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sábado, 11 de junio de 2022

Ayuso reconoce que no ha detectado “nada relevante” en los libros de texto que señaló por adoctrinamiento (David Noriega para eldiario.es)

 Artículo de David Noriega para eldiario.es

  • La Inspección Educativa no ha detectado nada relevante en la revisión que ha efectuado de 180 libros”, ha reconocido la presidenta madrileña

9 de junio de 2022 10:53h (Actualizado el 10/06/2022 18:39h)

Más de una semana después de que la Comunidad de Madrid señalase a los libros de texto para el próximo curso escolar por adoctrinamiento, Isabel Díaz Ayuso ha tenido que asumir este jueves que “la Inspección Educativa no ha detectado nada relevante en la revisión que ha efectuado de 180 libros”. Con esta frase ha respondido a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Carolina Alonso, que le había preguntado si “de verdad cree que hay un problema de sectarismo o si es una estrategia que se ha montado para que no hablemos de su pésima gestión”.


El pasado miércoles, Ayuso aseguró que su Gobierno “va a trabajar para acabar con el entrenamiento (en el ”sanchismo“) que pretende el Ministerio de Educación hacia todos los niños, especialmente, como hemos visto en estos días, con los libros de texto”. En ese trabajo, el Ejecutivo regional incluía un plan especial para que la Inspección Educativa revisase esos contenidos, una competencia que, de hecho, tienen, y que en esta ocasión ha arrojado un resultado diferente a lo que la propia presidenta y varios de sus consejeros llevan días señalando: no se ha encontrado “nada relevante”.

lunes, 6 de junio de 2022

Educación, el último campo de batalla en la cruzada de Ayuso contra el Gobierno (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
  • La Comunidad de Madrid pelea contra el Ejecutivo de Sánchez en todos los frentes educativos: ha hecho una ley específica contra la Lomloe, ha tratado de modificar la forma de evaluar hasta que la Justicia lo suspendió y amenaza con revisar los libros de texto por “adoctrinar”
05/06/2022 05:30h

Primero fue la palabra, declaraciones más o menos agresivas contra el “adoctrinamiento” y la supuesta rebaja de la exigencia. Luego vinieron los hechos: una ley muy específica para defender la concertada por aquí, un decreto para boicotear la Lomloe por allá, una instrucción con el mismo fin por acullá. Ahora, las amenazas: “Vamos a realizar una revisión pormenorizada y urgente de todos los libros en la Comunidad de Madrid (…) y vamos a solicitar la retirada de todos aquellos textos que contengan material sectario”.


La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha echado al monte de manera definitiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Educación de Pilar Alegría. No le está yendo tan bien: hablar puede no tener consecuencias, pero actuar sí. La Justicia ha suspendido de manera cautelar en la última semana un decreto y una instrucción a los centros por invadir competencias del Estado (e ir contra los designios del Ejecutivo plasmados en una ley). Ambos tenían el mismo objetivo: entorpecer la implantación de la conocida como ley Celaá.

Cualquier cuestión es susceptible de servir de campo de batalla, aunque la propia realidad te deje en mal lugar. Por ejemplo, Madrid protesta porque el Gobierno permita al alumnado pasar de curso con asignaturas suspensas cuando el 14% de sus estudiantes se sacan el título de la ESO sin todas las materias aprobadas, un dato peor que el de otras seis comunidades autónomas.

Otro frente: los currículos del Ministerio, de los que se dijo que adoctrinan y que se han tratado de enmendar con el desarrollo que debe hacer cada comunidad autónoma (el Gobierno realiza un currículo general con el 60% de los contenidos y a las comunidades les corresponde ampliarlo en el 40% restante).

La Consejería de Educación anunció que había retirado una treintena de conceptos que había incluido el Gobierno en el Bachillerato por adoctrinadores, entre los que se incluyen términos como “ciudadanía resiliente” o “emergencia climática”. “Hay párrafos que yo, como consejero de Educación, no entiendo lo que dicen”, explicó Enrique Ossorio hablando del currículo. Alberto Corsín, investigador en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), replicaba en redes sociales tras el anuncio: “De los 30 conceptos educativos que el Gobierno de Ayuso ha decidido eliminar del currículo de Bachillerato por 'adoctrinadores e ideológicos' he contado al menos 27 que el CSIC identifica entre los 'desafíos científicos' del futuro en sus recientemente publicados Libros Blancos”, escribía en Twitter.
La realidad, por otra parte, es que no se retiraron esos 30 conceptos porque no está en manos de la Comunidad de Madrid cambiar un Real Decreto del Gobierno –la forma legal en que se realizan los currículos educativos–, aunque anunciarlo dé titulares.

Pero el Gobierno regional manda cartas a Europa lamentando la ideologización de los currículos. Kyriakos Tsirimiagos, jefe de unidad en el Comité Europeo de las Regiones, ha tenido que leer una en la que el consejero le explica que “el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha aprobado unos nuevos currículos educativos, de carácter vinculante para las regiones, en los que una parte importante del aprendizaje y la adquisición de competencias ha sido sustituida por la ideología, algo contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Incluso el Consejo de Estado ha cuestionado abiertamente estos currículos por su falta de concreción [esto es cierto, afirmó que eran ”complejos y abstractos“] y por su sesgo ideológico [esto no lo dijo el Consejo], dando la razón a las denuncias que venimos realizando desde la Comunidad de Madrid”. Y eso también da titulares.

