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sábado, 3 de julio de 2021

NdP sobre la situación del alumnado con discapacidad motora en el IES Marques de Suanzes (FAPA Francisco Giner de los Ríos)

FAPA Francisco Giner de los Ríos nos envía este correo:

Estimadas/os amigas/os:

Remitimos enlace a la nota de prensa sobre la denuncia de la FAPA Francisco Giner de los Ríos sobre la situación de los estudiantes con discapacidad motora y sus familias en el IES Marqués de Suanzes.

Enlace al documento:
www.fapaginerdelosrios.org/documentos?EntryId=2585&Command=Core_Download

Recibid un cordial saludo.
FAPA FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS

miércoles, 28 de octubre de 2020

La LOMLOE en el punto de mira de nuevo. La adaptación frente al diseño (La Educación Pública .es)

Artículo publicado en laeducacionpublica.es (26-10-2020)
En estos días han comenzado a tramitarse las enmiendas que modificaran el texto inicial de la LOMLOE.
Desde laeducaciónpublica.es solo podemos calificar las enmiendas, en materia de inclusión, como decepcionantes. Después de años de reuniones con todos los grupos políticos y con todo el trabajo realizado, nos sentimos profundamente indignados,  nos vamos a quedar con una ley en la que se ha hecho caso omiso de nuestras recomendaciones y que, por lo tanto, creemos que no va a mejorar en nada la calidad de la enseñanza en lo que a materia de inclusión se refiere.
Nos vamos a quedar con una ley que l@s propi@s asesor@s de la ministra tildan de no inclusiva y que con su aplicación, la ONU no tardará en volver a tirarnos nuevamente de las orejas y apremiarnos para que salgamos de una vez del siglo XX.
Una ley que se adorna de palabras como Accesibilidad Universal y Diseño Universal de aprendizaje pero que no utiliza estos conceptos ni en su desarrollo ni en su argumentación. Una ley que etiqueta al alumnado, que hace continúas referencias a ADAPTACIONES en vez de al DISEÑO, que forma el profesorado para unos pocos en vez de formarlo para todos, que suministra recursos específicos en vez de ser accesibles para todos, que coloca al alumnado en espacios diferenciados, que permite la diferenciación de genero,…Una ley, por lo tanto, que ignora nuevamente la diversidad del alumnado.
La LOMLOE, hecha a espaldas de la Comunidad Educativa de nuevo, ha nacido ya maldita con su redacción del artículo 73, donde queda retratada en lo que a materia de inclusión se refiere y que contagia toda la ley en su desarrollo, definiendo la inclusión como algo que solamente afecta a las personas con discapacidad y que nos demuestra que ningún grupo político en el congreso ha entendido lo que es la inclusión.
Mas de mil quinientas enmiendas propuestas, incapaces de dar sentido al argumento,  deben significar algo,  algo no encaja, algo no debe estar bien diseñado cuando requiere tanta adaptación.
En definitiva una ley decepcionante y otra oportunidad perdida.
Laeducaciónpública.es
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martes, 7 de julio de 2020

La Inclusión en la Nueva Ley de Educación (Comisión Educación de UPLA. Unión de Plataformas en Defensa de los Servicios Sociales y Diversidad Funcional)

El pasado seis de julio, UPLA LAUNIÓN ha tenido una reunión con Fátima Rodríguez Gómez, asesora de Isabel Celaá, ministra de Educación.

Se le han planteado propuestas sobre Inclusión, con el fin de que se incluyan en la nueva Ley de Educación.

Propuestas que promuevan un cambio político que posibilite una verdadera inclusión en las escuelas y espacios educativos.

Cuando un niño con diversidad funcional comienza su escolarización: le hacen un psicodiagnóstico y un dictamen para ofrecerle apoyos. Este hecho conlleva una educación segregada dentro de la escuela ordinaria.

Les hacen desfases curriculares, es decir, que repitan un curso de cero a seis años para que lleguen a la altura de una supuesta “normalidad” que no existe.

En primaria, de seis a doce años, reducen sus contenidos curriculares, tanto los sociales como los académicos porque piensan que no son capaces. Luego les hacen repetir dos veces en primaria.

No adquieren en la mayoría los conocimientos básicos.

Les sacan de las aulas, dejando de estar con sus compañeros y les llevan a otros espacios hecho que les etiqueta.

Tras estos obstáculos, alguno es capaz de llegar a secundaria, sin apenas conocimientos de casi nada.

No han sido atendidos en su proceso de escolarización y siempre tiene la culpa el niño porque aluden a sus capacidades, nunca les parecen suficientes.

La propuesta para acudir a un centro de educación especial es una presión constante para la familia.

Al final es el único recurso que les queda, enviándoles al ostracismo académico y social.

Desde UPLA LAUNIÓN proponemos que el marco legislativo sea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que España ratificó en el año 2.008

Han pasado doce años y seguimos sin cambios para la ejecución de dicha Convención.
Proponemos abordar un cambio metodológico a través del Diseño Universal de Aprendizaje, para que ningún niño sea diferenciado con materiales, contenidos o estar fuera de las aulas.

