Si quieres enviar convocatorias, propuestas concretas o noticias, pedir información, contarnos qué has hecho en tu centro..., escríbenos a accionesmareaverde@gmail.com
Veinte años después, España va a reformar la Universidad. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera lectura el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con lo que el Gobierno da el primer paso para aprobar esta ley, que aún debe pasar un largo trámite.
El texto presentado por el ministro Manuel Castells incluye medidas nuevas y otras ya aprobadas a lo largo de la legislatura en distintos reales decretos. La ley tiene cuatro objetivos, según ha desgranado el responsable de Universidades en rueda de prensa tras el Consejo y se lee en las primeras páginas del borrador: "impulsar una Universidad de calidad, accesible, equitativa e internacionalizada"; "promover una Universidad productora de conocimiento, que esté al servicio de la sociedad y contribuya al desarrollo económico sostenible"; "garantizar que los recursos humanos y financieros del sistema universitario son adecuados y suficientes"; y "asegurar una Universidad autónoma, democrática y participativa, que constituya un espacio de libertad, de debate cultural y de desarrollo personal".
Más concretamente, la futura LOSU pretende –modificaciones en el Parlamento mediante– acabar o al menos paliar la precariedad docente que asola a la Universidad, establece medidas de discriminación positiva para favorecer el acceso de las mujeres a las plazas (también de los hombres, si están en minoría en un departamento concreto), se busca aumentar la calidad docente, mejorar la financiación de los centros de manera estable o modificar los requisitos para ser rector, entre otras medidas.
"Las universidades se rigen por una ley orgánica de hace 20 años, siendo que ha habido grandes cambios en el mundo y además dos grandes crisis económicas que han golpeado a las universidades públicas", ha justificado Castells la necesidad de esta norma. Y, poniéndose quizá la venda antes de la herida, ha añadido que la ley "respeta escrupulosamente las competencias autonómicas y la autonomía de las universidades".
Precariedad laboral
No es el primer objetivo de la ley –si es que los cuatro objetivos tienen un orden de prioridad–, pero probablemente esté entre los más urgentes. El ministro Castells es consciente de la precariedad que campa por muchos campus en los últimos años. Fue el primer titular que dio cuando tomó posesión del cargo y lo reitera habitualmente. "Las limitaciones presupuestarias y las tasas de reposición (...) han provocado situaciones de precarización, un excesivo envejecimiento de las plantillas y otras disfunciones que, en conjunto, han aumentado las desigualdades sociales y han puesto en riesgo la sostenibilidad, el acceso igualitario y la calidad del sistema universitario", admite la nota de prensa que ha enviado el ministerio este martes.
Para corregir esta situación, la nueva LOSU reduce del actual 40% al 20% el máximo de contratos temporales que puede tener una universidad a la vez que aumenta del 51% al 55% el porcentaje de funcionarios. Para los asociados con el título de doctor y cinco años de relación con su universidad se reservará el 15% de las plazas convocadas. Los que no tengan la tesis leída podrán acceder a unos contratos de Profesor Contratado No Doctor.
El texto trata de poner coto a los conocidos como "falsos asociados" (esos profesores que no tienen otra actividad profesional, como en teoría exige la ley) exigiendo que puedan acreditar tener otro trabajo y poniendo un límite a su práctica docente en el caso de que lo pierdan. Se trata de esta manera de evitar que haya personas que tengan la docencia con un contrato de profesor asociado como forma principal de vida, algo para lo que estos contratos no están pensados y que sucede habitualmente ahora. Profesor distinguido, una nueva figura
La LOSU crea una nueva figura universitaria, la del Profesor Distinguido. Por esta figura, las universidades podrán "contratar bajo esta modalidad a docentes e investigadoras e investigadores, tanto españoles como extranjeros, que estén desarrollando su carrera académica o investigadora en el extranjero, y cuya excelencia científica, tecnológica, humanística o artística sea reconocida internacionalmente".
Este tipo de contrato que suena similar al del profesor visitante, otro coladero de docentes durante las crisis por tener un carácter discrecional. Para estos, la nueva ley se limita a estipular que puedan "contribuir significativamente al desempeño del departamento o facultad", y pone un año como duración máxima de sus contratos (ahora son dos). Los Distinguidos podrán estar entre uno y tres (excepcionalmente cuatro).
Además, el ministerio crea unas figuras laborales equivalentes al profesor ayudante doctor, titular y catedrático, a las que se accederá por concurso público. La endogamia
Además, el borrador pretende combatir la endogamia imperante en los campus (más del 70% del profesorado trabaja en la misma universidad en la que leyó la tesis) cambiando las comisiones de selecciones que otorgan las plazas que salen a concurso: se invertirán las mayorías para que haya más personal ajeno a la universidad, que será elegido por sorteo a partir de una bolsa.
Para reforzar esta lucha contra la endogamia, el anteproyecto también contempla que cada convocatoria de plazas que realicen las universidades "deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, en el diario oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente, así como en una base de datos pública de concursos de personal docente e investigador del Ministerio de Universidades" para que todas las personas interesadas puedan presentarse a esa plaza. Actualmente se dan casos en los que no se publicita una plaza más allá del tablón de anuncios de la Facultad en cuestión para evitar que se presente mucha gente.
Una financiación mínima
Uno de los aspectos clave de la ley. Las dos crisis económicas que ha pasado España (y el mundo) en lo que va de siglo ha dejado a la Universidad temblando. La propia ley recoge algunos datos al respecto: entre 2009 y 2018, el gasto en educación universitaria se redujo un 10%, el doble que el gasto general educativo y tres veces más que el gasto en educación no universitaria. La media de la inversión en educación universitaria osciló en dicho período entre un 0,8% y un 0,9% del PIB, pese a que determinadas comunidades autónomas tuvieron una inversión mayor.
El ministerio fija ahora en la ley que el gasto público para la financiación del sistema universitario debe ser como mínimo del 1% del PIB en los próximos diez años, dentro del compromiso global del Gobierno de que el gasto educativo total alcance el 5%. Ambas cifras sufren en la comparación con el entorno: la media europea en educación universitaria está en el 1,22% del PIB y aunque la general está hoy en el 4,7%, los países nórdicos, referentes educativos europeos, rozan el 7%.
