El Congreso aprueba cambios en la ley de Educación: prohíbe ceder suelo a la concertada y subvencionar los centros que segreguen por sexo (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

 Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

• El Gobierno se apoya en los nacionalistas para sacar adelante en el primer trámite parlamentario sus modificaciones de la ley educativa y tumbar las de la derecha en lo que se prevé como un debate largo y bronco hasta que se apruebe la ley; también se ha blindado la inmersión lingüística en Catalunya tras un pacto con ERC

• — La enmienda para blindar la inmersión lingüística anticipa una intensa batalla política y pocos cambios en las aulas

5 de noviembre de 2020 

Primera prueba superada. La ponencia del Congreso sobre la LOMLOE, la nueva ley de Educación destinada a sustituir a la LOMCE, ha aprobado esta tarde varias enmiendas y dado vía libre al proyecto, que pasa su primer examen y continúa su trámite parlamentario apoyado en los partidos que posibilitaron la investidura de Pedro Sánchez, especialmente ERC. Entre las enmiendas validadas este jueves (a puerta cerrada) destaca el refuerzo de la inmersión lingüística catalana pactado entre el Gobierno y los republicanos catalanes y dos medidas sobre la escuela concertada: la prohibición de dar conciertos a centros que segreguen por sexo y la prohibición también de que se ceda suelo público a estos centros, una medida habitual en la Comunidad de Madrid y, cuando gobernaba el PP, en la Comunitat Valenciana.

La disputa, parlamentaria y extraparlamentaria, promete ser ruidosa y larga. El PP ya afirmó por la mañana que "el Gobierno está entregando la Educación a cambio de votos para afianzar sus presupuestos", en palabras de la portavoz del grupo parlamentario popular, Cuca Gamarra, que anticipaba el resultado de la votación. El presidente del partido, Pablo Casado, anunció el jueves que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la supresión a la referencia del castellano como lengua vehicular de la enseñanza y el, según interpreta el PP, ataque a la libertad de elección educativa que implica la ley. Ciudadanos se ha manifestado en términos parecidos, y la patronal de la escuela concertada le ha declarado la guerra a la LOMLOE y la ministra creando una plataforma para juntar sus quejas y acciones reivindicativas: este mismo jueves se reunieron en la puerta del Congreso para protestar en la que se anuncia como la primera de una serie de protestas semanales.

En la ponencia de esta tarde, que se encarga de aligerar el trabajo para la Comisión y el Pleno posteriores, se han votado más de 200 enmiendas, según fuentes parlamentarias, aunque la mayoría son técnicas o consideradas menores (una petición de cambiar un "administraciones educativas" por "comunidades autónomas" para afinar más o un "qué hay de lo mío" de los partidos nacionalistas) y no salen adelante. Pero, además de las aprobadas, otras enmiendas han brillado por su ausencia, al menos por el momento: la posibilidad de reducir por ley las ratios de alumnos por clase, probablemente una de las principales reivindicaciones, si no la más, del profesorado. Unidas Podemos registró su propia petición en este sentido, pero lo hizo sin el apoyo del PSOE y no ha salido adelante. Todo sigue igual en este aspecto: las ratios se mantendrán en un máximo de 25 alumnos por clase en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato (ampliables todas un 10% en situaciones excepcionales que a veces no lo son tanto). El Ministerio de Educación y el PSOE aducen las cifras son un máximo y que en manos de las comunidades autónomas está bajarlas, si es su deseo.

"Cumplimos uno de nuestros compromisos, derogar la LOMCE, una ley retrógrada, mercantilizadora y que no podía la educación al servicio de la ciudadanía. Estamos especialmente satisfechos porque en estos tiempos tan complicados, en los que parece que el parlamento solo sirve para discutir, hemos dado buenas noticias a toda la ciudadanía", ha valorado en rueda de prensa Joan Mena, portavoz de Unidas 
Podemos.

