Ayuso desafía la ley educativa y convoca dos concursos para construir colegios concertados en suelo público gratuito (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es 

• La Comunidad de Madrid retoma su política de ceder parcelas para levantar centros educativos privados, una práctica contra la que trató de ir la Lomloe sin llegar a prohibirla del todo y luego el Ejecutivo regional blindó en su ley autonómica

• — Las claves del proyecto con el que Ayuso quiere “blindar” la concertada y boicotear la ley Celaá

12/11/2022

La Comunidad de Madrid va a construir dos colegios que vendrán con un concierto debajo del brazo desde antes de existir y se levantarán sobre suelo público por el que los beneficiarios no tendrán que pagar nada. Esta medida –habitual en los Gobiernos regionales del PP en este siglo pero que se había paralizado en los últimos años– va directa contra las previsiones de la Lomloe y las intenciones del Gobierno, que trató de evitar estos episodios en la nueva ley, aunque no los llegó a prohibir directamente.

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La Comunidad de Madrid lleva años cediendo suelo público a colegios concertados saltándose la ley

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este jueves la convocatoria de dos concursos públicos para construir sendos “centros educativos privados concertados” –aunque no exista tal cosa como los colegios concertados: se conciertan aulas, no centros– sobre suelo público que se cederá de manera gratuita a los beneficiarios. El trato, simplificando, es que la Comunidad de Madrid pone el suelo –valorado en 11,5 millones de euros entre las dos parcelas y por el que no cobrará nada– y el concierto, con lo que financia el coste de mantenimiento del centro una vez activo. El ganador del concurso solo tiene que pagar la construcción de las instalaciones.

La cesión de las parcelas públicas está prevista inicialmente para 40 años, prorrogables a 75. Uno de los centros se ubicará en Villa de Vallecas y el otro, en Valdebebas. Este último será el primer instituto que ofrezca Secundaria en todo el barrio, donde no hay posibilidad de estudiar la ESO en uno público, según datos de la Comunidad de Madrid.

La administración autonómica y el Ayuntamiento han conseguido esquivar la Lomloe para convocar estos concursos. Ambas parcelas pertenecían hasta hace unos meses al Ayuntamiento, pero las corporaciones municipales no pueden ceder suelo público para construir centros educativos privados, tienen que ser públicos, según estipula la Lomloe en la disposición adicional decimoquinta. Las comunidades autónomas, sin embargo, sí pueden.

¿Solución? En mayo se firmaron sendos acuerdos de cesión por los que el Ayuntamiento de Madrid regalaba las dos parcelas a la Comunidad para que construya dos colegios. Se explica en los acuerdos que esto se hace porque es el Gobierno regional el que tiene las competencias en Educación, pero el Ayuntamiento ya había cedido parcelas en otras ocasiones para colegios cuando no estaba prohibido. Por ejemplo, en el colegio JH Newman, donde además se ha permitido la construcción de un gimnasio privado en un suelo público también cedido gratuitamente.

Esta práctica de ceder parcelas públicas de manera gratuita –o a cambio de un canon simbólico– para la construcción de colegios ya concertados antes de levantarse ha sido muy propia de la Comunidad de Madrid en este siglo, durante buena parte de él contra los postulados de las leyes de educación. Hasta julio de 2020 había levantado por este método al menos 45 centros, según su propia información. Este fue el método que utilizó Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de Esperanza Aguirre, para lucrarse con una veintena de centros cobrando mordidas. Acabó en la cárcel por ello.

Si está prohibido, se regula

Como este proceder iba contra las leyes educativas –que establecen que los conciertos se otorgan a centros privados ya existentes que cumplen determinados requisitos–, el PP las regularizó explícitamente en su Lomce en 2013 incluyendo un octavo punto de nuevo cuño en el artículo 116, que regulaba los conciertos: “Las Administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”, una previsión muy concreta para algo que básicamente solo hacía Madrid y algo la Comunitat Valenciana.

