jueves, 22 de abril de 2021

4.727 euros o la educación como negocio (Jesús Maraña para INFOLIBRE.ES)

Reproducimos este artículo publicado en INFOLIBRE.ES

Una cifra aislada, sin apellidos y sin contexto, nos dice entre poco y nada. Madrid dedica 4.727 euros a cada estudiante no universitario en la enseñanza pública. ¿Es poco? ¿Suficiente? ¿Demasiado? Para entendernos, es la comunidad que menos gasta por alumno, a pesar de ser la más rica de España en PIB (ver aquí). Mil euros por debajo de la media nacional, que está en 5.779 euros según las últimas estadísticas (que diría Dámaso Alonso).

El primer apellido de este número aislado se llama "concertada". Ahí sí que han demostrado músculo los gobiernos conservadores madrileños de los últimos 25 años. Si el "gasto" (ojalá lo creyeran inversión) total en educación ha subido entre 2009 y 2019 un raquítico 1,3%, los recursos públicos dedicados a los colegios concertados y las subvenciones a los privados han crecido un 26,6%. Para alegría de la Iglesia católica y sus organizaciones religiosas, propietarias de una cuota importante de los conciertos (ver aquí).

El segundo apellido es "negocio". Desde primaria hasta la universidad y más allá. Cuando dicen "libertad" se refieren de facto a su libertad para exprimir hasta el último euro del presupuesto común para beneficios privados. ¿Cómo si no se justifica que Madrid acumule más de un tercio de las universidades privadas de toda España, camino de duplicar el número de centros públicos? En este año y medio de legislatura, el único proyecto de ley en materia de enseñanza llevado por Ayuso a la Asamblea, y aprobado en lectura única (a toda prisa) con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, es el que adjudica otra licencia más para otorgar títulos universitarios, ahora a beneficio de una empresa del Grupo Planeta de Agostini. "Maldita la gota que se desperdicie", que diría el Lazarillo.

 

La Comunidad se desentiende de los niños de la Cañada que viven sin luz: recomienda a los colegios comprarles “tarjeta móvil de datos” (Pablo 'Pampa' Sainz para ELSALTODIARIO.COM)

 Reproducimos esta información de ELSALTODIARIO.COM


Dos meses después de que más de cuatrocientos docentes escribieran a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid solicitando una mediación para restituir el suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana y así “asegurar el derecho a la educación” de las niñas y niños afectados por el corte de luz, el consejero Enrique Ossorio Crespo ha respondido desentendiéndose de cualquier responsabilidad y dictando algunas “recomendaciones” para que sigan siendo los centros educativos los que asuman la delicada situación.

Casi como si no corriera prisa, Ossorio se ha tomado más de sesenta días para responder a una plantilla docente que ha tenido que extremar sus recursos e ideas para solventar una situación inédita, que una parte importante de su alumnado tenga que vivir —hace ahora seis meses— sin energía eléctrica en sus hogares. La carta ha sido recibida por la dirección de los colegios a donde asiste alumnado que reside en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, afectados desde hace seis meses por la falta de energía.

En respuesta a la carta de más de cuatrocientos profesores para pedirle una mediación por la infancia de la Cañada Real, Enrique Ossorio les sugiere que compren y presten tarjetas móvil de datos

“Quiero agradecerles todas las actuaciones desarrolladas que han favorecido el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta situación crítica, minimizando, en la medida de lo posible, los efectos que ha causado la interrupción del suministro eléctrico en este entorno madrileño de la Cañada Real Galiana. Somos conscientes de que los centros han respondido con entrega a estas dificultades, dentro de las posibilidades que les otorga su autonomía organizativa y metodológica”, ha respondido el consejero sin hacer mención al problema de fondo: que 4.500 personas, entre ellas 1.812 menores de edad, se están viendo obligadas a vivir sin luz por el corte producido el 2 de octubre de 2020.

En el escrito presentado el 9 de febrero por el claustro docente de una veintena de centros de educación primaria y secundaria ubicados en los distritos de Vicálvaro, Villa de Vallecas, y del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, se denunciaba que no se estaba respetando “el interés superior del menor” y que a consecuencia de la situación temían “por la seguridad y salud de estos niños por los problemas de habitabilidad que presentan sus hogares”.

“Actualmente habitan en una zona marginal comparable a la de los campos de refugiados, que no les permite tener una educación cerca de sus viviendas, a pesar de vivir tan solo a 10 kilómetros de la capital de España, y donde carecen de los servicios básicos (imposibilidad de acceso al agua caliente impidiendo el aseo diario, dificultad para realizar la colada conllevando la falta de higiene y apariencia adecuada, falta de una alimentación equilibrada, falta de calefacción generando casos de hipotermia, etc.)”. denunciaba el profesorado en el documento firmado.

Enrique Ossorio, pese a que la Consejería de Educación y Juventud participa en la Comisión de Trabajo Social del Comité Ejecutivo de la Cañada Real Galiana, solo admite que desde su área han “estado analizando las consecuencias de la interrupción del suministro eléctrico”, pero no da ninguna respuesta ni especifica ninguna actuación que pudiera beneficiar la educación de los menores.

En tal sentido se limita a puntualizar cinco recomendaciones en las que destacan priorizar tutorías, habilitar zonas para que el alumnado pueda recargar sus dispositivos electrónicos y reorganizar clases “con el objeto de que los escolares que tienen problemas para conectarse telemáticamente desde sus casas, puedan hacer efectivo el proceso de enseñanza aprendizaje”.

La más singular, la que invita a “facilitar los medios materiales a su alcance para mitigar la situación de desventaja, como por ejemplo la adquisición y préstamo de tarjeta móvil de datos”.

Un concejal del PP en Madrid, sobre la Revuelta Escolar: "Lo único que persiguen es agitar y hacer ruido" (Diego Casado para ELDIARIO.ES)

 ELDIARIO.ES publica esta noticia


La Revuelta Escolar se coló ayer en el pleno de la Junta de Chamberí, donde protagonizó tres de los puntos del orden del día. El movimiento de familias que reclaman entornos de colegios más seguros y menos contaminados fue objeto de debate de los grupos políticos, que mostraron sus adhesiones o reticencias hacia esta movilización.

El más vehemente fue el concejal de distrito, Javier Ramírez, en respuesta a una pregunta de Más Madrid en la que solicitaba saber si tenía previsto alguna actuación en el entorno de los colegios participantes en la Revuelta Escolar. "¿Cuál son las demandas de este colectivo, porque yo las desconozco", respondió el edil del PP. "Nunca se han dirigido a esta Junta Municipal hasta la semana pasada, que han solicitado una reunión". Ramírez aseguró también que "lo poco que conozco es lo que aparece en su página web, no aporta ningún tipo de información, ni de propuestas, sino que animan únicamente a cortar el tráfico cada dos viernes a la salida de los centros escolares".

Después, el representante político cargó duramente contra las familias que promueven las reivindicaciones: "Lo único que persiguen es agitar y hacer ruido, no presentan ninguna propuesta y no tienen intención alguna de colaborar con la consecución conjunta de accesos seguros en los centros educativos". El concejal añadió que para el equipo de gobierno es "una prioridad mejorar la seguridad en el acceso a los colegios y anunció que el Ayuntamiento "va a acometer nuevas actuaciones en el espacio público frente a tres colegios en este año".

