¿Hipocresía? (Manuel Menor)

Comisiones sobre pederastia  e hipocresía 

Entre tantas formas como surgen ahora para saber la verdad, poco variará el problema sin la renuncia a los privilegios que ceden los Acuerdos. 

Hay días en que parece que lo que oímos viene cargado de sentido y nos quiere decir algo serio; es como una revelación. Otras veces, la misma monserga, refrán o tópico no nos dice  nada  y, de repente, una palabra o un tono de voz dotan de sentido lo que tantas y tantas veces pasó inadvertido. Sucedió ayer, al oír a un burócrata de una curia diocesana que, preguntado sobre una posible comisión que investigara los ilícitos de pederastia cometidos en entornos religiosos, respondió que vale, pero que habría que extenderla fuera de ese ámbito: “Sería hipócrita –dijo- si se centra en los abusos de la iglesia católica”; “es un escándalo y nos duele mucho”. Y añadió que podría “haber otras motivaciones políticas detrás”, que han hecho lo que han podido, y que a ver “ahora el resto qué hace”. Según este glosador de este tipo percances, el derecho canónico, tras la reforma última del Vaticano en estos asuntos, es más duro que el derecho penal español. Oírlo y ver que el Antiguo Régimen, el de antes de 1789, seguía vivo fue todo uno, con un estamento luciendo sus privilegios de hace más de doscientos años. 

¿Una ética común? 

Queriendo o sin querer, la disculpa de este curial deja demasiados  cabos sin atar. El primero es que, si se trata de un asunto tan generalizado en la sociedad, y al mismo tiempo tan problemático para el desarrollo personal de las víctimas, en  democracia no se entiende por qué haya de medirse y juzgarse con arreglo a dos códigos de conducta diferentes, el eclesiástico y el civil. En la sintaxis constitucional  normal no encaja que estos asuntos no hayan de ser vistos directamente ante jueces civiles. Tampoco se entiende qué pinta el sostenimiento de un “aconfesionalismo” fundado en unos Acuerdos que privilegian actitudes y recursos económicos a una institución –dependiente del Vaticano-  que solo responde ante sí misma, sin ganas de someterse a la ética común de todos los ciudadanos. Y, entretanto, después de años de oscuridad, que sigan sin pasar a primer plano los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación de presuntos delitos, como si la excusa de que “les duele mucho”, saldara la cuenta de responsabilidades y de restitución correspondiente. Incluso desde el punto de vista de la moral que debe saber cualquier confesor católico, esta disposición no alcanza a reunir el grado básico de “atrición” o dolor mínimo para el perdón. 

En segundo lugar, es que resulta obsceno que, invoque en este litigio un mal de todos como artilugio para evadir la responsabilidad institucional y la de personas concretas que, mientras no han sido pilladas en renuncio, han estado invocando la ejemplaridad moral  como razón de su presencia activa en asuntos sociales, educativos y de otros servicios. Cierto que es un problema que existe también fuera de los círculos eclesiásticos, como ha puesto de manifiesto los informes de la Fundación  Anar desde 1970, o, más recientemente, el Dictamen 1/1919 CES (Consejo Económico y Social) sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica  de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (del 20.02.2019). Cierto. Pero también lo es que los delitos de esta índole cometidos por personas supuestamente consagradas a la educación bajo un ideario se dicente religioso, tienen especiales connotaciones. Por un lado, el aprovechamiento de esa circunstancia tan especial para la comisión del delito y, por otro, el abuso de la confianza depositada por padres, madres y niños en que esa connotación del  culto religioso ofrece condiciones de seguridad excepcional. Y, por otro lado, se añade que, en muchos casos, los niños o adolescentes violentados proceden de ambientes sociales que, por carencias de capital cultural o económico, han entendido que el espacio religioso les ofrece más garantías que ningún otro; y este amplio grupo de afectados especialmente vulnerables, ha sido doblemente burlado, entre otras cosas, porque nadie de ese entorno familiar habrá estado dispuesto a admitir que, en caso de queja o advertencia, sus hijos o hijas pudieran tener razón. 

En tercer lugar, esta disculpa deja fuera de juego –como si no fuera con la institución y sus trabajadores- la responsabilidad de todos los ilícitos anteriores a esta reforma última instigada por el Papa Francisco en el Libro VI del Código de Derecho Canónico, en junio de 2021 . Para saber qué pasó antes de esa fecha tan cercana, no hace falta remitirse a los abusos de tiempos de Maricastaña (insinuados repetidas veces en sucesivos cánones conciliares, sinodales diocesanas y recomendaciones en las visitas de los obispos ad limina) , sino a los ocurridos desde el Concordato de 1953, en que era habitual lo que en estos últimas fechas ha sido descubierto de Ratzinger en su época de Munich, igual a lo que hacían muchos obispos trasladando al abusador a otros destinos del tablero diocesano, como si estuvieran jugando a la oca, para ocultar el problema sin remediarlo. Es esta una más de las contradicciones que desbordan cuando de sexualidad y afectividad humana se trata, un tabú con el que no se atreven. Trátese de curas, monjas, seminaristas o laicos, cada cual que se apañe con doctrina basada en glosas de otras glosas de tradiciones inamovibles, pero con las que no tienen engorro mental en plantear la restricción mental y otros inventos de la dialéctica sofista como subterfugio para salvar a sus canonistas de incurrir en informalidad técnica con su Código particular. 

Lucas 17, 2 y el silencio 

De esta historia larga, en que lo principal siempre es la “imagen institucional”, por encima de las quejas de las personas –adolescentes, niños, mujeres, curas o monjas-, es de la que pretenden huir cuantos se sienten implicados en esta zafiedad. No entienden que hay daños a reparar, tal vez por creerse distintos y superiores al resto del género humano, privilegiados por tener la Verdad a su disposición. No va con ellos que, entre los cientos de miles de niños y niñas que han pasado por sus instituciones confesionales –particularmente por sus seminarios, conventos y colegios-, pueda haber muchos o pocos dañados en lo más íntimo de su personalidad, a los que se les haya podido estropear la vida. Como la institución a la que dicen servir es sagrada, inviolable y “sociedad perfecta”, no es responsable, y ellos tampoco por estar a su servicio. Ni parece importarles que, con actitudes como la que ha dado a entender este experto en Derecho Canónico, condenen a las víctimas a prolongar su silencio.  