Gobierno y nacionalistas vs la derecha

En cualquier caso, la LOMLOE está un pasito más cerca de ser una realidad y desembarcar en el sistema educativo el próximo curso como pretende el Gobierno –al menos parcialmente, la parte curricular tendrá que esperar porque requiere un lento desarrollo legislativo con Reales Decretos y bajar hasta las comunidades autónomas–. Será la octava ley educativa en 40 años de democracia, aunque no todas han supuesto una ruptura con lo anterior. Los partidos del Gobierno, PSOE y UP, han buscado el apoyo de ERC y otros grupos nacionalistas para superar la oposición de PP, Ciudadanos y Vox a las enmiendas que presentaron. Así, la suma de los votos de los partidos de centro izquierda y nacionalistas ha impuesto su mayoría para aprobar sus cambios y rechazar los de la derecha.

La nueva ley educativa prohibirá por tanto otorgar conciertos educativos a aquellos centros que segreguen a sus alumnos por sexo, una medida que introdujo José Ignacio Wert con la LOMCE (aquí una prolija cronología sobre la evolución legal del asunto de los conciertos a centros que separan por sexo). El PSOE la recurrió ante el Tribunal Constitucional, pero este la validó. Esta decisión del TC podría dar pie a que algún partido conservador recurra la prohibición. PSOE y UP argumentan que una cosa es que el Constitucional la avalara como legal y otra distinta que tenga que ser una realidad. La nueva redacción de la ley dice: "Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas", según la ley de igualdad del 2007, y "no separarán al alumnado por su género".

No es la única novedad aprobada hoy respecto a la escuela concertada. La ponencia de Educación también ha acordado prohibir la cesión de suelo público para la construcción de escuelas concertadas, una medida que se ha realizado con cierta frecuencia en Madrid y antes, cuando gobernaba el PP, también en la Comunitat Valenciana. "Especialmente en la nueva concertada", ha matizado Mena.

Otra de las novedades en el articulado de la ley será la eliminación de la referencia –que también introdujo por primera vez la LOMCE y que la redacción original de la LOMLOE respetaba– de que el castellano debe ser "la lengua vehicular" de la Educación. Esta fórmula ha sido sustituida por un un genérico "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, con conformidad con la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable" destinado, según ERC, a "blindar la inmersión lingüística en Catalunya". La enmienda ha salido adelante con 26 fotos a favor, 16 en contra y una abstención, del PNV.

Pese a que, según los expertos, esto no va a tener mucho efecto práctico en las aulas porque la Justicia ya entró a regular el uso del castellano en la escuela catalana antes de que las leyes nacionales se preocuparan por la cuestión, el asunto también anticipa bronca política y, probablemente, recursos judiciales. Y eso que por el camino se ha quedado también una enmienda del PNV por la que pretendían los nacionalistas establecer el Euskera como lengua vehicular de la enseñanza en Euskadi (y en cada comunidad con lengua oficial la suya).

Además de estas enmiendas, la ponencia de la LOMLOE también ha aprobado enmiendas para introducir planes de contingencia ante situaciones de emergencia como la vivida este año (a nadie se le había ocurrido hasta ahora y por tanto no estaba previsto, de ahí en parte el jaleo legislativo de los últimos meses para ordenar la Educación a distancia, etc.); integrar a los profesores técnicos de la Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Secundaria, una medida reivindicada por el sector y que supone un ascenso de facto para unos 30.000 profesionales; expandir la educación Infantil para que la oferta sea "pública, suficiente y asequible"; e introducir la memoria democrática en la escuela, una medida relacionada con la Ley de Memoria Democrática para ahondar en la educación en "un profundo conocimiento de la historia democrática de España".

Todas estas medidas aprobadas esta tarde tendrán que ser ratificadas en la Comisión de Educación la semana que viene, lo cual es previsible que suceda sin novedades con el apoyo de los mismos grupos que las han validado hoy, y de ahí pasarán al Pleno del Congreso para su aprobación y envío al Senado, donde todavía se podrán introducir más modificaciones antes de su vuelta definitiva al Congreso para que este valide o descarte los hipotéticos cambios que apruebe la Cámara Alta y la ley sea definitivamente aprobada (previsiblemente).

