Informe 2016 sobre el estado del sistema educativo elaborado por el Consejo Escolar del Estado

Puedes leer el informe completo sobre el estado del sistema educativo. Curso 2014_2015 aquí

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Informe 2016 sobre el estado del sistema educativo elaborado por el Consejo Escolar del Estado

El Consejo Escolar del Estado recomienda a Educación sustituir la Lomce (20minutos.es)

Reproducimos este artículo publicado en 20 MINUTOS

Es el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa. 

Admite que norma ha provocado el "rechazo explícito" de amplios sectores y su aplicación ha sido desigual en las comunidades.
El Consejo Escolar del Estado recomienda al Ministerio de Educación liderar un proceso para sustituir la Lomce por otra legislación básica educativa después de que esta norma haya provocado el "rechazo explícito" de amplios sectores de la comunidad educativa y su aplicación sea desigual en las comunidades. Es una de las recomendaciones realizadas por el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa e incluidas en su Informe 2016 sobre el estado del sistema educativo, que se ha publicado recientemente. Los expertos que forman parte de este Consejo han incluido diversas propuestas en su documento, varias de ellas referidas a la Lomce, tras considerar, por ejemplo, que "las deficiencias técnicas" de esta ley han provocado "una aplicación desigual en las distintas comunidades autónomas".

"El Ministerio de Educación debería liderar un proceso participativo, democrático e informado para sustituir la Lomce por otra legislación básica educativa", la cual debería tener una serie de ejes, según estos expertos. Así, debe reforzar los derechos educativos del alumnado, garantizar una financiación mínima equivalente al 6 % del PIB para el sistema no universitario, o plantear un currículo común reducido y actualizado. El Consejo ha recordado que el Congreso ya se ha expresado en varias ocasiones a favor de la derogación de la Lomce. Asimismo, ha argumentado que la Formación Profesional, sobre la que hace hincapié esta ley, "no ofrece expectativas razonables para el alumnado y la mayor parte de administraciones están ofreciendo enseñanzas alternativas". Pacto educativo Otro punto observado es que "existe una amplia aprobación social para los centros públicos y privados que están ofreciendo prácticas innovadoras que eluden la aplicación de determinados preceptos de la Lomce". En el informe se ha subrayado el apoyo a un pacto educativo y se ha instado a la presidencia del propio Consejo o, en su caso, al Ministerio, a que traslade dicho aspecto a la Subcomisión para un pacto de Estado social y político por la educación que ya trabaja para ello en el Congreso. Y se ha recomendado que este Informe 2016 se haga llegar a cada uno de los miembros de dicha Subcomisión.


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El Consejo Escolar del Estado recomienda a Educación sustituir la Lomce (20minutos.es)

"3+2: la elitización de la Universidad" (Agustín Moreno)

Agustín Moreno nos envía su último artículo

Wert resucita para morir matando. Se ha empecinado en sacar adelante un decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias y de doctorado, que supone una reforma universitaria que da la vuelta al modelo de carreras y titulaciones. Y todo ello a pesar de las opiniones contrarias de la comunidad universitaria, la Conferencia de Rectores (CRUE) y el propio Consejo de Estado. Y lo han aprobado en la línea autoritaria de siempre del ministro: no ha habido ningún tipo de debate político ni de negociación. Algunos ya anunciábamos antes del verano que estaba en marcha un asalto a la universidad. Este decreto es un grave paso en esa estrategia.

El decreto recupera el formato de diplomatura-licenciatura con otro de grados de 3 años y másteres de 2. De esta forma parece que da por fracasado el actual 4+1 aplicado con el Plan Bolonia sin ninguna evaluación de cómo ha funcionado. La cuestión de fondo es que se pretende seguir privatizando por esta vía la universidad, elevando aún más las tasas de lo que ya se hicieron con el máster de un año. Los datos de los recortes que ha sufrido la universidad son tremendos: 1.523 millones de euros menos en cuatro años a las universidades; el gasto medio por alumno ha bajado un 25,2%; las tasas han subido hasta tres y cuatro veces más de lo que costaba en 2007, según el Observatorio del Sistema Universitario.

Las consecuencias del este “decretazo” son varias. Por una parte se busca incrementar los beneficios de la banca (con la petición de créditos de muchos estudiantes y el endeudamiento de sus familias) y de las universidades privadas que se están especializando en el negocio de los postgrados. Por otro, se devalúan los grados de tres años, que serían más elementales ygeneralistas, lo que no permite alcanzar la cualificación necesaria en muchas carreras para poder ejercer, obligándose a realizar el master sí o sí, para tener el reconocimiento y la preparación suficiente. En la medida en que se doblan los años de máster, el precio se duplicará, alcanzando a cifras entre 5.400 y 14.000 euros. Como no se financiaría de forma pública todo el proceso, como en parte antes se hacía con los cinco años de licenciatura, las familias se verían obligadas a pagar los nuevos y altos costes.

Como bien dice Izquierda Unida, el decreto supondrá una elitización de la universidad, por los costes inasumibles para la inmensa mayoría de las familias y tendrá como consecuencia la eliminación de carreras, la devaluación del título de grado y el despido de profesorado universitario. En la situación actual de crisis y de recortes de becas, significaría la limitación del acceso a la educación superior de muchas personas. Hay que recordar que actualmente han sido expulsados 45.000 estudiantes de la universidad por el aumento de tasas y la reducción de becas y que actualmente solo el 7% de los estudiantes realiza un máster. Al rebajarse en un año el grado, se provocarán despidos masivos de profesores. Además el decreto es una chapuza porque no permite homogeneizar las carreras en todo el Estado, pudiendo darse la circunstancia de que un mismo título tenga duraciones diferentes según la universidad. Todo un caos.

Ante el disparate que supone el decreto, los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CIG lo han rechazado y ya se ha empezado a discutir en la Marea Verde de Madrid y en las organizaciones estudiantiles la realización de movilizaciones. Probablemente en los próximos meses van a estar animadas las aulas y las calles. Algo necesario para intentar parar esta reforma, la LOMCE y el resto de recortes. En todo caso, para comprometer a la nueva mayoría política que salga de los procesos electorales de este año de la derogación de toda esta legislación apresurada, malintencionada y dañina para la educación. Y, por supuesto, para ir tejiendo complicidades que permitan saber qué hacer con la universidad para que cumpla su papel científico, universal, crítico y autónomo, siempre al servicio de la sociedad y no de los intereses económicos de una minoría.

Dice Wert que con este decreto nos homologa con otros países europeos. Lo que no dice es que en Francia hay una tasa fija de 183 euros, en Alemania de 300, en los países nórdicos, Austria y Escocia es gratis, y en el resto es mucho más barato que aquí porque se intenta asegurar la igualdad de oportunidades. Por no hablar de otros apoyos que reciben los estudiantes como subsidios, ayudas, becas-salario, ventajas fiscales, etc.

