Educación y Turismo (Manuel Menor)

Educación y Turismo: nueva normalidad

En la reconstrucción actual, parece que primen intereses sectoriales, como si fuesen independientes y los hilos de la Economía no tuvieran que ver.

En el séptimo párrafo del Prólogo de la LGE, de cuatro de agosto de 1970, se reconocía que la educación es “una permanente tarea inacabada”; estos días se ha podido comprobar que estamos en que no se acabe nunca. La ministra Celáa presentó a debate en el Congreso una nueva ley educativa que sustituya a la LOMCE y hemos vuelto a oír las mismas voces que, en los años 40 del siglo XIX, clamaban por la libertad. Antonio Gil y Zárate –uno de los liberales demócratas que más sabía de asuntos educativos- dejó abundantes testimonios de ello, sobre todo una gran referencia a esta cuestión central en 1855, en la primera historia de la educación española que merece el nombre de tal. Han vuelto al Congreso viejos eslóganes sobre la protección de los niños, la calidad y demás parafernalia que, cuando éramos niños,  pregonaba aquella Reforma de la Enseñanza Primaria de 18,07.1945 y, antes, la de Secundaria, del 20.09.1938.

En nombre de la libertad, en la educación española –como en otros muchos aspectos de la vida de la ciudadana- se ha dicho y hecho de todo: incluso se ha amordazado a la gente durante años y años. Salvado el primer escollo en el Congreso, puede que salga adelante esta LOMLOE –aunque los acrónimos de las leyes orgánicas se compliquen ya en exceso-, pero muchos de los aspectos que merman la libertad de la educación, en el sentido tan reclamado también en el siglo XIX de libertad de investigación y saberes que lleguen a todos por igual y con prontitud, tardarán en llegar. Seguirán ahí muchos de los frenos que se le fueron poniendo a lo largo del XIX, y que historiadores de tanto prestigio como Manuel de Puelles, Antonio Viñao y una pléyade de investigadores de valía han ido desvelando. Jurjo Torres que estudiaba hace poco cómo se producía hoy la construcción de personalidades neoliberales y neoconservadoras, desde el sistema educativo, da muchas claves para que quien quiera enterarse vea cuáles siguen siendo las razones por las que esta ley, si sale bien parada del Congreso, saldrá con bastantes limitaciones a la libertad democrática, no a la de los eslóganes que propagan unos medios fieles a quienes se ocupan de intentar confundirnos. No es lo mismo.

Nueva normalidad

Hubo un Ministerio –hay que recordar- de Información y Turismo. Fue un invento de 1951 que asumía competencias de distintos organismos pero, sobre todo, lo que había sido propaganda en prensa, publicaciones y espectáculos, componentes diversos de censura y, por supuesto, los primeros atisbos de política turística que se habían iniciado en la Dictadura de Primo de Rivera en los años veinte. Todo cambia para permanecer idéntico: sería una forma de mirar, en la duda de si Heráclito tenía más razón que Parménides o al revés. El hecho es que Turismo anda ahora ligado a Industria, mientras que Información navega, según se mire, entre Educación, Cultura y Universidades, una tríada cuya unidad depende de Economía.

Viene a cuento esta excursión por el pasado de nuestros ministerios de lo que sea, para tratar de entender dónde andamos; a todas luces parece que en la supuesta “nueva normalidad” en que entramos ahora, no es buen momento para cambios profundos en Educación y se conformará con una epidérmica antiLOMCE. Tiene más tirón la economía inmediata:  el turismo o la automoción, por ejemplo, y hasta las terrazas de los hosteleros acapararán mucha más atención y recursos, claro; no digamos el fútbol, ese tótem incombustible. En el mejor de los supuestos, seguirán campeando en el sistema educativo aspectos tales como la discriminación  que subyace tras la red privada de centros, su crecimiento desproporcionado a cuenta de los impuestos de todos y, de añadido, las diferentes idearios que exhiben unos y otros centros -unos y otros profesores en su nombre-, con interrupción consciente de que el derecho a que la universalidad de la escolarización no coarte con su dignidad las supuestas libertades de elección de centro que puedan tener los más selectos del lugar.

Lo viejo

El asunto central es la economía educativa: su reparto proporcional seguirá intacto. La educación española actual tiene unos recortados presupuestos que son expresión y fruto de la desigualdad subyacente; el gasto público que tenemos en este sector es de los más bajos de la UE-15, mientras los gastos privados son de los más altos: 0,60% del PIB frente a una media europea del 0,36%.  Este contraste hablaría, según no pocos analistas –contrastado por los especialistas en evaluación- de cómo los grupos sociales de renta más alta se desligan de la escuela pública porque creen tener el problema resuelto y no tienen interés en influir en los medios y en la vida política para  que la situación cambie. Esto que escribía Vicenc Navarro en 2015 tuvo su reflejo en cómo, con los gobiernos del PP de Aznar, hubo una bajada en la proporción que a Educación ha correspondido en el PIB y en cómo, en Comunidades como la de Madrid, se han afanado en exagerar la  promoción de la escuela privada a cuenta de la pública, desde antes de la LOMCE. Ahora, tenemos una comparación más desvergonzada a mano para entenderlo bien: la de la gestión de la Sanidad y la de las residencias geriátricas.

Lo más sorprendente ha sido ver cómo en esa dinámica se ha podido advertir la connivencia de la jerarquía episcopal predominante, más ocupada en defender sus alianzas de poder con los defensores de las privatizaciones, que en velar por el bien común. Ese estilo, poco coherente con lo que el creyente “Pueblo de Dios” reclama, hace recordar que siguen vivas las alianzas del pasado por mantener el poder simbólico de la educación en buenas manos; como si vigilaran que la democracia pudiera estropearse si se fuera a salir del control aristocrático  que sobre ella tenían los privilegiados del Antiguo Régimen. El neoliberalismo y el neoconservadurismo se nutren de aquella savia y cuentan para sostenerla –una vez más- con el modelo de religión católica hegemónico que propaga la Conferencia Episcopal.

Esta de la educación actual y las fuerzas que pugnan por controlarla no es una historia del pasado. Aquellos que la controlaron en el pasado siguen ahí y son los sucesores de su propia tradición; pueden testificarlo los pocos viejos que –después de la escabechina reciente- vivieron de cerca la política educativa de los vencedores de la Guerra civil. Sus familias –como contaba Gloria Fuertes en algunos de sus poemas- tuvieron que escoger entre ponerles a “estudiar” o “ir a la escuela”, mientras el grupo de “los selectos” reformaba y dirigía a su antojo cuanto se decía o hacía desde Burgos primero y, después, desde Alcalá, 34. Quienes sigan el debate de la LOMLOE en el Congreso, podrán ver en directo quiénes son los herederos de aquella situación de poder. Cuál vaya a ser la “nueva normalidad” educativa está por ver…, pero es dudoso que vaya a desvirtuar mucho la normal discriminación que había antes de marzo. ¡Atentos!

Manuel Menor Currás,

Madrid, 19.06.2020

Desconcierto (Manuel Menor)

¿Desconcierto con los conciertos educativos?

