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viernes, 16 de mayo de 2025

“Reflexiones desde el PAS” ante la Manifestación educativa del 22-5-2025 en la Comunidad de Madrid (Comunicado de Solidaridad Obrera, STEM, COBAS, CGT y CNT. 16-5-2025)

COBAS (Sección Sindical PAS Educación) nos informa de este Comunicado:

🤔🤔🤔

COMUNICADO “REFLEXIONES DESDE EL PAS”, ANTE LA MANIFESTACIÓN EDUCATIVA DEL 22 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE MADRID


Toda la comunidad educativa madrileña (docentes, personal laboral, alumnado y familia) nos echaremos a la calle el próximo jueves 22 de mayo, desde Atocha a Sol, para reclamar una educación pública de calidad y con todos los recursos necesarios, y unas condiciones laborales dignas para sus trabajadorxs.


¡EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS TENEMOS MUCHO QUE DECIR EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA!


Somos personal esencial para el funcionamiento de los centros: auxiliares de control, de servicios, fisioterapeutas, técnicxs III, integradorxs, educadorxs, enfermerxs… También somos el personal más abusado y sufriremos ceses masivos a finales de este curso.


Debemos sumarnos a esta movilización y a todas las que vengan. ¡SÓLO JUNTAS TENEMOS FUERZA PARA LUCHAR CONTRA QUIENES QUIEREN ARRASAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LIQUIDAR TODOS NUESTROS DERECHOS!


#EducacionPublica #FijezaYA


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lunes, 17 de marzo de 2025

19-3-2025: Concentración y cacerolada por integrador/a social en el CEIP Maestra Trinidad YA (8:30 h., en el CEIP Maestra Trinidad. Fuenlabrada)

 


La FE CCOO de Madrid nos envía esta convocatoria:

‼CCOO Convoca y llama a participar‼

Concentración y cacerolada Integrador/a social en el  CEIP Maestra Trinidad YA 

 ❌A lo largo de este curso ya han estado más de un mes  sin TSIS y ahora que ya llevan sin TSIS desde el 25 de febrero. 

Paralelamente han cesado el viernes 7 de marzo a la Técnico especialista III, ya sustituida por otra desde el lunes 9 de marzo gracias a las gestiones desde el centro, desde CCOO y al anuncio de esta movilización con la que seguimos adelante porque sigue faltando integrador social no garantizando el derecho fundamental a la educación, en igualdad de condiciones, del alumnado ni los derechos del profesorado del centro. 

 ⭕Desde CCOO apoyamos y reivindicamos al personal laboral de los centros educativos como personal esencial y exigimos la sustitución inmediata de los integradores e integradoras sociales. 

 ‼Te esperamos el 19 de marzo a las 8.30 en el CEIP Maestra Trinidad‼ 

 🥘 tráete tu cacerola 🥘

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jueves, 18 de abril de 2024

28-4-2024: Manifestación (11:30h., Sol-Ópera). Convoca: PLEI (Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles


"El próximo domingo, 28 de abril de 2024, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha convocado una manifestación que parte desde Sol hacia Ópera por la calle Arenal. A la llegada, habrá actividades para la Infancia.


Los motivos de esta manifestación son: 


1) Denunciar unas ratios que hacen muy complicada la labor educativa de las profesionales de Infantil.


2) Difundir la Cultura de Infancia en la sociedad para que nuestra labor en las escuelas sea reconocida.


3) Denunciar los impagos por parte de algunas empresas a las compañeras de escuelas infantiles.


4) Denunciar el cierre de, al menos, dos centros de Educación Infantil, que dejan sin acceso a Escuela Pública a muchas criaturas y sin trabajo a las profesionales de dichos centros.


5) Denunciar la enorme precariedad que existe en nuestro sector.


