Los obispos proponen a Educación crear una asignatura de Valores que aúne todas las confesiones para salvar Religión (eldiario.es)

Artículo de Jesús Bastante y Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

• El Episcopado, que vetó esta misma propuesta en su día, argumenta que "se respetaría la dignidad de la asignatura y sus contenidos"; el Ministerio de Educación, que le quita valor académico en su reforma educativa, evita valorarla

• — Las clases de Religión que paga el Estado: 67.900 horas impartidas y 2.900 profesores contratados

25 de octubre de 2020 

Los obispos se mueven. Una delegación de prelados ha propuesto al Ministerio de Educación la creación de una asignatura en Valores, que incluya la visión cristiana y de otras confesiones religiosas. Con esta propuesta, similar a la que en su día fue vetada por los obispos españoles, pretende la Iglesia acabar con la polémica sobre la vigencia y dignidad de una materia que va perdiendo alumnos progresivamente, aunque aún son más los que la cursan que los que no.

La propuesta, planteada por los obispos durante una reunión mantenida hace unas semanas con responsables gubernamentales, pasa por que los contenidos de la asignatura de Religión se integren en el ámbito de la educación en valores, donde estos –comunes para todos– puedan ser explicados desde distintas perspectivas, entre ellas, la católica. Y en estas se presenta en el Vaticano el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar con el Papa Francisco este sábado.

"La ley prevé la existencia de ámbitos o áreas, nosotros pensamos en un área en la que se integre la filosofía, una educación cívica y una religiosa porque, si no, la tendencia es hacer de la religión una especie de gueto situado en horarios extremos, donde los alumnos que no van no hagan nada, y que se trate de una especie de favor que hay que hacer porque hay unos acuerdos firmados", ha explicado este viernes el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.

La propuesta de los obispos "no excluye una asignatura de valores cívicos", tal y como ha precisado el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación, Alfonso Carrasco Rouco. "La idea efectivamente es que todos los alumnos tengan en su currículo un área referente a valores morales y creencias", apuntó.

Aunque el Gobierno aún no ha respondido a la propuesta, fuentes consultadas por elDiario.es valoran la iniciativa del Episcopado, que puede servir para "cerrar frentes de batalla" y que podría generar alguna contrapartida para la escuela concertada. Por el momento, ya se ha filtrado que el Gobierno no gravará con el 21% de IVA a la enseñanza concertada, y está por ver si hay algún tipo de tasa a los colegios.

Desde el ministerio se remiten básicamente a la ley tal y como está en estos momentos. La reforma educativa que prepara el Gobierno con la LOMLOE, que se tramita estos días en el Congreso, no toca mucho la materia respecto a su actual estatus. Hay dos cambios principales (si no hay modificaciones durante el debate de enmiendas, y todo apunta que no las habrá por este lado): Religión dejará de contar para la nota media, novedad que había reintroducido la LOMCE de José Ignacio Wert, y se elimina la asignatura alternativa (que viene siendo Valores), lo cual planteará previsiblemente problemas de organización a los centros.

Por lo demás, seguirá siendo de obligada oferta para los centros y voluntaria para los alumnos, como establecen los acuerdos con la Santa Sede de 1979, donde se fija el tratamiento de la Religión y que la nueva ley mantiene como referencia en el primer punto de la disposición adicional segunda. Por el camino parece haber quedado ahora la idea que tenía la ministra, Isabel Celaá, de sacarla fuera del horario escolar: son los centros educativos los que organizan su horario, explica una portavoz del ministerio. Aún así, es probable que acabe pasando finalmente por la fuerza de los hechos. Al no tener prevista asignatura espejo, los alumnos que no cursen Religión tendrán una hora libre en mitad de la jornada, pero la normativa no contempla esta posibilidad, por lo que tendría que situarse al final del día o incluso fuera de el horario lectivo, lo que a su vez plantearía el problema de tener que dejar el centro abierto fuera de sus horas establecidas.

"Se pretende avanzar e introducir otras religiones"

"La [nueva] ley no cambia nada", lamenta Antonio Gómez, presidente de Europa Laica, que tampoco es optimista con las enmiendas. Tan es así que han convocado una concentración frente al Congreso el día 28 de octubre para exigir una solución. De hecho, advierte, la situación empeora. "Lo que se pretende ahora es avanzar e introducir otras religiones, como ha hecho recientemente el Gobierno catalán [en alusión al plan piloto para impartir religión islámica en los colegios]. En vez de avanzar hacia la idea integradora que significa el laicismo, abundan en el confesionalismo escolar sobre la bandera del multiconfesionalismo", valora.

Desde el PSOE, preguntado por la cuestión, se limitan a comentar que no hay novedades. Su socio de Gobierno, Unidas Podemos, explica no han sido capaces de arrancar más de los socialistas. "Creemos que este acuerdo se queda a mitad de camino al hacer que la Religión no sea evaluable pero no salga del currículum", explica Joan Mena, diputado de la formación morada y portavoz en la Comisión de Educación del Congreso. "Ya es un avance importante respecto a la LOMCE, pero no hemos conseguido que saliera del horario escolar", admite, aunque añade que aún queda la negociación de las enmiendas. ¿El problema? El PSOE no parece muy dispuesto y sin ellos no hay cambio posible.