En una historia de tantos juguetes rotos –con el pretexto de Dios-, si no por coherencia con lo que el Evangelio de Lucas 17, 2 dice respecto al escándalo de los más inocentes, al menos debieran estar advertidos de lo que quienes, como Alice Miller, estudian la violencia en la infancia, dicen: “El cuadro de los malos tratos sufridos en la infancia no aparece todo de un golpe, sino como un largo proceso en el curso del cual nuevos aspectos emergen poco a poco con la conciencia. Solamente llega a ser perceptible cuando se es adulto, ya que el niño no tuvo otra elección que la de sufrir durante años en silencio”. Es decir,  si no adoptan otra actitud más democrática, las tropelías hechas en el pasado no han hecho sino empezar a llamar a su puerta, porque, igual que le sucedió a Marlow, el horrorizado protagonista de El corazón de las tinieblas de Conrad, han dejado detrás mucho que contar, y tendrán que afrontarlo en las comisiones que, de uno u otro modo, sacarán al aire, no solo las miserias, sino los fariseísmos con que tratan de tapar la hipocresía que esconden tras fórmulas privilegiadas de trato legal.

MMC (Madrid, 02.02.2022)

¿No puede ser de otra manera? (Manuel Menor)

 El reconocimiento por parte de la Conferencia Episcopal de un error en las inmatriculaciones que han hecho desde 1998 se queda corto. 

Desde los tiempos de Manuel Fraga, es decir desde la Ley 14/1966, de 18 de marzo de 1966 –con sus múltiples maneras de limitar la libertad de expresión- empezó a hacerse muletilla habitual de la supuesta normalidad en muchos asuntos, para no reconocer que la solución establecida era evidentemente corta. “-Como no puede ser de otra manera…”. casi siempre vino a querer decir que había sido más fácil dejarlo todo como estaba y dejarse ir con la rutina establecida. 

Acuerdos 

La reciente conversación, acuerdo o pacto entre el presidente del Gobierno y el de la Conferencia Episcopal, es de esos hechos mediáticos. Pero sus fotografías, subidas gráficamente a las redes sociales y difundidas en los medios convencionales, parecen destinadas a que le demos la vuelta a la reiterativa expresión de Fraga y preguntemos: ¿Es que no puede ser de otra manera? Y si no, ¿por qué no puede serlo? Esta es la cuestión que han dejado pendiente los dos jefes, en este momento, de dos instituciones principales. En lo que ha saltado a los medios, da la impresión de que, después del reconocimiento de un “error” –casi mil veces repetido- en la puesta a su nombre de propiedades que no le pertenecían, el asunto quedaba zanjado para la CEE, mientras el jefe de Gobierno se daba por enterado y estaba contento por la fluidez cooperadora entre ambas instituciones. En realidad, habría actuado como una especie de confesor laico decidido a no ser rigorista al haber advertido algún pesar en el penitente y se hubiera contentado con la devolución de unos bienes erróneamente puestos a nombre de la Iglesia. El gesto le daría fama e incluso puede que animara a algunos otros a  pasar por su confesionario en la Moncloa. 

Nada que objetar al respecto, salvo que esos bienes no son del presidente del Gobierno ni de su partido, quedan pendientes muchos otros y no hay información fiable de qué piense hacer al respecto como presidente y, por tanto, responsable de que este episodio tenga la consistencia que corresponde a un Estado democrático. En efecto, no basta con disculparse; la lesión del derecho de propiedad, la injuria in specie que conlleva la acción inmatriculadora indebida y la restitución propiamente tal no se saldan tan simplemente, al menos eso decía el libro de Teología Moral del P. Arregui in illo tempore, que no contradice el artículo 348 del Código de Derecho Civil. Por otra parte, la disculpa del “bien común”, a que se ha referido el presidente de la CEE, no pasa de excusa que llueve sobre mojado; las confesiones religiosas  la ponen siempre por medio para justificar sus actividades. Adicionalmente, en el caso de la Iglesia Católica, en los muchos siglos que lleva en esto ha dejado abundante documentación –desde la ´poca constantiniana, sobre todo- de la que se puede tirar con facilidad para mostrar exactamente lo contrario y que, ante un posible conflicto de intereses (confusamente temporales y espirituales), no ha dudado en defender, preferentemente, su interés particular en el lado más temporal, aunque el pretexto narrativo que haya empleado más tarde haya sido el de su noble misión espiritual o, incluso, “martirial”. La Historia de Europa, y la de España en particular, tienen múltiples acontecimientos –dramáticos muchos de ellos- en que se puede ver esta confrontación del “bien común”. Muchos “cristianos de base” han sido testigos, a menudo, de estas predilecciones, sobre todo desde mediados de los años sesenta. 

Presente-Pasado 

La relación de la Iglesia con el “bien común” suscita múltiples interrogantes. Cuantos creyentes tienen años suficientes para haber vivido los años anteriores a 1975, saben cómo era de  parcial y se movía hábilmente pro domo sua.  Metidos en aclarar la relación que tuvo en aquellos años, la jerarquía católica tal vez debiera poner en conocimiento de los ciudadanos lo jugosos que fueron diversos pactos y Convenios con aquel Estado Nuevo en 1941 y 1948 –años de mucha hambre en este país, en que se hicieron con un gran patrimonio de seminarios y templos, entre otros bienes-, o cómo el Concordato de 1953 repitió otro de 1851 en el que, entre tranquilidades con las desamortizaciones que venía teniendo desde Carlos III , quedó en manos de la Iglesia la “libertad de enseñanza” y condicionó la que iba a ser la primera ley general de enseñanza de los españoles, la Ley Moyano de 1857. Más cerca en ese largo pasado, desde la Ley Hipotecaria de 1948 tuvieron tiempo de inmatricular a su nombre otros cerca de 100.000 bienes que no han entrado en esta lista del  acuerdo de hace tres días. Queda pendiente, después de este gesto último, saber qué pasa con la Mezquita de Córdoba y otros bienes del Patrimonio cultural de todos –no reconocidos en ese “error” contable- , y si multitud de bienes que no son lugares de culto, por pertenecer a la Iglesia, seguirán sin pagar IBI. 

