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CGT Enseñanza Madrid nos envía esta convocatoria:
MANIFESTACIÓN EDUCATIVA: JUEVES 22 DE MAYO
El apagón nos hurtó la posibilidad de unirnos en las calles el 28A, durante la última huelga contra el desmantelamiento de la Educación Pública que ejecuta el gobierno de la Comunidad de Madrid.
¡Pero no nos rendimos! Volvemos a convocar:
¿CUÁNDO? Jueves, 22 de mayo, a las 18:00 h.
¿DÓNDE? Arrancamos en la esquina de C/ Atocha con el Pº del Prado, para subir hasta la Plaza de Jacinto Benavente, y de ahí a la Puerta del Sol.
¡TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESTÁ LLAMADA A UNIRSE A ESTA MANIFESTACIÓN!
Docentes, personal de Administración y Servicios, familias y alumnado, todxs unidxs porque merecemos una educación digna, que cuente con los recursos necesarios, y unas condiciones laborales justas para sus profesionales.
¡ACUDE Y DIFUNDE!
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Artículo de Sarah Babiker para elsaltodiario.com
ELDIARIO.ES publica esta noticia
El día que Mónica Martínez-Bravo, economista e hija del barrio obrero de la Prosperitat, en Barcelona, tuvo la oportunidad de pronunciar un discurso frente a un puñado de colegas y familiares, en ocasión del premio Banco Sabadell que le acababan de otorgar, decidió que hablaría de la igualdad de oportunidades. Ella, de familia humilde y doctorada por la prestigiosa universidad norteamericana MIT, parecía la prueba de que el éxito no entiende de clases sociales, sino solamente de esfuerzo y talento. Pero sus palabras fueron directas a las grietas de este relato.
"Hay tantos instantes en mi trayectoria donde el camino se podría haber torcido que no creo que pueda considerarse representativa", leyó en la ceremonia, celebrada el 26 de septiembre en Oviedo. "A pesar del espectacular crecimiento económico español durante las últimas décadas y del acceso generalizado a la educación pública, la movilidad social sigue siendo limitada", alegó.
Producto de la escuela y de la universidad públicas, y de unos progenitores que le inculcaron la importancia de formarse, Martínez-Bravo reconoce el valor de los estudios para labrarse un futuro mejor, pero por su entorno sabe que no todo el mundo lo tiene igual de fácil en este camino, más arduo y lleno de barreras para quienes proceden de familias desfavorecidas. "No quería que mi caso se entendiese como la prueba de que existe la meritocracia", se reafirma hoy.
El de la meritocracia es un debate recurrente en España y en todo el mundo. ¿Se ordena nuestra sociedad única y exclusivamente en base a las capacidades y calificaciones de la ciudadanía? La discusión aflora constantemente, desde el plano educativo, con el reciente ejemplo del decreto de evaluaciones de la ESO y Bachillerato, hasta el empresarial, con el nombramiento de Marta Ortega, hija de Amancio, como presidenta de Inditex.
Un ascensor con múltiples averías
La realidad de la movilidad social, sin embargo, es mucho más compleja. La literatura científica ha demostrado desde hace décadas que el nivel social y económico de las familias, reducido a veces a su código postal, es un factor clave para predecir el desempeño educativo de los hijos. Pero, aun así, los expertos consultados se muestran muy cautos a la hora de decidir si la sociedad española es o no meritocrática. "La meritocracia existe, pero está averiada. La sociología lleva años observando en la trastienda de este ideal y ha comprobado que parte de él es un decorado", sostiene José Saturnino Martínez García, sociólogo especializado en desigualdades educativas y ahora director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa.
Lucas Gortázar, director de investigación de 'Economic Policy & Political Economy’ de Esade, y Rafael Merino, sociólogo del Grupo de Investigación en Educación y Trabajo de la UAB, se expresan en términos parecidos. "La meritocracia es una promesa que es importante mantener, pero que está parcialmente incumplida", dice el primero. "Hace 200 años nadie de clase baja accedía a la educación superior y ahora son millones de personas", abunda. Y advierte el segundo: "A los hijos de clase baja les compensa llegar a la universidad, esto es clarísimo. Hacer un discurso de que estudiar no sirve para nada es falso y es clasista".