6) Exigir a las administraciones públicas que se hagan responsables de la Educación Infantil e inviertan dinero para mejorar la calidad del sector.


domingo, 17 de diciembre de 2023

13 y 19-12-2023: Concentraciones por un convenio digno en las Escuelas Infantiles (18:00 h., en Sol) / 11, 12, 13 y 18, 19 y 20-12-2023: Paros parciales. Convoca: CCOO

 


 👥🪧 CONCENTRACIONES 

📆 Miércoles 13 y 19 de diciembre de 2023

📍Puerta del Sol

🕕18:00 h.

✔️Tras el éxito de las cuatro jornadas de huelga y de las movilizaciones celebradas, las trabajadoras dedicadas a la etapa educativa de 0 a 3 años vuelven a reclamar un convenio justo para dignificar sus condiciones de trabajo. 

Los próximos paros parciales tendrán lugar los días 11, 12, 13 y 18, 19 y 20 de diciembre, de 7:00 a 10:30 en las Escuelas Infantiles privadas y de gestión indirecta de todo el Estado.

NOTA DE LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN Y ACCIONES DE ASAMBLEA MAREA VERDE MADRID:

A la Asamblea celebrada el día 12 de diciembre de 2023 asiste una compañera de PLEI (Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles), de Educadoras y personal de escuelas infantiles de gestión indirecta y privada, para informar de la situación en la que se encuentran de precariedad laboral, tanto de las condiciones económicas como de su propia situación con ratios muy elevadas en el aula y sin apoyos en casos de alumnado con necesidades. Piden a la Asamblea que apoyemos y difundamos sus reivindicaciones y sus acciones; también manifiesta que  quieren participar de las movilizaciones de Asamblea Marea Verde, acudiendo con sus pancartas, y de la asamblea. Se debate la propuesta, y se acuerda que la posición es que la Educación Infantil 0-3 debe ser también 100% pública y que seguiremos reivindicándolo, pero que denunciamos las condiciones precarias de las trabajadoras y trabajadores y apoyamos y difundimos todas sus acciones.

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17-12-2023: Concentraciones Por un convenio digno en las Escuelas Infantiles (de 11 a 13:00 h., en Retiro, Vallecas, Barajas, Villaverde y Parla). Convoca: PLEI (Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles)







NOTA DE LA COMISIÓN DE INFORMACIÓN Y ACCIONES DE ASAMBLEA MAREA VERDE MADRID:

A la Asamblea celebrada el día 12 de diciembre de 2023 asiste una compañera de PLEI (Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles), de Educadoras y personal de escuelas infantiles de gestión indirecta y privada, para informar de la situación en la que se encuentran de precariedad laboral, tanto de las condiciones económicas como de su propia situación con ratios muy elevadas en el aula y sin apoyos en casos de alumnado con necesidades. Piden a la Asamblea que apoyemos y difundamos sus reivindicaciones y sus acciones; también manifiesta que  quieren participar de las movilizaciones de Asamblea Marea Verde, acudiendo con sus pancartas, y de la asamblea. Se debate la propuesta, y se acuerda que la posición es que la Educación Infantil 0-3 debe ser también 100% pública y que seguiremos reivindicándolo, pero que denunciamos las condiciones precarias de las trabajadoras y trabajadores y apoyamos y difundimos todas sus acciones.

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domingo, 12 de noviembre de 2023

18-11-2023: Jornada por la dignificación de la Educación Infantil 0 a 3 años. Marcha y concierto de Yo soy ratón (11:30 h., Sol esquina con C/ Carretas - Plaza de Isabel II -Ópera). Convoca: CCOO


18 de Noviembre: por la dignidad de la Educación Infantil marcha y ven al concierto de Yo soy ratón

🗓 Sábado 18 de noviembre de 2023

🏁 Salida a las 11:30 de la puerta del Sol esquina con calle carretas, hasta Plaza de Isabel II (Opera)

👥 Nos manifestamos y concentramos con las trabajadoras de las Escuelas Infantiles de Gestión indirecta y privadas.

Reivindicamos la dignificación de la Educación Infantil 0-3.

Por una educación de calidad, condiciones de trabajo justas.