El ultimísimo elemento sobre el que percutir es la reforma de la ley universitaria. El consejero Enrique Ossorio se encargó el jueves de hacer pública su discrepancia con el proyecto tras la reunión del Consejo General de Política Universitaria. Los argumentos del máximo responsable educativo sorprenderán a pocos que sigan la política madrileña: “Ampara la politización de los campus”, explicó el responsable de que el PP utilice colegios como lugares desde los que cargar contra el Gobierno mientras impide a la ministra Montero intervenir en un acto el 8M. “Daña la calidad y la excelencia”, añadió, aunque su gestión está siendo criticada por la aprobación de Universidades privadas con informes desfavorables del Ministerio y rechazadas por los rectores de las públicas.
Los libreros también adoctrinan

Ahora les toca a los libros de texto. En su campaña contra Sánchez, el Gobierno regional ha conseguido enfrentarse con la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), a la que también se ha acusado de adoctrinamiento. Ayuso explicó el miércoles que su Gobierno “va a trabajar para acabar con el entrenamiento [en el 'sanchismo'] que pretende el Ministerio de Educación hacia todos los niños, especialmente, como hemos visto en estos días, con los libros de texto” y anunció una orden a la inspección educativa para que retire todos los “que contengan material sectario”.

La presidenta madrileña ha encontrado una seguidora para esta idea: al día siguiente de su anuncio, la consejera murciana de Educación, Mabel Campuzano, ex representante de Vox, anunció que haría lo propio en la región para asegurar la “neutralidad ideológica”.

El Gobierno reaccionó al anuncio de Ayuso explicando lo evidente: los libros los hacen las editoriales en base a los currículos, tanto del Gobierno central como de los autonómicos. Además, la ley ya prevé que las administraciones controlen qué se publica en los libros, precisamente porque no los hacen ellas. Dice el artículo 153 bis de la Lomloe: “La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente ley”. Qué libros se utilizan en cada clase es una decisión que se toma a nivel colegio, empezando por la opción de si utilizar libros o no, que no son obligatorios.
Antes había sido la ley

Tras 20 años sin una ley educativa propia –todo el siglo XXI, no la tiene desde que ostenta las competencias en Educación– o saltándosela para ceder parcelas gratis para levantar colegios privados, el Gobierno regional sintió la necesidad de tener una justo después de que se aprobara la Lomloe. El objetivo de la norma madrileña es blindar la escuela concertada, que veía amenazada por la ley estatal. Así nació la Ley Maestra, que directamente va contra varios preceptos incluidos en la Lomloe de impulso de la escuela pública, pensados para favorecer a la privada sostenida con fondos públicos: en Madrid todos los alumnos “tienen derecho a una plaza escolar sostenida con fondos públicos”, dice el artículo 5 en un sutil pero clave cambio para incluir a la escuela concertada como garante de las plazas escolares, rol que la Lomloe reserva para la escuela pública.

Todo esto –aprobar la Ley Maestra, lanzar y que te suspendan dos normas de desarrollo de la Lomloe, intentar boicotear los currículos del Gobierno, cargar contra la Ley de Universidades y contra los libros de texto– ha ocurrido en cuatro meses. El siguiente frente que se prevé puede ser el Estatuto del docente, tarea en la que está embarcado el Ministerio de Educación. Quedan 17 meses de legislatura.

viernes, 11 de octubre de 2019

La presión de las grandes editoriales de libros texto en los colegios: regalos, visitas insistentes y vigilancia de la competencia

Artículo de Laura Galaup en eldiario.es

  • Los pasillos de colegios se han convertido en el espacio en el que las editoriales compiten para lograr que sus libros se prescriban en el centro educativo
  • Competencia acredita que estas compañías pactaron en 2012 dejar de ofrecer libros gratis, pantallas digitales u ordenadores para ahorrarse 80 millones
  • "Llegan sin cita, son bastante insistentes y el conocimiento sobre el contenido no es muy profundo", apunta un jefe de departamento de un instituto público de Madrid
Los pasillos de colegios o institutos se han convertido en el espacio en el que las editoriales compiten para lograr que sus libros se prescriban en el centro educativo. "Llegan sin cita, son bastante insistentes y el conocimiento sobre el contenido no es muy profundo. Su intervención se centra más bien en contarnos si nos regalan algo, o si ellos aportan más o menos", cuenta Enrique, jefe de departamento en un instituto público de Madrid.

Los docentes consultados por esta redacción perciben el trabajo de los comerciales como "muy insistente". De esta forma lo describe la responsable de área de otro centro educativo, que explica que a lo largo del mes que llevan de curso ha llegado a tener cuatro visitas. "Vienen y vienen. No desisten", cuenta esta profesora.

En su caso, los comerciales adoptan esta actitud a pesar de que ella no utiliza libros de texto en clase. Los empleados que han pasado por este sector trabajan con la mente puesta en las ventas que deben facturar cada curso. El objetivo más codiciado son los grandes centros con muchas clases por curso.

