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sábado, 30 de mayo de 2026
14-6-2026: Manifestación "La Pública se defiende! (12:00 h., Neptuno- Cibeles-Sol). Convocan: CCOO, CONFAPA, CSIT y UGT. Apoyan: APEOIM, Asociación Ángel Llorca, Educación Especial, Asamblea Marea Verde, IU, MM, PCM, Plataforma Moratalaz, Podemos CM, PSOE
miércoles, 20 de mayo de 2026
21-5-2026: Asamblea con toda la comunidad educativa "En vela por la Pública". Convocan: CCOO, CONFAPA, CSIT y UGT. Apoyan: APEOIM, Asociación Ángel Llorca, Educación Especial, Asamblea Marea Verde, IU, MM, PCM, Plataforma Moratalaz, Podemos CM
- Puedes consultar y/o descargar la Guía de Dinamización de la ASAMBLEA "En vela por la pública" - 21 mayo 2026 en este enlace.
- Convocatoria enmarcada en esta ruta de movilizaciones:
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martes, 10 de marzo de 2026
21-3-2026: Asamblea "escribimos juntas la próxima ley de Comedor Universal" (de 10.30 a 14.00 h. Lugar: La Borromeo. Calle Peironcely n° 2). Organiza: Plataforma Comedor Universal POR DERECHO
🗓 Día: 21 de marzo
⏰ Hora: de 10.30 a 14.00 h.
📍 Lugar: La Borromeo. Calle Peironcely n° 2
INSCRIPCIÓN
https://forms.gle/dDNmEx4JgzCkwdQC6
Organiza:
Plataforma Comedor Universal POR DERECHO
🔸 RSP Latina Carabanchel
🔸 Coordinadora de Barrios
🔸 San Carlos Borromeo
🔸 Asociación Apoyo
🔸 Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas
🔸 AFA CEIP Javier de Miguel de Vallecas
🔸AMPA CEIP Palomeras Bajas
🔸AFA Manuel Nuñez de Arenas
🔸Plataforma fe la Escuela Pública de Vallecas
🔸Mesa de Pobreza Infantil de Puente de Vallecas
🔸AMPA CEIP Padre Mariana.
🔸 Asociación Vecinal La Paz
Con el apoyo de:
🔸 CONFAPA
🔸 Asamblea Marea Verde Madrid
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sábado, 31 de enero de 2026
La comunidad universitaria madrileña vuelve a la carga contra la ley de Ayuso (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)
Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
Un análisis exhaustivo
- Las plataformas de las seis universidades públicas retoman las movilizaciones contra la Lesuc y preparan un recurso de inconstitucionalidad en caso de que se apruebe porque ataca la autonomía universitaria, pone recursos públicos al servicio de los centros privados y vulnera derechos de los trabajadores
- — La universidad planta cara a Ayuso: “No tenemos nada que perder porque ya nos lo han quitado todo”
25 de enero de 2026
La comunidad universitaria madrileña vuelve a la carga. Tras el parón navideño, las plataformas en defensa de la universidad pública retoman su actividad con un objetivo y solo uno: impedir que el Gobierno madrileño que dirige Isabel Díaz Ayuso apruebe su ley de universidades (Lesuc). El movimiento opositor prepara asambleas que culminarán el 14 de febrero con una gran reunión interuniversitaria para determinar los siguientes pasos: movilizaciones, acciones en los campus o una huelga, parcial o indefinida, están sobre la mesa, tras el éxito que tuvo la convocatoria del pasado mes de noviembre, que paralizó los campus de la región.
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Además, las plataformas están examinando la última versión del texto línea a línea para presentar un recurso de inconstitucionalidad en el caso de que se apruebe: están convencidos, asesorados por profesorado de ciencias jurídicas de las propias universidades, de que la ley no pasa el filtro del Tribunal Constitucional porque, alegan, ataca a la autonomía universitaria, la autonomía económica y financiera, pone a disposición de los centros privados recursos públicos sin límite, daña la investigación y establece un distrito único de prácticas académicas, además de establecer un régimen de supervisión represivo y vulnera derechos del personal y del estudiantado, entre otras razones.
