Artículo de Enrique García Simón para ctxt.es
Aunque la Comunidad de Madrid les llame becas, la realidad es que son cheques limitados a centros privados y a etapas no obligatorias. El límite para recibirlos es de 35.913 euros per cápita. Multipliquen por cuatro en una familia con esos miembros
El lenguaje es un instrumento de descripción de la realidad, pero también de manipulación. Según el Diccionario del español jurídico de la RAE, “beca” es una “ayuda pública que, para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, tienen derecho a recibir los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables en la enseñanza obligatoria”. Hablar por tanto de becas, aunque sea de “becas para ricos”, supone aceptar el término beca, dando por buena la necesidad de llevar a cabo esa subvención con dinero público, y desviar la atención hacia los requisitos de las becas y a los valores de renta a los que afecta, que es precisamente el objeto y lo que justifica la propia ayuda. Así ya nos la han colado antes de empezar, a los medios y a los ciudadanos, porque no son becas.
Aunque la Comunidad de Madrid las llame en su normativa becas de Bachillerato, becas de Educación Infantil, becas de FP Grado Superior y becas FP Grado Medio, (con algún desliz de llamarlas cheques guardería y cheque bachillerato), la realidad es que son cheques limitados solo a centros privados y a etapas no obligatorias, como se puede comprobar.
Las declaraciones tanto del consejero de Educación como de la presidenta de la Comunidad y las comunicaciones de la Consejería en redes se centran en el término “becas” y omiten el tipo de centros beneficiarios: no les oímos decir que son centros privados. Y no decirlo expresamente nos lleva a pensar que van destinadas a todos los centros, cuando no es así. Y este es justo el problema.
Son cheques en los que la administración necesita al estudiante beneficiario solo como intermediario en el traspaso de dinero público a entidades privadas; el beneficiario no ve el dinero, recibe un “medio de pago” que presenta en el centro y el importe se abona directamente al mismo, que solo puede ser privado.
La Dirección General que se ocupa en la Comunidad de Madrid de la gestión de este nuevo ejercicio de ingeniería económica lleva el curioso nombre de Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, pero echando un vistazo a su presupuesto se puede comprobar que más del 90% de sus partidas presupuestarias van dirigidas a centros privados. Porque, de nuevo, el lenguaje es importante: no existe ningún centro que sea concertado: los centros son públicos o privados, y los privados pueden tener unidades concertadas. Cuando nos hablan de la pública, la concertada y la privada, ya nos la han vuelto a colar, y esto es relevante en el asunto de estas mal llamadas “becas”, porque estos cheques, solo para privados, aplican a privados con o sin concierto.
Los recursos económicos son finitos, por lo que destinar recursos públicos a la educación privada, con o sin concierto, supone que no se destinan a la educación pública: se trata de reducir el servicio público, de privatizarlo. Evidentemente la educación pública presta el servicio educativo con equidad y, según la normativa, los privados con concierto también debieran prestar un servicio público, pero los datos muestran que globalmente segregan.
Se publicitan estos cheques solo para centros privados, alegando la libertad de elección de los padres, pero nadie cuestiona la libertad de elegir centros privados. Lo que se cuestiona, además de que los estudiantes que van a recibir estas ayudas quizás no sean los más desfavorecidos, con el umbral de renta per cápita fijado en 35.913€, es el uso de recursos públicos para centros privados frente al derecho a educación en igualdad sin segregación de los alumnos. No existe el derecho a segregar y de ninguna manera puede una administración ser cómplice o colaboradora necesaria en dicha segregación.
¿Cómo se ha llegado a privatizar así? Follow the money
Aunque el tema de estos cheques haya saltado ahora a la prensa e incluso haya habido alusiones a él en el Debate del estado de la Nación en sede parlamentaria, los cheques madrileños de educación infantil se crearon ya en 2002, los de FP Grado Superior en 2013, los de Bachillerato en 2018 y los de FP Grado Medio en 2022.
