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sábado, 23 de mayo de 2026

La Plataforma Laboral de Educación Infantil 03 dice: ¡Basta! (Alicia Alonso para El Diario de la Educación). 8-5-2026

 Artículo de Alicia Alonso para El Diario de la Educación

8-5-2026
¿De dónde surge el problema?

De la disonancia entre las aportaciones del conjunto de las ciencias sobre qué es la infancia, y la jurisprudencia para asegurar su cumplimiento, con la realidad que vivimos en el primer ciclo de educación infantil.

El concepto tradicional de infancia, minusvalorada respecto al mundo adulto porque se entendía como proyectos de personas, fue evolucionando a lo largo del siglo XX hasta que, en 1989, la Convención de los Derechos del Niño le dio su valor real. Declaró que era el bien más preciado que la sociedad tenía, que esa infancia era, además, sujeto de derechos inalienables e interactivos desde el comienzo de la vida; no es posible satisfacer un derecho, por ejemplo a la educación en casa y/o en una institución, si no hay políticas laborales (salarios adecuados y bajas materno-parentales), sanitarias (cuidado del desarrollo y prevención y trato de enfermedades) o sociales (solución habitacional y ayudas suficientes) que confluyan. Por ello declara que su interés superior ha de estar por encima de cualquier otro, haciendo responsables a las personas adultas de posibilitar que ejerzan esos derechos, y empieza por los estados firmantes que, legislando en consonancia, están obligados a velar por que quienes cuidan a esa infancia (familias, instituciones, …) puedan facilitar que realice sus derechos, tanto en la familia como en las instituciones.

La jurisprudencia derivada, prescriptiva igualmente para los estados firmantes, añade que la primera infancia, hasta los ocho años, es el primer periodo, y esencial para la realización de esos derechos porque este tiempo es la base de la salud mental y psíquica y del desarrollo de aptitudes”, lo que requiere una protección especial. Su personalidad, cuerpo y sistema nervioso se están conformando en este primer eslabón y el nivel óptimo de suspotencialidades, las que tiene derecho a desarrollar, dependerá del tipo de interacción con las demás personas y con el medio que les ofrecemos. Se resalta, especialmente, que “los bebés y los niños muy pequeños tienen los mismos derechos que los demás niños a que se atienda a su interés superior” (Artículo 44, O.G. nº14 del Comité de los derechos del niño). Pero, dada su mayor vulnerabilidad y dependencia que no incapacidad, necesitan construir vínculos de calidad que requieren una alta disponibilidad adulta, lo que es imprescindible para que descubran el mundo y se abran a él desde la seguridad necesaria, con curiosidad, desenvoltura y bienestar.


Parecía que leyes como la Ley General de Ordenación del Sistema Educativo, la LOGSE de 1990, iba a determinar la realización de derechos infantiles, en el sentido pedido por la Convención, al incorporar el derecho a la educación institucional, también desde el comienzo de la vida. Nacía así, incluida en el Sistema general, la etapa de Educación Infantil, única pero dividida en dos ciclos, hasta los tres años el primero y desde ahí a los seis el segundo.

Fue muy importante, pero faltaba mucho por lograr, en especial en el primer ciclo, precisamente el más vulnerable. Estas edades estaban enormemente dispersas en diferentes tipos de centros, reglados y sin reglar, dependientes de administraciones varias, con un rosario de titulaciones profesionales interviniendo, con un abanico de diferentes derechos laborales, todos muy precarios, o su inexistencia.

Tras 16 años y en lugar de mejorar, con la LOE de 2006 se institucionalizó el abandono de este primer ciclo por parte del estado, que dejó su regulación absoluta en manos de las Comunidades (18 territorios). Esto lo discriminaba, junto a la Formación Profesional, al no darles unos mínimos comunes de enseñanzas y requisitos de centros, como si ocurría con el resto de etapas.

El malestar a que dio lugar en su sector profesional fue reforzado por las lesivas condiciones en que una gran parte de las Comunidades legislaron sus propios y diversos requisitos mínimos: con currículos, o incluso sin ellos, con ratios demasiado elevadas y diferenciadas, exigencias de espacios y titulación diversas, igual ocurría con las condiciones laborales que, en todo caso, eran malas. Profesionales de la educación infantil empezamos a movilizarnos reivindicando la reincorporación del primer ciclo al sistema educativo general en 2006. En 2007 constituimos la Plataforma de Educación Infantil Estatal 06, que siguió luchado por esta y otras peticiones para que se tratara a la etapa, al menos, con el mismo respeto que al resto.