La Lomloe –que incluye varias medidas pensadas directamente para controlar la escuela concertada a raíz de las políticas madrileñas, según admitieron responsables socialistas– vino a reparar esto. Eliminó la disposición, introdujo varias en las que daba preferencia a lo público a la hora de asegurar la oferta de plazas educativas e introdujo la palabra “pública” en la disposición adicional decimoquinta, artículo cuatro, que explicita que “los municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes”. Desde diciembre de 2020 estos suelos solo pueden destinarse a la construcción de centros públicos. Pero se quedó a medio camino: esta disposición adicional es para municipios, no cubre a las comunidades autónomas. Fuentes del Ministerio de Educación explican en cualquier caso que “la ley pretende limitar la cesión del suelo a centros públicos”.

Además, como no hay acción sin reacción, la aprobación de la Lomloe provocó un efecto casi inmediato en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Poco más de un año después de que se publicara la nueva ley estatal en el BOE y tras más de dos décadas sin una ley educativa propia, Ayuso aprobaba su Ley Maestra, dirigida contra la Lomloe desde su propio título: Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. En su norma, destinada a blindar la concertada, se incluyó específicamente esta práctica: “Se contempla la posibilidad de que en la Comunidad de Madrid se puedan convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”.

Nueve meses después se ha “contemplado la posibilidad” y ejecutado. El primero de los centros está previsto en el barrio de Valdebebas, de reciente creación y que apenas tiene servicios públicos. Se levantará sobre una parcela de 13.456 metros cuadrados entre las calles de Leandro Silva, Félix Candela, Antonio Miró Valverde y César Cort y será, como mínimo, línea seis (seis clases por curso), desde infantil hasta la ESO. La parcela está valorada en 10,3 millones de euros, según el acuerdo de cesión entre Comunidad y Ayuntamiento.

El segundo será construido en el distrito de Villa de Vallecas, sobre una parcela de 13.045 metros cuadrados sita entre la Gran Vía del Sureste y las calles Cerro Murmullo y Cerro Millano, y está previsto que sea línea cuatro. Este suelo tiene un valor estimado de millón y medio de euros, según figura en el documento de cesión.

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Concertada a la fuerza, la "libertad" de Ayuso (Agustín Moreno)

Agustín Moreno nos envía este artículo:

Isabel Díaz Ayuso va a regalar dos grandes centros educativos privados financiados con fondos públicos en los barrios de Valdebebas y del Ensanche de Vallecas. El 10 de noviembre el BOCM ha publicado la convocatoria de los concursos públicos para la construcción de dichos centros privados concertados en dos barrios de Madrid. Precisamente allí donde las familias venían reclamando institutos públicos.

Estamos ante otro episodio de una privatización que no cesa. Miren este dato: el 40% del alumnado de Madrid capital está escolarizado en la educación pública. Para ponerlo en contexto: en España la educación pública escolariza el 67% y en los grandes países europeos cerca del 90% del alumnado. Esta situación es fruto de la política de desmantelamiento de la educación pública que viene aplicando el Partido Popular de Madrid desde hace décadas.

En este nuevo abuso la situación es aún más escandalosa. Por la forma en que se produce, por el objetivo que persigue, por el coste y porque es una adjudicación con trampa.

La demanda de las familias de estos barrios es muy clara: exigían la construcción de un instituto público en cada uno de ellos para atender a la población escolar que lo necesitaba. En el caso de Valdebebas, porque no hay ningún instituto para una población de 25.000 personas y donde cada día salen 5.000 alumnos a estudiar fuera del barrio; un centro privado es una golosina desde el punto de vista del negocio. En el Ensanche de Vallecas hay cuatro centros educativos concertados que tiene secundaria y solo un instituto público (IES María Rodrigo) que está sobresaturado.

Para reclamar su derecho a centros públicos, familias y profesorado se han movilizado, han recogido firmas, se han reunido con la administración educativa, han salido a la calle cientos de personas en varias ocasiones en los dos barrios. Merece mucho la pena ver las comparecencias en la Asamblea de Madrid de las AMPAS de Valdebebas y de las AMPAS del Ensanche de Vallecas invitadas por Unidas Podemos. Pero esta es la libertad de elección de Ayuso: si los padres quieren educación pública, habrá concertada a la fuerza. Demostrando una vez más que su libertad de elección no es otra cosa que el disfraz de la mentira.