Estas cuatro etapas tienen en común ser educación no básica y no gratuita por ley, y por lo tanto no pueden tener conciertos generales, sino conciertos singulares. Es decir, los centros privados en principio no pueden recibir dinero público en esas etapas, a no ser que consigan concertar educación no obligatoria.
Cuando se agotó la vía de obtener dinero público en la educación básica mediante los conciertos, los centros privados se lanzaron a estas otras etapas educativas en las que la previsión de crecimiento del negocio es brutal, como se puede ver en las gráficas.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web de Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
El crecimiento de la FP, y en especial el aumento de los centros privados sin concierto, es claro. En los centros privados con concierto también, aunque entre los años 2013 y 2015 se observa la tendencia contraria. La razón es que en 2013, con la implantación de los cheques solo para FP Grado Superior privado, se suprimieron conciertos existentes. Algunos de esos conciertos perdidos fueron recurridos a la justicia y se recuperaron vía sentencia del TSJM dos años después.
La privatización en FP es tan vertiginosa como el aumento en alumnado. Las empresas privadas han visto la oportunidad de negocio con los cheques financiados con dinero público que contribuyen al aumento de los clientes/estudiantes con una falsa “demanda social”, inducida por la propia Administración que altera las propias reglas del mercado y la tan cacareada libertad de elección de centro.
En el bachillerato, el aumento de la privada sin concierto también es significativo. Y lo es mucho más si se visualiza que, desde que empezó a funcionar el cheque bachillerato, el bachillerato privado ha crecido cinco veces más que el público. En la implantación inicial, el cheque estaba acotado al bachillerato privado en centros con ESO concertada, vendiendo la idea de dar continuidad a los alumnos en el mismo centro. En febrero de 2020 se puso de manifiesto que se estaban dando cheques a privados sin concierto y Madrid se vio obligada a rectificar su anterior normativa para impedirlo. En 2022 la normativa de estos cheques permite explícitamente lo que se impidió en 2020, lo que muestra la apuesta sin pudor por la privatización, impulsada por el pacto de presupuestos con la ultraderecha que contenía esa exigencia. Algunos de los porcentajes de variación están fijados en ese propio acuerdo, como el 25% y 33% de aumento de cuantía, o los 62,5 millones de euros adicionales de presupuesto o el aumento en beneficiarios. Así, por ejemplo, se ha producido un escandaloso aumento del presupuesto en un +383% en cheques bachillerato y un 404% de aumento de beneficiarios en este cheque. Si no hay una intervención externa en el mercado, ¿qué negocio presenta estos valores?
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web de Estadística de la Enseñanza de la Comunidad de Madrid.
Dar dinero a los centros privados, y en especial al bachillerato por su volumen, ha generado una disputa inesperada que muestra que la lucha es por el dinero público, no por la libertad de elección, entre los centros privados con y sin concierto. Inicialmente los privados sin concierto veían discriminatorio no poder optar al cheque Bachillerato y entendían que los privados con concierto actuaban con una competencia desleal al incumplir la gratuidad, exigiendo el pago de “cuotas voluntarias” a sus estudiantes.
Ahora los privados sin concierto defienden este nuevo cheque Bachillerato, mientras que los privados con concierto protestan porque ven peligrar el dinero público que esperaban recibir a través del concierto de Bachillerato. No hay que perder de vista que ahora todos los centros privados, con o sin concierto, optan a estos cheques. Los privados con concierto quieren amarrar el negocio futuro con la garantía de recibir dinero público durante los años que garantiza el concierto y ven los cheques como “pan para hoy y hambre para mañana”.
La lucha por el negocio de educación financiada con dinero público entre todos los centros privados va a continuar centrada en el debate “¿cheques o conciertos?”, que se puede reformular así: “¿Cómo pueden recibir dinero público los centros privados?”. Y que se salta el debate previo: “¿Servicios públicos o privatización?”. Los conciertos educativos tienen una regulación y un control (teórico, la segregación global muestra que no es efectivo) que no tienen los cheques, que fomentan todavía más la segregación.