Fruto de la lucha en estos años, logramos que en 2020 una nueva ley de educación, la LOMLOE, integrara de nuevo a este primer ciclo en el Sistema Educativo General, lo que incluía la definición estatal de mínimos comunes de enseñanzas y de centros. También se explicitó que todos los centros que acogiesen a niños y niñas de estas edades hubiesen de cumplir estos requisitos comunes para ser autorizados, y que dependiesen exclusivamente de administraciones educativas (modificación del Art. 14.2, 14.5y 14.7 de LOE).

El Real Decreto 95 de “Enseñanzas”, que desarrollaba este aspecto, llegó en 2022. Pero aún estamos esperando, casi seis años después, el de “Requisitos de Centros” en relación con titulaciones exigidas, apoyos, espacios y ratios, imprescindible para proteger con mínimos comunes a todo el estado. Mínimo supone la base que ninguna comunidad puede empeorar, pero que sí puede mejorar.


¿Cómo está hoy el problema?

Al no haber regulación estatal, se mantiene en vigor una enorme variabilidad de Decretos autonómicos, con una realidad muy precaria de sus profesionales y muy lesiva para los derechos de las criaturas y sus familias.

Voy a centrarme en aspectos inasumibles que se mantienen:

Primero, unas ratios inhumanas que hacen muy difícil la atención educativa individualizada, la que requieren momentos como el cambio de pañal, la comida, el seguimiento sostenedor del juego o una labor preventiva e inclusiva con las criaturas y con las familias. Es decir, dificulta extraordinariamente la construcción de ese vínculo seguro que, aunque secundario respecto al familiar, es también imprescindible porque, en ausencia del primero en la escuela, uno nuevo ha de llenar ese espacio.

Y es que las ratios, con sus diferencias territoriales, siguena años luz de lo recomendado por el Consejo de Europa. Sufrimos una media de entre 6 a 8 bebés por profesional, Europa establece 4; de 12 a 14 criaturas entre 1 y 2 años, Europa fija 6; de 16 a 20 criaturas de 2 a 3 años, Europa fija 8. Y ello por no contar la enorme diversidad en las aulas mixtas, figura organizadora recurrente en las zonas menos pobladas. A esto se suma un número de apoyos de personal en las aulas altamente insuficiente y muy variado según comunidades, sin reducciones por la incorporación de alumnado con necesidades educativas especiales en muchos territorios y con la escasa ayuda posible de una atención temprana también desbordada, que no puede llegar a realizar muchas de sus funciones por insuficiencia dotacional humana y material. La necesaria pareja educativa es casi inexistente, cuando no está tergiversada.

En segundo lugar, se suman espacios inadecuados junto a horarios extenuantes para muchas criaturas que pasan más de 8 horas en los centros, más que un horario laboral estándar adulto diario, sin descanso en julio como sí tiene el segundo ciclo, y sin aire acondicionado en los centros para que puedan soportarse las altas temperaturas de los meses de verano.

En tercer lugar, es obsceno el mal trato continuado administrativo a sus profesionales. Con una alta variación de apoyos según comunidades, condiciones laborales y titulaciones que intervienen, también inferiores a la de Técnico en Educación Infantil. Sus profesionales no se consideran docentes, incluso en las escuelas de gestión directa son personal administrativo cuando, sin embargo, se les exige la misma gran carga burocrática que al resto de etapas, sin que se contemplen tiempos dentro de su horario laboral para realizarla.

Los salarios son sangrantes a cambio de una tarea de hiper-responsabilidad. Hay quienes cobran menos del salario mínimo interprofesional gracias a triquiñuelas varias; la mayor parte del personal apenas supera los 1200 a 1500 euros brutos, con una media de entre 1090 a 1100 netos, que aprobó la patronal con los sindicatos mayoritarios FSIE, UGT y USO en el vergonzoso XIII Convenio Estatal de la privada el 5 de marzo de 2025. CCOO rehusó firmar por considerar que perpetuaba la precariedad laboral del sector.


El personal de escuelas públicas de gestión directa, aunque con mejor status, es cada vez menor porque la privatización de la gestión avanza espectacularmente; por ejemplo, de las 393 Escuelas infantiles públicas de Madrid, solo 57 son de gestión directa, y de ellas solo 2 corresponden al ayuntamiento de Madrid. Su salario oscila entre los 1300 y 1800 euros brutos según comunidades, igualmente muy inferior al del resto de docentes; a pesar de que también es discriminatorio, la petición de reversión hacia la gestión pública de los centros de titularidad privada ha sido un lema reivindicativo constante porque sus condiciones laborales son notoriamente mejores.

Así no puede darse un cuidado educativo individualizado cálido y de calidad, como lo definen las compañeras asturianas, el que requiere poner en el centro el interés superior del menor.


El primer ciclo se ha desvirtuado sistemáticamente al seguir siendo discriminado del resto con todas estas actuaciones. De ellas deriva, en la práctica, el malentendido concepto de conciliación, que viene de la mano encubierta del de “guardería”, vinculado a la antigua concepción de la infancia que solo precisaba “guarda y custodia”, tan obsoleto como el de asilo para las personas mayores, pero sin que se haya erradicado como este.