UP, ERC y Bildu sí solicitan que la Religión salga de la escuela como asignatura y así lo piden en el Congreso: "La enseñanza de la religión católica y de otras religiones no formará parte del currículo escolar, como corresponde a una escuela pública y laica, en un Estado constitucionalmente no confesional", se lee en la enmieda de Bildu. El problema, según admite la propia enmienda de los 'abertzales', son los acuerdos con la Santa Sede, que mientras sigan vigentes impiden dar este paso: "Hasta tanto no se denuncien y deroguen los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979 y los Acuerdos de cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comisión Islámica de España, se impartirán fuera del horario lectivo", sostiene el texto.

"Se respetaría la dignidad de la asignatura"

Religión sigue siendo una asignatura mayoritaria entre el alumnado, aunque cada año la cursan menos estudiantes. Según datos de la Conferencia Episcopal, el 61,99% de los alumnos la cursa. Por etapas, el 62,78% del alumnado de Infantil asiste a clase de Religión, porcentaje que aumenta hasta el 65,28% en Primaria pero que desciende hasta el 59,61 % en Secundaria y más aún en Bachillerato, donde este dato baja hasta menos de la mitad, el 47,31%. La asignatura ha perdido 255.283 fieles en los dos últimos dos cursos, según datos de la Iglesia.

Con la propuesta de los obispos, explican fuentes cercanas, "se respetaría la dignidad de la asignatura y sus contenidos, se ofrecería una educación en valores asumible y se daría libertad para enraizar esos valores, por ejemplo, en la identidad cristiana. Se trataría de proponer los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera, fundamentar sus decisiones y asumir un papel activo para resolver los problemas comunes de todos los ciudadanos".

En concreto, los obispos sugieren la necesidad de un ámbito de "educación moral" en el colegio en el que se estudien "valores necesarios para la convivencia y el bien común", y que, "al estar fundamentados desde las diversas identidades de los alumnos, respetando la voluntad de los padres, pueden ser explicados desde la perspectiva católica".

La propuesta, además, busca poner de manifiesto "la importancia de este ámbito específico de la educación, reconocido generalmente por otras legislaciones y en los marcos normativos internacionales, permitiendo abordar valores compartidos por todos".

El proyecto planteado por los obispos es una puerta abierta a profesionalizar la clase de Religión, e incluirla dentro de un conjunto de materias que se antojan necesarias para todo alumno, sea o no creyente en una confesión. Además, salvaguardaría la esencia religiosa de la parte confesional de la materia, que seguiría bajo control de los obispos o los representantes de las confesiones con acuerdo con el Estado, tal y como establecen los acuerdos con la Santa Sede.

Crear una asignatura nueva, sin embargo, plantearía un problema para el profesorado de Religión. Estos docentes son propuestos por la Iglesia, pero pagados por el Estado en su conjunto (los 17.000 profesores le cuestan a las arcas públicas unos 800 millones al año, 100 de ellos solo al Ministerio, que paga a una parte). Pero no tienen por qué ser necesariamente profesores, ni cumplen los requisitos que se les exigen al resto de docentes para ejercer, la más evidente pasar una oposición o al menos un proceso selectivo, explican desde los sindicatos. En el momento en el que no dieran una asignatura de Religión podría entenderse que están usurpando una plaza que correspondería a un interino (o a un funcionario).

Desde los sectores más ultraconservadores de la Iglesia ya se comienza a acusar a los obispos de haberse "rendido" al "gobierno social-comunista", y advierten que la medida, de aprobarse, supondrá la desaparición de la Religión de la escuela.

Celaá desmiente a la escuela concertada en su propio Congreso: "La Constitución no ampara la libre elección de centro" (Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es

• La ministra de Educación causa polémica en la inauguración del XV Congreso de Escuelas Católicas, principal patronal de la escuela concertada, al decir delante de 2.000 delegados que la libertad de elección de los padres no es un derecho constitucional

• Los asistentes han reaccionado con preocupación y beligerancia a esta afirmación que desmiente el principal argumento de la concertada: "Esperamos que haya sido un lapsus"

• "Ha causado preocupación por si puede haber un giro en la política educativa del PSOE, restringiendo derechos de los padres", valora el secretario general adjunto de Escuelas Católicas

La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, acudió este jueves a inaugurar el 15º congreso de la organización Escuelas Católicas, principal patronal de la enseñanza concertada de corte religioso. Llevaba diez minutos la ministra leyendo sus papeles sin haber dicho nada especialmente remarcable, cuando soltó, ante la estupefacción general: "De ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger la enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza que recoge el artículo 27 de la Constitución".

La frase ha ido directa a la línea de flotación del argumentario de la escuela concertada, que defiende que la Carta Magna "recoge el derecho de los padres a elegir centro educativo para sus hijos". El murmullo que recorrió la sala obligó a Celaá a elevar la voz para continuar y matizar su expresión anterior.

"No quiere decir que no haya libertad –intentó tranquilizar a la audiencia, compuesta por directivos y profesores de la escuela concertada católica– sino que no está dentro del artículo 27", explicó ya sin leer sus apuntes y poniendo una cara de incredulidad que expresaba algo parecido a "esto es muy obvio". Y por si no quedaba claro, añadió: "Esos hechos (elegir centro) formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres-madres en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27". Las caras de asombro y reprobación se multiplicaron en la sala.