Antonio (nombre ficticio), comercial jubilado, reseña que la introducción de un libro de texto en un centro educativo con muchos alumnos "es una pelea fuerte" en la que tienen que "arriesgar". "Si perdías un colegio era un drama para ti y el resto de compañeros", explica. Entre las armas que desplegaba para convencer a los profesores alude a "regalos" y a "invitaciones para comer".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acreditó que estas compañías ofrecían libros gratis para las ampas, la biblioteca o para hijos de profesores, pantallas digitales u ordenadores para las aulas o impartir formación a los docentes antes de 2012. Después de ese año hubo un pacto en la patronal Anele -liderada por Santillana (Grupo Prisa), Editorial SM (de los marianistas), Anaya (de la francesa Hachette Livre) y Oxford (británica, de libros en inglés)- para que nadie ofreciera esos regalos y ahorrarse 80 millones anuales. La resolución de la CNMC propuso en mayo multar con más de 33 millones a la patronal de libros Anele y a 34 editoriales por ese acuerdo que considera que se impuso con todo tipo de presiones..

En relación a esta resolución, Anele niega los hechos y llega a asegurar que se multa a sus miembros sin motivo "por cumplir la legalidad y evitar prácticas poco éticas en centros de enseñanza". Sobre estas actuaciones, Enrique reseña que "era un mercadeo casi desagradable, importaba menos la calidad de los ejemplares que las pizarras digitales". "En la década anterior y años previos era el acabose. El colegio era una jungla, un mercado de abastos", cuenta Tomás Rodríguez, uno de los editores de Akal especializado en este campo.

En 2012 la patronal trató de terminar con esta actuación y pactaron estrategias que afectaron a la competencia. El informe sancionador acredita que ese año el lobby de los libros introdujo un llamado "Código de Conducta". Con la aprobación de este documento, editores, profesores y comerciales coinciden en señalar que desapareció el "mercadeo".

Aunque Enrique considera que este cambio "ha beneficiado" a las empresas porque "siguen siendo muy competitivas", pero sin ofertas para profesores; Antonio reconoce que a partir de ese momento "empezó la picaresca" y continuaron "regalando de otra forma". Esta decisión también afectó a su trabajo diario al convertirse "en chivatos" de los compañeros que trabajaban para la competentecia. "Nos denunciábamos entre nosotros", señala.

Recortes: "cóctel perfecto" para introducir libros
Para el editor de Akal el contexto económico, los recortes educativos y la libre elección de centros, en autonomías como la madrileña, han contribuido a crear un "cóctel perfecto para que la elección de los libros de texto no pase solo por el contenido".

Asimismo, lanza una reflexión sobre estas prácticas: "La cuestión es en qué situación ponemos al profesorado para que no tengan capacidad de elección y que no solo tengan que elegir sobre el contenido, sino sobre lo que también conlleva esa decisión para el centro".

Según los comerciales contactados por esta redacción, la estrategia que despliegan las grandes editoriales para acercarse a los centros no tiene margen para la improvisación. "Nos preparaban durante meses para afrontar cómo teníamos que presentar los libros", incide Antonio.

Estos entrevistados explican que desde la editorial hay un seguimiento de los centros que se visitan. Se distribuyen por zonas y tienen unos centros atribuidos. Cada cierto tiempo deben rellenar una relación de los visitados, entre los datos que les requieren les llegan a solicitar "información importante referida a la competencia", como figura en la jurisprudencia de un conflicto laboral iniciado por un comercial.

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domingo, 2 de junio de 2019

Competencia sanciona a 34 editoriales de libros de texto y a su patronal con 33,88 millones (Antonio M. Vélez en eldiario.es)

Artículo de Antonio M. Vélez en eldiario.es
  • Las mayores multas corresponden al grupo Santillana (casi 9 millones), Anaya (8 millones) y SM (5,38 millones); también se ha sancionado a la patronal del sector, ANELE
  • Coordinaron "políticas y condiciones comerciales en el marco de un Código de Conducta para las empresas del sector"
  • Una Comisión de Supervisión "controlaba las desviaciones con medidas de presión y amenazas de denuncia a quienes no formaron parte de los acuerdos"
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes una batería de sanciones por importe de 33,88 millones de euros a 34 editoriales de libro de texto y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE).
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Competencia, que no menciona la palabra "cártel", dice que el sector coordinó un "mecanismo" para fijar "políticas y condiciones comerciales en el marco de un Código de Conducta" para sus empresas. Una Comisión de Supervisión al amparo de ese código "controlaba las desviaciones con medidas de presión y amenazas de denuncia a quienes no formaron parte de los acuerdos". "Anele y 10 editoriales pactaron condiciones comerciales para comercializar el libro de texto digital entre 2014 y 2017", explica.

Las mayores sanciones han correspondido a siete empresas del grupo Santillana, perteneciente al grupo Prisa, con multas por importe de 8.944.435 euros; Anaya (seis editoriales y sanciones de 8.027.658 euros; SM (5.389.761 euros); Oxford University Press España (3.113.066 euros) y Edelvives (2.705.258 euros). A la patronal ANELE le han correspondido otros 180.000 euros.