🖌 Talleres: pintacaras, suelta de globos ...y más porque contaremos con la actuación especial de: Yo soy Ratón🐭 @yosoyraton

Todo ello para seguir reivindicando el desbloqueo de la negociación del convenio porque queremos un convenio justo y porque exigimos la dignidad de la Educación Infantil y el derecho a la educación de los niños y niñas de la etapa de O a 3 en condiciones de calidad.

¡Os esperamos!

martes, 7 de noviembre de 2023

martes, 22 de febrero de 2022

Comunicado sobre las bajas del personal laboral (Asamblea Marea Verde Madrid. Febrero de 2022)

 

Desde Asamblea Marea Verde Madrid denunciamos el trato que se está dando al alumnado con necesidades educativas especiales, tanto en los centros de educación especial, como en los centros ordinarios. Resulta inadmisible la tardanza en cubrir las bajas del personal laboral que atiende específicamente a este alumnado: fisioterapeutas, técnicos en integración social, personal técnico y enfermeras.

Desde el inicio de curso, al igual que en cursos anteriores, las bajas del personal  laboral tardan más de un mes en sustituirse. Este curso está siendo incluso peor, llegando en algunos centros a iniciarse el curso sin personal y tardando en reponerlo hasta más de 2 meses, situación que se ve agravada por las bajas producidas por la COVID, que directamente no se sustituyen.

El personal laboral con atención directa al alumnado con necesidades educativas tiene un papel fundamental para dar respuesta a las necesidades de salud, tanto físicas, como sociales y emocionales de niños y niñas con síndromes muy limitantes para su desarrollo: alumnado con trastorno del espectro autista, con plurideficiencias, con discapacidades sensoriales, físicas, intelectuales o problemas graves de conducta… Sin este personal este alumnado ve mermadas sus posibilidades de acceder al centro escolar, de recibir los cuidados mínimos para su bienestar, de relacionarse con el entorno y con los demás, de incluirse en su grupo de clase. En definitiva, de tener una escolaridad digna y con todos los derechos que les asisten. Por lo tanto, cuando estas bajas no se cubren de forma inmediata, se está privando a este alumnado de sus derechos más básicos.

La recién aprobada Ley Maestra de libertad de elección educativa, en la exposición de sus motivos, remite a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible señalando la necesidad de que los alumnos con discapacidad cuenten con apoyo técnico, material y humano que sea efectivo.

De esta manera, en el artículo 25 b), se indica que hay que dotar a los centros sostenidos con fondos públicos de los recursos necesarios para ofrecer una educación equitativa y de calidad, considerados los principios de inclusión e individualización de la intervención educativa.

Lo que supuestamente defiende esta ley queda en mera declaración, puesto que en la realidad se hace todo lo contrario. No hay personal suficiente para dar una respuesta educativa y asistencial de calidad y las ratios en las aulas son demasiado altas, por lo que no es posible la atención individualizada que se requiere en estos casos. Además, cuando se solicitan más recursos personales para casos graves de conducta o de salud, la respuesta de la administración educativa siempre es una negativa. Y la gota que colma el vaso es que, tal como denuncia Comisiones Obreras, las bajas del personal laboral tardan una media de 80 días en cubrirse.

Por todo lo expuesto, desde Asamblea Marea Verde Madrid denunciamos esta situación y urgimos a la Comunidad de Madrid a que se ocupe y se responsabilice de la sustitución inmediata del personal laboral de baja. Asimismo, exigimos la dotación de más recursos humanos para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y la bajada de ratios como medidas imprescindibles y urgentes para asegurar una Educación que atienda a la diversidad.

Febrero de 2022

Asamblea Marea Verde Madrid

domingo, 4 de octubre de 2020

Los directores madrileños exigen a Educación recursos humanos y materiales para hacer frente a las bajas de profesorado (Pablo del Álamo para ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

Reproducimos este artículo publicado en ELDIARIODELAEDUCACION.COM

La asociación Adimad, que engloba a los directores de secundaria de centros públicos, reclama a la Consejería de Educación una mayor inversión en equipamientos, contratación de personal docente y no docente así como la cobertura de las bajas que se están produciendo diariamente. «Estamos solos», asegura Esteban Álvarez, su presidente.