Docencia compartida en las aulas, es decir dos docentes para que puedan atender a todo el alumnado sin discriminar, ni señalar a ningún alumno como diferentes, diferentes somos todos.

Proponemos que se den los recursos adecuados para situaciones que lo requieran y de esa manera hacer posible su accesibilidad y normalización de cualquier situación.

En el artículo 73 de la LOMLOE, nueva ley de educación, vemos que sigue estigmatizando, con los términos niños con “necesidades educativas especiales, como si la inclusión fuera nada más que para alumnos con discapacidad.

De esta forma van a permanecer segregados, diferenciados y excluidos como hasta ahora sin formarse y sin titulación.

Serán trabajadores sin formación y sin titulación, no podrán acceder a un mercado laboral digno, y pasarán a engrosar las cuentas de centros especiales de empleo, siendo trabajadores mal pagados y personas no integradas en la sociedad.

Hoy en día, por ser ciego, por tener trisomía 21 (síndrome de Down), X frágil, síndrome de Williams, asperger, autismo, trastorno general del desarrollo o cualquier circunstancia como una situación económica vulnerable, determinadas inclinaciones sexuales, procedencia de otros países, estarán todos en clara desventaja si La Nueva Ley de Educación no cambia algunos artículos.

No podemos seguir así. Ser vulnerable es sinónimo de discriminación para esta Ley y por eso decimos basta.

La inclusión educativa es un derecho fundamental vulnerado de nuevo por esta Nueva Ley de Educación que se quiere aprobar.

Comisión Educación de UPLA.
Unión de Plataformas en Defensa de los Servicios Sociales y Diversidad Funcional.

lunes, 6 de julio de 2020

El bulo sobre el cierre de los centros de educación especial frena el avance hacia la mejora del sistema educativo para todo el alumnado (Comunicado de la Plataforma Por una Escuela extraordinaria)

Desde la Plataforma estatal por una escuela extraordinaria, compuesta por ochenta y ocho entidades, muchas de ellas integradas por familias de alumnado con discapacidad, queremos expresar nuestro punto de vista sobre las novedades introducidas en la nueva ley de educación, conocida como Lomloe, en relación con el alumnado con discapacidad.

En primer lugar hay que decir bien claro que el presunto cierre de los colegios de educación especial no es cierto, puesto que no aparece en ningún punto de la Lomloe. Por el contrario, lo que sí aparece en la disposición adicional cuarta es la obligación de mejorar el sistema educativo común para que en un plazo de diez años se dote a todos los centros ordinarios de los recursos y las condiciones necesarias para atender a cualquier persona, incluidas las personas con discapacidad. Es precisamente la apuesta por mejorar la atención a la diversidad en las aulas ordinarias lo que ha generado la polémica, ya que a algunos propietarios de centros de educación especial les preocupa que las familias puedan optar por mantenerse en la modalidad ordinaria una vez que esta cuente con las condiciones necesarias.

La mejora del sistema educativo incluida en la disposición adicional cuarta responde, además, a un imperativo legal ya que la inclusión en las escuelas ordinarias con los ajustes y apoyos necesarios de todas las personas es un derecho vigente en España desde 2008. Desgraciadamente, este derecho se vulnera sistemáticamente, pues se sigue expulsando de las aulas y de los centros educativos comunes a una parte del alumnado, y otra parte sigue sin recibir los ajustes y apoyos que necesita. La gravedad del asunto llevó a la ONU en 2018 a emitir un informe en el que condenaba a España por el incumplimiento del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Desde la Plataforma por una escuela extraordinaria defendemos:

1. ADAPTAR toda la legislación española en materia de educación para dar cumplimiento firme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008,

amparada por los artículos 10.2 y 96 de la Constitución Española y según la cual educarse en el sistema general de educación contando con los ajustes y apoyos necesarios es un derecho.

2. DISEÑAR e implementar un plan de mejora de los centros ordinarios para todo el alumnado de forma inmediata, priorizando la accesibilidad universal desde el diseño educativo en todos sus ámbitos y la dotación de todos los recursos necesarios.

3. INTRODUCIR en las leyes educativas una cláusula de no rechazo para que ningún niño o niña pueda ser rechazado por el sistema educativo ordinario y ser derivado a otra modalidad sin el consentimiento expreso de su familia, como lleva sucediendo desde hace décadas.

4. ENFOCAR las evaluaciones psicopedagógicas al análisis, detección y eliminación de barreras en los contextos educativos comunes y suprimir tanto los dictámenes como las resoluciones de escolarización que conlleven medidas segregadoras.

5. INICIAR la transición responsable hacia un sistema educativo realmente inclusivo, sin que ello suponga en ningún caso el traslado forzoso de ningún niño o niña del colegio donde esté matriculado actualmente, sea de la modalidad que sea, y asegurando que no se perjudique a nadie en las atenciones y recursos que precise.

6. PROMOVER el cambio del sistema educativo hacia la inclusión sin que ello suponga necesariamente el cierre de ningún colegio, sino la transformación de su funcionamiento o de la composición de su alumnado.