Por el momento la oposición a la norma, que va desde el alumnado hasta los seis rectores –que han expresado públicamente que esta ley no es la que necesitan–, ha conseguido que el Gobierno regional no aprobara la norma el pasado mes de diciembre, tal y como había expresado el consejero, Emilio Viciana, que pretendía hacer. Pero, aunque la Consejería de Educación ha declinado informar a este periódico de los plazos que maneja o en qué punto está la tramitación, desde las plataformas informan de que en los próximos días está prevista una reunión de la Comisión de Planificación de la consejería que analiza el texto, en la que están presentes los mandatarios universitarios, representantes de los centros privados, alumnado y técnicos, entre otros perfiles, y que pretende dar un impulso a la norma.
Un análisis exhaustivo
Profesorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Carlos III ha realizado un exhaustivo análisis de la última versión de la norma conocida y ha concluido que hay argumentos para presentar un recurso de inconstitucionalidad si se acaba aprobando en los términos actuales. Además, aunque esto no es inconstitucional, sostienen en el texto que la redacción de la norma es “pésima”. Es el mismo grupo que consiguió que el Gobierno regional eliminara de una versión anterior de la ley lo que calificaron como un “asalto” a la autonomía universitaria: la Lesuc creaba una Oficina de Control Económico que daba control sobre cada euro que se gastase en la universidad –desde comprar un ordenador hasta contratar a un docente– a los Consejos Sociales de las universidades, colonizados por el Ejecutivo de Ayuso en los últimos años con expolíticos del PP, empresarios o incluso directivos de universidades privadas.
Pero aquella corrección es insuficiente, aducen ahora a través de un elaborado documento de 36 folios al que ha tenido acceso este periódico. “El Anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (ALESUC) contiene un programa dirigido a anular en distintos puntos la garantía constitucional de la autonomía universitaria, así como a ceder recursos materiales y humanos de las ya de por sí asfixiadas Universidades públicas a los centros privados. Asimismo, y como consecuencia de esa cesión de recursos a las universidades privadas, que tienen como finalidad exclusivamente la obtención de un beneficio, disminuirá el nivel de la investigación en los centros públicos, que son los únicos que realizan aportaciones al mundo de la investigación”, exponen de inicio.
Una pieza clave en las intenciones del Gobierno regional, continúan los expertos, es el rol que la ley prevé para los Consejos Sociales, los organismos de participación de la sociedad civil en la universidad a través de políticos, sindicalistas, empresarios y otros perfiles. Estos grupos, que tienen un rol limitado de supervisión, se “reconfiguran” en la Lesuc, sostiene el análisis, “para convertirlos en instrumentos de control económico de las Universidades públicas madrileñas. Esta reconfiguración −que viola el artículo 47 de la ley orgánica universitaria [jerárquicamente superior a la regional de Ayuso]− debe analizarse a la luz de la realidad de los Consejos Sociales actuales, en varias de cuyas presidencias la Comunidad de Madrid ha nombrado a personalidades provenientes del entorno del Partido Popular, de diversas patronales e, incluso, también del entorno de centros universitarios privados como la UNIR o la UNIE. Es decir: que algunos dirigentes de esas empresas privadas ejercen, asimismo, de directivos de los Consejos Sociales de las universidades públicas, lo que, obviamente, implica gobernar éstas con los ojos puestos en los intereses de aquéllas, lo que compromete absolutamente su labor”.
De la autonomía y la transferencia de patrimonio
El documento analiza los, a criterio de los autores, principales problemas de constitucionalidad que tiene la ley. En primer lugar y con carácter general, sostienen, la Lesuc “es un ataque estructural a la autonomía universitaria (...), un derecho fundamental constitucional [artículo 20.7] que ha sido desarrollada en sentencias del Tribunal Constitucional y en la Ley Orgánica LOSU”. Más específicamente, la norma “vulnera la autonomía económica y financiera reconocida en la LOSU mediante controles externos, multiplicación de informes e injerencias que destruyen la rendición de cuentas establecida por las universidades”.