En este territorio de un pasado que sigue vivo en este presente, en esta conversación amistosa nada parece que se haya hablado tampoco de los bienes que afectan al sistema educativo. En todos los años que abarca la presencia oficial del nacionalcatolicismo, las sucesivas leyes educativas desde 1938, 1945, 1953, 1957, 1965 o 1970, recrecieron su patrimonio escolar mediante continuadas subvenciones a sus colegios; el pretexto de “su función social” los libraba de impuestos y les facilitaba créditos  de todo tipo. ¿Era por el “bien común” escolar?  ¿Qué patrimonio escolar –y urbano- extrajeron las diversas asociaciones, instituciones y agrupaciones religiosas dependientes de la jurisdicción eclesiástica de toda esa amplísima normativa monotemática y, en algunos momentos casi monopolística?  ¿Qué beneficio ha sacado con esa “función social” la enseñanza pública, la de todos? 

¿Y el futuro? 

Está muy bien que el presidente del Gobierno, “como no debe ser de otra manera”, se haya sentido a gusto en la sede de la CEE testimoniando unas “cordiales relaciones” con la Iglesia: nadie desea otra cosa. Pero debiera explicar con claridad la postura de su partido respecto a los Acuerdos con el Vaticano suscritos entre 1976 y 1979. Sin remitirnos a los cambios de postura que desde aquellas fechas ha sostenido,  y sin mencionar cómo la LODE, la LOGSE y la LOE los han confirmado, o cómo aumentaron sus beneficios con Zapatero a través del IRPF, desde 2013 viene dando un recital de adaptaciones semánticas respecto a estos Acuerdos, incluso con la LOMLOE no se entiende el apoyo de miles de millones de euros anuales a esos colegios, concertados desde 1985, y a la presencia “fundamental” de la Religión en el sistema escolar.  El “bien común” agradecería que la autoridad de un Gobierno -se dicente como mínimo socialdemócrata-, explicara por qué, en nombre de un supuesto “aconfesionalismo”, una confesión particular ha de nutrirse de los presupuestos de un Estado democrático, teniendo en cuenta que es habitual que su ética confesional discrepe de la de muchos ciudadanos, a los que limita su libertad de conciencia.  Todo indica, por demás, que esta institución, al reconocer una “pillería” con estas inmatriculaciones “erróneas” no muestra propósito de la enmienda, como exige una verdadera contricción, ni tampoco el viejo principio romano: res clamat domino suo. 

Manolo Menor

Madrid, 26.01.2022

Celaá. ¿Actualizar los Acuerdos con el Vaticano? (Manuel Menor Currás)

 Publicamos este nuevo artículo de Manuel Menor 

La nueva embajadora en el Vaticano pronto podrá certificar si el sistema educativo ha de seguir como se acordó en 1979.

El nombramiento de Isabel Celáa como embajadora en el Vaticano, entre los muchos comentarios que suscita, tanto respecto a su preparación para el cargo, como  a si se trata o no de un premio a su trayectoria, sin duda traerá a colación la octava ley orgánica sobre educación escolar que promovió desde el Ministerio de Educación. Son notorias en esa ley, cuyo desarrollo curricular está en marcha, determinadas limitaciones, de las cuales una de las más notorias es la de la relación entre Enseñanza Pública y Enseñanza Privada y, detrás, los Acuerdos del Estado Español con el Vaticano. 

Desde 1851… y antes

Se mencionarán los problemas de comunicación que le generó el haber pretendido poner en claro los límites de la “libertad de elección de centro”  y, sobre todo, el reparto de recursos presupuestarios que prescriba el entendimiento del art. 27 de la Constitución de 1978. Según se haga, la universalidad y la libertad educativas tendrán un ajuste o desajuste más apropiados y, por consiguiente, una equidad democrática propia o impropia.

Con este nombramiento vienen al recuerdo, también, no solo las personalidades de algunos de embajadores anteriores en el mismo destino, con disparidades como las que representan Gonzalo Puente Ojea y Francisco Vázquez, entre los nombrados por el PSOE, y sobre todo Marcelino Oreja, el muñidor de los Acuerdos de 1979, en la etapa de UCD, que reiteraron a los eclesiásticos una función “fundamental” -la palabra sale varias veces en el documento- en el sistema educativo español. Y de más atrás, se agolpan, asimismo, los ministros de Educación que anteriormente hubo en la etapa preconstitucional y de la Transición, casi todos ligados a organizaciones eclesiásticas en que el confesionalismo católico tuvo total hegemonía en ese departamento ministerial. Después de que Sainz Rodríguez le diera un vuelco a la “Segunda Enseñanza” en 1938, mudando incluso el nombre de la etapa a “Enseñanza Media, Joaquín Ruiz Giménez,  que trató de reorganizarla en febrero de 1953 después de acordarla con los obispos, haber negociado desde dos años antes el Concordato que se rubricaría en agosto; la lista de estos ministros hasta la el gobierno de Suárez es larga y, después, todavía ha habido otros significados en la misma onda, uno de ello incluso ex-profeso en una de las congregaciones dedicadas a la enseñanza.  