El diablo está en los detalles
Los medios han informado sobre estos cheques centrándose en los umbrales de renta para recibirlos, que oscilan entre los 100.000€ y 140.000€, a veces sin aclarar que son valores asociados a familias de tres y cuatro miembros (donde uno puede ser un concebido no nacido). La propia administración ha usado esos importes mezclándolos con otras normas que no aplican tales umbrales.
El detalle esencial es que en Madrid los cheques se conceden solo a centros privados y con un umbral de renta per cápita de 35.913€. Habla por sí sola la comparación con el umbral 3 de renta Real Decreto 154/2022 para la concesión de becas estatales, que para una familia de ocho miembros es de 56.380€. Con la fórmula de Madrid, esa misma familia de ocho miembros con ingresos de 287.304€ (35.913 x 8) obtendría el cheque.
En las bases de estos cheques se explica que la condición de beneficiario podrá obtenerse aunque no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones. La ley nacional establece que la normativa reguladora debe explicitar los requisitos de acceso a las ayudas, así como los motivos de rechazo, cosa que ha hecho el PP de Madrid: los condenados por sentencia firme por prevaricación o por tener residencia fiscal en un paraíso fiscal pueden ser beneficiarios.
Quizá alguien quiera argumentar que esas condiciones no aplican a los beneficiarios que son alumnos (aunque en FP Grado Superior el alumnado puede tener cualquier edad), pero estaría bien que argumentase también para qué lo ha añadido explícitamente precisamente el PP. ¿Por qué ha añadido todo el artículo 13.2 y no solo algún caso? ¿Por qué se añadió ya en 2020 en los cheques de FP Grado Superior? ¿Por qué se ha eliminado la prohibición expresa en los cheques de Educación Infantil?
Los cheques de FP ahora permiten educación a distancia (se añade en FP Grado Superior, en FP Grado Medio se permite desde su creación). La educación a distancia tiene menos controles para estos cheques (la normativa de Madrid no controla ni la matriculación ni la asistencia para que el centro reciba el cheque) y una privatización brutal. La gráfica muestra que lo que no es educación pública es educación privada, con o sin concierto.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web de Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Madrid vende un récord en becas y beneficiarios, y llamando “becas” a dar dinero a centros privados, efectivamente, va batiendo el récord cada año. Sin embargo, se puede comprobar que el 60% del dinero público en “becas y ayudas” se destina al 10% de beneficiarios solo en centros privados.
También pueden vender que han aumentado “becas” de segunda oportunidad que teóricamente aplican también a centros públicos, pero con datos se puede comprobar que el 99,7% del dinero público va a centros privados.
Los cheques de Madrid en educación no obligatoria no tienen ningún tipo de requisito de mérito académico más allá de no repetir curso.
Reclamad, malditos
Conocer los detalles de esta privatización y difundirlos para que se conozca la realidad está bien, pero no sirve si no se actúa.
Las bases son ilegales: la propia abogacía de Madrid indicó en informes que los umbrales de renta se deben fijar en las bases, no en la convocatoria, y Madrid lo obvió. Podemos ha planteado un recurso que debería terminar en un contencioso y anular esta convocatoria por ese defecto de forma. El propio Ministerio tuvo la oportunidad de recurrir las bases, pero no lo hizo. En cualquier caso, lo importante es ir al fondo y conseguir que esta privatización salvaje no sea posible. Podemos ha registrado una proposición de ley y una propuesta de resolución en el Congreso. También ha habido voces que han indicado iniciativas de más calado, como ir al Tribunal Constitucional tal y como ha argumentado Odón Elorza.
Una vez conocida la realidad de la privatización, no debemos solo indignarnos ante medidas como esta que la potencian, debemos movilizarnos y conseguir que se actúe para conseguir que los fondos públicos financien adecuadamente servicios públicos para todos.
Enrique García Simón es docente en la Pública. @FiQuiPedia