La situación de los institutos públicos madrileños está cerca del colapso. Han comenzado el curso con las mismas fechas previstas al final del pasado, con cambios de criterio a dos semanas de comenzar y sin los instrumentos prometidos por la Administración educativa.

En su momento, Educación aseguró que enviaría 70.000 ordenadores y 6.000 cámaras a los centros para poder llevar a cabo la enseñanza semipresencial que está en marcha desde 3º de ESO hasta el bachillerato. También, que se mejoraría la conectividad para poder dar un buen servicio. No se ha hecho nada al respecto, que sepan en Adimad. Así de tajante se ha expresado Esteban Álvarez en la rueda de prensa que acaban de dar para hablar de las propuestas que ponen sobre la mesa.

Después de repasar qué ha ocurrido en los últimos meses, así como de denunciar que no se ha convocado a ninguna reunión a las y los directores para que pudieran plantear sus necesidades, Álvarez ha detallado cuáles son las peticiones, casi exigencias, que plantean desde la asociación.

Recursos

Madrid, como otras comunidades autónomas, vive una compleja situación por falta de personal en las listas de interinos. Este es el motivo para la aprobación del Real Decreto-ley que permitirá la contratación de «docentes» sin titulación acreditativa. En cualquier caso, es una de las reivindicaciones de Adimad. La contratación de más personal para poder realizar con garantías la labor educativa en los centros.

A esta contratación, que supondría la posibilidad de bajar las ratios de alumnos por aula, se suma que hoy, por el vaciado de esas listas, no se están cubriendo con rapidez las bajas que se producen. Álvarez ha asegurado que, según sus datos (la Comunidad, ya sea vía Educación o Sanidad, no los facilita) de media, en cada instituto hay entre tres y cuatro docentes de baja o confinados por causa de la COVID. Cifras a las que hay que sumar el profesorado que está de baja por otras razones. Para apoyar el argumento, Ángeles González, también directora en Madrid, aseguraba que en su instituto hay diez docentes de baja actualmente.

Pero no solo se trata de personal docente, también es necesario un refuerzo del de administración y servicios, grupo en el cual también se están produciendo bajas que no se cubren. A esto, se suma el personal de limpieza, contratado por terceras empresas y que tampoco se cubre con la celeridad necesaria para mantener los centros educativos cercanos a un funcionamiento normal.

Más allá de la falta de recursos humanos está la falta de equipamiento tecnológico comprometido por la Consejería. 70.000 ordenadores y 6.000 cámaras para intentar asegurar que la semipresencialidad del alumnado más mayor de secundaria y bachillerato fuera efectiva. A día de hoy, no han llegado esos equipos a los centros educativos. Sobrevuela a esto la pregunta de en qué se está invirtiendo el dinero enviado por el Gobierno central de los fondos Covid (cerca de 300 millones para Madrid). Tampoco la mejora de la conectividad en los centros. Asegura Álvarez que están prestando todo el material que pueden, pero no pueden prestar todo el que tienen porque, al mismo tiempo, hay que utilizarlo en el instituto para mantener la semipresencialidad.

Adimad denuncia que se han visto obligados a «competir» unos centros con otros en los últimos meses. Primero, por la compra de material higiénico-sanitario como geles hidroalcohólicos, mascarillas y demás. Ahora, por conseguir al mejor precio posible, equipamiento informático. Un equipamiento, asegura Esteban Álvarez, que no tiene casi stock en Europa y que ha visto sus precios aumentado por la presión de la demanda. Una demanda que ahora está intentando realizar las compras directamente en países como China.

