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jueves, 12 de marzo de 2026
21-3-2026: Colebanchel, 5ª fiesta por la Educación Pública (de 11:30 a 19:00 h., en Pista Gorrión. Parque de San Isidro). Organizan: AMPA y AFA de Carabanchel
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martes, 10 de marzo de 2026
21-3-2026: Asamblea "escribimos juntas la próxima ley de Comedor Universal" (de 10.30 a 14.00 h. Lugar: La Borromeo. Calle Peironcely n° 2). Organiza: Plataforma Comedor Universal POR DERECHO
🗓 Día: 21 de marzo
⏰ Hora: de 10.30 a 14.00 h.
📍 Lugar: La Borromeo. Calle Peironcely n° 2
INSCRIPCIÓN
https://forms.gle/dDNmEx4JgzCkwdQC6
Organiza:
Plataforma Comedor Universal POR DERECHO
🔸 RSP Latina Carabanchel
🔸 Coordinadora de Barrios
🔸 San Carlos Borromeo
🔸 Asociación Apoyo
🔸 Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas
🔸 AFA CEIP Javier de Miguel de Vallecas
🔸AMPA CEIP Palomeras Bajas
🔸AFA Manuel Nuñez de Arenas
🔸Plataforma fe la Escuela Pública de Vallecas
🔸Mesa de Pobreza Infantil de Puente de Vallecas
🔸AMPA CEIP Padre Mariana.
🔸 Asociación Vecinal La Paz
Con el apoyo de:
🔸 CONFAPA
🔸 Asamblea Marea Verde Madrid
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lunes, 9 de marzo de 2026
Ante la agresión fascista en la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas de la UCM: organización y respuesta feminista (Comunicado de CNT, CGT, CCOO, UGT y Punto Violeta UCM. 8-3-2026)
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viernes, 6 de marzo de 2026
Ayuso aprueba el nuevo plan de financiación de universidades públicas, tildado de “insuficiente” y “engañoso” (Alejandra Mateo Fano para elsaltodiario.com)
Artículo de Alejandra Mateo Fano para elsaltodiario.com
- La Plataforma de Universidades Públicas de Madrid subraya que este modelo pactado con la Conferencia de Rectores “responde más a una operación de lavado de imagen que a un cambio estructural del modelo”.
4-3-2026
La Comunidad de Madrid ha alcanzado este martes 3 de marzo un acuerdo con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos) para la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica. Se trata del primer pacto de financiación regional para las instituciones educativas que tendrá carácter plurianual. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha detallado que el modelo contempla la inversión de 14.800 millones de euros desde 2026 hasta 2031, que no es la cantidad dedicada a “inversión” a pesar de los engañosos titulares.
El presupuesto para la educación superior estaría asimismo cubierto en un 83% por la Comunidad de Madrid (cerca de 12.300 millones de euros) a través de los Presupuestos Generales regionales y del capítulo III de precios públicos. “Queremos garantizar la suficiencia económica de las universidades públicas madrileñas y permitir su planificación plurianual”, destacó en la mañana del martes la presidenta autonómica desde la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, sin ahondar en demasiados detalles sobre esta cuestión ni permitir preguntas de los medios presentes. En la firma estuvieron también los consejeros de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, antes viceconsejera, tras la destitución del consejero Emilio Viciana. De este modo, se espera que las universidades puedan revertir paulatinamente la situación de extrema precariedad e infrafinanciación que llevan sufriendo y que ha afectado tanto a las condiciones de los docentes como a la calidad de la enseñanza.
