tu distrito, tu ciudad o tu pueblo? Únete a los movimientos sociales y asociaciones vecinales para reclamar más y mejores espacios públicos. Así, tu barrio mejorará su sostenibilidad y su calidad de vida, ¡tu calidad de vida!

Aquí te dejamos una serie de demandas que pueden ayudarte a pedirle a tu alcalde o a tu alcaldesa que #REinvente tu ciudad, tu barrio, tu pueblo, y di NO a los macroparkings.

 

Alba García Rodríguez
Adrián Fernández
Grupo de voluntariado de Greenpeace Madrid
AMPA del Colegio Juan Zaragüeta