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Reproducimos este artículo publicado en el ELDIARIO.ES
El laberinto de los archivos, la ausencia de una ley que los regule y la dispersión de muchos documentos dificulta muchas veces el acceso a los registros por parte del ciudadano común. Así nació la asociación Innovación y Derechos Humanos (IHR World) hace cuatro años, con el propósito de facilitar la divulgación de archivos y documentos a través de una página web que contiene 485.136 registros de causas militares, conocidas popularmente como consejos de guerra, de los Tribunales Territoriales Militares de Madrid, Castellón, Albacete, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, León y Zamora. También tiene 137.898 registros de soldados trabajadores y soldados escolta de batallones disciplinarios, los llamados esclavos de Franco.
Ahora a ese gran contenido se suman los 564.269 expedientes de depuración abiertos a profesionales vinculados a la enseñanza que fueron apartados de su cargo de forma fulminante por las tropas que impulsaron el golpe de Estado, a medida que avanzaban posiciones durante la Guerra Civil y especialmente en la posguerra. Son expedientes referidos a maestros y maestras de enseñanza primaria y secundaria, de la Escuela Normal –lo que hoy sería Magisterio–, pero también profesores que ejercían en universidades, en las Escuelas de Ingeniería y Arquitectura, en las Escuelas Taller o de Comercio, entre otras. Además están incluidos ayudantes, auxiliares, administrativos, y "cualquier persona vinculada a la enseñanza a quien alcanzó la depuración, se apartó de su cargo y se incoó un expediente".
Con este conjunto de datos la página web de Innovación y Derechos Humanos alcanza 1.284.597 registros que pueden buscarse por nombre y apellido. "Nunca hasta ahora había sido tan accesible la referencia a estos expedientes de depuración", explica Concha Catalán, integrante de IHR World, en conversación con elDiario.es. "La base de datos es un gran trabajo que elaboró durante años el Archivo Central de Educación, aunque actualmente esos expedientes están en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares", explica.
Este nuevo volcado de datos permitirá a cualquier persona interesada en indagar en la historia de un familiar introducir el nombre del mismo y averiguar si fue depurado y en qué archivo del país se encuentra su expediente. Además, IHR World ha hecho uso de información recogida en libros e investigaciones, como Maestros de la República, los otros santos, los otros mártires, de Maria Antonia Iglesias, la tesis doctoral La escuela y el Estado Nuevo. La depuración del magisterio nacional (1936-1943) de Francisco Morente Valero o la de Jesús Manuel García Díaz, La depuración del Magisterio nacional en A Coruña, de 2017.
La represión contra los profesionales de la enseñanza
Los profesionales de la enseñanza fueron duramente castigados por el franquismo. La Constitución de la República de 1931 establecía los principios de una enseñanza pública, gratuita, laica, mixta y obligatoria. Decretos posteriores contemplaron el proyecto de creación de miles de escuelas, y los maestros y maestras recibieron una formación por primera vez de carácter universitario. Fueron formados en el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, dedicaron tiempo y estudio a la pedagogía.
Como relatan numerosos investigadores, la represión franquista supuso la pérdida de un colectivo de enseñanza muy preparado, con ideas modernas y avanzadas, que fue sustituido por integrantes del clero y profesorado en muchos casos de baja calidad, según se relata, por ejemplo, en el libro Muerte y represión en el Magisterio de Castilla y León, coordinado por los profesores de Historia Enrique Berzal y Javier Rodríguez.
En toda España el golpismo consideró a los profesionales de la enseñanza responsables de haber inoculado en la sociedad "el virus republicano". El proceso de depuración pretendía acabar de raíz con ello y practicar un castigo ejemplarizante a los intelectuales. Varios investigadores señalan que unos 60.000 profesores fueron depurados, "pero esa cifra se refiere a profesionales de un nivel determinado, por lo que la cifra sería mayor", señala Concha Catalán.
Alumnas de las Escuelas Sierra Pambley, León. El encargado de la Biblioteca Sierra Pambley fue fusilado Fundación Sierra Pambley
Parte de los maestros depurados pudieron volver a ejercer su profesión en la educación pública. Pero al menos un tercio fueron sancionados con un castigo mínimo de un año y medio sin sueldo o expulsados de forma definitiva, teniendo que ejercer como profesores particulares o cambiar de profesión. Otros fueron fusilados. Uno de los próximos retos del equipo de IHR World será especificar el número exacto de depurados guiándose por ese más de medio millón de expedientes.
Los franquistas crearon comisiones que examinaban la trayectoria profesional y privada de cada maestro –con sus filiaciones políticas y sindicales incluidas– y establecían si podía regresar o no a la enseñanza. Dichas comisiones estaban formadas por el director de la escuela o instituto, un inspector, dos vocales y un representante de la asociación de padres, con "probada moralidad católica" y de "solvencia moral y técnica". Necesitaban además informes favorables de personas públicas, como el alcalde, la Guardia Civil o el cura.
En algunos casos, los expedientes de depuración llegaban después de que la persona castigada hubiera sido fusilada. Así ocurrió, por ejemplo, con Dióscoro Galindo, maestro fusilado con Federico García Lorca, cuyo expediente de depuración llegó días después de su asesinato, a través de una comisión presidida por José María Pemán, en la que se incluyó un testimonio contra él del cura. A pesar de que ya estaba muerto lo suspendieron de empleo y sueldo, pidieron a la familia que desalojara su casa y a él que entregara las llaves y el inventario de la escuela.
En muchos pueblos a las maestras les raparon el pelo y las pasearon por las calles principales antes de enviarlas al destierro. También hubo castigo para los integrantes de las misiones pedagógicas, que durante la II República llevaron a los pueblos aislados de España bibliotecas, aparatos de música, discos y conocimiento. La represión contra los profesores tuvo lugar en la mayoría de las localidades españolas y aún a día de hoy hay maestros desaparecidos en las cunetas.
