La educación, en el corazón de las guerras culturales (Nuria Alabao para ctxt.es)

 Artículo de Nuria Alabao para ctxt.es

Ayuso usa el campo educativo para enfrentarse al Gobierno con las armas de las derechas radicales de medio planeta. Su mentora, Esperanza Aguirre, aumentó el fracaso escolar un 30% mientras el gasto por estudiante era el más bajo de España

15/06/2022

Isabel Díaz Ayuso ha tenido que decir con la boca pequeña que sus propios inspectores no han encontrado nada “relevante” en la revisión de los libros escolares a los que había acusado de contener “material sectario” y de “adoctrinar”. Pero como en toda buena guerra cultural, “la verdad no importa, se construye”, dicen las autoras de Spanish neocon: “La lógica de que la verdad no solo no existe, sino que es algo a crear. La producción de verdad es tanto más valiosa cuanto más consenso crea en el nosotros que le sirve de referencia. En consecuencia, producir verdad y gobernar son una misma cosa”. Este es el manual comunicativo de Ayuso, copiado de su jefa Esperanza Aguirre en su etapa neocon, y que hoy forma parte del repertorio de los ultras de medio mundo. No es la primera batalla que lanza contra la educación ni será la última, porque este tema es central para excitar los pánicos morales de los padres y agrupar a los suyos.

Los conceptos que habían provocado el escándalo de Ayuso, como ya es habitual, son los relacionados con la memoria histórica y las cuestiones de género –curiosamente dos de los ejes que Vox utiliza constantemente–, así como otros vinculados a la colonización y el racismo o la ecología. Criticaban el uso de expresiones como “roles de género”, “memoria democrática”, “emergencia climática”, “objetivos de desarrollo sostenible” o “la herencia colonial española”. Una guerra cultural más contra el Gobierno, usada para aumentar su popularidad, cimentada en la confrontación directa y brutal más que en la gestión o el cumplimiento de sus promesas electorales.

Como hemos dicho, tuvo una buena maestra. Esperanza Aguirre ya calificaba la reforma educativa de Zapatero del 2006 y la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía como “un adoctrinamiento”, e incluso se lanzó a decir que la desobedecerían en Madrid. Lanzaba así un guiño a las protestas masivas convocadas por los grupos ultras católicos que batallaban contra el laicismo implícito en la ley. Las movilizaciones estaban convocadas por Hazte Oír y Profesionales por la Ética, pero también por la CONCAPA –Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos–, una de las estructuras con más capacidad de apoyo a las propuestas de la derecha madrileña. La CONCAPA dice representar a tres millones de familias y básicamente se dedica a defender la enseñanza de la religión católica y la escuela concertada –escuela privada financiada con fondos públicos–. Recordemos la anomalía española de la concertada –en Europa solo existe un modelo parecido en Bélgica, y está mayoritariamente en manos de la Iglesia–. Así que defenderla suele coincidir con proteger el poder y la influencia del catolicismo en la enseñanza. Quizás esta capacidad de movilización y de funcionar como grupos de presión de la CONCAPA y grupos similares sea la que explica en parte por qué ningún gobierno –tampoco este– se ha atrevido a tocar la financiación de la escuela concertada.

En cualquier caso, cuando en España empieza una guerra cultural alrededor de la educación, apenas nadie consigue enfocar los verdaderos problemas. En tiempos de Aguirre, el gasto público por estudiante era el más bajo de todo el país mientras aumentaba el fracaso escolar un 30%. Sin embargo, la presidenta desvergonzada convirtió esta cuestión en un problema “de autoridad escolar”, en una recuperación de la obsesión por el 68 de las distintas ramas de las derechas radicales. ¿Os suena lo del marxismo cultural? También eran tiempos de la Púnica, cuando Francisco Granados –que fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid– cobraba los favores a constructores y colegios concertados: su trama corrupta ingresaba casi un millón de euros por cada concesión de nueva escuela. Convirtió así una apuesta política por la enseñanza privada –y sus consecuencias segregadoras en el alumnado con menos recursos– en un problema moral, como se relata en Spanish neocon.

Hoy, el modelo del PP en Madrid sigue siendo el mismo: facilidades a los colegios privados, desarrollo de centros concertados mientras se recortan líneas en la pública o se cierran las escuelas infantiles públicas de 3 a 6 años, mientras se dan becas para guarderías privadas de 0 a 3 años –en Madrid no se ha abierto una sola escuela infantil nueva en las últimos dos décadas–. Pero Ayuso no hablará de ninguna de estas cuestiones, sino que criticará la reforma educativa del Gobierno con palabras grandilocuentes como “están dinamitando el armazón en el que se sustenta la convivencia española”. Hablará también de “ideología de género”, o de conceptos adoctrinadores. Curiosamente, dos de los elementos que la ultraderecha usa en medio mundo para tratar de impedir cualquier avance en educación emancipadora o progresista –sobre todo, con aquellos temas como la educación igualitaria o sexual, o la prevención de violencias machistas que provocan más escándalo moral–. Todo ello convenientemente envuelto en un rimbombante discurso acerca de la “libertad de decidir sobre la educación de sus hijos”, el paraguas más habitual. El PP de Madrid, con Ayuso a la cabeza, no está tan lejos de Vox y su pin parental.

Fundamentalismos y extremas derechas contra la educación progresista

La mayor guerra de género reciente sobre estas cuestiones se desató en 2020, a partir de una propuesta de Vox. Esta medida implicaba que todas las actividades complementarias organizadas en horario lectivo tuviesen que estar autorizadas expresamente por los padres. Esto les permitiría impedir que sus hijos asistiesen a talleres de educación sexual o igualitaria, etc. Fue propuesta por el Foro de la Familia –una plataforma civil ultraconservadora– y Vox la recogió y la planteó como condición para apoyar a gobiernos locales conservadores que necesitan de sus votos para gobernar. Este ejemplo ilustra bien, además, cómo las asociaciones pueden servir de punta de lanza para movilizar en la calle y mediante herramientas de tipo “activista”, exigiendo medidas que luego los partidos ultras llevan adelante. Como no tienen que buscar el voto, estas asociaciones pueden ser mucho más radicales en su lenguaje y propuestas que los propios partidos, como explicamos en esta investigación. 