En definitiva, desde la Plataforma por una escuela extraordinaria consideramos que es imprescindible construir un sistema educativo común de calidad, que dé cabida a todas las personas sin dejar a ninguna atrás. Una escuela inclusiva es imprescindible para lograr una sociedad más justa en la que todas las personas tengan su lugar.

lunes, 9 de marzo de 2020

La educación de las personas con sordera: casi la mitad carece de apoyos personales en el aula y solo un 10% tiene intérprete (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es
  • Los alumnos con problemas auditivos acceden a la universidad menos que la media, y un informe destaca la falta de recursos y formación para atenderles en la escuela
6-3-2020

Más del 40% de los alumnos con sordera no cuenta con recursos personales de apoyo en su centro educativo. En concreto, solo el 58% de los estudiantes con problemas más o menos severos de audición declara que sí tiene o tuvo algún recurso –como un profesor de audición y lenguaje o un intérprete de lengua de signos– durante todo su periplo educativo. El resto se las tuvo que apañar sin ello, según datos del estudio sociológico Situación socioeducativa de las personas con sordera en España, realizado por la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) en colaboración con el Ministerio de Educación.

El informe, realizado a partir de 793 encuestas a alumnos con sordera, señala que estos estudiantes se reparten por la red educativa en parámetros similares al resto de la población (71% en centros públicos, 22% en la escuela concertada) y que la mayoría, un 77%, está escolarizado en la modalidad de inclusión (en centros ordinarios).

Entre los indicadores de rendimiento escolar, su tasa de repetición es similar a la de la población general (un 30% ha repetido un curso, exactamente como el resto), como ocurre con la de graduación. Sin embargo, las personas con sordera no transitan hacia la universidad en la misma medida que los que no la tienen: el 23% de los jóvenes con entre 18 y 26 años acude a un campus a estudiar. Este dato es nueve puntos inferior al del conjunto de la población (32%).

Colegios sin apoyos

En el aspecto negativo, la mitad de los alumnos con sordera tiene una mala opinión sobre la adecuación de su centro para la atención a personas con discapacidad auditiva. Entre los estudiantes más mayores, de 18 a 26 años, el descontento es más grande aún: solo uno de cada tres está satisfecho con la adaptación de su centro.

Consideran los estudiantes con sordera que prácticamente la mitad de los profesores (de nuevo, el dato sube hasta el 58% entre los mayores cuando se discrimina la opinión por edad) no está cualificado para atenderles. La falta de formación en la mayoría de las ocasiones, pero también de interés, de recursos o de tiempo son los motivos principales de este descontento.

"Es una de nuestras demandas fundamentales, pedir la formación especializada del profesorado", confirma Carmen Jáudenes, presidenta de Fiapas y responsable del informe.

En los colegios que sí tienen recursos, los más habituales son los profesor de audición y lenguaje (65%) y los de pedagogía terapéutica (44%). Un tomador de apuntes o recursos tecnológicos son otras de las herramientas habituales.

"Que el alumno que necesita un ILSE debe tenerlo todas las horas lectivas y en todas las actividades en las que participe es una necesidad más obvia, también es necesario que el niño que se comunica por vía oral y necesita para ello ciertas tecnologías las tenga, y a veces pasan hasta dos cursos, que los niños se pasan en blanco. Hay que facilitar ambos recursos, porque además el tecnológico es una inversión inicial, pero se haría al principio de la escolarización y ya sirve para toda la vida educativa", explica Jáudenes.

Porque para los alumnos con sordera, que no haya un equipo DFM (tecnologías para que los alumnos con problemas auditivos puedan escuchar al profesor) puede suponer perder el curso. "Además de la presencia del equipo en sí, demandamos que se agilicen las reparaciones cuando son necesarias", cuenta Jáudenes. "Si el equipo falla, los niños empiezan a suspender, fracasan en el curso o caen las notas por la dificultad en el seguimiento de las clases", lamenta.

El sempiterno problema con los intérpretes
Además, el informe de Fiapas también señala que apenas el 17% de los alumnos con problemas auditivos que estaban en ese 58% de los centros que sí tenían apoyos educativos contaron con un intérprete de lengua de signos (ILSE) para seguir las clases. Dicho de otro modo, del total de alumnos con sordera, solo uno de cada diez tenía un ILSE a su disposición.
La cuestión de los intérpretes de lengua de signos en las aulas es una de las reivindicaciones habituales del colectivo. Cada comienzo de curso hay protestas de algunas familias y de los propios ILSE por la falta de profesionales en el sistema –pese a ser un derecho reconocido por la Convención de la ONU, a la que está adherida España desde 2008– y por las condiciones laborales que tienen los que sí están.

