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martes, 17 de noviembre de 2020

Una de las impulsoras de la plataforma contra la nueva ley educativa es una excandidata de Falange Independiente (Aitor Riveiro y Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

Artículo de Aitor Riveiro y Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
  • Más Plurales, que aúna a asociaciones de padres como Concapa; a patronales de la educación concertada y privada como CECE, fundada por un alto cargo franquista; y a sindicatos como USO, denuncia que la LOMLOE "se inventa un derecho a la educación pública" y "devalúa la enseñanza de la asignatura de Religión"
16 de noviembre de 2020

Más de un millón de firmas contra la LOMLOE, la nueva ley educativa que negocia el Gobierno de coalición para acabar con la ley Wert y que ha puesto en guardia a las derechas. Es lo que afirma haber recogido en pocas semanas la nueva plataforma Más Plurales, que aúna a diversas organizaciones y patronales educativas en su oposición a la norma que se debate estas semanas en el Congreso. Entre ellas, destacan la Concapa (una de las principales asociaciones católicas de padres); el sindicato USO; o las patronales de la educación privada y concertada CECE (fundada por un alto cargo del franquismo) y Escuelas Católicas (el brazo educativo de la Iglesia), entre otras organizaciones como Fedma o Cofapa. La plataforma tiene entre sus promotoras, además, a una excandidata del partido Falange Española Independiente.

Gema María Carballo López es la persona que registró el pasado 16 de octubre el dominio masplurales.es, donde se aloja la web de la plataforma, según figuraba hasta el jueves en el registro oficial dependiente de la entidad Red.es, tal y como pudo comprobar elDiario.es y se puede apreciar en la imagen adjunta.

Este medio ha hablado también con CECE, la primera patronal de colegios privados y concertados que se puso en marcha en España y de quien depende la Fundación Ángel Martínez Fuertes, el que fuera su fundador. La fundación es la única persona jurídica que se menciona en la web.

Una portavoz de CECE dijo a elDiario.es que tampoco sabía quién era Carballo López y señaló que el único papel de la Fundación era ser depositaria de los datos personales de los firmantes del manifiesto promovido por la plataforma. “Única y exclusivamente”, zanjó en varias ocasiones a preguntas de este medio. Una respuesta similar salió de Escuelas Católicas. "Cada una [de las organizaciones que componen la plataforma] se ha encargado de una cosa y nosotros no sabemos quién es esta persona", afirmó una portavoz.

Sin embargo, 24 horas después el registro de la página web masplurales.es, accesible en Dominios.es, ha sido modificado. Ahora figura como titular la propia Fundación Ángel Martínez Fuertes y como persona de contacto su secretario general, Santiago García.

jueves, 4 de julio de 2013

Solo CECE y COFAPA apoyaron la Ley Wert ayer en el Congreso

publico.esPadres, docentes y rectores rechazan la 'Ley Wert' en el Congreso
La mayoría de los expertos que han comparecido en la Cámara Baja para expresar su opinión sobre la reforma educativa han tachado la Lomce de "discriminatoria"