Incomunicación con Salud Pública

A los problemas de infraestructuras materiales y humanas, viene a sumarse la incertidumbre en la que se están moviendo los centros. Están obligados a estar en contacto con la Dirección General de Salud Pública para informar de los casos que se estén produciendo y esperar a las instrucciones que les den, principalmente, sobre el cierre de aulas y el confinamiento de alumnado y profesorado. Desde hace días, no pueden contactar vía telefónica con dicha Dirección General. Cuando lo hacen por correo electrónico, no se garantiza que haya respuesta, y de haberla, tarde cinco o seis días, ha explicado el presidente de Adimad. Todo esto contando que la figura del coordinador COVID, una persona del equipo directivo, ha pasado a ser literalmente, un restreador de casos y contactos directos y estrechos.

Tampoco saben qué hacer cuando un docente, por ejemplo, tiene casos positivos cercanos pero de fuera del ambiente laboral. ¿Ha de guardar cuarentena? ¿Ha de comunicarlo a alguien? Según las informaciones publicadas en los últimos días, la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer pruebas PCR a los contactos estrechos de un positivo a no ser que sea, principalmente, una persona conviviente. Alumnado y profesorado no lo son.

Son 2.000 los centros públicos que deberían estar en comunicación con Salud Pública. Según las estimaciones de la asociación de directores, además de los cuatro o cinco docentes que en cada centro se están dando de baja por motivos relacionados con la COVID, hay que sumar los casos entre el alumnado. En las primeras semanas, aseguran desde Adimad, había uno o dos diarios. Ya están entre tres y cuatro, teniendo en cuenta que la incidencia del virus es desigual dependiendo de dónde esté el centro educativo.

Álvarez, además, ha explicado la dificultad de hacer este seguimiento en los institutos, en donde no existen los grupos estables de convivencia y hay materias en las que se juntan alumnos de diferentes clases. La optatividad de los cursos más altos incide negativamente en la posibilidad de controlar los contactos interpersonales. Aún así, asegura que los centros están cumpliendo con todas las normas higiénico-sanitarias que se les han dado. Aunque hay momentos, como los recreos, en los que se hace realmente complicado.

Discrimación

Otro de los problemas que denuncian desde Adimad es el hecho de que después de que la Comunidad de Madrid haya prohibido a los centros educativos públicos realizar obras de acondicionamiento que permitiesen, en la medida de lo posible, albergar a todo el alumnado en las aulas, hace unos días recibieron una comunicación en la que la Administración daba permiso a los centros de secundaria para que pasaran a una presencialidad total en todos los cursos.

Desde Adimad entienden que este cambio de criterios, de la semipresencialidad a la posibilidad de presencialidad total, deja a la pública en desventaja frente a la concertada, que ha podido realizar ese acondicionamiento de los centros educativos así como la contratación de personal docente para el desdoble de grupos y la bajada de ratios.

Los públicos, ahora, no pueden acometer obras, aunque sí, aseguran, han acondicionado todos los espacios posibles para dar cabida a los desdobles. Tampoco pueden contratar personal ya es que es responsabilidad de la Consejería y, por último, no ha sido posible la idea de contar con espacios municipales a los que trasladar al alumnado desde los centros como también se planteó en algún momento.

Una situación que, además, se extiende a la prohibición expresa de que las y los docentes madrileños utilicen otra plataforma que no sea Educamadrid. «Ha mejorado, es verdad», aseguraba Álvarez a los medios. Pero no es suficiente. «Necesitamos convenios con las plataformas educativas para usarlas si son adecuadas», insistía. El presidente de Adimad recordaba cómo en otras comunidades autónomas se ha hecho precisamente esto. «No entendemos por qué aquí no».

jueves, 26 de junio de 2014

"EL GOBIERNO ESCONDE TRAS EL AFORAMIENTO DEL REY UNA DURA REFORMA LABORAL CONTRA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MÁS PRECARIOS" (Fabián Valero)