Es preciso recordar que conciliar la vida laboral y familiar, aunque es un tema altamente necesario, es un concepto empresarial que requiere para su realización políticas sociales y laborales que la faciliten, no un horario abrumador para criaturas institucionalizadas que tienen derecho y necesidad de construir una relación suficiente y segura con su entorno familiar. No se da a los cachorros humanos lo que hoy en día se reconoce para otros mamíferos: su necesidad primera de construir un vínculo de apego seguro.

¿Qué se está haciendo para resolver?

En esta situación desde hace casi cuatro años, y en especial durante la negociación de ese aciago XIII Convenio, se va gestando la Plataforma Laboral de Educación Infantil (PLEI); un nuevo movimiento reivindicativo de educadoras y educadores infantiles que, harto de que les impidan realizar su trabajo con la calidad que requiere, intentan revertir la precarización del cuidado educativo que despliegan cada día con niños y niñas de cero a tres años, nuestro bien más preciado.


P.L.E.I., mayoritariamente femenina porque es la situación del sector con un 97’4% de mujeres, ha sabido aunar las necesidades directas de la infancia con las laborales que revierten sobre ella. Por ello ha arraigado con fuerza entre las y los profesionales del sector. La plataforma agradece los posibles apoyos de sindicatos mayoritarios, pero mantiene su independencia y organización asamblearia y busca la unidad con otros movimientos educativos y de base para lograr sus fines. Ha conseguido el acuerdo de toda la comunidad escolar con sus demandas, así como el de muchos otros sectores que entienden su situación límite.


P.L.E.I. ha dicho “basta” al maltrato institucional que supone las ratios inasumibles, los salarios y condiciones laborales humillantes y discriminatorias. Pero también denuncian el desconocimiento y falta de valoración social de su trabajo, así como el sobre-esfuerzo mental y físico que se les ha venido exigiendo.


Así emprendieron un camino de lucha difícil y muy trabajosa a la que han incorporado a las familias al saber explicarles que con sus reivindicaciones defienden el bienestar de sus hijos e hijas.


El movimiento fue precedido por la huelga de 2 meses de las educadoras de escuelas infantiles navarras en 2022, cuyas peticiones eran semejantes. En la primavera de 2025, cuando nace P.L.E.I., están en huelga las compañeras de Baleares durante 2 meses también y Asturias hace una huelga de tres días en noviembre de 2025.


P.L.E.I. hace concentraciones y se va sumando, en el año de su fundación, a las huelgas por la escuela pública que denuncian la situación y empiezan a divulgarla en prensa y en redes, de modo que una marea amarilla está llenando todo. Realizan, en diciembre, jornadas educativas en el Congreso de los diputados en defensa de los derechos de la infancia y de unas condiciones laborales dignas para dar al primer ciclo. Se entrevistan con todos los partidos políticos y administraciones educativas, sociales y laborales que quieren recibirlas para exponerles sus reivindicaciones y llevan a la Asamblea de Madrid en febrero de este año 2026, a través de Sumar y PSOE, una Propuesta No de Ley con la petición de bajada de ratios y mejora de condiciones laborales.


Cuando las compañeras de Asturias hacen de nuevo una huelga en febrero de este año 2026, P.L.E.I., con una enorme valentía, empieza a gestar en Madrid la actual huelga indefinida que, respaldada por CGT, comienza el 7 de abril y aún está en vigor con un seguimiento y apoyo masivo que muestra la fuerza del movimiento.


Hacen un “manifiesto” en la creencia de que “otra educación es posible y empieza antes de dar los primeros pasos” … puntualizando que “No se trata solo de cuidados, ni de guardar a la más tierna infancia: hablamos de vínculos, aprendizajes, bienestar y derechos”.

Piden

  • Bajada de ratios, pareja educativa y aumento de apoyos en una red pública y de gestión directa que revierta su privatización.
  • Menos burocracia administrativa, pero con tiempo dentro de la jornada laboral para construir buenos proyectos educativos en Escuelas Infantiles Públicas, de titularidad y gestión, que puedan dar servicio universal y gratuito al ciclo, con recursos y en espacios adecuados; sin meter el ciclo “a cajón” en colegios de infantil y primaria que no están preparados para acoger a la infancia de estas edades, a sus profesionales y a sus familias.
  • Subidas salariales dignas y sensibilización social de la importancia de su trabajo en el presente de la infancia.
  • Equipos profesionales estables, garantizados por condiciones laborales que lo permitan y posibiliten el adecuado sostén y acompañamiento “a las criaturas y familias en el proceso de aprendizaje, desarrollo y crianza respetuosa”.
  • Ampliación de la red de atención temprana para que pueda apoyar, con la eficacia necesaria, el desarrollo integral de todas las criaturas que lo precisen por cualquiera de sus condiciones vinculadas a necesidades específicas de apoyo educativo, Para que también pueda apoyar a las familias y al equipo profesional de la escuela

Su última propuesta, además de mantener la huelga indefinida hasta el logro de sus aspiraciones, es la convocatoria de una huelga del primer ciclo de la Educación Infantil en toda España este 7 de mayo, huelga que recibe un masivo apoyo social.