Las asociaciones sirven para movilizar en la calle, exigiendo medidas que luego los partidos ultras llevan adelante

Se llegó a aprobar en la región de Murcia, lo que generó una gran guerra cultural en el país, con varias manifestaciones a favor y en contra, aunque en la práctica era casi imposible su implementación. El riesgo más importante es la autocensura de profesores y directores de colegios: ante una posible denuncia o un lío en clase, muchos prefieren no tocar temas “espinosos”. En esta misma campaña, los ultras de Hazte Oír habilitaron una web que animaba a denunciar este tipo de actividades escolares. De España a México, el pin parental fue propuesto allí por la plataforma del Frente Nacional por la Familia en alianza con partidos políticos de derecha. 

Con este tipo de campañas, los ultraconservadores logran incidir sobre las políticas educativas mediante las movilizaciones en los frentes legislativo, judicial o en la movilización de base a través de los grupos de padres. Muchas veces, en estas propuestas confluye el frente moral –contra la laicidad en la escuela– con la mercantilización de la educación. Es decir, las propuestas educativas neoliberales con la pátina conservadora en valores.

De Alemania a América Latina, las asociaciones de padres se han mostrado actores importantes de estas guerras culturales. Por ejemplo, el movimiento “Con mis hijos no te metas”, nacido en Perú contra la educación sexual y que está vinculado al menos a cinco iglesias evangélicas con grandes recursos. Sus campañas se centran en la defensa de la familia tradicional y el ataque a una llamada “ideología de género”. Las políticas conservadoras en educación extienden sus tentáculos para devenir herramientas de poder político. Así, este movimiento participó en una movilización activa en contra del “sí” en el referéndum sobre el Acuerdo de Paz en Colombia –en 2016– y en Uruguay se alineó con el frente contra la nueva ley trans. Este despliegue de distintos focos está relacionado además con una exitosa construcción de alianzas internacionales y transfronterizas entre actores fundamentalistas.

De Alemania a América Latina, las asociaciones de padres se han mostrado actores importantes de estas guerras culturales

Las guerras de género son política por otros medios. En Brasil, la visión ultraconservadora de los contenidos escolares se materializó en la organización Escuela sin Partido, que apoyó a Bolsonaro en su conquista del gobierno. La Escuela sin Partido dice que el profesor se debe limitar a enseñar materias como biología o matemáticas, pero es la familia la que se debe responsabilizar por las bases morales, políticas, sexuales y religiosas de los alumnos. Es decir, se prohibe hablar en clase de temas como el aborto, el embarazo adolescente o el sida, aunque sean problemas reales de los chavales. También implica que la historia se debe enseñar “sin valoraciones”. Un movimiento que ha servido para intentar impulsar el revisionismo histórico, rehabilitando así la historia de la dictadura en ese país. (En España también estamos asistiendo a una guerra para que a los niños no se les explique, de forma profunda, las consecuencias más brutales de la dictadura de Franco). Bolsonaro, apoyado en los sectores políticos evangélicos, prometió convertir esta propuesta en una norma que legalizase además que los estudiantes pudiesen grabar y difundir a los profesores que “ideologizasen” en la enseñanza. Tanto el laicismo como la libertad de cátedra estarían aquí amenazadas. Para Raul Zibechi, esta ofensiva tenía también el objetivo oculto de frenar al movimiento estudiantil y desviar los problemas de las escuelas a la cuestión de la disciplina en el aula y la falta de valores. Nos suena de algo, ¿verdad? Al final, la ley fue detenida en los tribunales por la Corte Suprema, un frente que en Brasil está sirviendo para frenar las peores trapacerías de Bolsonaro. Pero el presidente de extrema derecha no se ha detenido ahí, y su nueva propuesta implica la militarización de las escuelas con el proyecto de implantación de 108 escuelas cívico-militares hasta el año 2023.

El frente educativo es esencial para las extremas derechas de todo el planeta. Como en otras cuestiones –todas las relacionadas con el género–, tiene esa doble función: construir sus bases agitando mediante guerras culturales que provocan adhesión de una parte conservadora o religiosa de la sociedad, y desviar la atención de los problemas educativos reales asociados con la implementación de la óptica neoliberal. Que sean guerras culturales, sin embargo, no implica que no estén tocando temas esenciales para que los jóvenes tengan más herramientas y conocimiento para construirse en libertad. Estas confrontaciones en torno a la educación seguirán. Nos queda defender a capa y espada la laicidad y la libertad de cátedra al tiempo que luchamos para implementar una mayor presencia de cuestiones esenciales como la educación sexo-afectiva en las escuelas.

"Depuración" (Manuel Menor)

El compañero Manuel Menor nos envía este artículo de opinón

Crecen la inflación verbal y los vetos entre líderes políticos

La última sesión de control del Congreso no favorece la expectativa de lealtad cooperadora después de las elecciones de abril y mayo.

Vuelve explícito, además, el término “depuración”, entre los predilectos de los recién llegados a la Junta de Andalucía y parece que vaya a propagarse su uso en los revisionismos de otros políticos nacionales. Nunca había cesado de existir en la práctica de lo que silencian o exageran libros de texto, prensa y medios en general, o radio y TV en particular; ni en los vetos a disidentes de diversa especie en unos u otros ámbitos.

Los maestros que no tuvimos

“Depurar” no es  actividad de dirección ideológica única. Cuando la sospecha de traición o divergencia sobrevuelan las diferencias de enfoque de los problemas, sus ejecutores –insospechados, a veces- son de variada coloración, y los depurados, también de diverso signo, comparten haber sido o ser incómodos para quienes detentan el poder o aspiran a tenerlo en exclusiva. La Historia universal no difiere de la Mitología en cuanto a depuraciones e inquisiciones. En la de España, nos siguen afectando las producidas desde 1814, de las que Larra o Blanco White dejaron cumplido testimonio. Las guerras civiles y golpes de Estado posteriores, culminados a finales de los años 30, han dejado tras sí infinidad de represaliados, exiliados y muertos en nombre de supuestas verdades absolutas. Sobresale, de todas ellas,  la sistemática contra funcionarios y en especial maestros, profesores e investigadores, llevada a cabo por el bando ganador, como documentan las notificaciones de las Juntas depuradoras que el BOE fue dosificando sobre todo hasta 1945, en continuidad de las que habían aparecido en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España entre julio y octubre de 1936.