Tocarlos después de 35 años, traerá fuertes protestas. Si quedan como están, el progresismo de esta Coalición de Gobierno quedará en entredicho.

El paso de la borrasca “Gloria” por el litoral Mediterráneo ha dejado serias muestras de que en el Antropoceno hay mucho que enmendar si se pretende que la Tierra siga siendo habitable mucho tiempo. El tan pregonado “desarrollo”, cuando es a costa de la Naturaleza, no sale a cuenta. Tarde o temprano vuelve esta por sus fueros a sus ritmos de evolución, no coincidentes con los de la historia humana y sus pretensiones. Vienen a reconocerlo algunos en esas áreas mediterráneas donde los paseos marítimos y primeras líneas de playa han sido afectados por el temporal. El mar reclama su espacio. Más pronto que tarde habrán de reconocer que no merece la pena restaurar lo que otra “gota fría” (DANA) o similar volverá a destruir. El cambio climático y sus consecuencias no van de broma.

Antropocentrismos desconcertados

Generan desconcierto estas advertencias de la Naturaleza. Casi toda nuestra vida en el medio se ve obligada a  desaprender lo aprendido, para aprender a hacer mejor lo necesario para sobrevivir. Cuanto hacemos requiere ser redefinido como sostenible y que no dañe a nadie. Los libros de ética y moral, los de urbanidad y hasta los mandamientos de la tradición judeo-cristiana, requieren profunda recodificación individual y colectiva. No será fácil ante cuanto se haya sentido como imposición, molestia y –sobre todo- tradición o posible pérdida de beneficios. Opuestos y ambivalentes, pasotas e integrados, ofendidos y cansados, van a tener más trabajo del deseable para saber hacer lo más pertinente al bien de todos.

Los patrones que deberemos seguir no se improvisan. Serán de ordinario similares a los que ya desarrollamos, por ejemplo, respecto a la salud, sin advertir que esta es un reflejo de la salud de la Naturaleza. Personas que todavía en su infancia han tenido hábitos alimentarios de indudable sintaxis ecológica,  se disgustan cuando el médico les recomienda moderación o abstinencia de algún procesado. Se sorprenden  desconcertados ante la reeducación que implica, para ponerse en armonía consigo mismos, no consumir lo que durante años han hecho con aparente impunidad.

La “libertad” y “calidad” escolar como síntoma

Idéntico patrón puede observarse en el cumplimiento  de lo que el art. 27 CE78 establece como universal y en “libertad” para todos los españoles. Cuando la ministra Celáa sacó a relucir sus límites, enfureció a cuantos pregonan urbi et orbi que -frente a lo que dijo la sentencia 77/1985 del TC-  es constitucional su particular interpretación de una supuesta “libertad de elección de centro”. No vale recordarles que lo que es anticonstitucional es sostener oficialmente, y con dinero público de todos, una dualidad educativa de diferente rango para privilegiar a un tercio del alumnado. O que no vale como “función social” la creación de centros privados –en suelo público, con sus conciertos e, incluso, alumnos seleccionados- en detrimento de quienes no pueden pagar cuotas extras por idearios que ponen en cuestión a menudo los valores de la igualdad y fraternidad democrática.  En fin, que menos vale invocar principios confesionales de supuesta superioridad cuando muchos de estos centros eligen a sus alumnos y no son los ciudadanos los que pueden elegirlos ni apenas participar en el funcionamiento de sus proyectos educadores, por ser de titularidad privada. 

Desde 1985, en que la LODE estableció los conciertos reglamentando las subvenciones de la etapa franquista y contrapartidas de aceptación del alumnado, han pasado 35 años de cierta impunidad transgresora en lo contratado. Son 35 años en que algunas Comunidades autónomas decidieron que les daba carta blanca para privatizar o externalizar ingredientes de la actividad educadora y fortalecer empresas que aspiran a rentabilizar al máximo inversiones mínimas. En los últimos de  estos 35 años, se ha acelerado la intensidad selectiva de algunos colegios a cuenta de que el Estado los financie a fondo y sin controlar el modo de inversión. En el transcurso de estos 35 años, este hábito ha ido calando en la sociedad consumista como algo patrimonial y con derecho a convertir la educación de los hijos en un subvencionado nicho selecto de  distinción social –para familias con recursos y afán de destacar entre los vecinos-, mientras en la escuela pública desesperan porque ha disminuido la inversión estatal o de la Comunidad, se ha reducido el profesorado y se recortan las actividades que atienden a los niños y niñas que más atención educadora necesitan.

El patrón dualizador que marcan los conciertos es segregador, pauta indeseada por quienes no quieren un sistema educativo con esta contradicción financiada por todos y apuestan por una “enseñanza única” como aglutinador social y territorial de todos. La soportan peor quienes no pueden mandar a sus hijos/as a un centro privado, por no tener recursos.  ¿De qué les vale a todos ellos esa supuesta “libertad de elección de centro”? ¿Por qué los propagandistas de esta nunca reivindican las imprescindibles libertades de conciencia y conocimiento para el alumnado, ni la de cátedra, investigación e innovación imprescindibles para todo buen profesor? ¿Es un justo patrón democrático el de esta dualización educativa, que dificulta incluso la representación sindical en estos centros concertados? ¿Cómo se desengancha este asunto del cojitranco adoctrinamiento twitero?

35 años de dejación interesada pesan mucho para revisar la disociación desigualadora de base que tiene el sistema educativo español; ya hay Comunidades autónomas que, después de Hungría, son las que mejor cumplen en Europa el dictado de que el libre mercado es el que debe regir esta actividad, como si de producir y vender alcachofas se tratara. Si la revisión de la LOMCE que se avecina no reequilibra los dos mundos que la LODE pretendió armonizar, solo será otro parche en un sistema que, legislativamente, va camino de ser más prolífico que el viejo “Florido pensil” de Andrés Sopeña.

Es un asunto de salud pública: desatenderlo es educar mal para los cambios de costumbres que, se quiera o no, son urgentes; pondrá más difícil la necesaria solidaridad con los demás y con cuanto nos rodea. Además, frente al prepotente e inútil sálvese quien pueda, cuando los recursos son escasos ya está bien de seguir amortizando con la escuela, desde 1851, lo desamortizado en 1836. Atentos, pues, a las continuidades de patrones reacios a ceder en lo que algunos lobbys todavía consideran territorio de conquista.

Manuel Menor Currás

Madrid, 29.01.2020

Entrada relacionada:

• "Libertad de elección" y enseñanza privada-concertada

Nominalismos (Manuel Menor)

El nominalismo político enturbia la realidad sin cambiarla

Las organizaciones nombran la creciente fragmentación con palabras volátiles, adaptadas al sentimentalismo emocional de clientelas mutantes.

En Europa, sus organizadores centrales se están transformando sin que se sepa a dónde aspiren a ir: Macron sigue preguntándose qué quieren sus ciudadanos, reclamantes continuados en la calle; y la Alemania de después de Merkel está indecisa, propicia a la regresión y al miedo. Mientras, el Brexit inglés es una incógnita de contornos que favorecen las dudas, y en el resto de países las posiciones más conservadoras ganan terreno, incluso en los países que fueron modelo de apertura social. Además, a Trump parece que no todo le va tan mal como se aventuraba –pese a su conservadurismo proteccionista-, mientras China y Rusia tratan de asentar posiciones geoestratégicas de futuro.