Las protestas pasadas consiguieron que la Consejería eliminara la Oficina, pero todavía “se atribuyen al Consejo Social competencias que no le corresponden (aprobar supuesto de exclusión de intervención previa por parte de los propios mecanismos internos de ejecución presupuestaria)”, dicen los expertos. “Es decir: trata de ejercer la Comunidad Autónoma, por medio del Consejo Social, competencias en la gestión ordinaria del presupuesto, lo que choca frontalmente con la autonomía universitaria”, advierten.
Además, el anteproyecto contempla la cesión de los recursos de las universidades públicas a las privadas a voluntad de estas. “Todo el texto del ALESUC supura un indisimulado deseo de compartir los recursos de las universidades públicas en favor de las privadas”, sostiene el análisis. El artículo 2.f establece que “las enseñanzas superiores en la Comunidad de Madrid tienen como objetivos: (…) La contribución a la mejora de la vida social, económica, empresarial e institucional, del empleo, la ciencia, la industria, la inversión y las artes, desde la colaboración institucional y público-privada, nacional e internacional”.
Y va bajando el nivel de concreción de esta “colaboración público privada”. El objetivo, sostiene, es “la elaboración y seguimiento de programas conjuntos para la mejora de las infraestructuras de apoyo; el perfeccionamiento de las estructuras docentes, investigadoras y administrativas de las enseñanzas superiores; la racionalización y optimización de los recursos; y las políticas efectivas de servicios y equipamientos de uso compartido”. Y, negro sobre blanco, establece “la puesta a disposición, de manera recíproca, de aulas, auditorios, laboratorios, polideportivos, pistas deportivas u otras instalaciones, previa justificación de las necesidades docentes o de otras actividades que así lo requiriesen”.
El problema que ven los juristas de la UC3M es que esos auditorios, laboratorios, etc. los tiene la universidad pública y no la privada o al menos no todas o de peor calidad, por lo que más que recíproco será unidireccional. El texto advierte: “Difícilmente se puede expresar con mayor claridad lo pretendido por la Comunidad de Madrid; es exactamente el mismo mecanismo introducido por la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, y que dio paso a la privatización de la Sanidad Pública y el progresivo hundimiento del Sistema Nacional de Salud”.
Represión y derechos
Otro de los aspectos más criticados del ALESUC es la creación de un distrito único de prácticas universitarias, que “en realidad es un desapoderamiento de una parte sustancial de la programación docente de las universidades, sometiéndola a dominio de la Administración autonómica”, advierte el análisis, que se fija en el caso de Medicina, uno de los más delicados porque las plazas son finitas. “De lo que se trata en el ALESUC es de un apoderamiento, por parte de la Comunidad de Madrid, de las plazas de los hospitales públicos madrileños, al ser aquélla −a través de la Gerencia de los hospitales− quien determine cuántas plazas de prácticas se ofertan y, con ello, cuántas se dan a las universidades privadas”. Además, continúan, “en este último caso son mayoritariamente profesores de la universidad pública quienes realmente impartirán la enseñanza a los alumnos de las universidades privadas (y se pongan al servicio de los intereses económicos que hay detrás de las mismas, en no escasa medida de propiedad extranjera), beneficiándose estos de lo que no tienen en sus centros: profesores de calidad reconocida. Catedráticos de verdad, o profesionales de verdad dedicados a la práctica hospitalaria”.
La norma contempla la creación de una Comisión del distrito único de prácticas que estará compuesta por siete cargos políticos de la Comunidad de Madrid, siete empresarios (“los representantes de las organizaciones empresariales, de la Cámara de Comercio y de las universidades privadas, que en realidad son empresarios en representación, mayoritariamente, de fondos de inversión, de pensiones, etc.”, que son los propietarios de las universidades privadas, advierte el texto), cinco de enseñanzas superiores no universitarias, un miembro de centros superiores de enseñanzas artísticas, y los seis rectores de las universidades públicas madrileñas, además de un estudiante.