El problema está en que en España los másteres son muy caros y en Europa son gratuitos -o casi- y que de esta manera se impide el acceso a la universidad a muchos estudiantes. Para asegurar la equidad en el acceso a la universidad debería volverse a las antiguas tasas de las licenciaturas para los nuevos másteres. De lo contrario se estaría saliendo con la suya aquel sujeto de la oligarquía española decía de que “a la universidad llega cualquiera”. Y, claro, esto no podía ser porque se rompía el monopolio de las élites de siempre. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Antes expulsamos de una universidad para ricos a los estudiantes con menos recursos por muy brillantes que sean o endeudamos a sus familias. En fin, pura barbarie clasista y antidemocrática.

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Nuevo ataque a la Educación Pública. ¡NO al 3+2!

Wert afirma que la oposición está confundida sobre la partida de becas, mientras la oposición le recuerda el dictamen del Consejo de Estado

EUROPAPRESS.ES: Wert, sobre el presupuesto de becas: "El papel de la Oposición es discutir, pero las cifras son incontestables"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, atribuye a una "cierta confusión" y a las tareas propias de los grupos parlamentarios de la oposición el debate suscitado este miércoles durante su comparecencia en el Congreso en torno al presupuesto para becas generales del próximo curso. "El papel de la Oposición es discutir, pero las cifras son absolutamente incontestables", ha señalado.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Wert zanjaba así la polémica suscitada en torno a los datos. El ministro ha dicho ante la Comisión de Educación que en el curso 2013/2014 se dispondrá de un monto de 1.417,54 millones de euros procedentes de dos anualidades, de los que 1.314,72 millones de euros "se invertirán en la convocatoria general" y el resto, en alumnos con necesidades especiales y ayudas a familias numerosas.

"Yo no atribuyo mala fe a nadie, creo que hay cierta confusión sobre lo que es con carácter general el programa de becas y lo que son estas ayudas, que son las de carácter social, las que se prestan a los estudiantes cuyas familias están en situación económica menos favorable para proseguir los estudios", ha señalado.

Según ha dicho, "luego hay otro tipo de becas que no tienen ese componente social, que quizá al sumarlas a estas generan esa confusión". "Insisto: si comparamos en términos homogéneos lo que son las ayudas comprendidas en esta convocatoria que se conocen como becas, tanto universitarias como no universitarias, va a haber un incremento de 250 millones de euros", ha señalado.
El PSOE, CiU, la Izquierda Plural o el Grupo Mixto han puesto en duda estas cifras y han puesto sobre la mesa el dictamen del Consejo de Estado sobre el Real Decreto que regula las becas, en el que basándose en "el borrador de memoria económica", el órgano consultivo indicaba un recorte presupuestario de 200 millones de euros para el curso que empieza en septiembre.

Sobre este asunto, el ministro ha declinado pronunciarse ante los medios, aunque durante su intervención ante la Comisión de Educación ha asegurado que "ese dato no es correcto", que no ha salido de su ministerio y que parte de "fuentes" que le son "desconocidas".

¿Wert no sabe leer? Ha visto en el informe del Consejo de Estado un aval a su política de recortes

EUROPAPRESS.ES: Wert defiende que las becas tienen el aval del Consejo de Estado

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha defendido este miércoles en el Congreso que el nuevo sistema de becas cuenta con el aval del Consejo de Estado porque sus observaciones al respecto son "de oportunidad" y no de encaje jurídico, y ha negado que, conforme decía el dictamen del órgano consultivo, se haya producido un recorte de 200 millones de euros en el presupuesto. "Ese dato no es correcto", ha asegurado.

   Wert se explicaba así ante la Comisión de Educación del Congreso, donde ha comparecido en periodo extraordinario tanto por iniciativa propia como a petición del Grupo Socialista para explicar los detalles de este nuevo sistema de ayudas al estudio, aprobado por Real Decreto el 2 de agosto en el Consejo de Ministros y que ya se ha materializado con la publicación de la convocatoria de ayudas el pasado 19 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   Conforme ha recordado el ministro, el informe del Consejo de Estado sobre las becas advertía de que, "en todo caso, el sistema debería tender a que las personas que carezcan de medios económicos para poder estudiar lo hagan de igual modo, o del más parecido posible, al resto de los estudiantes, sin exigirles una infalibilidad que no se exige del mismo modo a ese resto de estudiantes".

   Wert ha defendido que "no se puede hablar en términos de exigencia de infalibilidad" de los requisitos que plantea el nuevo sistema: una nota media de 5,5 para acceder a gratuidad de matrícula y un 6,5 para recibir cualquier ayuda monetaria, y, para mantener la ayuda, aprobar, en el caso de estudios universitarios, entre un 65% y un 100% de los créditos, en función de la rama y la nota obtenida en las asignaturas superadas

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¿Le pesa menos la conciencia a Wert recortar las becas al no incluir un informe de sus consecuencias?

DIARIO CRÍTICO.COM: Wert obvió la petición del Consejo de Estado de un estudio a fondo sobre el impacto de las becas, antes de aprobar la reforma

El Consejo de Estado echa en falta un estudio profundo del Ministerio de Educación sobre las consecuencias para la igualdad de oportunidades y la mejora del rendimiento del alumnado que tendrán unos requisitos académicos más exigentes en la obtención y renovación de becas generales. Así se desprende del dictamen preceptivo que emitió justo antes de que el Consejo de Ministros aprobara la norma, el pasado 2 de agosto.

"En todo caso, el sistema de becas y ayudas debería tender a que las personas que carezcan de medios económicos para poder estudiar lo hagan de igual modo, o del más parecido posible, al resto de los estudiantes, sin exigirles una infalibilidad que no se exige del mismo modo a ese resto de estudiantes".

Lo dice el Consejo en el dictamen preceptivo que emitió en su momento sobre el proyecto de condiciones económicas y académicas de becas y ayudas al estudio del curso 2013-2014, antes de que el Consejo de Ministros aprobara la norma, el pasado 2 de agosto.   

Al mismo tiempo, matizaba el Consejo, tampoco debería servir el sistema para desincentivar a los propios alumnos que, sabedores de que recibirán la ayuda, olviden que el éxito en los estudios debe intentarse siempre.   

Además de asegurar la igualdad de oportunidades de quienes tienen vocación y aptitudes y carecen de medios económicos, insiste el Consejo, las becas deben ser un instrumento de "estímulo" de la mejora del rendimiento, especialmente en los niveles educativos superiores.   

Ni la Constitución ni las leyes sobre educación, aclara, establecen criterios precisos sobre el peso que debe darse a cada uno de los objetivos, ni señalan el modo en el que se tratarán de conseguir los mismos.   

¿Cuál será el efecto social?

Así, el Consejo, en principio, no apreció que el proyecto fuera contrario al ordenamiento jurídico, aunque matizaba que no podía evaluarlo con conocimiento de causa suficiente a falta de un estudio "detenido" de sus repercusiones. Según el Consejo es "significativo" que la memoria del análisis de impacto normativo que acompañaba al proyecto no indicara cuál es el efecto social que "previsiblemente" tendrá la nueva norma.  