Representantes de los rectores, docentes y padres han calificado hoy en el Congreso de discriminatoria la reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert, al entender que propone desde nuevas pruebas de acceso a la universidad que condicionarán a los estudiantes según su renta y su residencia, hasta "reválidas" que aumentarán el fracaso escolar.
En el primer día de comparecencias de expertos educativos, a petición de los distintos partidos, para que opinen sobre el proyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), se ha hecho un repaso a sus principales aspectos.
La presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas(CRUE), Adelaida de la Calle, ha dicho que las facultades deberían intervenir en la nueva prueba prevista en la Lomce para lograr el título Bachillerato, y que las pruebas específicas que harán ellas después deberían ser homogéneas para evitar desigualdades hacia alumnos con menos recursos o de autonomías con pocas opciones universitarias. De la Calle cree que el acceso a la universidad debe mantenerse, al igual que en las últimas décadas, "equitativo y universal" tras superarse una única prueba como marca la actual Ley Orgánica de Universidades. Exigir dos pruebas será una "discriminación", ha insistido, además de comentar que de aprobarse las pruebas específicas, deberían ser homogéneas en toda España y validadas por el Consejo de Universidades.
El presidente del sector de la enseñanza de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Adrián Vivas, ha calificado de "nocivas" las evaluaciones externas si se publican sus resultados, pues crearán ránking de centros sin tener en cuenta que sus niveles pueden depender simplemente de dónde están situados.
Antonio Amate (USO) ha avisado de las "consecuencias laborales" de la Lomce para los docentes, y ha mostrado su disconformidad con unas evaluaciones que pueden ser "censales" y no potenciar la formación de los alumnos. Carlos López (UGT) cree que la Lomce no debe aprobarse, se debe abrir un nuevo proceso de diálogo, y ha avisado de que aumentará el fracaso escolar con las "reválidas" y la educación será "elitista y discriminatoria".
Francisco García (CCOO) ha apuntado que esta ley educativa será la que menos consenso va a tener, ha criticado que la mitad de su "escasa financiación" vaya a los "itinerarios selectivos para reconocer los talentos", y ha propuesto revertir los recortes de docentes. Desde CCOO también se ha denunciado que Educación haya rebajado al 5,5 la nota para las becas de exención de matrículas universitarias del próximo curso cuando solo afectan al 12 % de los beneficiarios de ayudas, y que para la mayoría de las demás becas se mantenga el requisito del 6,5.
El presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Jesús Sánchez, ha señalado que la Lomce provocará "discriminación" entre los alumnos y favorecerá los centros privados frente a los públicos.
Por el contrario, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Antonio Rodríguez, ha defendido la reforma del PP al pensar que hay pocos alumnos que se dirigen a la FP y muchos a la universidad, o por resaltar la importancia de los centros concertados y que las evaluaciones externas deban ser publicadas.
La presidenta de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (Cofapa), Begoña Ladrón de Guevara, también ha apoyado la Lomce al defender la elección de centros, incluidos los que diferencian por sexo, que el contenido de Educación para la Ciudadanía se explique a través de todas las materias, y que Religión sea optativa y evaluable.
Los partidos han agradecido todas las opiniones y PSOE, UPyD, CiU o IU han coincidido con las principales críticas a la Lomce, especialmente por no contar con consenso.
Las comparecencias continúan mañana con representantes de alumnos, centros, directores y otros expertos educativos como el presidente del Consejo Superior de Evaluación catalán, Joan Mateo.
En un comunicado, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) ha expresado su malestar por no estar citada y han denunciado que los partidos han elegido solo a organizaciones "afines".
cuartopoder.esEl jefe de la patronal de la enseñanza, “superpreocupadísimo” por el fracaso escolar, anuncia su apoyo la ‘ley Wert’

Sólo el representante de la patronal de la enseñanza privada concertada apoyó la ley Wert en la ronda de comparecencias que comenzó ayer en Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, por la que pasarán unas cincuenta personas. El presidente de la patronal de centros privados agrupados en la CECE-CEOE, Antonio Rodríguez Campra, respaldó el proyecto LOMCE “porque con la LODE los centros concertados han sufrido una persecución en algunas comunidades autónomas”. En su opinión, la reforma “se queda corta” y habría que dar “garantías jurídicas” a los centros privados concertados “frente a los 17 sistemas educativos autonómicos”. Se mostró “superpreocupadísimo” por “la lacra del fracaso escolar”, que alcanza el 50% en algunas autonomías. “Los fracasados no van a tener trabajo a los 18 ni a los 88 años; sólo sirves ‘pa’ peón y no habrá puesto de peón para ti”, dijo. Aunque evitó contestar a la pregunta de la socialista María José Vázquez Morillo si ve en la ley los medios necesarios contra el abandono escolar, aseguró que los centros privados concertados le ahorran miles de millones al Estado: “Si 1.988.612 alumnos pasan a la pública, digan al ministro de Hacienda que apañe 7.441 millones de euros”.

Aparte el jefe de la CECE, que habló con voz bajita, y de la presidenta de la Confederación de Padres y Madres de Alumnos, Begoña Ladrón de Guevara, que leyó a trancas y barrancas un papel pidiendo más flexibilidad en la elección de centros, el desacuerdo con el texto de la LOMCE es de tal calibre que ni los sindicatos de profesores ni la presidenta de la Conferencia de Rectores Universitarios ni las asociaciones mayoritarias de padres de alumnos comparten los contenidos que les incumben directamente. Todos los grupos parlamentarios, con la lógica excepción del PP, han presentado enmiendas de totalidad y devolución.