"Ha sido una sorpresa"
A Escuelas Católicas no le ha hecho ninguna gracia el discurso de la ministra. "Ha sido una sorpresa, no esperábamos estas declaraciones en un acto como este, delante de 2.000 congresistas", admite Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas. "La visión que tiene el PSOE sobre la libertad de enseñanza, limitada exclusivamente a la libertad de cátedra o de creación de centro, no es acorde al artículo 27 de la Constitución ni a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", sostienen. Esta patronal, que pertenece a la Iglesia Católica en España, tiene casi 6.000 colegios y educa a 1,2 millones de alumnos por toda España.

El artículo 27 de la Constitución establece en su punto tres que "los poderes públicos garantizar el derecho que asiste a los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

La ministra, sin embargo, ha defendido que "del concepto de libertad de enseñanza deber ser expulsados algunos contenidos que determinados autores han pretendido incluir", en alusión a este supuesto derecho constitucional. Pero también ha defendido que "la regulación que hemos venido haciendo del principio de libertad de enseñanza durante estas décadas ha sido equilibrada y consensuada, y de ello da muestra la larga vigencia del régimen de conciertos, tras algunas vacilaciones que en su momento manifestaron algunas fuerzas políticas", en lo que parecía una alusión a Podemos, que en sus inicios hizo gala de un rechazo absoluto por la escuela concertada que se ha ido diluyendo por el camino. Su actual programa solo recoge en el punto 235 la supresión de los conciertos y subvenciones a las escuelas que segreguen por sexo.

Estas últimas son las menos y pertenecen a lo que se vienen denominando "la nueva concertada", apenas hay centros así en Escuelas Católicas. Sin embargo, la escuela concertada en general sí que segrega al alumnado, sea de manera consciente o no. Lo dice alguien tan poco sospechoso como el BBVA, que en el estudio Diferencias Educativas Regionales 2000-2016 explicaba con cifras que los centros públicos asumen "casi en exclusiva" la formación de los alumnos que provienen de entornos socioeconómicos menos favorables, mientras los privados acogen a prácticamente todos los estudiantes con recursos, con todas las distorsiones que eso implica.

Preocupación por un "giro en la política educativa"
Parte de la sorpresa de Escuelas Católicas viene precisamente por esta aparente contradicción entre las políticas históricas del PSOE y el discurso de la ministra de este jueves. "La libertad de elección viene en leyes socialistas como la LODE y la LOE. Ha causado sorpresa y preocupación por si puede haber un giro en la política educativa del PSOE en un momento tan delicado políticamente como el actual, restringiendo este derecho de los padres y dejando en manos de la administración lo que sería la determinación de plazas escolares o la financiación de centros públicos o no públicos", valora Centeno.

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha defendido en la misma línea que espera que las palabras de la ministra sobre "la exclusión del derecho de los padres haya sido un lapsus. De no ser así, supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y la libertad de enseñanza en una sociedad tan plural que precisa unas bases educativas comunes y un desarrollo conforme a las convicciones de las familias y su iniciativa social".

La principal patronal de la escuela concertada ya ve nubarrones en el horizonte en forma de la reforma de la LOMCE, cuyo proyecto —que el Gobierno llegó a aprobar en el Consejo de Ministros el mismo día que disolvía el Congreso— ya recoge suprimir la "demanda social" de la programación de construcción de centros públicos y privados concertados.

"Sumamos preocupación. El proyecto de LOMLOE (el destinado a sustituir la LOMCE) era bastante negativo para la libertad de enseñanza y estas declaraciones ahondan en la preocupación. Es pronto y no hay que generar alarma social, pero hay que mirar con lupa los acuerdos que se puedan estar gestando por parte del PSOE para forma parte del Gobierno con Podemos y otros grupos, como ERC, que han considerado siempre la concertada como una anomalía histórica que tiene que desaparecer", reflexiona el secretario general adjunto de Escuelas Católicas.

A este respecto, la ministra ha explicado que espera "retomar en breve" los debates sobre la reforma educativa, que además de eliminar este concepto de la "demanda social" le resta a la asignatura de Religión el peso que le había otorgado la LOMCE, entre otras medidas.

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Diálogos (Manuel Menor)

“Dialogar” suele emplearse para afianzar viejos criterios

Si con la “iglesia hemos dado”, decía el Quijote a Sancho (II, IX), con la narrativa del “diálogo” eclesiástico seguimos topando en asuntos educativos.

De las muchas palabras que en los últimos 40 años han tenido un uso más oportunista, la del “diálogo” y cuanto implica para que sea leal, ha sido de las más manipuladas. Ante la posible derogación de lo más problemático que ha traído la LOMCE, el portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, vuelve a invocarla en tres direcciones complementarias: la presencia de “la Religión” en el currículo,  “la demanda social” de las comunidades católicas y, sobre todo, que la “Administración pública no intervenga en la escuela concertada”. Ayer, se supone  que hablaría de ello con Pilar Celáa.