Una mujer supo a través de nuestro registro que su abuelo no había muerto en la batalla del Ebro, como creían, sino en un campo de concentración nazi
Como relata la web de IHR World, "España fue uno de los primeros países europeos en reconocer la importancia de la educación universal" en un momento en el que existía una elevada tasa de analfabetismo de adultos, estimada en un 30%, alcanzando el 60% en algunas provincias y afectando especialmente a las mujeres. Desde 1932 y en solo cuatro años se construyeron 9.991 escuelas nuevas, una cifra que "debe compararse con el total de 11.128 nuevas escuelas abiertas desde 1900 a 1930".
El Gobierno lanzó un programa para seleccionar y formar a siete mil personas con licenciatura sin experiencia docente y se tomaron medidas para mejorar los salarios de los maestros, que obtuvieron el estatuto de funcionarios públicos y vieron su sueldo aumentado en un 15% entre 1931 y 1933.
Con la publicación de este más de medio millón de expedientes con nombres de gente vinculada a la enseñanza depurada, IHR pretende facilitar el acceso a la información para muchas personas que a menudo se ven obligadas a deambular de un archivo a otro, recorriendo cientos de kilómetros, para encontrar pistas sobre sus familiares o para recabar información para sus investigaciones académicas.
Dióscoro Galindo con el grupo escolar de Santiponce, en Sevilla.
"Hacemos lo que tendría que estar haciendo el Estado: bases de datos de acceso fácil y público", explica Catalán, periodista y experta en Big Data, una de las fundadoras de la asociación, "junto con un activista de los derechos humanos y un ingeniero informático, clave para el desarrollo de la web". A lo largo de estos cuatro años de andadura ha habido mucha gente que ha encontrado expedientes de sus familiares represaliados a través de esta web.
"Incluso hay quienes ni siquiera sabían que sus familiares habían sido fusilados o juzgados en consejos de guerra. Un hombre entró en nuestra web para buscar a una persona y encontró a seis. Una mujer supo gracias a este proyecto que una tía suya, que nunca hablaba, que siempre gruñía, que estaba amargada, había estado dos años en la cárcel y la habían maltratado", cuenta Catalán.
Escuela en España antes de 1936. Una maestra entre sus alumnos.
"Nos mueve el dolor de la gente por no poder acceder a la historia de vida de sus familiares más inmediatos. Nos escribe gente cada mes dándonos las gracias porque han encontrado a un familiar y pueden recuperar así una parte de la vida de su abuelo, de su tía o de su bisabuelo", indican desde IHR.
"Una mujer supo a través de nuestro registro que su abuelo no había muerto en la batalla del Ebro, como creían. Tras esa batalla había cruzado a Francia y terminó preso en el campo de concentración nazi de Gusen, donde falleció. Le dijimos que tenía la posibilidad de pedir indemnización para su madre, que además tenía Alzheimer; le pusimos en contacto con personas especializadas en esto, que, como nosotros, de forma altruista, se encargan de ayudar a quienes pueden acceder a este tipo de ayudas", relatan.
El equipo de Innovación y Derechos Humanos ha impulsado el proyecto de forma altruista, pero necesitan donaciones para poder mantenerlo y desarrollarlo. "Queremos seguir añadiendo más datos. Tenemos un proyecto sobre los juicios sumarísimos a mujeres, con un análisis detallado de todas las mujeres represaliadas en Catalunya por consejos de guerra. Nuestra intención es seguir con este tipo de proyectos. Tenemos acceso a otras bases de datos que aún no hemos podido integrar", explica Catalán.
Tras quince días de huelga, cerramos la etapa de lucha colectiva a través de la huelga indefinida pero no vamos a desconvocar ante las muchas peticiones de trabajadoras vulnerables que a título individual nos piden que mantengamos la convocatoria para protegerlas. Por tanto, aunque La Asamblea de Docentes por la Huelga Indefinida y el Sindicato de Enseñanza e Int. Social de CNT-AIT Madrid están trabajando en la continuidad de la lucha por medios, por ahora, diferentes a la huelga, sigue vigente la legalización de dicha huelga hasta el 20 de octubre (acabamos de legalizar esa nueva fecha ampliando el 30 de septiembre inicial).
El balance de estos quince días conlleva una serie de logros pero también ha mostrado una serie de limitaciones que no queremos ocultar.
Si queremos mencionar algunas limitaciones de esta lucha, es obvio que no hemos encontrado herramientas para llegar a una parte importante de la comunidad educativa pese a la situación crítica que estamos viviendo estas semanas con una vuelta al cole donde se pone en riesgo a la comunidad educativa por la escasa aportación de recursos para evitar contagios, por el grado extremo de improvisación y la falta de rigor y seriedad científica para organizar la vida en los centros. Es significativo que hemos sido escuchadas por muchas trabajadoras que nos ha dado la razón (ni una sola trabajadora ha rebatido la tabla reivindicativa de esta huelga) pero que, sin embargo, no han considerado movilizarse por una razón u otra. También resulta poco alentador comprobar que los sindicatos que podríamos llamar “de clase” han mostrado una mayor capacidad para desmovilizar que para movilizar.
Pese a todo preferimos quedarnos con los aspectos positivos de estas semanas:
– Esta lucha ha fortalecido un movimiento asambleario que desde el 2011 se encontraba dormido. No obstante, la pandemia ha debilitado el potencial asambleario al obligarnos al uso de herramientas online que en ningún modo pueden sustituir a las asambleas presenciales.
