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Aunque en bruto los centros privados y los concertados sacan mejores resultados que los públicos, el rendimiento se iguala cuando se corrige el efecto positivo sobre los resultados académicos que produce un entorno socioeconómico favorable
"Las diferencias entre colegios son las diferencias entre sus alumnos", explica Alejandro Tiana, número dos del Ministerio de Educación
Educación pide a las comunidades que "reflexionen" sobre los resultados de PISA, que en esta edición han empeorado mayoritariamente
En igualdad de condiciones, los estudiantes de los colegios públicos rinden igual que sus compañeros de los privados (un poquito mejor, incluso). Es una de las conclusiones de la última edición del informe PISA, según ha explicado este martes el número dos del Ministerio de Educación, Alejandro Tiana, en la presentación de los resultados españoles del estudio.
Además, Tiana ha insistido en defender la "calidad" y el "rigor" de la prueba ante las dudas que se están levantando por los problemas con algunas respuestas en la prueba de Lectura –que ha provocado que no se publiquen los datos de España, y con ellos los exhaustivos análisis que le dan a PISA su principal valor–. El secretario de Estado también ha pedido a las comunidades autónomas que "reflexionen" por los resultados obtenidos, que con carácter general han sido peores en esta edición que en la anterior.
Influencias externas
PISA no solo ofrece los datos en bruto de sus pruebas. También les aplica elementos correctores para comparar situaciones a priori incomparables, como el rendimiento de diferentes tipos de alumnos. Los resultados educativos, está demostrado, se ven ampliamente influenciados por varias circunstancias externas a los alumnos: cuestiones como su situación socioeconómica, el nivel cultural de sus padres, el número de libros que hay en casa o incluso si los progenitores están trabajando o en el paro influyen, y no poco, en el rendimiento de un estudiante.
PISA no es una excepción. En los resultados en bruto, los colegios privados y concertados obtienen 27,62 puntos más en matemáticas que los públicos. En PISA se calcula que 40 puntos equivalen a un curso escolar entero, con lo que esa diferencia habla de dos trimestres de retraso en la escuela pública.
Pero la OCDE introduce el factor corrector que llama Índice Social, Económico y Cultural (ISEC). Para su elaboración, explica la OCDE, "se incluye la información relacionada con la ocupación profesional y el nivel educativo de los padres, así como los recursos disponibles en el hogar (número de libros, dispositivos digitales...)". Cuánto mayor es la influencia de este índice, más segrega un sistema educativo. Un avance: el español lo es bastante.
Así, cuando se aplica el factor corrector ISEC, la ventaja de 27,62 puntos para los centros privados pasa a ser una desventaja de 2,5 puntos. Empate. La situación se repite invariablemente en todas las Comunidades Autónomas (ver gráficos). En algunas, los centros privados tienen una ligera ventaja (la Comunidad Valenciana o Canarias, por ejemplo) y en otras una ligera desventaja (o incluso no tan ligera, como en La Rioja). En la mayoría de las ocasiones, la diferencia es inferior a 10 puntos, que en esta prueba se considera estadísticamente no significativa.
"La diferencia entre los centros es la diferencia entre sus alumnos", ha valorado Alejandro Tiana en rueda de prensa. El secretario de Estado de Educación también ha señalado que España es uno de los países analizados por la OCDE que más segrega en sus colegios, en la línea que ya demostró un artículo reciente de dos profesores de la UAM.
Esto quiere decir, ha explicado Tiana, que España está entre los países donde un alumno desfavorecido más opciones tiene de encontrarse con otro estudiante en sus mismas circunstancias. Y viceversa. Y esto –de nuevo, está demostrado científicamente– no es positivo. "Una variabilidad social y/o étnica limitada puede llevar a que los estudiantes con peor desempeño tiendan a concentrarse en determinados centros, lo que tiene una influencia negativa en la evolución de su rendimiento", explica la OCDE.
"El ministerio confía en el rigor y la calidad"
Además, el número dos de Educación ha dedicado buena parte de la rueda de prensa a defender la validez de PISA, ante las dudas suscitadas por las respuestas erróneas que provocaron la retirada de los resultados de lectura. "El Ministerio confía plenamente en el rigor y calidad del informe, nadie discute los estándares técnicos", ha repetido, y ha lamentado que las críticas hayan llegado (desde algunas comunidades que han empeorado sus resultados, como Madrid o Catalunya) cuando el examen ha resultado menos favorable a los intereses de las administraciones.
Este descenso también ha dado pie a Tiana a pedir a los responsables autonómicos que "reflexionen" sobre las políticas educativas que han tomado en los últimos años y que han llevado a estos resultados. Preguntado específicamente, Tiana se ha negado a señalar la LOMCE como responsable: "No podemos afirmarlo. Algunas comunidades que la han aplicado han mejorado, otras han empeorado", ha explicado, para reconocer de alguna manera que realmente el Ministerio no sabe por qué han empeorado los resultados en esta edición.
El Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de reforma de la Lomce en el Consejo de Ministros, según ha informado la ministra Celaá al término del Consejo de Ministros. Sin embargo, la convocatoria de elecciones para el 28 de abril hará que la medida sea inútil: el Congreso no tendrá tiempo material para tramitar un proyecto de ley antes de que se disuelvan las cámaras (el 5 de marzo para unas elecciones el 28 de abril).
Un proyecto de ley, y más si es uno tan complejo como una Ley Orgánica, necesita en condiciones normales unos tres o cuatro meses para su tramitación completa en las Cámaras, explican fuentes parlamentarias. El texto debe aprobarse primero en el Congreso, luego pasar por el Senado, donde es susceptible de ser enmendado, y finalmente volver al Congreso para su aprobación definitiva. Y en este caso ni siquiera ha entrado aún al Congreso.
A modo de ejemplo: el proyecto de ley que revertirá los recortes del anterior Ejecutivo en Educación se aprobaron en septiembre por el Consejo de Ministros, empezó su trámite parlamentario a mediados de diciembre y se aprobará definitivamente este próximo jueves.