Reproducimos este artículo de Fabián Valero publicado en su blog NEXO LABORAL

En los últimos días el Gobierno ha conseguido que el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público, que se encuentra actualmente a trámite en el Senado, esté en boca de todos al incluir una enmienda para proceder al aforamiento de Juan Carlos I tras su abdicación. Pero lo que se ha ocultado a la opinión pública es que el Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Senado ha aprovechado este tramite parlamentario para incluir otra enmienda en este Proyecto de Ley, que supone una nueva Reforma Laboral que deja en situación de absoluta indefensión laboral a decenas de miles de empleados públicos. Por su relevancia social y jurídica podéis descargar aquí la enmienda presentada por el PP.
La enmienda formulada por el Partido Popular, claramente inconstitucionales en mi opinión, se dirige directamente contra los colectivos más débiles de las administraciones públicas, esto es: personal laboral contratado en fraude de ley, personal laboral temporal, personal laboral indefinido no fijo por sentencia judicial, desempleados que prestan servicios para las administraciones mediante contratos de colaboración social, investigadores públicos o trabajadores que prestan servicios para las administraciones mediante encomiendas de gestión. Su objetivo es crear un régimen discriminatorio para este grupo de trabajadores en la aplicación de los artículos 15.1, (contratación temporal), 15.3, (adquisición de la condición de indefinido por contratación en fraude de ley), 15.5, (inaplicación de la adquisición de la condición de indefinido por el transcurso del tiempo), y 43, (cesión ilegal de trabajadores en el ámbito de las administraciones públicas) del Estatuto de los Trabajadores.Todos estos colectivos, que agrupan a cientos de miles de trabajadores en España, quedarán en una situación de absoluto desamparo si la enmienda presentada por el Partido Popular sale adelante.
La enmienda introducida por el Partido Popular, de enorme calado jurídico y social, crea una división entre los empleados públicos que, según el PP, cubren o no cubren “puestos de necesaria cobertura”. De hecho, la enmienda ya anticipa que excluye de esta naturaleza a los trabajados destinados a cubrir una necesidad temporal, los que respondan a la realización de un proyecto o prestación específica cualquiera que sea su “sustantividad”, los que tengan su origen en una colaboración social, los efectuados conforme al artículo 10 de la Ley de Contratos del Sector Público y los que se efectúan en virtud de encomiendas de gestión, cualquiera que sea la formula que hubiera motivado la declaración del trabajador como indefinido. Según esta enmienda, los empleados públicos que ocupen puestos de necesaria cobertura seguirán desempeñando este trabajo hasta que la plaza que ocupan se cubra por el procedimiento reglamentariamente establecido (concurso, oposición, concurso-oposición, etc.). Por el contrario, los empleados públicos que cubran puestos que no se consideren de necesaria cobertura, verán cómo su relación laboral se extingue mediante la amortización de su puesto de trabajo, con los efectos económicos establecidos en el artículo 49.1.c)  del Estatuto de los Trabajadores, es decir, con una indemnización solamente de entre 8 y 12 días por año trabajado. A estos empleados públicos no resultarán de aplicación “los procedimientos y efectos previstos para el despido en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores”, con independencia del número de empleados afectados.