Santillana ha mostrado "su total desacuerdo con las dos prácticas supuestamente restrictivas de competencia que fundamentan la resolución de la CNMC", que recurrirá porque "contiene profundas inconsistencias".

En el expediente, iniciado a partir de una denuncia realizada por la Editorial Vicens Vives, se han sancionado dos infracciones muy graves según la Ley de Defensa de la Competencia y el Tratado de Funcionamiento de la UE: una serie de acuerdos y prácticas concertadas vinculadas con el desarrollo y aplicación de un Código de Conducta para las empresas del sector en vigor desde abril de 2012.

Al elaborar e implantar ese código, las editoriales sancionadas y la asociación configuraron, según la CNMC, "una estrategia dirigida a restringir la competencia en la prescripción de libros de texto no universitarios por parte de los centros educativos" que les permitió "homogeneizar las políticas y condiciones comerciales en el sector, como la entrega de materiales informáticos (pizarras digitales, cañones de proyección, ordenadores portátiles etc.), para reducir y eliminar aquellos elementos que introducían competencia en la prescripción de libros de texto".

A pesar de que el Código de conducta se justificó por un sistema de supuestas "buenas prácticas", Competencia cree acreditado "que las entidades que llevaron a cabo las conductas lo hacían con una finalidad económica y para restringir la competencia"; y que existían "métodos de castigo a las editoriales que no cumplían con los acuerdos, aunque voluntariamente no se hubieran adherido al Código de conducta".

"Anele envió cartas a competidores y a los centros educativos, incluyendo amenazas de denuncias. También se realizaron medidas de presión concretas contra Edelvives, hasta que se unió a los acuerdos, y se presentaron demandas de competencia desleal contra Vicens Vives", la denunciante.

La CNMC ha comprobado, también, un descenso de la cantidad destinada por parte de las editoriales a la entrega de material de las TIC entre 2010 y el curso 2017/2018 a las aulas, "sin que ello se haya traducido en bajadas de precios de los libros de texto".

Competencia recuerda que la comercialización de libros de texto tiene unas características "peculiares", dado que las familias de los alumnos, que son las compradoras de los libros, no seleccionan el producto en función del precio y están obligados a adquirirlo si lo prescribe el centro educativo.

"Otro aspecto relevante es que hay etapas educativas de precio fijo (educación infantil, bachillerato y FP) y otras (educación primaria y ESO) con precio libre". A esto se suma "una regulación sobre los contenidos de los libros de texto no universitarios muy clara y determinante" y que los centros educativos tienen la obligación legal de mantener los mismos libros de texto por periodos de al menos 4 años, salvo que está plenamente justificada su sustitución antes del tiempo establecido.

jueves, 12 de junio de 2014

La mayoría de las CC.AA. no renovarán los libros de texto el curso que viene

cadenaser.comLas comunidades autónomas se resisten a cambiar los libros para el curso que viene

ADELA MOLINA 09-06-2014 - 14:22 CET

La Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE) asegura que la mayoría de las comunidades autonómas no se muestra dispuesta a renovar los textos de 1º, 3º y 5º de primaria donde empezará a aplicar la L.O.M.C.E. el próximo curso. Su presidente, José Moyano, lo achaca a la decisión del Ministerio de Educación de eliminar las ayudas para el material escolar en plena crisis.


El Presidente de ANELE, José Moyano, habla directamente de "insumisión" a la hora de poner en marcha la ley en el caso de las 5 comunidades que no gobierna el Partido Popular: Andalucía, País Vasco, Cataluña, Asturias y Canarias. Las cinco han dicho que no tienen tiempo de elaborar sus propios contenidos y continuaran por tanto con el mismo material. Moyano recuerda que estas comunidades " normativamente deberian de acatar que tienen que poner, mientras tanto elaboran sus propios curriculos, el decreto del ministerio".

En las del PP el presidente de los editores señala que hay "gran resistencia al cambio de los materiales: del 100% en el caso de Castilla y León, por ejemplo, y de una manera también importante y significativa en Cantabria, en Navarra, en La Rioja y en algunas otras comunidades que están poniendo serias dificultados mediante instrucciones a los directores y a los centros educativos para que no hagan el cambio a los nuevos materiales".

Para Moyano parte de la responsabilidad es del Ministerio de Educación:"no se entiende que el Ministerio no haya hecho un gran esfuerzo por liderar un cambio aportando recursos para que las comunidades autonomas se animen, ante la situación de crisis que hay en la mayoría de la sociedad española a que esto se realice".

Educación responde que este no es un asunto de su competencia. A principio de curso el Ministerio eliminó de su presupuesto la ayuda para libros de texto y otro material que pasó a depender exclusivamente de las comunidades. En solo dos años el Gobierno ha recortado estas ayudas de 100 millones a tan solo 1,4 para Ceuta y Melilla los únicos territorios en los que el Gobierno mantienen las competencias educativas.