Las declaraciones de Ramírez llegan dos días después de que el movimiento hiciese públicas todas sus demandas en Madrid a través de un manifiesto firmado por 30 AMPAS y AFAS de colegios de la capital, además de 40 asociaciones. En el texto, disponible en su página web, se reclaman acciones concretas como rebajar a 20 km/h la velocidad de paso de los coches en las cercanías de los centros escolares, convertir sus accesos en “áreas estanciales", restringir el acceso de vehículos motorizados en entradas y salidas, limitar los ruidos o la contaminación, entre otras propuestas.

Seis cortes de calles en Chamberí este viernes

Durante el pleno de la Junta del Chamberí también se discutieron dos propuestas de PSOE y Vox para habilitar cortes de tráfico para las entradas y salidas del alumnado en el caso de los primeros y zonas de subida y bajada que solicitaron los segundos. El partido de Abascal también cuestionó las concentraciones de las familias y preguntó al concejal si cuentan con el permiso pertinente, para lo que Ramírez remitió a la Delegación del Gobierno, responsable de otorgar las autorizaciones.

El debate fue el preludio de una nueva jornada de movilizaciones para la Revuelta Escolar, la cuarta que acoge Madrid. Se celebrará este viernes y en Chamberí participarán los niños y niñas de seis centros escolares, que tomarán las calzadas frente a sus colegios para celebrar juegos y actividades relacionadas con el Día del Libro. Serán los siguientes:

  • Fernando el Católico: Vallehermoso (entre Fernando el Católico y Fernández de los Ríos)
  • Asunción Rincón: Filipinas 5, esquina Jesús Maestro
  • Rufino Blanco: General Álvarez de Castro, 10
  • Claudio Moyano: Vallehermoso (entre Cea Bermúdez y Galería de Vallehermoso)
  • Decroly: Guzmán el Bueno 60
  • San Cristóbal: Bravo Murillo (entre Canal y Donoso Cortés)

Millones de docentes piden a los gobiernos del mundo dar prioridad a la educación climática de calidad (Francisco García, Kathleen Rogers y David Edwards para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

 ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica este artículo


Los gobiernos de todo el mundo están subestimando dos de las herramientas más poderosas en la lucha contra el cambio climático y la creación de sociedades justas y sostenibles: el profesorado y el alumnado.

Si la humanidad pretende desde hoy evitar las peores consecuencias del calentamiento global y hacer progresar rápidamente las economías verdes, limpias y sostenibles del mañana, tiene que empezar por la escuela.

Ya en 1992, cuando las naciones se unieron para firmar el primer acuerdo climático de la ONU, los líderes mundiales pusieron de relieve que la educación debía ser parte de la respuesta.

Actualmente demasiadas escuelas en todo el mundo siguen estando casi al margen de ese plan audaz y visionario, a pesar de los esfuerzos de muchos docentes y organizaciones para cubrir las lagunas provocadas por los gobiernos.
Un informe reciente, elaborado por el grupo de jóvenes Teach the Future, reveló que el 70 % de las y los docentes en el Reino Unido, país anfitrión de la próxima conferencia climática de la ONU, sentía que no había recibido la formación adecuada para enseñar sobre el cambio climático.

Se trata de hallazgos que podrían haberse producido en casi cualquier país del mundo: las y los jóvenes explican que, si acaso el cambio climático se aborda, suele ser de manera superficial o aislada en una clase de Ciencia o de Geografía.

Dado que la amenaza climática se ha transformado ahora en una emergencia climática que afecta a todos los aspectos de la vida y que el margen para revertir los daños se acorta rápidamente, la importancia de la educación climática es un tema de urgencia y responsabilidad nacional e internacional.

De hecho, los científicos han concluido recientemente que, sin una educación climática de calidad, las posibilidades de cumplir los límites de seguridad del Acuerdo Climático de París de 2015 seguirán siendo una esperanza lejana en lugar de una realidad certera.

Mientras tanto, la esperanza de crear economías verdes y sostenibles y nuevos empleos con salarios dignos se verá frustrada, puesto que estos dependen de las competencias, del conocimiento y del entusiasmo que fomenta la educación de calidad.

En vísperas de la Cumbre de Líderes sobre el Clima del 22 de abril –Día de la Tierra–, liderada por Joe Biden, presidente de Estados Unidos, la IE ha convocado a más de 32,5 millones de docentes provenientes de 178 países para celebrar su propia Cumbre Mundial de la Educación (Educar por el planeta con el fin de decir ¡ya basta!) y dirigir el cambio hacia el futuro sostenible que todos y todas necesitamos para sobrevivir.

La Internacional de la Educación, FECCOO y EARTHDAY.ORG apoyamos plenamente la idea de que la lucha contra el cambio climático debe tener rostro educativo y voz docente en todos los rincones del planeta.

Las y los docentes de todo el mundo no solo cuentan con el apoyo de los demás educadores, sino también con el de millones de jóvenes que se están movilizando para el cambio. La sociedad también respalda una mayor ambición en la educación climática.

La educación de calidad sobre el cambio climático debe incluir conocimientos sobre el clima, educación técnica y profesional, e ir acompañada de un sólido compromiso cívico.

En la Asamblea del Clima de Reino Unido celebrada el año pasado se citaron medidas importantes como gravar los vuelos de corta distancia y el reciclaje, pero la reivindicación general fue intensificar la acción a través de la educación climática y la conciencia pública.

Una encuesta en unos 80 países llevada a cabo en 2015 por el WorldWideViews reveló que la mayoría ciudadana de una diversidad de países sitúa la educación climática como su urgencia número uno a la hora de abordar el cambio climático, seguida de la protección de los bosques tropicales.

Docentes y jóvenes también forman parte de una iniciativa internacional sobre educación climática, encabezada por EARTHDAY.ORG, y que ahora engloba a más de 450 organizaciones de seis continentes.

Es hora de que los gobiernos, desde ya, y con antelación a la conferencia climática de la ONU, que se celebrará en Glasgow en noviembre, cumplan la promesa de 1992.

Es hora de que la educación climática de calidad sea una asignatura básica y obligatoria para todos y todas, y forme parte integral de los planes climáticos nacionales y de los planes de estudios de todo el mundo.

La educación de calidad sobre el cambio climático debe incluir conocimientos sobre el clima, educación técnica y profesional, e ir acompañada de un sólido compromiso cívico.

Esa es la razón por la que las organizaciones firmantes instamos a los gobiernos a que den prioridad a la educación de calidad sobre el cambio climático para todos y todas, entablen un diálogo político con los y las docentes y sus representantes sobre la política de educación climática, y se aseguren de que el personal educativo reciba el apoyo que necesita para impartir esta asignatura esencial.

El cambio climático representa el mayor desafío al que se enfrenta la juventud de hoy. Es hora de respaldar los sistemas educativos y a los y las docentes para que desarrollen su trabajo en un mundo en constante cambio.

Al hacerlo, podemos dotar a los y las jóvenes de todo el mundo de los conocimientos necesarios para prosperar, participar plenamente y convertirse en emprendedores de soluciones climáticas. Y, a su vez, lograr que sus dirigentes asuman responsabilidades para construir un futuro mejor.

martes, 20 de abril de 2021

Manifiesto "Ataque de la Comunidad de Madrid al proyecto de EEII Municipales de Getafe"

 



21-4-12: Entrega de firmas de las Escuelas Infantiles Municipales de Getafe (17:45 h, Dirección del Área Territorial Sur. C/ del Maestro de Leganés)

Difundimos estos contenidos que nos envían para dar a conocer la situación de las escuelas infantiles de Getafe



 





El milagro de Ayuso (Javier Gallego para ELDIARIO.ES)

Reproducimos este artículo de opinión de Javier Gallego para ELDIARIO.ES

Dice Ayuso, en un castellano apenas inteligible, que la vida en Madrid es muy difícil porque está todo carísimo y no nos llega ni para pagar el piso, pero que nada de eso importa demasiado porque al final del día nos podemos tomar unas cañas con nuestros amigos, con los nuestros, a la madrileña. No como el resto de españoles que están encerrados en casa bebiendo agua del grifo. Sólo le faltó decir que como en Madrid, no se tira la cerveza en ninguna parte. Del relaxing cup of café con leche al sparkling glass of cerveza espumosa. El nivel de la política se ha deteriorado tanto que se puede ganar unas elecciones apelando a las cañitas en el bar con los colegas.