Los plazos, por tanto, se pueden acortar respecto al trámite parlamentario en sí (dos meses en el caso del citado proyecto de ley). Pero con la disolución de las Cámaras prevista para marzo no parece que haya tiempo material aunque se tramitara de urgencia el texto.
Esta ley, sin embargo, tendrá menos impacto, ya que muchas de las medidas recogidas en el proyecto ya se estaban aplicando de facto por parte de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en Educación.
La más que previsible paralización de la reforma de la LOMCE, sin embargo, provocará que el Gobierno no vaya a cumplir uno de sus principales compromisos.
La reforma de la ley, que se había convertido en una derogación de facto, incluía medidas como restar peso a la Religión, eliminar la asignatura espejo que deben cursar quienes no se matriculan de esa materia y que dejara de contar para la media, desincentivar la financiación pública de los centros que segreguen al alumnado por sexo, incrementar el margen de las comunidades autónomas para distribuir las horas de enseñanza en castellano o en las lenguas cooficiales o recuperar la Filosofía para Secundaria (aunque no tanto como se había comprometido). También medidas para rebajar el grado de repetición como permitir graduarse en Bachillerato con una materia suspensa "en casos excepcionales" o dotar de flexibilidad a esta etapa educativa para cursarla en tres años por módulos, tender puentes entre etapas o recuperar los ciclos educativos, entre otras que figuraban en el borrador del texto que se hizo conoció el pasado mes de noviembre.
Los proyectos de ley de reversión de los recortes que aplicó el PP en el Real Decreto 14/2012, por su parte, incluyen medidas para rebajar las famosas ratios en la aulas (el número de alumnos por clase o profesor) o reducir la carga lectiva de los docentes (el número de horas de clase semanales que imparten), entre otras.
Desde el PSOE, sin embargo, Martínez Seijo no lo da todo por perdido. "El proyecto de ley de los recortes se ha sacado en dos meses [el trámite parlamentario, el tiempo que discurrió entre que se aprobó en el Consejo de Ministros en septiembre y su aprobación definitiva va a estar más cerca de los cuatro]. La Mesa nos ha explicado que se va a hacer un orden de prioridades por la cantidad de leyes que hay en trámite. La voluntad de los grupos existe, tenemos muchas ganas de derogar la Lomce", explica.
¿Va a dejar el Gobierno la educación prácticamente como se la encontró al llegar? "Más rápido no lo hemos podido hacer", opina la diputada socialista. "Una Ley Orgánica no se arma en dos días. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Tenemos esperanza", cierra.
Desde Unidos-Podemos-En Comú-En Marea, el socio preferente del Gobierno y con quien iba de la mano para tumbar la LOMCE, ya piensan en el plan B. "Si se confirma que vamos a elecciones, pediremos al Gobierno que apruebe un Real Decreto de medidas urgentes para derogar las partes más lesivas de la Lomce", explica Javier Sánchez Serna, portavoz de Educación de la coalición morada. "A esto sí da tiempo y apelaremos a la responsabilidad del Gobierno para que no deje la LOMCE como estaba cuando llegó al Gobierno".
Adjunto un resumen del homenaje que muchos amigos y amigas rendimos el sábado en su colegio de Vallecas al recuerdo de Paco Lara, fallecido a finales de agosto. Fue el representante elegido por los maestros y maestras de Madrid, en 1976, un año antes de que todos los ciudadanos pudiéramos votar en unas elecciones generales. Pero eso no es lo más importante: fue un maestro comprometido con la renovación de la educación y con los niños y niñas desfavorecidos en el Colegio "Palomeras Bajas". Esa experiencia está recogida en dos libros: experiencia recogida en dos libros: Autogestión en la escuela y La escuela como compromiso.
Un saludo
HOMENAJE A PACO LARA
Ayer por la tarde, en la zona deportiva del CEIP "Palomeras Bajas" muchas amigas y amigos nos reunimos con su familia para rendir un emotivo homenaje a la figura de Paco Lara.
Intervinieron muchas personas: tres profesoras, alumnos que estudiaron en los primeros barracones que fueron traídos -según explicó Paco Bastida- al finalizar la obra de un pantano para acoger en ellos a los niños de ese barrio de Vallecas donde no existía ningún centro), educadores de calle, Enrique Martínez Reguera que recordó que en su casa había acogido a lo largo de cuatro décadas cerca de 70 jóvenes que la sociedad consideraba "predelincuentes" y que habían sido bien atendidos en Colegio Palomeras... Teresa Esteban explicó el papel de Paco en la el MEC poniendo en marcha la educación compensatoria, Carlos Cermeño recordó su elección como representante provincial por las maestras y los maestros de Madrid en 1976 y, dando un salto de 25 años, explicó su participación en defensa de la infancia, primero en la Fundación Cooperación y Educación (FUNCOE) y después en Save the Children.
Y, también, como presidente de las Organizaciones de Infancia... Miembros del MCEP acudieron de distintas zonas de España para sumarse al homenaje de quien utilizó, con el conjunto de profes del centro, la metodología de Celestin Freinet: el trabajo cooperativo, la asamblea de alumnos...
Las familias tuvieron mucha presencia, pues como explicó Paco Bastida y en un vídeo de hace algún tiempo el propio Paco Lara, los padres ayudaron a sacar adelante el centro y, desde el principio, supieron que era del barrio... En ese vídeo me destacó su opinión de que todos los alumnos son buenos. También intervino un representante de la Plataforma en defensa de la Escuela Pública de Vallecas para subrayar la agresión que sufría la escuela pública y la lucha para defenderla... Quiero citar los mensajes del Colectivo "Lorenzo Luzuriaga" y de la Sección de Educación del Ateneo de Madrid enviados a petición de los organizadores del acto que habían pedido que todos enviaran lo que desearan para encuadernar un libro y entregárselo a la familia. Cito dos frases: "Paco fue activo participante en todos los ámbitos del compromiso con la transformación de la enseñanza y la sociedad. . Su compromiso le llevó a implicarse en las escuelas de verano, en Acies, en el MCEP, en las primeras asociaciones de padres y madres en Madrid... " (Sección de Educación del Ateneo de Madrid)
"Paco Lara fue un maestro comprometido en las reivindicaciones por la mejora de la escuela y de sus trabajadores. Y fue un referente en el movimiento en defensa de la Escuela Pública a lo largo de su vida" (Colectivo "Lorenzo Luzuriaga)".