Fuentes del Ministerio han señalado también que no es entendible que haya comunidades que aseguran que no han tenido tiempo de elaborar sus propios curriculos cuando el decreto del Ministerio se aprobó en marzo. Según estan fuentes con la anterior ley la L.O.E. , del Gobierno socialista, ese decreto se aprobó en abril y entonces no hubo quejas. Además recuerdan que tienen a su disposición el que ha leborado el propio ministerio para Ceuta y Melilla.

lunes, 3 de septiembre de 2012

Menos profesores, más recortes, más IVA y menos becas


Unos ocho millones de alumnos de enseñanzas no universitarias volverán en las dos próximas semanas a unos colegios e institutos golpeados por la crisis, los recortes y las protestas que los acompañan; la semana pasada ya ha habido pequeñas movilizaciones en Andalucía, Asturias y Cataluña que prometen ir a más en toda España. Porque este año ya no se libra nadie (o casi nadie) de la quema, ni la escuela pública, ni la concertada ni, por supuesto, los padres, que ven cómo se encarecen todos los productos y servicios escolares mientras merman o desaparecen becas y ayudas. Y todo ello se entremezclará, además, con la tramitación de una reforma educativa que pretende colocar una reválida al final de cada etapa y profundizar en itinerarios distintos durante la enseñanza obligatoria y cuya tramitación traerán consigo, sin duda, enconadas discusiones.
La escuela pública seguirá perdiendo profesores este año (eso ocurrió por primera vez, desde que se recuerda, el curso pasado) por las medidas de ajuste del Gobierno central y de las autonomías (se aumentan las horas lectivas de los docentes y el límite de alumnos por clase, unas porque así lo han decidido; otras, empujadas por el decreto del ministerio). Esto hará más evidentes y generalizadas, por ejemplo, las pérdidas de apoyos y de clases de refuerzo en las aulas.
El recorte de más de 6.000 millones de euros desde 2010 afectará también con fuerza por primera vez a la escuela concertada. Se trata de un 4,5% de rebaja en la partida de salarios docentes y del 1,5% en la partida de otros gastos, de la que dependen el mantenimiento de los centros y los salarios del personal de administración y servicios. Esta última reducción, junto “a la modificación del IVA en la prestación de suministros básicos (luz, teléfono, gas…), pone en situación de riesgo de quiebra económica a los colegios concertados”, se quejó en una nota la patronal mayoritaria de la escuela subvencionada, la FERE.Serán decenas de miles de profesores menos (sobre los 493.818 que había hace un año), aunque aún no se conocen las cifras exactas, que pueden ir desde los 20.000 a los 80.000, según haga la cuenta la Administración o los sindicatos. De hecho, ni siquiera los Gobiernos se ponen de acuerdo a toro pasado: varias autonomías contradijeron la cifra oficial que publicó en julio el Ministerio de Educación y que dice que 2.870 docentes menos atendieron el curso pasado a 116.272 alumnos más en la escuela pública. Los sindicatos creen que la cifra se queda corta. Pero nadie duda de que el número de alumnos seguirá previsiblemente creciendo y el de docentes, bajando: este curso lo empezarán cerca de 10.000 profesores menos solo en Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y Cantabria, según estimaciones de CC OO.
Y para los bolsillos de las familias, estén en la pública o en la privada, será especialmente dolorosa la vuelta al colegio de este año. Y no solo por la subida del IVA en los comedores, el transporte, los uniformes y, sobre todo, el material escolar (este pasa del 4% al 21%), sino, sobre todo, porque las ayudas para pagar los libros de texto se están viendo drásticamente recortadas, cuando no directamente eliminadas, con lo que miles de familias tendrán que hacer frente a un gasto más: el coste medio de los libros para un alumno de primaria es de unos 214 euros, según la OCU.Precisamente, durante el curso pasado el retraso en los pagos por ese concepto puso en graves aprietos a colegios concertados de la Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla-La Mancha. La escuela completamente privada, por su parte, aunque no reciba dinero público, también está percibiendo el impacto de la crisis: las escuelas infantiles perdieron el curso pasado un 15,8% de los alumnos, con una disminución de la plantilla del 10%, según una encuesta hecha entre sus centros por la patronal ACADE.
Esto se suma a los recortes en las becas para pagar el comedor escolar que ya se iniciaron en años anteriores en Valencia, Cataluña, Baleares, Murcia, y que este año se profundiza en otras autonomías como Madrid (más de un 38%) o Galicia (40%). En esta última, la Consellería de Educación redujo a 700.000 euros las ayudas prestadas a las asociaciones de padres que gestionan el servicio y que cubren la mitad de los gastos, aunque a la vez asumió el funcionamiento de nuevos comedores que antes llevaban las familias.
Entre unas cosas y otras, está aumentando en toda España el número de niños que van al colegio con la tartera de la comida en la mochila. Cada comunidad está lidiando con ello a su manera. En Cataluña, por ejemplo, los alumnos que se lleven la comida tendrán que pagar igualmente una parte del servicio, la que cubre el pago a los cuidadores y la limpieza; serán hasta 6,2 euros al día.
En cuanto a las ayudas para libros, el Ministerio de Educación ha reducido el presupuesto de 2012 en 71 millones (un 76%), hasta quedarse en 27 millones. Esa bajada no ha sido lineal en todas las comunidades, pues depende del número de alumnos y de aulas (por ejemplo, en Madrid o Andalucía ha bajado un 66%, en Cataluña un 70% y un 76% en Asturias). La reacción de las autonomías tampoco ha sido la misma en todas ellas. Por ejemplo, en Asturias las becas bajarán finalmente un 50%, mientras que en Cantabria serán un 75% menos. Sin embargo, en otras como la Comunidad Valenciana se mantienen las cuantías. Andalucía y Canarias aguantan sus programas de gratuidad de los libros en la etapa obligatoria (de 6 a 16 años): compran y reutilizan textos que cambian cada cierto tiempo.
De las 11 comunidades que hace dos años ofrecían o estaban implantando programas de gratuidad, ya solo lo mantienen esas dos comunidades, además de Navarra y País Vasco (que tienen un regimen propio de financiación y, por tanto, no les afecta la rebaja ministerial). En Galicia lo eliminaron hace dos años, y las ayudas que las sustituyeron fueron del todo “insuficientes” ya el año pasado, según un informe de la federación de padres Ceapa.
De media, la patronal de los libros de textos, ANELE, calcula que las ayudas se reducirán en un 75%, es decir, se pasará de unos 200 millones de euros a 50. Aplicando ese porcentaje de bajada las cifras de becarios de hace dos años, se pasaría de más de tres millones de beneficiarios a menos de 800.000.
Sin embargo, es más que posible que la mantengan más familias, pero que la ayuda solo les cubra una parte de los libros. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, con el mismo dinero que el año pasado, sostienen que llegarán a unas 250.000 becas, sobre todo, a las familias más pobres. Para obtener el 100% de una ayuda a libros (125 euros) habrá que demostrar que cada miembro de la unidad familiar ha ingresado menos de renta anual per capita 5.591 euros; el 70% (87,5 euros) si los ingresos son inferiores a 7.455, y el 40% de la beca (50 euros) si se supera esa renta per capita.
En la Comunidad de Madrid directamente se han eliminado las becas de libros de texto. En 2010-2011, 310.000 familias percibieron entre 90 y 110 euros de subvención en primaria y secundaria, respectivamente. Así, las ayudas para material, a las que Madrid destinaba unos 30 millones el curso pasado, serán sustituidas por un sistema de préstamos a los centros que aún hay que definir para infantil, primaria y secundaria. En cuanto al dinero para becas de comedor (a las que el año pasado accedieron 112.0000 niños en Madrid), pasa de 29,3 millones a entre 16 y 18 millones, según la Consejería de Educación.