 

Quiere decirse que, en no pocos aspectos, el nombramiento de Isabel Celáa, además de seguir a la inversa el camino de Dn. Joaquín, prosigue una marcada tradición en que la educación española está íntimamente relacionada con los objetivos de la Iglesia en España. Si se repasa el siglo XIX,   cuando en 1857 el ministro Moyano sacó adelante la primera ley general del sistema educativo español, ya nació condicionada por lo que decía el Concordato de 1851. Su art. 1, reconocía a la Iglesia católica la exclusividad  confesional de la nación, y el art. 2 establecía que “la instrucción  en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquier clase, será en todo conforme a la doctrina de la religión católica, y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio  de velar sobre la pureza de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud aún en las escuelas públicas”. En compensación, el Vaticano, en plena segunda Guerra carlista, ya había reconocido en 1848 a la reina Isabel II como legítima y, por otro lado, aceptaba la situación que se había creado con la desamortización de muchos bienes eclesiásticos. Pronto la Ley Moyano reconoció que las órdenes religiosas establecidas legalmente en España podrían abrir colegios de enseñanza (art. 153); aquel Concordato estuvo vigente hasta 1953 -en que se restauraron las relaciones anteriores a la Constitución de 1931-  y, de entonces acá, venimos debatiendo sobre “libertad de elección de centro”, cuestiones dubitativas del currículo y otras perplejidades que sigue teniendo el sistema educativo español.

Aconfesionalismo y LOMLOE

El problema es que, con tales implicaciones, a cuantos aspiran a vivir en un país democrático, se les hace difícil no ver en el “aconfesionalismo” estatal con que se ha arropado la presencia constitucional de los intereses eclesiásticos, una intromisión inadecuada en el sistema educativo posterior a 1978. Sin contar la del PP, heredero de la antigua AP y sus connotaciones, la historia de las políticas del PSOE en este terreno ha sido ambigua y dependiente siempre de que, según haya estado en la oposición o en el gobierno, es tornadiza y oportunista; él dio carta de naturaleza a los colegios concertados en la LODE (1985) y al aumento del donativo a la Iglesia en la casilla del IRPF y, en virtud de su gestión política, desde la Transición política hasta el presente,  si se quitan de en medio los debates en torno a la Religión y a las implicaciones del confesionalismo católico en las discusiones y debates, poca modernización real  tiene el sistema educativo; las faltas de acuerdos en los tan demandados “acuerdos” suenan cada vez más a una historia decimonónica.

A pesar de que los creyentes católicos practicantes están en mínimos históricos,  el partido socialdemócrata gobernante, después de haberse apuntado  en febrero de 2018 a suscribir, en la Comisión de Educación del Congreso, una proposición no de ley en que se iban a “denunciar y derogar” los Acuerdos, en su  reciente 40º Congreso acordó tan solo “actualizarlos“. Esta parece que vaya a ser, al menos en parte, la gestión encomendada a Isabel Celáa en el Vaticano. 

De momento, si la LOMLOE vale para interpretar el alcance de su nueva actividad, las restricciones que propone esta ley a un exagerado modo de ejecutar las políticas educativas de la LOMCE no han tenido en cuenta que, en el segundo nivel de decisiones,  las autonomías de tipo conservador en la gestión controlan un 70% del alumnado, y tienen ahora –como todas- un 10% más de competencias curriculares. La cuestión principal con que se encontrará Celáa ante el Vaticano seguirá siendo la de la medida en que podrá defender el crecimiento real  de la equidad en el sistema educativo y, por tanto, la fortaleza de una educación pública para todos. Puede enrocarse en su no defensa y, prosiguiendo su subordinación a la privada, haya de facilitar el trabajo a los conservadores cuando vuelvan al poder en el Ministerio de la madrileña calle de Alcalá.

MMC (Madrid: 09.12.2021)

https://www.mundiario.com/articulo/politica/actualizar-acuerdos-vaticano/20211208202622232295.html

FRATINIHAUS (Manuel Menor)

Hacia un parque temático educador

Fratini parece un adelantado de lo que –a ojos de bastantes obispos- debiera suceder respecto a la exhumación pendiente del Valle de los Caídos.

Al exnuncio Fratini, independientemente de que se le haya ido la lengua en cuanto a lo que impone la costumbre diplomática –y esto le haya supuesto una “queja” ante sus jefes del Vaticano-, parece que, después de 10 años en España, haya decidido atenerse a lo que dice el Evangelio: “De la abundancia del corazón habla la boca”(Mt. 12, 34). No obstante, su declaración desbordante no es al Papa Francisco precisamente a quien ha servido de portavoz sino, más bien, a la corriente ultramontana en que militan obispos españoles, los que nunca pidieron perdón por el pasado colaboracionista de la Iglesia católica con el franquismo.

Historia

Por boca de Fratini ha salido a la luz, por otra parte, la doctrina revisionista del tipo Pío Moa y estilo VOX, para quienes ha sido providencial que, en la etapa que va de la II República hasta hoy, Franco habría “liberado a España de una Guerra Civil, y solucionado un problema”, con la bendición eclesiástica –podría haber añadido. Exhumarle del Valle de los Caídos, aunque solo fuera  para ajustarse a los hábitos democráticos de Europa, serían ganas de enredar y traer de nuevo al presente “la división de España”. Mejor, “olvidar” y que “no regrese la pelea, la Guerra civil”. Es fantástico, por demás, que un representante oficial de esa Iglesia que, en los años del Concilio Vaticano II (1962-1965) se propuso cambiar su relación con la plural realidad social, actúe en un asunto histórico español -que tantas deudas pendientes de reparación tiene con muchos de los muertos que produjo- como si de un juego se tratara a merced del mismo ganador. Su perspectiva para relatar aquellos hechos y cómo deban hacerlo  hoy los españoles entra en la mitología ucrónica cuando pregona que lo mejor es “dejar en paz” a Franco porque, “haya hecho lo que haya hecho, Dios juzgará”. 