En la primera jornada de comparecencias quedó claro que el Gobierno, en contra de lo que anunció Mariano Rajoy en el debate de investidura, no ha buscado el acuerdo con la comunidad educativa ni siquiera se ha prestado al diálogo, lo que no resta mérito a sus esfuerzos y conciliábulos para satisfacer a la patronal y a la Conferencia Episcopal. Así lo denunciaron Jesús María Sánchez Herrero, de la Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA); Francisco García Suárez, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO; Carlos López Cortiñas, de la FETE-UGT, y Adrián Vivas, de CSIF. Los cuatro coincidieron en que el Gobierno debería retirar su proyecto y negociar las reformas con la comunidad educativa y con el personal docente que, a fin de cuentas, es quien debe aplicarla. Vivas auguró “un corto recorrido” a la ley, y Antonio Amate, secretario general de USO, dijo que por si fuera poca la reducción salarial del 20% en los tres últimos años, esta ley traerá “más despidos y mayores recortes”.

No piense el lector que por rechazar el texto se mostraron dogmáticos o inflexibles los representantes sindicales. Por ejemplo, López Cortiñas, de la UGT, consideró positivo el desarrollo de la Formación Profesional siguiendo el camino ya emprendido por el anterior Gobierno en la Ley de Economía Sostenible. Amate, de la USO, defendió la enseñanza de la religión en la escuela y la necesidad de reformas, pero no como esta, dañina para el personal docente, en la que se pretende que el pie se adapte al zapato y no al revés. Lo que ocurre es que el diagnóstico sobre el que se apoya el proyecto es engañoso y errático. “Esta reforma –dijo García Suárez, de CCOO- se pone encima de la mesa en medio de una avalancha de recortes que desde 2010 han supuesto la pérdida de 62.000 puestos de trabajo, supresión de tutorías, de atención a la diversidad, de medidas de apoyo a la equidad y a los alumnos más expuestos al fracaso. Si el objetivo es evitar el fracaso, sólo va a provocar más abandono escolar”. Tanto él como el ugetista López Cortiñas demostraron con datos que al Gobierno le importa un bledo el abandono escolar, pues además de medirlo mal –sin tener en cuenta las diferencias entre unas y otras Comunidades Autónomas y el tejido industrial y social-, lo utiliza como argumento para poner revalidas y barreras de entrada al Bachillerato y a la Universidad, discriminando a los alumnos con menos medios y con la oferta de una FP sin retorno ni convalidación.
Si se tratara de mejorar la educación pública y privada concertada obligatoria no se detraerían 10.000 millones de euros hasta 2014, un punto del PIB, como está haciendo el Ejecutivo ni se establecerían barreras que, con el argumento de la calidad, convierten a los colegios en academias con el objetivo de lograr la puntuación necesaria, en detrimento de la formación integral. “Ya lo decía Napoleón: España está embrutecida por falta de música”, recordó Amate. Pero además, las barreras y reválidas al modo de Villar Palasí en el siglo pasado –por cierto, el ministro que pidió agentes secretos para infiltrarlos en la Universidad, origen del CSID y del actual CNI- y los ranking de colegios buenos, regulares y malos, y la segregación de los alumnos por nota y hasta por género no son métodos adecuados y acertados, según la experiencia internacional, para evitar el abandono escolar. En este sentido, varios comparecientes señalaron que los informes PISA no miden la dispersión territorial, la integración de los inmigrantes –el 50% se consideran españoles- ni otros valores sociales directamente relacionados con la educación.