Inicio de las clases

Día 5 de septiembre. Infantil y primaria en Navarra.

Día 6. Infantil y primaria en La Rioja. En País Vasco, los centros pueden arrancar.

Día 7. Infantil y primaria en la Comunidad Valenciana.

Día 10. Infantil y primaria en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid. Secundaria en La Rioja y Navarra. En Murcia, Ceuta y Melilla, en todas las etapas.

Día 11. En Madrid arranca el curso en secundaria.

Día 12. Infantil y primaria en Galicia y Cataluña.

Día 13. Infantil y primaria en Extremadura y Asturias; secundaria en Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias; y en todas las etapas en Baleares y Cantabria.

Día 14. Secundaria en Aragón y C. Valenciana. En todas las etapas en Extremadura.

Día 17. Secundaria en Andalucía, Asturias y Galicia.

Con información de Pilar Álvarez (Madrid), Neus Caballer (Valencia), Diana Mandiá(Santiago) y Manuel Planelles (Sevilla).

Y la Universidad, más cara

Matrículas más caras y menos becas, porque son más difíciles de conseguir y conservar. Este es el panorama con el que arrancan el curso 2012-2013 en torno a 1,23 millones de estudiantes de las universidades públicas españolas (hay otros 172.000 aproximadamente en las privadas). Las matrículas en los campus públicos serán este curso sustancialmente más caras en la mayor parte de España, sobre todo para los que suspendan alguna asignatura. Pero trazar un media de esos aumentos (que pueden alcanzar los 400 euros para los recién llegados a las aulas en Madrid o Valencia) es más difícil que nunca y, en todo caso, esa media sería irreal.

El decreto del Ministerio de Educación de medidas de ajuste del pasado mes de abril, que decía que los universitarios debían pagar en sus matrículas un mayor porcentaje de lo que en realidad cuestan los estudios, se ha acabado convirtiendo en una especie de liberalización de los precios públicos por la falta de datos fiables sobre lo que de verdad cuesta una carrera. Así, mientras unas comunidades han aumentado entre un 30% y un 50% las primeras matrículas, otras han subido en torno al IPC (Canarias, La Rioja, País Vasco o Extremadura) o directamente han congelado el precio: Galicia y Asturias.

Sin embargo, la subida en los másteres oficiales en general ha sido mucho mayor (en Castilla-La Mancha pueden llegar a costar este año entre 2.400 y 3.700 euros más que el año pasado).

También han subido enormemente las segundas y sucesivas matrículas (los que repiten alguna asignatura), pero en este caso es imposible saber el impacto porque tampoco hay datos sobre a cuántos alumnos le quedan cuántas materias. Lo que sí se sabe es que los becarios que este año pierdan la beca por haber suspendido (el Gobierno ha endurecido los requisitos académicos para mantener las ayudas) pasarán de no pagar nada a pagar mucho por ese sobrecoste de la repetición.