Dicho así, por un jerarca eclesiástico, poca fe en Dios indica.  Cargarle con el arreglo de litigios históricos como este lleva directamente a la superstición mágica y a la irresponsabilidad de los humanos con su presente. No casa con la presunta excelsitud divina este afán eclesiástico de inmiscuir a la divinidad en cuestiones terrenales, salvo que la conciba como freno de discrepantes en la gestión de los sucios asuntos humanos. Como Dios ya proveerá en el futuro eterno, las miserias temporales han de ser aceptadas con “resignación” y “paciencia”; a Dios correspondería juzgar y proveer. Ese Dios, instrumentado como ajeno a esta Tierra no es ante el que clamaron, entre muchos otros, Job y Ernesto Cardenal. Cuando el “como Dios quiere” se convierte para quienes dicen representarle en la Tierra,  en pieza burocrática de una posición que, ordinariamente, es la más conservadora en que se mueve la dura realidad, muestran un Dios culturalmente asimilado al poder; para que los ciudadanos creyentes no se  metan donde no les llaman y que todo transcurra como es “natural”. 

Este lenguaje de superioridad teocrática, que edulcora los conflictos entre humanos y reafirma a quienes dominan en ellos –presente en la mitología anterior al cristianismo-, es muy frecuente en demasiados eclesiásticos. Después de que cayera el Antiguo Régimen en el último tercio del siglo XVIII, cuando el movimiento obrero estaba en pleno auge, León XIII lo explicó en la Rerum novarum poniendo al servicio de la burguesía industrial, en 1891, la cooperación en caridad del Vaticano para sostener intacta la sacralizada propiedad privada y apenas modificar un injusto sistema legal de relaciones sociolaborales que tantas huelgas y movilidad social, política y artística, había producido.  De entonces acá, la obsesión por el aterciopelado silencio y que no se noten demasiado posibles escándalos, ha intentado restar importancia a las contradicciones de las proclamas eclesiásticas con lo que el Evangelio –anterior a la Iglesia constantiniana- propuso a sus fieles como creencia cristiana. Es un comportamiento obsesivo -que J. Mª Castillo recuerda en sus artículos y libros- con diecisiete siglos de existencia reiterada que permiten ver los estudios de Jonathan Brown sobre la Iglesia en el Bajo Imperio Romano: Por el ojo de una aguja…

Y memoria

En los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, fue abundante el estudiantado procedente sobre todo de áreas rurales que, a su paso por seminarios y colegios de curas, monjas y frailes -–cuando la enseñanza general en España era más corta y escasa-, vivió en directo aquel vaivén del optimista Vaticano II. El vacío de la mayoría de aquellos centros podría simbolizar el miedo al aggiornamento  que se ha incrustado en la Iglesia después. A Fratini, formado como cura en aquellla “conversión” conciliar -y en el rechazo que le sobrevino entre octubre de 1978 y abril de 2005-, le tiene que sonar este vaivén. La inspiración teológica de aquellos “curas obreros” o los  “teólogos de la liberación” y de cuantos creyeron seriamente en lo que había promulgado la Lumen Gentium I, 8,  no parece la de este Monseñor..

Tampoco puede ocultar que, en cuanto a la Guerra española, trasluce un nada soterrado dogmatismo. Al acusar de “ideología” a quienes disientan de él en lo tocante al uso del Valle de los Caídos –reclamantes de justicia histórica con la mayoría de muertos habidos en aquella contienda-, muestra un gran sentido doctrinario. Servatis servandis, con los mismos ingredientes sofistas que ha usado metódicamente la cadena estadounidense FOX NEWS convirtiendo en opinable, sensacionalista y curiosa, desde hace años, cualquier noticia por relevante y dramática que fuera. Entre las actitudes que le hayan exigido a Fratini para llegar al acreditado cuerpo diplomático vaticano y manejar con soltura medias verdades, ha debido demostrar fehacientes dotes para la restricción mental. Ese hábito ha producido selectos jerarcas católicos, y por supuesto, nuncios vaticanos  como los que gestaron los Acuerdos de España con el Vaticano en 1979, que revalidaron los el Concordato de 1953. Con él homologaron internacionalmente a Franco siguiendo la pauta del de 1851, que, a su vez, había facilitado a la hija de Fernando VII, Isabel II, ocupar el trono español a cambio de ralentizar la modernización de España.  De esa cadena deriva que todo el corpus legislativo sobre educación española siempre haya estado condicionado por tratados tan peculiares. 

¿Sin criterio?

Las calculadas opiniones caritativas de Fratini como colofón de su labor en la Nunciatura de Madrid –aunque las haya rectificado en Vida Nueva- dan argumentos a quienes ya reclamaban, desde mucho antes de que él llegara, la derogación de esos Acuerdos. Llueve sobre mojado cuando se intentan recolocar las mezclas que se producen entre Historia –los hechos reales ya vividos- y la memoria que de ellos se tiene –su recuerdo-. Estos devaneos del presente se nos antojan repetitivos, ajenos a la inevitable bifurcación de lugares y tiempos por los que se esté transitando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nihil novum sub sole en la corta, equidistante y parcial interpretación de Fratini. La insinuación de la guerra española como “problema” entre hermanos, que hubiera solventado Franco como en familia, es un falso tópico del circuito más conservador.  Y lo es igualmente que sentencie lo “peligroso de juzgar a la historia… porque podemos condenar a los inocentes o podemos exaltar a los culpables”. Es ridículo tratar de ningunear la apabullante y detallada investigación histórica existente, desde hace mucho, sobre la guerra y postguerra. Es la etapa de Historia de España que más bibliografía ha generado en todo el mundo –además de la atención de los expertos en la ONU sobre Memoria Histórica-, y este Monseñor  finge no advertir que, ni está hablando solo en el pulpito, ni lo hace atemporalmente. La censora quietud que predica solo contribuye a embrollar tendenciosamente, un poco más, la exhumación de los restos de Franco. Hasta el punto de que, si el clímax del tortuoso asunto culminara en la catedral de la Almudena, poco extraño sería que sus palabras se perpetuaran en las audioguías para adictos al nacionalcatolicismo y otros turistas.