Además, el texto da respuesta, en principio, a una de las reivindicaciones de los rectores: una financiación a medio plazo que no dependa de los vaivenes políticos o financieros. "Se establece la programación plurianual de sus presupuestos mediante un modelo que debe incluir tres ejes: la financiación estructural, que garantice recursos suficientes para los gastos corrientes; la financiación por objetivos, en función del cumplimiento de determinados hitos de carácter estratégico; y la financiación por necesidades singulares, que cubra gastos en los que incurren algunas universidades por sus características específicas, como la insularidad, la dispersión territorial y su presencia en el medio rural", describe el texto. Acción positiva para la mujer
Uno de los aspectos en los que más ha insistido Castells durante la rueda de prensa y que aparece a lo largo de todo el texto: "La construcción de una Universidad equitativa impregna el contenido de toda la Ley, en particular, en lo referido al principio de no discriminación por cualquier circunstancia y a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres".
Fuente: Ministerio de Educación
En concreto, la ley recuerda que las universidades deben tener unidades de igualdad y planes de igualdad de género en política universitaria y en recursos humanos, así como un protocolo contra el acoso sexual (algunas de estas medidas ya eran obligatorias). También se establece la creación de un registro retributivo de todo el personal para "identificar y combatir la brecha salarial".
Más adelante, el artículo 52 establece que "se podrá establecer medidas de acción positiva en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y contratado para favorecer el acceso de las mujeres", aunque en el siguiente punto del mismo artículo abre el arco y explica que "se podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate". La ley solo menciona específicamente a las mujeres, pero abre la puerta a un tratamiento positivo para hombres según las circunstancias.
El texto también estipula que "en el ámbito de la investigación, se impulsará la reducción de las diferencias de género en las vocaciones científicas y se promoverán proyectos científicos con perspectiva de género, así como la paridad en los equipos de investigación y el aumento de mujeres como investigadoras principales". A este respecto, la ANECA, la agencia evaluadora de la calidad del sistema, realizó hace unos meses un proyecto piloto sobre sexenios de transferencia que confirmó la brecha de género que existe en este campo.
En este mismo sentido, con la nueva LOSE "se asegura la composición equilibrada entre mujeres y hombres de las comisiones de evaluación o selección".
Fomentar la calidad docente
"Es una contradicción de que paguen por enseñar pero promocionen por investigar", ha observado Castells durante la rueda de prensa, en alusión a que en teoría la principal ocupación del personal docente investigador (PDI) es dar clase, pero obtiene mejoras en su estatus laboral investigando a través de los sexenios investigadores. En la docencia solo se tiene en cuenta la acumulación de años a través de los quinquenios, que se traducen en pequeños pluses económicos, pero nada más.
La LOSU –esto ya lo había adelantado hace meses el ministro– quiere reforzar el perfil docente de muchos trabajadores universitarios, para lo que incluye la creación de un sexenio docente, e incluye la evaluación de los méritos docentes, además de los investigadores, a la hora de otorgar las acreditaciones imprescindibles para ejercer. Para la regulación de estas acreditaciones el borrador se remite a un futuro real decreto aún inexistente. Los estudios
El Ministerio ha destacado que la tasa de abandono de los estudiantes es "elevada", alcanzando el 21%. Además, ha señalado Castells, solo uno de cada tres universitarios (36%) finaliza sus estudios en el tiempo teóricamente asignado a sus programas. Para mejorar estos datos, y la empleabilidad de los estudiantes, el anteproyecto de LOSU consolida la estructura de grado-máster-doctorado y regula la posibilidad de que las dos primeras etapas puedan incluir una mención dual (que el proyecto formativo se complemente en otra entidad, sea una empresa o una organización social, entre otras) o que se puedan ofrecer grados "con itinerario abierto" para cursar asignaturas de otros títulos oficiales del mismo ámbito de conocimiento, según establece el artículo 10.
También, como parte de la estrategia de internacionalización de las universidades, se anima a los centros a "la creación de títulos y programas conjuntos [con universidades extranjeras y a] la elaboración de títulos y programas conjuntos que incorporen el uso de idiomas extranjeros". Los profesores titulares podrán ser rectores
Una de las principales novedades de la reforma, tenga más o menos efecto real: la nueva LOSU eliminará el actual requisito de ser catedrático para llegar al rectorado de una universidad. Castells cambia el rango por méritos, según él mismo ha explicado. Si la norma se aprueba sin cambios en este apartado, para ser rector será necesario ser funcionario y sumar tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y "cuatro años de experiencia de gestión universitaria en un cargo unipersonal". Los mandatos durarán seis años improrrogables, lo cual también es nuevo.
Además, se establecen dos sistemas de elección a rector entre los que tendrá que elegir el claustro de cada centro. El primero es el actual, elecciones mediante. El segundo, nuevo, "en el caso de que así lo recojan los estatutos de la universidad, esta podrá contar con un órgano específico de elección del Rector o Rectora", según se lee en el documento. El artículo 28 del texto elabora después que este órgano tendrá un 50% de PDI, 10% de estudiantado, 10% de personal técnico o de gestión y administración de servicios y un 30% de "personas externas a la universidad de reconocido prestigio académico, cultural, social, empresarial o institucional locales, nacionales o internacionales".
El proceso de selección se parece a uno laboral. "El procedimiento de elección implicará un concurso abierto en el que se valorará el currículum, incluidos méritos académicos, de investigación, de gestión y profesionales, y el proyecto institucional de universidad que presenten los candidatos o candidatas, además de la realización de las correspondientes entrevistas", especifica el texto. Harán falta la mitad más uno de los votos en primera votación o mayoría simple entre dos candidatos en segunda. La investigación
Que las universidades investiguen es una de las obsesiones del ministro, que a menudo repite que "sin investigación no hay universidad". Para ello, asienta en la LOSU lo que ya introdujo en su real decreto de creación de centros, y cada universidad deberá dedicar a la I+D+i al menos el 5% de su presupuesto. También obligará al profesorado a realizar la triple función que se le supone: docencia, investigación y transferencia de conocimiento. Esto se logrará estableciendo horquillas mínimas y máximas del régimen de dedicación docente del profesorado.
Ahondando en este concepto, el artículo 58 del texto establece que en las convocatorias de plazas "las universidades reservarán, en cómputo anual, un mínimo del 15% del total de plazas que oferten para los cuerpos docentes de Universidad y el profesorado contratado permanente, para la incorporación de personal investigador doctor que haya finalizado programas de excelencia, autonómicos, nacionales e internacionales, y que hayan obtenido el certificado I3".
El ministro de Universidades, Manuel Castells, durante una rueda de prensa ha querido lanzar un mensaje claro a las universidades ante las imágenes aparecidas en los últimos días con aglomeraciones de alumnos y alumnas durante la celebración de los exámenes cuatrimestrales: deben escuchar a su estudiantado e investigar si se han producido situaciones contrarias a la seguridad sanitaria.