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Wert presupuestó que 1000 familias catalanas pidieran que el Estado pagara las matrículas en colegios privados con castellano como lengua vehicular... Lo han solicitado 293

EL CONFIDENCIAL.COM: 300 familias piden al Gobierno que les pague un colegio privado en español

Solo 300 familias han optado por pedir la intervención del Ministerio de Educación para escolarizar a sus hijos en un centro privado en el que el castellano sea la lengua vehicular y cuyo coste sea asumido por el Estado. Es el último dato oficial que maneja el departamento que dirige José Ignacio Wert y que ha facilitado al Congreso en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán. Según establece la última reforma educativa del PP, será el Estado quien adelante el coste de estas matrículas a las familias que no encuentren otra oferta semejante en la red pública y concertada y lo retraerá después de la financiación autonómica de las comunidades bilingües afectadas.

Se trata, en concreto, de 293 casos que, a fecha de 7 de octubre de este año, se habían acogido a esta medida y estaban a la espera de que el Ministerio resuelva, uno por uno, cada circunstancia. Según explica el propio el departamento, es por ello que todavía es “pronto para adelantar resultados” ya que el procedimiento que se ha previsto es “muy garantista” y requiere de la comprobación de todas las circunstancias que dan derecho a la compensación y abrir un trámite de audiencia a la comunidad autónoma correspondiente para que pueda defender su postura.

De los 293 casos, 256 están en estado de “borrador” y no han pasado todavía a la fase de “confirmada”, el paso previo a que empiece a trabajar la Alta Inspección de Educación de la delegación del Gobierno correspondiente. De los restantes casos, 35, llama la atención que la mayoría no se concentran, de momento, en Cataluña sino en la Comunidad Valenciana, gobernada por el propio Partido Popular, y en donde hay 25 solicitudes. Otras 4 pertenecen a Galicia, 3 a Cataluña y otras 3 a las Islas Baleares.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert (Efe)

Son las comunidades autónomas con lengua cooficial quienes tienen la competencia para determinar la oferta formativa y la proporción en que se imparten las asignaturas no lingüísticas tanto en lengua castellana como en la lengua cooficial. El Ministerio, por su parte, es el responsable de comprobar que esa proporción sea razonable atendiendo a las circunstancias particulares de cada solicitud. Comprobación que se empezó a llevar a cabo a principios de octubre con la tramitación de los primeros expedientes.

En su respuesta parlamentaria, el Gobierno especifica que las familias tienen que adelantar el coste de la matrícula durante el primer año en el que se solicita la compensación de los gastos. “Una vez reconocido el derecho,tendrá efectos desde el inicio del curso hasta la finalización de la educación obligatoria, realizándose la liquidación y pago de los cursos siguientes al inicio de cada curso escolar”, explica.

La LOMCE tenía presupuesto para 1.000 casos

La memoria económica de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) prevé hasta cinco millones de euros destinados a sufragar la escolarización en castellano de todas aquellas familias que se puedan ver afectadas por los incumplimientos de las comunidades autónomas. El Ministerio hizo esos cálculos sobre una base de unos 1.000 afectadosque, finalmente, solo se han quedado en apenas una tercera parte de las previsiones iniciales.

El Ministerio siempre ha defendido que se trata de un derecho individual que el Estado debe proteger con independencia de que sean muchas o pocas las familias que reclamen este tipo de educación para sus hijos. La fórmula final incluida en la ley, por la cual el Estado adelanta el gasto y lo detrae a la comunidad autónoma correspondiente, fue medida que finalmente encontró acomodo en la LOMCE después de que el Consejo de Estado advirtiera de que Educación no tenía comptencia para obligar a sufragar esa escolarización.