Manuel Menor Currás

Madrid, 03.07.2019

Trampantojos (Manuel Menor)

Problemático realismo postelectoral

Los electores están en fase de descubrir que del dicho al hecho hay un trecho, y que promesas todavía próximas pueden no haber existido.

Madrid, Zaragoza, Badajoz, Palencia, Teruel y Granada han permitido a la derecha de la derecha exhibir su poder actual en los municipios. El estilo del que ya ejerce en el Gobierno de Andalucía, previsiblemente mostrará también su alcance en el de Comunidades como Madrid, Murcia y Castilla-León, en colaboración con el PP y Cs. Este partido ha reducido todavía más su cambio regeneracionista de otrora, al sostenimiento de una sociedad bien ordenadita, cursilona y aparente; el profesor Carreras, que ha conocido en ciernes a Rivera, parece haber tenido poca suerte en sus reconvenciones a este “adolescente caprichoso” ahora ya talludito. El PSOE, entretanto, trata entre remilgos de no exponerse a que Podemos descentre su delicada imagen progresista.

Escoramientos

El escoramiento y el mercadeo han sido evidentes estos días postelectorales y algún periodista ha hablado de descarnada subasta de poder. Para la dignidad del voto tal vez habría sido mejor que los votantes hubieran tenido la oportunidad de una segunda vuelta en vez de haber tenido que asistir, cansados, a este juego de sillas, pero puede que diciéndolo se caiga en mitificación, olvidadiza de la serie electoral de 2015-2016. Casos hay, en todo caso, ilustrativos de que el panorama político proseguirá, entre formalidades aritméticas, tan débil como estrafalarias han sido las combinaciones para que cuadraran los números. Sirvan de ejemplo dos acontecidas en Ourense, provincia con una pirámide de edades que se viene invirtiendo desde los años ochenta a un ritmo creciente, y con un PIB que, a escala nacional, se posicionaba en el nº 41 de 52 consignados en 2015, lo que representaba el 10,6 % de la aportación de Galicia.

Sin que sean determinantes esos datos –pues otros lugares hay no menos singulares-, la alcaldía de la ciudad orensana ha ido a parar no precisamente a la lista más votada o la siguiente, sino a una componenda en que la presidencia de la Diputación se ha mantenido donde estaba. El intercambio, que hace inviable el dicho de Lampedusa respecto a los Finzi Contini del Gatopardo, deja un mensaje estancado y espeso, incluso para los votantes de J. M. Baltar y de Pérez Jácome. Dice este que va a “transformar la ciudad”, y la impostura la pagara la ciudadanía. Significativo es, al mismo tiempo, que apenas a 14 kms. por la antigua carretera nacional 525, en el Ayuntamiento de Taboadela, estas elecciones hayan traído consigo –tras reiteradas mayorías absolutas del conservadurismo desde 1972-, un cambio y el descubrimiento de que, durante 47 años, habían votado “por costumbre”.   

Lentitud

 No se puede deducir, pues, que esté en primer plano que las instituciones funcionen con la prontitud que exige la vida democrática, pese a que no le vaya bien la languidez perezosa. En asuntos cercanos que contribuyen a alimentarla, adormecerla o incluso a amordazarla, no es que hayamos batido un récord olímpico. También aquí podemos tomar como ejemplo asuntos en que se entrecruzan de atrás tiempos largos de la Historia de España. Es el caso de la educación que, desde 1857 -en que podría situarse su primera ley general para regular su obligatoriedad, estructura y funciones-, no alcanzó a tener Ministerio y presupuesto propio hasta 1900.  Y solo logró la escolarización universal de los chicos y chicas españolas –hasta los 14 años-   casi en los años 90, fecha desde la que, extendida hasta los 16, han quedado pendientes serios problemas, como la estructura general del sistema, la garantía de recursos para una escuela pública consistente, la formación adecuada de los candidatos a profesores y maestros y que, además, no sean sonrojantes las cifras del llamado “fracaso escolar” y el “abandono temprano”. Decir, por tanto, que se ha avanzado mucho en la educación española es poco tranquilizante si no se indican las referencias de este juicio. Avanzar puede ser una manera de disculpar lo poco alcanzado, para proceder con la misma lentitud que ha caracterizado casi siempre este ámbito de la vida política.

Es muy relevante, en todo caso, la presencia que en el proceso educador –desde antes de 1857- ha tenido la jerarquía católica, experta en arreglos con el Estado –para el logro de privilegios y subvenciones hasta 1985- y hábil después para que crecieran los “conciertos” de sus colegios. Estas generosas relaciones se han dilatado en los últimos diez años (los de la crisis), se han ampliado en la LOMCE desde 2013 -y más en algunas Comunidades-, resultando que la “aconfesionalidad” del Estado tiene vida para rato aunque fuera un apaño  extraño en la CE78. Bien alimentada está, aunque el número de practicantes disminuye, el de sacerdotes y religiosos también, y no digamos el de contrayentes que deciden casarse por la Iglesia. El crecimiento de los colegios concertados es inmune a esta realidad de fondo y a que la distancia cronológica con legislaciones afines como la francesa va en aumento. Desde 1905, en que se separaron en Francia los intereses eclesiásticos y estatales, en España se han firmado el Concordato 1953 y los Acuerdos de 1979, además de otros complementarios, como el de 2007, en que se aumentó el subsidio del IRPF voluntario al 0,7%.