No se apunta siquiera, advertía, cuántos ni qué tipo de alumnos pasarán a obtener becas o las perderán, ni los efectos de todo ello, lo que "puede ser trascendente y no necesariamente justo".   

"Tanto más -según el Consejo- cuanto se cambian y endurecen los requisitos académicos, pese a lo que se dice en la memoria, se aumentan los umbrales económicos 2 y 3 (se suprimen los umbrales 4 y 5), e incluso el importe económico previsto, según el borrador de la memoria, para becas en el curso 2013-2014 es del orden de doscientos millones de euros menos que lo previsto para el curso 2012-2013".   

Para el curso próximo será necesaria una nota mínima de 5,5 en selectividad -excluida la fase específica- para quedar exento del pago de matrícula en primer año de universidad (como en el anterior) y un 6,5 para las becas por residencia y renta (un punto más que el pasado), siempre que se cumplan las condiciones económicas. En primero de Bachillerato y de FP superior, los alumnos requerirán una media de 5,5 en los estudios previos, cuando antes bastaba con matricularse.

La oposición considera que Wert va a demoler el sistema educativo

DIARIO VASCO.COM: IU exige a Wert que aparque su "obsesión por demoler" la educación pública

Madrid, 23 ago (EFE).- IU ha exigido hoy al ministro de Educación, José Ignacio Wert, que retire de forma "inmediata" la reforma del sistema de becas al estudio del curso 2013-2014 y "aparque" su "obsesión por demoler" la educación pública.

En un comunicado, la portavoz parlamentaria de Educación de IU, Caridad García Álvarez, ha considerado que el informe del Consejo de Estado sobre el proyecto de condiciones económicas y académicas de becas y ayudas al estudio del próximo curso planta "serias dudas" respecto a esta nueva normativa.

En el dictamen preceptivo, aunque no vinculante, el Consejo no apreció que el proyecto de regulación de las becas generales del curso próximo (ya aprobado) fuera contrario al ordenamiento jurídico, aunque matizaba que no podía evaluarlo con conocimiento de causa suficiente a falta de un estudio "detenido" de sus repercusiones.

García Álvarez ha augurado que Wert actuará con este informe con "la misma prepotencia" y "falta de sensibilidad" que, a su juicio, ha demostrado ante los representantes de los colectivos de educación afectados, los profesionales y las formaciones políticas.

Ha anunciado que, durante la comparecencia del ministro en el Congreso el próximo 28 de agosto, miércoles, insistirá en que retire la reforma del sistema de becas, porque "sólo el hecho de que el Consejo de Estado cuestione o tenga dudas razonables sobre la equidad y la justicia del nuevo sistema que se quiere imponer sería argumento suficiente".

A su juicio, es "muy llamativo" que el informe del Consejo, coincida con lo que defiende IU "desde el primer día" y tache de "significativo" que el Ministerio de Educación no haya dicho nada del impacto concreto que tendrá la reforma "ni aporte un solo dato en su memoria de cómo es el tipo de alumnos que van a perder ahora su ansiada beca".

Asimismo, ha advertido de que el plan de "endurecimiento" de becas, que "expulsará irremediablemente" del sistema educativo a "tantos jóvenes", exige un estudio previo sobre sus consecuencias humanas reales y sobre "el grave retroceso" que, en su opinión, supondrá en la igualdad de oportunidades de la juventud frente a la educación. EFE

   CADENA SER.COM

Entrevista en 'Hoy por Hoy' a Mario Bedera, portavoz socialista en la Comisión de Educación

"Wert va a dejar el sistema educativo hecho unos zorros"

Sr. Wert, el Consejo de Estado le pregunta cuáles son las consecuencias sociales de su recorte en becas

PÚBLICO.ES: El Consejo de Estado duda de que las nuevas becas de Wert respeten la igualdad de oportunidades

El Consejo de Estado echa en falta un estudio profundo del Ministerio de Educación sobre las consecuencias para la igualdad de oportunidades y la mejora del rendimiento del alumnado que tendrán unos requisitos académicos más exigentes en la obtención y renovación de becas generales.

"En todo caso, el sistema de becas y ayudas debería tender a que las personas que carezcan de medios económicos para poder estudiar lo hagan de igual modo, o del más parecido posible, al resto de los estudiantes, sin exigirles una infalibilidad que no se exige del mismo modo a ese resto de estudiantes".

Lo dice el Consejo en el dictamen preceptivo que emitió en su momento sobre el Proyecto de condiciones económicas y académicas de becas y ayudas al estudio del curso 2013-2014, antes de que el Consejo de Ministros aprobara la norma, el pasado 2 de agosto.

Al mismo tiempo, matizaba el Consejo, tampoco debería servir el sistema para desincentivar a los propios alumnos que, sabedores de que recibirán la ayuda, olviden que el éxito en los estudios debe intentarse siempre. Además de asegurar la igualdad de oportunidades de quienes tienen vocación y aptitudes y carecen de medios económicos, insiste el Consejo, las becas deben ser un instrumento de "estímulo" de la mejora del rendimiento, especialmente en los niveles educativos superiores.

Ni la Constitución ni las leyes sobre educación, aclara, establecen criterios precisos sobre el peso que debe darse a cada uno de los objetivos, ni señalan el modo en el que se tratarán de conseguir los mismos. Así, el Consejo, en principio, no apreció que el proyecto fuera contrario al ordenamiento jurídico, aunque matizaba que no podía evaluarlo con conocimiento de causa suficiente a falta de un estudio "detenido" de sus repercusiones.

Según el Consejo es "significativo" que la memoria del análisis de impacto normativo que acompañaba al proyecto no indicara cuál es el efecto social que "previsiblemente" tendrá la nueva norma.

No se apunta siquiera, advertía, cuántos ni qué tipo de alumnos pasarán a obtener becas o las perderán, ni los efectos de todo ello, lo que "puede ser trascendente y no necesariamente justo". "Tanto más -según el Consejo- cuanto se cambian y endurecen los requisitos académicos, pese a lo que se dice en la memoria, se aumentan los umbrales económicos 2 y 3 (se suprimen los umbrales 4 y 5), e incluso el importe económico previsto, según el borrador de la memoria, para becas en el curso 2013-2014 es del orden de 200 millones de euros menos que lo previsto para el curso 2012-2013".

Para el curso próximo será necesaria una nota mínima de 5,5 en las Pruebas de Acceso a la Universidad -excluida la fase específica- para quedar exento del pago de matrícula en primer año de universidad (como en el anterior) y un 6,5 para las becas por residencia y renta (un punto más que el pasado), siempre que se cumplan las condiciones económicas. En primero de Bachillerato y de FP superior, los alumnos requerirán una media de 5,5 en los estudios previos, cuando antes bastaba con matricularse.