Aquí, como sucede a menudo en el ámbito educativo, la cosa va por barrios. "Como la gestión de los recursos es competencia autonómica, cada comunidad tiene una realidad", explica Jáudenes. "Los centros que por su configuración tienen una opción educativa a través de la Lengua de Signos Española sí tienen intérpretes o figuras docentes que son capaces de comunicarse en LSE. Pero luego hay muchos otros colegios, la mayoría, que son centros de integración donde si hay niños que se comuniquen en LSE hay que hacer la solicitud", añade. Es en estos donde a veces hay ILSE, a veces no.

lunes, 2 de diciembre de 2019

Firma "Contra la segregación escolar forzosa de alumnos/as con diversidad funcional-discapacidad"

FIRMA
PARA QUE DESDE EL CURSO 2019/20
 EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SE COMPROMETA E INSTE A
TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A QUE
NI UN/A ALUMNO/A MÁS SEA OBLIGADO A
ESTUDIAR SEPARADO DE SUS IGUALES
Y CUENTE CON LOS APOYOS, ADAPTACIONES
Y ESPECIALISTAS QUE SE PRECISEN.
CADA CURSO:
Miles de alumnos/as con diversidad funcional,
en todo el territorio español,
son obligados por las correspondientes Administraciones Educativas
a escolarizarse separados de sus iguales,
enviándoles a CEE (centros de educación especial),
o a Aulas Específicas dentro de centros ordinarios.
 TODO ELLO EN CONTRA:
del deseo de sus familias,
y del derecho que tienen a hacerlo de forma inclusiva
en los centros y aulas comunes, en sus barrios,
donde los grupos son naturales y diversos.
 LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA FUERZA LA SEGREGACIÓN :
1.   De forma directa: a través de dictámenes técnicos que utilizan los “déficits” o “discapacidades” para justificar la segregación.
2. De forma indirecta: persuadiendo y presionando a las familias a través de la denegación de apoyos y bajo la amenaza de que sus hijos/as no van a estar bien atendidos si no es en CEE o en Aulas Específicas.
 ¿QUÉ AVALA NUESTRA PETICIÓN?
1.   Que la Educación Inclusiva es un derecho Fundamental de todo el alumnado, tal y como promulga la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008 por España y de obligado cumplimiento.
2.   Que en recientes informes, el Comité de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, insta al Estado Español a acabar con la segregación forzosa del alumnado con diversidad funcional: Informe ONU mayo 2018 , Informe ONU abril 2019.
3.   Que tenemos muchas experiencias positivas sobre Inclusión que demuestran que no solo es posible, sino que los beneficios son enormes y para todo el alumnado. Siendo Marco de Acción para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo sostenible según refleja la Declaración Incheon 2030, promovida por la UNESCO.
 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA PETICIÓN?
1.   Para evitar el sufrimiento de tantas familias que no pueden elegir la escuela de sus hijos/as, solo porque presentan una diversidad funcional.                             
2.   Para evitar que esas familias tengan que acudir a los juzgados para que se reconozca el derecho de sus hijos/as a una Educación Inclusiva.                               
3.   Porque la presencia del alumnado diverso en las aulas comunes enriquece y beneficia a todo el grupo, fomentando capacidades y actitudes cooperativas, de ayuda mutua y de tolerancia.
LA INCLUSIÓN ES UN DERECHO DE TODOS/AS
Y LA MEJOR GARANTÍA PARA UNA SOCIEDAD MODERNA,
EN LA QUE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD
SEA LA BASE FUNDAMENTAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE DE LA HUMANIDAD.
Facebook: @unaescuelaextraordinaria      Twitter: @escuelaextraord
Puedes firmar AQUÍ.

lunes, 29 de octubre de 2018

Comunicado sobre la deficiencia en infraestructuras educativas para el alumnado con discapacidad motórica. #IESRejasMotóricosYa

Padres Cervantes Getafe (@CervantesGetafe) ha tuiteado:

Desde Getafe nos unimos a las reivindicaciones de las familias   y de todas las que se encuentren en la misma situación.

“Las personas al igual que las aves son diferentes en su vuelo pero iguales en su derecho a volar” (
https://t.co/u6mNvGcSKF)

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jueves, 20 de septiembre de 2018

Comunicado de la ILA ante el debate sobre los centros de educación especial

El grupo promotor de la ILA por una escolarización inclusiva nos envía este comunicado:

Buenos días, 

Desde el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos por una escolarización inclusiva queremos haceros llegar el siguiente comunicado con el que aclarar, de nuevo, varias cuestiones que se están estableciendo en el falso debate sobre los centros de educación especial.  Rogamos difusión. 


Siguenos en: 

lunes, 23 de julio de 2018

La justicia apuesta por la inclusión: los alumnos con necesidades especiales deben ir a centros ordinarios (Daniel Sánchez Caballero en ELDIARIO.ES)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero en eldiario.es
  • En España se acumulan las sentencias contrarias a la administración por no escolarizar a pequeños con discapacidad en centros ordinarios y llevarlos a los colegios especiales contra el criterio familiar
  • El magistrado Alejandro Valentín Sastre, del TSJ de La Rioja, ha sido el ponente pionero en varios de estos fallos condenatorios y sus conceptos han acabado en el Tribunal Supremo
  • La ley, que en ocasiones se incumple en España, establece que los pequeños deben atender por defecto colegios ordinarios y que los otros solo deben contemplarse en caso de que fracase la inclusión o los recursos necesarios sean "desproporcionados"
Adrián, Josep, Pedro y otros muchos niños en España tienen al menos dos cosas en común: una necesidad educativa especial derivada de su condición (diversidad funcional, trastorno del espectro autista o déficit de atención e hiperactividad están entre algunas de las más comunes) y que han doblado la rodilla de la administración en los juzgados reivindicando sus derechos educativos.