Pero a partir de ahí, la pregunta es si España es más o menos meritocrática que el resto de países de su entorno y si se puede identificar dónde falla el sistema, el educativo y el laboral, a la hora de garantizar igualdad real de oportunidades. Y por qué.
Los investigadores advierten de que en el acceso al mercado laboral no existen apenas datos para evaluarlo. Pero en el sistema educativo hay unos cuantos indicadores, desde el menor acceso de las familias vulnerables a la educación infantil hasta el mayor abandono prematuro de los jóvenes de clase baja. Pero quizás el dato más sangrante es el de la repetición escolar, un fenómeno en el que España es campeona del mundo desarrollado. "La tasa de repetición se ceba con los más vulnerables más que en ningún otro país", constata Gortázar.
La mitad –el 48,8%– de los alumnos pobres repiten curso en algún momento de su escolarización. Entre los ricos, la tasa es del 8,9%. Pero no es solamente esto. Incluso cuando dos adolescentes tienen exactamente el mismo nivel de competencias de matemáticas o de lengua, el de clase baja tiene cuatro veces más probabilidades de no pasar de curso que el de clase alta, según los resultados de PISA 2018 analizados por Save The Children (un indicador que se ha reducido respecto a los datos de 2015).
¿Cómo es posible que esto ocurra? Además, todo parece indicar que sucede algo parecido con el abandono prematuro, que es del 3,6% entre aquellos que tienen madres universitarias y del 20% entre los que son hijos de progenitores solo con Secundaria.
Hay varias razones. Una de ellas tiene que ver con lo que Martínez García denomina "la cultura escolar". "Por ejemplo, en la disciplina, en la forma de hablar o de vestir [de los alumnos de clase baja], que no acaba de encajar con la idea de buen estudiante", esgrime Martínez García. También puede influir si uno recala en centros más conflictivos y segregados, donde el entorno a veces no anima a seguir estudiando.
Pero sobre todo tiene que ver con la capacidad de la clase medias y altas de sortear esta barrera. De evitar que sus hijos repitan. "Tienen más mecanismos para presionar a la escuela", revela Gortázar. Los padres y madres saben cómo convencer al tutor porque ellos ya pasaron antes por el instituto y saben cómo funciona. Y también pueden pagarle al hijo unas clases de refuerzo si hace falta.
Sobre este debate, el sociólogo César Rendueles publicó recientemente Contra la igualdad de oportunidades. En una entrevista en elDiario.es defendía la tesis de que el concepto de meritocracia no favorece la movilidad social, sino más bien lo contrario: legitima los privilegios de las clases adineradas, que son las que tienen el camino más despejado en los estudios y en el mundo laboral.
Los recursos de las familias, tabla de salvación
La capacidad de apoyo de las familias es decisiva para entender la falta de igualdad real de oportunidades. Martínez-Bravo lo recuerda en su paso por la universidad pública. "Yo tenía que trabajar algunos fines de semana y veranos en la cocina de un hospital, mientras otros compañeros de clase estaban haciendo prácticas en empresas de los conocidos de sus padres", afirma. Son diferencias, opina, que "no cambian radicalmente" los itinerarios, pero sí influyen. "Ni yo acabaré en un supermercado ni tú de CEO de Facebook, pero es una suma", dice.
En este sentido, la premiada tesis del joven sociólogo Carlos J. Gil Hernández, publicada en 2020 (Cracking meritocracy from the starting gate), analizaba –entre otros– los datos del sistema educativo alemán, que tiene la particularidad de separar en distintos itinerarios a los alumnos a la temprana edad de 10 años. Y descubría que, incluso a esas etapas, los niños de clase alta tenían más probabilidades de insertarse en la trayectoria académica –la considerada como mejor– incluso a igualdad de competencias y conocimientos que los de familias más pobres.