Las CC.AA. con lengua cooficial protestan por la invasión de competencias del decreto que impone la manera de impartir lengua castellana

PÚBLICO.ES: Wert impondrá "sí o sí" el castellano como lengua vehicular el próximo curso

La secretaria de Estado de Educación,Montserrat Gomendio, ha afirmado hoy que el decreto relativo a la enseñanza en castellano como lengua vehicular en las comunidades con lengua cooficial se va a aplicar el próximo curso"sí o sí", informa Efe. La número dos de Educación también ha resaltado que el Ministerio está "abierto" a debatir este tema en un grupo de trabajo tal y como han pedido algunas comunidades (al menos Catalunya y Euskadi), pero que se debe constituir con "celeridad". 

Gomendio ha hecho estas declaraciones al término de la conferencia sectorial a la que no ha asistido la consellera de Educació catalana,Irene Rigau, para mostrar su rechazo al real decreto que aborda la enseñanza del castellano en las comunidades con lenguas cooficiales. 

Según el proyecto, las familias de las comunidades autónomas con lengua cooficial que quieran que sus hijos estudien en castellano y no vean satisfecho este derecho deberán pagar por adelantado los costes de la matrícula y después reclamarlos debidamente justificados al Ministerio que dirige José Ignacio Wert. 

La consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, también ha manifestado su oposición al procedimiento administrativo que regulará la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua cooficial al considerar que "invade" competencias. Uriarte ha explicado que, durante la reunión sectorial, ha presentado "una enmienda" a la disposición que establece que las autonomías con lengua cooficial que no tengan centros públicos o privados con el castellano como lengua vehicular deberán costear un colegio privado a los alumnos que lo pidan.

Escolarización en colegios privados

El Ministerio de Educación tendrá seis meses para resolver las solicitudes de compensación a las familias y deducirá o retendrá de la financiación autonómica los gastos de escolarización en colegios privados de aquellos alumnos que no puedan estudiar en castellano en un centro público. Así lo establece el real decreto por el que se desarrolla la disposición adicional 38 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). 

El texto regula el procedimiento para solicitar el abono de los costes del centro privado y la documentación requerida para tal fin, en el caso de que la administración educativa autonómica no ofrezca una "oferta razonable". Además, advierte de que no se considerarán adecuadas las medidas que supongan la atención individualizada en castellano o la separación en grupos por razón de lengua habitual.

Advierte de que tampoco verá razonables aquellas ofertas de enseñanza en castellano que impliquen la escolarización del alumnado fuera del municipio de su domicilio, sin perjuicio de la posibilidad de escolarización en un municipio próximo al de su residencia. El Ministerio de Educación compensará los costes para la "eficaz prestación del servicio educativo" —matriculación, escolarización, y gastos complementarios como transporte o comedor, en el caso en que sean necesarios—.

El derecho a esta compensación de los costes tendrá efectos desde el inicio del curso en que se reconozca hasta la finalización de la educación obligatoria. No cita en todo el texto del decretoel caso de Catalunya, pero sí advierte de que los modelos de inmersión lingüística se reconocen con una única limitación: que no excluyan el uso del castellano como lengua vehicular.

Tras la calle, las aulas y el Parlamento, la batalla contra la ley Wert-LOMCE va al Tribunal Constitucional

elpais.com: La ‘ley Wert’ provoca una catarata de recursos al Constitucional

• Cinco comunidades y el PSOE llevan la reforma educativa al alto tribunal

La contestación a la séptima ley educativa de la democracia cambia de escenario: tras la calle, las aulas y el Parlamento, la batalla contra la ley Wert llega al terreno judicial. El Tribunal Constitucional va a recibir esta semana —el 10 de marzo acaba el plazo para impugnar la LOMCE, tres meses después de su publicación— los recursos de inconstitucionalidad de cinco autonomías —Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias— y del PSOE. Una catarata de recursos —aunque no es la primera vez que las leyes de Educación acaban en el Constitucional— que auguran una conflictividad judicial larga: varias comunidades han avanzado también su intención de llevar al alto tribunal no solo la ley, sino todos sus decretos de desarrollo.

El Constitucional tendrá sobre la mesa en los próximos días numerosos argumentos contra la reforma. Solo el escrito del PSOE, elaborado por un grupo de juristas encabezados por el catedrático de Derecho Constitucional Gregorio Cámara, ocupa más de 70 páginas; y Cataluña, por ejemplo, presentará dos recursos diferentes, uno de la Generalitat y otro del Parlamento.