Durante los últimos días ha sido relativamente fácil encontrarse en redes sociales y medios de comunicación imágenes de decena de chicas y chicos en lo que sin duda parecen situaciones que contravienen las medidas de seguridad y distancia social impuestas por la pandemia de Covid-19. Situaciones que no han tenido nada que ver con imprudencias por parte de estos jóvenes, sino ante la imposición de algunas facultades de realizar exámenes de manera presencial.
Las críticas por parte de las asociaciones y sindicatos de estudiantes no se hicieron esperar y, sin más, se levantó una nube de polvo en la que ha habido palabras cruzadas por parte de la CRUE, el Ministerio de Universidades y algunas consejerías autonómicas.
Aunque Castells no ha querido entrar en polémicas, según sus palabras, en la rueda de prensa de presentación de ayudas para la movilidad y la cualificación del profesorado universitario, ha querido salir al paso de esta situación.
Recogiendo el sentir de estudiantado y familias ha pedido que sean las universidades las que escuchen a sus estudiantes y realicen investigaciones, si lo consideran pertinente, para aclarar las situaciones vividas en los últimos días en varias universidades públicas.
Frente a las imágenes que han ido apareciendo, en la tarde de ayer la Conferencia de Rectores (CRUE) lanzó un comunicado en el que aseguraba que las universidades son espacios seguros. «Los datos disponibles y objetivos muestran una incidencia significativamente por debajo del resto de la población. Y eso debe estar por encima de cualquier opinión interesada o imagen puntual».
Al mismo tiempo, la CRUE asegura que la «presencialidad es el sello de identidad de la gran mayoría de nuestro sistema universitario, no una cuestión anecdótica o un capricho de los rectores y rectoras». Ante la reclamación por parte de diferentes colectivos de la posibilidad de elaborar exámenes online, la Conferencia de Rectores afirma «debe ser el último recurso» y que «conlleva la implementación de unas medidas extraordinarias y con complejas derivadas legales y técnicas en el ámbito de la protección de datos y la identificación de quienes se examinan. Pero aprovechándose de estas dificultades y de las lagunas normativas que existen, se han producido intentos de fraude».
En este sentido el ministro ha recordado que en el mes de junio, con unos datos de pandemia no tan altos como los de ahora, pudieron hacerse los exámenes online. «Se pueden hacer con condiciones de seguridad como en junio pasado», aunque ha admitido que quedan cuestiones que resolver en cuanto a la seguridad y la privacidad de los datos personales del alumnado cuanto se realizan estas tareas de manera telemática.
Frente a estas cuestiones, Castells ha sido tajante: «No se puede ser indiferentes a un clamor ante la agravación de la pandemia. No se puede mantener lo que estaba previsto en la situación de extrema gravedad en la que estamos ahora».
La decisión sobre cómo se realizan los exámenes, así como las clases habituales, queda dentro de la autonomía universitaria, recogida, ha recordado el ministro, en la Constitución Española, aunque la última responsabilidad es de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas que pueden decidir imponer la no presencialidad en estas instituciones.
En cualquier caso, Castells ha asegura que «he hecho llamamiento de responsabilidad a los decanos y a los rectores de las univrsdidades a que escuche a los estudiantes» ya que no cree que «se inventen las imágenes que están enviando».
En la otra punta del espectro están la agrupaciones de estudiantes que esta misma mañana lanzaban un comunicado para expresar su malestar. CREUNE y CREUP agrupan a la mayor parte del estudiantado. En su documento aseguran defender la mayor presencialidad posible, «pero no a cualquier precio». Aseguran que después de pasar meses y meses en sistemas híbridos o no presenciales «se ha podido prever esta situación y trabajar para minimizar sus efectos en el plano académico».
Además de esto lanzan acusaciones más o menos veladas contra la CRUE por anclarse en modelos de enseñanza que ahora mismo no están siendo eficaces, y aseguran que las acusaciones de fraude o copia hacia el alumnado esconden «el debate real sobre la falta de renovación de los métodos de evaluación; mientras se divide a los estudiantes en honestos o deshonestos«.
Una situación trampa en la que, después de casi un año de pandemia y con la experiencia de los exámenes del mes de junio, además del aumento de la inversión en los últimos meses, podría haberse intentado solventar de otra manera.
Según el ministro Castells, la nueva ministra de Sanidad tendrá una reunión en la Intersectorial en la que planteará este asunto a las comunidades autónomas, mientras que él ha enviado la convocatoria para la reunión de la Conferencia de Política Universitaria para también tratarlo.
Sendas reuniones que, tal vez, podrían haberse celebrado hace semanas para intentar evitar las situaciones que se han vivido en las dos últimas semanas.
El Gobierno ha endurecido los requisitos para crear nuevas universidades ante la eclosión de peticiones de nuevos centros cuyos proyectos tenían una calidad dudosa. El Ministerio de Universidades está recibiendo en los últimos tiempos varias iniciativas para montar universidades privadas de educación online, con proyectos basados sobre todo en la docencia de títulos propios y formación continua, pero sin controles de calidad externos, a tenor de la actual normativa. Para ordenar el sistema y permitir un crecimiento ordenado del sector, Universidades decidió elevar la exigencia de calidad y la obligación de que los centros realicen más docencia básica (entendida como los grados oficiales, sujetos al control de calidad de las agencias oficiales). Para ello van a actualizar la normativa, según han explicado fuentes de la cartera que dirige Manuel Castells.
El nuevo Real Decreto de creación de centros universitarios establece que, para poder llamarse Universidad, un centro, sea público o privado, debe tener una oferta académica amplia (al menos diez grados, seis másteres y tres programas de doctorado de tres áreas de conocimiento diferentes), al menos la mitad de sus estudiantes oficiales deben estar cursando un grado (frente a los másteres y posgrados) y se tiene que dedicar un 5% del presupuesto a la investigación, entre otras medidas. El ministerio ha enviado a las comunidades autónomas el texto para su valoración.
Preocupa en el departamento de Castells el crecimiento de universidades centradas en la docencia, y especialmente las exclusivamente online. Más concretamente, Universidades mira a los centros que han apostado por impartir másteres, una etapa formativa posterior a los grados pensada para la especialización laboral y que son sensiblemente más caros que los grados: el precio de estudiar un máster cuesta de media 31,06 euros por crédito en el caso de los no habilitantes (estos son obligatorios para ejercer en determinadas carreras, como la abogacía o la docencia de Secundaria y por tanto más baratos), lo que es un 82% más caro que el precio del crédito de un grado (17,03 euros). El ministerio quiere que las universidades que quieran ser llamadas así no se centren tan específicamente en esta formación, más rentable para los centros.