Su trabajo citaba también el estudio, ya en 1968, de William Sewell y Vimal Shah, que detectó esa brecha en el acceso a la universidad. Hace medio siglo, el 58% de los niños americanos con bajo coeficiente intelectual y padres formados accedían a hacer una carrera, mientras el porcentaje para los hijos de familias sin estudios era del 9,3%.
Quienes trataron de radiografiar algo parecido fueron los sociólogos Fabrizio Bernardi y Héctor Cebolla en un estudio publicado en 2014. A partir de una encuesta del CIS a la población nacida con posterioridad a 1976, analizaron sus respuestas sobre las notas que recordaban haber obtenido en su día en clase y si cursaron o no posteriormente estudios superiores.
Entre los hijos de trabajadores manuales de baja calificación que recordaban haber sacado buena nota, el 75% cursó estudios superiores, un porcentaje que superaba el 95% en las capas altas de la sociedad. En el otro extremo, con los que habían sacado malos resultados, poco más del 10% de los de clase trabajadora hacía el salto a los estudios superiores, mientas que entre los altos directivos eran más del 65% (no así entre capas medias, donde el porcentaje quedaba por debajo del 50%). Pese a tener el mismo nivel académico, la brecha era más que notable.
Nuevamente, el gráfico muestra que los hijos de clase alta pueden corregir a menudo su falta de nivel. Es lo que Martínez García denomina el 'efecto Froilán'. "En cualquier familia de clase media o baja, él no hubiese acabado la ESO. Pero lo mandaron a Estados Unidos pagando miles de euros, volvió con el Bachillerato acabado e ingresó en una universidad americana en Madrid", detalla. En términos sociológicos es una anécdota, matiza, pero sirve para comprender la existencia de este "suelo de cristal".
Pero la encuesta muestra también otra cara de esta misma realidad, como recuerda su autor Héctor Cebolla, y es que las notas escolares importan. Y mucho. Un muy buen estudiante hijo de trabajador manual tiene más probabilidades de acceder a estudios superiores que los de buena familia que sacan malas notas o incluso regulares. El problema, de nuevo, es que el acceso a estos méritos, a las notas excelentes, es más difícil para los de entorno desfavorecido.
"La meritocracia, como todo en la vida, está obstaculizada por las desigualdades tempranas que se manifiestan ya desde la forma en que la gente cría a sus hijos", sostiene este doctor por la Universidad de Oxford especializado en desigualdades educativas. Solo el 25% del rendimiento escolar se explica por el efecto de la escuela, argumenta este sociólogo, que ocupa actualmente el cargo de director general de Innovación y Estrategia Social en el Ayuntamiento de Madrid. Añade en este sentido que la forma de corregir las desigualdades educativas es eliminar las de carácter social. "Si el sistema educativo finlandés absorbe menos desigualdad que el español es porque el país es menos desigual", argumenta.
Pese a ello, Merino, de la UAB, no solo sostiene que la escuela sí tiene un efecto determinante, sino que defiende que la existencia de centros educativos segregados es uno de los factores "clave" para entender los fallos de la igualdad de oportunidades. "Estas escuelas acaban bajando el nivel de exigencia, porque les cuesta más gestionar las clases, y para mí este es el origen del problema", valora. En estos centros, que suelen ser mayoritariamente públicos, "se genera un círculo bastante vicioso, en el que el entorno de los jóvenes tiene pocas expectativas y la escuela o el instituto las refuerzan", añade. Y concluye que ninguna Administración educativa está llevando a cabo políticas ambiciosas para corregirlo.