No hace falta más. El mamporrero del aznarismo, Miguel Ángel Rodríguez, le ha diseñado a Ayuso una campaña con una sola idea: Madrid es el único sitio donde la gente puede seguir tomándose una caña en plena pandemia. Hemos devuelto la alegría a la gente, hemos salvado a los hosteleros y hemos hecho amistad con Francia, sin comprometer la salud de los madrileños. El milagro de Madrid es que las cañas en el bar son la vacuna que nos protege frente al virus (y frente a la precariedad, el paro, la pobreza, las colas del hambre o el problema de la vivienda). Madrid es la mejor España dentro de España, la España que no se muere ni se contagia. Madrid es la caña de España.


Pero cómo puede ser que los madrileños tengan todo abierto y la pandemia no les afecte más. Pues no puede ser y además es imposible. La propaganda miente, los datos no. Madrid es la primera comunidad en fallecimientos totales y muertos por habitante aunque es la tercera en población. Tiene 100 puntos de incidencia por encima de la media y el mayor porcentaje de fallecidos en residencias, hospitalizaciones y saturación hospitalaria. El riesgo de morir por coronavirus en Madrid es un 54% superior que el promedio del país y la tasa de letalidad es del 2,39% frente al 2,25% nacional. Gracias a la presidenta, en Madrid ha muerto más gente y el virus es más contagioso y más mortal. Ése es el milagro de Ayuso: tener los peores datos con los mayores recursos.

Echamos en falta a la cayetanía indignada, cacerola en mano y bandera al cuello, clamando contra el gobierno madrileño por arriesgar nuestras vidas y matarnos más que al resto de españoles. Por anteponer la economía a la salud. También eso es propaganda que se han tragado hasta los hosteleros. La comunidad de Madrid es la única de todo el Estado que no ha dado un solo euro a la hostelería. Ha permitido abrir con menos restricciones pero muchos hosteleros no han podido hacerlo porque era inviable sin apoyo. Por eso, Madrid está entre las regiones en las que más ha caído la riqueza en esta crisis, según datos del Banco de España. No hay milagro económico madrileño, lo que hay es turismo de borrachera y una borrachera de euros para los amigos.

Ayuso no ha dado ni una ayuda directa a la hostelería, pero se ha gastado tres veces más de lo presupuestado en las constructoras de un hospital de pandemias que no se necesitaba, según los médicos. No ha subido los sueldos ni los contratos a la Sanidad pública, pero concedió a dedo un contrato a Telepizza para dar comida basura a los niños. No ha hecho una sola ley en dos años, salvo dos por la vía de urgencia: una ley de liberalización del suelo para favorecer a los grandes del ladrillo y otra para conceder al todopoderoso grupo Planeta una universidad privada con un asignación de 14,5 millones de euros. Así se compra el favor de los medios con tu dinero. Ayuso no ha salvado la economía de todos, ha favorecido los intereses de unos pocos.

Madrid es la comunidad con el mayor producto interior bruto pero la que menos invierte en Educación y Sanidad. Tiene beneficios fiscales que son insolidarios con el resto de españoles y la presidenta aún quiere bajar más los impuestos a los que más pagan. El milagro de Ayuso consiste en empeorar los servicios públicos para mejorar los beneficios privados. El milagro de Ayuso consiste en que el suelo esté por encima del sueldo. El milagro de Ayuso es tener más muertos y menos sanitarios. El milagro de Ayuso es mandar una circular a las residencias para que no llevasen a los hospitales a los ancianos dependientes. El milagro de Ayuso es llamar "mantenidos" a las personas que van a las colas del hambre mientras mantiene al Ibex 35.

Pero nada de esto nos importa porque al final del día, nos tomamos una cerveza y brindamos. ¡Por Ayuso, que es la caña de España!

lunes, 19 de abril de 2021

Ayuso se gana al Grupo Planeta con una universidad privada y un contrato a dedo de 14,5 millones (Miguel Mora / Pilar L. González de Lara para PUBLICO.ES Y CTXT.ES)

Publicamos este reportaje elaborado y difundido por PUBLICO.ES Y CTXT.ES con licencia Creative Commons


El holding presionó sin éxito desde 2016 a Cifuentes y Garrido para obtener una licencia universitaria. En plena pandemia y contra el criterio de los expertos, la presidenta madrileña dio luz verde en 2020 al centro académico por la vía de urgencia


Mientras el neofranquismo avanza y un 30% de la población sigue en riesgo de exclusión, las cloacas mediáticas, judiciales, empresariales y políticas no descansan, y siguen trabajando a destajo “para limpiar la mierda”, según declaró el excomisario José Villarejo el día de su puesta en libertad, pocas horas después de que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, fuera cazada almorzando en su domicilio privado con dos emisarios del policía jubilado.

La sucesión de escándalos fiscales del rey emérito copaba hasta fechas recientes el goteo por entregas de Villarejo a sus medios afines; son los últimos coletazos de la inconfesable operación Salvar al Soldado Felipe VI: matar al padre a cambio de blindar la libertad del policía y empresario para garantizar su silencio sobre todo(s) lo demás.

Mientras en los juzgados esperan destino las más de 30 piezas separadas que forman el maxiproceso a Villarejo, todavía en activo como director de comunicación de las cloacas, este reportaje conjunto de Público y CTXT pone el foco en una historia en apariencia menor, de cuyas motivaciones y trasfondo real se ha hablado poco, aunque la prensa ha publicado en los últimos años numerosas noticias escandalosas sobre el asunto. 

Hablamos de la corrupción universitaria en Madrid, judicializada bajo el eufemismo Caso Máster, y que en la memoria colectiva remite al bochornoso episodio de los títulos de posgrado supuestamente tuneados y regalados por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid a algunos políticos prominentes. 

El relato va de delante hacia atrás, y arranca en el mes de noviembre de 2020. Han pasado justo cuatro años desde que, según reveló el sumario del caso Lezo, José Creuheras, sucesor de José Manuel Lara como máximo dirigente del Grupo Planeta, visitó en el otoño de 2016 a Cristina Cifuentes en su despacho de la Puerta del Sol. En ese tiempo, Cifuentes tuvo que dimitir, y Ángel Garrido, su número dos y luego sustituto en funciones, dejó finalmente paso a Isabel Díaz Ayuso, una desconocida periodista de pasado falangista, discípula de Esperanza Aguirre.

Ayuso llega en agosto de 2019 a la presidencia de la Comunidad de Madrid. De los 48 diputados que sacó Cristina Cifuentes en 2015, el PP ha pasado a 30, pero los votos de Ciudadanos y Vox, escisión ultra del PP, dejan al PSOE, que había ganado las elecciones autonómicas después de mucho tiempo, en la oposición.