– Estos quince días de huelga han recuperado fórmulas eficaces de reivindicación como los piquetes informativos (por poner solo un ejemplo) frente a las fórmulas “imaginativas” que ridiculizan las luchas de las trabajadoras de la enseñanza al convertirlas en un circo.
– Las trabajadoras implicadas en esta lucha han puesto todo su pundonor en llevar las reivindicaciones hasta todos los centros posibles y han evitado la tentación de esperar que alguien hiciera por ellas esa tarea. Cada jornada de huelga ha sido una jornada de trabajo para la huelga.
– Las personas que se han implicado en estas movilizaciones han formado un grupo humano envidiable.
Como colofón queremos señalar que, a pesar de no haber conseguido los principales objetivos que nos planteamos inicialmente, esta huelga es lo que se debía hacer y, desde luego, no solo no nos arrepentimos de su convocatoria, sino que estamos orgullosas de ella. La huelga, cuando está cargada de apoyo mutuo, sigue siendo la herramienta más eficaz de la clase obrera contra la violencia de los poderes económicos.
La transformación en huelga instrumental
Si eres trabajador o trabajadora de la enseñanza madrileña no universitaria en situación de vulnerabilidad tienes que saber que nuestro sindicato ha legalizado huelga hasta el 20 de octubre. Ante la falta de interés de la Consejería de Educación por ofrecer soluciones a este personal nos vemos en la obligación de realizar esta convocatoria para proteger a quien le nieguen una baja médica pese a su salud y no se vea capaz de ir a trabajar con la exposición al Covid19 que hay en los centro educativos.
Hasta el día 30 de septiembre los servicios mínimos son reducidos: el equipo directivo y poco más como podrás ver en la convocatoria que abajo adjuntamos.
Desde el 1 al 20 de octubre la administración ha impuesto unos servicios mínimos abusivos que suponen un docente por grupo, por lo que muchas trabajadoras de la enseñanza podrían perder su posibilidad de huelga si el equipo directivo de su centro le comunicase su nombramiento como servicio mínimo.
Para una información más precisa debéis leer los servicios mínimos que adjuntamos a continuación:
El Gobierno central y las comunidades autónomas han alcanzado una serie de acuerdos para mejorar el desarrollo del curso escolar, que ha comenzado de manera "correcta", según ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras una reunión entre su cartera, la de Educación y los Gobiernos regionales. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha explicado las medidas tomadas, entre las que destacan que se va a flexibilizar la prueba de acceso a la Universidad ante las dificultades para desarrollar los temarios íntegros en este curso convulso y que se facilitará la contratación de docentes rebajando los requisitos para ejercer para que las comunidades puedan rebajar el máximo de alumnos por aula.
Creen el Gobierno y las comunidades que el inicio del curso, desde el punto de vista de la Salud Pública, ha empezado bien. Los últimos datos sobre aulas clausuradas, ofrecidos por Celaá en rueda de prensa tras la reunión, hablan de 2.852 unidades (clases) cerradas sobre un total de 380.000, lo que supone un 0,73% del total. El objetivo del Gobierno, ha insistido la ministra varias veces, "es mantener los centros abiertos y garantizar la presencialidad".
Las administraciones son conscientes de las dificultades que puede suponer para los 2º de Bachillerato cumplir con los temarios en un curso con tanta incertidumbre y docencia online, de manera que lleguen correctamente preparados a la Ebau (en su acrónimo más común, también se utilizan Evau o PAU). Los profesores estaban exigiendo ya medidas para poder programar y tener certidumbres en un curso que no da tregua y va muy justo de tiempo. Han sido escuchados. "El modelo será similar al del año pasado, se adaptará a las circunstancias extraordinarias y lo haremos con carácter inmediato", ha explicado la ministra Celaá.
También se va a facilitar la contratación de docentes ante las dificultades que están encontrando algunas comunidades, ha explicado Celaá, para encontrar docentes que cumplan las condiciones necesarias para ejercer la docencia. Así, "de manera excepcional y limitada y hasta que concluya el curso académico de la pandemia", los Gobiernos regionales podrán contratar profesores que no hayan cursado el máster de Secundaria, obligatorio en circunstancias normales, si se han agotado las bolsas de interinos habituales. "Siempre que cumplan el resto de requisitos para ejercer la docencia", ha matizado Celaá. El agotamiento de las bolsas de interinas, ha comentado la ministra, se está dando en algunas comunidades autónomas, agravada también por la suspensión de las oposiciones docentes el pasado verano por la pandemia.
No son las únicas medidas adoptadas. La ministra Celaá ha informado de que en total se han adoptado ocho acuerdos, incluidos los dos mencionados. Además de estos, Gobierno y comunidades autónomas han pactado flexibilizar los currículos, en la línea de la propuesta de modificación de la Selectividad. "Vamos a adaptar las programaciones didácticas para recuperar los aprendizajes imprescindibles, competenciales, que no adoptaron el año pasado", ha explicado la ministra. "Muchas comunidades y centros han manifestado su dificultad para hacerlo debido a la rigidez del sistema".
Además, Gobierno y comunidades han acordado adaptar las prácticas de la Formación Profesional (FP), como se hizo el pasado curso. Se reducirá la duración de los módulos de formación en los centros de trabajo, ha informado la ministra, al mínimo de las horas contempladas en la ley.
Por último, las administraciones educativas también quieren "conseguir la presencialidad al 100% en los centros educativos", que en este momento no se está dando porque a partir de 3º de la ESO se está impartiendo docencia semipresencial en diferentes formas según las comunidades autónomas. Respecto a la presencialidad, la ministra ha informado de que las comunidades, con carácter general, no están reportando problemas relevantes por una alta incidencia con el absentismo causado por el temor de algunas familias a llevar a sus hijos a los centros educativos. La ministra sí ha señalado, sin embargo, que "hay grupos minoritarios culturales que sí persisten en la no asistencia a clase", según han informado tres Gobiernos regionales, y ha recordado que la abogacía del Estado acaba de concluir un informe sobre la cuestión que ratifica –ya se había dicho– "que la pandemia per se no exonera de la obligación de asistir al centro en la enseñanza obligatoria, pero que los centros son los que han de identificar las causas objetivas de no asistencia".