La pregunta es: ¿por qué privatiza la educación de manera salvaje la derecha? Claramente lo hace por intereses ideológicos, políticos y económicos. Considera que la educación concertada -la mayor parte en manos de entidades religiosas- contribuye a un adoctrinamiento en valores conservadores que ayudan a mantener el statu quo con una ciudadanía educada desde la segregación y el clasismo. El PP de Madrid tiene muy claro que la hegemonía política se sustenta en este tipo de estrategias: un consejero de Educación de Madrid decía que por cada centro educativo concertado en un barrio aumentaba un 3% el voto al PP.

También sirve para regar los negocios de empresas amigas que convierten la educación en un mercado para lucrarse con ella. Y ojo con este tema. Es tanto el dinero que está en juego que es difícil no pensar las contraprestaciones cruzadas, por no hablar directamente de corrupción. La Operación Púnica demostró que se cobraban comisiones de un millón de euros con los conciertos educativos.

Es una operación ruinosa para los intereses públicos por el alto coste que tiene. Por un lado, se regalan parcelas que valen 11,9 millones de euros. Por otro, se les promete un concierto a 40 años (prorrogable hasta 75 años), es decir, prácticamente perpetuo. Ello viene a suponer una financiación comprometida del orden de entre 400 y 700 millones de euros a precios de hoy. Una barbaridad en sí misma y, más aún, cuando se están negando los recursos que necesita la educación pública.

Para presentar los pliegos hay solo un mes: del 10 de noviembre al 12 de diciembre. Estamos convencidos de varias cosas. Los colegios ya están dados. También los conciertos, pues nadie se mete en una inversión de unos diez millones de euros en la construcción de un centro si no tienen asegurado el negocio. Esta decisión se tomará al más alto nivel, en el entorno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Tan seguros estamos de que es un concurso con trampa que tenemos dos opciones: depositar ante notario un sobre lacrado con los más que posibles adjudicatarios. O hacer una porra con los sospechosos habituales: el Opus Dei en alguna de sus encarnaciones (ojito a Alfonso Aguiló), el gran fondo de inversión Hospitales de Madrid o el Instituto de Empresa, donde trabaja la exconsejera de Educación Lucía Figar. Al tiempo.

Tal y como se está planteando el tema, es manifiestamente un acto ilegal. No solo porque va en contra de la filosofía de la LOMLOE que pretende evitar estas situaciones, pero que la actitud pusilánime del Gobierno central no amarró suficientemente. La ley prohíbe que los ayuntamientos cedan suelo para colegios privados y la artimaña consiste en que el ayuntamiento de Madrid se lo ceda a la Comunidad para que ésta pueda burlar la ley y regalárselo a sus amigos. Tampoco se cumplen las condiciones exigidas para los conciertos. Pero, sobre todo, no es legal vincular el suelo y los conciertos en un mismo acto.

Con este atropello a la educación pública, Ayuso retorna a las prácticas de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. Al periodo más negro de la corrupción política de la que fueron protagonistas. Ese es el fondo del asunto, aunque la neolengua intente vendernos lo contrario de la realidad. La libertad no tiene nada que ver con las cañas y tapas, con gobernar al servicio de los intereses privados o con el adoctrinamiento en las bondades de la desigualdad. Las libertades son las que garantizan los servicios públicos y los derechos de ciudadanía que consagra la Constitución y el estado de bienestar: educación, sanidad, pensiones, dependencia, servicios sociales, vivienda. Además del perjuicio que se produce a derechos fundamentales y a la cohesión social, la desigualdad y segregación que genera la red concertada hace que sea menos eficiente y más mediocre el modelo educativo madrileño.