#StopLeyWert! El Gobierno estudia cambiar los horarios de Religión y su asignatura espejo

europapress.es: El Gobierno estudia cambiar los horarios de Religión y su asignatura espejo

Para poder cursar ambas

El Gobierno está estudiando modificar los horarios de la asignatura de Religión y de su asignatura espejo en la Ley Orgánica de Mejora para la Calidad Educativa (LOMCE), entre otras posibilidades, para que las materias no coincidan en el tiempo y puedan ser ambas cursadas por todos los alumnos, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado.

Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo dirigida a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, recogida por Europa Press, respecto a si el Gobierno está dispuesto a seguir las informaciones dictadas en el informe del Consejo de Estado sobre la nueva reforma educativa.

En concreto, la formación magenta preguntaba al Ejecutivo por "la controversia" que genera la asignatura de Religión en la reforma educativa y que comenta el informe del Consejo de Estado.

"Llega a hablar de discriminación para los alumnos que se queden sin formación ético-cívica por elegir la asignatura de Religión señalando que 'hay que advertir que la proyectada reforma establece como optativa a la Religión la materia de Valores Culturales y Sociales, o Valores éticos, de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación'", señalaba UPyD, recogiendo las valoraciones del informe del Consejo de Estado en su pregunta al Ejecutivo.

En este contexto, el Gobierno insiste en que esta materia no tiene un "tratamiento sustancialmente diferente" en el proyecto de la LOMCE que en la Ley Orgánica de Educación socialista actualmente vigente.

"Que sea una materia evaluable no quiere decir que se incluya en las evaluaciones nacionales. Asimismo, conviene recordar que la Religión no es una materia troncal sino optativa, y se está induciendo a la opinión pública a una confusión considerable", apunta el Gobierno.

En este sentido, indica que el Consejo de Estado pone de relieve que en el anteproyecto de ley orgánica desaparecen las asignaturas relacionadas con la formación ético-cívica, sin que se pueda considerar la nueva asignatura 'Valores culturales y sociales' "suficiente" porque se estudiaría como alternativa a Religión.

Es más, dice que el proyecto de ley de la LOMCE considera "esencial" la preparación para la ciudadanía activa y la adquisición de las competencias sociales y cívicas, recogidas en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.

EDUCACIÓN CÍVICA EN TODAS LAS ASIGNATURAS

De hecho, apunta que esta ley orgánica aborda la necesidad de forma transversal al incorporar la educación cívica y constitucional "a todas las asignaturas" durante la educación básica, de forma que la adquisición de competencias sociales y cívicas se incluya en la dinámica cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje y se potencie de esa forma, a través de un planteamiento conjunto, su posibilidad de transferencia y su carácter orientador.

No obstante, reitera que se está valorando el procedimiento para acoger la observación del Consejo de Estado, si bien se considera que el entonces anteproyecto de ley es respetuoso con las recomendaciones citadas.

LENGUAS COOFICIALES

Por lo que respecta a las recomendaciones del Consejo de Estado en cuanto a las lenguas cooficiales, el Gobierno asegura que se mantendrá el núcleo esencial del tratamiento que ha sido expresamente dictaminado como favorable por el Consejo de Estado, "pero se están valorando diversas fórmulas para garantizar el derecho de todos los españoles a recibir la enseñanza en la lengua oficial del Estado, en los términos en que el Tribunal Constitucional se ha manifestado".

Además, especifica que el Consejo de Estado coincide en que existe un derecho opcional y no "incondicionado" de conseguir ser escolarizado con el castellano como lengua vehicular porque en todos los sistemas en que existe una lengua cooficial propia y se aplica por parte de la Administración educativa una programación monolínea de bilingüismo integrado, "no existe este derecho de opción".

Por ello, defiende que se ha introducido, "de una forma extremadamente cuidadosa", un sistema de garantía en el que el anclaje competencial es la obligación que existe para el Estado de garantizar que ese derecho, reconocido en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que "tiene alguna efectividad".

"Todo ello con el objetivo de que no exista exclusión del castellano y, en segundo lugar, y no menos importante, que el hecho de que el catalán sea utilizado como lengua predominante, vehicular en la enseñanza no quiere decir que el castellano no lo sea también para aquellos alumnos cuyos padres así lo soliciten", subraya el Gobierno sobre esta cuestión.

EDUCACIÓN DIFERENCIADA

Por último, el Gobierno hace referencia a las recomendaciones del Consejo de Estado sobre la educación diferenciada, en las que señala que es una opción reconocida en un conjunto de países desarrollados, y que ha sido objeto de análisis y valoración positiva en distintas instancias jurisprudenciales internacionales, incluido el Tribunal de Justicia Europeo.

Eso sí, indica que el Consejo de Estado considera que el entonces anteproyecto de la LOMCE debería contener alguna previsión que permita exigir una justificación objetiva y razonable de la excepción general de la coeducación, y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad, sin perjuicio del resto de los requisitos exigidos para los conciertos. Por ello, asegura que desde el Gobierno se está valorando la forma de incorporar al texto de la ley la observación realizada.

Sobre el reparto de becas que propone Wert: " Ni siquiera el ministerio podía explicarlo con claridad" (M.Milán, miembro del Consejo Escolar del Estado)

EL DIARIO.ES: Los estudiantes no sabrán ni siquiera a qué beca aspiran

Una beca era, hasta ahora, una "subvención para realizar estudios o investigaciones". Y, siempre según la RAE, becar era "sufragar o conceder a alguien una beca o estipendio para estudios" a quien no pudiera por su situación económica, costeárselos. El Gobierno de Mariano Rajoy ha añadido a esa definición un anexo condicionante que podría resumirse así: una beca o estipendio que se otorga sólo a los estudiantes cuyo rendimiento académico sea superior al necesario para aprobar y cuya cuantía depende de las calificaciones obtenidas.

Con esta salvedad el Ministerio de Educación ha cambiado por completo la fórmula con la que se calculaban estas subvenciones con el objetivo de premiar a los alumnos brillantes. O para dejar fuera a los sencillamente buenos. Lo ha defendido el ministro José Ignacio Wert al asegurar que si un universitario saca menos de un 6,5 "debería estar estudiando otra cosa". El borrador del nuevo decreto que regula las ayudas hace lo propio con el mismo argumento pero con algo más de tacto: "La política de becas y ayudas al estudio debe ser un instrumento de estímulo a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes, especialmente de los estudiantes de los niveles superiores del sistema educativo".

El problema es que incorporar el elemento académico a la ecuación podría no sólo dejará fuera a miles de estudiantes – el propio ministro ha reconocido 18.840 becados menos el último curso con requisitos menos restrictivos que los que propone para 2013-2014– sino además generar desigualdades entre los propios beneficiarios. Esto es, que a un estudiante con menos recursos le tocara una asignación más baja que a otro con mayores ingresos pero mejores notas. "No se sabe aún cómo va a funcionar. Ni siquiera el ministerio podía explicarlo con claridad", explica Montserrat Milán, profesora miembro del Consejo Escolar del Estado.