Diálogos variables

¡Bienvenidos al “diálogo”! Pero no vale apropiarse del supuesto prestigio que pueda tener todavía esta palabra sin explicar el alcance de compromiso a que se esté dispuesto. En 1965, desde un sector aperturista de la llamada “democracia cristiana”, dio nombre a Cuadernos para el diálogo, revista y editorial que, curiosamente, terminaron su andadura en octubre de 1978, en vísperas de la Constitución. Expresaba aspiraciones de sectores abiertos a las novedades que había promocionado el Vaticano II entre 1962 y 1965,  actitud que no sería asumida con seriedad y constancia por amplios sectores de la jerarquía episcopal, temerosa de la democracia interna y externa por la que se había abogado en la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes de octubre de 1970. La cortocircuitaron los más “carcas”, que pronto concordaron, sin embargo, con los nuevos aires que les insuflarían desde 1978 Juan Pablo II y sus peones en la Curia vaticana. Los responsables de la Iglesia en España establecieron desde entonces un cordón sanitario frente a lo que entendieron arriesgado. Para quienes vivieron de lleno esa secuencia, el paso de Tarancón por la Presidencia de la recién estrenada CEE entre 1971 y 1982 fue un ligero soplo de aire fresco, enseguida apagado por afanes bien distintos, vigentes incluso bajo el Papa actual.

De cómo las estadísticas de la Iglesia católica en España reflejen tan variable actitud dialogante con sus propios fieles, de los años sesenta hasta hoy, no hay estudios concluyentes. Lo cierto, en todo caso, es que el porcentaje de creyentes y practicantes –igual que el de eclesiásticos con responsabilidades “pastorales”- ha bajado sustantivamente. Los sociólogos de la secularización lo vienen detectando desde hace tiempo en ambos sectores, junto a un creciente grado de indiferencia en la sociedad actual que, de ser tenida en cuenta, disminuiría mucho el valor representativo que pueda tener la apelación al “diálogo” de que habla Argüello. En democracia, no es pequeño el derecho a poder expresarse, pero no basta con invocar una tradición cultural poderosa. Menos cabe su interpretación en exclusiva. La presencia de la Iglesia en la historia de España, particularmente en su vida artística y costumbres, ha sido grande, pero no deja de ser ambivalente por los paralelos abusos de poder con la población. Habrá, pues, que razonar en público, con datos y motivos de suficiente interés para la diversidad de ciudadanos, hasta dónde, en qué aspectos y con qué controles, la contribución de los católicos españoles al bien común deba ser sostenida hoy de algún modo si así lo deciden sus representantes democráticos.

¿Qué “demanda social”?

La implicación de la Iglesia en la educación española es bastante mayor que la que se ciñe a los centros concertados –no todos bajo su control-. También  en los centros públicos tiene presencia. La Religión ha variado su intensidad en el currículo, como catequesis católica principalmente, pero ha sido obligatoria en casi toda su historia. Esta pauta es difícil de justificar en democracia tratándose de una creencia particular y no de algo compartido por el común de los ciudadanos. Con un pasado de dogmatismo excluyente propio de un miniimperio dentro del Estado, un presente de privilegios no es propio de un Estado constitucional, cuya supuesta “aconfesionalidad” es fuente de contradicciones.

Más complicado todavía es justificar una “demanda social”, especial y autónoma de la decreciente comunidad de creyentes católicos, después de que el Estado ha logrado escolarizar a todo su alumnado, y más cuando el gran reto es conseguir un sistema educativo que vaya más allá de la mera escolarización y logre en igualdad una buena educación para todos.  Es esta una cuestión de derecho, no de caridad benevolente. La doble red –pública y privada- sigue propiciando múltiples discriminaciones que la Administración tiene obligación de evitar, y más cuando en un mundo de escasez, hay por medio fuertes subvenciones con dinero público. No parece que lo confesional deba servir hoy pretextos para que ese paisaje desigual siga reproduciéndose, por muy de antiguo que venga un sistema dicotómico que ni cuando monologaban desde el Ministerio de Educación Nacional modificaron: “Una cosa era ir al colegio y otra ir a la escuela”, dejaron dicho, entre otros, Gloria Fuertes o Francisco Candel.

Hora sería ya, más bien, de que contribuyeran, “en diálogo”, a cambiar a fondo esa estructura y ser más genuinos con el Evangelio que proclaman. Si el objetivo estratégico de la Iglesia católica hoy es sostener una “demanda social” distinta de la desarrollada en comunidades autónomas como la de Madrid desde antes de la LOMCE, aclárenlo y serán muy escuchados. Porque acreditado tienen un gran fervor gerencial por esta ley y sus precedentes: la LOCE en 2002 y la LOECE de 1980, aunque no fueran esas las líneas de “diálogo” y  “demanda social” del Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes. Era diciembre de 1965 y, tanto en su artículo 1 como en el 93, las alusiones a “la esperanza de los pobres” y a que la Iglesia deba “servir con creciente generosidad y con suma eficacia a los hombres de hoy”, sonaron sinceras a muchos, incluso no creyentes. Tal vez porque su música no era la de 1929 en la Divini illius Magistri, el gran apoyo doctrinal de las doctrinas educativas de los años franquistas y, en no poca medida, de los  Acuerdos pactados entre 1977 y 1979 todavía vigentes.

¿Tacticismo?

Sin más explicaciones, por tanto, estas apelaciones de Argüello al “diálogo”, además de continuistas de lo que la CEE predicaba para el “pacto educativo” de Méndez de Vigo, no pasan de tacticistas. Retratan en exceso idéntica fraseología a la de sus antecesores en el Bajo Imperio Romano, de que da cuenta Peter Brown en: Por el ojo de una aguja. La riqueza, la caída del Imperio romano y la construcción del cristianismo en Occidente (350-250 d.C), (Barcelona, Acantilado, 2012). Después de las elecciones andaluzas, puede que las voces de Colegios Católicos, CONCAPA, COPE y medios afines sean urgidas a modularlas de otro modo. Atentos.