La presidenta de la CRUE, Adelaida de la Calle, trasladó el rechazo de los rectores de las universidades a la supresión del “distrito único” para realizar las pruebas de acceso a la Universidad y dijo que el nuevo modelo de reválida al final del bachillerato y exámenes de ingreso por universidades “podría vulnerar la igualdad y perjudicará a los estudiantes con menos recursos”. “Las pruebas de acceso no son obsoletas porque las superen más del 90% -dijo-; el fracaso sería que la mayoría de los estudiantes que aprueban el bachillerato no pudiera entrar en la universidad”. De la Calle pidió que no se cambie lo que funciona, que se saque de la ley y, en todo caso, que las pruebas específicas de acceso se sometan al Consejo de Rectores.

viernes, 7 de diciembre de 2012

Wert pretende con la LOMCE acabar con el "concepto abusivo e invasivo de comunidad escolar" y favorecer la concertada a través de la "libertad de elección"

eldiario.es: Wert, en la FAES en 2010: "La comunidad educativa no puede ser democrática"

El ministro de Educación pergeñó hace dos años, en el campus de verano de la fundación de Aznar, las líneas maestras de la reforma educativa que consideraba necesaria, incluyendo la recentralización de competencias

Cualquier cosa menos sorprendente. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se viene revelando como uno de los miembros más controvertidos del gabinete de Mariano Rajoy. Protagonista de episodios como su apuesta por "españolizar" al alumnado catalán, Wert llena estos días de nuevo las páginas de los periódicos con su polémica reforma educativa, la ley con la que propone, entre otros aspectos, reducir las lenguas cooficiales a un papel residual en la enseñanza u obligar a las autonomías bilingües a pagarles colegios privados a las familias que rechacen que sus hijos e hijas estudien en un idioma diferente del español. Parte de estos planes no son nuevos en el pensamiento del ministro. Es lo que cabe deducir de una conferencia que impartió en 2010 en la Fundación FAES, entonces como máximo dirigente de la consultoría Inspire.

Bajo el título La sociedad española ante la agenda de reformas Wert desgranó, invitado por la organización que preside José María Aznar, algunos de los cambios que él consideraba más urgentes en la legislación del Estado, entre los que destacaba la educación, ámbito en el que los cambios, decía, no debían comenzar por una mejor gestión de los recursos públicos sino, "antes que cualquier cosa", por los "valores". Wert atribuía los defectos del sistema educativo público a un "fracaso político" por las leyes vigentes, pero también por lo que él considera una "deriva democrática equivocada, que ha erosionado las bases del sistema y ha pervertido su funcionamiento".

En este sentido, el actual ministro no dudaba en afirmar que en las aulas existía ya entonces un "concepto abusivo e invasivo de comunidad escolar", basada en la "idea del cogobierno" por parte de "padres, alumnos, docentes y no docentes". "La comunidad educativa no puede ser una comunidad democrática, porque el proceso educativo no es democrático", zanjaba. Dos años después, ya desde el Ministerio, apuesta por sufragar o no centros privados en función de las preferencias lingüísticas de determinados padres y madres.

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Lee el artículo completo en eldiario.es

sociedad.elpais.com: La reforma gira hacia la concertada

  • La futura ley incluye puntos para garantizar la escuela subvencionada allá donde tenga demanda
  • La patronal pide aún más concreción
La dicotomía entre escuela pública y concertada (privada subvencionada, a la que asiste el 25% de los escolares) ha sido una de las grandes discusiones de la educación española desde hace tres décadas. El problema no está resuelto y por eso sale a relucir, cada vez que se plantea una reforma legal, con una especie de lenguaje en clave cuyos matices pueden dar grandes argumentos jurídicos a unos u otros. Por ejemplo, cuando se habla de libertad de elección de las familias para elegir centro se quiere decir que si hay preferencia de los padres por la enseñanza concertada, eso estará por encima de la capacidad de las Administraciones de primar a la pública. Y decir que se debe tener en cuenta “la demanda social” a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria persigue el mismo objetivo.

Y esto último, que las comunidades tengan en cuenta esa “demanda social”, es exactamente lo que dirá la ley si se aprueba el anteproyecto educativo que el martes presentó el ministro José Ignacio Wert a las comunidades. Tras un mes de deliberación después de que las comunidades del PP se quejaran del texto inicial, esa no es la única concesión que se hace a las peticiones clásicas de la escuela concertada: se elimina el representante del Ayuntamiento en el consejo escolar de sus centros y se pasa de un periodo máximo de cuatro años para renovar los conciertos a un mínimo de seis en primaria y cuatro en secundaria.Al fijarse un mínimo y no un máximo, se abre la puerta a la renovación automática que reclaman las patronales mayoritarias del sector: la de centros católicos FERE-CECA y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).
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miércoles, 12 de septiembre de 2012

La enseñanza concertada se declara "al borde de la quiebra"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS)

Representantes de Escuelas Católicas (FERE-CECA-EyG), de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE), la Federación Española de Centros de Enseñanza y Economía Social (FEDACES), la Fundaciò Escola Cristiana y los sindicatos FSIE y USO ha alertado este miércoles de que la enseñanza concertada está "al borde de la quiebra" por los recortes e impagos.