Nominalismos

En España, optamos por la redefinición de las palabras para atrincherarnos ante una incierta realidad económica y social. Trampeando con las emociones del tribalismo e individualismo soberanistas, nuestros líderes tratan de que los más fieles se mantengan unidos. La racionalidad reflexiva de lo compartido no parece importarles, mientras crece la fragmentación a cuenta de la mentira, la ignorancia e incluso el odio. Los nacionalismos periféricos están en ello, y también el central en muchos casos. A que los más devotos no se dispersen apunta la brújula que usan ahora en el PP, con más consistencia que en anteriores  etapas de su genealogía. Se ven como el centro de la derecha después de que VOX ha mostrado que muchos que les votaban prefieren otra marca. Ya contaban con CS, con puertas abiertas a sus más liberales seguidores, pero después de los pactos internos -homologadores del lenguaje- que esta tríada ha formalizado para llevar a uno de los suyos a la Presidencia de la Junta Andaluza el próximo día 16, el muy importante segmento derechista de la sensibilidad política confirma que ninguno de sus votantes se ha evaporado, pese a los rigores de la crisis y los vapores de la corrupción. Y ahí siguen todos, en habitaciones contiguas, apoyándose en lo que les importa.

Los y las líderes jóvenes del PP ejemplifican esta confluencia cuando, tratando de  renovar su posición con voz propia, echan mano de lo viejo bajo apariencia provocadora. Muy visible está siendo -entre muchos otros términos que, según para qué, dulcifican para que no parezca excesiva la regresión semántica-, lo que hacen con “feminismo”, “feminidad”, “género” y “doméstico” o “familiar”. Lo ha sintetizado modélicamente la recién proclamada candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuya cuarentañera novedad ha consistido en proclamar que “para ser mujer no tengo que ser feminista”. Unos días antes, también “sin complejos” y algo más joven, Andrea Levy –vicesecretaria de Estudios y Proyectos de su partido-  había dicho: “Yo no soy feminista, soy femenina”. Ese rancio juego lingüístico, sin embargo, ya fue denunciado como patriarcalista e inmóvil por las primeras mujeres que hablaron de igualdad. Entre ellas, María Lejárraga, autora de muchas de las obras que firmó su marido Gregorio Martínez Sierra. Por ejemplo, El Sombrero de tres picos y El amor brujo, musicadas por Manuel de Falla; o Margot, drama lírico con partitura de Joaquín Turina. En distintos escritos feministas, pero sobre todo en La Mujer Moderna (Madrid, S. Calleja, 1920), la eminente maestra y escritora dejó plasmado cómo esa distinción  entre “feminismo” y “femenino”, era –hace casi cien años- el subterfugio para mantener la minoración social y política de todas las mujeres.

Voluntarismo

No muy distinta, aunque con otro campo semántico, es la actitud del PSOE desde el Gobierno. En parte, por su precariedad parlamentaria y -de no menos importancia- a causa de posicionamientos de sus líderes representativos, en una tradición de largos disensos internos. Ejemplo sintomático de indefinición lo ofrece su Ministerio de Educación, con hipotéticas posibilidades y frágiles concreciones prácticas. Confrontadas con lo gestionado desde el 02.06.2018, sus palabras –muy reiteradas estos días por mor de los PGE- no pasan, pese al plus de credibilidad que sugieren sobre el PP en progreso social, de un querer sin poder, demostrando, incluso, un no querer ni poder.  

Se ha confirmado con motivo de que el  Anteproyecto de Ley pasara por el Consejo Escolar del Estado y fuera presentado, después, a organizaciones sociales en Ferraz. La primera ocasión sirvió para que la triada conservadora y sus mentores explicitaran consignas –una “chapuza cósmica”, según el consejero de Educación de Castilla y León- provenientes de sus mitos: la libertad de elección, la calidad, la escuela concertada, la Religión en el currículum y similares. La segunda reveló que, pese al acuerdo en relevantes puntos genéricos-  el equipo de Educación de Celáa mantiene gran distancia con sus posibles socios. Bien podía haberles brindado, en el proyecto –y en decretos anteriores o posteriores, que puede hacer sin  nueva Ley orgánica-, la presteza  en cambiar las características más agrias de la LOMCE. Ese hiato no se llena solo con palabras, sino con gestos. Cuando el PSOE se retiró del plan de “pacto” de Méndez de Vigo por la corta inversión económica, ahora debería haber sido coherente. Tardo va, igualmente, en cuanto a lo que pregonaba respecto a la confesionalidad en horario escolar y al compromiso contraído con otras organizaciones para erradicar la LOMCE.

Mensaje/masaje

Si no quieren que avance la indiferencia, no pueden demandar solidaridad con un proyecto avalado por indeterminados propósitos de agenda. Los tácticos electoralistas -recentralizadores del PSOE- corren el riesgo de que sus posibles votantes se lo piensen de aquí a mayo y se repita lo de Andalucía; tal como va algo tan expresivo como la Educación, el panorama que quedaría para la siguiente Legislatura propiciará que los servicios públicos se desbaraten más y mejor, “sin complejos”.  Para muchos, la confusión entre lo que pasa y lo que ha pasado desde “la crisis” recrea, acentuada, la precariedad anterior; la realidad, tan distinta de lo que habían soñado desde antes de 1978, complica el sentido de sus vidas. Esa continuidad, alucinante, viene de tan atrás que las estrategias de comunicación no extirparán dudas si se reducen a masaje nominalista.

Manuel Menor Currás

Madrid, 13.01.2019

Hasta el 10 de noviembre, Consulta pública previa sobre un anteproyecto de Ley orgánica de modificación de la actual Ley de Educación

Fechas en las que se somete a consulta pública:

• Fecha de inicio: 26/10/2018

• Fecha límite para la presentación de aportaciones: 10/11/2018
  

Remisión de aportaciones:  consulta.seefp@mecd.es

• Documento de consulta pública previa

Fuente: .mecd.gob.es

Entradas relacionadas:

Documento de Bases para una nueva Ley de Educación (Redes por una Nueva Política Educativa). Versión septiembre 2017

• Decálogo ideas-fuerza del Documento de bases para una nueva Ley de Educación

Se conocen los ejes del pacto educativo, pero no lo que se haya acordado (Manuel Menor)

Persisten serias dudas respecto a que del documento de bases en proceso pueda derivarse una ley consistente, capaz de generar la mejora de calidad democrática que necesita el sistema educativo.

Fueron 15 los puntos que, desde el día 07.11.2017 han marcado los trabajos prioritarios que, hasta el pasado 13 de diciembre, han ocupado a la Subcomisión parlamentaria a fin de que el Gobierno tenga un documento de bases con que elaborar una nueva ley educativa. Lo primero a señalar como relevante es que un documento de estas características, relativamente aceptable, es una novedad

frente a una asentada tradición de once leyes orgánicas alternantes, contrarias entre sí en no pocos aspectos, todas legitimadas no obstante para desarrollar el art. 27 constitucional.