Como Unidas Podemos hemos registrado varias preguntas para el Pleno de la Asamblea de Madrid. Es más que probable que esta injusticia acabe en los tribunales. Pero la lección que deberíamos aprender de una vez por todas es la necesidad de la unidad de las fuerzas progresistas para que las urnas no den la razón a prácticas mafiosas. Por último, los sindicatos, las AMPA, las organizaciones estudiantiles y toda la comunidad educativa deben empezar a unirse y a movilizarse frente a la injusticia. La movilización por la Sanidad Pública es el espejo.

13 de noviembre de 2022

Este artículo ha sido publicado también en blogs.publico.es/otrasmiradas

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Púnica (Manuel Menor)

El sumario de “Púnica” ya enseña mucho

El pasado y el presente se entrelazan más profundamente de lo que nos han contado. Lo veremos si queremos enterarnos.

Algo se ha debido aprender estos años en el debate por una educación más democrática.  Los preludios y las secuelas de las decisiones legislativas son un contínuum dramático con intermedios zarzueleros, que siempre han mantenido algunas constantes de trágica división de clase, esa palabra que a nadie gusta pronunciar, pues para algo –dicen-  solo existen las clases medias.

Centrismos

Los grupos que –por unas u otras razones- tienen especial interés en este ámbito rehuyen la radical divergencia de situaciones y, por tanto, de perspectivas y posibilidades. Como si todo estuviera en concordia y no hubiera contradicciones, temen perder clientela votante si indican lo contrario o que, por descuido, se produzca publicidad negativa que pudiera hacerse viral; reniegan de que las Redes –en que lo que mejor funciona es el narcisismo- se les vuelvan en contra. De este modo, incluso quienes tienen alguna posibilidad de mover la realidad hacia el lado mas progresista favorecen más a los gobernantes que a los gobernados.

Todo parece destinado en este momento a mantener el statu quo, peleando más por la simbología de cada posición que por cambios significativos para lo público sin que nada se altere más allá de lo esperado, aunque lo más conservador no cese en avanzar. ¿El nuevo organigrama de la Consejería de la Comunidad de Madrid es absurdo? ¿El volumen de presupuesto que conlleva la nueva Dirección de la Enseñanza Concertada, por encima de los mil millones y creciendo, lo exige?¿Existiría otra posibilidad de seguir camuflando la demostrada burocracia ineficiente hacia la escuela pública, mientras se les van los dineros hacia las maneras más devotas de perseguir la calidad de los selectos, y cuando en el MEC los Acuerdos con el Vaticano les atan las manos? ¿No estamos ante la redefinición más utilitaria de entender la multilateral manera de tratar la igualdad en un asunto de derechos sociales?

Poco pueden corregir los proyectistas del MEC, pues quien administra los recursos principales de la educación española son las Autonomías. La medida adoptada en la de Madrid permitirá ahora observar sin tanto trampantojo el interés de nuestros representantes públicos por la escuela de todos. Tal ocupación siempre implicaba un esfuerzo añadido al tener que aguantar que vinieran a decir a los descontentos con lo que veían, que inventaban chismes y cuentos “ideológicos”. No. Ahora se podrá acompasar mejor el análisis con lo que, con todo tipo de pretextos y razonamientos ficcionales, vienen haciendo desde hace muchos años. Sobre todo, desde el “Tamayazo” de 2003.

El testigo

Lo que José Luis Pazos hizo en No nos callarán, su libro testimonial, al recoger casi día a día día a día lo que había sido la gestión de Esperanza Aguirre y sucesores en contra de las demandas de la CEAPA, y de cuantos como MAREA VERDE han peleado estos años por la educación pública, podrá ser ahora más inequívoco. Es mérito de Díaz-Ayuso haber recogido el testigo de los afanes privatizadores de sus antecesores y que, tomando la parte por el todo, haya innovado tanto esta parte de la gestión educativa madrileña que, sin más, ya se adivina cómo crecerá indefectiblemente la “calidad educativa” en esta nueva etapa legislativa. Como por arte de magia, se ha quitado de encima las dificultades que existen para educar sin discriminar con la escolarización. El apaño las arregla en falso, con mecanismos similares a los que han hecho crecer la Sanidad privada exponencialmente. Muy pronto no habrá nadie que no anhele que sus hijos transiten por el circuito prolijo pero selecto, aconfesional pero católico, simpáticamente demostrativo de la diferencia y de la demanda social de los nuevos ricos a que convoca la propaganda. Ya no habrá candidatos voluntarios a la pública, igual que no hay enfermos en las listas de espera, porque habrán convencido a sus votantes de que es más barato este sistema, aunque cueste cada año más a todos. Motivarán más con imaginarias bajadas de impuestos… y pocos dudarán de si deben votarles, agradecidos por lo que miman su economía egocéntrica.