Manuel Menor Currás

Madrid, 03.12.2018

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La segregación por sexos se oferta este curso en 87 centros concertados (eldiario.es)

Artículo publicado en eldiario.es

Este curso los colegios concertados que segregan a sus alumnos por razón de sexo suman en España 87 centros, según los datos aportados por Efe por las consejerías de Educación de las comunidades, entre las que destacan Madrid, Cataluña y Valencia con más de una decena cada una.

Se trata de centros privados que reciben financiación del Estado mediante conciertos económicos y que los gobiernos autonómicos, según han ido cambiado de color político, han renovado o no y han aprobado otros nuevos o no.

La mayoría de estos centros concertados que separan a los chicos de las chicas -ellos prefieren llamarse centros educativos diferenciados- son de inspiración cristiana o pertenecen a entidades vinculadas a la Iglesia católica, por ejemplo el Opus Dei.

Los defensores de este tipo de enseñanza argumentan que el modelo está extendido en Estados Unidos o Reino Unido y aseguran que educar a niños y niñas por separado permite mejores resultados académicos.

Este curso, Madrid (18 centros), Cataluña (16) y Comunidad Valenciana (15) son las autonomías que tienen mayor número de centros concertados que segregan por sexo.

Por contra, no cuentan con ninguno Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Financiar con dinero público centros que segregan al alumnado por sexo es un tema polémico, aunque el Tribunal Constitucional (TC) avaló el pasado abril la subvención pública a esos colegios, fallando en contra del recurso presentado por el PSOE en 2014 contra varios puntos de la Lomce.

Sin embargo, cuatro magistrados emitieron un voto particular a la sentencia al considerar que la educación que segrega por sexos vulnera artículos de la Constitución y ocasiona perjuicio a las personas intersexuales.

El artículo 27 de la Constitución "reconoce la libertad de enseñanza" y ese es el punto sobre el que se basa la defensa de estos centros que separan a los alumnos de las alumnas.

En la Comisión de Educación del Congreso, la ministra de Educación, Isabel Celaá anunció este verano que abriría "un diálogo" con los centros que diferencian a los estudiantes por razones de sexo pues cree que "el modelo más igualitario aporta más valor", unas declaraciones que produjeron "intranquilidad" entre los sindicatos y asociaciones de estos colegios.

Más allá fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al asegurar que no entiende la segregación por sexos en la escuela porque, como otros asuntos como la brecha salarial o la conciliación, "tiene que ver" con la violencia machista.

Por el contrario, el anterior gobierno del PP defendió la libertad de los padres de poder elegir colegios concertados que segreguen por sexo.

Cuando se conoció la citada sentencia del TC, el entonces ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, comentó que la educación diferenciada era "un ejercicio más de la libertad", ya que nadie está obligado a llevar a sus hijos a un colegio que segrega por sexos.

Similar opinión mostró la Conferencia Episcopal, al considerar que la sentencia era "una buena noticia, sobre todo para los padres", pues garantiza su derecho "para elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos.

El siguiente cuadro recoge, por CCAA, el número de centros concertados (Andalucía y Galicia no han aportado este dato) y, de ellos, los que segregan por sexo:

CCAA Centros concertados Segregan por sexo

Andalucía --- 9

Aragón 80 0

Asturias 70 2

Baleares 115 2

Canarias 99 0

Cantabria 74 1

C.-La Mancha 127 0

C. y León 221 5

Cataluña 641 16

C. Valenciana 432 15

Extremadura 77 0

Galicia --- 5

Madrid 560 18

Murcia 121 2

Navarra 79 4

País Vasco 311 6

La Rioja 24 2

Ceuta 6 0

Melilla 3 0.

Aconfesionalismos (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía su último artículo:

La confesionalidad educativa sigue en España criterios del siglo XIX

La presencia que le garantiza la LOMCE, en continuidad de un pasado privilegiado, no garantiza un  presente educativo mejor, de calidad compartida por todos.

Estábamos en los inicios de la Transición aquel 15.06.1977 y, con la Constitución sin aprobar, votamos libremente. Poco después, ya aprobada la Carta Magna, UCD decidió por Ley de 03.10.1979 y por una secuencia de resoluciones de la Dirección General de Enseñanzas Medias hasta el 24.10.1981, introducir su conocimiento en los Institutos. A partir de un listado de aspectos principales, los profesores habían de formular el modo que debería tener en el aula. Al inicio  del curso 81-82 los más voluntariosos se animaron a explicar a sus compañeros de Historia la secuencia que entendían procedente, Fue de ver cómo, al alto grado de improvisación, le sobrevinieron las sorpresas. Como que, después del capítulo de libertades y derechos, y de la secuencia de Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, propusieran que, para entender bien la Constitución de 1978, habrían de tratarse “los poderes fácticos”, es decir, la Iglesia y del Ejército. Pero lo más sorprendente fue que,  cuando un docente  protestó por entender que en ninguna parte de la Constitución existía tal capítulo, contradictorio con el recién estrenado ordenamiento democrático, otro colega replicara muy airado diciendo: “Ya estamos aquí con la ideología”.