Esto genera, además, un doble inconveniente para los estudiantes y las universidades. Hasta que no se resuelva la solicitud –y esto puede ser bien entrado el curso– no se sabe cuánto dinero se asigna al becario, y por lo tanto las familias no pueden calcular si con esa ayuda bastará para cubrir los gastos. Muchos universitarios se han enterado hace un par de meses de que su solicitud había sido rechazada, por lo que han sido o están siendo expulsados por no poder abonar la matrícula después de haber cursado todo el año. Los estudiantes se quedan sin carrera y las universidades sin ingresos, en un momento en el que la financiación es un verdadero problema para ellas.

"Antes cuando solicitabas una beca sabías qué es lo que te tocaría porque estaba muy establecida la cuantía en relación con los requisitos de renta o distancia del centro de estudios, pero con el nuevo decreto será todavía más complicado y más difícil de calcular", adelanta Julio Serrano, de CCOO.

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Hoy, 17 de mayo, el Gobierno aprobará una contrarreforma educativa propia de hace 40 años que solo gusta al PP, a la Iglesia y a la OCDE

Gracias a un tweet de @JurjoTorres leemos esta noticia

CADENA SER.COM: El Gobierno aprueba hoy la reforma educativa

Tras un aplazamiento de una semana, parece que a la segunda va la vencida. Después de varios días de total hermetismo al respecto, el ministro Wert deshojaba la margarita este mediodía en Bruselas, donde tras una reunión del Consejo Europeo de Ministros de Educación, confirmaba que la reforma se aprobará hoy en Consejo de Ministros.

"Este viernes tendrán información abundante tanto sobre el contenido del proyecto de ley como sobre la remisión de la reforma educativa al Congreso para el inicio de la tramitación parlamentaria", ha señalado el ministro que también ha añadido que continúa abierto al diálogo tanto con la comunidad educativa como con la sociedad civil si bien "lo único que no contemplo- ha dicho- en ningún caso es que no haya una reforma educativa, ya que consideramos que lo que no es negociable es dejar las cosas como están".

Lo que el ministro no ha detallado son los posibles cambios que se habrían introducido en el texto para resolver las "observaciones pendientes" que según la vicepresidenta Sáenz de Santamaría hicieron imposible que el proyecto de ley se aprobara la semana pasada. Entre las objeciones planteadas por el Consejo de Estado figuran algunas relativas a la financiación que se considera insuficiente para una reforma de esta envergadura. En ese sentido, el dictámen recomendaba al ministerio concretar más y mejor los costes de la reforma y su calendario de implantación. Este punto ha suscitado mucha inquietud entre las comunidades autónomas, incluidas las del PP, a las que el proyecto carga con los "costes indirectos" de financiar la reforma educativa en un contexto de contención del déficit y de recortes generalizados.

Entre las objeciones señaladas por el Consejo de Estado y que el Ministerio ha anunciado su intención de matizar o modificar en el texto figura la obligación de que la Generalitat de Cataluña sufrague con fondos públicos colegios privados para aquellos alumnos que pidan se escolarizados en castellano como lengua vehicular. Ese aspecto constituye una de las líneas rojas de los grupos nacionalistas en el Congreso y su mantenimiento haría imposible, a priori, un respaldo o incluso una eventual abstención en la tramitación parlamentaria de la reforma.

Educación también debe deshojar la margarita de cómo resuelve la discriminación que, a juicio del Consejo de Estado, podría suponer el hecho de que con el nuevo esquema de alternativa a la Religión y la supresión de Educación para la Ciudadanía como materia obligatoria, los alumnos que elijan enseñanza religiosa pudieran no recibir ninguna formación en valores cívicos y éticos a lo largo de toda su escolarización. En lo que el ministerio se mantiene inflexible, según las fuentes consultada por la Ser es en la supresión de Educación para la Ciudadanía como asignatura obligatoria tal y como recomiendan todos los organismos e instituciones europeas. El ministerio sostiene que esos contenidos se incorporarán de manera "transversal" en muchas asignaturas pero no formarán parte de una materia obligatoria.

La Plataforma Stop Ley Wert llama a la objeción de conciencia

A la espera de conocer el texto final que se aprobará en Consejo de Ministros, y que según el ministerio y fuentes de Moncloa no supondrá ninguna alteración esencial del proyecto, hoy se han repetido las peticiones al ejecutivo para que retire la reforma y abra un debate con la comunidad educativa desde el consenso.

En este sentido el impulsor de la Plataforma "Stop Ley Wert", Federico Mayor Zaragoza, ha pedido que"al igual que Mariano Rajoy se mostró a favor en su momento de la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía, ahora creo que si se aprueba una ley contra el rechazo explícito y generalizado de toda la comunidad educativa y la sociedad civil, estaría justificado igualmente la objeción de conciencia a la ley". Mayor Zaragoza ha pedido a Rajoy que "en cuestiones de suma importancia como la educación, no recurra al rodillo parlamentario de las mayorías absolutas, porque la democracia real obliga a los gobiernos a tener en cuenta la voluntad popular y no a legislar contra ella". En un comunicado, la Plataforma pide la retirada de un texto que, según dice,aprovecha la crisis como coartada para abrir la puerta a la privatización de la escuela pública, articula un sistema trasnochado de reválidas basado en criterios segregadores, ignora y desatiende al alumnado con más necesidades educativas, y favorece la intromisión política y religiosa en el sistema educativo.

También la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, que convocó la huelga general del pasado 9 de mayo, ha enviado una carta al presidente del Gobierno en la que le piden la apertura de un proceso de diálogo con la comunidad educativa para mejorar el sistema actual en lugar de aprobar una "contrarreforma". También quieren que se destituya al ministro Wert, al que consideran completamente desacreditado y se nombre nuevos interlocutores válidos en el ministerio de Educación.

Si Wert ha leído el dictamen del Consejo de Estado y no paraliza la LOMCE, es porque "tiene un problema de comprensión lectora" (CEAPA)

EL PAJARITO.ES: Las AMPAs dicen que Wert “tiene un problema de comprensión lectora”

La Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) considera que en el Ministerio de Educación han hecho una "lectura interesada" del dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) porque de otra forma no se entiende, a su juicio, que este departamento no haya retirado la iniciativa normativa.

Así lo ha expresado en rueda de prensa el presidente de la organización, Jesús María Sánchez, quien plantea que el titular de Educación, José Ignacio Wert, "tiene un problema de comprensión lectora", porque ha ofrecido cambios en lo relativo a la inmersión lingüística en Cataluña y a la separación por sexos en la educación concertada, en lugar de "paralizar la LOMCE y retirar el anteproyecto, que es lo que pide el Consejo de Estado".

"El ministro nos ha tachado de antisistema. Si Wert desoye al Consejo de Estado, el antisistema será él", añade el presidente de CEAPA, para incidir en que el ministro "puede presumir de haber unido a la comunidad educativa" porque todos, "desde el ANPA de un colegio de primaria de un lugar remoto hasta la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)", están en contra de la LOMCE.