La Comunidad de Madrid ha explicado que los centros universitarios tendrán acceso a dos tipos de fondos extraordinarios: uno de Convergencia, orientado a corregir desequilibrios, y un fondo adicional que permitirá “corregir y compensar los efectos de la aplicación del nuevo modelo y ofrecerá financiación para proyectos singulares con el objetivo de incrementar su competitividad”. Cada universidad pública madrileña, adelantó Díaz Ayuso, “deberá aprobar un plan estratégico con un horizonte mínimo de cinco años alineado con los objetivos de este modelo. Este plan deberá contar con la participación del Consejo Social correspondiente e incorporará mecanismos de seguimiento anual. Cada universidad deberá presentar cada año una memoria económica justificativa del destino de los fondos recibidos de la Comunidad de Madrid”. La Complutense recibirá de la Comunidad de Madrid en seis años 2.914,2 millones de euros; la Autónoma, 1.260,5 millones; la Universidad de Alcalá, 763 millones; la Carlos III, 850,1 millones; la Politécnica, 1.676,3 millones, y la Rey Juan Carlos, 971,9 millones de euros (sin tener en cuenta los fondos comunes).
La Plataforma de Universidades Públicas de Madrid advierte de la “letra pequeña” del pacto y ha mostrado su rechazo rotundo hacia un modelo que considera “insuficiente”
Pese a estos datos, que representan una tímida mejora en términos económicos, la Plataforma de Universidades Públicas de Madrid advierte de la “letra pequeña” del pacto y ha mostrado su rechazo rotundo hacia un modelo que considera “insuficiente”. La coordinadora interuniversitaria ha destacado en este sentido que estas partidas presupuestarias a cinco años vista “responden más a una operación de imagen que a un cambio estructural del modelo” ya que “se trata de un incremento acumulado hasta 2031 y que solo se materializa plenamente en el último año del periodo”. “Como tienen por costumbre, se nos lanzan cifras absolutas de millones que parecen muy abultadas. Pero es engañoso lanzar datos económicos y datos de subidas interanuales, cuando hablamos de una asfixia que se ha fraguado en al menos dos décadas”, han aseverado tras conocerse los pormenores del acuerdo, fraguado a espaldas de las docentes en lucha.
De este modo, indican, la transferencia nominativa a las seis universidades públicas pasará tan solo de los 1.166 millones de euros actuales a 1.646 millones de euros en 2031, un cambio apenas perceptible en la práctica. En realidad, la inversión universitaria pasará en términos relativos del 0,4% al 0,45% del PIB regional (lejos del 1% del PIB reclamado por la comunidad docente y estudiantil, estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU). La media nacional se sitúa en el 0,7%. Por tanto, aclaran que el incremento del 41% anunciado por el Gobierno “no es una subida inmediata ni homogénea, sino un crecimiento acumulado a seis años vista” que obligaría en última instancia a las públicas a implementar planes de recortes. Para alcanzar un nivel asemejable al 1% del PIB para 2030 haría falta un incremento presupuestario de cerca de 2.700 millones de euros en los próximos seis años desde el presupuesto actual. Lo que actualmente propone Díaz Ayuso es una quinta parte de esa previsión.
Dependencia de financiación externa y más “estrangulamiento financiero”
La financiación continúa por debajo del resto de regiones del Estado español pese al crecimiento económico comunitario. “Madrid es la comunidad más rica, la que más crece y es la que menos invierte por alumno, el mismo modelo de privatización de la sanidad lo están aplicando a las universidades”, ha destacado esta semana Mario Rísquez, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Plataforma por la Universidad Pública. “Lo que pone blanco sobre negro este anuncio es que los fuertes recortes que ya se han comenzado a implementar en algunas universidades se van a consolidar durante los próximos años. Si no se incrementa sustancialmente la nominativa, no queda otra alternativa que recortar gastos —principalmente de personal—, o pedir prestado, o suspender pagos”, refieren a través de un comunicado.
Este déficit estructural se ha materializado en los últimos años a través de la contratación abusiva de profesorado sustituto y asociado, con contratos mucho más precarios que otras figuras docentes. “La Comunidad no va incrementando el presupuesto acorde al crecimiento vegetativo de las universidades y esa brecha que se ha ido generando estos últimos años es lo que ha provocado esos déficits y ese incremento de la deuda. Están con una situación de liquidez o de crisis de liquidez bastante extrema”, comenta Rísquez.