En febrero de 2020 estalla la pandemia y todo se para. Madrid lidera con Bérgamo las cifras de muertos de Europa en la primera ola. Ayuso da órdenes a las residencias de mayores para que no envíen ancianos a los hospitales colapsados. Más de 20.000 ancianas y ancianos mueren sin atención, solos, sin ver a sus familias. Florentino Pérez, a quien muchos ven como el verdadero poder de la Comunidad en la sombra, recibe contratos sin cesar, hasta 35 en unos meses, tanto de servicios como de construcciones. Y se permite incluso exigir el lucro cesante por las muertes que se producen en las 61 residencias de su empresa, Clece. 

El Gobierno progresista confina el país durante cuatro meses, y Ayuso echa la culpa de todo a Sánchez, pero apenas hace nada. No concede ayudas directas, no gestiona los rastreos, no medicaliza las residencias, abandona la atención primaria a su suerte, cierra los colegios, ordena alimentar con pizzas a los niños con menos recursos, se instala en un hotel de lujo de su amigo Kike Sarasola, convierte Ifema en un hospital de guerra sin quirófanos y lo clausura con un festín repartiendo bocatas de calamares. 

Asesorada por MAR (Miguel Ángel Rodríguez), el spin doctor de Aznar, Ayuso crece como principal ariete del PP contra el Gobierno “socialcomunista”. Pero no aprueba una sola ley.  

Hasta que, un año después de llegar al poder, en julio de 2020, algo se mueve por fin: la presidenta pide al Consejo de Gobierno que ponga en marcha un proyecto de ley para conceder una licencia de universidad privada a la Escuela de Administración de Empresas. La EAE es una empresa del Grupo Planeta que presta formación universitaria en instalaciones propias desde 2015 bajo el manto de la Universidad Rey Juan Carlos: era un centro adscrito, lo que significa que carece de licencia para funcionar como universidad independiente, por lo que no puede emitir títulos con su nombre y debe ceder un porcentaje de sus matrículas a la universidad que la cobija. 

Las escuchas del ‘caso Lezo’ confirman que los escándalos de la URJC y la caída de Cifuentes coincidieron con los intentos de Planeta por tener un centro universitario independiente

En octubre de 2020, Ayuso ha aprobado su primera ley, la ley del suelo, reedición a pequeña escala de la que Aznar lanzó en 2000 para iniciar el milagro económico de Rodrigo Rato. La oposición recurre el acto ante el Tribunal Constitucional porque la Mesa de la Asamblea de Madrid, presidida por el diputado de Ciudadanos Juan Trinidad, exempleado de OHL y Villar Mir, ha encerrado a los parlamentarios en el Hemiciclo para garantizar el quórum. “Todavía no entendemos la prisa que tenían. Podían haber esperado dos semanas y hubiera habido quórum sin problema; pero es que no tenían prisa, tenían urgencia”, recuerda el diputado autonómico de Unidas Podemos Jacinto Morano.

La segunda y última ley de la legislatura de Ayuso es la que concede al Grupo Planeta una licencia de universidad privada: se vota por el procedimiento de urgencia el 12 de noviembre de 2020. “El método se llama lectura única”, explica Clara Ramas, exdiputada de la Asamblea por Más Madrid. “Consiste en debatir en el pleno y a toda pastilla un informe de mil páginas –el expediente presentado por EAE demostrando la supuesta excelencia de su proyecto– sin pasar por comisiones ni aceptar enmiendas o ponencias”. 

La concesión exprés de la universidad privada a EAE, la enseña de formación universitaria del Grupo Planeta, se consuma con los votos a favor de PP, Cs y Vox. 

14,5 millones a dedo y presiones de Marhuenda 

Las relaciones del Grupo Planeta con la Comunidad de Madrid eran en ese momento las mejores en mucho tiempo. En octubre de 2020, Ayuso ha concedido a dedo un contrato de emergencia de 14,5 millones de euros al holding educativo de Planeta y a Informática El Corte Inglés para dotar de materiales digitales a las clases desde 5º Primaria a segundo de Bachillerato a través de Educamadrid, la plataforma de servicios educativos de la comunidad madrileña. 

La patronal del sector, Anele, denunció ante los tribunales y los organismos de control económico y presupuestario la declaración de emergencia del contrato. “Es un despropósito”, dijo en El País el presidente de Anele, José Moyano, que se sumaba así a las quejas y a las críticas de los directores de instituto, sindicatos y oposición, que ya tildaron el contrato de “escandaloso”.

Desde Más Madrid recuerdan bien aquellos días. “Dos semanas antes de que se votara la ley de la universidad privada en la Asamblea, Francisco Marhuenda me llamó y estuvo un buen rato contándome las bondades de EAE”, cuenta el diputado Eduardo Rubiño. “No es infrecuente que cuando una ley se acerca a la Asamblea las empresas interesadas hagan lobby. Pero Marhuenda insistió más de lo habitual en que aquello era una maravilla que no podíamos dejar de apoyar”. 

La presión de Marhuenda, que compagina su tarea de tertuliano 24/7 con su cargo de profesor titular en la URJC y la dirección de La Razón, no hizo mella en la oposición. “El proyecto nos pareció inconsistente, un chiringuito diseñado para cobrar dinerales por grados y másteres que solo beneficia a empresas privadas y a fondos buitre”, cuenta Rubiño, “y que además no cumplía ninguno de los requisitos exigidos a las universidades privadas”. 

“A nosotros no nos llamó Marhuenda”, recuerda por su parte Jacinto Morano, de UP, “seguramente porque sabía que en esa piscina no había agua”. 

Morano hizo una rotunda intervención ante el pleno: 

“Ha dicho el señor Sicilia [Eduardo Sicilia, consejero de Universidades, cuota Ciudadanos] que este proyecto de ley que estamos hoy votando va a ayudar al progreso social y educativo de la Comunidad de Madrid. Recuerdo un dicho latino: Cui prodest?, ¿esto a quién beneficia? El progreso social y educativo, ¿para quién? Vamos a ver lo que estamos hoy votando. Estamos votando una cierta manera de privatización de una institución universitaria, porque pasamos de un centro adscrito, el EAE, a un centro absolutamente privado”.

Y proseguía: “Esta universidad tiene planteados planes de grado con un coste de 8.000 euros por alumno, y posgrados, algunos habilitantes, por un precio de 13.500 euros. Por cierto, cuando eran centros adscritos, los precios en esta entidad, el EAE, de la que va a ser sucesora la Universidad Internacional de la Empresa, eran más bajos. Se ha aprovechado esta conversión de la naturaleza jurídica de la institución para subir 300 euros los costes de los posgrados. Y oferta un posgrado de Alta Dirección de 26.700 euros de coste. El coste de este posgrado es mayor que la renta per cápita de Madrid. Entonces, ¿a quién está beneficiando este proyecto de ley que estamos planteando? ¿Cuántos madrileños, en la situación social y económica en la que estamos, van a poder acceder a estos programas?”.

Tras el apresurado intercambio de opiniones, votan en contra PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Pero la universidad privada de Planeta en Madrid es oficial gracias al trifachito. Ayuso necesita los votos de Vox, y los obtiene. 

En plena pandemia, con la mitad de los diputados en sus casas, y sin un debate digno de ese nombre, el soñado negocio universitario de Planeta, por el que sus directivos llevan trabajando y presionando desde 2015 en los más altos despachos de la Comunidad, se hace por fin realidad. 

La concesión genera una pequeña controversia, que se entierra enseguida. Los organismos consultivos que debían pronunciarse sobre la idoneidad del nuevo centro eran contrarios a conceder la licencia a Planeta. Según Público, el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, la Fundación para el Conocimiento Madridmasd y los sindicatos habían detectado deficiencias en las instalaciones (algunas de ellas alquiladas y con contratos cercanos a expirar), en la ratio profesores-alumnos y en el nivel de investigación que planteaba EAE. El acta de la reunión del Consejo certifica 9 votos en contra del proyecto, ninguno a favor y siete abstenciones. 