En los últimos meses, cada poco tiempo sale una sentencia favorable a la escolarización de chicos con necesidades educativas especiales (NEE) en centros ordinarios frente al criterio de administraciones y profesionales, que en ocasiones es el contrario: los niños NEE están mejor en centros especiales, dicen.

Han salido sentencias en Ciudad Real, en Catalunya, pero sobre todo se han conocido muchas recientemente en La Rioja. Uno de estos casos, de hecho, acabó en el Tribunal Supremo, que también falló en favor de la familia en una sentencia histórica para el colectivo porque el Alto Tribunal entraba en el fondo de la cuestión de la educación inclusiva y cómo debe practicarse.

Los argumentos que viene dando la Justicia suelen ser similares en todos los casos. Dicen los togados que la normativa española, tanto la interna como los tratados internacionales que ha ratificado, establece que la inclusión educativa (esto es, escolarizar a los menores en centros ordinarios y no en los centros específicos de educación especial) debe ser la norma.
"Las adaptaciones necesarias"

Suelen argumentar las administraciones para escolarizar a los pequeños en estos centros que los otros, los ordinarios, no tienen recursos para atender adecuadamente a los alumnos NEE. La Justicia no está comprando el argumento: la escolarización ha de hacerse sí o sí en un centro ordinario excepto en casos realmente excepcionales —estableció el Supremo en su sentencia—, y debe mantenerse así, realizando las "modificaciones y adaptaciones (...) necesarias y adecuadas", excepto si resultan una "carga desproporcionada o indebida", que en ningún caso significa agotar las medidas disponibles sino las posibles.

Buena parte de esta manera de proceder y fallar del Supremo arrancó con el magistrado Alejandro Valentín Sastre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, quien ha llevado muchos de los casos que allí se han juzgado y le ha venido dando la razón a las familias en sus aspiraciones de inclusividad. Suyo es, dicen los expertos en inclusividad, el concepto "agotamiento de las posibilidades de inclusión", expresión que ha dejado negro sobre blanco en algunas de sus sentencias, que el Supremo hizo suyo después y que es el que marca la pauta a las administraciones: han de llevar los recursos a los niños, no los niños a los recursos.

"Creo que el concepto no es mío", explica a eldiario.es el magistrado. "Y, si lo es, la idea no. Ya se exponía en resoluciones que consulté para el estudio de los asuntos en los que he sido ponente", rechaza con modestia mediante una respuesta a través del email.

Carme Fernández, presidenta de la Fundació Gerard, una organización en pro de la inclusión educativa y responsable de haber llevado muchos de estos casos a los juzgados junto al abogado Juan Rodríguez Zapatero, asegura que, al menos a nivel de Derecho, sí que suyo. "Y da mucha fuerza. Las últimas sentencias, en concreto la del Supremo, que dice que se han de agotar todas las medidas antes de determinar la escolarización en un centro especial, empujan mucho", asegura Fernández.

Tanto la presidenta de la Fundació Gerard como Rodríguez Zapatero como muchos otros expertos creen que España incumple la legislación a la hora de afrontar la inclusión educativa. El magistrado, prudente en sus declaraciones, no va tan allá, pese a sus condenas puntuales.
Lo excepcional frente a lo ordinario

"Por lo que yo conozco, diría que sí se cumple. Otra cosa es cómo. Ese cómo es lo que yo creo que debería hacerse de otra manera", explica. ¿También la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que por ser un tratado internacional es de mayor rango que los demás? "Si tomamos como dato los recursos que existen sobre la inclusión educativa, diría que se respeta. Una cuestión distinta pueden ser algunas resoluciones concretas", comenta.

[...]
Lee el artículo completo en eldiario.es

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sábado, 16 de junio de 2018

"La educación inclusiva es el único camino para que se reconozcan los derechos de las personas con diversidad" (Pablo Gutiérrez del Álamo en El Diario de la Educación

Artículo de Pablo Gutiérrez del Álamo en eldiariodelaeducacion.com

Hablamos con Mónica Sumay, responsable de la denuncia que ha terminado con el informe de la ONU que acusa a España de incumplir sistemáticamente con el derecho a la educación inclusiva.

Mónica Sumay es la madre de una joven con discapacidad intelectual. Hace unos años se hizo famosa, con apariciones en televisión, después de comenzar una pelea de años contra la Xunta de Galicia para que su hija siguiera escolarizada en un centro ordinaria como lo estuvo hasta sus 15 años. En aquel curso, obtuvo un dictamen de escolarización que apuntaba a quela niña tuviera que ir a un centro de educación especial. Mónica no estuvo de acuerdo, y después de cinco meses consiguió que un juez devolviese a la niña a su colegio.