Su mujer, Regina, sus hijas Alba y Silvia hablaron de lo que significó Paco en sus vidas y dieron las gracias a todos. Uno de los nietos más pequeños leyó un hermoso poema de muy pocas palabras.
El acto se cerró con el Canto a la Libertad de Labordeta. Y luego muchos asistentes continuaron allí charlando mientras tomaban lo que habían traído para una cena de amistad tal como habían sugerido los organizadores.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha confirmado en su primera comparecencia en la Comisión del Congreso de los Diputados que la asignatura de Religión dejará de computar en la nota, tal y como estableció la Lomce, conocida como Ley Wert, y que se aprobó en solitario por el PP. La ministra ha anunciado también una nueva asignatura obligatoria que se llamará Valores Cívicos y Éticos. El Estado gasta ahora 100 millones al año en maestros de Religión, ya que su salario está sufragado por el Estado.
En una entrevista con eldiario.es ya adelantó estos planes: "Las religiones no deben tener valor académico si es que persisten en el currículo escolar. No deben tener nunca una asignatura alternativa como los valores éticos. Estos valores son universales y, por lo tanto, todos los alumnos y alumnas tienen que acercarse a la materia de los valores éticos".
También ha anunciado que revertirá el decreto de racionalización del gasto público en educación, que provocó recortes en las aulas, y derogará algunos artículos de la Lomce, como el de trayectorias curriculares. Sobre la Lomce, ha recalcado que se reformarán tres artículos (122, 127 y 135) para "recuperar la participación de la comunidad educativa en los consejos escolares de los centros públicos y concertados". Por ello, cambiará también la elección de los directivos de los centros.
En su comparecencia en el Congreso ha defendido además el modelo igualitario en las escuelas y, por ello, ha afirmado que abrirá "un diálogo" con los centros que segregan por sexo, es decir, separan a las niñas y los niños. H a resaltado que hay algunos centros concertados, "muy pocos", que diferencian a los alumnos por razones de sexo. Según Celaá, ello va en contra de algunos principios generales de la educación como es la enseñanza inclusiva. "Abriré un tiempo de diálogo con estos centros que han optado por este modelo", ha subrayado la ministra, que ha enfatizado: "podremos acordar que el modelo más igualitario aporta más valor" para una educación inclusiva.
Asimismo, Celaá ha afirmado que modificará el artículo 109 de la Lomce, que fija que la programación de plazas concertadas es "por demanda social". La ministra considera que esa frase es "un eufemismo" que propicia en algunos casos que la concertada esté por delante de la pública. No obstante, Celaá ha defendido que la red centros concertados cubre una función social, con carácter complementario para las necesidades de escolarización.
"La inmensa mayoría" de estos centros "cumple con sus obligaciones y fines sociales, fortaleciendo el sistema", ha recalcado.
También se suprimirán las reválidas contempladas en la Lomce -el anterior ministro, Íñigo Méndez de Vigo, las paralizó- y se recuperarán Programas de Diversificación Curricular para apoyar al alumnado con más dificultades de rendimiento. Celaá ha manifestado, no obstante, que se recuperarán las evaluaciones diagnósticas, en concreto, en cuarto de Primaria y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha afirmado hoy que el Gobierno revertirá "en el menor tiempo posible" las medidas más polémicas que conllevó el real decreto de racionalización del gasto público en educación.
Lo ha señalado Celaá en respuesta a la diputada Ione Belarra, de Unidos Podemos, que le ha preguntado sobre cuándo piensa el Gobierno derogar el real decreto 14/2012 de recortes en educación.
Celaá ha asegurado que es "especialmente sensible" a todo lo tocante a la educación pública y ha reconocido el esfuerzo de la comunidad educativa "por las cargas" que provocaron los recortes del anterior Ejecutivo, por ejemplo, aumentando la ratio de los alumnos o el número de clases de los profesores.
Belarra le ha exigido una "fecha concreta" para derogar dicho decreto, que ha calificado como "una losa" para la educación pública.
"El PP ha dejado agonizando la educación pública de nuestro país", según Belarra, que ha añadido que "toca rescatarla".
La ministra no ha concretado una fecha para la derogación de ese decreto porque, además de que algunas han sido derogadas, muchas implican a comunidades autónomas y universidades y hay que empezar un diálogo "lo antes posible".
Por otra parte, el diputado del PNV Joseba Agirretxea ha preguntado a Celaá si el Gobierno piensa continuar la política "de recurrir anualmente la convocatoria de becas del Gobierno Vasco".
Según Agirretxea, tras casi treinta años de "convivencia pacífica" de los dos modelos de becas al estudio, en referencia al estatal y al vasco, desde 2014-15 el Gobierno recurre "de forma irregular" las convocadas por Euskadi y genera "inseguridad e incertidumbre".
Celaá ha dicho desconocer "si en el pasado" la política gubernamental era recurrir anualmente la convocatoria de becas que forma parte de las competencias autonómicas.
Ha reiterado la disposición de su departamento en avanzar "con diálogo y respeto" para alcanzar acuerdos.
Pero ha recalcado que hay que conseguir "el preciso equilibrio entre la garantía estatal de la igualdad de oportunidades y las políticas educativas de los gobiernos en cada territorio".
"Hemos de tener una referencia común para todo el Estado sobre las modalidades y cuantías de becas", ha seguido la ministra, sobre "las condiciones económicas y académicas que han de reunir los candidatos" y sobre "los supuestos de incompatibilidad, revocación y reintegro" de estas ayudas; "al menos sobre estas cuestiones básicas que es lo que marca la ley", ha concluido.
Reproducimos esta entrevista publicada en ELDIARIO.ES
"No tenemos ninguna razón para no fiarnos de Pablo Iglesias"
Isabel Celaá (Bilbao, 1949) se define como un "soldado" cuando se le pregunta si tuvo que darle vueltas al ofrecimiento de Pedro Sánchez de incorporarse a su gabinete como ministra de Educación y Formación Profesional. De la segunda parte del nombre del departamento hace especial gala por su etapa como consejera de Educación en Euskadi. Ahora es consciente de que trabaja en un Ejecutivo de urgencias, que, sobre todo, precisa de actuaciones rápidas y del que no solo se encarga del ministerio sino también de la portavocía del Consejo de Ministras.