Acerca de “lo fáctico”

Vista desde ahora, 40 años después, esa anécdota no lo es tanto. Mostraba, de fijo, ignorancia de historia constitucional adobada de engrudo fascista, pero, al tiempo, cuando todavía el asalto al Congreso no había tenido lugar, revelaba profunda desconfianza hacia quienes habían detentado tan inmenso poder. En la distancia de estos 40 años, todavía cabe preguntarse en qué medida lo de “fácticos” haya quedado atrás. La transformación del Ejército parece, en general, aceptable por más que su capítulo presupuestario merezca más transparencia. Mas dudoso es, y más contradictorio, que no sea “fáctico” el papel que la Iglesia oficial pretende seguir queriendo ejercer.

Sucede como con el calor: que se habla demasiado del tiempo cuando estamos ante un cambio climático. El apaño hermeneutico que el Tribunal Constitucional se ha esmerado en buscarle al “aconfesionalismo” del art. 16.3 de la Constitución de 1978, se compadece mal con el partido que le saca la Iglesia a su relación con el Estado aunque la creencia religiosa sea otra. Con lo que percibe, a cualquier observador imparcial le costará entender la diferencia de trato que habría tenido si el antónimo “confesional” figurara en ese rango normativo. El deslizamiento  semántico que percibirá violenta la sintaxis y, sobre todo, la economía de los bienes públicos. La simple atención a lo que sucede en Educación, fuente de abundantes recursos,  permite medir el lapso significativo que pueda haber entre ambos términos y, colateralmente, si la Iglesia sigue siendo poder “fáctico” bajo esta  “aconfesionalidad positiva” en sus pretensiones de amoldar esta sociedad actual según la imagen de su fe.

El sistema educativo español tiene dos aspectos de complementario interés al respecto. Lo que los eclesiásticos reciben por la enseñanza de la Religión en los centros públicos se añade a las cantidades que ingresa por ser titulares de centros concertados. En cuanto a lo primero, cuyo recorrido viene de antes de 1851, es un continuismo poco acorde con la pluralidad democrática. De ahí el título de un buen libro de Antonio Viñao:Religión en las aulas: Una materia controvertida (Morata, 2014). En cuanto a lo segundo, la continuidad de los privilegios del pasado –y particularmente de la etapa franquista-  se contradice con una enseñanza pública urgida de recursos para atender mejor a sus estudiantes. Razonar que crezca  a cuenta de un pasado inexplicado y descontextualizado, tiene el inconveniente de que expande un código de conducta puramente imaginativo, inútil para afrontar este presente. Y más cuando, desde 2012, la disparidad de recursos ha sido a la inversa del número de colegiales en ambas vías del sistema.

Pretender que se alargue esta situación dispar es tratar de hacer normal  la amplia cobertura legal que el artc. 27 de la Constitución proporciona a la actividad eclesiástica en el sistema y, complementariamente, lo acordado con la Santa Sede en tiempos del democristiano Marcelino Oreja entre 1976 y 1979. Muy “fáctico” es que, en concordancia, Hacienda revise cada año, desde 2006, las cantidades que signan voluntariamente los ciudadanos en su declaración  del IRPF.  Esta vía de recursos del Estado -que sólo firma un 35% de declarantes- aporta unos 250 millones de € a la Iglesia; complementan los estipendios que percibe de sus fieles, y se añaden a diferentes exenciones y subvenciones de los ministerios, autonomías y ayuntamientos. En total,  y al margen de sus específicas actividades cultuales, los recursos públicos que extrae la Iglesia del Estado para sus actividades particulares rondan, según algunas estimaciones, los 11.000 millones de € anuales. A conciertos educativos corresponden –de “facto”- unos 5.010, de los que 600 sostienen las clases de Religión y otros 10 atienden a Seminarios menores.

Modernidad

A estas alturas, este peculiar “aconfesionalismo” económico o su posible variación  no son cuestiones de sagaz “clericalismo” o “anticlericalismo”. Ese enfoque apologético, con negativa carga melodramática añadida, está muy pasado. Sin contextualizar cómo esos ingredientes trufaron en el siglo XIX la pelea por la prepotencia sociopolítica, pretende un relato ahistórico ingenuo, que no explica la muy conflictiva y lenta transición a la modernización del Estado, ni cómo propició el Concordato de 1851 o la presencia episcopal en los debates parlamentarios. Tampoco aclara cómo condicionó la gran pugna del primer tercio del siglo XX en  que el mundo “clerical” salió victorioso tras la Guerra de 1936. Y menos explica cómo aquel espíritu de “cruzada” impuso su patriarcal criterio “clerical” en lo educativo y cultural prácticamente hasta 1982.  Salvo que se recurra al providencialismo explicativo –antihistórico y azaroso- no se esclarece cómo en 1980 logró aprobar la LOECE, con una gestión peculiar e  idearios de colegios privados amoldados a sus intereses pese a las “subvenciones” que recibía del erario público. Otras tendrán que ser también las justificaciones de las añoranzas de cuando los tiempos eran otros, expresadas en la continuada oposición de las variadas organizaciones eclesiásticas a la LODE (1985) y a la LOGSE (1990) o a la propia LOE (2006), leyes donde puede seguirse la huella de sus protestas. La dicotomía clericalismo/anticlericalismo tampoco dilucida, en fin, el activismo de 2005 -cuando varios obispos protestaron en la calle- ni el estatus logrado en la LOMCE (2013) para la Religión y la preeminente  “iniciativa social” –frente a la pública- para abrir colegios.