En conjunto, el sector universitario privado ha crecido con fuerza en los últimos años. Y al menos 13 de las 37 universidades privadas existentes, más de un tercio, incumplen alguno de los parámetros de docencia, según un análisis realizado por este diario de la oferta y los estudiantes de los centros privados. Estas universidades tendrán cinco años a partir de la entrada en vigor del texto para alcanzar los mínimos que exige Universidades. Si no llegan, explican las fuentes, perderán su condición de Universidad y tendrán que llamarse de otra manera (centro de estudios, por ejemplo).
Los cambios afectarán sobre todo a las universidades privadas más pequeñas, especializadas en la formación en determinadas áreas concretas y que dedican pocos o ningún recurso a investigar, como puede suceder con la CUNEF de Madrid, un (todavía) centro adscrito a la Complutense de Madrid, entre las últimas en obtener la licencia para operar como Universidad aunque todavía no ejerza. Todos los grados, dobles grados y másteres que ofrece este centro pertenecen a la rama de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Este centro tendrá que ampliar su oferta si quiere llamarse Universidad. Otras tendrán que modificar la relación de estudiantes de grado y másteres para tener más alumnos en las carreras.
El Ministerio no tiene nada contra estos centros, pero no quiere que se llamen Universidades porque consideran que una universidad es algo más. En el texto del Real Decreto, el Gobierno define las "funciones fundamentales que las universidades desempeñan en las sociedades contemporáneas", que enumera: "la formación de futuros profesionales; la investigación; la transferencia de conocimiento; la formación de ciudadanas y de ciudadanos; el fomento de la innovación; la contribución al desarrollo social, cultural, económico y territorial; y la generación de pensamiento crítico". A partir de aquí, sostiene Universidades, es necesario garantizar "unos niveles adecuados [de calidad] especialmente en docencia y en investigación (...). No se puede concebir, en el seno del sistema universitario español, una universidad que no desarrolle plenamente sus actividades de docencia y de investigación", concluye.
José Manuel Pingarrón, secretario de Estado de Universidades, lo explica así: "Para que una universidad merezca el nombre de tal necesita tener actividad en las funciones fundamentales de una institución de educación superior. Esto tiene que ver con la impartición de las enseñanzas, en un número suficientemente gran para cubrir varias de las grandes ramas de conocimiento, y con la segunda función primordial de la universidad, que es la investigación. El borrador de real decreto clarifica la situación, concreta y establece claramente los criterios mínimos que una institución debe tener en docencia e investigación para tener el nombre de universidad". La eclosión de másteres
En los últimos años, la eclosión de los másteres universitarios es evidente. El espacio europeo común de educación superior (el plan Bolonia) trajo consigo, entre otros efectos, una mayor importancia de los estudios de posgrado al reducir la duración de muchos grados de cinco a cuatro años. Los centros privados vieron venir este giro y centraron parte de su esfuerzo en ofrecer posgrados. Y lo lograron, acaparando cada vez más estudiantes de máster en detrimento de las universidades públicas.
Los datos muestran cómo estos estudios de especialización se han disparado desde entonces y el creciente peso del sector privado en esta etapa. España reguló el plan Bolonia en 2007. El curso siguiente había en el sistema universitario un total de 50.421 estudiantes de máster, de ellos un 84,7% en la pública (42.753 personas) y 15,3% en la privada (7.668), según datos del Ministerio de Universidades. Hoy, pasada una década larga de la aprobación de Bolonia, el número de estudiantes de máster se ha multiplicado casi por cinco hasta alcanzar los 234.214 estudiantes. Pero la relación entre la pública y la privada ha cambiado: la Universidad pública ahora cuenta con un 59% de los alumnos de máster (138.414) y la privada un 41% (95.800).
Hay más. En el ministerio preocupa el aumento de las peticiones de creación de universidades privadas a distancia porque, explican, está recibiendo muchos proyectos y algunos de escasa calidad. Este tipo de formación también se ha disparado en los últimos años. Mirando de nuevo específicamente los másteres, la etapa que más inquieta en Universidades, se observa cómo los centros de titularidad particular acaparan estos estudios. También las tornas han cambiado en este apartado. Los 3.213 estudiantes que cursaban un máster a distancia en el curso 2008–2009 se repartían a partes iguales entre centros públicos (1.727 estudiantes, un 53,7%) y privados (1.486, el 46,3%). Hoy la balanza está claramente desnivelada hacia lo privado. De los 63.789 estudiantes que cursaron el pasado año un máster a distancia, el 15,3% lo hizo en una universidad pública frente al 84,7% en una privada.
El Real Decreto que ultima el ministerio también fija unos mínimos que deben cumplir las universidades online (hasta ahora la normativa se componía de dos vagos párrafos que no concretaban medida alguna) para ejercer. Dice el texto legal: "Las universidades de nueva creación o reconocimiento cuya oferta docente vaya a ser fundamentalmente impartida en modalidad virtual o no presencial deberán para cada título oficial especificar: si se articulará docentemente de forma sincrónica o asincrónica, o conjugando las dos modalidades; qué plataforma tecnológica será utilizada como campus virtual docente y sus principales características técnicas y funcionales; qué tipo de equipamientos e instalaciones tecnológicas se dispondrán para el funcionamiento de la actividad formativa; qué equipamientos informáticos deberá disponer el estudiantado para el desarrollo adecuado de su actividad; los sistemas de evaluación generales del aprendizaje y progreso del estudiantado; los sistemas de prácticas académicas externas y si serán no presenciales o presenciales; y qué programación se desplegará desde el inicio y en los años sucesivos de formación del profesorado en habilidades técnicas y metodologías docentes no presenciales".
Este es el panorama que se van a encontrar todos los centros cuando se apruebe el Real Decreto, actualmente en fase de borrador y de consulta pública para que las partes interesadas realicen las aportaciones que consideren oportunas. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que engloba tanto centros públicos como privados, ve "acertado y necesario" que "se introduzcan criterios calidad académica aceptados a nivel internacional" para crear universidades, según su presidente y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos.
Artículo publicado en cuartopoder.es el 29 de julio de 2020
"Lo que hace Castells es rescatar el proyecto del PP, cuyo borrador de modificación de la Ley Orgánica de Universidades ya criticara Pablo Iglesias férreamente en 2013"
"Actualmente, las figuras docentes universitarias laborales las pagan las Comunidades Autónomas, no el Estado. ¿Se ha hablado con ellas para diseñar este nuevo Estatuto?"