El presidente dice que quiere agotar la legislatura. ¿Sin presupuestos se puede agotar?
Claro que se puede agotar la legislatura, pero nosotros aspiramos a aprobar los presupuestos.
Pero la pregunta es que si en 2019 no hay nuevos presupuestos, si no son capaces de armar esa mayoría, ¿van a dar la palabra a los españoles?
No vamos a especular. Cada día tiene su afán.
En la oposición han utilizado mucho el verbo derogar, pero ahora usted usa revisar con la LOMCE, retocar la reforma laboral... ¿En el caso de la ley mordaza también van a estar en territorio medio o van a derogarla?
Si tuviéramos una mayoría en el Congreso para hacerlo, lo haríamos. Lo que pasa es que vamos a efectos prácticos y urgentes. No somos un gabinete de aprendices, sino de personas muy curtidas cada una en nuestra materia y vamos a resolver. En algunas de las leyes que menciona, la eliminación de los aspectos más controvertidos da un resultado aceptable.
¿Por ejemplo, la ultraactividad en el caso laboral?
Por ejemplo la ultraactividad. Lo ideal sería tener mayoría suficiente para aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores; pero para esto necesitamos acuerdo. Para eso vamos a trabajar. Aquí se trabaja a corto plazo y a medio plazo. Además, si queremos trabajar acompañándonos no solo de diálogo sino también de acuerdos es preciso mantener los asuntos que ciertamente no perjudican al resultado. Si removemos, retiramos, vaciamos, por ejemplo, los aspectos más controvertidos de la LOMCE que afectan a la igualdad, entonces el conjunto será aceptable, válido. Eso no quita para que sigamos trabajando en la consecución de un acuerdo educativo, ya veremos por dónde, para conseguir una ley actualizada.
Si no hay mayoría para derogar leyes como la reforma laboral o la ley mordaza, ¿confía en que la haya para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado?
Ya veremos. Cada día tiene su afán.
Y sus aliados.
Y sus aliados.
¿Qué le ha contado el presidente de su reunión secreta con Pablo Iglesias?
Que hay materias en las que hay posiciones que coinciden y en las que podremos acordar. Y esas materias las vamos a aprovechar.
¿Se fían ustedes de Pablo Iglesias?
No tenemos ninguna razón para no fiarnos. Nos fiamos de casi todos los partidos políticos y sus representantes. Ya iremos viendo en el camino cómo van asistiendo a sus compromisos.
¿Llegaron a algún acuerdo?
Ya digo que hay algunos asuntos en los que hay bases en las que coincidimos y hay que aprovecharlas.
Una de las materias en las que coinciden es en impulsar los permisos por paternidad y maternidad. ¿Este será un anuncio del presidente en los próximos días?
Él es dueño de su agenda y de sus declaraciones. Yo no se lo puedo adelantar. Eso tiene un coste económico.
Pero como ya está en el Congreso, ¿se puede hacer a través de esa vía?
Vamos a ver. Voy a ir al Senado por primera vez esta tarde (por el martes). La sesión la empieza el presidente.
El miércoles le pregunta Pablo Iglesias por esa cuestión.
Entonces estaremos muy atentos a la respuesta (ríe).
El desafío soberanista es el principal reto al que se enfrenta Sánchez. ¿Cree que con incorporar a la legalidad catalana la parte del Estatut que fue declarada inconstitucional va a ser suficiente para el presidente Quim Torra?
Se trata de abrir un nuevo ambiente. Esa ruta que plantea es muy interesante y hay que explorarla. Eso sin menoscabo de que durante el procedimiento emerjan otros nuevos factores que también se pueden explorar. Pero se trata de eso, de normalizar, de crear un nuevo ambiente que debe estar basado en confianza y diálogo y no ha habido ni diálogo ni confianza en las últimas fechas. La política es buscar un territorio común para poder avanzar y eso no significa que busquemos lo mismo, sino que busquemos un territorio para poder avanzar. Eso es lo que estamos viendo. En próximas fechas el presidente se reunirá con el president Torra.
¿Está cerrada la fecha ya?
No.
¿Ve factible la reforma de la Constitución en esta legislatura?
Siempre hemos dicho, en la oposición desde hace mucho tiempo, que queremos una reforma constitucional en clave federal. No queremos un proceso constituyente. Nos parece que la Constitución es una norma suprema de gran valor y queremos hacer determinadas reformas, pero con el acuerdo mayoritario.
¿Cabe la propuesta del PNV de relación confederal? ¿La bilateralidad pactada?
No estamos siquiera iniciando la reforma. La confederación no existe en estados confederales, existe en estados confederados. Existen estados federales, pero no confederales. Por tanto, valoramos las federaciones. Y la bilateralidad pactada es una confederación. Nosotros tenemos una bilateralidad en el concierto económico entre Euskadi y España.
¿Un gesto en esa distensión que busca el Gobierno puede ser la renuncia de Pedro Sánchez al cambio de la tipificación del delito de rebelión para adaptarlo a lo que pasó en Catalunya?
Eso no tiene nada que ver con Pedro Sánchez. Cambiar la tipificación es una cosa que corresponde al legislativo y al judicial en lo que significa hacer cumplir la ley y la interpretación. Otra cosa es que haya un impulso en el legislativo, que, de momento, no lo hay.
¿El traslado de los políticos presos a Catalunya sería otro gesto de distensión?
Es un gesto de normalidad. Si los políticos presos han estado a expensas del juez instructor, ha sido por una razón práctica. Una vez culminen las diligencias y el instructor no los requiera, la competencia pasa a Instituciones Penitenciarias y se procederá al traslado para que puedan estar junto a sus familias y abogados.
Y en cuanto a la instrucción del procés, ¿habrá un cambio en la posición de la Abogacía del Estado o la Fiscalía, que dependen del Gobierno?