La huelga de los profesores en la Comunidad de Madrid convocada por CCOO, UGT, CGT y STEM continúa hacia delante y se realizará los días 22 y 23 de septiembre. La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, había pedido que se desconvocara al presentar un plan que contenía muchas de las reivindicaciones del profesorado para una vuelta segura a las aulas. Sin embargo, los sindicatos consultados por este medio consideran que las medidas llegan “tarde” y “una gran parte” de las mismas no se han cumplido.
“Queremos que en Madrid se garantice la educación y unos centros seguros”, indica a cuartopoder Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de CCOO Madrid. “Todos los esfuerzos de los centros están centrados en sobrevivir, en el sentido más literal. Estamos muy orgullosos de cómo lo están haciendo los centros. Hay muchas situaciones de desesperación y angustia. Es un Gobierno que nos tiene absolutamente abandonados”, subraya.
El plan de vuelta de la Comunidad de Madrid a las aulas no se conoció hasta el 25 de agosto, después de que los sindicatos ya hubieran convocado la protesta. “A fecha de hoy consideramos que una buena parte de las medidas que anunció Díaz Ayuso no se han cumplido. A pesar de los grandísimos esfuerzos que se han hecho por parte de los equipos docentes, directivos y las familias para adaptarse a los protocolos higiénico-sanitarios, se están cerrando aulas y centros”, explica Teresa Jusdado, secretaria de Enseñanza de UGT. El Gobierno de la región “ha demostrado que hay una gran falta de planificación porque empezaron a trabajar cuando nosotros convocamos la huelga”, señala la sindicalista.
En ese sentido, la huelga es considerada “un éxito” para los sindicatos porque ha hecho “reaccionar” al Gobierno de Díaz Ayuso. Sin embargo, el seguimiento de la convocatoria por parte de los docentes será complicado porque los servicios mínimos establecidos son del 100% para los maestros de infantil y del 90 y 95% para el resto de niveles educativos. La medida ha sido recurrida por los cuatro sindicatos por no haberse visto “jamás” desde que se estableció la democracia en España. “En mi centro se da la paradoja de que casi necesitaríamos una persona más para cubrir los servicios mínimos. Es muy difícil que la huelga tenga los efectos que podría y debería tener”, indica Enrique Díaz Tenorio, delegado de CGT y parte del comité de huelga.
La contratación de profesores
En su plan de vuelta a las aulas, Díaz Ayusó anuncio la contratación de 10.600 profesores y la inversión de 370 millones de euros. Los docentes se han ido incorporando a las aulas, lo cual se considera positivo. “Actualmente faltan entre 1.400 y 1.500 profesores en los centros”, indica Jusdado. “Lo más preocupante es que los nombramientos se están llevando a cabo sin fecha de finalización. No les dicen hasta cuando les van a mantener el contrato y con esto estamos en absoluto desacuerdo”. Otro paso positivo sería la realización de PCR a los docentes, aunque cuando alguno da positivo en covid-19, la sustitución se realiza con lentitud, según indica la sindicalista.
Por otro lado, los centros no siempre tienen la capacidad de mantener la ratio 15 alumnos por aula, tal y como estableció Ayuso, y algunos están teniendo hasta “26 y 28 alumnos” porque alegan que tienen en cuenta la distancia de seguridad entre los mismos. Los espacios en los que se tienen que ubicar los alumnos no siempre son los más adecuados o no tienen ventilación, como es el caso de los gimnasios habilitados como aulas. “En la Comunidad de Madrid llueve sobre mojado. Las carencias estructurales ya existían. Las bibliotecas y laboratorios que han costado esfuerzo ahora mismo funcionan como aulas”, explica Díaz Tenorio.
Otros de los fallos que están detectando son la falta de personal de Enfermería que prometió Ayuso – apenas llegan al medio millar, cuando el número de centros en Madrid es muy superior-. Por otro lado, el dinero en muchos casos todavía no ha llegado a los colegios para poder hacer adquisición de Equipos de Protección Individual (EPI) y muchos no disponen de presupuesto para poder adelantarlo. También acusan la falta de comunicación entre los coordinadores de covid-19 en los centros y Salud Pública, que a veces tarda días en responder y obliga a los centros a tomar sus propias decisiones cuando detectan algún caso de covid-19 positivo.
“El caos en la Sanidad lógicamente se transmite a la Educación”, explica Galvín. “Es fundamental que haya rapidez en las decisiones, donde no llega Sanidad están tomando decisiones los centros educativos”, protesta la secretaria general de Enseñanza de CCOO.
Pese a las dificultades, la huelga seguirá adelante. A pesar de los altos servicios mínimos y una situación de pandemia que limita las grandes movilizaciones, los cuatro sindicatos esperan que se escuchen sus demandas. “Hay un sentir mayoritario de acuerdo con los objetivos y las reivindicaciones de la huelga. Es necesario que haya unas jornadas de lucha para que se ponga en conocimiento cómo estamos”, manifiesta.
Los docentes volverán a las aulas en un par de semanas. La preocupación por las medidas de seguridad en los centros escolares es mayor en los docentes con patologías. Todos son evaluados para su reincorporación por la consejería de Educación a través de la empresa de servicio de prevención Prevemur.