Los factores que operan en el mercado laboral
Al salir del sistema educativo y académico, el rastro de la meritocracia es mucho más complicado de seguir a partir de los datos. Saber cómo influye el origen social a la hora de lograr los mejores contratos, de convencer a tus jefes y de poder escalar lo más rápido a los puestos directivos es complicado de cuantificar. Los expertos consultados advierten de la importancia de los contactos que uno tenga para entrar en determinados empleos. Pero operan otros factores, como las habilidades sociales o el miedo al fracaso, que de nuevo favorecen a quienes tienen más y perjudican a quienes tienen menos.
Sobre esto opina la economista e investigadora ICREA Caterina Calsamiglia. "Esta idea de que el error forma parte del aprendizaje es un lujo. Eso lo dicen los que están suficientemente tranquilos y confiados de que el sistema les permitirá corregirlo o fracasar temporalmente", expresa, en referencia, sobre todo, al entorno laboral. "Igual que decir que el fracaso forma parte del progreso y que es necesario para triunfar".
Montar una empresa y no tener éxito no tiene el mismo coste para quien sabe que sus padres le van a rescatar que para quien puede acabar desahuciado. Pero no hacen falta casos tan extremos. Dejar el trabajo durante un año para cursar un master o para estudiar inglés y mejorar el currículum puede ser otro ejemplo. En las transiciones educativas, esta "aversión al riesgo" está estudiada, observa Merino. Los jóvenes de bajo nivel socioeconómico suelen optar por carreras más cortas y que creen más accesibles y con salidas laborales claras. "El coste que supone mantener años de formación en términos relativos es mucho más grande para la gente de clase baja, con lo que muchos aseguran el tiro", resume Merino, que aun así añade para el análisis que la opción mayoritaria para el perfil de buenos alumnos de familia humilde cuando acaban la ESO sigue siendo cursar el Bachillerato.
Para Gortázar, de hecho, el análisis sobre la meritocracia en España debe ir "inequívocamente unido al funcionamiento del mercado laboral", a si permite o no la movilidad. Y aquí ve necesario destacar el problema del elevado paro estructural, unido a una "alta temporalidad", que hace que se cree una bolsa de "perdedores del sistema". "Si tienes un país donde todo el mundo accede a estudios medios y superiores, no hay trabajadores de tercera, sino, como mucho, de segunda y de primera", sostiene, y añade la ausencia de una apuesta por la FP como una de las causas. Calsamiglia, por su parte, también argumenta que las sociedades con menos diferencias sociales y salariales tienden a ser más meritocráticas.
"Los países con mejor ascensor social, como los del norte de Europa, son los menos desiguales. Porque si no hay grandes diferencias, los padres de clase alta se relajan, porque ya les parece bien que su hijo acabe en un puesto u otro. Pero si las diferencias son enormes y hay que seleccionar a ganadores y perdedores, entonces es más difícil que exista el ascenso social, porque las familias favorecidas van a aprovechar su poder para asegurase de que sus descendientes no caigan", resume esta economista.
Reproducimos este artículo publicado en MIENTRASTANTO.ORG
Cuando fui con mi alumnado a ver El silencio de los otros, ganador del Goya al mejor documental, me quedé atónito. Pero no por cómo describía la represión de la dictadura franquista. Sino porque parte de mi alumnado comentó al salir de la proyección: “Nadie nos había explicado nada de esto”.
Esta “desmemoria” es sorprendente porque la historia es una materia que se imparte en los centros docentes, y además durante dos cursos (4.º de Secundaria y 2.º de Bachillerato) se dedica a la historia de España.
El olvido de la memoria histórica en la escuela ha supuesto que las generaciones que han llegado todos estos años a su etapa adulta carezcan de una formación sólida sobre lo que supuso la dictadura franquista y la lucha antifranquista que se mantuvo frente a ella.
Parece como si hubiera una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, que facilita la manipulación mediática y política, con la vigencia de una mitología llena de lugares comunes como "reabrir viejas heridas", "revancha", "rencor", etc. y la permisividad ante un franquismo sociológico que ha cristalizado en un partido fascista como VOX.