"Esa revolución morada vivida años atrás en las Universidades públicas españolas, en la cual emanó la masa crítica de Podemos, se ha quedado en una revolución retórica"
David Moscoso, Profesor Titular del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, ex-parlamentario andaluz y ex-coordinador del Grupo Parlamentario de Podemos en Andalucía
Como es sabido, tras el 15 M se gestó Podemos y fue justo en las Universidades donde emergieron buena parte de sus miembros, cargos orgánicos, votantes y representantes públicos. En aquel momento, muchas de las denuncias que se espetaban desde la Universidad eran contra los recortes generalizados del gasto y la externalización masiva de servicios públicos, traduciéndose ello en la precarización de las condiciones laborales en los campus universitarios, especialmente entre quienes no formaban parte del cuerpo de funcionarios, tanto en el sector servicios como entre el personal docente e investigador.
De ahí que el anuncio del Ministro de Universidades Manuel Castells de un nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) haya sorprendido a esa masa crítica que impulsó Podemos, por las razones que a continuación se aluden, generando la indignación de las plantillas universitarias y los rectorados por varias razones. En primer lugar, lo que hace Castells es rescatar el proyecto del Partido Popular liderado entonces por el ministro José Ignacio Wert, cuyo borrador de modificación de la Ley Orgánica de Universidades —conocido como “Informe de Sabios”— ya criticara Pablo Iglesias férreamente en 2013, y que supuso la movilización al pleno del alumnado y profesorado universitario de nuestro país. En efecto, el modelo del Partido Popular de Wert que ahora desea rescatar el Ministerio Castells es un modelo propio de la derecha catalana, puesto en marcha a través del CDC a principios de los noventa por iniciativa de Jordi Pujol, cuya mayor plasmación fue la Universidad Oberta de Cataluña. Un modelo característico de las Universidades privadas americanas, en donde la presión sobre el profesorado merma las garantías de sus derechos laborales, pues no es lo mismo ser indefinido que funcionario en términos de seguridad jurídica, administrativa y económica. De ahí que sorprenda el proceso de laboralización que plantea el ministro de Unidas Podemos en lugar de la funcionarización propuesta en un anterior documento por el ministro Pedro Duque. En ese sentido, este es un modelo que se puede esperar de un partido de derechas, pero no de Unidas Podemos.
En segundo lugar, partiendo de la premisa de que la Ley de Universidades necesita una profunda modificación y, en consecuencia, su Estatuto de Personal Docente e Investigador, la mejor forma de hacerlo sería la de un modelo de acceso a los cuerpos laborales y funcionariales docentes consecuente con la realidad. Cierto es que las figuras de Personal Sustituto Interino y Profesor Asociado alcanzan cifras inadmisibles —en torno al 35% de las plantillas universitarias— y que estas figuras están precarizadas y se utilizan como vía anómala de acceso a la Universidad. Pero también es cierto que son justamente el reflejo de años de políticas equívocas de Gobiernos precedentes, que no daban opciones diferentes a las Universidades públicas españolas para la oferta de empleo público con la que garantizar la carga docente de los departamentos. De haber satisfecho esa oferta de empleo necesaria a través de las figuras contractuales contempladas actualmente en el Estatuto que propician un mejor acceso (ayudante, ayudante doctor, colaborador y contratado doctor), la figura de asociado se hubiera circunscrito a lo que debiera ser, es decir, la presencia de expertos profesionales en determinados ámbitos del conocimiento que contribuyen con ello a la docencia universitaria. Pero la perversión ha venido de la mano de la propia administración del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, que han visto en esas figuras las más factibles y baratas para garantizar la enseñanza universitaria, habiéndose producido un aumento exponencial desde la aprobación del decreto de sostenibilidad de los servicios públicos del PP en el año 2012, que limitó la tasa de reposición de empleo público, al tiempo que plantillas de profesorado funcionario iban causando baja por jubilación. En este sentido, hubiera sido más razonable por parte del Ministro Castells sentarse con el titular de Hacienda y Administraciones Públicas y con sus homólogos de las Comunidades Autónomas, para llegar a un acuerdo con el que cambiar las reglas de gasto en cuanto a la contratación de nuevo personal docente e investigador en número suficiente y con la financiación necesaria, en lugar de plantear un cambio tan drástico como inviable del sistema de acceso y contratación de profesorado universitario.
Razón por la cual lo que se plantean los rectores ante la iniciativa del ministro de Universidades es quién va a pagar esas nuevas figuras contractuales que plantea el borrador del nuevo Estatuto de PDI. Actualmente, las figuras docentes universitarias laborales las pagan las Comunidades Autónomas, no el Estado. ¿Se ha hablado con ellas para diseñar este nuevo Estatuto? Si ya resulta difícil pagar los salarios del profesorado interino, de dónde se va a sacar la financiación para asumir estas nuevas fórmulas de contratación. En países como Canadá, Finlandia, Suecia, Dinamarca o Austria, la inversión pública en materia de Universidades oscila entre el 1,5 y 1,7% de su PIB, el doble de lo que se invierte en España, que gira en torno al 0,9% de su PIB. En consecuencia, de dónde se va a obtener la financiación para hacer viable el nuevo modelo que plantea Castells. ¿Qué salarios tiene previsto asignar a las nuevas figuras contractuales? Porque si se crean unas figuras inviables en términos de oferta de empleo público, que no se encuentren en consonancia con la voluntad de los responsables autonómicos en materia de Universidad y la financiación pública autonómica para tal fin, la nueva realidad del Estatuto previsto por Castells se materializará en una saturación de la docencia entre las plantillas ya existentes, redundando en mayores dificultades de estas plantillas para ofrecer docencia de calidad e investigación científica, con el consiguiente perjuicio, a su vez, para la propia generación de riqueza a través de la investigación, la innovación y desarrollo en España.
En tercer lugar, en relación a la internacionalización, el documento señala las bajas cifras de profesorado extranjero en las Universidades españolas, pero no repara en que el salario de un profesor doctor en nuestro país, en cualquiera de las categorías laborales o funcionariales, es muy inferior al salario de sus homólogos en la mayoría de las universidades del centro y norte de Europa. La pregunta que debemos hacernos es si esa baja presencia de profesorado universitario extranjero en España no puede deberse al bajo salario con el que se retribuye en nuestro país al profesorado universitario, además de la escasa inversión pública en investigación. En España un profesor titular tiene un sueldo base aproximado de 31.500 euros al año, incluyendo las pagas extras, mientras que en Alemania el sueldo base de esta misma figura supera los 50.000 euros al año y en Inglaterra los 65.000 euros. De forma extraordinaria, en Universidades como Harvard un profesor a tiempo completo gana 175.000 euros al año. En ese contexto, deberíamos preguntarnos si creemos que será exitoso diseñar un cambio de estatuto para favorecer la internacionalización sin los resortes de financiación necesarios para ello. Además, en países como los antes mencionados la inversión pública en I+D+i oscila en torno al 3% de su PIB, más del doble que en España, siendo nuestro país muy poco atractivo para investigadores punteros y con experiencia. En consecuencia, hemos de preguntarnos si estamos preparados para competir en internacionalización con los salarios más bajos y con la menor inversión pública en materia de universidades e investigación y desarrollo.