"Hace 4 años me operaron de cáncer de mama. Además del tumor tuvieron que quitarme ganglios axilares", cuenta una profesora del movimiento Docentes Unidos, "el informe de Prevemur dice que soy de riesgo y especialmente sensible a la COVID, pero soy apta para trabajar". En Docentes Unidos, de los 300 profesores y maestros con patologías, todos han sido considerados aptos para reincorporarse a su puesto de trabajo.
Se considera como grupo vulnerable a la COVID-19 a personas con afecciones respiratorias, renales, cardiovasculares y hepáticas, diabetes, cáncer en fase activo o inmunodeficiencias. También se considera de riesgo el personal docente mayor de 60 años y embarazadas.
Los docentes que han sido considerado aptos por Prevemur reciben una serie de directrices que el centro debe cumplir para su reincorporación. Medidas que por unanimidad consideran "insuficientes": "La respuesta y la solución que la Consejería me ha dado para protegerme son unas medidas exactamente iguales que las que le ha dado a cualquier docente sin patologías", expone un docente, "excepto evitar hacer vigilancia de recreos en lugares de tránsito y no formar parte del equipo COVID".
"En mi aula entran otras personas a darle clase a mis niños: el profesor de inglés, el de Educación física, el de música. Y mientras, tendré que darle clases a otros niños, por lo que los grupos burbuja no existen", cuenta una profesora con diabetes tipo 2, hipertensión, cardiopatía y asma.
De acuerdo con la Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o sociosanitarios del ministerio de Sanidad, los docentes están considerados como personal de nivel de riesgo 1, por lo que se considera que no tendrán contacto con personas sintomáticas. "Estamos luchando para que al menos seamos de nivel de riesgo 2. Estamos en contacto con niños que podrían tener coronavirus. En mi centro nos vamos a juntar unas 300 personas", denuncian desde Docentes Unidos.
Pese a esta situación la mayoría quiere reincorporarse: "Adoro mi trabajo y no contemplo no volver, pero me siento desprotegida y abandonada por la Administración", lamenta una profesora con inmunodeficiencia. "Los niños no están acostumbrados a las distancias y no las va a haber. Y me pregunto: ¿cómo se enseña a un niño de 6 años a leer a metro y medio de distancia? ¿Cómo se consuela a un niño de 2 o 3 años sus primeros días de colegio? ¿O a uno de 8 años cuando se cae?".
El profesorado denuncia que grupos de entre 400 y 700 profesores fueron citados cada media hora en los seis puntos habilitados para realizar el testeo, mientras el Gobierno de Ayuso les responsabiliza de las aglomeraciones
2 de septiembre de 2020
Esta es la crónica de un día de caos en las pruebas serológicas al profesorado de Madrid. A las 8:30 de la mañana la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, arrancaba la jornada en los micrófonos de esRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos. La presidenta madrileña tenía listo un mensaje, a su manera, tranquilizador: los colegios van a ser "lugares muy seguros". "Lo más probable", añadía, era que "a lo largo del curso prácticamente todos los niños de una u otra manera" se contagien de coronavirus. Pero esos contagios no producirían en las aulas –defendía la regidora madrileña– sino "fuera": "durante el fin de semana en una reunión familiar, o por la tarde en el parque o por un compañero".
Ayuso se despedía del locutor radiofónico al que más entrevistas ha concedido desde que es presidenta, sobre las 9:30 de la mañana. Había colocado ante una audiencia afín el discurso de que su plan para la vuelta a las aulas era "seguro", que se trataba de una planificación envidiada por el Gobierno central, y dejado un recado al profesorado por mantener la huelga educativa para los días 22 y 23 de septiembre en la región. "No es el momento de huelgas, ni de amenazas ni de acosarnos en los colegios", reprochaba la Jefa del Ejecutivo madrileño a su comunidad docente ajena todavía de la que se venía encima.
A esa hora, las imágenes de cientos de profesores agolpados a las puertas del IES Virgen de la Paloma –en el centro de la capital, uno de los seis puntos habilitados por el Gobierno regional para la realización de test serológicos al personal docente y no docente– ya empezaban a correr como la pólvora por todos los chats de la comunidad educativa. Las pruebas habían arrancado a las ocho de la mañana y tan solo una hora y media después las colas ocupaban centenares de metros en las aceras. Los primeros signos de indignación empezaban a notarse en el personal docente que empezaba a palpar el "descontrol" de la gestión que el Gobierno regional había descargado en una empresa privada. Las imágenes más reproducidas eran las del centro educativo situado en el corazón de la capital, pero las hileras masivas también se repetían en los centros del Sur y el Este y el Oeste de la región, otros tres puntos logísticos preparados por el Gobierno regional.
El plan había arrancado el día anterior. Durante la noche del martes, los profesores madrileños y el personal no docente de la Comunidad de Madrid recibieron en sus correos electrónicos la convocatoria de la Consejería de Educación. En este mensaje, se les anunciaba que, entre el 2 y el 7 de septiembre, el Gobierno regional comenzaría su programa para testar al personal educativo antes del regreso a las aulas. Era una reivindicación del profesorado desde hacía semanas y fue uno de los grandes anuncios que hizo Isabel Díaz Ayuso en la rueda de prensa del 25 de agosto en la que presentó su plan de vuelta al cole, a diez días de la apertura de las primeras aulas.
Los correos electrónicos habían llegado a la bandeja de entrada de decenas de miles de profesores, conserjes, y profesionales de la educación pasadas las nueve de la noche y en algunos casos hasta de madrugada. Algunos miles habían sido convocados la noche anterior para asistir desde primera hora de la mañana del miércoles a realizarse las pruebas. Según la zona geográfica, les correspondía uno de los seis centros habilitados.
Las redes sociales empezaron a caldearse ya entonces –cerca de la madrugada– ante una convocatoria que consideraban "improvisada" y comunicada con unas pocas horas de margen. El email enviado por la Consejería de Educación revelaba además que el servicio había sido privatizado y que la empresa seleccionada a dedo por el Gobierno regional había sido Ribera Salud.