Actualmente, tal y como señala el informe 10 datos demoledores sobre la privatización de la educación y la asfixia económica de la universidad pública en Madrid, publicado por UCM por la Pública en septiembre de 2025, de las 49 universidades públicas que hay en España, las cuatro universidades que menos porcentaje de financiación reciben por estudiante son madrileñas. Este contexto de “estrangulamiento financiero” se resume, en palabras de las docentes en lucha, en bajos salarios y la caída de oferta de plazas y cierre de grados. La Plataforma por la Pública lleva tiempo alertando igualmente del trasvase de alumnos desde las públicas a las privadas, atribuyendo este proceso a una estrategia calculada del Gobierno regional para favorecer a estas últimas: “Frente a 174.359 estudiantes de las universidades públicas presenciales de Madrid, 77.094 personas estudian hoy en alguna de las universidades privadas presenciales, un 31% del total; es decir, prácticamente uno de cada tres”, asegura el estudio. En los últimos cinco años, Madrid es la comunidad que más ha disminuido su oferta de plazas en las Públicas, un descenso del 7,8%.
La financiación continúa por debajo del resto de regiones del Estado español pese al crecimiento económico comunitario. “Madrid es la comunidad más rica, la que más crece y es la que menos invierte por alumno, el mismo modelo de privatización de la sanidad lo están aplicando a las universidades”, ha destacado esta semana Mario Rísquez, profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Plataforma por la Universidad Pública. “Lo que pone blanco sobre negro este anuncio es que los fuertes recortes que ya se han comenzado a implementar en algunas universidades se van a consolidar durante los próximos años. Si no se incrementa sustancialmente la nominativa, no queda otra alternativa que recortar gastos —principalmente de personal—, o pedir prestado, o suspender pagos”, refieren a través de un comunicado.
Este déficit estructural se ha materializado en los últimos años a través de la contratación abusiva de profesorado sustituto y asociado, con contratos mucho más precarios que otras figuras docentes. “La Comunidad no va incrementando el presupuesto acorde al crecimiento vegetativo de las universidades y esa brecha que se ha ido generando estos últimos años es lo que ha provocado esos déficits y ese incremento de la deuda. Están con una situación de liquidez o de crisis de liquidez bastante extrema”, comenta Rísquez.
Actualmente, tal y como señala el informe 10 datos demoledores sobre la privatización de la educación y la asfixia económica de la universidad pública en Madrid, publicado por UCM por la Pública en septiembre de 2025, de las 49 universidades públicas que hay en España, las cuatro universidades que menos porcentaje de financiación reciben por estudiante son madrileñas. Este contexto de “estrangulamiento financiero” se resume, en palabras de las docentes en lucha, en bajos salarios y la caída de oferta de plazas y cierre de grados. La Plataforma por la Pública lleva tiempo alertando igualmente del trasvase de alumnos desde las públicas a las privadas, atribuyendo este proceso a una estrategia calculada del Gobierno regional para favorecer a estas últimas: “Frente a 174.359 estudiantes de las universidades públicas presenciales de Madrid, 77.094 personas estudian hoy en alguna de las universidades privadas presenciales, un 31% del total; es decir, prácticamente uno de cada tres”, asegura el estudio. En los últimos cinco años, Madrid es la comunidad que más ha disminuido su oferta de plazas en las Públicas, un descenso del 7,8%.
La plataforma interuniversitaria no descarta nuevas movilizaciones
Para Eva Aladro, catedrática y miembro de UCM en Lucha, este modelo “obliga a las universidades a buscar fuentes de financiación externa. Esto es algo completamente inconstitucional si leemos la exigencia en la Constitución de autonomía y suficiencia financiera para las universidades públicas y si tenemos en cuenta que también la LOSU desarrolla la idea de que las universidades tienen que ser estables financieramente”. Esto significa que no se pueden poner unos objetivos desde un órgano político o designado políticamente, como es una consejería de educación, que puede desestabilizar las líneas de investigación o los trabajos académicos que desarrollen las universidades.