Lo ignoro. Todavía no dispongo de esa información.
¿Pero podría suceder?
No diré nada al respecto.
Con el acercamiento de los presos, ¿temen una campaña de PP y Ciudadanos en contra?
Nosotros no tememos. Nosotros intentamos hacer lo mejor posible para todos. Entonces, lo natural es que una vez concluyan las diligencias, los presos puedan ser trasladados a su lugar de origen. Es lo natural, es lo normal y es lo que vamos a hacer.
El presidente ha anunciado una política penitenciaria distinta, individualizada, para los presos de ETA. ¿En qué términos estamos hablando?
De esto no podemos hablar porque depende de muchos factores. Lo primero es que ETA ha desparecido y, por tanto, nuevas circunstancias requieren nuevas políticas. Y la política penitenciaria es una, pero nos moveremos con acuerdo. Igual que hemos tenido acuerdo en la forma en la que hemos terminado con ETA, porque ha sido el estado de derecho el que lo ha logrado, queremos mantener también el acuerdo para poder trabajar con lo resultante de los espantosos crímenes de ETA. España no merece que se vulneren los acuerdos. A través de los acuerdos el Estado ha terminado con ETA y vamos a seguir buscando el acuerdo para concluir una política penitenciaria que se ajuste a las nuevas circunstancias.
¿Todo esto no sería más factible hacerlo con un Gobierno de coalición con Unidos Podemos que con solo 84 diputados del PSOE?
El diseño fue un gobierno socialista, de urgencia, y que quiere llevar a cabo el programa socialista. Se puede acordar en la Cámara.
¿Va a ser posible conseguir el apoyo de Unidos Podemos para los presupuestos cuando requerirían también el respaldo de fuerzas de derechas para salir adelante?
Es irrelevante lo que yo crea. No dejaría de ser más que una opinión subjetiva. Lo importante es lo que vaya a ocurrir y fíjense lo que ha cambiado la política en ocho días. ¿La semana anterior habría corrido la misma suerte el pasaje del Aquarius que la que corrió con un Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Dónde estarían ahora? ¿Habría corrido la misma suerte el real decreto que se prepara para dar protección universal a la salud de no haber existido el gobierno de Pedro Sánchez?
Hay un Gobierno que adopta decisiones con rapidez, se tiene una crisis que se resuelve en horas, no en meses. Por tanto, se ha abierto una ventana de oportunidad y nosotros los percibimos. ¿Que sería más fácil o más difícil? No lo sabemos, pero nosotros hemos aportado esta fórmula, este Gobierno con personas preparadas, emocionadas y lo que observamos es que hay emoción ciudadana.
Sobre esa crisis de horas, ¿qué diferencia hay entre Màxim Huerta y Luis Planas?
Muchísima. No tienen nada que ver los casos. El señor Planas no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia. Era un cargo público cuando algo ocurrió, pero no porque estuviera en el incidente, pero es que ya lo dijo el fiscal en 2017. Luis Planas es una persona que toda la vida se ha dedicado al servicio público; no tiene ningún problema, ninguna cuenta pendiente con la justicia.
¿Pero en este momento está imputado o no?
En este momento está imputado, pero es un caso que no le afecta personalmente a él. Hay imputaciones que se producen por causas penales y otras que son casos administrativos que se van revisando.
¿Ha sido un error nombrarle en el momento en que aún está imputado?
No ha sido ningún error. El señor Planas es un servidor público y ustedes han visto perfectamente cuál es el nivel de exigencia ética de este Gobierno. Y si ustedes ven que se ha actuado de una manera en un caso y de otra en otro, tienen la propia experiencia de que son casos distintos.
Respecto a su cartera de Educación y Formación Profesional, ¿cómo está el sistema educativo español?
La cuestión no es fácil, pero con el discurso pesimista no se va a ningún sitio ni se puede mejorar nada. El índice de abandono escolar alcanza el 18,5% y eso tiene muchas implicaciones. Es preciso que ese índice no se dispare ahora que mejora el mercado de trabajo y puede atraer a muchos jóvenes. El objetivo es alcanzar el 15% en 2020. La LOMCE ha supuesto un desvío en el camino para alcanzar los objetivos europeos. Ha introducido algunos elementos que suponen una vulneración de la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, en lo que estamos inmersos es en revisar y corregir determinados aspectos de la LOMCE. No podemos derogarla toda de golpe porque nos quedaríamos sin legislación. Por eso tenemos que ir desactivándola por partes.
¿A qué partes se refiere?
Por ejemplo, la ESO incorpora en tercer curso una doble línea para unas matemáticas orientadas a unas enseñanzas académicas y otras matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. Y en cuarto de la ESO hay una doble titulación: enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas. Esta segregación resulta improcedente y no estamos de acuerdo con ella. Estamos analizando cómo modificarla. Tiene que ser de una forma segura jurídicamente y rápida. Hoy en día hay evidencias contrastadas de que la equidad mejora la excelencia y la excelencia la equidad.
Otro aspecto a modificar es el de la participación. La LOMCE introduce un procedimiento para elegir directores de los colegios, miembros de los consejos escolares…Y lo que queremos es avanzar en democracia, que las escuelas tengan una amplísima participación de la comunidad educativa, ya sean profesores, ya sean familias, alumnos… Y otra cuestión son los conciertos con centros educativos. La educación pública es el eje vertebrador del sistema, mientras que la concertada debe ser complementaria.
¿Será el Gobierno exigente con los compromisos adquiridos por los centros privados en la aceptación de la concertación?
Se trata de una exigencia soportada sobre la justicia. En general se puede decir que la educación pública está haciendo mayor esfuerzo con las personas con necesidades educativas especiales como con los alumnos con menos recursos. Pero es necesario contar con el talento de todos. El desafío está en que cada alumno y alumna aprenda lo más posible. A veces, algunos alumnos avanzan más lentamente en un momento determinado, pero se recuperan después. Lo que no podemos consentir es que mientras avanzan lentamente, se les separe y se les dirija a otro itinerario.
Respecto a los aspectos que quieren revisar de la LOMCE, ¿se van a modificar independientemente de que haya pacto educativo?