Consenso y disenso

Al recuerdo viene por tal motivo que, al menos en tres ocasiones, se propugnara algún tipo de pacto educativo y que siempre hubiera sido desechado. Esperanza Aguirre se opuso especialmente al propuesto por un conjunto de organizaciones lideradas por la Fundación Encuentro en 1997. Por entonces, andaba a vueltas con su invención de “Las Humanidades” -que tantos votos le traería- y no menos fervor mostraba con la “libertad de elección de centro”, hacia donde pastoreó a los creyentes en el mecanicista ascenso social por el esfuerzo individual en los estudios. Antes de que saliera la LOE en 2006, duras fueron las negociaciones en que anduvo Alejandro Tiana para sacar esta ley adelante. Sonadas fueron las protestas, a su vez, contra un sector de los colegios católicos liderado por el salesiano Manuel de Castro, que se inclinó por un pacto. Pero lo más sonado –y más próximo- fue que, desde 2009, en la etapa ministerial de Ángel Gabilondo, los populares rechazaran lo que prácticamente habían concluido Sandra Moneo y Mario Bedera. La inspiración que venía de instancias tradicionalmente muy asentadas en la educación con sus particulares intereses, y el viento demoscópico a favor, hicieron que, muy pronto, la precocinada LOMCE nos fuera servida en 2013

por la pareja Wert-Gomendio como ultimísimo menú en “mejora de calidad”. Si ahora se ha interrumpido esta tradición de disentir, loado sea lo que acaba de describir Europapress como recambio de lo anterior. 

De momento, no obstante, poco más cabe alabar. Si bien la noticia que adelantaba esta agencia el pasado día 12 incluía frente a todo pronóstico que se incorporaría al debate la cuestión de la “Religión”, también añadía que, a los ojos de algún participante, el posible acuerdo en este asunto no pasaría de “ambiguo”, pues debería incluir el cuestionamiento de los Acuerdos con la Santa Sede firmados por España en 1979. No sólo no era el caso, sino que, en el cuerpo de la noticia la agencia incluía el desacuerdo total de un conjunto de 60 organizaciones que, lideradas por Europa Laica, habían planteado para dos días más tarde, la entrega en el Congreso de 54.000 firmas exigiendo su derogación. 

Habrá que estar pendientes, pues, de los supuestos que se acuerden en esa área -y

en las otras catorce- para ver qué corsés se hayan preestablecido a fin de que la pretendida 12ª ley que rija el sistema escolar de la educación española sea merecedora de mejor consideración que la LOMCE vigente. De paso, columbraremos los resquicios por donde se tratarán de sostener las posiciones diferenciales que, privilegiadas para un sector minoritario de la ciudadanía española, casi siempre han tenido acomodo e, incluso, subvención a cuenta del Estado. Y solo así se podrá concluir si realmente se trata al fin de un pacto social y político o si, ante todo, de un politiqueo coyuntural, amparado en un número relativo de escaños en el Congreso pero insuficientemente arropado por los

agentes sociales. En este segundo caso, la inestabilidad ahora existente proseguirá.

Podría ser así y sólo hace falta echar la vista atrás ligeramente: lo supuestamente pactado hace cuarenta años, en el artículo 27 de la Constitución, no pasó de ser un genérico consenso básico, pero “no político” propiamente, pues de inmediato todos los firmantes desintieron de él. Como ya estudió Manuel de Puelles en 2007, Oscar Alzaga, por ejemplo, había dicho en julio de 1978 -en el momento de presentar enmiendas-, que el acuerdo podía ser “suficiente” pero no satisfacía en su totalidad a nadie, por lo cual “UCD va a combatir en este Parlamento para que, por la vía de legislación ordinaria, se cumpla su programa electoral y su programa educativo”.

En el Diario de sesiones del Congreso de aquellos días constituyentes también puede leerse, junto al distanciamiento del PSOE respecto a lo que había establecido en su XXVII Congreso -en diciembre de 1976-, cómo Luis Gómez Llorente presagió que “los principios que informan el art. 27 “pueden dar resultados muy diferentes según quien sea el Gobierno o quien sea la mayoría parlamentaria”. Ni siquiera hicieron falta dos años para ver cómo lo que la UCD plasmó en la LOECE, reafirmaba los desacuerdos profundos que venían del siglo XIX y que culminaron con las decretos que, desde los inicios del golpe militar en 1936, se tomaron para el sistema educativo que regiría los aprendizajes de las niñas y niños españoles.

Qué pesa sobre lo que pasa

Ha de disculparse pues, el escepticismo que, si no hay más explicaciones, produce la sugerencia de que la Religión va a perder la posición privilegiada que tiene todavía en la LOMCE. No consta que la Conferencia Episcopal Española se haya mostrado receptiva a los datos que proporciona la encuesta de juventud que se ha promovido recientemente desde el Vaticano, ni tampoco ante la que la editorial de los religiosos marianistas, SM, acaba de hacer pública. Y las dudas se encadenan sin motivos serios para desaparecer. ¿Ha cobrado cuerpo en la CEE el arrepentimiento por la serie de medidas que, en nombre de la fe, hicieron subir sus mitrados al Boletín Oficial del Estado –o antes, a la Gazeta de Madrid y al Boletín de la Junta de Defensa Nacional de España- con el fin de que lo que se enseñara en las escuelas no tuviera el menor atisbo de duda o de torpeza? ¿Se ha abierto camino, al fin, la doctrina que, en 1964, inspiró algunos de los mejores textos del Esquema XIII, Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II? ¿Ya han recatequizado a los casi 18.000 catequistas que, dentro de los espacios y tiempos escolares, ejercen, pagados por el Estado, adoctrinamiento religioso? ¿Los 122.000 euros que, según contaba El Mundo el pasado día 11 de diciembre, gastó Lucía Fígar para mejorar “su imagen personal” en los medios, más allá de los circuitos de correligionarios cielinos,

volverán pronto a donde debían haberse empleado?

Tampoco, sin que se conozca el texto definitivo que vaya a remitir la Subcomisión al Ministerio en los otros capítulos, puede decirse que lo que se esté pactando vaya a ser un acuerdo leal y consistente. Un capítulo sensible como el de los equilibrios entre la enseñanza pública y privada no se salda simplemente con decir que el papel de la primera es “fundamental” en la sintaxis de ambas dentro del sistema educativo español. El término es suficientemente equívoco como para dejar el panorama similar al de subsidiaridad existente, y con la tendencia creciente a la desmejora de la red pública, mientras en paralelo prosigue intangible su conversión a las iniciativas que la privacidad empresarial vaya acrecentando en los espacios urbanos mejor posicionados. Bien está, por otro lado, que se hable en el citado documento conclusivo acerca de los “conciertos educativos”, de la “inspección”, “equidad e inclusión educativa”, “educación especial”, “convivencia escolar”, “ratios por aula”, “éxito escolar”, ”objetivos”, “refuerzos y apoyos”, “detección temprana, diagnóstico, metodologías y evaluación”, el acceso a la profesión docente”, “participación de la comunidad educativa” y, además de cuestiones curriculares, la financiación básica y cuestiones relativas a la formación profesional. En principio, parece que por fin existe un mapa de asuntos relevantes que pesan sobre la enseñanza escolar y, si no está completo, comprende al menos buena parte de los más urgentes sobre los que lo coherente sería consensuar exigentes políticas democráticas.