“Vamos al Constitucional todos los que podemos hacerlo sin sonrojarnos, estoy seguro de que a alguna comunidad del PP también le habría gustado...”, opina Mario Bedera, portavoz de Educación de los socialistas en el Congreso. “No nos han dejado otro camino”, añade la consejera de Educación de Asturias, Ana González, que cree que la avalancha de impugnaciones “revela la falta de diálogo” del Gobierno.

El catedrático de Derecho Constitucional Rafael Bustos ve también un problema de fondo. “La materia educativa es la que más ha generado problemas desde que entró en vigor la Constitución, está claro que el consenso del año 78 no ha funcionado”, sostiene, y apunta: “El modelo educativo no está asentado desde el punto de vista constitucional”.

En caso de que admita a trámite los recursos —que no suspenderían la aplicación de la ley, por ser una norma estatal—, el Constitucional tendría que pronunciarse sobre asuntos tan espinosos como la segregación de alumnos por sexo, la presencia del castellano en Cataluña o la asignatura de Religión.

» El concierto con los colegios que separan por sexo. El blindaje de la LOMCE a la enseñanza diferenciada por sexos es el punto que más ocupa en el recurso que presentará el PSOE, al que ha tenido acceso a este periódico. Los socialistas argumentan que supone una discriminación por razón de género que vulnera el artículo 14 de la Constitución (la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación), y que es “señalada como favorecedora de estereotipos sexistas por un sector importante de especialistas en la materia”. Además, entienden que el concierto con estos centros supone “poner el gasto público al servicio de modelos educativos que, al separar a los niños por razón de género, hacen renunciar a la convivencia democrática entre ellos”. Varias comunidades recurren también este punto; no así Cataluña, porque CiU evitó que prosperara la petición de ERC y PSC. Algunas autonomías se resistirán a aplicarlo. “No tengo ninguna razón para concertar con estos centros, ya tengo la demanda satisfecha con la red actual”, afirma la consejera asturiana, a la que dos colegios han llevado a los tribunales por retirar el concierto.

» El castellano. Cataluña batallará contra el artículo que le obliga a pagar la escolarización en escuelas privadas cuando no exista una oferta de castellano en la pública. Fuentes del Gobierno catalán señalan que su recurso estará muy inspirado en el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que lo consideró ilegal porque vulnera la “autonomía financiera” de la Generalitat, al decidir “discrecionalmente” sobre la necesidad de un gasto de escolarización “que corresponde adoptar a la Administración educativa catalana”. El Constitucional, en la sentencia del Estatut, estableció que el castellano tenía que ser también lengua vehicular.

» La religión y su nueva alternativa. La LOMCE elimina Educación para la Ciudadanía y recupera una alternativa a Religión. Dice el recurso del PSOE: “Colocar la enseñanza de religión al mismo nivel que la moral común, que comprende el núcleo compartido de los principios constitucionales que rigen la convivencia, entraña cuanto menos una valoración positiva de las doctrinas religiosas que pone en peligro la neutralidad”. Además, entiende que los alumnos que cursen religión no recibirán las enseñanzas de valores constitucionales y serán, por tanto, discriminados.

» Vulneración de competencias. Todas las autonomías recurren la ley por invasión de competencias. Las comunidades rechazan que se las excluya de la elaboración de los currículos (el Gobierno se ha reservado toda actuación sobre las troncales y otras facultades sobre el resto) y en las nuevas evaluaciones al final de etapa (reválidas en la ESO y el bachillerato). “Son currículos descontextualizados de la realidad, porque no recogen las singularidades autonómicas”, se queja la responsable de Educación asturiana. “Es una ley injustificadamente homogeneizadora”, dijo el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, en el anuncio del recurso. El catedrático de Derecho Constitucional Rafael Bustos cree que las comunidades lo tendrán más difícil en este punto: “El tribunal tiende a sobrevalorar lo que son competencias básicas del Estado, es complicado que aprecie vulneración de competencias si no lo ve muy claro”.

