Desde Asamblea Marea Verde Madrid expresamos nuestra
oposición frontal al aumento de fondos anunciado recientemente para la
educación privada concertada por el Secretario de Estado de Educación. Los
centros privado-concertados llevan cuatro décadas incumpliendo la ley mediante
mecanismos segregadores como es el cobro de cuotas ilegales principalmente,
además de otros.
Ningún gobierno en estas cuatro décadas ha puesto coto a
estas prácticas y las patronales de la educación concertada se saben inmunes:
hagan lo que hagan, no perderán sus conciertos. Los distintos gobiernos -y este
no es una excepción- han permitido e incluso promovido la extensión sin límites
de los conciertos, contribuyendo directamente a un incremento de los niveles de
segregación en todo el Estado y en la Comunidad de Madrid, en concreto, alcanza
niveles insoportables.
Ahora el gobierno transmite un mensaje muy preocupante al
premiar con más dinero a quienes incumplen la ley y pretendiendo que esto sea
asumido con normalidad. No nos hacen falta muchas más pruebas para afirmar que
las políticas de Ayuso que tanto criticamos cuentan con un colaborador
necesario: el Ministerio de Educación.
Ahora bien, no podemos decir que el anuncio nos sorprenda,
si atendemos al propio acuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar
que en su página 26 dice textualmente: “…combatiremos
la segregación escolar mediante la actualización de los módulos y de otros
costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos
públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin
peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la
segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos
públicos”.
La “actualización de los módulos y de otros costes de
funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos” ya se
la debió garantizar Pilar Alegría a las patronales de la educación privada
subvencionada, a quienes reservó su primera reunión nada más asumir el cargo de
Ministra. Lo de “asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin
peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión” debió provocar
carcajadas de los representantes de las patronales, sabiendo, como saben, que
hagan lo que hagan, no perderán sus conciertos.
La realidad del sistema educativo madrileño, según datos
del gobierno regional, es que la Escuela Pública escolariza al 54% del alumnado
de enseñanzas de Régimen General, y en torno al 30% estudia en centros
concertados. El 16% restante lo hace en centros privados, de los que ya no
podemos decir que no estén subvencionados en las enseñanzas de Régimen General,
pues en la Comunidad de Madrid se puede solicitar el acceso a estos centros a
través de los cheques-“guardería”, cheques-FP Grado Superior o
cheques-Bachillerato, además de las desgravaciones fiscales de las que gozan.
Pero nos parece claro que la escuela privada-concertada
constituye el principal factor de promoción de desigualdad en el derecho a la
educación. Las empresas de la educación privada-concertada, ya pertenezcan a
congregaciones religiosas ultracatólicas o a grupos pretendidamente
progresistas, apelan a un sentimiento de diferenciación que las hace de por sí
elitistas y segregadoras. Esta diferenciación a menudo reviste un carácter
ideológico o confesional, pero al final siempre se traduce en una segregación
socioeconómica.
La existencia de criterios de admisión excluyentes y,
sobre todo, la falta de gratuidad real, dificulta el acceso a las familias más
humildes. Incluso el reciente informe de Save the Children, de cuyas recetas
-acordes a lo que plantea el Gobierno- discrepamos totalmente, revela sin
embargo que hasta un 21% de la segregación escolar en España se debe a las
diferencias socioeconómicas que existen entre el alumnado de centros públicos y
de centros privado-concertados, el mayor porcentaje de los 18 sistemas
educativos analizados en el propio informe.
Asumir que una mejor financiación de la escuela
privada-concertada favorecería una composición social más equilibrada entre
esta y la Escuela Pública es un grave error. Financiar más a un tipo de escuela
de por sí segregadora “para que segregue menos” es algo contrario a toda lógica
y seguirá segregando, como ha venido haciendo durante décadas, con total
impunidad. Quien piense que las patronales, una vez recibido el dinero, van a
cumplir su compromiso en materia de transparencia en los procesos de admisión y
la eliminación de las cuotas ilegales está muy equivocado: la financiación
adicional les servirá para mejorar sus cuentas de resultados, dotarse de
equipamientos para diferenciarse más de los centros públicos o dedicar aún más
dinero a publicidad. Y el gobierno, con tal decisión anunciada, colaborará aún
con más fuerza con el incremento de la segregación.