En el tema de la LOMCE se puede actuar de dos maneras. Por una parte, sentarse y empezar a hablar para lograr un pacto que termine en ley. Se trata de un proceso largo. Pero como tenemos que trabajar con urgencia iniciaré un diálogo con las comunidades educativas, con los agentes sociales para abordar la cuestión muy rápidamente.
¿Qué papel tiene que jugar la religión en el sistema educativo?
Prefiero hablar de las religiones más que de la religión en singular. Las religiones no deben tener valor académico si es que persisten en el currículo escolar. No deben tener nunca una asignatura alternativa como los valores éticos. Estos valores son universales y, por lo tanto, todos los alumnos y alumnas tienen que acercarse a la materia de los valores éticos.
¿Eso significa que el Gobierno va a recuperar la asignatura de Educación para la Ciudadanía?
Es lo que estoy diciendo cuando me refiero a valores éticos. La ideologización se debe quedar a las puertas de la escuela. Todos tenemos legítimas ideologías, pero la educación tiene que estar por encima de eso porque de lo contrario jamás seremos capaces de llegar a acuerdos. Y la educación española necesita acordar para estabilizarse y dignificar en profundidad la profesión docente. Al igual que los mejores cirujanos deben operar los casos más difíciles, los mejores profesores tienen que estar en los colegios con más problemas.
¿Qué le parece la propuesta de un MIR para los docentes similar al proceso de especialización que siguen los médicos cuando terminan su carrera?
Hay que estudiarlo. Lo importante es que sirva para activar la carrera profesional.
Ver a los profesores en la calle reivindicando sus derechos habla muy poco en favor de la apuesta de un Gobierno por la educación.
Dignificar la labor docente es una obligación de todos. Durante la crisis se produjo un recorte del gasto público en educación. Vamos a trabajar con los Presupuestos del anterior Ejecutivo.
Pero no garantizan que el gasto público en educación se oriente hacia un 5% para 2020, tal y como el PSOE exigía cuando estaba en la oposición.
Lo que tenemos que hacer es trabajar con el Presupuesto que tenemos por una cuestión de responsabilidad. Ahora empezaremos con el proyecto de 2019. Nuestro objetivo en educación es homologar el gasto público en España en términos de PIB con el resto de los países europeos. De momento vamos a trabajar con lo que tenemos y en las prioridades que nos hemos marcado: una escuela inclusiva y de calidad. Muchas veces no hay que fijarse tanto en el monto como en el reparto. En política siempre hay que distinguir entre los objetivos deseables y los posibles.
¿Las becas relativas a las universidades dependen del Ministerio de Educación o corresponden el departamento de Pedro Duque?
Las becas están aquí. Tanto las universitarias como las no universitarias penden del Ministerio de Educación.
¿Va a llevar al próximo Consejo de Ministras un nuevo decreto sobre becas?
Para las becas hay una cantidad fija y tenemos que ver cómo hacerla más rentable. Estamos trabajando en ello hoy mismo y se verá el resultado en los próximos días. Primero tendrá que pasar por el Consejo Escolar.
¿Para usted es más importante darle más peso a la renta a la hora de conceder las becas?
Si empezamos a modificar todo el decreto de becas no llegamos a tiempo. Habrá cambios de importancia, pero tengo que conocer el impacto de las modificaciones. Nuestro objetivo es que cada alumno llegue a su máximo, que la escuela siga como ascensor social y transformadora de las circunstancias socioeconómicas de las familias.
En cuanto a la Formación Profesional, ¿está pensando en exportar el modelo de Euskadi?
Para empezar es una buena noticia que el Ministerio la incluya en su nombre. Hay que analizar cómo está funcionando en el conjunto del Estado. En Euskadi arrancamos con 124 alumnos y la llevamos a otro nivel para lo cual contamos con empresas que se prestaron a abrir sus puertas y a hacer una formación dual. Pensamos que era interesante que tuvieran un contrato de formación y aprendizaje con el que los alumnos reciben un salario, un seguro, Seguridad Social…
Aquí tengo que analizar en profundidad algunos de los proyectos a los que están llamando formación dual y abriré una ronda con los sectores afectados. Es imprescindible que haya también un acuerdo con Empleo porque el alumno tiene que tener un contrato de trabajo. Esto cuesta que arranque, pero es muy deseable. La Formación Profesional no puede ser el caladero de los que no van a bachiller porque se les dicen que no pueden. Hay que hacer FP marca España .
Alejandro Tiana Ferrer, actual rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), será el nuevo secretario de Estado de Educación, según ha informado el Ministerio en una nota de prensa. Tiana (Madrid,1951) cuenta con una dilatada experiencia como docente y al frente de distintas instituciones vinculadas al ámbito educativo además de desempeñar este mismo cargo entre los años 2004 y 2008, durante la primera legislatura del expresidente Jose Luis Rodriguez Zapatero.
Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Tiana comenzó su trayectoria profesional como profesor en el colegio Siglo XXI de la capital para pasar años después a la UNED y llegar a ser catedrático en 2001. Su docencia se ha desarrollado en las áreas de historia de la educación, educación comparada y política y legislación educativas. Tiana es además vicepresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Tiana, que sustituye en el cargo a Marcial Marín –nombrado por el anterior ministro, Iñigo Méndez de Vigo, fue uno de los artífices de la LOE, la ley educativa puesta en marcha por el gobierno de Zapatero. Ha estado al frente de numerosos centros y organismos vinculados al mundo universitario y cuenta con experiencia en organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la OCDE o la UNESCO.
ELDIARIO.ES:Isabel Celaá será la ministra de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez La vasca Isabel Celaá, hasta ahora presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE, será la nueva ministra de Educación en el Gobierno de Pedro Sánchez. Celaá, licenciada en Filosofía, Filología Inglesa y Derecho, acumula una dilatada trayectoria profesional en la gestión de la Administración y en la política, siempre ligada al terreno educativo.