Por lo demás, hubiera sido deseable que el ministro de Unidas Podemos aludiera en su borrador al irresuelto problema de la carrera funcionarial en la Universidad, una carrera que garantice la promoción sin necesidad de concurrir permanentemente a nuevos procesos de oposición para acceder a figuras contractuales mejor remuneradas y más estables. Actualmente, la mayoría de quienes deseen acceder al cuerpo de funcionarios docentes de Universidad deben concurrir mediante convocatorias de empleo de profesorado al menos a unas cuatro figuras laborales, algo que hace infinita e inverosímil la carrera académica. Tampoco se aborda en el borrador de Castells la necesidad de ofrecer mecanismos de movilidad estable entre Universidades públicas, algo igualmente necesario para el intercambio de experiencias y aprendizajes y la conciliación familiar, y que sin embargo impide el vigente Estatuto de Personal Docente e Investigador.
En suma, esa revolución morada vivida años atrás en las Universidades públicas españolas, en la cual emanó la masa crítica de Podemos, se ha quedado en una revolución retórica, pues proyectos de modificación de la Ley Orgánica de Universidades como el que propone en este momento el ministro de Unidas Podemos no hace sino poner en jaque a nuestras universidades como servicio público. En efecto, plantea Castells un modelo de contratación que, lejos de mejorar las garantías jurídicas, administrativas y económicas, del personal docente y universitario, supone nuevas dificultades e incertidumbres y, además, lo hace de forma poco consecuente con las condiciones de financiación de la que dispone el sistema público de investigación y universitario de nuestro país, así como la realidad del reparto de competencias administrativas autonómicas.
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
Universidades propone a los centros que realicen un cálculo para decidir si cada actividad docente debe realizarse de manera presencial u online y descarta desdoblar grupos por la "insoportable sobrecarga" que asumirían los docentes
Siguiendo la estela del Ministerio de Educación, el departamento de Universidades ha publicado unas recomendaciones para desarrollo del próximo curso universitario.
La cartera que dirige Manuel Castells propone a las universidades una fórmula matemática para calcular si cada actividad docente puede realizarse de manera presencial o semipresencial con rotación de alumnos –principalmente para las clases magistrales, seminarios, laboratorios y prácticas deberán ser presenciales– teniendo en cuenta el metro y medio de separación entre alumnos.
También descarta esta propuesta, a diferencia de sus colegas de Educación, desdoblar las clases "teniendo en cuenta la escasez de recursos docentes (...) porque ello implicaría una sobrecarga insoportable para el profesorado". Además, recomienda el uso de las mascarillas cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad
Para calcular si una actividad docente se puede realizar o no, especialmente pensando en las masificadas clases magistrales, Universidades propone a los centros que hagan dos cálculos: el coeficiente de ocupación teórico y el real.
Para obtener el primero, el ministerio que dirige Manuel Castells propone dividir el número de estudiantes matriculados en una actividad por la capacidad de la instalación en la que se desarrolla, teniendo en cuenta la separación de 1,5 metros entre los ocupantes. Esta cuenta da un resultado al que llamaremos "X". A continuación se calcula el coeficiente de ocupación real, obtenido de dividir el número de alumnos matriculados en la actividad por la capacidad real de las instalaciones, que da un número "Y".
Si Y es superior a X, "la actividad no podrá desarrollarse de forma presencial en su totalidad y las universidades deberían tomar las medidas pertinentes para que se pueda llevar a cabo de forma online".
Pero Universidades también propone que si las universidades tienen los medios, podrán optar por realizar la actividad presencial con los estudiantes con los que se cumpla el coeficiente y retransmitirla (...) vía videoconferencia". Si se opta por esta modalidad, añade el ministerio, deberán rotarse los estudiantes que acuden a la actividad presencialmente.
Dicho de otra manera más sencilla: si los estudiantes no caben separados metro y medio de distancia en el aula prevista para una actividad, los que no quepan tendrán que seguir la actividad a distancia, aunque la disposición del ministerio da la opción a los campus de que si no caben todos los alumnos la actividad sea a distancia de manera íntegra.
El Ministerio explica en el documento que "en el próximo curso sería deseable poder compatibilizar la realización de actividades presenciales con otras online, apostando por un modelo mixto". Universidades insta a los centros a tener preparados planes de contingencia para pasarse de manera íntegra a la docencia online en caso de que la evolución de la pandemia obligara a cerrar de nuevo los campus.
"Los estudiantes anti-Bolonia, que lucharon durante diez años en las calles para defender su Universidad, tenían, como se ha demostrado, toda la razón"
"No tenemos ninguna prisa por llegar al infierno del futuro que se avecina. Que lo hagan las universidades privadas, que para eso están"
"A un ministro supuestamente de izquierdas lo que le pedimos es que haga lo posible porque el futuro nos deje en paz en la Universidad estatal"
15-5-2020
No recuerdo en muchos años haber sentido tanta impotencia, tanto hastío y tanto cansancio como después de leer la entrevista a Manuel Castells publicada el otro día en Público: "La universidad híbrida es ya la regla. La aceptación de esa realidad es cuestión de tiempo. El aprendizaje a la fuerza que hemos tenido que hacer en esta pandemia nos permite un salto adelante en el nuevo modelo pedagógico". O sea: lo que nos ha traído este estado de excepción y esta tragedia es, en realidad, para la Universidad, una gran oportunidad para ponerse al día y modernizarse. De nuevo, se trata de un reto, de un desafío. Es la nueva normalidad que ya ha llegado por fin. Da mucha pereza recordar que hace ya dos décadas que, para la Universidad, esto de los “retos”, los “desafíos” y la “gran oportunidad” que nos brinda un futuro inevitable ha sido nuestra cotidiana normalidad.