Esta enmienda vulnera flagrantemente la Reforma Laboral que el propio Gobierno aprobó por medio de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y en concreto la Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores. Esta Disposición introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que las administraciones públicas realizaran despidos objetivos por causa económica, técnica, organizativa o de producción, abonando en estos casos la una indemnización de 20 días por año trabajado prevista legalmente. Los empleados públicos contratados temporalmente, de forma interina, indefinida no fija o en fraude de ley, también tienen que ser despedidos conforme a esta Disposición Adicional Vigésima del ET, recibiendo por tanto esta indemnización de 20 días por año trabajado, resultando discriminatorio y contrario a derecho excluirlos de esta normativa. Esta postura es precisamente la que defiende la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, tal y como se ha conocido esta misma semana, al declarar nulo el despido del personal interino laboral por vacante efectuado por la Universidad Politécnica de Madrid en marzo del 2013. Pinchando en este enlace a la página web del Poder Judicial se puede comprobar que el Tribunal Supremo defiende que un empleado público, aunque sea temporal, solo puede ser despedido si concurren justificadas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. También la Sala de lo Social dictaminó en 2014, en su sentencia de 22 de enero, que los contratos de colaboración social constituyen un fraude de ley cuando se conciertan por las administraciones públicas para cubrir necesidades permanentes de las mismas, cuestión que ya analizamos en este mismo blog en otra entrada a la que podéis acceder pinchando aquí.
Lo que ahora pretende el Grupo Popular con la enmienda introducida a la Ley de Racionalización del Sector Público es que estos trabajadores temporales, los desempleados contratados en colaboración social, o cualquier otro empleado público en fraude de ley, queden excluidos del ámbito de aplicación de esta Disposición Adicional Vigésima, de modo que su despido no tendrá que ajustarse a la existencia de una causa económica, técnica, organizativa o de producción, pudiendo la administración amortizar su puesto de trabajo sin alegar causa alguna, abonando al despedido una ridícula indemnización de entre 8 y 12 días por año trabajado. Queda claro que para el Grupo Popular cuando la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se adapta a sus intereses, la Ley se cambia, y punto, aunque ello suponga una violación del derecho al trabajo plasmado en el artículo 35 de la Constitución y en la sentencia 22/1981 del Tribunal Constitucional, del Convenio 158 de la OIT o de la Carta Social Europea.
Pero la enmienda introduce otra modificación más, y es que el Grupo Popular pretendeinaplicar el artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, en lo relativo a la duración máxima de los contratos por obra o servicio determinado, a los contratos celebrados por las Administraciones Públicas y sus organismos vinculados y dependientes. El Estatuto de los Trabajadores, con el fin de evitar la contratación fraudulenta, establece que la duración máxima de un contrato por obra o servicio determinado no podrá exceder de tres años, ampliable por doce meses más cuando así lo estipule un convenio colectivo estatal sectorial. La inaplicación de este artículo a los empleados públicos, aparte de su evidente inconstitucionalidad, supone convertir a las administraciones públicas en las máximas defensoras de la precariedad laboral. Con esta medida la contratación temporal se convierte en la regla general y no en la excepción.
Para completar el despropósito, la enmienda del Grupo Popular señala que el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la adquisición de la condición de  trabajador indefinido por el encadenamiento irregular de contratos, no será de aplicación a las modalidades contractuales contempladas en la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ni tampoco a los contratos celebrados para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica contemplados en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El mensaje es claro: el Gobierno Popular apuesta por una ciencia en precario, tolerando el encadenamiento ilimitado de contratos para el personal investigador.
Por fortuna en este país aún quedan jueces y abogados laboralistas. El Gobierno podrá modificar la Ley, pero nosotros ya estamos analizando cómo enfrentarnos a ella. La batalla será larga, pero lograremos que la Justicia y el Derecho se impongan.