 

“La propia memoria de impacto normativo reconocía que el proyecto no cumplía los requisitos académicos, docentes ni de infraestructuras”, recuerda la exdiputada Clara Ramas; “pero los promotores afirmaban que ya los cumplirían cuando se les diera la licencia. Fue una claudicación en toda regla a los intereses corporativos de Planeta”.

Curas y bancos

Comisiones Obreras denunció por su parte que se trataba de la cuarta universidad privada que autorizaba la Comunidad de Madrid en solo quince meses. El 7 marzo de 2019, la Asamblea aprobó convertir en universidades privadas a la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC), el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) y la Universidad Internacional Villanueva. 

“Aquel dislate se aprobó en el último pleno de la anterior legislatura, y por supuesto el entonces presidente en funciones, Ángel Garrido, también recurrió al método de la lectura única, hurtando el debate parlamentario”, recuerda Morano.

Las tres agraciadas tenían padrinos tan poderosos o más que la del Grupo Planeta. ESIC (Congregación de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús) y Villanueva (Opus Dei) están vinculadas a organizaciones religiosas, y CUNEF se gestiona desde la Fundación de la Asociación Española de Banca –AEB–. Villanueva y CUNEF rompieron lazos como centros adscritos de la Complutense, y ESIC se desligó de la Rey Juan Carlos, como haría EAE 15 meses después.

La decisión de Garrido fue un golpe duro para Planeta. En noviembre de 2018, la prensa había contado que se había desbloqueado el asunto de la EAE y que la concesión de la universidad privada estaría lista en 2019. Pero la vía libre quedó pospuesta ante el empuje, la experiencia y los contactos de la Iglesia y la banca: desde el ‘Tamayazo’, las concesiones de licencias de universidad privada en Madrid habían ido favoreciendo de forma mayoritaria a organizaciones religiosas y fondos buitre. Los jesuitas (Comillas), los Legionarios de Cristo del pederasta Marcial Maciel (Francisco de Vitoria) y la Asociación Católica de Propagandistas (CEU) ya tenían la suya. 

En aquel momento, la Comunidad de Madrid sumaba ya once universidades privadas, además de 38 centros privados de estudios superiores, mientras el número de universidades públicas se había mantenido en seis desde que se fundó la Rey Juan Carlos 25 años atrás. Por fin, en noviembre de 2020, Díaz Ayuso cumplió el deseo de Planeta y logró la hazaña de convertir a Madrid en la región con más universidades privadas del país: 12, frente a seis públicas. 

Unos meses después de la concesión de la licencia a EAE, hace un par de semanas, Ayuso impuso a Cristina Cifuentes la medalla de oro de la Comunidad. Era el símbolo de que un círculo se había cerrado. Ayuso rehabilitaba a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, la principal perjudicada del Caso Máster, que, como veremos enseguida, venía sufriendo feroces ataques y presiones de los directivos y medios del Grupo Planeta y de otros afines a este al menos desde 2016.

Ayuso y Cifuentes, en una imagen subida al Instagram de la presidenta madrileña. 

La triste historia de la URJC

2018 fue el año que dañó para una larga temporada el prestigio de la Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. Con el tiempo, la URJC se convirtió en la gran universidad pública del PP (sector María Dolores de Cospedal) y, en menor medida, también de la vieja Izquierda Unida. Los dos partidos, que compartían consejo y tarjetas black en Caja Madrid con los socialistas, se repartían por cuotas en la URJC profesores, departamentos, cátedras patrocinadas y honoris causa, haciendo crecer así sus escuderías académicas y sus negocios educativos: la idea era que la Rey Juan Carlos compitiera en volumen de estudiantes, rentabilidad y presencia, ya que nunca lo consiguió en prestigio, con la gran universidad ‘socialista’ de la región, la Carlos III. 

Pero de repente algo se torció en ese pujante camino neoliberal de la URJC. En la primavera de 2016, Cuartopoder publicó que el rector de la institución, el catedrático de Historia Fernando Suárez Bilbao, había cometido múltiples plagios en distintas obras. Poco después, Suárez dimitía; dos años más tarde, sería procesado en relación a las convalidaciones irregulares de diversas asignaturas del máster en Derecho Autonómico que dirigía el catedrático Enrique Álvarez, el mismo que cursaron, al menos en teoría y en etapas distintas, Pablo Casado y Cifuentes

Esas corruptelas tenían un mismo lugar de origen: el Instituto de Derecho Público (IDP) de la URJC, de alto interés económico para su núcleo duro, muy vinculado a Cospedal. En plena guerra interna del PP tras la disputada sucesión de Mariano Rajoy, El País reveló en agosto de 2018 que el flamante líder popular, Pablo Casado, había aprobado diez años antes un sospechoso máster exprés de Derecho Autonómico en el IDP. Fuego amigo a discreción. 

La Fiscalía del Supremo decidió no procesar a Casado, aun reconociendo que había indicios de trato de favor, porque el asunto estaba prescrito. Luego, gracias a los votos del PSOE, el nuevo presidente del PP fue eximido de comparecer ante la comisión parlamentaria, como Cifuentes, aunque esta sí sería procesada. 

En aquellos días de 2018 también se supo que la URJC expedía títulos de posgrado a licenciados en Derecho de universidades italianas con un imaginativo paquete a la carta organizado por agentes de viajes desde Madrid. El cursillo daba acceso a la colegiación española, lo que permitía a los alumnos italianos ejercer en la UE ahorrándose 18.000 euros de un máster obligatorio en su país. Para amenizar la estancia, el pack ofrecía incluso la asistencia a partidos en el Bernabéu, un imbatible todo incluido. 

Cifuentes y Montón

Desde que se conoció el plagio del rector hasta finales de 2018, el huracán de la URJC dejó un largo rosario de titulares escandalosos. Quizá el único positivo, sobre todo para su protagonista, fue que Francisco Marhuenda, director de La Razón, el medio escrito del Grupo Planeta, pasó de ser profesor interino a titular el 12 de octubre de aquel año.

Por lo demás, el aluvión se llevó por delante las carreras de una presidenta de la Comunidad de Madrid (Cristina Cifuentes, PP) y de una ministra del primer Gobierno de Pedro Sánchez (Carmen Montón, PSOE, artífice de la desprivatización de la sanidad valenciana mientras fue consejera de Sanidad de la Generalitat y declarada enemiga de Farmaindustria). 

Cifuentes se vio obligada a dimitir en abril de 2018 tras la difusión de un vídeo en el que se adivinaba que había intentado llevarse de un supermercado unas cremas sin pagar. La presidenta se había mantenido en el cargo contra viento y marea después de que se publicara que le habían aprobado el máster del IDP manipulando notas y documentos públicos sin que la lideresa hubiera tenido que ir a clase ni presentarse a defender el Trabajo Final de Máster (TFM). 

Por su parte, la ministra socialista de Sanidad, Carmen Montón, fue acusada de beneficiarse de un trato de favor durante su curso de posgrado y, además, de haber plagiado o recogido textos sin citar en 19 páginas de las 52 que ocupaba su TFM. Montón dimitió el 11 de septiembre de 2018. La médica valenciana, que solo fue ministra durante cuatro meses, es hoy embajadora permanente de España ante la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Cifuentes fue juzgada y absuelta (aunque el juicio deberá repetirse) y en los últimos tiempos se ha dedicado a participar en tertulias televisivas de Mediaset. Montón fue investigada, pero la jueza archivó la causa. 