Todo lleva a pensar a las y los expertos en historia que, si alguien se propuso enseñar rigurosa y sistemáticamente la historia española reciente, ha fracasado estrepitosamente. A menos —y esto es más que probable— que haya habido una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, en cuyo caso la ignorancia generalizada resultante habría sido un éxito gracias a la escasa y deficiente enseñanza impartida.
Lo comprobamos el día que dio origen a la investigación sobre pedagogía de la memoria histórica en la educación. A raíz de la producción y realización del documental Los campos del silencio dirigido por Eloina Terrón, sobre los presos republicanos en campos de concentración franquistas. Cuando grabamos en una clase de historia del Instituto de Secundaria Fabero del Bierzo (León), constatamos que el alumnado desconocía que había un campo de concentración en Fabero y que algunos de sus abuelos habían estado presos en él, trabajando como “esclavos de Franco” para una empresa privada (Minas Moro) en la extracción de carbón en las minas del Bierzo.
Por eso nos decidimos a realizar una investigación en la que revisamos y analizamos los contenidos de los manuales escolares de Historia de España, de 4.º de la ESO y, sobre todo, de 2.º de Bachillerato, y en la que realizamos 610 entrevistas a profesorado de Historia y 376 a alumnado de estos cursos, donde hemos constatado que la memoria histórica de aquel período permanece invisibilizada, ocultada e incluso tergiversada en la mayor parte de los libros de texto escolares que utilizan.
¿Por qué analizar Los textos escolares? Porque actualmente dominan el currículum: la mayor parte del tiempo escolar se centra en torno a ellos. Cerca del 90% del tiempo escolar, tanto del alumnado como del profesorado.
Los libros de texto reflejan una determinada visión de la historia teñida por la ideología, por los intereses determinados no sólo de los grupos editoriales que los venden, sino de los grupos de presión que hay tras ellos. Las cinco grandes editoriales son corporaciones que responden a los intereses de quienes las manejan. Ayudan a construir el imaginario colectivo de las futuras generaciones, la comprensión que se hace y la perspectiva que se adopta sobre el pasado, el presente y el futuro, así como las conexiones con las causas y razones que han motivado las acciones humanas a lo largo de la historia. El estudio de la Historia en la escuela es el único momento de las vidas de buena parte de la población en que tienen contacto directo con la historia académica.
Las conclusiones de la investigación han sido significativas:
Extensión: Los contenidos se centran excesivamente sobre la Guerra Civil, mientras que la posguerra sigue en la sombra. Además, los 44 años que transcurren entre la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo y que deberían ocupar cerca del 50% de los contenidos del siglo XX, por estricto tiempo cronológico, sólo ocupan el 9%.
Ocultamientos: Se presenta esta parte de la historia desde una visión supuestamente “neutral y aséptica”, pero encubre graves silencios y ocultamientos deliberados. Formas genéricas que apenas dicen nada o que ocultan, más que aclarar, lo que parece no quererse abordar de forma clara y decidida.
Invisibilidad y minimización de la represión sistemática: Donde el afán de venganza fue orquestado legalmente y con carácter retroactivo, prolongándose durante cuarenta años. Ni la mitad de los libros de 4.º ESO y pocos más en 2.º explican cómo hacían leyes a su medida para llevar a cabo fusilamientos, coacciones, expolios… de quienes se les oponían o contra quienes no mostraban la suficiente simpatía. No sólo la violencia física de los “paseos” o las torturas o los fusilamientos, sino también el exilio interior de los topos, o los experimentos con las prisioneras para descubrir y erradicar el “gen rojo”, secuestrando y robando a sus hijos para traficarlos a manos de “familias adeptas al régimen” y evitar así a transmisión del fanatismo marxista. O la depuración laboral... La represión se queda en un cuadro de detalle (se dedica a los “paseos” el mismo espacio que el dedicado a Mariquita Pérez, “el juguete más ansiado en los cincuenta), sin explicar quién, cómo ni por qué se fusilaba.