No obstante, sin la descripción concreta de estos descriptores genéricos, también en estos ámbitos proseguirán vivas las tentaciones del escepticismo. Esperemos que, al menos, quede en entredicho de este modo la cantidad de olvido y desprecio que han debido sufrir cuantos en estos años han persistido en tomar en cuenta estos asuntos -y otros concatenados-, ya fueran profesores, sus asociaciones y sindicatos, ya, igualmente, algunas AMPAS y sindicatos estudiantiles. Y al mismo

tiempo, no se ha de olvidar que cuestiones tales como la Educación infantil, la dirección de centros o la formación continua del profesorado, el sentido del para qué educar, la educación para una convivencia cívica, o el compromiso que el artículo 27.5 de la Constitución fijó al Estado para ofertar plazas públicas suficientes, no hayan tenido visibilidad suficiente en la noticia de Europapress. ¡Ojalá no encuentren trabas en la redacción definitiva del documento, y menos en su ejecución –tanto en el sector privado, como en el concertado y el estrictamente público-, bien porque se quiera sostener la misoginia hacia las cuestiones de género o bien se desprecien las de índole cultural y socioeconómicas, causantes unas y otras de inequidad escolar!

Desescombro

En este itinerario de pactos y consensos políticos, no todo es enunciar ni tergiversar el lenguaje; más provechoso sería actuar con determinación, conocimiento y constancia hasta la extirpación de las necesidades de todos los ciudadanos. Esas tres cualidades no han solido cumplirse en las mejores normas que en su abundante patrimonio legislativo tiene la historia educativa española. Siempre ha fallado alguna cuando no las tres, y lo que suele detallar la prensa de asuntos corrientes tampoco es de buen augurio. Si con la reforma constitucional del artículo 135 se confirmó la tendencia a la desaparición del Estado social, para quedarse en un Estado mínimo al servicio del orden que impone la economía globalizada y sus agentes, 15 minutos de determinismo de estas instancias en 2011 bastaron para reducir los créditos a la deuda pública a una situación de carencia

para atender las necesidades de los más débiles. Un tercio largo de la población sigue teniendo problemas con la vivienda, el empleo digno, las pensiones, los incumplimientos de la Ley de dependencia..., pese a un supuesto crecimiento económico que El Roto desmenuza en El desescombro, selección de viñetas con que en 2016 analizó la moral política y ciudadana que se desprende de estos conflictos. Cifuentes, aventajada discípula de Aguirre en estos asuntos, encaja en ese paisaje. Niega los problemas que genera su recortada asistencia sanitaria o, ya en el plano más educativo, la vemos reduciendo drásticamente la financiación de algunos conservatorios. Y mientras, acusa a los sanitarios de generar “alarma social”, acusación que ha extendido a cuantos –aunque sean sus propios aliados- denuncien algún género de deficiencia. Compite con ella Beatriz Gascó, portavoz

actual del PP para asuntos educativos en las Corts valencianas, y probable ejemplar para alguna viñeta de Rábago: un informe sobre supuestas comisiones ilegales revela que estuvo cobrando un año de la empresa que les construía los colegios, CIEGSA, una sociedad pública que llegó a acumular 1000 millones de deuda.

Las fragilidades en que se mueve esta supuesta mejora democatizadora de la enseñanza han quedado muy patentes el mismo día en que culminaba el debate del Congreso de Diputados: el Consejo Escolar de la Comunidad madrileña emitió ese día una señal desasosegante. Con la ausencia discordante de los representantes de la comunidad educativa, aprobó un preacuerdo de tal cariz que UGT no sólo acabó pidiendo “volver a sentarnos a debatir el Acuerdo Educativo”, sino que la Consejería –cuyas decisiones tanto pesan en muchos otros puntos de España- “ofrezca una posición abierta y receptiva a las propuestas de nuestro sindicato”.Las discrepancias con el contenido –y la pretensión de que allí se marcara la pauta al pacto de Estado- también fueron compartidas por CCOO-Madrid.

Y rebajas

En consecuencia, las pretensiones pactistas de Méndez de Vigo han de ponerse provisionalmente entre paréntesis. De tanto postureo puede que sólo quede una aleatoria ineficiencia para que al sistema educativo existente le alcancen los cuidados del conocimiento y la perseverancia que tanto necesita. Pese al mágico virtuosismo que transpira el anhelo de “pacto”, no cejan los ejemplos de lo canijo y contrahecho que puede resultar. La norma que –a imitación de la que hay en Murcia y La Rioja- proyectan en Baleares para las escuelas infantiles es paradigmática de cómo atender las muchas necesidades que en estos años perdidos se han acumulado. Alguien ha tenido la maravillosa idea de jibarizar la riqueza democratizadora de este nivel educativo achicándolo conceptualmente como “guarderías infantiles”, en que ni sean obligatorios más de 1,5 metros cuadrados por niño, ni luz natural. Este política educativa pronto debiera ir acompañada de un cursillo prematrimonial como los de antaño, para que los futuros papás de liliputienses medios económicos interiorizaran a tiempo lo equitativa que puede ser una plaza pública en esa “guardería” para sus posibles vástagos. Suerte, pues, con la preceptiva literaria del pactismo educativo que está en marcha: la sobreatención a la Generalitat catalana ampara las rebajas.

TEMAS: Pacto educativo. Consenso/disenso. Religión. Escuela privada/Escuela pública. Educación infantil. Artículo 27 Constitución. Leyes educativas. Estado social.

Manuel Menor Currás (Madrid, 16.12.2017)

17 y 18-6-17: Mesas informativas sobre la Ley alternativa de Educación (de 12:00 a 14:00 h y de 10:00 a 22:00 h,Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares)

La AAVV Azaña de Alcalá de Henares lleva a cabo esta acción informativa

Comunicado de Podemos Educación Madrid sobre la propuesta de Ley Universitaria de la CAM

22-2-17: Conferencia "¿Qué educación para qué mundo?", Ciclo DIÁLOGOS POR LA EDUCACIÓN (19:00 h, Ateneo de Madrid)

"La necesaria participación" (Valentín Huerta)

En los cambios que son necesarios que los nuevos gobernantes progresistas hagan en la Enseñanza y Educación Pública, es necesaria la participación de los que se juegan su futuro. Estudiantes y Enseñantes. 

Si los Planes Educativos se hacen mirando solamente la conveniencia política, seguirán los desastres qué está causando la LOMCE. De ahí la necesidad de contar con los más afectados. No hay nada que se aborde con mayor alegría y eficacia que lo qué uno mismo ha participado en su elaboración. 