Las primeras informaciones sobre las exalumnas de la URJC se publicaron en eldiario.es, el digital que dirige Ignacio Escolar. Sin embargo, las filtraciones no consiguieron desalojar de sus cargos a las dirigentes del PP y del PSOE. El último empujón a Montón se lo dio La Sexta, que se hizo cargo de la demostración del plagio. Y de la puntilla a Cifuentes se encargó el tabloide de Eduardo Inda, que publicó aquel vídeo borroso y antiguo de Cifuentes, con inequívoco hedor a los pendrives de Villarejo. 

Puertas giratorias policiales

En este punto es preciso recordar que el jefe de Seguridad de Planeta, Antonio López López, recientemente llamado por la Audiencia Nacional en calidad de investigado por la pieza nº 12 de la macrocausa Tándem o caso Villarejo, colaboró en las maniobras del Ministerio del Interior contra diversos políticos catalanes, según le aseguró el exministro Jorge Fernández Díaz al ex director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, en el audio de cinco horas que se grabó subrepticiamente y se envió a Público de forma anónima. 

Estamos ante una de las grandes especialidades de las Cloacas S.A.: las puertas giratorias policiales. Un buen número de altos mandos, procedentes de las órbitas de Agustín Linares, Pepe Villarejo y Eugenio Pino, dieron un lucrativo salto al sector privado al colocarse como jefes de seguridad de grandes empresas, muchas de ellas del IBEX, tras haber ocupado puestos públicos de relieve, incluyendo a los jefes superiores de Madrid o Barcelona. Aquella investigación de Público ha tomado nuevo vuelo esta semana con la imputación de dos altos directivos de La Caixa por haber contratado, supuestamente, a Villarejo y sus muchachos para espiar al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero. 

Bankia, Telefónica, El Corte Inglés, La Caixa, Iberdrola, Prosegur, Santander y Planeta son algunas de las empresas que contaban o cuentan con policías leales a Villarejo en sus departamentos de seguridad, con acceso a datos e información de toda índole. 

Jacinto Morano, diputado de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, recuerda que oyó hablar del vídeo de las cremas de Cifuentes “bastante antes” de que Inda lo publicara. “En la Asamblea se decía desde el principio de aquella legislatura que el dueño de otro digital de ultraderecha se lo había enseñado a Cifuentes en un intento de obtener más publicidad institucional. Pero todo el mundo pareció olvidarse de aquello cuando fue Inda el que publicó el vídeo”. 

La Sexta y sus medios amigos

Cruzando los hechos sucedidos en aquellos meses con las agendas de los protagonistas visibles e invisibles, parece obvio que la banda de Villarejo jugó su papel en aquellas sonadas decapitaciones políticas y en el golpe a la reputación de la URJC. Pero antes de zambullirnos en lo oculto, veamos lo tangible.

Las noticias que acabaron con las carreras de Cifuentes y Montón se publicaron, coincidiendo en el marco temporal y con enorme repercusión en redes sociales, en un digital progresista (eldiario.es); en el tabloide de extrema derecha de Inda, y en la cadena dirigida por Antonio García Ferreras, La Sexta, propiedad de AtresMedia (Planeta).

Mano derecha de Florentino Pérez y buen amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, Ferreras cobija bajo el mantra “más periodismo” una pasión a prueba de bombas por el Real Madrid y por el bipartidismo borbónico del 78. Alrededor de su mesa se sientan de manera habitual Inda, Escolar, Jesús Maraña (Infolibre) y Angélica Rubio (El Plural) –digital que, por cierto, comparte accionista de referencia con OkDiario, ElDorado Media Holding SL, cuyos últimos socios se parapetan tras un bufete de abogados de Barcelona–.

Escolar e Inda son habituales desde hace años en Al Rojo Vivo, lo cual no implica que Planeta tenga algún tipo de participación empresarial en esos medios: en las fuentes mercantiles oficiales no consta que Planeta o sus directivos participen con su razón social y/o su nombre en dichos accionariados, tampoco bajo la moderna modalidad mercantil del ‘media for equity’ (exposición mediática a cambio de acciones o participación en beneficios).

En el caso del imputado Inda, Ferreras fue el trampolín que convirtió a su tabloide en uno de los digitales que más aparece en las tertulias de radio y televisión, multiplicando hasta el infinito el don de la ubicuidad del exdirector de Marca y de Villarejo. Escolar, por su parte, se prodiga mucho menos en otros platós. Según ha contado él mismo a distintos colegas, su contrato exclusivo con La Sexta le impide acudir a la competencia. 

EAE, centro adscrito y ‘Púnica’

Volvamos a la universidad privada. Además de su oligopolio editorial y mediático, el grupo Planeta da cada vez más importancia a su división de Educación, que está considerada como estratégica por el holding fundado por el editor José Manuel Lara Hernández en 1949 y convertido en el primer grupo de comunicación español por su hijo, José Manuel Lara Bosch.*

Desde que la crisis de 2008 precipitó la caída del negocio del libro en su modalidad de ediciones generales, Planeta intenta compensar su cuenta de resultados con los libros de texto físicos o digitales y su departamento educativo. En 2019, el grupo anunció el cierre de Círculo de Lectores, tras registrar unas pérdidas de 12,1 millones. A día de hoy, el principal sostén del conglomerado es Planeta de Agostini, la joint venture participada al 50% con la italiana De Agostini, que en 2019 prácticamente duplicó sus ganancias desde los 26 millones hasta los 51,1 millones de euros. 

El buque insignia es EAE, una escuela de negocios fundada en los años cincuenta que Planeta adquirió en 2006. Desde hace una década funciona como centro adscrito de la Universidad Politécnica de Barcelona, y en 2015 se convirtió en centro adscrito a la Rey Juan Carlos de Madrid. Fue reconocida como apta para dicha condición por el Gobierno del antecesor de Cifuentes, Ignacio González, y obtuvo el visto bueno final para el inicio de operaciones el 5 de octubre de 2016, siendo ya presidenta Cifuentes.

La orden que otorgó a EAE la condición de “apto” para ser uno de los siete centros adscritos de la URJC, facultándole para impartir (y cobrar en función de ello) formación universitaria oficial, la había firmado la consejera de Educación Lucía Figar, que se vio obligada a dimitir en junio de 2015, al ser imputada en el Caso Púnica por sus relaciones con Francisco Granados y, sobre todo, con Alejandro de Pedro, un conseguidor cuyo negocio principal era cuidar de la reputación digital de políticos como Esperanza Aguirre, y de clubes como el Real Madrid, manipulando información por varias vías (diarios zombies, bots, redes sociales, posicionamiento en Google, páginas de Wikipedia…).

Así llegamos a 2016. La armada mediática de Planeta ataca duramente a Cifuentes. Según publican distintos medios, Planeta intenta que la presidenta no colabore con la Justicia en el caso del desfalco del Canal de Isabel II, porque la Fiscalía estaba investigando en el llamado Caso Lezo al socio y consejero de La Razón Edmundo Rodríguez Sobrino, que a la sazón era presidente de Inassa, la filial del Canal en Latinoamérica. Pero, al mismo tiempo, como veremos enseguida, las escuchas de Lezo muestran que los directivos de Planeta perseguían otro objetivo: obtener una universidad privada. 