Lenguaje: Se utilizan términos que disminuyen la gravedad: se habla de “alzamiento” (no de golpe de estado), se dice que se instauró una dictadura, aclarando que una dictadura simplemente es “un gobierno no democrático” y donde parece que el único problema es que “no hubo libertad de expresión” durante su transcurso …
Teoría de la equidistancia: Se insiste reiteradamente en afirmar que hubo un “enfrentamiento fratricida”, como si dos partes se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. La concepción de que “todos fuimos culpables” plantea que hubo un enfrentamiento entre dos bandos, una lucha fratricida entre hermanos, donde la “culpabilidad” se reparte por igual a las dos partes enfrentadas. Equiparando al torturador y la víctima torturada. Como si dos bandos igualados se hubieran enfrentado en las mismas condiciones o legitimidad. Pero una democracia nunca es culpable de un golpe de estado y un gobierno democrático nunca es un bando.
Esta teoría de la equidistancia viene del “segundo franquismo”, cuando el relato de la cruzada deja de ser creíble y desde las filas del propio régimen empieza a hablarse de “guerra entre españoles”. Las generaciones de la democracia hemos sido “educados” desde esta interpretación basada en la supuesta equidistancia: en el reparto de responsabilidad entre los bandos, en que fue una guerra fratricida, en que todos hicieron barbaridades, etc. Esto ha alentado la pervivencia de ese franquismo sociológico en la sociedad española, que ahora ha puesto de manifiesto el voto a un grupo político como VOX que ha restaurado en España la imaginería, los postulados, el odio y la violencia “sin complejos” del fascismo en toda Europa.
Temas “tabú” que ni siquiera se nombran:
1. La incautación de bienes y el origen de grandes fortunas del IBEX 35, que ha documentado Antonio Maestre en Franquismo S. A. (Akal, 2019). Más de 200.000 familias sufrieron en España el expolio de sus bienes, según los cálculos más estrictos: 13.251 millones de pesetas en billetes declarados ilegales y 10.536 en cuentas bancarias bloqueadas.
2. El papel legitimador de la Iglesia dentro del aparato represor del franquismo. Sí que aparece en buena parte de los libros de texto que la Iglesia fue uno de los apoyos legitimadores del régimen franquista, pero no se menciona explícitamente ni se analiza su participación en la represión. No solo algunos obispos dieron apoyo material entregando dinero y joyas a los sublevados o legitimaron la sublevación, sino que la institución eclesiástica utilizó su ascendente sobre la población y su influencia en la vida cotidiana, especialmente en las zonas rurales, al servicio del golpe de Estado y posteriormente de la dictadura: dieron directrices para «no proteger o delatar a izquierdistas o afiliados a sociedades marxistas», colaborar con las autoridades golpistas y «darles informes sobre sus parroquianos». La Iglesia católica nunca ha pedido perdón por sus numerosas implicaciones en los crímenes del franquismo, ni tampoco ha indemnizado —aunque solo fuera moralmente— a sus víctimas. De hecho, lo más habitual ha sido la postura contraria.
3. La triple represión de las mujeres 1) por ser «rojas» y defender la república democrática, 2) por ser «libres» y luchar por la igualdad y los derechos de las mujeres en la República y 3) por ser «compañeras» o familia de republicanos. Por eso, sufrieron formas específicas de represión y de humillación pública como el rapado del pelo (para despojarlas de ese símbolo de “feminidad”, según la mentalidad tradicional) o la ingesta del aceite de ricino (lo que les provocaba diarreas constantes, al tiempo que eran paseadas por las calles imitando las procesiones medievales de la inquisición). Además de castigos específicamente destinados a atentar contra el rol reproductivo de las mujeres y, por tanto, vinculados a la maternidad, como la separación de madres e hijos e hijas en las cárceles o la sustracción de menores a madres condenadas a muerte y ejecutadas, que eran traficados a familias afectas al régimen. Pero también el cuerpo de las mujeres fue utilizado como campo de batalla en el que humillar y vencer al enemigo, a los parientes masculinos ausentes, con la violencia sexual y las violaciones. Todo ello era también una forma de disciplinarlas, como mujeres que habían roto moldes y estereotipos del modelo de mujer tradicional durante la República, y se pretendía así “dar ejemplo” para volver a todas las mujeres a su posición de subordinación, a “su lugar” en el hogar tradicional de la mitología del fascismo.