En suma, las públicas convergen en que existe un intento de maquillar la imagen del Ejecutivo autonómico ofreciendo “migajas presupuestarias” para pacificar a un sector que acumula una larga trayectoria de parones y protestas estudiantiles en el último año. En abril de 2025, la comunidad educativa celebró una huelga total convocada en todos los niveles educativos, incluyendo el universitario, lo que se sumó a otras dos días de parón en noviembre antes de la aprobación de los presupuestos autonómicos. La Plataforma estudiará distintas movilizaciones a lo largo de las próximas semanas como respuesta al anuncio de Díaz Ayuso con el objetivo de alcanzar “una inversión digna” acorde a las reclamas del sector universitario. “Solo con las movilizaciones del año 2025 hemos provocado una crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la paralización temporal de la LESUC y hemos demostrado que el castillo de Ayuso no es inexpugnable. Tras la caída de ‘los pocholos’, pretenden atajar la crisis y desmovilizarnos con un cambio de Consejera y una burda escenificación. Pero la asfixia sigue sin revertirse en sus tendencias fundamentales”, concluyen en su comunicado de respuesta a las instituciones firmantes.
Para Eva Aladro, catedrática y miembro de UCM en Lucha, este modelo “obliga a las universidades a buscar fuentes de financiación externa. Esto es algo completamente inconstitucional si leemos la exigencia en la Constitución de autonomía y suficiencia financiera para las universidades públicas y si tenemos en cuenta que también la LOSU desarrolla la idea de que las universidades tienen que ser estables financieramente”. Esto significa que no se pueden poner unos objetivos desde un órgano político o designado políticamente, como es una consejería de educación, que puede desestabilizar las líneas de investigación o los trabajos académicos que desarrollen las universidades.
En suma, las públicas convergen en que existe un intento de maquillar la imagen del Ejecutivo autonómico ofreciendo “migajas presupuestarias” para pacificar a un sector que acumula una larga trayectoria de parones y protestas estudiantiles en el último año. En abril de 2025, la comunidad educativa celebró una huelga total convocada en todos los niveles educativos, incluyendo el universitario, lo que se sumó a otras dos días de parón en noviembre antes de la aprobación de los presupuestos autonómicos. La Plataforma estudiará distintas movilizaciones a lo largo de las próximas semanas como respuesta al anuncio de Díaz Ayuso con el objetivo de alcanzar “una inversión digna” acorde a las reclamas del sector universitario. “Solo con las movilizaciones del año 2025 hemos provocado una crisis en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la paralización temporal de la LESUC y hemos demostrado que el castillo de Ayuso no es inexpugnable. Tras la caída de ‘los pocholos’, pretenden atajar la crisis y desmovilizarnos con un cambio de Consejera y una burda escenificación. Pero la asfixia sigue sin revertirse en sus tendencias fundamentales”, concluyen en su comunicado de respuesta a las instituciones firmantes.
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domingo, 1 de marzo de 2026
sábado, 28 de febrero de 2026
Los directores de instituto de Madrid piden a Ayuso que saque 1º y 2º de la ESO de los colegios: "Carece de fundamento" (Daniel Sánchez Caballero para elDiario.es)
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
- Adimad carga contra la medida del Gobierno regional porque responde a una concepción de la educación de los 80 y “supone fragmentar el proceso formativo y obliga al alumnado a cursar la misma etapa en instituciones diferentes, con proyectos educativos, equipos docentes y dinámicas organizativas distintas”
26 de febrero de 2026
“Es una medida que, a nuestro juicio,
carece de fundamento pedagógico y genera importantes dificultades
organizativas”. La Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid
(Adimad) ha pedido este jueves al Gobierno regional que preside Isabel Díaz
Ayuso “reconsidere su intención de mantener al alumnado de 1º y 2º de ESO en
los colegios”, una medida que se puso en marcha este curso y que ha generado polémica entre la
comunidad educativa.