Menos historiado, pero más eficiente para la causa franquista y nacionalcatólica, fue, a continuación, el proceso de reposición de los puestos estratégicos que los depurados habían tenido que abandonar. Al colocar en ellos –particularmente en empleos docentes y de investigación- a militantes e incondicionales, e incluso a excombatientes por el simple hecho de haberlo sido, se alargaron los efectos de la depuración hasta más acá de la Transición. La Junta de Ampliación de Estudios, de 1907 –que pasó a llamarse Consejo Superior de Investigaciones Científicas el 24.11.1939-, fue reorientada para controlar, entre otras cosas, los puestos docentes universitarios, la investigación y difusión del conocimiento. Los castigos ejemplarizantes impuestos a los enseñantes, las formas de acceso al magisterio y profesorado de escuelas e institutos, el rígido control del currículo y del material escolar, las direcciones e inspección  de centros y la introducción materias ideologizadas en el corazón del sistema –que con el tiempo serían conocidas como “las tres Marías”- hicieron de la red educativa publica -y de los espacios de ocio y cultura-  una jurisdicción muy vigilada por quienes desde el Ministerio de Educación y Falange trataron de sostener las esencias del Movimiento, con el complemento de la que, en diversos internados de índole benéfica, seminarios o conventos religiosos, y en la enseñanza privada –católica en su inmensa mayoría-, administraron directamente los obispos y sus entidades corporativas.

El resultado ha sido que, durante muchos años, el conservadurismo sumiso y obediente de todo afán de saber, de ser y de estar, han sido la norma. Sin contar que se sostuvieron altas dosis de analfabetismo en muchas cohortes poblacionales y muchos abusos de poder, el alumnado más inquieto de todas esas generaciones tuvo que buscar maestros menos grises fuera de las aulas o en el extranjero y multitud de energías se frustraron. De gran actualidad es, asimismo, que en aspectos básicos como fracaso  y abandono del sistema escolar o atención a las urgencias de la pobreza infantil, sigamos todavía con indicadores problemáticos en Europa, pero tan contentos; como si ninguna herencia censora pesara todavía sobre un sistema educativo que quiere ser democrático. De serlo, si hubiera menos hipocresía, el debate educativo ya no estaría polarizado en torno a una “libertad” entendida como canon selecto, prefijado por y para unos pocos. Se habrían abandonado las viejas pugnas del siglo XIX por miedo a perder privilegios,  y el centro de atención de estos días, al borde de una campaña electoral, no se habría focalizado en torno a si se mantienen o no –parece que al final sí- las deducciones en el IRPF a las familias de la enseñanza privada. Tampoco sucedería que, entre otras desatenciones al derecho universal a la educación, los menores tutelados por las Comunidades fueran objeto de negocio de los gestores mientras las carencias de esos centros recuerdan las denunciadas por Dickens.

La Paideia política actual

Para dar más verosimilitud a una situación inconclusa, ahí está el modelo madrileño neoconservador. Por un lado, la expresidenta de la Comunidad, para quien la Fiscalía pide más de tres años por mentira y abuso de poder ante una instancia universitaria que  dependía de ella.  Con otras actuaciones durante 15 años, de gestión similar –que documenta ampliamente J.L. Pazos en No nos callarán-, este atajo arbitrario conforma una renovada tradición de la que es exponente la devoción creciente de la Consejería madrileña por las redes privadas –universitarias y escolares-, contraria al atractivo de la pública. Una fe que publicita  que es el mercado quien marca la deseable calidad del sistema,  sin especificar si ha de cumplir con la inclusión o la igualdad de oportunidades.

Propaganda complementaria es la de que la educación ha de ser apolítica, aunque la realidad –presente ya en Grecia como Politeia pedagógica y Paideia política- sea testaruda por lo contrario. La pedagogía envolvente de estos días ha dispuesto que Montauban y Colliure, por un lado, y el Valle de los Caídos/San Lorenzo del Escorial por otro, mostraran una combinación de reminiscencias didácticas. Después de 80 años,  la visita del Presidente de España a dos cementerios del exilio republicano –en reconocimiento a dos significados demócratas como Azaña o Machado- contrastó con la dificultad de salvar obstáculos administrativos que plantea el exhumar de un espacio público –construido por depurados- los huesos de Franco. Para que el aprendizaje fuera más significativo, se ha podido ver cómo sus deudos, eclesiásticos en parte, se turnan en el papel de agradecidos por el entusiasmo censor que derrochó: hay subvenciones e influencias en danza.

En parte por todo ello, en el actual panorama de meándricas situaciones e hiperbólicas palabras, cobran especial relevancia las peripecias jurídico-políticas del procés, porque contarán para las tendencias de voto que,  de aquí al 28 de abril y 26 de mayo, estén indecisas. Pese a los cambios de los últimos años, la clave seguirá estando en la autocensura inducida por años de purga legal y limitaciones educativas, a las que ha sobrevenido el miedo, más pesado en quienes la crisis económica sigue imponiendo recortes, pese a que el invocado bienestar social corre a cuenta de estos para que cuadren los presupuestos generales o autonómicos. Por ello tiene interés la reacción popular, en Nueva York,  frente al interés que había mostrado Amazon por crear un potente foco de negocio en el humilde barrio de Queens: las características neoliberales del proyecto, y sus derivaciones comunitarias, han suscitado una creciente rebelión vecinal.

El precio justo

Reacción similar sugiere un documental sobre los estragos causados a más de 8.000 familias por el abuso neocolonial del cultivo de la chufa en Mali y Burkina Faso. La estafa de unos empresarios españoles, que aparece en  TIGERNUT: la patria de las mujeres íntegras, hace repensar cómo se nos llena la boca con derechos en el papel y, entre otras cosas, qué pasa con casi todo lo que consumimos, cuando una parte sensible de la chufa que se ha comercializado sin pagar “precio justo” a sus productores llega al supermercado con trabajo esclavo, Es lástima que, entretanto, Marie Kondo entretenga al personal con el orden en los armarios como preocupación –rememorándonos las “normas de urbanidad”-, sin que tal preocupación se extienda igualmente al ámbito de lo socialmente justo y sostenible de una educación responsable e integral, de todos y para todos.

Manuel Menor Currás

Madrid, 28.02.2019.

Nuevas viejas heridas (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía su último artículo:

Censura, miedos e ignorancia limitan una educación que potencie la convivencia

Muchos responsables invocan la importancia de  la escuela española en vano. Procuran que camine aceleradamente hacia el individualismo y que no sea un espacio para construir algo de todos.