4. Los responsables y partícipes directos en la represión, a los que simplemente ni se les nombra, blanqueando su participación directa en la represión y la barbarie durante cuarenta años, muchos de los cuales pasaron directamente a las administraciones y a las instancias de poder institucionales en la democracia. No hace falta más que recordar a Fraga Iribarne o a Martín Villa, por poner algún caso notorio. Pero también a Billy el Niño, un torturador confeso que vivió con total impunidad.
5. La colaboración de la parte de la sociedad civil que se sentía vencedora en la represión, intimidación y humillación de los vencidos, lo cual les condenó a un nuevo y cruel castigo: ser cautivos en su propia tierra, estar desposeídos de sus derechos y estigmatizados de por vida.
6. El reconocimiento, resarcimiento y reparación de las víctimas del franquismo y de la lucha antifranquista. Algo que sigue pendiente incluso en las leyes de memoria histórica que se han legislado en España.
7. El papel de los movimientos de recuperación de la memoria histórica actuales, de la generación de las nietas y nietos, y sin los cuales no podríamos entender los avances actuales en memoria histórica.
¿Qué hacer?
La nueva Ley de Memoria Democrática hubiera podido constituir una oportunidad para avanzar en el reconocimiento de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Sí, por fin esta norma atribuye un papel activo al Estado en la búsqueda de personas desaparecidas y en la exhumación de fosas, crea una Fiscalía especializada y anula las sentencias injustas dictadas durante la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, sigue sin crear una comisión de la verdad, tal como ha instado Naciones Unidas a España, que permita esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura. Tampoco elimina los obstáculos a la investigación de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo (en 2021, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han vuelto a establecer que estos crímenes no pueden ser investigados por los juzgados y tribunales españoles). Ni instaura un derecho a la reparación que incluya la indemnización y la responsabilidad patrimonial para aquellos a quienes se les incautó su patrimonio, realizaron trabajos forzados o sufrieron condenas injustas.
A esto hay que añadir que, a pesar de que en la presentación de esta nueva Ley de Memoria Histórica se ha manifestado la intención de llevar a los colegios el conocimiento de la represión franquista y la lucha antifranquista, los hechos no respaldan la puesta en práctica de esta medida de forma efectiva. En primer lugar, porque todo puede ser que acabe como las propuestas de algunas Comunidades Autónomas para introducir la memoria histórica en los libros de texto y el currículum escolar. Lo cierto es que, en muchas de ellas, no se ha pasado realmente de las intenciones o las declaraciones, y en otras, con el crecimiento de la extrema derecha y su llegada a las instituciones parlamentarias, se han cercenado radicalmente las tímidas iniciativas que empezaban a ponerse en marcha. En segundo lugar, porque en las enmiendas que se introdujeron a la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la memoria democrática queda reducida en la disposición adicional cuadragésima primera a la necesidad de que la comunidad educativa tenga un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España desde sus orígenes hasta la actualidad y su contribución al fortalecimiento de los principios y valores democráticos definidos en la Constitución española. Mediante “el aprendizaje de los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos...”. Valores democráticos, historia de la democracia, términos genéricos muy interpretables y que no concretan casi nada (aunque, sorprendentemente, sí que concretan y citan expresamente el “conocimiento del Holocausto judío”). Y, en tercer lugar, porque parece que hay una intencionalidad expresa, ligada quizás a la presión de la derecha, a mezclar y unir en los libros de texto el reconocimiento de las víctimas de la represión de la dictadura franquista con las víctimas de ETA. Equiparando lo inequiparable. Algo de esto parece haber detrás del cambio de nombre de "memoria histórica" por "memoria democrática".