La segunda gran polémica que corrió por los grupos de WhastApp y de ahí a las redes sociales se produjo porque una de las cinco direcciones de área territorial, la del Sur, había dejado al descubierto datos personales de más de 16.700 profesionales en su misiva al personal educativo adjuntando un excel con el nombre, apellido y lugar de trabajo de cada uno de los citados.
A primera hora del miércoles, el sindicato Comisiones Obreras denunciaba lo que consideraban una vulneración de la ley de protección de datos y anunciaba acciones legales. Pero el foco de indignación de toda la comunidad docente ya había cambiado pasadas las diez de la mañana. A esa hora, las colas eran kilométricas en varios puntos de la región donde se estaban realizando los test.
Un gigantesca concentración de personas a pleno sol
Una acción programada para velar por la seguridad de la comunidad educativa y de los alumnos ante el inicio de curso más incierto se había convertido en una gigantesca concentración de personas a pleno sol, de esas de las que desaconsejan todas las autoridades sanitarias. Paradójicamente, la muchedumbre concentrada había sido convocada por uno de esos gobiernos que luchan contra la pandemia.
"No hay distancia de seguridad, ni fuera ni dentro del centro donde se están haciendo las pruebas", denunciaba Olga, una de las profesoras que salía de hacerse la prueba a las once de la mañana a pesar de que la habían citado dos horas antes. "Nos han convocado a todos como rebaños. Estamos indignados, esto es la importancia que se le dan a la educación", lamentaba otro de los docentes.
El equipo de comunicación del Gobierno regional intentaba improvisar alguna explicación en torno al mediodía, con los canales de televisión y la prensa digital plagada de vídeos que recorrían de atrás adelante y de delante atrás, a cámara lenta, algunos acelerados, las grandes concentraciones de profesores esperando a hacerse las pruebas del Covid-19.
El Ejecutivo regional optó por culpar al profesorado de ser el causante de las colas por no seguir las recomendaciones de la Consejería de Sanidad. "Los lugares para realizar los test se han habilitado por zonas y se ha dado cita previa para que se realicen de forma escalonada, pero algunas de las personas han ido a una hora que no les correspondía o aún no habían sido convocadas, lo que ha provocado colas puntuales en alguno de los centros", argumentaban.
Pero a esas horas, las televisiones ya emitían junto a los recorridos por las hileras de gente testimonios de personas que habían sido citadas a las 11, que seguían aguardando a las 13:30 y que calculaban una espera de hora y media hasta realizar las pruebas. No había comunicado que pudiese rebatir la contundencia de las imágenes y los consejeros de Sanidad, Enríque Ruiz Escudero, y el de Educación, Enrique Ossorio, irrumpieron entonces en los diferentes programas televisivos de la mañana para reproducir la versión oficial.
Escudero hablaba de "hazaña" del equipo de Gobierno al programar 100.000 test en cuatro días y responsabilizaba a los docentes por haber llegado antes de su turno a realizarse la prueba. "Ruego que cada persona vaya en el horario que se le ha asignado, hay seis edificios y solo en uno ha sucedido esto, si respetamos los horarios no va a haber problema", decía el consejero de Sanidad. Su homólogo en Educación y también después el vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado, ahondaban en esa idea: los profesores eran los causantes de las colas por acudir a la cita antes de tiempo.
La Consejería de Educación ordenaba entonces la suspensión de las algunas de las pruebas "por la saturación en la gestión". El departamento de Ossorio había enviado una misiva al centro IES Virgen la Paloma –donde se había provocado la mayor concentración– cancelando las pruebas. Pese a la comunicación interna, a la que tuvo acceso elDiario.es, el consejero de Educación salía después a desmentir que los test se hubieran suspendido. Ossorio hablaba de "reorganización" de las citaciones de algunas personas porque habían ido "más de las previstas".
La realidad según ha podido comprobar este diario es que se citaban a cientos de personas a la vez en un período de tiempo de media hora. El documento excel que la Dirección territorial del Sur de la Consejería de Educación envió la noche del martes a los más de 16.700 docentes de esta zona geográfica –con datos personales–, certifica que los docentes convocados en el pabellón deportivo del IES María Zambrano habían sido citados en grupos de 413 personas cada treinta minutos, que eran atendidos por 21 sanitarios encargados de realizar las pruebas serológicas. "No daba tiempo a limpiar e higienizar entre profesor y profesor", dice una de las docentes. "Es una vergüenza que se nos señale a nosotros como los responsables", añade.
En el caso de las convocatorias para el centro educativo situado en el centro de la capital –donde mayores aglomeraciones se produjeron– las citaciones eran de 700 personas cada media hora, denuncia el sindicato Comisiones Obreras que va a presentar en las próximas horas una denuncia ante Salud Pública.
Cola masiva de docentes y empleados de centros educativos para realizarse pruebas.
"Ha sido un auténtico escándalo", dice a este periódico Isabel Galvín, portavoz de CCOO. Para Galvín, hay que poner el foco en el contrato de Ribera Salud y Cruz Roja para intentar entender lo que ha ocurrido. "En la denuncia que estamos ultimando adjuntaremos como pruebas además de la organización caótica con cientos de docentes citados a la vez cada media hora, fotografías de las colas y también de las quemaduras de los compañeros que han pasado más de tres horas bajo el sol", señala.
Ayuso anunciaba el 25 de agosto que se harían pruebas masivas a los docentes. La presidenta madrileña no aclaraba cómo se llevarían a cabo, pero este martes se desvelaba que el Gobierno regional había recurrido a una empresa privada. El Ejecutivo autonómico ha adjudicado a dedo por la vía de emergencia el contrato a Ribera Salud principalmente y también a Cruz Roja.