La cadena perpetua impuesta a los ejecutores de “los vuelos de la muerte”, que durante la dictadura argentina se llevaron por delante a cantidad de opositores y sus familias, ha suscitado en los medios españoles reacciones entre las que sobresale la del horror por los crímenes ahora oficializados, cuando ya todas las abuelas de mayo y no pocas madres también han muerto. Casi todos han reconocido el derecho a saber de las víctimas y se han referido a sus ejecutores como “torturadores de la dictadura”. Cuando, sin embargo, mencionan  demandas de asociaciones  españolas en demanda de dignidad y memoria para lo acontecido aquí en la guerra y postguerra, todavía suelen dar voz a cuantos ponen como excusa para obstaculizar tales intentos el pretexto de no “reabrir viejas heridas”. Doble vara de medir, hipocresía, ley del embudo y el relativo color del cristal con que se mira: todo en uno, muy acorde además con lo aprendido en el seno de las familias y en la escuela.

La herida de la censura

El precio a pagar por cuantos se ven atrapados por este tipo de pautas selectivas de conducta suele ser altísimo. Los docentes o periodistas que, por deontología profesional, se han visto obligados en conciencia a escribir o hablar sobre  cuestiones conflictivas han podido ver cómo era vilipendiado su trabajo, por muy documentado y contrastado que estuviera el modo de explicar el resultado de su investigación. Las maneras siguen siendo muchas, desde el silencio al insulto y desde la banalización al despido si la opinión no se doblega a quien paga o controla. En televisión y prensa es muy frecuente, sin que la pérdida de prestigio del medio cuente como objeción a esta práctica configuradora de la opinión de los demás. Cuando gobierna la derecha pura y dura –confiesa el Gran Wyoming- la censura es absoluta: no se puede hablar; lo ocurrido en Telemadrid o Canal 9 se parece más a lo que sucedía en la etapa franquista que a una democracia. Y cuando gobierna el centro izquierda, hasta un poco de autocrítica les asusta. Lo hemos visto en muchas ocasiones, y no solo en asuntos fuertes como el de la OTAN o la guerra de Irak; también en otros más recientes, como el itinerario del PSOE desde hace más de un año, los papeles de Bárcenas y muchos otros.

Esa estructura, que muchos periodistas conocen muy bien -por cómo han sido apartados de los espacios más visibles en tales momentos-, se repite en muchos otros ámbitos y tertulias, en que la autocensura impone un autocontrol estricto. En la secuencia escolar, todavía sigue vigente como currículo oculto que lo primero que debe aprender un estudiante –dígase lo mismo de toda persona que inicia cualquier trabajo asalariado- es conocer a su profesor. Exámenes hay, pruebas de selectividad y hasta oposiciones, en que ese saber es principal para no quedar fuera de juego. Fácil es en tales ocasiones tener problemas por optar abiertamente por tesis que, sin ser controvertidas entre los expertos, no han penetrado en las mentes de quienes por azar u oficio juzgan y deciden. ¿De dónde surge, si no, la duda de que la Audiencia Nacional haya exprimido la eficiencia de su Reglamento en asuntos que atañen al PP?

La herida del pánico

En la propia vida interna de los centros educativos se han vivido en estos años acontecimientos similares, expresivos del pánico a deconstruir lo asentado en mala información. Aparte de que bastantes de ellos continúen titulándose con nombres cambiados del que fuera original, la pretensión de exhibir aniversarios impolutoos  ha deparado no pocas sorpresas. Ha confrontado maneras de recordar, ajenas al imprescindible reconocimiento del conflicto de la guerra civil, y ha decantado posiciones irreconciliables. Esas cuantificaciones que suelen motivar conmemoraciones –cuando se pasa de los 50 a los 75, 100 o más años-  no siempre significan madurez ni que se haya evaluado el camino recorrido. A veces, solo conllevan equidistancias de la nada, cuando no infantilismos escondidos en los repliegues intencionados del olvido.

No todas las experiencias en este terreno son como la que aparece en María Lisboa. El título de este  bonito fado portugués, es el que adopta un relato de Ángel Chica en que cuenta lo bien que se desarrolló  una de estas conmemoraciones, la del Instituto Giner de los Ríos en la ciudad de la desembocadura del Tajo. Según la Gaceta de Madrid, del 21.09.1932, había sido creado por Orden Ministerial el día 12 de ese mismo mes. La celebración de su 75º aniversario brindó a su comunidad educativa una magnífica ocasión para el desarrollo de los mejores valores que pueden derivarse del conocimiento. Otros casos ha habido, sin embargo, en que ha primado la ignorancia manipuladora: el mero recuerdo de los contrastes diferenciales que se pudieran plantear en cuanto a métodos y organización, y cómo el paso de los años había sido de retroceso, ha servido para sostener la incomprensión intolerante. Por extraño que parezca, también en un mismo trabajo educativo existen preocupaciones distintas, muy difíciles de aproximar y, como en otras profesiones, a veces las decisiones operativas penden de quienes no ven  en el pasado lección alguna: como si en cuestiones innovadoras nada hubiera existido antes de que nacieran. 

Cuanto acontece en los centros educativos es muy representativo de lo que sucede en la sociedad. Ahora que las redes sociales lo invaden todo, y la confusión es creciente, aumenta la preocupación institucional contra los posibles ataques informáticos de terceros países. Incluso se avecinan mayores controles sobre cuanto circula en Internet con el pretexto de frenar ataques personales. Es evidente el desmadre que mueve a muchos usuarios a emplear este medio para emitir todo tipo de inconveniencias que, habitualmente, suelen tener que ver con excelsos grados de narcisismo e imbecilidad, como se ha podido ver en el caso del juicio de “la manada”, cuyos chicos fueron calificados como tales por su propio abogado. Pero también es de gran relevancia la aportación que estos medios han hecho a nuestras vidas y bien merece -como todo avance técnico- que se cuide la educación de su instrumentación si ha de conjugarse su provecho individual y social.