» Itinerarios y selección del alumnado por su rendimiento. Otros aspectos que llegarán al alto tribunal son los itinerarios (que los estudiantes empezarán a elegir algunas asignaturas optativas dirigidas hacia la FP o el bachillerato en 3º de ESO), ya que “impiden la progresión en equidad”, según el PSOE; la participación de la comunidad educativa con la nueva norma, que queda “mermada y devaluada”, y la selección de los estudiantes por sus notas (el expediente de los alumnos podrá contar para su admisión en bachillerato), algo que “ataca al principio de igualdad”.

El intrincado camino de la LOMCE

• Aprobada en solitario. El 28 de noviembre de 2013 la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se aprueba en el Congreso solo con los votos del PP. Ningún otro grupo de la Cámara vota a favor (UPN se abstiene y los demás la rechazan). A la aprobación de la norma le habían precedido varias huelgas generales educativas y movilizaciones, y le sucederían nuevas mareas verdes masivas más.
• Revés del Consejo de Estado. El camino al Congreso tampoco estuvo exento de problemas. Además de las protestas de la comunidad educativa, los consejeros del PP se rebelaron contra la reforma y el Consejo de Estado planteó una gran enmienda sobre muchos puntos de la norma. Reclamó un “acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales” y pidió mantener Educación para la Ciudadanía.
• El problema de la aplicación. Con la ley ya aprobada, las comunidades no gobernadas por el PP se plantan y avisan de que no hay tiempo para aplicar la norma; al final serán las del PP las que obligan a José Ignacio Wert a ceder y retrasar el calendario de puesta en marcha de la ley, así como a ampliar el presupuesto.
• Críticas. Todos los grupos de la oposición en el Congreso (salvo UPyD y Foro) registran una proposición en la que instan al Gobierno a derogar la LOMCE. Son los mismos grupos que se comprometieron por escrito a derogarla en cuanto no gobierne el PP.
• Judicialización. Cinco comunidades —Cataluña (CiU), Andalucía (PSOE), País Vasco (PNV), Asturias (PSOE) y Canarias (CC-PSOE)— y el PSOE presentan recursos de inconstitucionalidad.
• Nuevas protestas en el horizonte. El sindicato de estudiantes convoca una huelga de 48 horas los próximos 26 y 27 de marzo.

Nota de la comisión:

Y, ante esta situación, el gobierno publica en su web:

"Los currículos se han desarrollado en diálogo con todos los sectores implicados, a partir de un borrador elaborado por los grupos de trabajo constituidos en el Ministerio. Además, se ha consultado con profesionales, con sociedades y con Reales Academias. Por medio de Internet, también cualquier ciudadano español o del extranjero ha podido enviar sugerencias. Tras esa primera fase, se ha hablado y se han acogido las aportaciones de las Comunidades Autónomas.

Los dos Reales Decretos han pasado toda la tramitación reglamentaria. Cabe destacar que el Consejo de Estado no ha hecho observaciones esenciales ni ha identificado ningún problema de invasión competencial. Buena parte de las observaciones formuladas se han recogido en estos Reales Decretos.
El resultado son los dos Reales Decretos finalmente hoy aprobados, con el siguiente calendario de implantación:" ...

Lee más en APROBADOS LOS CURRÍCULOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA (BOE 1-3-2014) Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

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Gomendio, a las cinco CC.AA. que se oponen a la LOMCE: imlantar la Ley Wert "no es una opción"

Una concentración ante el TSJC muestra su rechazo al auto judicial que obliga a cinco escuelas a impartir el 25% de las clases en castellano

PÚBLICO.ES: Miles de personas en defensa de la inmersión lingüística

Miles de personas se han reunido ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) tras la convocatoria realizada por somescola.cat, la organización de apoyo a la escuela catalana y al modelo social que representa, para mostrar su rechazo al auto judicial con el que se pretende obligar a cinco escuelas a impartir un mínimo del 25% de sus clases en español.