Creo que es imprescindible que tomemos ejemplo de otros países: la realización de acciones y propuestas curriculares destinadas a garantizar el derecho de la ciudadanía al conocimiento histórico veraz de la devastación humana que sufrió el mundo con la aparición del fascismo, en la década de 1920, y con los genocidios que éste perpetró, es hoy en día una realidad con prestigio en los principales contenidos curriculares de países de la Unión Europea, en Estados Unidos y Canadá, en Argentina y Chile, en Australia y en Japón; y la memoria de las dictaduras se extiende a países como Ruanda o Sudáfrica. A diferencia de España, Alemania reconoce los crímenes y la violencia que cometieron, acepta las responsabilidades por ello y los niños y niñas alemanes aprenden en el colegio cómo comportarse ante el recuerdo y la memoria. Es decir, en otros países no pasa lo que lleva sucediendo tanto tiempo en España. De hecho, hasta la ONU, en 2014, emitió un informe que cuestionaba la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Y en 2020, en el nuevo informe de la ONU sobre derechos humanos en España, insistía en pedir avances en esta materia y reiteraba la necesidad de avanzar en el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Conocer la verdad es, según la ONU, un derecho inalienable de los pueblos.
Si un solo alumno o una alumna acaba el período de educación obligatoria sin conocer esto, es una tragedia en pleno siglo XXI. Significa que algo estamos haciendo mal en el sistema educativo.
Por eso hemos realizado unas Unidades para la Recuperación de la Memoria Histórica. Con tres finalidades: recuperar esa parte de nuestra historia que ha quedado en buena medida olvidada o silenciada en el curriculum escolar, facilitando al profesorado una herramienta de trabajo amena y atractiva para su labor docente e insertable en el curriculum ordinario de las materias correspondientes, con actividades adecuadas a las edades de su alumnado; que este conocimiento vaya más allá de especialistas e interesados y pueda llegar a todos los Centros escolares y bibliotecas públicas; y propiciar que estas Unidades Didácticas sean el germen de otras Unidades Didácticas en otras zonas y regiones, de modo que éstas vayan recuperando progresivamente aspectos y retazos de su contexto geográfico e histórico.
Al haberse agotado en papel, se ha puesto en una web de acceso libre y gratuito, que además permite realizar actividades interactivas: http://memoriahistoria.unileon.es
Enfocar la historia de esta forma supone situarnos en la corriente de lo que se denomina “educación crítica”. Esta corriente trata de reconstruir un currículum contrahegemónico que garantice la justicia curricular. Un currículum basado en la experiencia y las perspectivas de las personas olvidadas y desfavorecidas, construido a partir de la posición de los grupos subordinados, que invierta la hegemonía. No para dar la vuelta a la tortilla, sino para proporcionar experiencias e informaciones desconocidas y olvidadas, para hacer un currículum más comprensivo, más representativo. Esto significa replantear la historia desde la perspectiva de los perdedores, los grupos oprimidos, represaliados, olvidados.
Como advierten los historiadores, "la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado". No se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad. Las víctimas de la dictadura sufren una doble violencia: la de sus verdugos y la de borrarlos de la memoria colectiva. Las nuevas generaciones necesitan conocer y comprender su pasado, la historia de su comunidad social, porque tienen derecho a la verdad. La “memoria histórica” es la recuperación de la verdad desde la memoria herida de las víctimas y los valores que defendió la resistencia antifranquista, que dieron lugar a los derechos sociales y las libertades que hoy tenemos. Hay que educar en el antifascismo, en la diversidad, en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y los derechos humanos. Sin concesiones ni medias tintas. No se puede ser demócrata sin ser antifascista.
Insisto: para ser demócrata hay que ser antifascista.
[Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de la Universidad de León. enrique.diez@unileon.es]