Si los Estudiantes, y Enseñantes, se tienen que “comer” lo que las Autoridades guisen…a ellos les gusta este Refrán: YO ME LO GUISO, Y YO ME LO COMO. Que esto lo tengan muy presente los próximos gobernantes. Así lo demanda…El abuelito Valentín.

28-4-2016: “Jornada de debate sobre educación. Propuestas para una nueva ley educativa” (17:00 h, en el Congreso de los Diputados). LEE AQUÍ EL DOCUMENTO DE BASES PARA EL ACUERDO

"Los tiempos son poco propicios para un orden justo en los asuntos educativos" (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía su último artículo

Después de doscientos años, nuestro sistema educativo sigue tendiendo a ensanchar la brecha que divide el país en dos partes irreconocibles. Es tiempo para repensar qué país queremos.

No es buena época para la lírica. No lo es si se mira a Panamá o a las Islas Vírgenes, que de tales parece les quede poco. Y tampoco si se considera la parsimonia de la provisionalidad, incapaz de acordar un cambio gubernamental sensato, atento a los asuntos de todo; si se lee el último informe de Cáritas sobre la pobreza o se piensa el trato que damos a los refugiados a las puertas de Europa. Algo de consuelo pueden proporcionar –aunque sea con pretexto conmemorativo- esas partes de El Quijote en que Cervantes se mostraba –hace 400 años- profundamente partidario de lo mucho que tenía que cambiar el común comportamiento moral, público y privado, para que hubiera un orden justo y racional en la gestión de cuanto nos atañe.

Blanco White y las dos Españas

En asuntos educativos las rémoras también vienen de lejos. José Blanco White, sevillano al que le preocuparon mucho -antes y después de verse obligado al exilio londinense-, ya escribió en 1831 que “el sistema de educación en España tiende a ensanchar, año tras año, la brecha que ya divide al país en dos partes completamente irreconciliables”. No lo achacaba él directamente a una pelea entre ricos y pobres o entre burgueses y aristócratas, sino más bien a una “antipatía intelectual” producida  “por la oposición entre la educación establecida y aquella que, apoyada por las reformas mal planeadas, cada español dotado de una mente activa se proporciona como puede a sí mismo”. Habría, pues, dos bandos principales. En uno militaría el clero, dotado de gran influencia y privilegios, “inseparablemente ligado a la gloria del cielo y de su país”, capaz de dar afinidad y cercanía a una multitud de personas –que Blanco en plan apologético denomina “ignorantes y supersticiosos”- que constituye una “masa enorme cuyo orgullo mental no conoce más satisfacción que la de imponer a la fuerza el respeto a lo que ellos veneran”. Y frente a esta ingente cantidad de personas –los mismos que habían reclamado al rey felón como “el deseado”, proclamando: “vivan las cadenas”-, estaría un grupo, cada vez más numeroso, compuesto por personas de todas las clases y profesiones, capaces “de apreciar la inutilidad y la maldad del saber de sus adversarios”. Cuanto de “talento y de información verídica existe en el país” –argumentaba- estaría sin duda en este bando, aunque por el riesgo de “peligro” tuvieran que ocultarle a los fanáticos su “desprecio”.

No habían tenido lugar todavía ni las tres guerras civiles del carlismo ni los múltiples golpes militares que jalonarían la historia española hasta 1936. El Trienio liberal (1820-23) había sido inaugurado con uno, ahogado a su vez con la represión brutal que, tras las decisiones del Congreso de Verona (1822),  restauró el poder absoluto. Desde Londres, Blanco White adelantaría entonces lo que iba a  suceder durante todo el siglo siguiente: “Si cualquiera de estos dos bandos tuviera suficiente poder para subyugar al otro, la fiebre intelectual del país sería menos violenta y cabría esperar alguna crisis en fecha no muy lejana; pero ni la Iglesia ni los liberales –pues tales son, en realidad, los dos bandos que se enfrentan- tienen la más remota posibilidad de desarmar al adversario. La contienda continuará, desgraciadamente, por tiempo indefinido, durante el cual los dos sistemas  rivales de educación que existen en ese país (España) proseguirán la tarea de convertir la mitad de la población en extraña, extranjera y enemiga de la separada”.

Dieciocho años antes, en 1813, ya había advertido que estaban sembradas las semillas de los dos partidos que dividirían el país: “Aunque el objeto de ambos, en último término, es el poder, el pretexto será la religión”. Casi todo el clero sospecharía que eran impíos los partidarios de un nuevo orden político democratizador, en la creencia de que el nuevo sistema que preconizaban las Cortes de Cádiz contenía gérmenes que “amenazan indirectamente a la pureza de la fe”. Aquellos liberales eran débiles e incapaces de llevar adelante la tarea de modernizar el país, mientras que “la opinión pública pronto estará dispuesta a cualquier mudanza, el trono será ocupado por alguna persona llamada a la sucesión y el actual sistema vendrá en breve a tierra”. En esa situación, los arreglos que exigía la problemática situación de los religiosos regulares antes de 1808,  más urgida de atención cuando estaba acabando la guerra antinapoleónica, le hacía advertir que “si las Cortes toman providencias indirectas y evasivas sobre este punto, todas sus determinaciones serán anotadas por el partido devoto en la memoria de agravios del cielo que acaso no se está recogiendo en vano, y la reforma de los gravísimos males que producía el estado religioso en España titubeará” (Blanco, J. Sobre Educación, Escuela Nueva, 2003: edición de A. Viñao).

Desde antes de la LODE

Estos textos del sevillano parecen escritos para estos días nuestros.  Particularmente, para que en la pugna actual por revisar o ampliar el sector concertado de este sistema educativo, recordemos que el relato de tal asunto no empezó en 1985 con la LODE: esta ley garantizó a los empresarios privados de esta actividad el negocio que tenían al asegurarles lo  que hasta ese momento habían sido “subvenciones”. No viene tampoco de la guerra civil, entre 1936-39, si bien es verdad que los primeros decretos de la Junta de Burgos, y más claramente todavía los que siguieron desde abril de 1939, echaron por tierra cuanto se había avanzado en los cinco años de la II República: en Madrid, por ejemplo, los 13 institutos que había quedaron reducidos a 6 y algunos con nombre cambiado en honor de “la victoria”. Prácticamente todos los ministros del franquismo  -declaradamente nacional-católicos en su mayoría bajo filiaciones de asociaciones y congregaciones diversas- le dieron apoyo sistemático, y así siguieron las cosas en Educación prácticamente hasta 1982, en detrimento de lo que impropiamente podía llamarse “escuela pública”. Esta historia, ya tenía tradición cuando sucedió todo esto: había recorrido todo el siglo XIX y, desde 1901, se había convertido en una auténtica “guerra escolar” de creciente dureza.