El meollo de la cuestión es que, en aquellos tiempos, no era fácil obtener esas licencias. Desde que llegó al poder de la Comunidad de Madrid en 1996, el PP ‘sólo’ había autorizado ocho nuevas universidades privadas, y la última databa de 2011. Ni Ignacio González ni Cifuentes concedieron ninguna. Pero, a partir de ahí, la veda se abrió. Como vimos antes, el sucesor de Cifuentes, Ángel Garrido, que acabó en Ciudadanos y hoy está recién retirado de la vida política, aprobó tres licencias de golpe en el último pleno de la legislatura, el 7 de marzo de 2019. Planeta llevaba dos años esperando, pues presentó la solicitud en 2017. Pero su expediente era un rosario de chapuzas e incumplimientos, y solo logró su objetivo en noviembre de 2020.

Expediente del proyecto de Universidad Privada de Planeta. / Fuente: Enrique García @FiQuiPedia

La sombra de Villarejo

Cruzando las escuchas de Lezo con las anotaciones manuscritas de Villarejo, se observa que el comisario estuvo muy cerca de los dirigentes de Planeta durante los meses en que estos realizaron aquella delicada “gestión de crisis” contra Cifuentes. El policía y empresario apunta en su agenda el 17 de mayo de 2016 que ha almorzado con su admirado Adrián de la Joya y con varios directivos de Planeta. Por orden de jerarquía: José Creuheras, el presidente del holding; Mauricio Casals, presidente de La Razón y asesor del Grupo Planeta, y el ya citado Antonio García Ferreras. La comida se repite un mes después, el 14 de junio, esta vez sin el máximo directivo de Planeta, según anota el amanuense Villarejo. 

Fuente: apuntes de la agenda de Villarejo. Elaboración propia.

La importancia que Planeta otorgaba a la obtención de una universidad privada en Madrid queda probada en las escuchas del sumario de Lezo. Un informe de la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial de la Guardia Civil (UCO), que había pinchado los teléfonos de la cúpula de Planeta por el caso del Canal de Isabel II registró en aquellos meses que varios directivos del grupo editorial mantuvieron al menos tres reuniones (entre agosto y noviembre) con Cifuentes. Al menos a una de ellas asistió también el entonces número dos de esta, Ángel Garrido. 

A pesar de que Rodríguez Sobrino pedía a sus jefes que presionaran a Cifuentes por su asunto personal, la temática de la primera reunión (celebrada el 10 de agosto de 2016 entre Marhuenda y la presidenta que presumía de no veranear) trató sobre la formación universitaria y la URJC, según declaró la propia Cifuentes a la Comisión Judicial el 19 de abril de 2017: “Mantuve una reunión con el señor Marhuenda el 10 de agosto de 2016, sobre distintas cuestiones relacionadas con la universidad Rey Juan Carlos, donde es profesor el señor Marhuenda”. 

Transcripción del Sumario Lezo.

En efecto, Marhuenda era en aquel momento, además de director de La Razón a distancia y tertuliano, profesor interino de Historia del Derecho y de las Instituciones en la URJC, y responsable de la cátedra patrocinada Historia de las Instituciones. Antes de la segunda reunión, Rodríguez Sobrino llama a Mauricio Casals para contarle que Marhuenda se va reunir de nuevo con Cifuentes y Garrido a partir del 20 de agosto, y Casals le comunica que él también asistirá y que tiene interés en que Cifuentes (a la que en otros fragmentos se refieren como “la puta esa”) sepa que el tema que van a tratar “no solo afecta a La Razón, sino también a Onda Cero y a La Sexta”. 

 

 

Transcripción del Sumario Lezo.

Las privadas, “un negocio de puta pena”

Otras conversaciones pinchadas durante aquellos meses de 2016 a Rodríguez Sobrino confirman que el gran objetivo de las reuniones de los dirigentes de Planeta con Cifuentes era lograr la licencia de universidad que colocara a EAE más allá de la condición subalterna de centro adscrito. El 26 de octubre de 2016, Rodríguez Sobrino comenta con un amigo, Carlos A., las gestiones emprendidas por el grupo para lograr una licencia. Según había anunciado Creuheras en un reciente consejo de administración, dice Sobrino, “había que tratar bien a la señora porque van a dar dos universidades” (…), “y ellos quieren aspirar a una y para ellos es muy importante la operación”. 

 

Transcripción del Sumario Lezo.

En el siguiente fragmento, Sobrino comenta que “no estaría de más que se sepa por ahí que Planeta puede verse favorecida con una universidad privada”, aunque añade: “Macho, ya les han dado bastantes cosas”. Su interlocutor comenta de paso que “el sándwich al PSOE con La Sexta funciona de cine”, y remata: “Queda como independiente eldiario.es, que ese es incontrolable porque es el órgano…”. 

--Universidad quieren, la Iglesia querrá una, dice Sobrino. 

--Sí, replica Carlos A.

--Y se la van a dar, porque hay dos...

 

A continuación, Rodríguez Sobrino recibe una llamada de Joaquín P., y le confirma que la prioridad de Planeta es el tema universitario, aunque él piensa que las privadas son “un negocio de puta pena”. 

Transcripción del Sumario Lezo.

Luego, Sobrino comenta que sus jefes le “están tocando las pelotas a la señora” (Cifuentes), se refiere a “dos peticiones” que le habrían hecho “Mauricio” (Casals) y “Paco” (Marhuenda), habla del odio que la gente de Planeta tiene a Ignacio González (“IG”), y concluye que “ella (Cifuentes) puede estar más alejada de las posibilidades de la ira” (de los medios de Planeta, se infiere), pero que al consejero (de Educación) “se le puede dar hasta en el carnet de identidad”. 

Transcripción del Sumario Lezo.

Aquellas conversaciones poco edificantes dieron lugar a una apertura de diligencias a Marhuenda y Casals por coacciones contra Cifuentes. El juez les imputó a los dos. Luego las archivó al declarar Cifuentes que nunca se había sentido presionada, por lo que no podía haber coacción. 

Mauricio Casals, presidente de La Razón. 

Un año después, en el otoño de 2017, con la tensión disparada en Cataluña, Planeta decidió trasladar su sede social desde la Avenida Diagonal de Barcelona a Madrid. Ese mismo año, en julio, ha solicitado la licencia de Universidad Privada a la Comunidad de Madrid. En 2018, el grupo y sus medios afines redoblan sus ataques contra Cifuentes, hasta que consiguen que dimita. El expediente EAE transita por los dos años de gobierno en funciones de Garrido pero no cuaja. En 2019 gana las elecciones Ayuso. A principios de 2020, fuentes de Planeta aseguran que los esfuerzos del grupo se concentran en la división de educación. El negocio de la EAE Business School –unido al colegio de dirección en turismo Ostelea– reportó 3,6 millones de beneficios en 2019, cuando todavía era centro adscrito a la Rey Juan Carlos. A finales de 2020, Ayuso concede la categoría de universidad privada a EAE; y un mes antes regala al grupo el polémico contrato millonario de 14,5 millones de euros. Tarea terminada. 

El diputado de Podemos Jacinto Morano ríe al otro lado del teléfono: “¿Que si tengo confirmado que La Sexta distribuyó entre periodistas amigos lo del máster y las cremas de Cifuentes? No, no lo tengo confirmado. ¿Me sorprendería que lo hubiera hecho? No, no me sorprendería en absoluto”. 

Dobletes y tripletes

Los autores de este reportaje han intentado contactar, sin éxito, con Cristina Cifuentes para aclarar algunos puntos grises de la historia. Una ex colaboradora suya, que exige el anonimato, se limita a comentar que la expresidenta salió “muy dolida” de aquel proceso y confirma que, en efecto, las reuniones de aquellos meses de 2016 con los directivos de Planeta “iban en dos direcciones, por un lado la universidad privada y por otro lo relativo al Canal de Isabel II”. 