A esa descontentadiza actitud permanente, siempre anhelante de presencia absoluta, ocupada en acrecentar su paternalismo social a cuenta de limosnear de lo público, puede llamársele “clericalismo”.  Aunque en el mundo liberal de los negocios temporales, en casos similares suelan usarse locuciones afines al monopolio. En ese desinhibido ahínco por tejer redes de poder cultivando a grupos influyentes y dominio legal, se generan argumentos de novela negra, pero no existe ahí el “anticlericalismo” de estilo antiguo. Contarlo así es un resabio de poder “fáctico” frente a enemigos imaginarios. Que haya eclesiásticos que se apañan muy bien en ese mullido mundo no hace indispensable que la laicidad necesite voluntades concertadas o contubernios “anticlericales”. Más inteligente sería admitir -puesto que estamos en democracia- la necesidad de que existan ciudadanos interesados en la habilidosa voluntad de apostolado en educación de la Conferencia Episcopal (CEE) . Para una institución que pretende acreditarse por su atención a lo social -que sólo da a Cáritas un 2% de lo que percibe por el IRPF- debiera ser habitual justificar su particular acción pastoral -o, según a quien se dirijan, de “servicio”, “caridad”, ”solidaridad” y “acción social”- sin recurrir a los recursos públicos o, en caso de concesiones específicas, facilitando que el Estado pueda evaluar cómo hayan sido aplicados, pues tiene obligación de atender equitativamente y sin privilegios a todos sus ciudadanos.

En otro tiempo, se dio a entender que esto, por la simbiosis “fáctica” existente, no era relevante. Entre innumerables fetichismos mágicos, casi todos los españoles decían ser católicos y se ajustaban a lo que la Iglesia había oficializado en las costumbres. Pero sin que mediara ningún decreto, ambas realidades difieren mucho. En estos 40 años ha aumentado los que no se sienten católicos -como atestiguan las encuestas del CIS- y, en paralelo, creció la sensibilidad hacia la obligación del Estado –“aconfesional”- en preservar que la diferencial perspectiva de cada cual, religiosa o no, quede a salvo. Todos los ciudadanos han de poder pensar, expresarse y actuar como entiendan, sin que ello sirva de pretexto discriminatorio que perjudique su expectativa de vida. Por tanto, proporcionar recursos sociales ha de seguir igual criterio en lo tocante al erario público.

Frente a esta democratizadora dinámica social, “cruzadas”y “misiones” ha habido, sobre todo en la etapa de Juan Pablo II y con  Rouco Varela al frente de la CEE, que depositaron expectativas restauradoras en neoclericales movimientos elitistas y herméticos más allá incluso del Opus Dei, como Legionarios de Cristo, Camino Neocatumenal, Renovación Carismática o Comunión y Liberación. El circuito católico de la educación, coordinado desde la Comisión Episcopal de Enseñanza, contabiliza ya 2.449 centros concertados y 15 universidades. Su objetivo  privatizador dentro del sistema educativo español ha instrumentado su “acción social” –frente a la enseñanza pública que el Estado tiene obligación de gestionar bien- mediante la FERE, el Foro de la Familia, COFAPA, CECE, CONCAPA, EyG, “Libertad de enseñanza”, “Educación y Evangelio”, AESECE, otras organizaciones menores y empresas de carácter editorial como Edelvives, Edebé o SM,  las cuales aparentan la difuminación del cártel educativo logrado en estos 40 años.   Su amplia cobertura publicitaria  en medios como La Razón, ABC, 13TV y la COPE, amén de digitales de diverso alcance neoliberal,  no logra traspasar, sin embargo, el círculo de adeptos que tienden a reproducir “Escuelas católicas” o Universidades como la de Murcia o Pamplona. El afán de notoriedad, buenas relaciones y demostración social es una  línea de emprendimiento y negocio. Pero no es procedente –en democracia y menos cuando la crisis ha puesto en cuestión este modelo- que los otros ciudadanos deban financiarla con recursos públicos. La caridad episcopal a coste cero no existe y habrá de demostrarse que las electivas afinidades de sus movimientos con los intereses del IBEX-35 o los manejos del partido más conservador, son muy beneficiosas para el común de la ciudadanía.

La búsqueda de estos mecenazgos y alianzas de la Iglesia desde el siglo IV d.C. tiene su lado oscuro. Después de tantos siglos, su gestión “confesional” de la temporalidad debiera haber beneficiado -sin cortapisas al conocimiento- a toda la población. Continuarla ahora con un “aconfesionalismo” opaco, indistinguible de aquel largo “confesionalismo”, es difícilmente sostenible. La diversa presencia estratégica de la Religión en la educación prolonga una conflictividad fronteriza incesante desde que, en 1789, perdió el enorme poder anterior. En Francia, claro, porque los españoles volvimos a revivirlo mucho entre 1936-1978, como si los derechos sociales no debieran existir y la caridad suplicante hubiera de suplirlos. En Francia, de todos modos, la ley que independizó las relaciones de Estado e Iglesia es de 1905, como cuenta Fernando Álvarez-Uría en la “Introducción” a una reedición reciente de Halbwachs, M., Acerca del sentimiento religioso en Durkhem (Dado, 2017). Aquí, los Concordatos de 1851 y 1953 prolongaron aquel conflicto de intereses casi hasta hoy, en que la Constitución de 1978 -en combinación con los Acuerdos de 1979- solapa, bajo un supuesto “aconfesionalismo positivo”, la consolidación política del Estado Vaticano dentro de España.