"Nosotros nos enteramos el 30 de agosto [pasado domingo] de que nos íbamos a encargar de la realización de las pruebas y viajamos desde Galicia a Madrid el lunes", dice en declaraciones a este diario Carla –nombre ficticio–, una de las enfermeras que ha trabajado este miércoles desde el IES Virgen la Paloma. "Ha sido una locura y no se han respetado las distancias de seguridad", señala.
El vicepresidente Ignacio Aguado defendía este miércoles que Ribera Salud "era la única empresa que se comprometía a tener los 100.000 test realizados antes de que comenzara el curso"
El vicepresidente Ignacio Aguado defendía este miércoles que Ribera Salud "era la única empresa que se comprometía a tener los 100.000 test realizados antes de que comenzara el curso". "No tenemos ningún tipo de problema en contratar servicios con empresas privadas", continuó. "Este gobierno ha dejado atrás los complejos y falsas dicotomías entre público y privado, apostamos por lo que da el mejor servicio a los ciudadanos", insistió. "He visto algunas colas puntuales, en uno de los seis centros, y me transmiten desde la Consejería de Educación que se está estudiando qué ha sucedido para que en los próximos días no se repita. Estoy convencido de que se puede resolver", zanjaba Aguado desde la Puerta del Sol.
La Consejería de Educación informaba a última hora del miércoles que este jueves se retomarán las labores de testeo. "La Comunidad de Madrid ha realizado hoy más de 16.000 pruebas de COVID-19 a los trabajadores de los centros docentes de la región que comenzarán sus clases en los próximos días con el objetivo de que el curso académico se inicie con las mayores condiciones de seguridad posibles", reza la nota de prensa que hace balance de la jornada. Las cifras ya no cumplen con los planes de Educación de realizar 25.000 pruebas al día.
De todos ellos, cerca de 9.000 se han llevado a cabo en el IES La Paloma, "donde durante el día se han producido una excesiva acumulación de personas, un hecho ante el que el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, ha pedido disculpas", recoge el comunicado. El dispositivo se refuerza habilitando un centro más, el IES Ramiro de Maeztu, que contará con 20 equipos médicos adicionales.
Faltan menos de 48 horas para que los primeros alumnos, los de infantil, vuelvan a las aulas. Y todo el plan diseñado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para hacer frente al coronavirus empieza a hacer aguas antes de la reapertura de los centros educativos. La intención del Gobierno de Madrid era realizar test serológicos a todo el personal docente –100.000 personas– en tan solo cuatro días. Pero la iniciativa ha terminado con una primera jornada marcada por la polémica con colas kilométricas, aglomeraciones y un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno regional y la comunidad educativa.
El experimento todavía no ha acabado porque de las 100.000 pruebas previstas, este miércoles se han celebrado 16.000. A los profesores que tienen cita este jueves la Consejería de Educación del Gobierno madrileño los seguía convocando por correo electrónico pasadas las 10 de la noche. Próximo capítulo, en unas horas. Entradas relacionadas:
El Gobierno de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso prometió hacer pruebas serológicas a los profesores antes de la vuelta al cole. Los estudios arrancan este miércoles con el servicio privatizado y la indignación de la comunidad educativa: cientos de profesores han sido convocados a la vez para realizarse unas pruebas que están provocando ciertas aglomeraciones en algunos puntos. Además, parte de ellos denuncian que algunos de sus datos personales han quedado al descubierto.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha adjudicado por un procedimiento de emergencia, lo que supone una adjudicación a dedo, el contrato para realizar el servicio serológico. La empresa escogida ha sido Ribera Salud, según figura en un documento que han recibido los docentes que deben rellenar para autorizar las pruebas.
Documento remitido por la Consejería de Educación a los docentes
La Comunidad de Madrid realizará pruebas serológicas a los docentes para saber qué profesores tienen ya anticuerpos. A los que no presenten inmunidad se les hará una segunda prueba, esta vez, una PCR, recoge el documento.
La Dirección de área Territorial del Sur –hay un total de cinco en toda la Comunidad– envió este martes por la noche un correo a los docentes para convocarles para una prueba serológica. Su sorpresa vino por tres frentes: muchos tenían la prueba al día siguiente (sin haber sido avisados con la suficiente antelación), el servicio lo iba a realizar una empresa privada y algunos de sus datos personales habían quedado al descubierto. La dirección del área había adjuntado en el email un excel en el que aparecía toda la información de los profesionales (nombres, apellidos, lugar de trabajo...).
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Las medidas pactadas con la comunidad educativa de la Comunidad Valenciana prevén un "espacio COVID-19" separado para "posibilitar el aislamiento de cualquier persona que inicie síntomas compatibles" con el coronavirus
A medida que se acerca la vuelta al cole, la comunidad educativa contiene la respiración ante un inicio de curso imprevisible marcado irremediablemente por la pandemia de la COVID-19. El Gobierno central ha convocado para el próximo 27 de agosto una reunión mixta entre los ministros y consejeros autonómicos de Sanidad y Educación para abordar el delicado inicio del curso escolar. A este encuentro, el ejecutivo autonómico valenciano asistirá con el primer protocolo impulsado por una autonomía, firmado el pasado 31 de julio por la consellera de Sanidad Ana Barceló y por el conseller de Educación Vicent Marzà, y que marca las reglas del curso escolar 2020-2021 en colegios e institutos. Marzà anunció la contratación de 4.374 maestros y profesores para el nuevo curso y su departamento ha llegado a acuerdos con sindicatos y con los representantes de la escuela concertada.