“Es decir: las prácticas de los estudiantes universitarios van a ser decididas por representantes de enseñanzas no universitarias, por empresarios que pueden ser o no universitarios, por cargos políticos que pueden ser o no universitarios, y por un estudiante”, resumen los juristas. Y concluyen: “De lo anterior se deduce inmediatamente: el ejercicio de la docencia universitaria queda alejado de la universidad e, incluso, su propia estructura es decidida por (o puede serlo) por no universitarios, y en todo caso por representantes del poder político. (...) Estamos ante una decisión de la Comunidad de Madrid mediante la cual se equiparan universidades públicas y privadas; se ponen a disposición de los negocios privados las estructuras de gestión públicas, a las que, de paso, se les ahorran gastos”.
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Por último, aunque esta parte no entra en el análisis de los juristas de la UC3M, las plataformas en defensa de las universidades públicas han denunciado el carácter represivo de la ley respecto a las manifestaciones o protestas en los campus. Aunque la última versión se ha rebajado respecto a la primera, el texto aún mantiene multas de hasta 100.000 euros por realizar escraches, por ejemplo, y deja en manos del Consejero de Educación la imposición de las sanciones calificadas como graves. “Un régimen de supervisión represivo que vulnera la autonomía estatutaria de las universidades, y que es desproporcionado, invasor de competencias penales y autoritario en tanto concentra dicho poder en el cargo político del Consejero”, sostienen las plataformas.
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sábado, 19 de marzo de 2022
Las familias y la Asociación Vecinal del Barrio de los Molinos de Getafe presentan la Plataforma por la Construcción de un Instituto de Secundaria Público
La Plataforma IES Los Molinos Getafe YA nos envía este correo:
Desde la Plataforma "IES Los Molinos Getafe YA" os adjuntamos la nota de prensa relativa, tanto a la presentación pública de nuestra plataforma en el día de ayer, como a nuestro objetivo de construcción de un instituto de secundaria en este barrio del municipio de Getafe.
Un saludo
Plataforma IES Los Molinos Getafe YA
NOTA DE PRENSA
LAS FAMILIAS Y LA ASOCIACIÓN VECINAL DEL BARRIO DE LOS MOLINOS DE GETAFE PRESENTAN LA PLATAFORMA POR LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA PÚBLICO
Este nuevo espacio, que nació durante los primeros meses de la actual pandemia, contará también con la participación de la Plataforma por la Escuela Pública de Getafe y varios colectivos del barrio y del municipio
Su objetivo es instar a la Comunidad de Madrid a que inicie cuanto antes los trámites de construcción del centro educativo público de secundaria del que actualmente carece el barrio
15 de marzo de 2022. Las familias, vecinos y vecinas del barrio getafense de Los Molinos presentaron ayer la Plataforma “IES Los Molinos Ya”, como espacio colectivo y abierto a todas las personas y entidades del barrio, con el único objetivo de que la Comunidad de Madrid inicie los trámites necesarios para la construcción del instituto de secundaria público que dé solución a la demanda que, en este ciclo educativo, tiene actualmente el barrio, y que ayude a disminuir la existente masificación en los institutos de los barrios colindantes y de todo el municipio de Getafe.
En el acto, en el que participaron familias del barrio de El Bercial de Getafe y del barrio de Rejas de Madrid capital, además de portavoces de la Plataforma por la Escuela Pública de Getafe, se puso en valor la necesidad de construcción inmediata de esta infraestructura educativa para un barrio cuya demanda demográfica exige que las obras y los trámites administrativos previos se inicien cuanto antes. Mario Ayuga, de la AMPA Elisa Soriano Fischer, destacó los principales problemas que las familias de este barrio getafense vivieron y viven con la construcción tardía, tanto del instituto de secundaria Elisa Soriano Fischer como de su ampliación pendiente: “no solo el instituto llegó con retraso en su día, sino que actualmente venimos sufriendo la necesidad de que las obras de ampliación estén cuanto antes para poder albergar a los casi de 600 alumnos que formarán parte del centro el próximo curso”. Igualmente, Alberto Arkones, de la Asociación de Familias del Alumnado Instituto Jane Goodall de Rejas (Madrid) incidió en su intervención en la necesidad de unidad y de difusión del objetivo de construcción del instituto: “nuestra experiencia en Rejas nos dice que solo con la constancia y la unidad pudimos conseguir la construcción de nuestro centro; la presencia activa en reuniones, concentraciones y otros actos públicos, junto con la unidad de acción de las familias fueron nuestra carta de presentación y, a la larga, la base de nuestro éxito”.