El porcentaje de alumnado matriculado en las instituciones
públicas educativas en el Estado español se sitúa en torno al 68% frente al 84%
de la UE-27. El caso español podemos calificarlo como una anomalía. Una
anomalía bien arraigada gracias a que incluso la llamada izquierda
institucional asumió hace ya mucho tiempo el marco discursivo de la derecha,
malinterpretando a sabiendas lo que establece el artículo 27.1 y 27.3 de la
Constitución en lo relativo a la libertad de enseñanza:
Artículo 27
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de
enseñanza. (...)
3. Los
poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones. (...)
El reconocimiento de la libertad de enseñanza implica que
particulares o empresas puedan abrir un centro de enseñanza, pero no implica
que las administraciones tengan que correr con los gastos de esas empresas.
Implica, simplemente, que estas tienen la libertad de hacerlo. Del mismo modo,
las familias tienen la libertad de llevar a sus hijos a determinadas enseñanzas
sin que el estado tenga la obligación de subvencionar dichos gastos. Igualmente
el reconocimiento del derecho de las familias a que sus hijos reciban una
“formación religiosa y moral acorde a sus convicciones” tampoco implica ni que
el Estado deba financiar centros religiosos ni que esta formación “religiosa y
moral” deba impartirse en el marco del sistema educativo reglado. Y esto
debería extenderse a cualquier sesgo confesional o ideológico.
Abrir un centro privado-concertado, por tanto, no es un
derecho. Es una apuesta empresarial que debe atenerse a los requisitos legales.
Y si la empresa en cuestión disfruta de un concierto e incumple la legislación
vigente, no debería disfrutar del concierto, y debería serle retirado, lo cual
-dicho sea de paso- podría suponer el cierre de muchos centros
privado-concertados o su rescate y que pasaran a la red pública.
Con la bajada de la natalidad -en 10 años se han perdido
400.000 alumnos y alumnas en infantil y primaria-, parece claro que la prioridad
del gobierno no es mejorar la financiación de la Escuela Pública y la calidad
del servicio público educativo con una bajada significativa de las ratios y la
priorización de construcción de centros públicos donde haya demanda
demográfica. La prioridad parece que consiste en mantener abiertos a toda costa
los centros privado-concertados existentes y garantizar la viabilidad económica
de unas empresas que sin duda seguirán ejerciendo su “libertad de selección”
del alumnado, descartando al alumnado de familias vulnerables que no puedan
plantearse pagar sus “peajes” o a aquellos con problemas de aprendizaje a cuyas
familias seguirán invitando a marcharse a la pública “porque allí existen más
recursos para alumnado de ese perfil”.
Centros que seguirán segregando porque su naturaleza es
elitista y segregadora, pero que pedirán más dinero por hacer “un gran
esfuerzo” para no segregar, mientras financian caras campañas publicitarias en
todos los soportes imaginables -para eso sí tienen dinero-, reforzando la idea
de que “si puedes permitirte sacar a tus hijos de la escuela pública, no lo
dudes”. Así, muchas familias acuden a la concertada interpeladas por esa
promesa aspiracional de movilidad social ascendente, a pesar de que los datos sean
muy tozudos: basta ver los resultados de la selectividad que publica anualmente
el Consejo Escolar del Estado para deducir que la privada-concertada no es
mejor que la pública.
Cuando veamos esos caros anuncios en prensa, autobuses,
vallas publicitarias o cuñas radiofónicas, conviene no olvidar quién lo paga y
a costa de qué: de centros públicos para todas las etapas educativas. Centros
públicos para una educación de calidad e inclusiva a la que tienen derecho
todas las personas en condiciones de igualdad en una Escuela Pública que sea de
tod@s y para tod@s. El problema es que la Escuela Pública no tiene gobierno que
la defienda.
Asamblea Marea Verde Madrid
4 de noviembre de 2024
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