Así llevamos desde el año 2000, encarando la urgente tarea de destruir el modelo “europeo y humboldtiano” de la Universidad estatal para metamorfosearla según el modelo “anglosajón” de la Universidad privada. Así expresaba el asunto el documento del Círculo de Empresarios “Una Universidad al servicio de la sociedad”, un documento de hace quince años. Por aquél entonces, había que implantar el Plan Bolonia, pese a que gran parte del profesorado y el noventa por ciento de los estudiantes se oponían a ello. Ahora bien, no era un futuro posible, era un destino. Bolonia fue como una apisonadora, no dejaba opción. La cosa había sido diseñada en las conversaciones sobre educación de la OMC y no admitía réplica. Primero se nos dijo que si las Facultades no querían implantar másteres de postgrado, no pasaba nada, pero que nos quedaríamos sin postgrados. Luego, se nos dijo que nadie nos obligaba a implantar los grados, pero que si no lo hacíamos, nos quedaríamos sin grados (impartiendo alguna suerte de actividades extraescolares). De modo, que los postgrados y los grados se aprobaron con nuestro consentimiento, pese a la resistencia heroica del movimiento estudiantil, que fue reprimido, como siempre, a golpe de porra. Nada era obligatorio, pero todo era inevitable.
Lo más repugnante que tuvo todo este sarcástico chantaje vino por parte de los que, sobre todo desde la izquierda (la derecha no necesitaba disimular su consentimiento), decidieron que esta “revolución educativa” era, de todos modos, una “gran oportunidad”. Una gran ocasión para ponerse al día y modernizarse. Un reto y un desafío para transformar el modelo de Universidad. El delirio de la izquierda superó todas las previsiones. Era la oportunidad, sobre todo, de superar el caduco imperio de la “lección magistral” y cambiar por entero “el modelo de aprendizaje”, implantando una nueva “cultura educativa” que pondría al estudiante en el centro de gravitación. Las autoridades académicas del momento y un despliegue obsceno de propaganda mediática explicaron así cómo iba a ser el futuro. Menos teoría, más práctica. Al fin y al cabo, se repetía sin cesar, los contenidos ya están todos en Internet. Movilidad, mucha movilidad, los alumnos viajarían ahora por Europa, estudiando primero en Madrid, segundo en Varsovia y tercero en Roma o Berlín. Homologación de títulos automática. Clases reducidas: se decía, incluso, que habría que reconstruir las aulas para hacerlas más pequeñas e idóneas para pequeños grupos que aprenderían practicando, por ejemplo, la oceanografía (no es broma, así se explicó el Plan Bolonia en un Informe semanal: así será la nueva Universidad, se decía, mientras se mostraba a unos supuestos alumnos haciendo submarinismo en el Caribe). Al mismo tiempo, algunas empresas se preparaban para ayudar al dinosaurio de la universidad estatal a superar tantos nuevos retos y desafíos. Una empresa llamado Educlick aprovechó los telediarios para vender power points y mandos a distancia que podían perfectamente ahorrarnos el profesorado. Las tarimas serían sustituidas por mesas circulares para que los alumnos jugaran al corro de la patata mientras aprendían. Los viejos títulos universitarios serían sustituidos por una tarjeta que llevaría consignada en su banda magnética todos los cursillos, másteres, grados y gradillos que habría cursado el alumno. Así podría negociar sus “competencias” de tú a tú en cualquier entrevista de trabajo, sin las interferencias de los convenios colectivos y los corsés exigidos por los sindicatos y el derecho laboral. Todo en nombre de la libertad. Con los profesores lo mismo, por supuesto: los rectores y los decanos podrían contratar de tú a tú, de forma individualizada, el contrato, el sueldo y la dedicación. Todo mucho más flexible, por tanto.
Lo de la flexibilidad sí salió bien, es verdad, pues la condición de funcionario (que es la base de la libertad de cátedra), salió muy debilitada según el plan previsto. Todo lo demás, lo de las mesas circulares, las clases pequeñas, las prácticas en el Caribe, la movilidad europea y la homologación de los títulos, de eso, no quedó nada de nada. Sencillamente se subieron las tasas universitarias, multiplicándolas por tres, por cuatro, por cinco o incluso por diez. Las clases de la Universidad estatal siguieron siendo igual de grandes y los profesores se precarizaron hasta la humillación. Había desde luego la manera de cumplir con el sueño de Bolonia en otra parte, pagando en la Universidad privada. Pero el mensaje había quedado bien claro: la sociedad no tiene por qué mantener una Universidad para todos y todas. Ese lujo y ese despilfarro habían llegado a su fin.
En resumen, y como siempre se repetía: la Universidad tiene que rendir cuentas a la sociedad, tiene que estar a su servicio. Esta barbaridad, sonaba incluso de izquierdas. Para nada se recordaba ya lo que en otros tiempos (tan “humboldtianos”) fue una evidencia: la sociedad tiene que estar orgullosa de su Universidad, tiene que estar orgullosa de que haya una institución al servicio de la Verdad, del mismo modo que tiene que estar orgullosa de que haya una institución al servicio de la Justicia (porque no es el Derecho el que tiene que estar al servicio de la sociedad, sino la sociedad la que tiene que estar “en estado de derecho”, como mandan la Constitución y la Declaración de los derechos humanos).
Los estudiantes anti-Bolonia, que lucharon durante diez años en las calles para defender su Universidad, tenían, como se ha demostrado, toda la razón: lo que se estaba jugando aquí no era una “revolución educativa” sino una reconversión económica de la Universidad estatal. Se trataba, sencillamente, de acabar con el despilfarro económico de una universidad de masas y reconducir el dinero público hacia el mundo empresarial. El procedimiento era tan sencillo como un chupete: condicionar toda asignación de dinero público a la previa obtención de alguna “fuente de financiación externa” (una casilla muy temida por los que solicitamos Proyectos de investigación), es decir, a alguna fuente de financiación privada. Si alguna empresa llega a mostrar interés por tu unidad docente e investigadora, el dinero público está asegurado, tendrás financiación y becarios. Es decir, un pequeño ejército que pagado por el Estado trabajará por los intereses de la empresa en cuestión. La Universidad estatal tendrá, por tanto, derecho a existir en la medida en que la empresa privada pueda utilizarla como un aspirador de dinero público y obtener trabajadores a los que paguen otros trabajadores (es decir, becarios pagados con el dinero de los impuestos). Así pues, no solo las tarimas tenían que desaparecer. Había que acabar con las cátedras en tanto que unidades de docencia e investigación y también con los Departamentos, las Secciones y las Facultades, o por lo menos, dejarlos como cascarones vacíos destinados a extinguirse. En la práctica, ya han quedado casi inutilizados y han sido sustituidos por lo que se llaman Grupos de Investigación que sólo son financiados si obtienen, cada tres años, Proyectos de Investigación, que a su vez sólo son verdaderamente financiados si tienen “fuentes de financiación externas o privadas” (si no directamente, al menos a través de los think tanks europeos que administran la gobernanza neoliberal).