Trampantojos

Todo apunta a que, en Comunidades como Madrid, aunque la investidura del Gobierno central logre salir adelante, se propicie la reafirmación de esta “costumbre” inveterada, cuasi “naturalizada”. En sintonía, proseguirán las “guerras del escuchar y del ver” –que dice Darwix, el gran poeta palestino-, en que muchos políticos tratarán de satisfacer nuestra fantasía auricular con prédicas que nada tienen que ver con una realidad deficitaria y carencial. “Libertad de elección de centro” será un misterio para la mayor parte de los ciudadanos; “calidad” no pasará de reclamo como el de cualquier consumo perecedero; y “público” será un adjetivo con el que tratarán de que tomemos el todo por la parte y, también, de que no veamos este tinglado como un sostenimiento de un pasado imposible.

Tal vez Filón y Plotino, si vivieran, pudieran aclarar algunos de estos y otros bizantinismos, como aquellos en que “naturaleza”, “sustancia” o “persona” dirimieron diferencias en que se ventilaba al unísono lo trascendente y lo terrenal. De los siglos III y IV d. C., en que tuvieron importantes seguidores, ha llovido mucho para la hermenéutica: el Padre Astete –al final la primera parte de su Catecismo, vigente en los años cincuenta- decía que doctores había que nos lo sabrían explicar si les preguntáramos, porque él era “ignorante”.  Pero es posible que el sofisticado aparato del poder ya haya inventado para lo venidero algún otro trampantojo que prolongue esa evanescencia, ajena respecto a lo que realmente importa. Entre escoramientos y lentitudes anda el juego.

Manuel Menor Currás

Madrid, 23.06.2019

Rubalcaba (Manuel Menor)

Moral, ética, escolaridad e ironías de la Historia

LODE, LOGSE y LOMCE se han cruzado en el acelerado proceso de secularización. Alfredo Pérez Rubalcaba se ha ido sin ver cómo lo resolvería la LOMLOE.

En Francia, están juzgando la persecución moral que alimentó la estrategia para expulsar a 20.000 trabajadores/as de la recién privatizada France Telecom. La rentabilidad de la nueva empresa pasaba por esta flexibilización, pautada, sin embargo, para obviar conflictos con la  cotización bursátil. La serie de suicidios que en tan duro trance se produjo, ha motivado que la judicatura trate de poner en claro que no todo vale como motor capitalista. La noticia es de interés en los asuntos educativos, pues cuando a educandos y profesorado se les coarta a las obediencias que impone el fordismo estandarizador, se cierra la perspectiva enriquecedora de lo humano y puede decirse que “la evaluación mata”. Esa mentalidad contable propia de una economía egoísta e individual ahí sigue, como prueba la existencia de la LOMCE. Las tensiones que vive el comercio internacional nos van a reiterar ocasiones de ver su prevalencia.

Moral

También en el Vaticano están indecisos. Poderosa, la doctrina agustiniana del pecado original ha estado muy presente en los estilos de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Después de la reunión en que se afrontó la interminable secuencia de pederastas en el clero, el Papa Bergoglio acaba de publicar nuevas reglas, por las que se implanta la obligación de denunciar a cuantos incurran en este delito. Parece, sin embargo, que todo seguirá básicamente entre los muros del derecho canónico sin que las quejas lleguen a los tribunales civiles.

Las denuncias por la cortedad de esta medida, más aparente que relevante, pronto han empezado a producirse, aunque esta “lacra” ya no podrá ocultarse como sucedió con Maciel, el fundador de Los Legionarios de Cristo, durante 63 años. Sigue pesando sobre muchos supervivientes la dificultad de sentirse libres para contar qué les haya acontecido en la infancia, pero se conocerán cada vez más historias, como la de Almodóvar, testigo directo de lo que ocurría en su colegio, o como el escándalo de otro seguidor de Maciel  con destino en España entre 1993 y 2016. En adelante, mientras de Polonia y otros países ya es crecida la información, es muy probable que nuevas noticias permitan establecer la amplitud que haya tenido esta ciénaga en España, donde los pocos casos que han saltado a la luz hacen que solo un 0,2% de los 18.000 curas hoy existentes tengan condena judicial.

Si se tiene en cuenta que el presidente de la CEE, Blázquez, admitió que alcanzaba a un 3% -proporción que otros elevan al siete, como mínimo-, y se echa cuenta de la cantidad de clérigos, frailes, monjes y monjas que había en los años sesenta, queda mucho por saber. Para percatarse  de las posibles proporciones reales, son valiosos  los datos que el agustinismo político exhibía en las Guías eclesiásticas de 1955 a 1964. Las ordenaciones sacerdotales fueron 1.033 en 1956, 1024 en 1960, y bajaron a 801 en 1964.  El número total de sacerdotes –religiosos y seculares- era de 30.657 en 1955, y alcanzó a ser de 34.474 en 1963; el de seminaristas mayores pasó en las mismas fechas de 7.890 (1955) a 8.233 (1964); el de religiosos profesos, de 18.221 a 23.832; y el de religiosas creció de 73.978 hasta 79.171. Por otro lado, en estas Guías se mostraba que el número de alumnos que tenía la Iglesia en sus colegios era, en 1955, de 742.915, mientras que en 1964 había crecido hasta 963.591. Y también que, en los centros de “beneficencia” eclesiástica, el número de “asistidos” variaba, de 233.627 en 1959, a 122.629 en 1961.

Más cotidiano, el poder directo de los eclesiásticos se extendía al invisible número de personas –en general, mujeres- que servían en las casas de los curas y demás centros eclesiásticos. Su perfil ancilar había motivado la atención –después de Trento- de los concilios y sínodos diocesanos por su potencial “peligro” para la disciplina sacerdotal, mientras la literatura y canciones populares se hacían eco de la  inconsistente medida canónica de exigir que la criada del cura tuviera edad provecta y probidad garantizada. Más alejadas de la atención pública, las congregaciones de última generación han reglado su jerarquizada organización,  similarmente a las antiguas órdenes religiosas, con legos y legas en funciones de servicio. En buena medida siguen vivas, según denunciaba hace poco la revista vaticana L´Osservatore Romano hablando  de monjas explotadas como sirvientas.