Tras este caso, relata, fue una de las personas que montó la asociación SOLCOM. “Quería devolver la ayuda que había recibido”, relata, mediante la asociación. Fuera del ámbito de las familias de niñas y niños, de personas con discapacidad, es posible que no tenga mucha publicidad. Pero ha sido la “causante” del informe de Naciones Unidas sobre la sistemática vulneración que España hace en relación a la escolarización en el sistema ordinario de educación de personas con diversidad funcional.

Fue en 2014 cuando la organización decidió que dado el volumen de casos que estaban manejando por todo el país, era buen momento de denunciar al Estado por esta dejación de sus responsabilidades. “Debería suponer (el dictamen de la ONU) unos importantes cambios normativos, así como una importante inversión”, espera Mónica.

En 2006 se firmó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Texto que España ratificó dos años después y que hoy por hoy sigue sin tener un desarrollo legislativo, y menos aún real. En 2011 el comité que vela por el cumplimiento de la Convención, recibió a una delegación española. Ya en su informe avisó a España de que era responsabilida de la administración el que los centros educativos tuvieran los apoyos necesarios para hacer posible la educación inclusiva de todo el alumnado. Poco o nada se ha llegado a realizar desde entonces.

Esa denuncia, la presentada por SOLCOM en 2014, es una de las solo seis que se han aceptado por parte de la Comisión. Es la única, hasta ahora, relacionada con la educación, según cuenta Mónica Sumay. Para ella, hechos como estos tendrán repercusiones mayores que las sentencias que venimos viendo en relación con la escolarización inclusiva en los últimos años.

Hace dos años, de hecho, ya el Comité emitió un informe en el que se hablaba de la necesidad de los ajustes razonables para las escuelas ordinarias. Un informe que ha acabado pesando en sentencias como la del Tribunal Supremo de hace unos meses. También en otras habidas en La Rioja o Galicia, por ejemplo.

Entre las muchas cosas que afirma el informe de la ONU, una de las más sonrojantes y contundentes es que: “El Comité destaca que la denegación de la igualdad de derechos para las personas con discapacidad puede producirse deliberadamente, es decir, con la intención del Estado parte de cometer tales actos, o como resultado de leyes o políticas discriminatorias, con dicho propósito o sin él”.

Cambios legislativos

Parece claro que el Estado, tanto en el Gobierno central como en los autonómicos, ha de reflejar lo que ratificó en la Convención. Hasta ahora, poco ha sido el traslado que se ha hecho en la normativa. El Comité de Naciones Unidas recoge en su informe que en 2017 ha habido algunos cambios en los decretos autonómicos en relación a la escuela inclusiva.

Para Sumay, sin embargo, “los nuevos decretos refuerzan ahora las aulas específicas dentro de los centros ordinarios”, incidiendo en la integración, no en la inclusión. Critica esta madre y activista que, además, estas aulas se convierten en el lugar en el que los menores con diversidad funcional acaban pasando la mayor parte del tiempo que están en los centros educativos. Se convierten en una forma de segregación.

A esto se suma algo que también constata la ONU y es el hecho de que el sistema de evaluación y decisión en torno a la escolarización hace mucho hincapié en lo sanitario. “Un sistema educativo que continua excluyendo de la educación general, particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples, con base en una evaluación anclada en un modelo médico de la discapacidad y que resulta en la segregación educativa y en la denegación de los ajustes razonables necesarios para la inclusión sin discriminación en el sistema educativo general”.

[...]

Lee el artículo completo en eldiariodelaeducacion.com

jueves, 31 de mayo de 2018

La ONU constata que España viola "sistemáticamente" el derecho a la educación de alumnos con discapacidad (Laura Galaup para EL DIARIO)

Reproducimos esta noticia de ELDIARIO.ES 

La ONU constata que España viola sistemáticamente el derecho a la educación de alumnos con discapacidad. "La segregación y exclusión de España de los estudiantes con discapacidades de la educación general, por su discapacidad, equivale a violaciones graves o sistemáticas del derecho a la educación de esos estudiantes en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad", explican desde esta organización internacional en un comunicado.
Esta crítica se ha emitido dos horas después de que el ministro de Educación asegurase en el Congreso esta mañana, cuestionado por PSOE y Unidos Podemos, que en el sistema educativo español no existe segregación. "Nuestro sistema no segrega, el régimen de segregación es el del Apartheid de Sudáfrica". 
Entre las conclusiones que destacan los observadores de la ONU, alertan de que en nuestro país se han aprobado disposiciones legales "para mantener dos sistemas educativos y desviar a los estudiantes con discapacidades fuera de la educación general".
Además, advierten de la inexistencia de mecanismos independientes que detecten estos problemas. Esta falta de monitoreo provoca "que una vez que un estudiante abandona el sistema educativo general, él o ella permanecerá fuera". "El sistema educativo paralelo establecido para aquellos estudiantes con discapacidad, que no encajan en las escuelas generales, les aboca a trayectorias paralelas en la vida escolar, en el empleo y más tarde en la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes", ha asegurado Theresia Degener, presidenta del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU.