Publicado en elpais.com


Más IVA y menos becas para la vuelta al cole

El nuevo curso arranca sacudido por el encarecimiento del material escolar y la reducción de un 76% en el presupuesto para ayudas en la compra de libros de texto

A partir de pasado mañana y durante las próximas dos semanas arranca un nuevo curso escolar marcado por los recortes y las protestas. Ocho millones de alumnos volverán a las aulas como cada septiembre, pero este año lo harán con menos profesores y teniendo que pagar más por los libros de texto y el comedor escolar.
Con 3.000 millones de euros menos para invertir en Educación tras el tijeretazo en el ámbito social que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y a la espera de que la reforma que prepara el departamento que dirige José Ignacio Wert esté lista para el curso escolar 2013-2014 (que contempla cambios de todo orden en el sistema educativo), el comienzo del nuevo curso académico empezará como terminó el anterior: con protestas y paros en la enseñanza pública contra los recortes. Si bien no hay fechas cerradas aún, los sindicatos de enseñanza ya avisan de que el otoño va a ser "caliente".
El secretario general de FE-CC.OO, José Campos, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que el inicio de curso va a ser "muy conflictivo" con protestas y concentraciones en las inauguraciones de curso de los distintos niveles educativos, desde Infantil hasta la Universidad, pasando por la Formación Profesional. Estas movilizaciones estarán coordinadas previsiblemente desde la Plataforma de Defensa de la Escuela Pública, integrada por sindicatos de profesores, padres y alumnos. Además, Campos no descarta una huelga general de la enseñanza en noviembre.
Para el dirigente de FE-CC.OO, las iniciativas aprobadas por el Ministerio de Educación, a través del Real Decreto de Medidas urgentes de racionalización del gasto público educativo, en el que se incluye el aumento de las horas lectivas del profesorado o del número de alumnos por aula, va a suponer el "despido de 50.000 trabajadores" del sistema educativo este curso. El Ministerio de Educación, en cambio, rebaja esta cifra a 20.000. "El escenario es bastante difícil porque todas las iniciativas suponen un ataque a la escuela pública y a la igualdad de oportunidades", ha aseverado Campos.
El presidente de este colectivo de padres de la escuela pública, Jesús María Sánchez, ha solicitado a las administraciones autonómicas que mantengan las ayudas para libros, que se ponga en marcha programa de reutilización e incluso que el Gobierno permita a las familias con menos recursos poder desgravarse el IVA en la regulación del IRPF de la declaración de 2012, una propuesta que Izquierda Unida va a llevar al Congreso de los Diputados para su debate. De hecho, en el Congreso, el Grupo Socialista ha registrado ya una proposición no de ley para solicitar al Gobierno que elabore un catálogo de servicios mínimos en el ámbito educativo con el objetivo de paliar las "desigualdades" que, a su juicio, se están dando en el acceso a este servicio público básico entre las comunidades autónomas, con motivo de la aplicación de las medidas de ajuste.Los recortes afectan a las ayudas para la compra de libros de texto, una beca cuyo presupuesto autonómico ha descendido este año en un 76%, pasando de 71 millones de euros a solo 27. En la Comunidad Madrid estas ayudas se han eliminado por completo. Solo Andalucía, Canarias, Navarra y País Vasco mantienen la gratuidad absoluta de los libros de texto. Según la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), un tercio de las familias con hijos en edad escolar no va a poder hacer frente al coste que supone el inicio del curso.
También continúan los tijeretazos en las becas para pagar el comedor escolar de muchas comunidades y algunas de ellas (de momento, Catalunya, Comunitat Valenciana y Madrid) ya han advertido que estudian cobrar a los alumnos que renuncien al catering y se lleven la comida de casa en un tupper en concepto de "uso de las instalaciones y supervisión". El pago por usar las instalaciones escolares para comer ha llevado a UPyD a registrar una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso de los Diputados que persigue prohibir a los colegios públicos y concertados ejecutar este cobro. Según explica, el precio medio del comedor está entre los cuatro y los seis euros diarios, lo que supone un gasto de entre 80 y 130 euros mensuales por hijo en las familias que no reciban ninguna ayuda.
A todo ello se suma también el incremento del IVA, que en el material escolar pasa del 4% al 21%.  Las organizaciones de consumidores aseguran que esta subida va elevar un 3% el gasto para la vuelta al cole
Financiación a centros que segregan
Dos sentencias del Tribunal Supremo contra los conciertos a los centros escolares que separan a los alumnos por razón de sexo han marcado el final del verano, pues tras estas resoluciones judiciales se ha vuelto a encender el debate sobre si la educación diferenciada debe o no recibir fondos públicos. Sin embargo, el ministro de Educación no descarta, dentro de la reforma del sistema educativo, introducir en la ley una referencia explícita a que esta modalidad de oferta educativa no tiene por qué suponer ni discriminación ni segregación y por tanto pueda ser subvencionada.
La libertad de elección de los padres, defendida por unos, y la igualdad de oportunidades de niños y niñas en la educación y no discriminación por razón de sexo, apoyada por otros, son los principales argumentos en el debate sobre este modelo educativo que, para el ministro, no es otro que una opción más dentro de un sistema en el que predomina "de forma abrumadora" la coeducación o educación mixta.
Publicado en publico.es

domingo, 5 de agosto de 2012

Libros de texto en defensa del copyright [Por Ángel Vázquez]