Alguna razón –estadística- tiene Blázquez al afirmar que la gran mayoría de casos de abuso sexual sobre niños y niñas ocurre fuera del ámbito eclesiástico. Pero también debiera añadir que las denuncias han contado, entre otros tropiezos, con la tradición del artc. XVI del  Concordato de 1953 y la interpretación laxa que haya podido hacerse del artc. 2.3 del Acuerdo entre España y el Vaticano de 28.07.1976  respecto a que “en ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras autoridades” a propósito de personas o materias de que hayan tenido conocimiento por su ministerio. Por otro lado, la información hoy disponible sobre estos delitos ha de agradecerse a investigaciones externas a la CEE sobre algunos internados, a relatos autobiográficos y, sobre todo, a diversas asociaciones de supervivientes de abusos como ECA (Ending Clergy Abuse) Global Justice Project. Para cortar la escandalera desvergonzada, no basta, en todo caso, sentir “vergüenza”, como decía el Papa el 20.08.2018. Si los clérigos han de ser lux mundi (la luz del mundo), como proclama el documento en que prescribe la obligación interna de  denunciar estas “atrocidades”, es necesario asumir un laico protocolo ético  en que obispos y clérigos estén sometidos a la jurisdicción civil, como reclaman los afectados de todo el mundo católico.

Obediencias

Ahora que están en el foco de atención esta pedofilia, adquieren contexto a su vez muchos otros abusos, de índole física, psicológica y religiosa, que han tenido lugar en espacios que estuvieron al cuidado de esas u otras personas –eclesiásticas o laicas- sin que los daños del maltrato moral ocasionados pudieran ser reclamados. En especial, los ocurridos en centros educativos como colegios privados, seminarios, centros de formación, residencias e internados de diversa titularidad que, en aquella España pobre, dieron a muchos niños y niñas la posibilidad de estudiar lejos de sus pueblos a condición de someterse a la obediencia de reglamentos inspirados en supuestos mandatos divinos de los que, como rectores, prefectos u otras formas de ejercer como “superiores”,  eran intérpretes únicos.

La Vida de insectos que, según una magnífica novela de Luis Mateo, imponían muchos de estos dómines y maestrillos a infantes y adolescentes que habían de serles obedientes, cobra particular importancia cuando la Conferencia Episcopal acaba de lanzar una campaña para captar seminaristas dispuestos a dedicar su vida al sacerdocio. Constata ahora en público que son pocos los que entran y más los que envejecen. El contraste de datos que aflora esta campaña es muy fuerte respecto a los años sesenta, cuando irrumpieron en la escena los grandes abandonos de religiosos, curas y seminaristas. Tantos que, en algunas diócesis, la media de edad de sus curas es hoy de 74 años, de modo que el 35% de parroquias existentes no lo tienen propio; han disminuido las “vocaciones”, y, sobre todo, la asistencia asidua al culto –el 62,5% casi nunca- . Pese a lo cual, son ya más de un 30% los clientes de sus distintivos colegios en comunidades como Madrid, mientras solo un 19,5%  se casa por la Iglesia y se reduce el número de conventos y seminarios.

Estas ironías de la “pastoral religiosa” contrastan  con aquella masiva inculturación de “cristiandad” que impusieron los obispos después de “la victoria”, cuando controlaban el Ministerio de Educación por personas interpuestas para imponer una moral única, en colaboración estrecha con asociaciones de padres dispuestas –como mostró Enrique Berzal en el análisis de lo acontecido en Valladolid-  a la “reconquista cristiana” contra “la escuela laica”, que reclamaba Isidro Gomá. Con todo, aunque el confesionalismo católico estuvo vigilante en todas las escuelas y colegios, con el desarrollismo secularizador pronto fueron historia aquellas casas de formación y seminarios, llenos a rebosar de una infancia, sobre todo rural, porque a comienzos del los años sesenta sus escuelas -cuando las había- seguían siendo tan pobres como las descritas por Luis Bello antes de 1931.

Y ética

Fue aquella una escolarización lenta y desigual. Para el cuatrienio 1972-75 el III Plan de Desarrollo propuso crear un millón de puestos escolares,  y los Pactos de la Moncloa repitieron en 1977 que se crearían 400.000 plazas de EGB, 200.000 de Preescolar y 100.000 de BUP. Además, hasta casi 20 años más tarde, con la LOGSE de 1990, el Estado no asumió escolarizar a todos los menores de 16 años. Sería después de pactar en la LODE de 1985 que los colegios privados, de matriz católica en su mayoría, pudieran ser  “concertados”. Y todo bajo anuencia de los Acuerdos con el Vaticano, de 1977-1979.

Tras estos últimos 29 años, la secularización y la pugna por una educación igual  para todos prosiguen, en un proceso inconcluso y transversal. En él tuvo parte relevante Alfredo Pérez Rubalcaba, que acaba de fallecer entre alabanzas de casi todos, incluso de los obispos, aunque se había confesado –al menos para Escuela (nº 4.006, del 09.01.2013, pg. 33)- a favor de un Estado laico que empezara por sacar del horario escolar la Religión. Había vivido en directo los sinuosos desarrollos del artc. 27CE, no aceptaba el neoconservadurismo de la LOMCE que gestaba Wert y quería una ética escolar abierta a la pluralidad de propuestas cívicas…

La última ironía ha venido en ese intervalo único para las autocensuras que la muerte suele imponer a conocidos y allegados; propició la extraña unanimidad de que le consideraran “un rival admirable” y “hombre de Estado”.  Al depender la veracidad de las elegías post mortem de la sintonía ética –más que de la estrictamente política-, estas hubieran ganado mucho si las hubieran pronunciado después de haber encontrado el cauce para que la aconfesionalidad real del Estado no tuviera que seguir esperando ad kalendas graecas. Para el Rubalcaba que había elegido volver a ser profesor de Química, habría sido el gran homenaje. ¡Que la tierra le haya sido leve!

Manuel Menor Currás

Madrid, 15.05.2019