Como presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE jugó un papel clave en el Comité Federal de 2016 por el que posteriormente Pedro Sánchez acabó renunciando al acta de diputado en el Congreso. Allí, Celaá formó parte del núcleo que apoyaba al actual presidente del Gobierno. Celáa, profesora de profesión y nacida en Bilbao en el año 1949, ejerció de consejera de Educación, Universidades e Investigación en el Gobierno del PSE-EE, presidido por Patxi López, desde el año 2009 al 2012.
Isabel Celaá era viceconsejera de Educación con Fernando Buesa (asesinado por ETA en el año 2000) cuando en 1992 se alumbró el Pacto Escolar. La evolución de la escolarización de las dos redes (pública y concertada) junto con el desarrollo del inglés han sido dos cuestiones que siempre le han preocupado durante su gestión. En su opinión, la culpa del desequilibrio a favor de la red concertada en Euskadi se debe a "la política nacionalista".
ELDIARIO.ES:Isabel Celaá, en Educación: el inglés y la igualdad de oportunidades por bandera
La vasca Isabel Celaá (1949, Bizkaia), hasta ahora presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE, es la nueva ministra de Educación y portavoz en el Gobierno de Pedro Sánchez. Celaá, licenciada en Filosofía, Filología Inglesa y Derecho, acumula una dilatada trayectoria profesional en la gestión de la Administración y en la política, siempre ligada al terreno educativo. Isabel Celaá fue uno de los puntales del Gobierno vasco de Patxi López como consejera de Educación, Universidades e Investigación, pero su trayectoria ya estaba vinculada con la enseñanza desde que ejerciera como jefa de Gabinete del consejero José Ramón Recalde, primero, y como viceconsejera con el también socialista Fernando Buesa, después.
De 2009 a 2012 ejerció de consejera de Educación en el Gobierno vasco del lehendakari Patxi López. Durante su mandato impulsó de manera muy decidida el trilingüismo, la escuela 2.0 y la investigación. Sus primeros meses en el cargo no resultaron nada pacíficos, ya que su primera medida fue derogar el currículo escolar (marca lo que deben estudiar los alumnos hasta los 16 años) aprobado por su antecesor, Tontxu Campos (Eusko Alkartasuna). Y básicamente lo hizo para despojar al currículo escolar de la carga ideológica nacionalista que le había infundido el Gobierno vasco anterior, donde gobernaba el PNV en coalición con EA e Izquierda Unida. Entre otras cuestiones, ese currículo fijaba el euskera como lengua preferente en la comunidad. Celaá equiparó euskwra y castellano al mismo nivel, de acuerdo al bilingüismo de Eukadi.
Isabel Celaá era viceconsejera de Educación con Fernando Buesa (asesinado por ETA en el año 2000) cuando en 1992 se alumbró el Pacto Escolar. La evolución de la escolarización de las dos redes (pública y concertada) junto con el desarrollo del inglés han sido dos cuestiones que siempre le han preocupado durante su gestión. En su opinión, la culpa del desequilibrio a favor de la red concertada en Euskadi se debe a "la política nacionalista".
"El nacionalismo", ha sostenido, "ha sido siempre favorable a la red privada y muy insensible a las necesidades de la pública. No quiere darse cuenta de que los colegios públicos son los únicos que garantizan la igualdad de oportunidades porque están en todos los sitios, allí donde la red privada no quiere llegar. Y la privada, salvo honrosas excepciones, no atiende a la población con más problemas, como a los alumnos con necesidades educativas especiales, los que fracasan y a los inmigrantes". Es su declaración de intenciones.
Durante su etapa como consejera puso en marcha los programas de presencia de las víctimas del terrorismo en los centros educativos para que trasladaran su experiencia a los alumnos de Secundaria.
CC.OO. Enseñanza publica este comunicado: Tras la votación de la moción de censura y el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la Federación de Enseñanza de CCOO quiere poner de relieve las medidas que tienen que ponerse en marcha de manera urgente.
En primer lugar, el sindicato insta a que se abra una nueva etapa de diálogo y negociación en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Los años de gobierno del Partido Popular se han caracterizado por una ausencia de la negociación con las organizaciones sindicales, y prueba de ello es la raquítica actividad que tiene la mesa sectorial a pesar de las demandas de los últimos años. La negociación colectiva debe ser un pilar central en este nuevo periodo y así se lo haremos llegar al próximo ministro o ministra de Educación.
Otro aspecto que se tiene que abordar urgentemente es la derogación del RDL 14/2012 que supuso un amplio paquete de medidas que introdujo recortes muy agresivos para la educación y que siguen en vigor actualmente. Esta norma, cuyas medidas se definían como temporales y justificadas por la situación económica del país, supusieron grandes cambios en todo el Estado en materia de jornada lectiva, empleo, ratios de alumnado por clase, carga docente del profesorado universitario o el aumento de los precios públicos en las enseñanzas universitarias.
Además, es imprescindible que se negocie un modelo de acceso extraordinario de acceso a la función pública docente. El sindicato reclamó al MECD un modelo para este periodo de amplia oferta de empleo público como ha existido en otros momentos, como en la aplicación de la LOGSE y la LOE. Es de vital importancia que este modelo de acceso gire en torno a un aumento del peso de la experiencia, de una simplificación de la fase de oposición y de que las pruebas de esta fase no sean eliminatorias. Para CCOO es central que se reconozca el esfuerzo y la dedicación de aquellas personas que no han podido obtener la plaza en las últimas convocatorias debido a los recortes de empleo público y la limitación de la tasa de reposición.
Por último, es imprescindible que, mientras no haya una nueva ley educativa, se aprueben modificaciones en la LOMCE que dejen sin efecto las medidas más lesivas de esta Ley, contestada en la calle por la comunidad educativa.
Educación sitúa la calificación de corte medio punto más baja para otorgar la exención del pago de matrícula. A partir de 2º sigue en 6,5
El Ministerio crea un mínimo de 200 euros para los estudiantes que tengan una nota media de 8,00 o superior
El requisito de tener como mínimo un 5,5 de nota y no un 5 fue establecido en 2012 por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert
La nota de corte para tener una beca que cubra la matrícula en el primer curso universitario será un 5,00 en lugar de 5,5 en el acceso, ha anunciado este martes el Ministerio de Educación. "Siempre que se los requisitos de carácter económico", recuerda el Ministerio.