La organización denuncia que, sin embargo, el Consejo de Estado no ha tenido acceso a las razones de esta oposición ya que el Ministerio de Educación retiró del expediente de la LOMCE que envió al órgano consultivo "cualquier documento contrario a sus tesis".

Sobre el dictamen en sí, Sánchez pone el acento en el hecho de que el Consejo de Estado haya reflejado que la LOMCE no cuenta con el respaldo de la comunidad educativa en su conjunto. Para CEAPA, esto significa que la legislación volverá a cambiar en cuanto se produzca un cambio de gobierno, "utilizándose así la ley como un medio revanchista", en lugar de encontrar una norma duradera y de consenso.

"No nos tiene en cuenta"

En este sentido, denuncia que pese a los encierros que se han producido en colegios e institutos públicos en los últimos días, Wert no ha contactado con CEAPA. "No se nos tiene en cuenta para nada. Las familias somos las más interesadas en que tengamos un sistema educativo estable y aceptable", añade.

Además, critica que se haya fijado para el 10 de mayo la aprobación del proyecto de LOMCE en Consejo de Ministros, un día después de la convocatoria de huelga general en el sector educativo. En su opinión, esto se debe a que "Wert sabe que la huelga va a ser un éxito" y quiere desanimar la participación. CEAPA opina que esta es una muestra más de la "soberbia y desconsideración" del ministro frente a la comunidad educativa.

Por otra parte, respecto al uso del catalán en las escuelas de Cataluña, la organización considera que es un debate que no le corresponde, aunque se muestra defensora del sistema actual, que "está bien como está", y expresa su desacuerdo con la posibilidad de "pagar centros privados para que las familias puedan elegir" la educación en castellano.

Según CEAPA, Educación "está tratando de evitar la soledad parlamentaria" consiguiendo "algún socio que, por lo menos, no vote en contra de la ley" y por eso, vaticina que habrá "cambios de cromos" con los partidos nacionalistas a cuenta del modelo de inmersión lingüística.

Sobre Educación para la Ciudadanía, Sánchez considera que eliminar la asignatura es una victoria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), institución que, según ha dicho, "ha logrado además, que se ponga una alternativa dura a Religión, con el único fin de llevar más alumnos hacia esta asignatura". A su juicio, con el planteamiento de la LOMCE el Gobierno "desoye a la Comisión Europea y las distintas sentencias de diversos tribunales superiores de justicia" sobre el tema.

Ante la perspectiva de que el 10 de mayo la LOMCE sea remitida al Congreso para el inicio de su tramitación parlamentaria, CEAPA va a solicitar comparecer ante la Comisión de Educación a fin de expresar su oposición al texto.

"Wert, en evidencia" (Pedro Villalar)

DIARIO DE MALLORCA.ES: Wert, en evidencia
Pedro Villalar
El ministro Wert ha sido desenmascarado. Y no en términos de rivalidad política sino de contraste de la legalidad: el Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Estado, una institución que conserva su prestigio pese a los intentos de politización, ha desautorizado con claridad los elementos sectarios „partidistas„ que ha introducido el Gobierno en su proyecto de reforma del sistema educativo. El documento es espléndido y en él se reclama, con modélica sensatez, un "acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales" para "buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema". Son llamativas además algunas observaciones críticas: de un lado, el Consejo rechaza la eliminación de la asignatura "Educación para la Ciudadanía", común en la mayoría de los países comunitarios, cuyo contenido "intenta velar por el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación". De otro lado, se opone a subvencionar centros que segregan por sexos.
El dictamen es tan contundente que un gobierno decente revisaría su propia propuesta. Aunque también cabe, evidentemente, matar al mensajero.

El Consejo de Estado pide a Wert que mantenga la asignatura de Ciudadanía

elpais.com: El Consejo de Estado pide a Wert que mantenga la asignatura de Ciudadanía

El dictamen sobre la reforma educativa rechaza que las comunidades con lengua cooficial tengan que pagar una escuela privada si un alumno prefiere clases en castellano

El Consejo de Estado ha planteado una gran enmienda sobre muchos puntos de la reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert. Aunque su dictamen no es vinculante, el órgano consultivo del Gobierno reclama para empezar un “acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales” para “buscar un texto que pueda dar mayor estabilidad al sistema” —esta es la séptima ley de la democracia— y cambios y matizaciones en asuntos polémicos. como la enseñanza en castellano en comunidades bilingües —son las autonomías las que deben garantizar “una proporción equilibrada” de ambas lenguas—, la Educación para la Ciudadanía —debería ser “obligatoria en algún momento”— y la Religión —se está “discriminando” a los alumnos que la eligen porque no pueden asistir a la materia alternativa de valores éticos—.

El texto también discute otro de los aspectos de la ley que más ampollas ha levantado: el blindaje de las subvenciones a los colegios que separan por sexo. En una decidida defensa de las bondades de la educación mixta, el Consejo de Estado pide que se justifique muy bien cuáles son los beneficios de la segregación de alumnos y fijen “medidas académicas a favor de la igualdad” para que estos centros reciban dinero público.

El ministerio puede atender o no estas sugerencias antes de enviar el texto al Consejo de Ministros y, de allí, al Congreso. Pero sindicatos y oposición ya han calificado de “varapalo” el dictamen de una ley que no estará en vigor hasta 2014 y de la que se cuestiona incluso la dotación económica —es insuficiente para una “reforma estructural de esta envergadura”—.

El PP, sin embargo, opina que el Consejo de Estado avala la reforma, ya que el texto deja intactos puntos cruciales como el adelanto de la elección de vías distintas en la ESO, el nuevo diseño de la FP (con la creación del FP Básica) o la recuperación de las reválidas. En este caso, solicita que esos exámenes externos queden en manos de “funcionarios públicos y en ningún caso de profesores contratados o empresas privadas”. En cuanto a la reválida del bachillerato (que sustituye la Selectividad), critica que las universidades puedan hacer evaluaciones de acceso para cada carrera porque introduce “un elemento de discrecionalidad que podría perjudicar el tratamiento uniforme de los alumnos”. Asimismo, hace alusiones críticas al programa académico (diseño, reparto de competencias para redactarlo o la ausencia de materias básicas) y protesta por la falta de participación de la comunidad educativa.

No es este, en todo caso, el primer escollo que ha encontrado el proyecto de ley: antes fue el rechazo de buena parte de la comunidad educativa (hay una huelga convocada en mayo) y los cambios que le exigieron las comunidades gobernadas por el PP.

 En su voluminoso dictamen, al que ha tenido acceso este diario, le recrimina al proyecto de ley, entre otras cosas, la desaparición completa del currículo de cualquier rastro de asignaturas "de formación ético-cívica", hasta ahora englobadas dentro de la polémica área de Educación para la Ciudadanía, por lo que sugiere que se incluya. "Acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento, pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones, suscritas por España, del Consejo de Europa y de la Unión Europea desde 1997 en el sentido de propugnar como objetivos de los sistemas educativos de la Unión el velar por el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa", dice el texto del dictamen, que no es vinculante.