Afirman que es por todo lo anteriormente expuesto que “reivindicamos y exigimos a las administraciones públicas que se hagan cargo de los derechos de la infancia y de las familias, siguiendo las directrices de la Unión Europea y que creen más plazas públicas que garanticen el acceso y el sano desarrollo del menor. Pero no a costa de la precariedad laboral de sus trabajadoras y de sus familias. La solución no consiste en la privatización del servicio, pasa por una mayor inversión que ponga en valor la importancia de este ciclo educativo y le dote de los recursos tanto materiales como humanos” a los que tiene derecho según la Convención de los Derechos del Niño, la que España tiene el deber de cumplir desde sus diversas administraciones territoriales estatales, autonómicas y municipales.


Apoyo y deseo éxito a PLEI, cuyas componentes cuidan educando lo más precioso que tenemos, ese primer ciclo de niños y niñas. Y es que tienen derecho absoluto a iniciar su recorrido vital con la calidad y calidez necesarias, la base imprescindible para una buena vida futura según todo el conocimiento científico y jurídico que tenemos.


Esto obliga a las administraciones y pasa, además, por la drástica mejora de las condiciones laborales de sus profesionales para que deje de ser realidad la declaración que Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, hizo hace ya más de 25 años:

La primera infancia, de 0 a 3 años, debe ser la prioridad absoluta de los gobiernos responsables, plasmada en leyes, programas y recursos. No obstante, estos son los años en los cuales reciben menos atención y es una tragedia para los menores y los países. La inversión en esta fase garantiza un desarrollo integral y equidad. (2001: Informe de UNICEF).


Psicopedagoga, maestra y formadora de educación infantil y primaria

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domingo, 24 de octubre de 2021

“¡Todas a la FP!” El proyecto neoliberal de ingeniería social abrazado por la izquierda (Eduardo García y Juanjo Espinosa para ELSALTODIARIO.COM)

ELSALTODIARIO.COM publica este artículo de opinión 


“Yo también fui a la efepe

y con mi técnico superior

de informática me efePrecaricé”

(Letra de David Castro, Los Habitantes)


En los últimos meses asistimos en los medios a una intensa campaña de agitación y propaganda que tiene por objeto vender la reforma de la FP aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Durante el mes de septiembre, dentro de esa campaña, hemos tenido la oportunidad de leer en Público una entrevista de Marta Nebot a la Secretaria de FP, Clara Sanz, seguida de un artículo de opinión de la propia Marta Nebot. Unos días antes, Agustín Moreno nos sorprendía con un artículo en la Tribuna abierta de eldiario.es. Entre todo el material disponible en los medios hemos elegido estos artículos como objeto de nuestro comentario por su significación política. Nuestra opinión sobre la nueva Ley de FP está recogida en el comunicado hecho público por FASE-CGT.


Clara Sanz, siempre al servicio del empresariado, no de “el país”, trabajó ya en los gobiernos de Rodríguez Zapatero y de Esperanza Aguirre y lo hace ahora en el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Diaz. “Hace 20 años”, dice la Secretaria General de FP en la entrevista, “la gente creía que trabajaría toda la vida en la misma empresa“. “Hoy nadie cree eso”. De esta forma descarnada expresa su obediencia a la ley del mercado laboral precario. ¿Por eso las reformas laborales están aún vigentes? Por su parte la periodista Marta Nebot, asume por entero de forma acrítica el discurso oficial sin molestarse en comprobar los datos con los que Clara Sanz pinta la realidad. Así, desde la posición en que la dejó el ascensor social, se presta a contribuir con su granito de arena ideológico y político. Agustín Moreno en cambio, como no podía ser menos en alguien de izquierda, muestra su preocupación, que compartimos, sobre todo por los “chicos de la clase obrera”. Lamentablemente comete algunos errores que tienen consecuencias políticas.