En esta última Legislatura (desde el 2011), ha habido un exceso de celo por parte de muchos responsables educativos por ampliar la presencia de la enseñanza privada y concertada en el sistema. Sigue siendo la Educación uno de los pocos campos residuales de enfrentamiento simbólico entre los distintos grupos sociales. Esa es la razón principal por la que no se pudo llegar a un consenso en estos asuntos en la etapa ministerial de Gabilondo.  Ya con Rajoy en la Presidencia, se prefirió –la política es elección- el modelo que en autonomías como Madrid se había venido ejecutando desde 2003 y que, a su vez, procedía de las sucesivas rebajas que, desde Esperanza Aguirre o el propio Mariano Rajoy en Educación, habían ido mermando lo preceptuado en la LODE. En 2006, incluso la LOE dejó en situación precaria la protección de la enseñanza pública restándole preeminencia, al decir  en el art. 108.4 que “el servicio público” de la educación –en el mismo plano teórico de igualdad- “se realizará a través de los centros públicos, privados y concertados”. Desde 1996,  los pretextos de “la calidad” y “libertad de elección de centros”, amén de otras medidas adicionales, habían venido siendo encamjnados sistemáticamente a sostener, prolongar  y ampliar la situación privilegiada que, de partida, había tenido en el siglo XIX la enseñanza privada cuando “estudiar” era cosa de muy pocos e “ir a la escuela” imposible para una mayoría analfabeta. El 80% de la Segunda Enseñanza –amén de los colegios para niños y niñas de buenas familias- estaba en manos de congregaciones y fundaciones allegadas a la Iglesia católica, según dejó dicho el Conde de Romanones en el Parlamento. Fue el segundo ministro de Instrucción que tuvo España (1901-1902), muy denigrado por quienes, desde posiciones integristas, entorpecieron cuanto pudieron las decisiones con que quiso fortalecer la intervención del Estado. Él les replicaba  diciendo: “¿Por qué sois partidarios de la libertad de enseñanza? -Porque esa es la única que os aprovecha, y todas las demás libertades son para vosotros mortales enemigos”  (Diario de Sesiones del Congreso, 12/07/1901).

Funcionalidades de la libertad de enseñanza

Ese desencuentro en torno a la “libertad de enseñanza” ya venía de la propia Ley Moyano en 1857. Tal sintagma encierra contradictoriamente, por ejemplo, la difamación y persecución de la Institución Libre de Enseñanza y, más grave todavía, la depuración del magisterio, del profesorado de Medias y de la Universidad, y el del incipiente grupo de investigadores que se había formado en torno a la Junta de Ampliación de Estudios. Procesos todos  muy documentada en los sumarios del BOE anteriores a 1945 y con abundantes reflejos posteriores.  Puede que volvamos a ello otro día, para ver cómo evoluciona la semántica en manos de quienes quieren gobernar publicitariamente, con palabras que poco o nada tienen que ver con lo que parecen.  Estamos en 2016 y si les damos vueltas es porque la realidad muy probablemente sea otra cosa y porque, en educación como en la vida, casi nada es lo que parece o puede que sea muchas cosas a la vez. Por ello Álvarez Junco, en su último libro a propósito de la función identitaria de los nacionalismos –El ser de España-, abre con una cita del famoso historiador de la decadencia y caída del imperio romano, Edward Gibbon (1737-1794), sobre la funcionalidad de las divinidades romanas: verdaderas para la plebe, falsas para el filósofo y útiles para los políticos.

 Hay construcciones ideales que sólo existen para quienes se las creen y hasta pueden tener su belleza, como muchas mitologías. Pero la mezcla de libertad, religión y negocio como pretexto de “selecta educación”, subvencionada o concertada con el dinero de todos y diferenciada de la que como ineludible derecho reciben los demás mortales, a estas alturas habla más de pasado que de futuro democrático. Este sistema –más escolarizador que propiamente educativo- tal como parece haber querido consagrarlo la LOMCE es el futuro de una estructura soñada por y para unos pocos en el XIX. El problema es que, cuando sus defensores actuales piden que –sin revisión alguna- se siga protegiendo y desarrollando en beneficio privado de tan selecto grupo porque, entre otras ventajosas cualidades es más barata o segrega bien a los niños de las niñas, suena a incapacidad para imaginar y crear un futuro compartido por todos.  En consecuencia –y con más razón en tiempos de “crisis”-, el resto de los ciudadanos afectados –el 65% en principio- parece que deba tener derecho a que, o se eliminan las contradicciones o habrá de ponerse este asuntos en su sitio de una vez por todas. Desde Blanco White ya han pasado más de dos siglos. Con tal tradición, lo extraño sería que no resultara complicado formar un Gobierno comprometido con el diálogo y las necesidades de los ciudadanos. O que no estuviera bien vista la fuga de capitales de nuestros más distinguidos emprendedores.

TEMAS: Enseñanza privada y concertada. Enseñanza pública. Libertad de enseñanza. Calidad educativa. Ley Moyano. LOMCE. LOE. LODE. Blanco White. Conde de Romanones. Cáritas.

Manuel Menor Currás

Madrid, 09/04/2016

18-11-2015: Jornada de debate "Construyendo un nuevo modelo educativo" (Propuesta de la Plataforma Cambiemos la Educación)

La Plataforma Cambiemos la Educación nos envía este correo:

Hola compañeras y compañeros,

Os enviamos desde la comisión de comunicación los distintos materiales que tenemos preparados para darle difusión a la jornada del 18N (pancartas, panfletos modificables y cartel).

Recordamos que el logo y las tipografías se encuentran en la web: www.cambiemoseducacion.com

Así mismo os pasamos el enlace del evento de facebook: https://www.facebook.com/events/497646517063438/

Enviadnos a este correo las actividades que vais a llevar a cabo en los distintos centros de estudio, de cara a poder darle mayor visibilidad y unidad a las acciones.

Os enviamos un documento que recoge los documentos elaborados por los grupos temáticos. A pesar de que estos documentos son los provisionales, sin las aportaciones que se hicieron en la asamblea, son ya una base para debatir de cara al día 18 de noviembre y a los debates que se han planteado en los centros educativos.

Un saludo!

Propuesta de panfleto

¿Quiénes somos?

Cambiemos la Educación es una nueva plataforma que conglomera a todos los agentes educativos en respuesta a la crisis en la que se ve envuelta la educación. Tras años y años, y reforma tras reforma, decidimos crear esta plataforma por una serie de cuestiones tan claras como  la LOU, la LOM/LOU, la LOMCE, el 3+2, la precarización de las estudiantes a la hora de acceder a sus estudios, el vacio de contenidos dentro de los mismos, entre muchas otras cuestiones.

(Acto que sea) este miércoles 18N

La educación juega un papel esencial en cualquier sociedad. Forma a los profesionales del futuro, investiga, genera conocimiento y ayuda a desarrollar los entramados institucionales, sociales y culturales. 

Es por ello que necesitamos una educación real, que no excluya a nadie, ¡Queremos tu opinión!, queremos saber qué necesita la educación de la forma más democrática posible. Por esto queremos invitaros a participar en nuestra jornada de debate el miércoles 18 de noviembre, en la que, (incluir lo que se vaya a hacer)

Puedes descargar 

• el documento "Propuesta de panfleto" 
• el documento que recoge los documentos elaborados por los grupos temáticos

21-11-2015: Encuentro social y de debate. Bases de un acuerdo Social y Político para una nueva Ley de Educación (10:30 h., en el IES SAN ISIDRO)

ENCUENTRO SOCIAL Y DE DEBATE. Bases de un acuerdo Social y Político para una nueva Ley de Educación.

tendrá Lugar: 

el  SÁBADO  21 de Noviembre. 10:30 horas. en el IES 'SAN ISIDRO'. C/ Toledo, 39. Madrid.