El dirigismo moral

Lástima sería que, igual que sucedió con la imprenta –“maravilloso arte de escribir”, como fue llamado el de Gutenberg en 1455-, viera muy limitado el equilibrio entre su facilidad de uso y el derecho o la libertad expresiva de todos. En aquel entonces –y con distintas variaciones de intensidad limitadora hasta hoy-, ya en 1487 el papa Inocencio VIII quiso mantener la tipografía al servicio de la fe, exigiendo su autoridad censora o la de sus obispos sobre cuanto se editase, un control que por otra parte pronto se convirtió en importante fuente de financiación también para la Corona. Al Nihil obstat le siguió enseguida el Index librorum prohibitorum, que tuvo vigencia entre 1564 y 1966 para delimitar la ortodoxia y la heterodoxia. Con la Inquisición, que originada en el siglo XII se había extendido a toda España entre 1478 y 1821, Iglesia y Corona constituyeron un enorme y prolongado instrumento de poder. Tanto, que la Iglesia procuró que su envidiable dirigismo en lo que se debe decir y enseñar continuara vigente de diversos modos. Cuando el Antiguo Régimen ya había declinado en Europa,  aquí el Concordato de 1851 y el posterior de 1953 lo exigieron tanto que condicionaron las sucesivas leyes educativas. Y los vigentes Acuerdos de 1979 sostienentodavía esa preeminencia privilegiada, como se ha encargado de refrendar la LOMCE en 2013. Los años de la postguerra propiciaron, además, que los otros soportes expresivos también fueran vigilados de cerca. El cine, el teatro y las canciones, las revistas y la prensa, fueron objeto predilecto de ese afán de control infinito para que la ciudadanía no se disipara con asuntos que la desviaran. Aquellas calificaciones de las películas –que con tanto celo inició en junio de 1940 la CONCAPA, en las fichas FILMOR- ya trataron de orientar a los padres de los adolescentes  antes de que la propia Iglesia estableciera una oficina especializada en baremar su proporción de“peligrosidad”.

Eppur si muove

Así se ha construido el aprendizaje actual de los españoles y por ahí siguen algunos derroteros nostálgicos. De nada sirvió la equívoca Ley de Prensa de que presumía Fraga en 1966: apenas modificó la arbitrariedad discursiva del  NODO  desde 1942 o  la que empezó a difundir TVE en 1956. Tantos años en lo mismo –como si nada debiera cambiar, pese a lo pactado el 06.12.2078- no es de extrañar que hayan llevado a Rajoy a no saber por qué habrían cambiado el nombre de la calle donde había vivido en Pontevedra. Su particular “sentido común”, y lo que considera “normal”,  sigue anclado en los moldes de antes. Galileo, al menos, cuando en junio de 1633 tuvo que firmar lo que le pusieron delante sus inquisidores, supo zafarse con una restricción mental que le libraba de comulgar con ruedas de molino.

El problema va a ser cuando, acrecentada la desinformación, como parece que vaya a suceder, pues ya el 86% de los españoles no distingue las noticias falsas de las verdaderas, mientras grupos, supuestamente muy concienciados, no cejan de enseñar desde su púlpito los fundamentalismos montados en torno a una perspectiva de la Naturaleza anclada en un pasado acientífico, sin que sean desmentidos sino animados. Y cuando algunas organizaciones afines a esta perspectiva misógina jalean tales pronunciamientos y, por si acaso se cambiaran algunas disposiciones vigentes en la LOMCE, ya preparan su oposición alborotadora y ruidosa.

No contentos con que casi un tercio de alumnos y alumnas vayan a sus circuitos privados o concertados de educación escolar, les parece poco que haya un centenar largo de colegios que individualizan ya por género a sus educandos/as. Y les da igual que esta separación se extienda igualmente a los trabajadores unisex de algunos de estos centros. A estos apóstoles y a quienes les protegen no les importa que los roles sexistas que potencian contribuyan a seguir construyendo  una desinformada sociedad, más individualizada, en  que los abusos y la violencia cundan al amparo de una supuesta superioridad masculina. Son indiferentes a que que un tanto por ciento de adolescentes, que también ronda el 30%, piense que la violencia dentro de las relaciones de pareja sea “normal” o que los celos son una señal inequívoca de amor mutuo. Anhelan, sin embargo, y por ello pelean, que sostengamos sus chiringuitos con nuestro dinero: lo conseguido en la LOMCE les parece poco. Tienen en Administraciones tan importantes como la de la Comunidad de Madrid, devotos seguidores que se toman como obligación secundarles fielmente: en los presupuestos de estos años últimos se puede ver cómo los apoyos a estos centros educativos que segregan por sexo ha alcanzado ya bastantes millones de euros, como si no hubiera mejor objetivo en que gastarlos.

Los orígenes

 Lo afirma Milagros Pérez Oliva: “los estereotipos sexistas no vienen de la luna”. Y la desinformación interesada tampoco. Algo ha detectado Facebook, que ya da consejos para detectar falsedades en su propia red. Nuestro MECD todavía no lo ha hecho ni parece que vaya hacerlo, ocupado como anda en la flexibilidad profesoral del profesorado: uno de cada tres profesores escolares ya es interino en alguna Comunidad autónoma y, en la universidad, tiene departamentos donde se supera ampliamente la ratio de provisionalidad. La última reunión con los sindicatos, a propósito de los acuerdos de empleo ha sido un fiasco. Y con su protección de la interferencia continua de la creencia particular en la racionalidad de una gestión democráticamente equitativa en las cuestiones educativas principales, vacía de sentido democrático el sistema educativo, de modo que  no parece que se pueda ir muy lejos ni en  convivencia ni en solidaridad. Falla de raíz, y lo que de verdad construye, no es la autonomía personal sino un sinsentido que, en la medida en que se haga común, acelerará más la cerrazón individual. Se cumplirá el sueño neoliberal.

Manuel Menor Currás

Madrid, 02.12.2017

Así es la Alta Inspección de Educación, un cuerpo limitado y burocrático que el PP quiere que supervise los colegios (Pau Rodríguez y Laura Galaup para EL DIARIO)

Reproducimoseste artículo de ELDIARIO.ES

La Alta Inspección Educativa está pensada para supervisar que la legislación autonómica no choque con la estatal, por eso cuenta con poco personal

El Congreso vota una proposición del PP este martes para que la Alta Inspección pueda hacer requerimientos e inspecciones en los centros

"Si se lleva adelante, sería una recentralización", asegura Francesc Colomé, inspector durante años y primer director de la Alta Inspección en Catalunya

No es ningún secreto que PP y Ciudadanos quieren intensificar el control sobre lo que ocurre en los colegios catalanes, en los que aseguran que se dan casos graves de adoctrinamiento político. Los populares quieren reforzar el papel de la Alta Inspección de Educación para que asuma esta tarea, y así lo han dejado por escrito en una proposición que se vota este martes en el Congreso. Pero, ¿está pensado este cuerpo para supervisar las escuelas? ¿Cuenta con suficientes efectivos? ¿No es esa una función que corresponde a los inspectores de cada comunidad autónoma? 