La pinza fatal ha cumplido su cometido. Como rezaba el subtítulo de un libro que publiqué hace unos años (junto con Enrique Galindo y Olga García), “entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda” ha llegado a su fin una de las más bellas y grandiosas conquistas que las clases trabajadoras brindaron a la historia de la humanidad: la enseñanza pública, en este caso, la Universidad estatal. De nada sirve lamentarse, es lo que tienen las derrotas, y los trabajadores hace ya muchas décadas que llevan perdiendo la batalla de la lucha de clases. Pero una cosa es ser derrotado y otra cosa es que además te tomen por tonto y te hagan pis encima. Este último papel es el que suele asumir lo que llamamos el “delirio de la izquierda”: no es una derrota, se dice, es una gran ocasión para afrontar los nuevos retos y desafíos.
Lo mismo ocurre en esta trágica ocasión. La crisis del coronavirus ha acelerado la llegada del siniestro futuro, y un ministro supuestamente de izquierdas aplaude. Tenemos que acostumbrarnos a una Universidad no presencial, pero ya no porque el coronavirus nos fuerce a ello, sino porque lo reclama un futuro deseable. Es la vuelta de tuerca que faltaba, suprimidos los alumnos y los profesores, se acabó la Universidad pública. Tenemos Youtube para aprender, ahí hay enseñanza online de sobra y a veces de muy buena calidad. Ya se está barajando, incluso, la posibilidad de bajar las tasas. Sin profesores, sin Departamentos, sin Facultades, sin alumnos presenciales, todo saldrá mucho más barato. Bastará con comprar más ordenadores a algunas empresas privadas que harán fortuna con ello.
¿Quiénes somos los que, ante este inminente futuro, nos morimos de pena? Los que recordamos que la Universidad presencial que conocimos representó quizás la única etapa de nuestra vida en la que fuimos capaces de descubrir y experimentar todo aquello que hacía a la vida digna de ser vivida. El único momento de tranquilidad que hemos conocido en este mundo vertiginoso del turbocapitalismo. Los artífices de esta revolución neoliberal no se empachan en reconocerlo; según el tecnócrata de la educación Malcolm Skilbeck “la universidad ya no es más un lugar tranquilo para enseñar, realizar el trabajo académico a un ritmo pausado y contemplar el universo como ocurría en siglos pasados. Ahora es un potente negocio, complejo y competitivo, que requiere inversiones continuas y de gran escala”. De nada sirve ya recordar que todo lo verdadero, todo lo justo y todo lo bello que ha experimentado el ser humano ha nacido de la tranquilidad, del ocio, incluso del aburrimiento. Cuando en su momento ingresamos en la Universidad, tuvimos la sensación de entrar en un paréntesis, en la epojé de los estudios superiores, donde, como decía Humboldt, “el profesor ya no se debe al alumno, sino que ambos dos, profesor y alumno, se deben a la verdad”. Un momento, además, en que nos encontramos en estado de libertad con toda una generación que estudiaba lo mismo que nosotros, con un empeño que, por aquél entonces, todavía se podía permitir el lujo de ser desinteresado. Porque todas las grandes conquistas teóricas de la humanidad, han nacido del desinterés, del amor por el saber, de la filosofía. En ese lugar “tranquilo”, algunos conocimos que era posible lo que más ha podido dar sentido a nuestras vidas: aprender de los profesores que sabían algo que nosotros no sabíamos y convivir con nuestros compañeros que querían saber por lo mismo que nosotros lo queríamos: por saber. A esto hay que llamarlo “presencialidad”. Ahora bien, no es una presencialidad cualquiera. Es una presencialidad que hace presente todo aquello por lo que merece la pena estar vivo, la verdad, la justicia y la belleza. Desligados online del lastre físico de la presencialidad, sin duda llegaremos muy lejos. Pero yo me pregunto para qué podría merecernos la pena. No es una buena idea llegar a la meta sin amigos y sin amor, sin nada que nos merezca un mínimo de respeto. ¿A dónde vamos tan deprisa? ¿Tanta prisa tenemos en llegar al abismo, por otra parte inevitable, que nos augura el agotamiento ecológico de este planeta? Para llegar a este fin, hemos sacrificado ya a media humanidad, escarnecido las más mínimas cotas de justicia social, hemos puesto, como decía Eduardo Galeano, todo “patas arriba”. Ahora, es necesario –a causa de una pandemia- que, además, lo hagamos online. ¿Pero tenemos encima que estar contentos de ello? ¿Tenemos de verdad que ver en ello una gran oportunidad para ponernos a la altura de los tiempos? No, ministro, no señor Manuel Castells, no lo queremos. En esas alturas no hay más que desolación y tristeza. Preferimos quedarnos aquí abajo, aprendiendo a tocar la guitarra en el jardín de alguna Facultad, bebiendo botellines y disfrutando del hecho de estar vivos, tener amigos presenciales y la convicción de que podemos aprender por el mero hecho de saber, por amor al saber, le venga bien o mal al mundo de los negocios que administra esta sociedad poseída por un sistema demente, absurdo y canalla.
Esta pandemia nos ha quitado todo eso. No nos empeñemos en estar felices y contentos por ello. No tenemos ninguna prisa por llegar al infierno del futuro que se avecina. Que lo hagan las universidades privadas, que para eso están. A un ministro supuestamente de izquierdas (al que se presupone estar a favor de lo público), lo que le pedimos es que haga lo posible porque el futuro nos deje en paz en la Universidad estatal, donde tenemos cosas mucho mejores que hacer que participar en esta carrera suicida hacia ninguna parte. Nosotros no necesitamos triunfar en los negocios, sino trabajar en la verdad, reflexionar sobre la justicia y agradecer que en este mundo haya poesía y belleza además de la urgencia de los compromisos mercantiles.
Postdata
El ministro Manuel Castells acaba de aplazar la discusión que había propuesto, en pleno estado de alarma, sobre el real decreto de Ordenación de las Titulaciones Universitarias. Este documento, que toma por base el que en su día propuso el PP y que tuvo que ser retirado a causa de las protestas sociales, es una nueva vuelta de tuerca en el Plan Bolonia: apuesta por el modelo 3+2 que el movimiento estudiantil logró impedir en su momento, propone estrechar los vínculos entre las universidades y las empresas, y como siempre, flexibilizar aún más el tejido universitario para amoldarlo a los retos y desafíos que las voces de los mercados dicten desde las alturas. Pero gracias al coronavirus, todo esto lo haremos online, a la altura de los tiempos.