Asimismo, respecto al polémico apartado de la enseñanza en las lenguas cooficiales en comunidades bilingües, el Consejo de Estado acepta que los Gobiernos autónomos deban "determinar la 'proporción razonable' de uso de ambas lenguas y las medidas que en su caso hayan de adoptarse para garantizar el conocimiento de las mismas". Sin embargo, rechaza que, para garantizar que un alumno pueda, si quiere, tener clases preferentemente en castellano, la comunidad deba pagarle si es necesario un colegio privado, como dice el proyecto. "Más allá de las dificultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación [...], no debería figurar en la ley, por afectar al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia, debiendo quedar en el marco de las medidas en su caso a adoptar por las administraciones educativas cuando estas así lo decidan, en el supuesto de no disponer de otros medios o recursos para garantizar en la red pública el uso del castellano como lengua vehicular", señala el dictamen.

El pasado agosto el Consejo de Ministros aprobó el cambio de contenidos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en primaria y secundaria (como las referencias a los conflictos sociales, a la desigualdad de género y a la lucha contra la homofobia), primer paso antes de eliminar la materia casi completamente del currículo escolar. El objetivo de la Ley era eliminarla en primaria y quitarle el apellido de Ciudadanía de la Ética de 4º de ESO y de Filosofía de 1º de bachillerato. Se mantendría solamente en 2º o 3º de ESO con contenidos limados y con el nombre de Educación Cívica y Constitucional.

Sin embargo, el proyecto de ley elimina completamente la materia de Educación para la Ciudadanía creada con la reforma de 2006 y la Ética de 4º de ESO, obligatoria en el currículo desde los años noventa de siglo pasado. Al mismo tiempo, se recupera la materia alternativa a la de Religión, que se llamará Valores Culturales y Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria. Wert llegó a hablar de "materias que distraen" para defender más tiempo para las instrumentales (ciencias, lenguas y matemáticas) en detrimento de otras como Educación para la Ciudadanía. La Iglesia había mostrado siempre su rechazo a la ley por contener "cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico".

El Consejo de Estado llega hablar de discriminación en su dictamen para los alumnos que se queden sin formación ético-cívica por elegir Religión. "Hay que advertir que la proyectada reforma establece como optativa a la 'Religión' la materia de 'Valores Culturales y Sociales', o 'Valores éticos', de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación”.

Laberinto judicial [...]

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El Consejo de Estado pide que se mantenga Educación para la Ciudadanía

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El dictamen sobre la reforma educativa se opone a que las comunidades con lengua cooficial tengan que costear las clases en un centro privado si un alumno pide ser educado en castellano ...

El Consejo de Estado critica la supresión de Educación para la Ciudadanía

Cadena Ser 

El Consejo de Estado critica la supresión de Educación para la Ciudadanía y pide al Gobierno que la mantenga como asignatura obligatoria, como recomiendan las instituciones europeas y los organismos internacionales de derechos humanos. ... El Consejo de Estado también rechaza la pretensión de Wert de pagar con fondos públicos la escolarización en centros privados de alumnos que quieran estudiar en castellano en Cataluña y cuestiona la financiación insuficiente y poco clara de la reforma educativa ...

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IU interpreta el dictamen del Consejo de Estado sobre la LOMCE como un motivo más para la huelga del 9M y un motivo "de sonrojo" para Wert

TELECINCO.ES: IU exige la retirada "inmediata" de la reforma de la LOMCE y la dimisión de Wert


Izquierda Unida ha exigido la retirada "inmediata" del anteproyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOMCE) al tiempo que ha reclamado la dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.

 IU reacciona así tras conocer el contenido del dictamen elaborado por el Consejo de Estado. Así, esta formación entiende que el informe supone una "rectificación en toda regla" al proyecto de Wert, que "se ha gestado al margen y en contra de la comunidad educativa".

 El coordinador del área federal de Educación, Enrique Díez, ha resaltado que, tras el informe, "ahora más que nunca se ve la oportunidad y la necesidad de la huelga" de la enseñanza pública convocada para el próximo día 9 de mayo.

 "Resulta especialmente grave que el dictamen del Consejo de Estado sobre la 'ley Wert' destaque la insuficiencia de la valoración económica que entrañará su aprobación", ha afirmado. Para el coordinador, entre las consideraciones que "deberían causar mayor sonrojo" al propio Wert está "el reproche explícito que hace el Consejo a la falta de una asignatura con contenido de formación integral para la adquisición de competencias cívicas y sociales".

 Además, también alude a la alternativa planteada a la asignatura de religión. "Al margen de la posible inconstitucionalidad de la solución propuesta, IU entiende que la única solución acorde con nuestro Estado aconfesional pasa por eliminar el adoctrinamiento religioso del sistema educativo", ha afirmado Díez.

El Dictamen del Consejo de Estado sobre la LOMCE critica la reforma que pretende aprobar el PP

Pío nos envía este correo:

Antes de ayer en el debate sobre la LOMCE los intervinientes pusieron énfasis en que hasta el Informe del Consejo de Estado en el que hay personas tan relevantes de pensamiento conservador PP como Romay Becaría, Landelino Lavilla o Herrero de Miñón descalifica el proyecto de la LOMCE, en el que, entre otras aspectos, critica que "elimina la preferencia actualmente atribuida a las candidaturas de profesores del centro" (página 158), y critica la limitación de participación de la comunidad educativa (página149), o la limitación de la autonomía que supondrá atribuir las competencias de gestión a la figura del director (página 150), critica las evaluaciones externas (el proyecto no explica si las haremos los profesores o empresas privadas), etc. etc. 

Creo que este informe, elaborado por una mayoría conservadora, nos refuerza en la idea de rechazar la LOMCE porque acaba con la compensación de desigualdades de origen social y apuesta por una escuela para los que tienen talento, dado la espalda a los demás.

Saludos

PUEDES DESCARGAR EL DICTAMEN COMPLETO AQUÍ

Los sindicatos estudian impugnar la Ley Wert

cadenaser.com: Los sindicatos de profesores estudian impugnar la reforma educativa
Los cinco sindicatos de la enseñanza advierten de un posible fraude de ley si el ministro no debate una reforma que afecta a las condiciones laborales de los profesores. Las centrales han pedido al Consejo de Estado, que debe pronunciarse sobre el anteproyecto, que devuelva el texto al ministerio de Educación por incompleto


El escrito ante el Consejo de Estado está firmado por las cinco centrales de la enseñanza: CCOO, UGT, ANPE, CSIF y STES. Todos ellos advierten de un posible fraude de ley si el ministro Wert no debate una reforma que afecta a las condiciones laborales de los profesores. Las centrales han pedido al Consejo de Estado, que debe pronunciarse sobre el anteproyecto, que devuelva el texto al ministerio de Educación por incompleto

Aseguran que nunca se había tramitado una ley educativa sin debatirla con los profesores, máxime teniendo en cuenta que la reforma incluye cambios en las asignaturas y temarios, modificación de horarios y plantillas, competencias de los directores de los centros y también novedades en las modalidades de contratación. Todo eso debería haberse abordado en la Mesa Sectorial de la Educación, que el ministerio se ha negado a convocar, en un ninguneo a los profesores que los sindicatos vinculan con una campaña de desprestigio a los docentes.