Falacias aritméticas y geométricas

Los portavoces oficiales y los voceros de la patronal manejan “diagnósticos” o “previsiones” de “las necesidades formativas” de las empresas como si fueran el resultado de una ley natural inexorable e incuestionable de la evolución de la economía. En realidad esas previsiones son objetivos que se han marcado. Nos es “lo que va a ocurrir”, sino “lo que quieren que ocurra” para satisfacer las “necesidades de la economía”, o sea del capital: la lógica del beneficio es la ley que rige esas “previsibles necesidades formativas”. Por tanto la contención salarial, la inestabilidad y la precariedad laboral van a persistir. Hay pues que andarse con cuatro ojos porque, como en un juego de trileros, nos confunden jugando sutilmente con las palabras, los datos y las figuras. Nos centraremos en dos mitos: el eslogan del 65% y la forma, en barril o diábolo, del mercado de trabajo y/o la distribución de cualificaciones. Empecemos por esto último.


A. Que el mercado de trabajo tenga “forma de barril” o “forma de diábolo” no depende del sistema de formación sino de la capacidad del sistema productivo para generar empleo y del tipo de empleo que es capaz de generar. Ahora bien, a día de hoy, en contra de lo afirmado por la señora Sanz, no “tenemos un mercado laboral con una estructura de barril”. Baste recordar que la tasa de paro más baja corresponde a los titulados superiores, según los datos aportados por el I Plan estratégico de FP (Tabla de página 9): 8,67% de paro, frente a 15,40% de titulados de FP o 15,92 % de Bachilleres. Por tanto, según esos datos, podemos afirmar categóricamente que, a día de hoy, las personas tituladas en FP tienen menos probabilidad de encontrar trabajo que los titulados superiores y no se puede sostener el mantra de que “la formación profesional mejora la empleabilidad”. Precisamente, esa es una de las “anomalías” del mercado laboral español que quieren corregir con la nueva Ley de FP. ¿Cómo? Derivando hacia la FP a gran parte del alumnado que ante la falta de puestos de trabajo decentes, deciden intentar suerte continuando los estudios superiores. Se trata de disuadir al alumnado de bachillerato de ir a la Universidad orientándolo a los ciclos de grado superior. Como ya “vaticinó” la OCDE en 2001, “no todo el mundo elegirá una carrera en el dinámico sector de la “nueva economía” —de hecho, la mayoría no lo hará”. Ni que decir tiene que esta conversión masiva de “estudiantes” en “aprendices” afectará sobre todo al alumnado de clases populares.


Se trata de disuadir al alumnado de bachillerato de ir a la Universidad orientándolo a los ciclos de grado superior.  Ni que decir tiene que esta conversión masiva de “estudiantes” en “aprendices” afectará sobre todo al alumnado de clases populares

Eso por la parte alta del barril, mientras que por la parte baja una masa de gente joven, también en su inmensa mayoría de clases populares, poco formada y sobre todo con una instrucción elemental reducida a las competencias básicas, deberá pasar de la ESO a la FP. Se trata de acabar con ese infame 47,50% de personas mayores de 16 años que abandonaron el Sistema Educativo con baja cualificación (ESO o menos), fruto del llamado “abandono escolar temprano”, “inempleables” para el sistema y abocados a la exclusión social (Ver Tabla 1. Página 9 del Plan para la FP, el crecimiento económico y social y la empleabilidad )


¿Cómo reducir ese escandaloso 47,50%? Hasta ahora los Programas de Garantía no han funcionado, son costosos y no son suficientes. La Formación para el Empleo se reduce a cursos formativos poco menos que obligatorios para quienes perciben algún subsidio. El objetivo es volver a meter a esas personas poco cualificadas en el sistema. Objetivo muy loable, sin duda. Para lograrlo, la nueva Ley de FP intenta institucionalizar un nuevo mecanismo de (re)inserción bajo el rimbombante eslogan de “formación permanente a lo largo de toda la vida”. Esto, lejos de asegurar un empleo y una vida digna, condena a millones de jóvenes, sobre todo de clases populares y con menos recursos, a los flujos y reflujos entre diferentes vías formativas y entre la formación y el empleo (basura).


Ni trabajadores/ni estudiantes, con el ambiguo estatus de “aprendices”, quedarán atrapados en el “aprendizaje a lo largo de la vida” como el hámster en su rueda, permanentemente disponibles, adaptables y “empleables”. De ahí el invento de organizar la oferta de la FP dual en módulos “a la carta” a base de unidades formativas, los módulos de niveles A a D, “capitalizables” y acumulables en la “carpeta personal de competencias”. Esta es la nueva fórmula de la precariedad y la inestabilidad, la institucionalización de la dependencia de por vida. Es el fin de cualquier aspiración a la libertad y la dignidad. De paso, millones de personas desaparecerán de las estadísticas del paro...porque están en formación dual.