Entradas relacionadas:

Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político educativo

Decálogo ideas-fuerza del Documento de bases para una nueva Ley de Educación

28-10-2015: Asamblea Cambiemos la Educación (17:00 h., en el Salón de actos del Edificio de Alumnos de la UCM) / Recogida de firmas

Buenas compañeras y compañeros,

Tras el éxito de la anterior asamblea, las comisiones que formamos se han reunido y han convocado la próxima asamblea el día miércoles 28 de Octubre a las 17.00h en el Salón de actos del Edificio de Alumnos de la UCM <M> Ciudad Universitaria.

Los puntos a tratar en la siguiente asamblea, que son los debates que quedaron abiertos en la anterior, son:

1. Presentación, resumen de la asamblea anterior.

2. Información y trabajo de las comisiones.

3. Propuestas.

4. Calendario.

5. Conformación de grupos de trabajo en torno a las propuestas consensuadas.

Así mismo os informamos de que la web de la plataforma ya está activa, y que estamos llevando a cabo un método de recogida de firmas para suscribir el manifiesto por un nuevo modelo educativo.

El procedimiento para firmar es: Acceder a la página www.cambiemoseducacion.com donde se encuentra el manifiesto completo, y poner el nombre y la profesión, institución, colectivo o plataforma a la que se pertenece. 

¡Os esperamos el 28!

Un saludo

Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político educativo

Documento de bases para una nueva Ley de Educación.

Acuerdo social y político educativo

Versión del documento 2016

El derecho a la educación es un derecho universal que los poderes públicos están obligados a hacer efectivo para todos los ciudadanos y ciudadanas en términos de igualdad y, por tanto, de gratuidad. El instrumento para satisfacer tal derecho fundamental es la Escuela Pública, entendida como la institución que integra el conjunto del sistema educativo y de todos sus niveles, cuya regulación y garantía corresponde a las administraciones públicas.

La política educativa no puede ser sino una política pública; es decir, aquélla que es discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía. Por eso, el primer reto al encarar la política educativa reflejada en un Proyecto de Ley es oponerse a una concepción restringida y poco democrática en la forma de entender cómo se hacen las leyes, sometiendo el proceso de su elaboración a una actividad colectiva, lúcida y consciente, dirigida al análisis y cuestionamiento crítico del estado actual de la educación.

Un sistema educativo no puede construirse sin analizar el contexto histórico en el que se ha forjado ni sin contemplar las necesidades de las personas y comunidades a quienes va destinado. Reproducir o enfrentar la cultura dominante es una opción ética que debe tomarse. Esta ley tendrá que abrir caminos para hacer frente a la profunda inequidad social que nos rodea, la crisis de valores democráticos y a la grave crisis ambiental a la que se dirige de manera ciega nuestra cultura.

La construcción de un proyecto público no es un camino fácil, pues en dicho proceso se dirimen tensiones y enfrentamientos sobre el modo en que entendemos el mismo, así como a quiénes se reconoce como sujetos protagonistas de ese proyecto político.

Deseamos una educación que vertebre con coherencia los objetivos, los contenidos, las metodologías y la evaluación; funciones en las que se concreta y se expresa la acción educativa. Es importante que el aprendizaje no se disperse durante la formación del alumnado, para lo cual es necesario desarrollar núcleos de conocimiento interconectados de las diferentes materias, coordinar los departamentos y dar un sentido congruente a las etapas educativas. Esto implica la necesaria coordinación y trabajo en equipo del profesorado, promoviendo así la investigación, la colaboración y la innovación en los centros, haciendo posible la imprescindible revisión crítica de los currículos, desde una perspectiva cooperativa centrada en problemas relevantes de la condición humana en la sociedad actual.

La educación pública ha de estar abierta a la pluralidad de perspectivas y de opciones pedagógicas cuyo desarrollo sea compatible con los fines expuestos. Asimismo, ha de tener en cuenta la adecuación de los tiempos y espacios escolares, el tamaño del centro, el número de alumnos y alumnas por aula, la dotación necesaria de recursos y otras variables que garantizan un mejor ambiente de aprendizaje así como una escolarización de mejor calidad.

Se ha de contemplar la figura del profesorado como facilitador del proceso educativo y puente comunicativo entre los distintos agentes de la comunidad educativa (familias, profesorado y alumnado), entre sí y con el entorno. El cuidado emocional, la escucha activa y el aprendizaje significativo han de ser pilares de la acción educativa.

Es necesario un amplio acuerdo social por la educación pública que recoja las principales líneas de consenso y garantice la estabilidad del sistema educativo, así como establecer las vías de participación de la sociedad y la comunidad educativa. De forma inmediata es necesaria la derogación normativa de las leyes y normas que respaldan las políticas de recortes y las que segregan al alumnado, para lo cual proponemos y pedimos el compromiso de todos y todas por mejorarlo.

Y, sobre todo, no podemos permitir la existencia de un sistema educativo que no ponga en el centro de todas sus actuaciones al alumnado y su adecuada educación integral. El resto de cuestiones deben estar supeditadas completamente a este importante objetivo.

                                *************

Sometemos ahora a debate público este documento elaborado por una pluralidad de organizaciones sociales, de padres y madres, estudiantes, sindicales y políticas [1], con la pretensión de abrir un proceso de análisis, discusión y toma de decisiones, que implique al máximo de personas y colectivos con voluntad de transformar y mejorar el actual estado de la educación.

Entendemos también que este es un documento de amplio consenso; es decir, un documento que incorpora todas aquellas cuestiones en las que, a grandes rasgos, participamos y en las que estamos de acuerdo que contribuirán a lograr un sistema educativo basado en el reconocimiento de la educación como un derecho humano universal.

---

[1] Las Redes por una nueva política educativa están formadas por las siguientes organizaciones:

Colectivos Sociales:
Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia),
Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Europa Laica,
Junta de Portavoces de Educación Infantil, Mareas por la educación pública,
Ciudadan@s en defensa de la Escuela Pública, Proyecto Roma, Plataforma
Crida de las Illes Balears (madres, padres, estudiantes y profesorado), Círculo
Podem Educació Catalunya, Asociación IncluyE, Movimiento Cooperativo de
Escuela Popular (MCEP) y Stop Ley Wert/La educación que nos une,
conformada por los colectivos y plataformas: %ATTAC España, OXFAM
Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica,
Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6, Ecologistas en Acción, Foro
Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES, Rosa Sensat y Yo
Estudié en la Pública.

Sindicatos de Estudiantes:
Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y
Colectivo Estudiantil Salmantino.

Asociaciones de Madres y Padres:
Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado.

Organizaciones Sindicales:
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Confederación STEsintersindical
y CGT Confederal

Partidos Políticos:
Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra
Republicana.

Lee el documento completo en este enlace.

Entrada relacionada:

Decálogo ideas-fuerza del Documento de bases para una nueva Ley de Educación