"Se está demonizando a los profesores para ocultar los recortes educativos"

"Tenemos la clara sensación de que para justificar unos recortes en educación que son injustificables, se está demonizando a los profesores. Primero se nos acusó de ser unos privilegiados, con muchas vacaciones y poco trabajo. Después se llamó vagos a los profesores, insinuando que no trabajaban lo suficiente y, por último, y lo más grave, basándose en una prueba sin ningún rigor, se ha intentado presentar a los docentes como incompetentes o ignorantes. Eso es tremendamente injusto y hace un daño demoledor a la función pública, porque desmotiva y desmoraliza", asegura Nicolás Fernández, presidente del sindicato Anpe.

Una idea que comparten desde CCOO. Su secretario general, Francisco García, denuncia la nula voluntad de diálogo del ministro Wert con la comunidad educativa en general y con los docentes en particular. "Nuestros servicios jurídicos ya están estudiando esa eventualidad, y entendemos que ante las repercusiones laborales que tiene la reforma educativa, el hecho de que no se haya convocado la preceptiva Mesa Sectorial de Educación podría constituir un fraude de ley que podría dar lugar a las iniciativas de tipo jurídico que se consideren pertinentes en un futuro".

AUDIOS:
Nicolás Fernández, ANPE: "Para justificar unos recortes injustificables se está demonizando a los profesores"
Francisco García, CCOO: "No convocar la mesa sectorial de Educación podría constituir un fraude de ley porque se alteran las condiciones laborales de los profesores"

Alegaciones de CEAPA ante el Consejo de Estado con motivo de la LOMCE

La FAPA Francisco Giner de los Ríos nos ha enviado este correo:

Estimados/as amigos/as:

Os remitimos enlace a las alegaciones de CEAPA en trámite de audiencia ante el Consejo de Estado con motivo de la LOMCE.

www.fapa.es/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=746&tid=3

Recibid un cordial saludo.

FAPA Francisco Giner de los Ríos

"La ley Wert podría retrasarse hasta la siguiente legislatura"

La memoria económica señala que hasta el ejercicio 2016 no habrá repercusión en los presupuestos del ministerio para cumplir con el plan de ajuste fiscal

MAR RUIZ

La reforma Wert se retrasa y se encarece. La memoria económica de la futura ley, a la que ha tenido acceso la Cadena Ser, señala que hasta 2016 no habrá dinero en los presupuestos del Ministerio para financiar la implantación de la reforma, a fin de cumplir con el programa de consolidación fiscal. Educación admite por primera vez que la ley podría llegar a las aulas en el curso 2015-16 y no en el 2014-2015 como había mantenido hasta la fecha. La reforma costará cinco veces más que el primer borrador diseñado por el departamento del ministro Wert

La financiación se perfila como el siguiente motivo de controversia e incertidumbre para la futura tramitación de la reforma educativa del ministro Wert. Y es que con Europa mirando con lupa las cuentas de España, el ajuste fiscal puede comprometer el calendario de aplicación de la reforma. Hoy el ministerio ha admitido, por primera vez, que la implantación de la ley podría retrasarse hasta el curso 2015-2016, lo que, en caso de agotarse la legislatura, coincidiría prácticamente con las elecciones generales.

La memoria económica señala textualmente que "la implantación de la reforma garantiza el respeto del programa de consolidación fiscal del Gobierno de España para los ejercicios 2013-2014, el inicio de la incidencia sobre los presupuestos del Ministerio de Educación no se producirá hasta el ejercicio 2016". El texto deja claro además que "la financiación de estos gastos estará supeditada a las disponibilidades presupuestarias que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorice y serán compensadas, en su caso, con bajas en otros programas del departamento".

Según el ministerio, las comunidades podrían tener que pagar entre 50 y 927 millones de euros

La memoria diferencia entre costes directos e indirectos a la hora de financiar la reforma cuyo coste se ha multiplicado por cinco con respecto al primer borrador elaborado por el Ministerio. Los costes directos, derivados de la puesta en marcha de los cambios normativos, serían asumidos por el ministerio de Educación durante los primeros tres años de aplicación de la ley. El coste el primer año sería de 23 millones de euros, 130 millones el segundo año y 255 millones en el tercero.

En total 408 millones de euros que, según la Secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, "correrían a cargo del ministerio en exclusiva". A partir del cuarto año, la intención del ministerio es que sean las comunidades autónomas las que asuman los gastos de lo que califica como "costes indirectos". Según Gomendio, esos costes son los derivados del éxito que tenga la reforma. "Si conseguimos reducir la tasa de abandono escolar, es evidente, que al escolarizar a más alumnos en las aulas habrá más coste, y si además, logramos con los nuevos itinerarios derivar más alumnos a la FP, que son unos estudios más costosos por su dimensión práctica, pues también se encarecerá la aplicación de la reforma". Sin embargo, el ministerio admite que no tiene un cálculo exacto de a cuánto pueden ascender esos costes indirectos. A falta de una cifra concreta, la estimación ministerial se basa en tres escenarios diferentes, con una horquilla abismal de posibles impactos económicos: 50 millones, 334 millones de euros y 927 millones de euros, según se consiga reducir más o menos el abandono escolar e incrementar los alumnos en la FP.

Como las tasas de abandono escolar varían según las comunidades autónomas la reforma implicará un mayor coste para aquellas que partan con unos peores niveles de éxito académico.

El próximo 7 de febrero ministerio y comunidades autónomas se reunirán en la Conferencia Sectorial de Educación para debatir la futura viabilidad financiera de la reforma. . La cita fue exigida por las autonomías, incluidas las del PP, sumamente preocupadas por los costes de implantar una nueva ley en un momento de asfixia económica y cuando la mayor parte de ellas están aplicando importantes recortes en materia educativa impuestos en gran medida por el decreto de ajustes del Gobierno.

Sin comprometer fechas concretas, el ministerio mantiene su intención de llevar la reforma al Congreso antes del verano, una vez cumplidos los trámites de consulta al Consejo Escolar del Estado, Consejo de Estado y aprobación en Consejo de Ministros. Educación señala que "no hay manera de saber cuánto puede durar el trámite parlamentario" pero indica que en ningún caso la ley podría estar aprobada en el Congreso antes de otoño. Otra cosa será su implantación real en las aulas. Algo que, según hemos sabido hoy, podría coincidir con la llegada de un nuevo gobierno.

Publicado en cadenaser.com

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