B. Veamos ahora el famoso eslogan del 65%. En la entrevista con Clara Sanz se afirma que “en 2030 los nuevos puestos de trabajo requerirán en el 65% FP de formación media, el 35% FP superior y grados universitarios”. (Observemos de pasada cómo ha desaparecido por arte de trilero el % de bajas cualificación). Marta Nebot se traga el sapo y da su propia versión del mito: la periodista afirma que “La UE vaticina, para 2030, que los trabajadores formados en Formación Profesional se van a llevar el 65% del trabajo”. Este bulo del 65% viene dando tumbos desde hace años. (Puede consultarse un resumen de su historia en El menosprecio del conocimiento (Icaria, 2020). Clara Sanz le pone fecha y contenido al feliz evento: los puestos de trabajo disponibles en 2030 exigirán a las aspirantes poseer una FP de grado medio. Ahora bien, si se consultan algunos documentos oficiales publicados por su propio ministerio lo que encontramos es otra cosa. (Ver los Gráficos 3 y 8 del Plan para la FP, el crecimiento económico y social y la empleabilidad). Aclaremos que el Plan para la FP, el crecimiento económico y social y la empleabilidad, también llamado Plan de modernización, es la segunda parte, bajo los efectos de la pandemia, del I Plan estratégico de FP del año 2019 y ambos forman parte de las campañas de agitación y propaganda previas a la aprobación de la nueva ley de FP. Estos documentos simplemente trascriben “previsiones” o “diagnósticos” del Centro Europeo para el Desarrollo de la FP (CEDEFOP).


El Gráfico 8 es particularmente interesante porque muestra que la estructura de la demanda formativa, según la lógica de la economía neoliberal, adoptará en 2030 en la UE una forma que ciertamente recuerda poco a un barril: 15 abajo, 45 en medio, 40 arriba. Lo mismo puede decirse del Gráfico 3 respecto a las “previsiones” para 2025: 14 abajo, 49 en medio, 37 arriba. Estos gráficos muestran muy claramente que la gran transformación afecta a la distribución entre los niveles de cualificación bajos (de 36% a 15%) y medios (de 28% a 45%), y apenas afecta a los niveles superiores (de 36% a 40%). Sea como sea en ningún lado vemos la mítica forma de barril ni el no menos mítico 65% con el que nos aturden Sanz y Nebot.


Los cambios en la distribución de las cualificaciones no garantizan el empleo ni eliminan las causas de su precariedad y temporalidad, sino que pondrá a disposición de los empresarios una masa de jóvenes formada a demanda

Así supuestamente se alcanzaría la estructura virtuosa de la distribución de cualificaciones que exige la “nueva economía”. Es un magno proyecto de ingeniería social. Insistimos: los cambios en la distribución de las cualificaciones no garantizan el empleo ni eliminan las causas de su precariedad y temporalidad, sino que pondrá a disposición de los empresarios una masa de jóvenes formada a demanda, débilmente instruida y sin otras expectativas vitales que obtener un empleo como sea. Queda muy bonito eso de defender la “adaptación del sistema educativo al mercado laboral” con el argumento de “no gastar dinero público en formar desempleados”, como afirma Clara Sanz. Pero para evitar ese presunto “despilfarro” lo que hace falta es crear puestos de trabajo decentes y dignos. Y eso no será posible mientras las capacidades productivas de la tecnología sirvan exclusivamente a los beneficios del capital, en lugar de servir para reducir la duración de las jornadas laborales y repartir el trabajo disponible.


El mandato neoliberal y la izquierda

Marta Nebot se siente engañada como parte de una generación a la que hicieron creer que la Universidad era la panacea social, el mejor vagón del ascensor social, mientras que quienes triunfaron en la vida fueron los electricistas y fontaneros que se están “construyendo su segunda vivienda en el campo, (...) dueños de su tiempo, de sus certezas laborales, de sus vidas”. Para Marta Nebot el referente del éxito son los oficios tradicionales, los trabajadores por cuenta propia y los autónomos. Como parte de esa “clase media” decepcionada por el ascensor social, ante el dilema de las familias —“¿Qué hacer con los hijos?”— la FP dual es para ella la buena elección, hacer FP es la nueva panacea, aunque eso suponga aprender un oficio, para la mayoría, y adquirir una profesión, para los menos. Nebot se pregunta qué hubiera dicho Clara Sanz si un hijo suyo hubiera decidido hacer FP. Pero, tan decepcionada como está por los estudios universitarios, ¿ha pensado ella alguna vez qué habría sido de su vida si hubiera hecho FP en lugar de Periodismo? Al igual que su entrevistada y todos los voceros del gobierno y la patronal, hay que plegarse a la lógica del mercado laboral como si fuera una ley natural ciega e intocable que se impone fatalmente.