Para los nuevos delegados de los negocios educativos privados es duro pelear por una organización escolar mejor, por un profesorado más preparado, por unos espacios y tiempos educativos en que reine la posibilidad de convivencia más democrática y donde el conocimiento sea patrimonio de todos. Comprando kits completos de servicios, se han acostumbrado a dejarse llevar al siglo XIX, a cuando no existía prácticamente derecho alguno o, como mucho, solo lo tenía una gran minoría censitaria. Les sería penoso ahora, después de haberse acostumbrado, no dejarse seducir por la unilateralidad dominante de los más fuertes. Como si nada hubiera pasado entre 1880 y la actualidad, toman decisiones que les sitúan en aquel pasado aristocratizante. Animados porque tienen quienes jaleen su añoranza y, con mucho troleo en redes y medios, logran que les voten. Quienes asesoran a Ayuso –experta en asesorar a “Pecas”- harán que la inversión en escuela pública se identifique con los chiringuitos inútiles: para complacer a sus socios, esta presidenta acaba de estrenarse creando 22 nuevos altos cargos…

La estructura

Algo tendrán que hacer profesores y maestros para que haya otro estilo, si no quieren verse arrollados por este tsunami neoliberal que, con tantos seguidores en EEUU y Europa, recobra insospechados bríos en Madrid pese a tantos años de estropicio y desmán en la Consejería de educación. No importan tanto los asuntos distractores como los grandes retos que están en juego; lo que se enseña y transmite con la organización de la Consejería -y lo que los centros expresen con su estructura y modelos para hacer comprensible el mundo-, es vital. Si es o no políticamente relevante que una Consejería autonómica haga o no visible lo que en realidad venía haciendo desde hace muchos años, se verá pronto. Lo contradictorio sería que a los docentes que lo soportan les resultara indiferente. No solo porque sus puestos de trabajo estén a expensas de la flexibilidad de este nuevo organigrama, sino porque altera y deforma el motivo principal por el que, en la Francia de 1789 –y en el Cádiz de la primera Constitución española-, se empezó a plantear como derecho universal la educación gratuita. La decisión de la Consejería madrileña explicita la voluntad discriminatoria para una población excedentaria a la que un Estado “mínimo” no quiere atender en igualdad.

Encadenados

Como muchas veces ha comentado el gran maestro Emilio Lledó, sería inconcebible que los institutos o las universidades alemanas del máximo prestigio solo estuvieran al alcance de quienes tuvieran  recursos. Y como acaba de comentar el profesor suizo Jacques Dubochet, Nóbel de Química en 1917,  “el conocimiento debe ser un bien público y no una cuestión de dinero y de poder”.

Si deja de ser preocupación fundamental de un Estado que se precie de democrático, no nos será difícil alcanzar el nivel americano: en EEUU, la deuda de los estudiantes supera ya el billón y medio de dólares. Lo que en España parece aspirarse es a tener encadenados a los más jóvenes por siempre a unas obligaciones contractuales que no tienen nada que ver con cuanto, como Estado Social y de Derecho, les reconoce la CE78. “Púnica” mostrará que han estado  empeñados/as en que -como en el gobierno de Fernando VII- repitamos contentos: “¡Vivan las cadenas!”. Y en ello siguen estos regeneradores.

Manuel Menor Currás

Madrid, 03.09.2019