Las competencias de la Alta Inspección, que depende del Ministerio de Educación, consisten principalmente en comprobar que los programas educativos y la legislación de cada comunidad autónoma no choque con las leyes y los currículos estatales. Una "supervisión burocrática" que el PP, con  su proposición no de ley (PNL), quiere superar para que este cuerpo pueda también realizar requerimientos e inspecciones en los centros educativos, algo que hasta ahora ha correspondido a la Inspección Educativa, que depende de las administraciones autonómicas. 

"Si se llevara adelante, sería una recentralización", asegura Francesc Colomé, inspector durante años y primer director de la Alta Inspección en Catalunya, durante el mandato socialista de Felipe González. "La Alta Inspección no está pensada para ir a los centros", incide Colomé. Durante sus ocho años al frente del organismo sólo acudió una vez a un colegio para levantar un acta, mientras que, asegura, dedicó buena parte de su tiempo a "prevenir" conflictos competenciales entre el Gobierno y la Generalitat, vinculados a decretos y leyes educativas. 

Además de esto, la Alta Inspección también tiene como cometido, según la LOE –la última ley que especifica sus funciones–, comprobar las condiciones para la obtención de títulos y para la concesión de becas, así como "velar" por "la igualdad de todos los españoles" en materia de educación, con mención especial a "sus derechos lingüísticos". Si el Gobierno asumiera las propuesta del PP en el Congreso, a ello cabría añadir la actuación "de oficio o a instancia de parte" para hacer inspecciones en centros y garantizar "la neutralidad ideológica y política de los centros docentes". 

Un equipo muy reducido 

Con todo, para reforzar la Alta Inspección no bastaría con extender sus competencias, sino que habría que ampliar sustancialmente el cuerpo. En Catalunya, por ejemplo, la Alta Inspección está integrada  sólo por su director y un inspector –ambos cargos de libre designación–, además de un equipo de funcionarios que les da apoyo administrativo. Nada que ver con los 243 profesionales del cuerpo de inspección catalán, que asume cada uno de ellos una veintena de centros educativos. 

Colomé ve absurda la voluntad de PP y Ciudadanos de intensificar la supervisión en los colegios. "El papel del inspector debe ser de prevención de conflictos: aunque pongas diez, quince o cincuenta personas en la Alta Inspección es improbable que sepan lo que ocurre en las aulas cuando se cierra la puerta", afirma.

Otro de los inspectores consultados para este reportaje, Antoni Domènech, que dirigió la Alta Inspección en Catalunya de 2005 a 2011, ve un motivo de alerta añadido a la hora de dar competencias a la alta inspección para que controlen la actividad de los colegios: que pese a ser personal de libre designación, la alta inspección "podría pasar por encima de la inspección técnica, que accede al puesto por oposiciones, que consisten en capacidades y méritos". 

Domènech recuerda que si la inspección depende de las comunidades autónomas es porque éstas son la Administración educativa en España. No tendría sentido, argumenta, que fuera otra administración la que gestionara y analizara las quejas cuando corresponde en este caso a la Generalitat resolverlas. 

La coordinación entre inspecciones

Desde la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) verían un error que la Alta Inspección interfiriera en las tareas adjudicadas a la inspección territorial. Sí creen que estos dos cuerpos deberían "colaborar y coordinarse" para garantizar un mejor funcionamiento de la supervisión en los centros. "Son competencias distintas, y deben ir coordinadas. La visita al centro es propia de la inspección territorial, si alguien de la Alta Inspección necesita algo sobre este tema debería en ponerse en contacto con los inspectores territoriales", apunta un portavoz de la USIE. 

De hecho, acaban siendo estos inspectores ordinarios los que se encargan de investigar las quejas que el Ministerio de Educación traslada al departamento de Enseñanza, como ha sucedido con los dos requerimientos posteriores al 1 de octubre relacionados con supuestos casos de adoctrinamiento. 

El Ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, habló también de la inspección educativa en su última  comparecencia en la Comisión de Educación,  e invitó a los grupos políticos a que reflexionasen sobre ello  en las negociaciones del Pacto. "Mi impresión es que la alta inspección tiene poca capacidad de reacción inmediata y depende de la buena voluntad y de la buena disponibilidad de la inspección de las comunidades autónomas", apuntó, y aseguró que la intervención de este cuerpo es "subsidiaria". En su caso, no fue más allá en la propuesta. 

Una agencia independiente a propuesta de C's

Este martes se debate también en el Congreso de los Diputados una  propuesta de ley de Ciudadanos sobre la inspección . Con esta iniciativa, la formación naranja pretende crear una agencia independiente que asuma las funciones de la alta inspección. "Es importantísimo para el futuro de España que esta ley se ponga en marcha, los únicos que pueden ponerse en contra de esto son los que cuelgan propaganda, los que manipulan a los niños, los que manipulan libros de texto o los que no cumplen la ley", aseguró Rivera en la presentación de este articulado.

Además de los cometidos actuales de este organismo, Ciudadanos pretende que los profesionales de esta agencia "visiten los centros docentes públicos y privados", accedan a documentación académica y administrativa que precisen, así como que se dirijan a la Fiscalía General del Estado "si aprecian alguna ilegalidad de relevancia o transcendencia penal". De nuevo, asumirían funciones de la inspección territorial.

En la propuesta presentada también incluyen una disposición para garantizar "la neutralidad ideológica del sistema educativo y la protección del denunciante". Entre las medidas destacadas, esta agencia podrá acordar la adopción de "medidas cautelares” contra docentes o responsables de un centro educativo. La formación naranja propone que esta institución esté formada por un director y un consejo, formado por miembros elegidos por el Gobierno.

PSOE y Unidos Podemos, en contra

Unidos Podemos considera que la función de la inspección se debería debatir en la subcomisión del Pacto y no en el pleno, como sucederá con las propuestas de PP y Ciudadanos. "No sé si pretenden reventar las negociaciones, ya que es uno de los temas que mayores desacuerdos puede generar", responde Joan Mena, diputado de En Comú Podem. "El adoctrinamiento no es un problema generalizado y se están realizando de cara a una elecciones catalanas para legitimar su relato", apunta Mena. Sobre este asunto, cree que "hay una competición entre el PP y la formación de Albert Rivera para posicionarse. Su formación, y también el PSOE, según ha podido saber este diario, se opondrán a ambas iniciativas.