Pero el ascensor social no ha dejado de funcionar: quienes por su posición social tenían los recursos necesarios para llegar, llegaron. Ahora ella, desde los medios de comunicación, ejerce de ascensorista: aconseja a la juventud que no sueñe, que sea realista, que se alisten. “¡Suban al vagón correcto!” “¡Todas a la FP!” Pero la FP no es un bloque monolítico, hay vagones de Preferente, Primera y Segunda y cada uno acabará en un nivel determinado de la estructura de empleo y, por tanto, en la correspondiente categoría socio laboral. Unos acabarán de autónomos endeudados para sacar el negocio adelante (y además tener una segunda residencia a crédito), otras aprenderán “el uso de drones para mejorar la productividad y la calidad” en explotaciones vinícolas punteras, otros serán “mecatrónicos”... mientras la mayoría acabaran de kellys, camareros o cajeras...


Según Clara Sanz “en la cuarta revolución industrial lo que permite a un país, a una empresa posicionarse es su capital humano”. De esta forma los jóvenes (y no tan jóvenes) quedan reducidos a meros soportes corporales del “capital humano”, meros instrumentos de la competencia capitalista entre países y entre empresas. “Lo que más demanda [el mercado]es cualificados intermedios formados en FP”. “Son el motor”, afirma Clara Sanz ya lanzada. Dejemos claro de una vez que los trabajadores no somos el motor de nada, somos simplemente la energía humana o fuerza de trabajo que el verdadero motor, el capital, consume y explota para extraer sus beneficios. A menos que nos organicemos y luchemos por una economía digna de los seres humanos que somos.


El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. El problema no es solo que, presuntamente para salvarlos del paro, quieran orientar a miles de jóvenes actualmente en la ESO hacia esas cualificaciones intermedias y lograr incluirlos en ese mítico 65% que supuestamente conseguirán un empleo. La cuestión es que bajo esas buenas intenciones de “crecimiento social” de lo que se trata es de inundar el mercado laboral a mayor gloria de los beneficios de las empresas. Está por ver que lo logren. Pero aún si lo lograran, esos míticos porcentajes impiden que nos hagamos algunas preguntas: ¿quiénes serán los y las que lleguen?, ¿hasta dónde llegarán?, ¿ciclos medios, superiores o grados universitarios?, ¿por qué vías lo harán?, ¿centros públicos o privados?, ¿con qué módulos de qué familias profesionales?....y ¿para acabar en qué tipo de empleo? Esos porcentajes no dejan ver que, dependiendo del origen social (el sexo o la raza), cada cual se orientará tanto como será orientado hacia las opciones más o menos nobles, más o menos tecnificadas y exigentes cercanas a las tareas de concepción, más o menos afines al trabajo manual o las tareas de ejecución y, por tanto, más o menos bien retribuidas.


La FP para la izquierda de la izquierda

Agustín Moreno, Diputado de UP en la Asamblea de Madrid y un referente histórico de la defensa de la escuela pública, en un artículo a cuenta de las colas para matricularse en FP, clamaba en eldiario.es contra la privatización y la falta de plazas de FP, al tiempo que se alegraba de la gran demanda de esos estudios y urgía a tomar medidas para satisfacerla. Obviamente compartimos su inquietud, aunque no tanto su alegría.


Nos parece un error afirmar que “el irrompible techo de cristal” que encuentran “los jóvenes de familias modestas” lo “documentó Paul Willis en su Aprendiendo a trabajar, desmontando el mito neoliberal de que cualquiera puede alcanzar los sueños que se proponga si se esfuerza independientemente de su origen social”. Primero porque la investigación de Willis es anterior a la gran ofensiva neoliberal: el trabajo de campo se realizó entre 1972 y 1975 y el libro se publicó en Inglaterra en 1977 (en España en 1988). En segundo lugar, el discurso de que “cualquiera puede alcanzar los sueños que se proponga si se esfuerza” no es un discurso inventado por los neoliberales sino el discurso meritocrático de toda la vida. Que “los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera” simplemente demuestra que la igualdad de oportunidades educativas es un espejismo.


No hay ningún motivo para celebrar que los jóvenes, sobre todo de clases populares, crean que la FP es la solución de futuro y hagan cola para matricularse. A través de la FP es como “los chicos de clase obrera consiguen trabajos de clase obrera”, incluso si ya no se reconocen como obreros. La “paradoja de Willis” consiste en que la resistencia, la rebeldía y el rechazo que “los chavales” (lads), desde los valores de la clase obrera, oponían a la “cultura escuelar” les llevaba a cumplir su destino social: convertirse en obreros, contribuyendo así a la reproducción de las desigualdades de clase. Hoy día ese rechazo les conduce a dejar los estudios, a la exclusión y la anomia, lo cual representa un problema para la estabilidad del orden social. Se trata en el caso español de ese 47,50 % de la población mayor de 16 años poco o nada cualificada.