La nota media de 6,5 se mantiene para intentar acceder a las becas que otorgan una cantidad de dinero y para acceder a las ayudas a partir de 2º curso en lo que Educación denomina "política de defender la cultura del esfuerzo de los estudiantes". El Ministerio ha explicado que este retoque en la concesión de primeras becas "trata de atender las peticiones de la comunidad educativa, entre ellos CRUE-Universidades Españolas, el Consejo de Universidades o a los representantes de los estudiantes".
Además, el Gobierno crea una cantidad fija de hasta 200 euros para los alumnos y alumnas becados que tengan una nota media de 8,00 o superior "tanto en las enseñanzas postobligatorias universitarias como no universitarias".
El requisito de tener como mínimo un 5,5 de nota y no un 5 para acceder a una beca para la matrícula de un grado fue establecido en 2012 por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert y causó el descontento de estudiantes, rectores y partidos políticos de la oposición, que cada curso vuelven a pedir al Ministerio que lo rebaje al 5.
Al menos una veintena de colegios denuncia ante la Consejería de Educación de Andalucía que desde 2015 están renovando a profesores sin carga horaria lectiva, mientras el Ministerio paga los salarios
La Junta redujo de 90 a 45 minutos la asignatura de Religión en Primaria adaptántose a la LOMCE nacional, dejando a muchos docentes sin tarea, aunque siguen cobrando y asisten a su escuela "sin hacer nada"
El colegio de Infantil y Primaria Maestro Juan González, en el municipio gaditano de Los Barrios, tiene dos profesores de Religión en plantilla, pero sólo uno da clases. La otra no tiene carga horaria desde 2015, aunque sigue asistiendo regularmente a su puesto de trabajo y cobrando 1.400 euros netos al mes. La situación de esta maestra de Religión no es aislada, se repite en al menos una veintena de colegios andaluces consultados por este periódico. Todos ellos denunciaron por escrito ante la Administración educativa que les habían asignado un profesor de Religión de más, o que les habían contratado por más horas de las que su centro necesitaba para esta asignatura. Pero nadie ha corregido este desfase en tres años.
El Ministerio de Educación, que es quien contrata a los profesores de Religión de Infantil y Primaria en Andalucía, lleva tres años pagando a maestros que no dan clases, pero siguen acudiendo a su centro y cobrando. Esta situación se repite desde 2015, cuando el Gobierno de Susana Díaz redujo el horario de Religión en Primaria. Como consecuencia, sobraban maestros en mucho colegios. Sin embargo, el Ministerio ha seguido renovando sus contratos los cursos siguientes y la Consejería de Educación les ha confirmado sus plazas. Cuántos profesores de Religión están en esta situación y cuánto está costando a las arcas públicas son dos preguntas que ni el Gobierno ni la Junta de Andalucía han querido responder, pese a estar al corriente del problema desde el principio.
Efectos de la Ley Wert
Los maestros de Religión de Infantil y Primaria de Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Ceuta y Melilla dependen contractualmente del Ministerio de Educación, aunque sus horarios los establecen los gobiernos autonómicos. En Andalucía y Canarias la carga lectiva de Religión puede ser la mínima que exige la ley, pero la decisión final depende de cada colegio. En 2015, el Gobierno de Susana Díaz aprobó el decreto que adaptaba el currículum de Primaria a la nueva ley de educación del Ejecutivo de Rajoy (LOMCE), intentando amortiguar algunos de sus efectos. Una de sus decisiones fue reducir el tiempo mínimo dedicado a la asignatura de Religión, que pasó de una hora y media a 45 minutos semanales en cada curso (de 1º a 6º). La Consejería de Educación no impuso la reducción horaria de Religión a todos los centros de Primaria. Dictó una orden que delegaba en los colegios andaluces, dentro de su autonomía pedagógica, la decisión de mantener la asignatura en 90 minutos o reducirla a 45.
El 28 de mayo de 2015, la Consejería envió unas instrucciones a todos los centros públicos de Primaria de Andalucía para que “comuniquen el horario asignado al área de Religión” y lo registren en el sistema informático Séneca, que recopila los datos de todas las escuelas andaluzas. El objetivo era “poder remitir al Ministerio de Educación el horario del profesorado de Religión” para que ajustase las horas contratadas de este personal a las necesidades que requería cada colegio de Primaria de cara al siguiente curso (2015-2016). Muchos centros optaron por reducir la carga de Religión a 45 minutos para dedicar el tiempo restante a otras materias más importantes (Lengua, Inglés…), dejando a decenas de profesores de Religión sin carga lectiva en sus colegios. Donde antes hacían falta dos maestros, ahora bastaba con uno.
La sorpresa de estos centros fue que, al volver en septiembre para iniciar el curso escolar, la Consejería de Educación no había modificado sus plantillas: los profesores de Religión seguían asignados a su centro con el mismo horario que el curso anterior, pero sin ninguna función ni clases que dar. El Arzobispado, que selecciona a estos maestros, les había renovado su confianza; y el Ministerio de Educación les había renovado el contrato por las mismas horas.
El CEIP Juan González, por ejemplo, tiene desde hace tres años a una profesora de Religión con contrato a tiempo completo (25 horas lectivas y cinco de obligada permanencia), pero sin nada que hacer. La maestra afectada (ahora de baja) “se pasa las horas en la Sala de Profesores, se niega a colaborar en otras tareas porque dice que su contrato no le obliga, y se ha dedicado “a organizar su boda o a prepararse unas oposiciones, lo cual ha generado malestar con el resto de maestros”, dice su director, José Antonio Romero. En el CEIP Santiago El Mayor, de Medina Sidonia, hay tres profesores de Religión, uno titular a tiempo completo, que sigue dando clases, y las otras dos con horario partido, pero sin carga lectiva. Acuden al centro, firman el parte de asistencia y “se cruzan de brazos”. Cuando la maestra titular se puso de baja por enfermedad, las otras dos no pudieron cubrir su vacante, y la consejería tuvo que enviarles a otro profesor para sustituirla, explica su director, Manuel Sánchez.