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Ni un solo centro de la región tiene la plantilla completa, según los directores de instituto
Cuando anunció esta medida, Ayuso defendió
que el objetivo es “proteger a la infancia” (el alumnado de 1º de la ESO tiene
12 años) y alejarla de contextos más cercanos a nuevas adicciones o a bandas,
además de apostar por la conciliación: “Ayuda a que las familias estén más
tranquilas porque saben que están en un lugar seguro, el de siempre, un entorno
mucho más protegido con sus rutas, sus comedores, con sus amigos, para
prolongar esa infancia y separarla de la adolescencia”.
Cuando el Ejecutivo madrileño anunció esta
medida, el Ministerio de Educación, dirigido entonces por Pilar Alegría,
deslizó que podía ir contra la ley y anunció que estaría atento a ver cómo se
concretaba. Se decía entonces que el Real Decreto 132/2010,
de 12 de febrero, que establece las condiciones que deben
cumplir los centros educativos de Secundaria, establece en el artículo 13.2 que “en los centros de educación
secundaria que ofrezcan las enseñanzas de educación secundaria obligatoria se
deberán impartir los cuatro cursos de que consta esta etapa educativa con
sujeción a la ordenación académica en vigor”. Pero la Comunidad de Madrid
ejecutó su plan y nadie objetó nada.
“El
mejor momento es 1º de la ESO”
Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama y
presidenta de Adimad, sostiene que Ayuso se equivoca de pleno. “Los niños y
niñas tienen que cambiar de centro tarde o temprano, y creemos que el mejor
momento es en 1º de la ESO, que es cuando empieza la adolescencia. Ahora las
familias los ven como niños, pero cambian mucho durante el verano, y partir la
adolescencia no les va a beneficiar”, sostiene.
También están las razones educativas: “La
Educación Secundaria Obligatoria constituye una etapa educativa con identidad
propia”, sostienen los directores. “Dividirla entre dos centros distintos
supone fragmentar el proceso formativo y obliga al alumnado a cursar la misma
etapa en instituciones diferentes, con proyectos educativos, equipos docentes y
dinámicas organizativas distintas. Esta situación puede dificultar la
continuidad pedagógica y la adecuada integración del alumnado cuando se
incorpore a los institutos en 3º de ESO. Recordamos que 1º y 2º ESO no son la
antigua EGB”, argumenta Adimad.
Rocha sostiene que la medida del Gobierno
regional explota los miedos de los padres sin fundamento que lo sostenga.
“Llevamos 30 años trabajando con los niños”, sostiene, “en los IES están
perfectamente cuidados y tienen otras ventajas. Hay que perder el miedo a la
transición de Primaria a Secundaria”, añade. Además, Rocha está convencida de
que la única razón real para esta medida de Ayuso es que “en los colegios hay
sitio y en los IES no”.
En la nota pública enviada este jueves,
Adimad explica que “los institutos están plenamente preparados para acoger al
alumnado de 1º y 2º de ESO. Cuentan con profesorado especializado por materias,
equipos de orientación y una trayectoria consolidada en la gestión de la
convivencia, aspectos especialmente relevantes en una etapa clave para el
desarrollo académico y personal del alumnado. La experiencia acumulada en los
centros de Educación Secundaria permite una atención más adecuada a la
diversidad y al bienestar emocional del alumnado”.
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Por último, explican los directores, si parte del argumento es ayudar a las familias porque en los colegios hay comedor y tienen actividades extraescolares y en los institutos no hay ni unos ni otras, la solución es obvia: pónganse ambos servicios en los IES, dice Adimad.
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