Mena, que ha sido muy crítico en el Congreso con la tesis defendida por Ciudadanos sobre el adoctrinamiento en la escuela, considera que con estas propuestas se está "legislando para casos muy concretos". Este grupo considera que esta iniciativa va en contra de la postura defendida por el grupo de Rivera centrada en "adelgazar" la estructura de las administraciones públicas, ya que según sus estimaciones sacarla adelante podría suponer dos millones de euros.

Domènech coincide que "el replanteamiento de la alta inspección habría que hacerlo con calma y consenso". "No se puede hacer en caliente, porque esta comunidad y otras podrían sentirse agraviadas porque invaden sus competencias: se está replanteando el modelo de Estado autonómico y no parece el momento más oportuno", sostiene este inspector barcelonés. 

"Vivimos ahora" (Manuel Menor)

Publicamos este artículo que nos envía nuestro compañero Manuel Menor Currás

¿Cuántos personajes hay en la vida pública que actúan como los de novela negra?

Como si el dinero público fuera ilimitado o la estética no tuviera que ver  con la ética, ambiciones de poder pervierten la convivencia y enriquecen las demostraciones de estulticia.

Vivimos ahora, cuando la sospecha sobrevuela una iniciativa cultural de gran alcance como ha sido la de “Las edades del hombre”. La fundación homónima  se habría hecho un lío con las subvenciones y posibles argucias en la contabilidad pertinente. Hay inercias burocráticas, muy de competitivo criterio emprendedor y amoral, que pueden enlodar una trayectoria que lleva ya veintidós ediciones expositivas de arte sacro castellano. Más contundente ha sido la trayectoria de Blesa, finado en estos días de manera abrupta, después de un historial de ascenso y descenso precipitados entre halagos del poder. Con él se ha ido un símbolo de actitudes, maneras y desafueros de barra libre que una élite de selectos aznáridos pretendió pasar por nueva economía, listeza política y  estratégica manera de dar envidia al resto de los mortales. Sic transit gloria mundi, podría haber pintado Valdés Leal en una “vanitas” barroca. No nos liberaría, sin embargo, de ese hablar completamente inseguro de quienes hablan sin saber y con la pretensión de dar a entender que saben. Añádase que Rajoy declarará en la Audiencia Nacional el próximo día 26 por el “Caso Gürtel”.  Y sólo cabe preguntarse por qué hay tanta gente en la vida pública que se comporta como en una novela negra.

Vivimos ahora, cuando  las maneras críticas de Gregorio Morán,  que suele escribir “sabatinas” en La Vanguardia, ha sido censurado. Su artículo último no le ha sido publicado por miedo a represalia política en el mundillo  catalán. Publicado enen otros medios, muestra cómo la información no es lo que debe ser cuando la mueve más la apariencia que la explicación de la realidad . No es la primera ni la segunda vez que le sucede algo similar a este periodista asturiano. Lo casi último había tenido lugar con su libro El cura y los mandarines, que iba a ser editado por Planeta y acabó siendo publicado por Akal. Esta historia, desabrida con muchos de los personajes y personajillos de  la transición cultural acaecida entre 1962 y 1996, era demasiado no oficial para que los directivos de la Real Academia de la Lengua no hicieran peligrar los negocios de Lara  con esta entidad. Así crece el erial de la ignorancia, mientras la estupidez humana se alegra sin remedio.

Y también vivimos –ahora- cuando lo que nos ha hecho disfrutar la Selección Española de Fútbol se está enlodando con cuanto a su vera hizo crecer el afán acumulativo de los Villar y asociados. Una historia esta que sólo acaba de empezar y que, a lo que se ve, promete episodios para comprender cómo hasta el balompié, fútbol o juego principal de nuestra infancia esconde en su existencia real mucho más de lo que como espectáculo se ve en las pantallas. Este iceberg a punto de deshacerse al calor del Tribunal de Cuentas, además de ponernos en la pista de los valores que se ventilan en este ritual de la pasividad dominguera -en las dimensiones que ya aventó Manuel Mandianes en El fútbol (no) es así (Sotelo Blanco, 2015)-, podría llevar a que este Tribunal ejerciera de continuo una prestigiosa labor de limpieza en otras latitudes, instituciones y estructuras societarias en que el dinero público se gasta con excesiva complacencia licenciosa y sin control. Para ello fue instituido, ¿no?

Vivimos y paseamos –y no desde ahora- por una España “llena” que cada vez se distancia más no sólo de la España pobre sino, además, de La España vacía a que ha dedicado atención Sergio del Molino. El contraste entre el crecimiento urbano y la disminución del poblamiento en zonas rurales va en aumento. Con una aceleración tal que los indicadores demográficos naturales de nacimientos y muertes se muestran negativos, y las densidades de población tienden a disminuir en las zonas que han venido protagonizando el éxodo rural desde la segunda mitad de los años cincuenta. El resultado es que la desertización humana de amplias zonas del interior peninsular –también en Galicia- no para y que cada vez son más quienes desisten del arado y del arraigo continuado en estas áreas. Ya no es fácil reclutar funcionarios o profesores que se asienten en ellas: todos quieren vivir en la ciudad; las escuelas cerradas crecen y adelantan la muerte de los pueblos. En muchos casos, incluso los agricultores tampoco viven ya en el espacio rural del que nutren sus economías, como asegura Sergio, el autor de este muy recomendable libro para lectores desconfiados de lo que no suele contarse.

Vivimos, que no es poco, cuando personas a las que más debemos por su complicidad, saber e ironía en el mirar, se nos han ido o se están yendo ahora mismo. Cuando se han marchado cuesta hacerse a la idea de que estaban aquí hace nada, a nuestro lado. La mejor honra a su memoria va a ser no darnos por derrotados en la construcción de un mundo vivible, más justo y fraternal en la libertad, como quería Lars Gustafsson, el de Muerte de un apicultor: ”Empezamos de nuevo. No nos rendimos”. Y si en algún momento se nos hace cuesta arriba la tarea, deseable es poder volver la vista atrás desde algún recodo del camino con humorado amor por lo compartido.

Manuel Menor Currás

Madrid, 23.07.2017

Rajoy intentará impedir protestas y manifestaciones públicas de trabajadores funcionarios

CUARTO PODER.ES: El PP pedirá a sus autonomías que impidan las protestas de funcionarios aplicando el Estatuto del Cargo Público

Ante la apertura del nuevo periodo de sesiones y la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas en las que el PP se lo juega todo, el Gobierno de Rajoy va a aplicar con todo rigor la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público para intentar impedir las protestas de funcionarios. Es una práctica que ya ha iniciado con éxito la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, en Castilla-La Mancha, donde ha sancionado con importantes multas a los funcionarios del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) que se manifestaron con sus batas blancas. Ahora, el PP va a pedir a sus comunidades que hagan lo propio en sus territorios respecto a los funcionarios sobre los que tengan competencias. Se trata de una nueva ‘mordaza’ contra los manifestantes, en este caso los públicos.