Transparencia

Quienes pretextan resentimiento olvidan que el rencor al inevitable pasado no facilita un presente de dignidad y justicia. Favorece en cambio la esquizofrenia creer que el Cielo autoriza a algunos que amarguen a todos la vida en la Tierra. Crédulos de su omnisciencia, estos círculos eclesiásticos suelen caer en la confusión que, por razones que Bourdieu dejó estudiadas, no les deja distinguir -a conveniencia- entre el propter quem y el post quem, como si la causalidad fuera una mera continuidad temporal. De proseguir en el acomodado “aconfesionalismo” sobrevenido de que disfrutan les hará cada vez mas insociables. La alucinación política les hará ver que, por ejemplo, todos han de comulgar con su “libertad de elección de centro”, tan transparente que el gasto público ha bajado un 12% entre 2009 y 2012, mientras el de los conciertos educativos  -donde los colegios católicos son mayoría- no ha parado de crecer  privilegiando a casi el 30% de escolares.  

Por otro lado, hacer creer que la situación de 2017 es como hace 40 años o anterior burla igualmente toda libertad y equidad democráticas. No sería la primera vez que confunden el propter quem con el mero post quem, pero las oportunistas posiciones de la jerarquía eclesiástica española, por melifluas que se presenten, no permiten olvidar que, a menudo, han sido intransigentes y ajenas a lo que muchos de sus fieles han vivido. Historiadores como Willian J. Callahan lo han explicado luce meridiana y, para los últimos tiempos, merece la pena  leer a Ángel Luis López Villaverde: El poder de la Iglesia en la España Contemporánea: La llave de las almas y de las aulas (Catarata, 2013). En todo caso, ni el pasado se enmienda con “impactos”  tan epidérmicos como los que pretende alguna Memoria reciente, ni las supremacías de antaño son las de hogaño. Aquel pasado de prepotencia resiste ahora mal un complicado proceso interno de mutación, más difícil cuando la secularización es creciente. Para un “pacto educativo” consistente no es buena noticia una CEE orgullosa de un pasado lleno de agujeros de los que no se siente responsable, olvidadiza de su presente sociorreligioso y hostil hacia quienes no compartan sus concepciones del mundo.

Sería una situación excelente, sin embargo, para la humilde coherencia. En Educación, olvidando reminiscentes privilegios como el de la catequesis doctrinal en el currículum: aferrarse a que, en horario escolar, lo faculta la legislación “aconfesional” no se ajusta a la Convención de los Derechos del Niño. O negándose a  la separación de niños y niñas en las aulas y mostrando que no es problema para nadie tener recursos económicos para poder estudiar en sus colegios. Si con el ejercicio astuto de la presión y el intrigante cabildeo pierde crédito esta modalidad de presunta evangelización, gana puntos si derrocha empeño en zonas rurales, ante la niñez más abandonada o en los barrios humildes, como hizo el cura Millán Santos (+2010) en el barrio de Las Delicias (Valladolid).  Justo lo contrario de exigir al Estado conciertos para atender niños bien cuando en el último Informe de UNICEF  -que reafirma a Cáritas- abundan los pretextos para impulsar sus efectivos vocacionales hacia donde se necesitan.  Un designio educador que pretenda erradicar la pobreza y sus consecuencias es ininteligible que se empeñe en hacer pasar por democrático querer fidelizar a unos pocos –favorecidos- a cuenta del escaso dinero de todos. En democracia, el inexplicado pretexto teocrático no puede suplantar a la Educación pública erosionando sus recursos. Esa pretensión de puro favoritismo, en cristiano desprecia la moral. Salvo que el P. Arregui se equivocara diciendo, en 1961, que “el monopolio, sobre todo de las cosas necesarias, fácilmente lesiona la caridad”, razón histórica de esa “pastoral”.

¿Conversión?

Los itinerarios educativos para selectos, parciales per se, no necesitan para su “libertad de elección” el recurso a los PGE (Presupuestos Generales del Estado) ni el auxilio de la CEE. La obligación del Estado es con todos, para que la educación sea un instrumento de conocimiento y de posible ascenso social, de cohesión moral y cívica de toda la ciudadanía. A esto ha de orientarse el propter quem o las razones de la acción educativa eclesiástica si no quiere ser una mera empresa de servicios. Si quiere estar con su “pueblo de Dios”, el aggiornamento de Juan XXIII y su Concilio Vaticano II en los primeros sesenta fueron una auténtica novedad. Hoy, en el post quem de aquella historia esperanzada para muchos, que esas actividades se amparen en interpretaciones laxas de “aconfesionalismo” o en el puro marketing es cada vez más increíble.  Cuando en estos últimos 40 años ha pasado de todo, mejor será abandonar el tozudo cultivo de esos lastres de “lo fáctico” que seguir perdiendo credibilidad.

Manuel Menor Currás

 (Madrid, 21.06.2017)