En una rueda de prensa conjunta en Madrid, los dirigentes de estas organizaciones han subrayado que no sólo a la pública le afectan las medidas aprobadas por el Gobierno y que la situación de "muchos" centros escolares este curso 2012-2013 es "insostenible" debido a la degradación de las condiciones sociolaborales de los trabajadores por los "sucesivos" recortes, así como el "reiterado incumplimiento" de los conciertos y de los acuerdos laborales por parte de algunas comunidades autónomas.

En concreto, han alertado de la situación especialmente difícil de la Comunidad Valenciana, donde no se abonan los gastos de funcionamiento de los centros desde el pasado mes de abril; en Baleares, no se paga la Seguridad Social de los religiosos desde hace más de un año y medio, tampoco las sustituciones de profesores desde 2010 (incluido) y debe tres meses de los gastos de funcionamiento.

En Castilla-La Mancha, no se abona la seguridad social de los religiosos desde mayo, tampoco las sustituciones de todo el curso 2011-2012, ni los importes de gratuidad de los libros de texto o la paga de antigüedad de los docentes; y en Andalucía, no se han pagado aún los gastos de funcionamiento de los tres últimos meses.

A los impagos de numerosas comunidades autónomas se han unido este año dos reales decretos --el de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y el de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad-- que están llevando a la enseñanza concertada hacia una "situación límite".


ACUSAN AL MINISTERIO DE "FALTA DE DIÁLOGO"

"No ha habido cauce abierto de diálogo con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte", ha aseverado el director de la Asesoría Jurídica de EyC, Luis Centeno, que ha solicitado la "convocatoria urgente" de la Mesa sectorial de la concertada para revisar la "temporalidad" de algunas de las medidas aplicadas y "restablecer" así la situación anterior.

También ha recordado que la enseñanza concertada está amparada por la Constitución Española y supone un "ahorro" al Estado de más de 4.000 millones de euros al año, si se tiene en cuenta lo que cuesta un aula de la pública y un aula de la concertada. "Si se tienen que cerrar centros concertados, al final la factura de la educación pública será muchísimo mayor", ha aseverado Centeno, para añadir que se trata de un modelo "que demanda la sociedad".

La medida sobre el aumento de hasta un 20 por ciento del número de alumnos por aula, ha supuesto, según estas entidades la eliminación de unidades concertadas y la atención de más alumnos con menos medios y con un mayor coste en mobiliario, instalaciones. También advierten de que la reducción del pago por sustituciones ha obligado a la extinción de contratos de interinidad en verano.

Sobre el aumento de la jornada lectiva en Primaria, aseguran que no se han tenido en cuenta los acuerdos suscritos con las comunidades autónomas. Además, indican que la reducción de los salarios del profesorado se ha aplicado "en términos análogos" a la de los de la pública y supone una pérdida del poder adquisitivo desde 2010 del 20%.

Estas organizaciones afirman que la pérdida adquisitiva de los centros asciende a un 30 por ciento desde 1993 hasta la actualidad, que además no ha tenido en cuenta el impacto del incremento del IVA de septiembre de 2012. También alertan sobre el mantenimiento del "déficit histórico" que arrastran los módulos de concierto, la reducción de unidades de apoyo de alumnos con dificultades, así como las ayudas para comedor, transporte y libros.

martes, 11 de septiembre de 2012

Educación asegura que «el fracaso escolar bajará hasta un 40% en dos o tres años»


Pese a la necesidad de ahorrar en gastos, el Ministerio se marca como reto fundamental del nuevo curso la mejora de la calidad