El protocolo, el primero establecido en España y que ya han secundado más de una quincena de autonomías, pretende asegurar el cumplimiento de los "objetivos educativos y de sociabilidad" y ofrecer un "entorno seguro" para el alumnado y los trabajadores. "No está demostrado que el cierre de escuelas como medida restrictiva para el control de la epidemia sea más efectiva que otras medidas, como el cierre de empresas o el control de otro tipo de interacciones sociales", señala el documento.
A la información sobre la COVID-19 y las medidas preventivas se suman la limitación o el control del contacto interpersonal. Sólo estarán exentas de acudir al centro educativo aquellas personas que presenten cualquier sintomatología asociada al coronavirus (no podrán volver hasta que un profesional sanitario confirme la ausencia de riesgo) o que hayan estado en contacto estrecho con una persona afectada. Los trabajadores vulnerables sólo podrán regresar al trabajo cuando su condición clínica esté "controlada y lo permita".
Los grupos de convivencia estables para el alumnado menor de edad es la "opción que mejor puede garantizar la trazabilidad y gestión de los casos de contagios" y la posibilidad de que los pequeños puedan socializar y jugar entre ellos. En educación infantil y en primero y segundo de la educación primaria estos grupos serán de como máximo 20 escolares (en infantil podrán configurarse con alumnos de hasta tres niveles educativos y en los dos primeros cursos de primaria de dos niveles). En educación infantil de primer ciclo, se deberán cambiar diariamente las sábanas y cojines de los colchoncitos que usan los más pequeños para dormir la siesta. Después del cambio de pañales, se desinfectará el cambiador.
En tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria también tendrán un máximo de una veintena de alumnos y podrán juntar a dos niveles educativos consecutivos. Así, "las personas miembros de los grupos de convivencia podrán socializar y jugar entre si, sin tener que mantener la distancia interpersonales de manera estricta ni usar mascarilla", reza el protocolo de la Generalitat Valenciana, que también recomienda evitar la interacción entre los diferentes grupos o limitar al máximo los contactos. Los centros de educación especial se deberán organizar por tutorías y crearán "núcleos de convivencia" por etapas (de como máximo 20 alumnos) o según el criterio que establezca la dirección de cada centro.
La mascarilla es obligatoria a partir de la educación secundaria y en el transporte escolar. En infantil no es obligatoria y tampoco en primaria siempre que se trate de un mismo grupo de convivencia estable. Para el profesorado de infantil y primaria, el uso de la mascarilla con el grupo de convivencia estable es voluntario mientras que a partir de la secundaria es obligatorio (además de la distancia interpersonal de 1,5 metros).
El protocolo prevé un "espacio COVID-19" separado para "posibilitar el aislamiento de cualquier persona que inicie síntomas compatibles" con el coronavirus. La sala tendrá buena ventilación y la persona adulta que detecte el caso deberá acompañar al alumno hasta que un familiar o tutor legal lo recoja. "El centro se pondrá a disposición de los servicios asistenciales y de salud pública para facilitar la información que se requiera para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos", señala el documento.
En cuanto a las zonas comunes, el protocolo apuesta por priorizar la utilización de espacios al aire libre y medidas de distanciamiento en el patio como el escalonamiento de los horarios de descanso o el refuerzo de la vigilancia, entre otras. Además, los centros deberán reducir las interacciones con el personal externo. En el caso del alumnado con necesidades específicas, el asistente personal sólo podrá tener contacto con el grupo de alumnos, deberá utilizar mascarilla y mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros.
Al entrar y al salir del comedor escolar, los alumnos deberán hacer un "correcto lavado de manos con agua y jabón" y el personal encargado deberá recordar a los críos que no deben compartir alimentos, utensilios o bebidas. El centro debe organizar el espacio del comedor y los horarios "de tal forma que se posibilite el cumplimiento de la distancia interpersonal de 1,5 metros, a excepción de que sea un grupo de convivencia estable. En el suelo se deberá habilitar un circuito, en el que será obligatorio el uso de mascarilla, para señalizar la entrada y salida del recinto y los espacios de espera y el comedor deberá ser limpiado y ventilado con "especial atención a las superficies de contacto más frecuentes", según indica el protocolo. El documento firmado por Educación y Sanitat también prevé el uso de las aulas para comer sólo si se trata de grupo estables.
Los centros deberán fomentar el transporte a pie o pedaleando de sus alumnos y trabajadores y promover, en colaboración con los ayuntamientos, rutas seguras y aparcamientos de bicicletas. Dentro del centro, la dirección deberá reducir al máximo los desplazamientos de los escolares y propiciar, mediante lineas de separación en el suelo, un tránsito y un acceso a las aulas ordenados.
Las actividades extraescolares de este curso "se ajustarán a la evolución de la pandemia". En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarillas para mayores de seis años y recomendado en mayores de tres años, a excepción de causas justificadas como dificultades respiratorias. El protocolo también recomienda al servicio de transporte que, en coordinación con el centro, disponga de mascarillas en el vehículo por si a algún alumno se le olvida o se le cae al suelo. La asignación de asientos se organizará de manera que las interacciones físicas se limiten al máximo. Los usuarios del transporte escolar deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico y la empresa contratada se encargará de asegurar la limpieza, la desinfección y la ventilación de los vehículos.
Los centros deberán poner especial atención a la limpieza y a la desinfección de las instalaciones con la ventilación diaria al menos cinco minutos antes de iniciar una actividad o el reforzamiento de la limpieza de los filtros de aire. Al menos una vez al día se limpiarán y desinfectarán las instalaciones, especialmente pomos, mesas de uso común, teléfonos o ratones de ordenador. Además, la ropa específica para actividades del centro (baberos o batas) se recomienda que sea lavada a diario.
Los centros educativos tiene, según indica el protocolo, "un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en general". "El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una prioridad en la recuperación después de una crisis", concluye.