Sutilmente, como quien no quiere la cosa, el ministro Wert está dejando la puerta abierta a una campaña pro copyright en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. No se trata de actividades extraescolares, ni de conferencias, ni de nada por el estilo: se trata de incluir el “respeto a la propiedad intelectual” en la programación de Educación para la Ciudadanía o, mas bien, en su sucesora:Educación Cívica y Constitucional, que comenzará a impartirse en el curso 2013/2014.
Los primeros cambios, en realidad, no esperarán al 2013: durante el curso 2012/2013 ya serán de aplicación algunas modificaciones que han sido aprobadas en el último Consejo de Ministros. El primer borrador de dichas modificaciones data del día 3 de mayo, y ya levantó ampollas por la supresión de contenidos que el gobierno popular consideraba “conflictivos” (como la homosexualidad, el racismo o la xenofobia) y la incorporación de otros como el “respeto a la propiedad intelectual”. En una versión posterior (con fecha del 24 de mayo) se había eliminado una referencia al “nacionalismo excluyente”, pero se mantenía la mayor parte del texto.
Para cuando el texto definitivo se publique en el BOE los profesores estarán de vacaciones y los institutos de secundaria cerrados a cal y canto. Los departamentos de los institutos de secundaria no volverán a funcionar hasta septiembre, ni habrá actividades formativas ni informativas para el profesorado hasta el inicio del nuevo curso, momento en el que los docentes deberán poner en marcha las modificaciones en Educación para la Ciudadanía al mismo tiempo que se ponen al día sobre ellas. Esto dará lugar a improvisaciones en torno a las únicas referencias disponibles: los libros de texto.
ANELE, la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza, aseguró hace un mes que ya estaba trabajando en la elaboración de los nuevos textos y que, en el caso de que no estuvieran listos para septiembre (lo que podría ocurrir en comunidades autónomas que, como han anunciado Cataluña, Andalucía y Euskadi, desarrollarán sus propios programas con posterioridad a la publicación de las reformas en el BOE) se entregará gratuitamente a los profesores un texto orientativo sobre los contenidos a suprimir y a añadir. Lo preocupante de este plan es la visión de ANELE sobre cuestiones relacionadas con la “propiedad intelectual”:
- En 2008 ANELE fue uno de los patrocinadores del proyecto “Educar para crear“, polémico tanto por el dudoso gusto de algunas de sus actividades como por propagar falsas ideas sobre la ley de propiedad intelectual.
- En 2009 ANELE se quejaba de “la importante significación del peso de la edición pública procedente, sobre todo, de instituciones educativas y Administraciones Autonómicas y Locales” y de que el préstamo de libros es una fórmula “lesiva para los derechos de autor”.
- En 2010 ANELE acusaba a las administraciones educativas de ser promotoras y cómplices de la piratería, llegando a afirmar que “la distribución gratuita y generalizada de los contenidos curriculares en soporte digital vulnera Ley de Competencia” o que “la puesta a disposición de esos contenidos gratuitamente tiene un efecto deseducador y demoledor sobre la Cultura”, “tales prácticas convierten a las administraciones educativas en promotoras y cómplices de la piratería”, “el sector editorial se configura como el único capaz de ofertar contenidos digitales de aprendizaje variados, completos y de calidad contratada” (es de suponer que el autor quería escribir “calidad contrastada” y no “calidad contratada”) entre otras perlas.
- En 2011 ANELE, en su informe sobre la evolución de los libros de texto, insiste en acusar de piratería a las administraciones educativas, en cargar contra el préstamo de libros, la digitalización de contenidos y, en general, contra todo lo que pueda afectar a la rentabilidad económica de las editoriales, porque “es importante que las empresas obtengan resultados positivos, porque lo contrario va en detrimento de la calidad, de la pluralidad y de la riqueza cultural”.
- En 2012 ANELE ha propuesto que el Ministerio de Educación “propicie el desarrollo de una plataforma única que garantice la calidad de los recursos, el acceso a la pluralidad de contenidos que ofrecen el conjunto de las editoriales educativas y la protección de datos de los menores y de la propiedad intelectual“. Esto, desde luego, dejaría fuera de juego a iniciativas como los Textos Marea Verde, que intenta poner a disposición de alumnos y profesores libros de texto libres bajo licencias Creative Commons.
En 2012 ANELE tendrá el privilegio de explicar a los profesores lo que deben contar a sus alumnos sobre “respeto a la propiedad intelectual”. Si Wert admite lo de la “plataforma única”, además, pronto será la única voz autorizada.
Ángel Vázquez, nacido en Zafra (Badajoz) en 1968, químico y profesor de secundaria. Comenzó a navegar por la red en el verano del 98, con un modem de 14.400 kbps, a través de una conexión que fallaba la mayor parte del tiempo, y llegó a ser presidente del Partido Pirata español entre 2010 y 2011.
Ahora también es colaborador de Nación Red.
Publicado en nacionred.com