Investigación que se inició en 2014

Esta es una de las conclusiones a las que han llegado varios expertos de Naciones Unidas en un informe que han publicado este martes. La investigación comenzó tras una queja emitida el 2014 por una organización – no detallan cuál – de personas con diversidad funcional. El año pasado una delegación de este Comité visitó varias ciudades españoles y se entrevistas con más de 165 personas, entre ellas funcionarios representantes de asociaciones de afectados y otras organizaciones de la sociedad civil, investigadores, académicos, jueces y abogados.
Uno de los participantes en esta investigación, Carlos Parra, ha criticado este modelo paralelo creado por las administraciones españolas. "Dos modalidades separadas de educación no pueden coexistir en un sistema de educación inclusiva basado en el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades. El sistema debe consistir en una modalidad para todos los estudiantes y debe basarse en la calidad de la educación, proporcionando a cada alumno el apoyo que él o ella requiera", ha incidido.
El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad considera que España vulnera la Convención que ratificó y que incluye el compromiso de garantizar que "las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema de educación general por discapacidad, y que los niños con discapacidad no queden excluidos de la educación primaria gratuita o obligatoria, o de la educación secundaria, por discapacidad".
Para evitar esta exclusión, este organismo de la ONU insta a España "a establecer un plan de acción nacional elaborado en consulta con las organizaciones representativas de personas con discapacidad".

martes, 9 de enero de 2018

El Supremo obliga a las administraciones a que no segreguen a los estudiantes con discapacidad (eldiariodelaeducacion.com)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero en eldiariodelaeducacion.com


Las familias con hijos e hijas con discapacidades han recibido una buena noticia y dado un paso adelante en la defensa de sus derechos. El Tribunal Supremo acaba de notificar una sentencia por la que, además de dar la razón a una familia en su lucha por la escolarización de su hijo en un centro educativo ordinario en La Rioja, entra de lleno por primera vez en la cuestión del derecho a la educación inclusiva en todo su espectro, desde el acceso a la permanencia.

El Supremo establece en su sentencia que las administraciones educativas están obligadas a lograr la plena inclusión de los alumnos con discapacidad, que la escolarización ha de hacerse sí o sí en un centro ordinario excepto en casos realmente excepcionales y que debe mantenerse así, realizando las “modificaciones y adaptaciones (…) necesarias y adecuadas”, excepto si resultan una “carga desproporcionada o indebida”, que en ningún caso significa agotar las medidas disponibles sino las posibles.

Nada nuevo bajo el sol, puede pensar alguien que conozca la normativa vigente española, que ya contempla esta manera de proceder. El problema es que en estos casos en España muchas veces la ley va por un lado y la realidad por otro completamente diferente, y ahora las familias tendrán una sentencia del Supremo que puede sentar jurisprudencia y a la que apelar en caso de conflicto. En España había en el curso 2014-15 un total de 173.797 alumnos con algún tipo de discapacidad, de los que 34.349 están escolarizados en centros de educación especial (un 19,7%), según datos del Cermi. Uno de cada cinco no parece que sea algo excepcional.

“Es la primera sentencia del Supremo que entra de lleno y a fondo en todo el contenido del derecho a la educación inclusiva”, valora Juan Rodríguez Zapatero, el abogado que ha llevado el caso junto a la Fundació Gerard. “Además, es muy importante en cuanto que precisa bien, con rigor y de forma detallada, las obligaciones y los mandatos de las administraciones educativas y los centros en el tratamiento de la educación de los chicos y chicas con discapacidades. Establece una serie de mandatos que deben cumplirse para que de verdad se garantice la igualdad en el acceso a la educación, precisamente para evitar situaciones discriminatorias”, explica.

La sentencia del Supremo supone el punto final de un caso ocurrido en La Rioja, donde el Gobierno de la región envió a un centro específico a un alumno que estaba en un aula TEA (trastorno del espectro autista) en un centro ordinario. Los padres recurrieron para que continuara en su colegio y el Tribunal Superior de Justicia de la Rioja les dio la razón alegando que no se habían agotado las opciones ni se habían puesto los medios necesarios para la inclusión.

El Ejecutivo de La Rioja recurrió, pero ahora el Supremo rechaza el recurso y le da la razón de nuevo a los padres. Y entra en cómo debe realizarse la inclusión por parte de las administraciones.

Recuerda el alto tribunal en su texto que la normativa española debe interpretarse conforme a los tratados internacionales, en este caso la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que España ratificó en 2008. Esta convención menciona el derecho a la igualdad en el acceso a la educación y recuerda el TS que para garantizarlo rigen los principios de normalización o inclusión tanto para el acceso como en la permanencia del sistema educativo.

“Ese doble mandato de inclusión y la efectividad de ese derecho”, continúa el Supremo, “exige de las administraciones una concreta puesta de medios que procure esa integración en el sistema educativo ordinario con las debidas adaptaciones en función de las necesidades del interesado y solo cabe acudir al régimen de centros de régimen especial si se justifica que, agotados los esfuerzos para esa integración, lo procedente es esa opción que en esas condiciones sí justificaría un trato distinto”.