Junto con la AVV Barrio de Los Molinos y la Plataforma por la Escuela Pública de Getafe, la presentación de la plataforma estuvo arropada por la AMPA del IES Elisa Soriano Fischer, la Plataforma Centros públicos Ya, La Plataforma Instituto en Rejas Ya, la AMPA CEIP Miguel de Cervantes, la Plataforma Afectados Corrugados Getafe y la Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo. Igualmente, hubo representación municipal con la presencia de Ángeles García, Concejala de Educación de Getafe, y representación de los grupos políticos Podemos y Más Madrid - Compromiso con Getafe.
El barrio de los 3000 niños
El barrio de los Molinos de Getafe, cuyo proyecto de urbanización comenzó en la primera década del 2000, tiene actualmente más de 10.000 habitantes censados, aunque la población residente está por encima de los 11.000 habitantes. Contando únicamente esos 10.000 habitantes, un tercio son menores de entre 0 y 14 años (más de 3.000 según datos oficiales), cifra que aumentaría aún más teniendo en cuenta la población residente. En referencia a equipamientos educativos públicos, el barrio solo tiene un colegio de segundo ciclo de educación infantil y primaria público, el Miguel de Cervantes, construido por fases y recientemente acabado, careciendo de escuela de educación infantil 0-3 años pública y de Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato Público que hoy demandan sus familias y cuya parcela lleva ofrecida por su ayuntamiento a la Comunidad de Madrid desde 2019.
Galería de imágenes: https://drive.google.com/
viernes, 18 de febrero de 2022
Escolarización del 0-3 en colegios de infantil y primaria: pros y contras (Pablo Gutiérrez de Álamo para El Diario de la Educación)
Artículo de Pablo Gutiérrez de Álamo para eldiariodelaeducacion.com
- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que para el curso que viene habilitará 2.000 plazas del primer ciclo de infantil en colegios públicos. La patronal de centros privados, Acade, ha lanzado las primeras críticas por la competencia que esto supondrá. Por su parte, la Plataforma en Defensa del 0-6 también se muestra crítica y escéptica con los planes de Educación.
17/02/2022
En los últimos años, cada vez son más las comunidades autónomas que abren los CEIP a la posibilidad de escolarización criaturas del primer ciclo de educación infantil, aunque hasta ahora solo se había contemplado la posibilidad de que fueran quienes tienen 2 años. Así se ha hecho en Extremadura, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana.
La Comunidad de Madrid ha dado un paso más, como suele pasar, con el anuncio de la «creación» de plazas públicas desde los 0 años en colegios públicos de infantil y primaria. Se han seleccionado 45 centros de diferentes poblaciones para las primeras 2.000 plazas que comenzarían el curso próximo.
La decisión, según la Comunidad de Madrid, se hace dentro del marco de la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2022-2026 y con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resilencia para la construcción de cinco escuelas infantiles más.
En cualquier caso, estas plazas podrán computarse por parte del Gobierno madrileño como las acordadas con el Gobierno central dentro del marco de creación de 65.000 plazas públicas y gratuitas de 0-3 en los próximos años. Según confirman fuentes del Ministerio, efectivamente no se obligaba a las comunidades autónomas a la construcción de centros educativos de infantil, sino a la creación de las plazas.
Pros y contras
Uno de los pros para las administraciones educativas es que resulta más barato reformar espacios en colegios ya existentes que construir nuevas escuelas infantiles para escolarizar este primer ciclo de la etapa. Tal vez este haya sido el motivo que ha movido a la Comunidad de Madrid a anunciar esta posibilidad en el próximo periodo de matriculación.
Desde la Plataforma en Defensa del 0-6 critican, eso sí, que los colegios no son espacios adecuados para estas criaturas tan pequeñas. «¿En qué condiciones se hará esta escolarización?», se pregunta una portavoz de la plataforma. Asegura que, en cualquier caso, el 0-3 es una etapa muy diferente a cualquier otra. Entre ellas, que los bebés de estas edades precisan de tiempos de descanso y para ello, es necesaria una cierta tranquilidad. Los colegios de infantil y primaria no parecen el mejor de los escenarios.