viernes, 13 de diciembre de 2013

CCOO gana la sentencia sobre la contratación irregular del Personal Laboral

Personal Laboral

Hoy día 11 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula las contrataciones realizadas en fraude de ley y obliga a la Consejería a repetir el procedimiento respetando lo dispuesto en el convenio colectivo para el Personal Laboral.

CCOO gana la sentencia sobre la contratación irregular del Personal Laboral.

CCOO denunció en el pasado mes de Septiembre la vulneración de las bolsas de contratación del personal laboral de la Comunidad de Madrid y la contratación irregular en este inicio de curso.

Hoy día 11 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula las contrataciones realizadas en fraude de ley y obliga a la Consejería a repetir el procedimiento respetando lo dispuesto en el convenio colectivo para el Personal Laboral.

Esta sentencia, ganada por CCOO, es un nuevo varapalo a la Comunidad de Madrid a la que la los tribunales les ha quitado la razón en lo referente al Convenio Colectivo, las instrucciones de la regulación de la jornada y ahora en como está gestionando la contratación.

La Justicia obliga a Figar a volver a contratar a los integradores y personal laboral de atención a alumnos TGD a los que despidió

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Comunidad de Madrid por despedir a los integradores sociales, fisioterapeutas, educadores, enfermeros, técnicos, y auxiliares de hostelería y limpieza que trabajan en centros con alumnos con necesidades especiales. 
A principios de septiembre, la Consejería de Educación tomó esta decisión basándose en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a hacer fijo a cualquier trabajador que encadene más de 24 meses de trabajo a lo largo de 30 meses en dos o más contratos. Para evitar contratar indefinidamente a los trabajadores de la bolsa de empleo que cumplían ese requisito, les echaron y cubrieron sus plazas con personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal o con pocos meses trabajados para la Comunidad de Madrid . La medida afectó al 80% de los 700 profesionales que atienden a niños con Transtorno Generalizado del Desarrollo (TGD), movilidad reducida, trastorno sensorial o Transtorno del Espectro Autista en las 104 aulas que hay en la Comunidad.
El sindicato CCOO denunció el caso a los tribunales y la justicia le ha dado la razón. La sentenciade la Sección nº2 de lo Social declara la "nulidad radical" de las nuevas contrataciones y obliga al departamento que dirige Lucía Figar a cancelar las contrataciones que hizo desde el 1 de septiemebre y a "efectuar los llamamientos de los trabajadores inscritos en las bolsas de trabajo (...) por riguroso orden de puntuación".
CCOO: "La decisión arbitraria de Figar ha dañado a un alumnado especialmente sensible"
"Hubiéramos preferido no llegar hasta aquí, pero estamos más que satisfechos. Por fin se ha hecho justicia", cuenta a Públicola integradora social Tatiana Rodríguez de Castro. Tras cuatro años encadenando contratos de obra y servicio de septiembre a junio, este inicio de curso no recibió la llamada de rigor. Desde entonces no ha cobrado paro ningún subsidio. "Lo he pasado mal sobre todo porque este trabajo es una forma de vida", confiesa. Comisiones Obreras —a cuya demanda se sumó también CSIT, UGT, SATSE y el Comité de Empresa de la la Consejería de Educación— ha anunciado que pedirá reclamaciones patrimoniales por los daños causados a los trabajadores.
Aun así, los empleados no han sido los únicos damnificados por la decisión de Figar. "La mala gestión de la consejería perjudica ante todo a los alumnos", denuncia José Miguel, padre de una niña con TGD. La presidenta de la Federación de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, coincide con él: "La decisión arbitraria de la Consejería de Educación ha dañado a un alumnado especialmente sensible porque durante tres meses muchos de estos niños han sufrido graves retrocesos", explica a Público. Los alumnos con necesidades especiales tienen, en su mayoría, problemas para relacionarse con su entorno, de ahí la importancia de establecer vínculos con sus terapeutas que se prolonguen en el tiempo.
Para Galvín, la consejería ha demostrado una vez más "una falta absoluta de sensibilidad y responsabilidad". CCOO denuncia además las interpretaciones sesgadas basadas en criterios ideológicos que Figar hace de la legislación por no respetar los méritos y capacidades de los profesores. "No se puede contratar al margen de las listas", insiste. 
La Consejería de Educación, que recurrirá la sentencia en casación, estima que el número de contratos que pueden verse afectados por la sentencia es de unos 350, de los cuales, "150 son auxiliares de hostelería (limpieza), 60 son auxiliares de control (conserjes), y 140 son personal laboral del resto de las categorías (integradores sociales, fisioterapeutas y diplomados en enfermería)", afirma el departamento de Figar en un comunicado. "En ningún caso queda afectada por la sentencia la contratación de personal docente, maestros y profesores —que no son personal laboral, sino funcionarios, y cuyos nombramientos no se rigen por estas bolsas—. Tampoco existe ninguna contratación de educador infantil afectada por la sentencia", señala la Consejería de Educación.