Entre las medidas que deben poner los Gobiernos regionales, las administraciones deben “prestarles apoyo necesario dentro del sistema general de educación (…) y hacerles ajustes razonables en función de sus necesidades individuales”. El límite que marca para las modificaciones “necesarias y adecuadas” es que no supongan una carga desproporcionada.

¿Qué es una carga desproporcionada? La sentencia no lo especifica, pero sí aclara una cosa: que un centro determinado no cuente con algunos recursos no es suficiente argumento. “La proporcionalidad ha de entenderse no solo en relación a los recursos de un centro educativo, hay que ver el conjunto del sistema y los recursos disponibles en todo él”, explica Rodríguez Zapatero.

Carme Fernández, directora de la Fundació Gerard, que lleva años dando la batalla por la plena inclusión educativa de las personas con discapacidad, se muestra satisfecha por la sentencia y opina que “si se sigue este camino la jurisprudencia acabará eliminando las barreras que dificultan el derecho a la inclusión educativa”.

Su abogado coincide. “Después de esta importante sentencia del Tribunal Supremo, junto con otra del Tribunal Constitucional y la anterior sentencia del Alto Tribunal de 9 de mayo de 2011, cabe decir que ya existe una doctrina o cuerpo jurisprudencial sobre el contenido del derecho a la educación inclusiva”, explica Rodríguez Zapatero.

Las aulas específicas

Llegados a este punto, Fernández alerta de la nueva batalla que viene por la inclusión: las aulas específicas en centros ordinarios, clases donde se mete a los alumnos con discapacidad de las que, en ocasiones, no salen nunca.

“Estos recursos no son en realidad de apoyo a la inclusión sino para enfatizar su separación, son modelos segregadores”, explica. Y alerta ante una nueva corriente que está apostando por ellas. “En Valencia y Cataluña ya han hecho decretos en este sentido. Este modelo se está consolidando y simplemente viene a ser la versión más actualizada de los centros de educación especial. Está disfrazada de inclusión, pero hablamos de segregación”, afirma.

En cualquier caso, Fernández prefiere ir poco a poco. “Paso a paso y sentencia a sentencia se va abriendo camino. Y esta última vale el doble o el triple”, valora.

Nota de la comisión de información y acciones. Puedes consultar:

sábado, 3 de junio de 2017

La Consejería de Educación suprime una unidad en E Infantil de 3 años al CEIP Virgen del Cerro de Vallecas

Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas nos envía esta información:

¡Hola!

Nos llega un comunicado del AMPA del CEIP Virgen del Cerro, denunciando que la Consejería de Educación le suprime una unidad en E Infantil de 3 años, en pleno proceso de escolarización, cuando todavía no se ha atendido la solicitud de las familias en 2ª opción que pudieran solicitar este centro. Han completado un grupo a 25, es un centro de INTEGRACIÓN MOTÓRICA (razón más que suficiente para mantener ratios inferiores) y es frecuente que a lo largo del curso se incorpore alumnado.

Una agresión más a la Pública. En Rivas el colegio Santa Mónica, del movimiento ultracatólico Neocatecumenal, tiene dos grupos con 14 y 16 alumnos y no pasa nada.

 Cuando una unidad se cierra en un centro, es muy difícil luego recuperarla, por las trabas administrativas que la propia Consejería pone.

No es un caso único. En la Comunidad de Madrid es una práctica habitual.

Por eso, este martes, 6 de junio, a las 18h nos concentraremos frente ante la DAT (Dirección de Área Territorial) de Madrid capital (C/ Vitruvio 2), convocados por la Plataforma Regional en Defensa de la Escuela Pública.

¡¡Acude!! 
No nos resignamos.


Imágenes integradas 2



Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas 
plataformadevallekasxep@gmail.com

domingo, 7 de mayo de 2017

31-5-17: Encuentro Análisis y valoración de la educación inclusiva (17:30 h, Fundación ONCE. C/ Sebastián Herrera,15. Madrid)

Asun nos envía esta convocatoria que publica en su web la FREM CC.OO.


El encuentro al que os convocamos tiene como objetivo revisar con sentido crítico la política de escolarización de la Comunidad de Madrid en relación con el alumnado con discapacidad a la luz de lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UN, 2006).

Proporcionar un espacio de encuentro y debate entre los participantes en la jornada en torno a las dificultades, retos y condiciones necesarias para responder a este Derecho. 

Dar a conocer los resultados del análisis y valoración realizada por el equipo de la UAM dentro del proyecto MADINEC, sobre el diseño y los resultados del Área de Educación en el III Plan de Acción para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (2012/2015). 

El informe correspondiente y otra documentación e informaciones relativas al proyecto MADINC, puede consultarse en: http://www.madridsinbarreras.org/

Es un encuentro en el que CCOO participa y colabora, si tenéis cualquier duda o cuestión podéis poneros en contacto con nosotros en la dirección de correo ccooexigecontigo@usmr.ccoo.es Para inscribiros podéis entrar en este enlace https://goo.gl/forms/FXsMuG6RN9Zg3GPs1