Además, los bebés, dada su natural evolución, demandan una serie de cuidados que obligan a tener unas instalaciones muy definidas, empezando por zonas de aseo e higiene en donde puedan ser cambiados. Su alimentación, además de biberones, se compone de purés y papillas que, idealmente, deberían ser preparadas en el momento. No todos los centros disponen de cocinas, por lo que, presumiblemente, harían uso de las empresas de catering.
Empar Martell forma parte del MRP de Castellón y es maestra de infantil. «Nosotras defendemos el modelo 0-6», asegura. Y trabajan para que se reconozca como etapa educativa. Entiende que aunque se han hecho avances y en la Comunidad Valenciana, desde la administración, se están dando pasos para ser más respetuosos con las criaturas de estas edades, estas no deberían estar en centros de infantil y primaria.
Además del ahorro de costes, existen otras razones. En el caso de la Comunidad Valenciana se hizo con un objetivo claro: que hubiera una matrícula cautiva en centros públicos desde edades tempranas para que así no hubiera una «desbandada» hacia centros concertados. Si el 0-3 también se oferta en colegios, será gratuito, de manera que las familias podrán optar por esta modalidad, sobre todo las que menos capacidad adquisitiva tengan. Y así, habrá más posibilidades de que continúen su escolarización en la pública a partir del segundo ciclo o de primaria, asegurándose el acceso a las siguientes etapas educativas.
"Necesitamos escuelas que se diseñen para la infancia, no habilitar espacios en centros que son un poco agresivos"
Martell explica que aunque en su comunidad solo han entrado en los colegios niñas y niños de dos años, esto ya representa problemas. En estas edades, la criaturas tienen unos ciertos requerimientos de espacios y de necesidad de movimiento que los colegios no pueden garantizar, empezando por unos patios que son de puro asfalto y siguiendo por una lógica y una organización que nada tienen que ver con ellas como personas. «En estas aulas se sigue la lógica de primaria, subordinando las necesidades de infantil -comenta-«. Y explica que la lógica de la etapa, «eso de vivir el día a día, de que experimenten, que jueguen y se respete su descanso» desaparece porque se parte sus jornadas.
«Necesitamos escuelas que se diseñen para la infancia, no habilitar espacios en centros que son un poco agresivos”, zanja. Aunque entiende que, al menos en la Comunidad Valenciana, no hay dinero para construir los centros de 0-6 que serían necesarios. «Lo entiendo, pero habría que replantear las cosas para que escuelas sean más amables y sea una realidad el modelo de escuela infantil 0.6».
La central de centros privados (no concertados) Acade, ha dado la voz de alarma y reclamado a Madrid que no «nacionalice» este ciclo. El hecho de que los centros públicos abran sus puertas a las criaturas de estas edades pone en serio peligro la continuidad de muchas escuelas privadas, dicen, que ofrecen educación infantil. Su coste es elevado y las familias tendrán una opción al alcance de la mano para poder elegir.
Acade esgrime también otras razones que comparte con, por ejemplo, la Plataforma en Defensa del 0-6. A saber: que los colegios de infantil y primaria no han sido concebidos para dar cabida a criaturas tan pequeñas. Las aulas, los espacios comunes, los patios, los baños… están diseñados para personas más mayores y no para el 0-3. Mientras Acade señala que una manera de solucionar la situación pasaría por dar financiación directamente a las familias para que puedan utilizarla en centros privados, desde la Plataforma defienden que se construyan centros específicos de 0-6 que en los últimos años han ido desapareciendo en la Comunidad de Madrid.
Existen algunos otros problemas con el uso de los espacios de los centros de infantil y primaria y es el relativo a, por ejemplo que estas criaturas de 0-3 saldrán al patio en algún momento y en la Comunidad de Madrid, en la mayor parte de los CEIP no hay infraestructuras exteriores que lo favorezcan, como sombras, por ejemplo.
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