A nueve meses de las elecciones municipales y autonómicas y a algo más de un año de las generales, el Gobierno del PP no quiere correr ningún riesgo y va a intentar impedir cualquier tipo de protesta que pueda rebajar aún más sus expectativas electorales. Para lograrlo, ha puesto en marcha diversas leyes ‘mordaza’ para frenar las manifestaciones públicas, como la de Seguridad Ciudadana y otras, pero ahora se ha ‘inventado’ un nuevo ‘dispositivo’ para intentar acallar a los funcionarios: la aplicación con el máximo rigor de los artículos 52 y 54 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

La iniciativa ya ha sido puesta en marcha con éxito -aunque a nivel experimental- en Castilla-La Mancha, comunidad en la que la presidenta regional y secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, consintió que los responsables del SESCAM pudieran amenazar a sus trabajadores con sanciones de hasta 15.000 euros por usar sus ‘uniformes’ -batas blancas- en protestas contra los recortes sanitarios, o incluso -en un grado máximo de aberración- colocar carteles o anuncios en lugares que no estuvieran habilitados para ello.

Cospedal desarrolló su ‘invento’ a través de una directriz aprobada el 30 de enero de 2014 por la Secretaría General del SESCAM, en la que se amenazaba a los sanitarios con sanciones de hasta 15.000 euros y se les invitaba a delatar a sus compañeros. Pero esa nota, que ha sido ‘convalidada’ por el gobierno de Rajoy a través de una respuesta parlamentaria por escrito al diputado de IU Gaspar Llamazares, tiene su punto de partida -y su engarce legal- en los artículos 52 y 54 del Capítulo VI (“Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta”) de la citada Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a los que los responsables del PP les han dado ahora una nueva ‘interpretación’.

El artículo 52, sobre “Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta”, dice lo siguiente:

“Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.

“Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos”.

La redacción de ese artículo es tan ambigua que puede caber incluso una ‘interpretación’ tan restrictiva como la realizada por Cospedal en Castilla-La Mancha para frenar la ‘marea blanca’; ‘interpretación’ que le sirve al gobierno de Rajoy para pedir ahora que se haga igual en todas las comunidades del PP con competencias en Sanidad.

Por su parte, el artículo 54 (sobre “Principios de conducta”), dice, entre otras cosas, lo siguiente:

“1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.

“2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

“3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

“(…) 5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.

“(…) 7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

“(…) 10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio”.

Es decir, es lo suficientemente amplio y ambiguo como para que se pueda interpretar en forma de ‘mordaza‘ para acallar las protestas del funcionariado. Pero sobre su aplicación en Castilla-La Mancha, el diputado de IU Gaspar Llamazares le formuló una pregunta parlamentaria al Gobierno, el cual respondió avalando las actuaciones de Cospedal y especificando, además, que los principios y reglas establecidos en el Capítulo VI del Título III del citado Estatuto Básico “informarán la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos, de manera que el incumplimiento de muchos de esos deberes, principios y reglas de conducta encuentra su reflejo en la tipificación de algunas infracciones del régimen disciplinario”.

Es decir, que el PP recomienda que sus autonomías apliquen con rigor el ‘experimento’ de María Dolores Cospedal para frenar las protestas de sus funcionarios. Se trata, sin duda, de otra‘interpretación mordaza’.

La Junta electoral de la UNED veta los correos de los alumnos con opiniones sobre los programas electorales

PÚBLICO.ES: Estudiantes de la UNED acusan a la Junta Electoral de "censura previa" a sus e-mails sobre las elecciones

Los representantes de estudiantes en el Consejo de Gobierno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) han acusado este miércoles a la Junta Electoral de la Universidad de "vetar" sus comunicaciones electrónicas y de "imponer un filtro previo" a los mensajes relacionados con las elecciones convocadas para elegir nuevo rector. 

Desde este martes, el envío de cualquier mensaje relativo al proceso de elecciones  debe contar"con la autorización previa" de la Junta, después de reunirse y emitir una instrucción ese mismo día.  Esta decisión fue tomada cuando el candidato José Francisco Álvarez presentara una queja contra la distribución de un mensaje del delegado general de estudiantes, Fernando Martín Pérez, del centro asociado de la UNED en Motril (Granada), según recoge EFE.

En plena jornada electoral, que tiene lugar en su primera vuelta del 3 al 13 de junio, la Junta ha sido acusada de censurar a los alumnos con respecto al envío de correos.  "Estamos siendo boicoteados totalmente con la censura y volviendo a los sistemas de la dictadura,  no me extraña que Europa nos mire por encima del hombro cuando aún tenemos problemas para asentar la propia Democracia que tanto nos ha costado instaurar", ha declarado a Público el representante de estudiantes.

Como recoge EFE, el representante estudiantil  informaba en ese correo de su análisis de todos los programas electorales y, opinaba, como delegado, sobre cuál sería el mejor candidato, pero siempre con la idea de que cada uno vote a quien mejor le parezca. Según ha informado Pérez Martín a Público, el mensaje fue enviado en plena campaña electoral que, como aparece en la página oficial de la UNED, tiene lugar del 9 de mayo al 12 de junio. 

El envío habitual de correos sobre cualquier asunto entre los representantes estudiantiles y los alumnos se envía, en primera instancia, a la dirección de cada centro de la UNED que, a su vez, los reenvía a todos y cada uno de los matriculados. Esto es así ya que en virtud de la ley de protección de datos, los representantes no pueden enviarlos directamente a los alumnos. Los estudiantes denuncian que sus correos sobre las elecciones tienen que pasar ahora por otro nuevo filtro "inventado", que "no está en ninguna reglamentación", antes de ser enviados: el de la Junta Electoral.

"Queremos expresar lo que nos dé la gana; el problema es que nos están diciendo que nosotros no podemos apoyar a ningún candidato", ha interpretado. La Junta Electoral también ordenó al director del centro de Motril que "rectifique" el contenido del mensaje objeto de queja con otro que se envíe a las mismas direcciones para apoyar "por igual" a los tres candidatos (Álvarez Álvarez, Manuel Alonso Castro Gil y Alejandro Tiana Ferrer).