Ante el arranque del curso hoy en la mayoría de los centros españoles, el objetivo número uno de la comunidad educativa es acabar con el fracaso escolar temprano, que alcanza el récord europeo del 26,5%. Montserrat Gomendio, la secretaria de Estado de Educación, es decir, la número dos del departamento después de José Ignacio Wert, afirma que con la reforma educativa que llevarán al Consejo de Ministros este viernes, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lmce), ese abandono escolar caerá «entre un 20 y un 40 por ciento en los próximos dos o tres años».
El PSOE y los sindicatos, especialmente los sindicatos ligados a la enseñanza pública, como FE-CC.OO., STES y UGT, señalan que cualquier reforma educativa que pretenda el Gobierno no será viable con «recortes», sin la financiación suficiente y sin contar con el profesorado. Pero Gomendio aclara que las medidas de ahorro en Educación son un asunto «separado» de la reforma.
La secretaria de Estado sintetiza así los objetivos de su departamento: «Reducir el fracaso escolar y abandono educativo temprano, mejorar los resultados comparativos de PISA, que miden nuestros sistema escolar en el contexto internacional, potenciar la calidad y el prestigio de la Formación Profesional, y por lo tanto que tenga una orientación práctica al empleo, y mejorar la tasa comparativa de alumnos excelentes». Para ello el currículo escolar se centrará en las materias troncales y habrá evaluaciones homogéneas en todo el territorio nacional al final de cada ciclo educativo.

Responsabilidad

Ante las críticas del PSOE sobre que el PP «promueve el mayor retroceso en la calidad educativa de nuestra historia», en conversación con ABC, la secretaria de Estado destaca: «Yo insisto una vez más en que a ver si dejamos de hacer declaraciones demagógicas y ocurrentes y basamos lo que decimos en datos objetivos». Dada la enorme preocupación que hay en toda la sociedad, «independientemente de los intereses políticos de cada uno debería primar la responsabilidad de no decir cosas que provoquen un pánico innecesario». Porque se está «distorsionando la realidad de los datos. Por ejemplo, en cuanto al número de alumnos por aula, nosotros estamos todavía por debajo de la media de la OCDE».
Gomendio añade: «En todos los países donde se han implementado pruebas de evaluación a nivel nacional los resultados han mejorado, en el plazo de dos o tres años, de una forma increíble, entre el 20 y el 40 por ciento de mejora». Luego, «lejos de ser esta visión catastrofista de que si tenemos un problema de abandono escolar temprano como el que tenemos, cuando pongamos evaluaciones los resultados van a ser desastrosos, mi mensaje es el contrario».
Francisco López Rupérez, presidente del Consejo Escolar del Estado, subraya: «La idea de que la calidad de la Educación solo se consigue añadiendo gasto, además de inoportuna es insuficiente». Recuerda que si tomamos como medida de la inversión educativa por alumno el PIB per cápita, «España se sitúa muy por encima de la UE. Es más, los datos de la última década señalan que en la Secundaria, España ha aumentado su inversión en 7,8 puntos porcentuales, mientras que la UE lo ha hecho en 3,1».
El Ministerio por lo tanto quiere evaluar la calidad de la Enseñanza «sobre la base de los resultados de nuestros estudiantes», en vez de «sobre la base de los recursos que se invierten».

Sintonía

Antonio Rodríguez-Campra, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la principal patronal de centros privados y concertados en España, considera que hay «sintonía» con los planteamientos del Ministerio de Educación que inspiran la reforma.
La nueva Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lmce), que llegará al Congreso en octubre y que entrará en vigor el curso que viene, supone un refuerzo de materias instrumentales como las Matemáticas, el Inglés, la Lengua y las Ciencias. La federación de Escuelas Católicas valora, especialmente, «la posibilidad de simplificar modalidades y alternativas y la anticipación de itinerarios».
Concapa, la Confederación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos, también apoya al Ministerio. Coincide en «la necesidad de reformar un sistema que se ha visto ineficaz y cuyos resultados nos sitúan a la cola de Europa». Para Concapa, con la realización de pruebas objetivas, externas y públicas, los padres conocerán si sus hijos «van adquiriendo los conocimientos necesarios correspondientes a su nivel» y se facilitará «el derecho a la elección de centro».
Sin embargo, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), ligada al PSOE, considera que la Lomce tiene «propuestas anacrónicas, como la instauración de itinerarios en Secundaria, reválidas, fomento de la repetición de curso y medidas tendentes a desprestigiar la FP». En definitiva, «no van a mejorar la calidad del sistema educativo», dicen.
Publicado en abc.es