El análisis de lo sucedido durante los últimos cinco años en Madrid no puede obviar que Cifuentes se ganó múltiples enemigos, no solo dentro del PP sino también fuera. Es un hecho, además, que al descontrol de la URJC y a su salida forzada le siguieron la concesión por la vía de urgencia de cuatro nuevas licencias privadas de universidad en solo 15 meses, lo que generó beneficios a distintas personas y organismos, seguramente igual de rentables que los que obtuvo Planeta. Y es un hecho también que las dos únicas leyes que ha aprobado Ayuso durante su año y medio de mandato son la ley del suelo y la de la universidad privada de Planeta. 

Ninguna motivación de las cloacas y sus múltiples meandros suele tener que ver con nada personal. Simplemente, la caída de Cifuentes se hizo necesaria para que un grupo de amigos poderosos y con intereses diversos, actuando de forma coordinada, aumentaran su influencia y mejoraran su reputación y sus negocios. ¿Fueron los mismos que ayudaron a falsear el máster de Cifuentes quienes luego la forzaron a dimitir? Esta pieza de Público sugiere que es posible que así fuera. ¿Son los oligopolios mediáticos y empresariales, y las cloacas adyacentes, organismos capaces de quitar y poner presidentes? Tristemente, se diría que es así. 

Así es, en todo caso, como suelen actuar Villarejo y sus clientes y jefes: en la operación en la que no hacen doblete, hacen triplete. Su especialidad es hacer amigos con los enemigos de otros, y luego facturar a unos y a otros, bien en metálico o como favores futuros. 

Florentino Pérez, presidente de ACS, Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, y Nicolás Martín-Sanz, directivo del Real Madrid. | El Español

La historia completa de las Cloacas S.A. y de los 25 años de obsesión privatizadora del PP madrileño, un partido capaz de contabilizar en B hasta las muertes de ancianos y de traficar con el futuro de los alumnos y la reputación de una universidad pública, está todavía por escribir. Aunque algunos periodistas, sobre todo Javier Ayuso y Patricia López, han contado buena parte de lo que ocurrió, las ramificaciones son infinitas, y los beneficiados (y perjudicados) se cuentan por centenares en todos los sectores, incluidos por supuesto los medios de comunicación. 

En este caso concreto, las acusaciones periodísticas contra notorios personajes de la política madrileña y nacional y contra la propia URJC funcionaron en un doble o triple sentido: como exigencia de honestidad y rendición de cuentas a dos líderes políticos, como muestra del poder del llamado Cuarto Poder, y como espita para el desprestigio y posterior desguace y privatización a trozos de la universidad pública. Al fin y al cabo, siempre que las empresas quieren hacerse con un servicio público, lo primero que hacen es presionar a los políticos al mando para que deterioren o descapitalicen ese servicio. Es un modus operandi inventado hace décadas por el capitalismo depredador. 

Con el escándalo de la URJC, muchos títulos universitarios públicos pasaron a ser expedidos y cobrados por instituciones privadas, con un trasvase automático de dinero público a manos particulares. Y muchos profesores honrados y miles de alumnos sin acceso a tratos de favor quedaron expuestos a una mancha indeleble. Lo dramático es que la exposición pública de aquellos atropellos, esas presiones, esas corrupciones, no sirvió siquiera para que el PP de Madrid perdiera el Gobierno de la Comunidad madrileña. Tras dos años de gobierno en funciones, el partido presentó a una desconocida llamada Isabel Díaz Ayuso, y gracias a los votos de los “regeneradores” de Cs y de los neofranquistas de Vox, acabó siendo la séptima presidenta popular consecutiva de la Comunidad de Madrid. 

Otra posible enseñanza de esta historia poco ejemplar es que, si Ayuso sigue gobernando tras las próximas elecciones del 4 de mayo, los medios y la ciudadanía tendremos que estar muy atentos a los movimientos del PP madrileño y de sus medios y empresarios afines en la sanidad (pública y privada), las residencias (ídem), la universidad (ídem), la formación continua para magisterio y auxiliares sanitarios, la formación profesional dual, los permisos de residencia para estudiantes extranjeros, y por supuesto el fútbol y la construcción.

Bienvenidos, en fin, al Madrid de Florentino Pérez, Ayuso, Villarejo, Planeta y cía, ese lugar donde todo se decide en las bambalinas y donde nadie dice la verdad. En unas semanas, seis millones de madrileñas y madrileños tendrán que responder en las urnas a algunas disyuntivas: comunismo o libertad, socialismo o terrazas, Vox o Vallekas, privado o público, cloacas o periodismo ético. 

Y una duda final: ¿a quién apoyará AtresMedia en la batalla de Madrid? 

Coda: un máster para Vanesa Jiménez

Silvio Berlusconi solía decir, con su cinismo y su sentido del humor habitual, que él no tenía enemigos, que él solo tenía futuros socios. Planeta al parecer funciona igual, aunque por supuesto lo que van a leer aquí debajo puede responder a una casualidad del todo inocente.

Durante la elaboración de este reportaje, una directiva de marketing de EAE, que se identificó como Carlota sin dar el apellido, llamó a la redacción de CTXT preguntando por nuestra directora adjunta, Vanesa Jiménez. Le dijimos que nos diera su número de teléfono para pasárselo a Vanesa, o si no que le escribiera un mail. Carlota respondió que no nos daba su teléfono porque siempre estaba comunicando, y que los mails “los escriben desde otro departamento”. 

Un par de días después, una trabajadora de una consultoría educativa con sede en Barcelona escribió un email a Jiménez ofreciéndole participar en una selección de candidatos para cursar un MBA en “una de las mejores escuelas de negocios de España”, con “ayudas extraordinarias”. El precio de esos másteres de alta dirección puede alcanzar, ya saben, unos 26.700 euros. 

Tras una breve reunión de la dirección de CTXT, decidimos declinar el gentil ofrecimiento y publicar esta pieza, en la que llevábamos trabajando algún tiempo. Si les ha resultado útil o instructiva, les animamos a suscribirse a la Revista Contexto o a nuestro medio amigo, Público. Solo podremos seguir escribiendo informaciones como esta y haciendo másteres por cuenta propia si ustedes, queridas y queridos lectores, nos apoyan. 

 

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Derecho de Réplica

El señor Ignacio Escolar nos hace llegar las siguientes líneas de réplica: 

“Me hubiera gustado que se me hubiera contactado para recoger mi versión de los hechos antes de publicar este artículo, y no varias horas después. Es radicalmente falso que Villarejo, La Sexta o Planeta tuvieran la más mínima relación con la fuente que permitió la investigación del caso Máster por parte de elDiario.es, como se insinúa en varios párrafos. También es completamente falso que Atresmedia o Planeta tengan relación accionarial con elDiario.es. La investigación del caso Máster que realizó nuestra compañera Raquel Ejerique no fue una filtración interesada –como también se insinúa sin prueba alguna– sino un trabajo periodístico ejemplar que nada tuvo que ver con esa universidad de Grupo Planeta”.

Fes de errores:

En la primera versión de este artículo se decía que el fundador del grupo fue Lara Bosch, pero fue su padre, Lara Hernández. 

Antonio García Ferreras no es director de Informativos sino director de La Sexta. 

Ángel Garrido pertenecía al PP cuando sustituyó a Cifuentes, y no a Ciudadanos como se afirmaba en la primera versión de este artículo.