Esa población y los problemas sociales que plantea su gestión es el eje en torno al cual giran todas las reformas y los debates sobre los niveles de enseñanza, la promoción automática, las competencias, etc, etc. Resolverlo es uno de los objetivos de la reforma de la FP actualmente en curso. ¿Cómo hacer para retener en la escuela o que vuelva a ella esa población para la que solo hay empleos basura y ya no tiene una condición obrera con la que identificarse? La orientación hacia la FP media será ahora el destino de esa inmensa mayoría de jóvenes procedentes de las clases populares (inmigrantes, trabajadores manuales del sector servicio, manufacturero e industrial, asalariados del transporte, por cuenta propia o ajena, dependientes del comercio y la hostelería, asalariados del sector de cuidados o jornaleros y campesinos...) Por ello, hablar como hace A. Moreno en términos de “alumnado con menos recursos que eligen la FP como itinerario formativo” nos parece que es poco acertado y olvida que el alumnado de “familias modestas” es el que masivamente se orienta y, sobre todo, es orientado hacia la FP.


La oferta de FP tanto pública como privada se pliega totalmente a los intereses privados de las empresas y al imperativo del mercado de trabajo sin cuestionar su lógica. Hasta el 50% del tiempo de formación quedará en manos de la empresa en la FP dual “avanzada”

Lleva razón Agustín Moreno cuando denuncia “la descarada estrategia de privatización de la FP”. Compartimos su preocupación por el desmantelamiento de la escuela pública y lo hemos denunciado reiteradamente desde Marea Verde Andalucía y Mareas por la Educación Pública. Por desgracia eso no solo ocurre en Madrid. Pero también estamos muy preocupados por el impulso de la privatización que supone la generalización de la FP dual por la nueva Ley General de FP remitida al Parlamento por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Lo que Agustín Moreno olvida es que la Nueva Ley de FP promueve la privatización en otro sentido que no se discute —¿hasta tal punto se ha impuesto la ideología neoliberal?. La oferta de FP tanto pública como privada se pliega totalmente a los intereses privados de las empresas y al imperativo del mercado de trabajo sin cuestionar su lógica. Hasta el 50% del tiempo de formación quedará en manos de la empresa en la FP dual “avanzada” ¿Tendrán contratos y derechos laborales? Una buena nota del “tutor de empresa”, ¿no será apreciada como buena señal de una probable contratación? Cada vez más, el sistema de FP se convierte en una máquina al servicio directo de las empresas. La nueva FP dual consagra la tendencia iniciada en 2012 que los gobiernos, antes del PP y ahora del PSOE-UP, han hecho suya.


Nos sorprende que Agustín Moreno reclame ahora un “Plan Estratégico acordado con los agentes sociales”. ¿No se ha enterado que ese Plan está ya en marcha desde hace 3 años y se encuentra en su segunda fase, pórtico de la nueva ley de FP y parte importante de la campaña de agitación y propaganda dirigida desde un Ministerio del Gobierno del que forma parte su partido, UP? Más allá de eso, no podemos menos que lamentar que la izquierda de la izquierda se limite a esto: “para corregir y mejorar la situación, desde Unidas Podemos exigimos la máxima transparencia”. Si le preocupa que “Madrid es la comunidad autónoma con menos alumnos matriculados en FP sobre el total de alumnos matriculados en todo el sistema educativo”, que esté tranquilo porque como hemos visto el gran objetivo es trasvasar alumnado de Bachillerato y la universidad a la FP media y superior. Por lo demás Agustín Moreno parece compartir el discurso hegemónico en el campo de la formación y el empleo según el cual, el problema del empleo se solucionará con reformas del sistema de enseñanza y en particular en el Sistema de Formación Profesional. Esta misma idea la repite en otro artículo. De ahí que afirme que es urgente “modernizar un sector educativo fundamental para mejorar la cualificación y la calidad del empleo”. ¡Como si la calidad y cantidad de empleo dependiera de la cualificación de los asalariados! Ese “35% de tasa de paro juvenil y la alta precariedad laboral” que tiene Madrid no se va a solucionar simplemente por “atender (…) la demanda de formación de los jóvenes”.


Para terminar, disentimos en que el “debilitamiento de la FP que hacen comunidades como Madrid” sea lo que “convierte el mercado de trabajo en el reino de la desregulación y la precariedad”. Por el contrario, creemos que la función principal de la nueva reforma de la FP es gestionar ese mercado de trabajo neoliberal precario a mayor gloria de los beneficios empresariales. ¿Por qué no empezamos por derogar las reformas laborales?



AUTORES:

Eduardo García

Profesor de Biología. Secretaría de Formación CGT Enseñanza Málaga. Grupo de trabajo de FP de la Federación Andaluza de Sindicatos de la Enseñanza GCT.


Juanjo Espinosa

Maestro de Primaria (Audición y Lenguaje). Secretaría de Organización GCT Enseñanza Málaga. Marea Verde de Andalucía.