La plataforma, conformada por unas cuarenta entidades, alertó en un comunicado que esta decisión supone el ataque más grave que ha recibido la escuela desde los tiempos de la Transición. El manifiesto insiste en que "ahora más que nunca hay que hacer realidad el lema Por un país de todos, la escuela en catalán". 

En declaraciones a los medios, la presidenta de Òmnium Cultural y una de las portavoces de Somescola, Muriel Casals, ha defendido que la inmersión es un modelo que funciona, y ha afirmado que "no son los jueces los que tienen que decidir el porcentaje de las lenguas".

Ante las personas concentradas, los representantes de todas las entidades que forman Somescola, han leído un manifiesto que critica la intención del TSJC busca "politizar el sistema educativopara conseguir con la vía judicial los objetivos centralizadores que persiguen".

'"Constatamos la gravedad que supone que los jueces entren en el aula para decidir cuál debe ser la política lingüística de los centros" recoge este manifiesto que también constata "la espiral de acoso al sistema educativo ha ido creciendo hasta llegar a un punto que ningún país democrático puede consentir".

Por todo ello, desde esta plataforma piden que se defienda el actual modelo de escuela y hacen un llamamiento particular a la Conselleria de Educación a seguir aplicando la LEC. Somescola también ha pedido el  amparo para los cinco directores "amenazados por los jueces,  que tienen que saber que tienen su gobierno y su país al lado".

La portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Anna Simó, mostró su apoyo a esta concentración e instó a la ciudadanía a participar en las movilizaciones en apoyo al modelo lingüístico vigente. Simó ha defendido la separación de poderes y ha asegurado que el TSJC atenta contra este principio democrático, ya que "se está extralimitando en sus funciones". ERC considera que la única institución que tiene capacidad para fijar los usos lingüísticos en un centro escolar es el Parlament de Catalunya.

Este auto, con fecha de 30 de enero, da respuesta a los recursos de varias familias que exigieron medidas a la Generalitat para garantizar la enseñanza también en castellano para sus hijos. Se trata de la primera vez que el Alto Tribunal fija una cuota mínima de castellano en las aulas.

El TSJC determina de esta manera el alcance de derecho de las familias recurrentes sobre el derecho de utilizar el castellano en la enseñanza de los alumnos que lo hayan pedido, fijando de esta manera una 'utilización mínima' del 25% en horario lectivo. Esta medida significará que una asignatura o materia troncal se imparta en castellano, además de la asignatura de lengua que ya se imparte en este idioma.

La resolución afecta a los centros Mare de Déu del Roser de Barcelona; el instituto Alba del Vallès de Sant Fost de Campsentelles; Escola Pia Sant Josep de Calassanç de Sabadell; la Escola Pia de Sarrià-Calassanç de Barcelona; el Colegio Sant Bonaventura Franciscans de Vilanova i la Geltrú.

La decisión del TSJC ha sido rechazada frontalmente por el Gobierno catalán, que ya ha presentado un recurso en contra. Según el recurso, los autos vulneran la Constitución Española, el Estatut d'Autonomia y la Ley de Educación catalana.

Una de las escuelas afectadas también se ha pronunciado explícitamente contra la imposición del TSJC. En un comunicado, la Escuela Pia recordaba que sus centros "están arraigados en el país y a su servicio".

Asistentes a la concentración frente al TSJC.EFEstentes a la concentración frente al TSJC.EFE

Wert y su Ley: Lo que dijo y lo que ha hecho (II) (Ángel Sabín)

Ángel Sabín nos envía el enlace a su último artículo publicado en su blog angelsabin.wordpress.com: 

“Quiero reivindicar el pacto constitucional en materia educativa”

“Nuestra voluntad de entendimiento es sincera”

Wert no se había pronunciado en público y fuera de la FAES, pese a su actividad de comentarista, sobre cuestiones educativas, salvo en un artículo de apoyo a  Aguirre, Cospedal y Feijóo, y contra las protestas de los profesores por los primeros recortes, titulado “La mala educación”.

Nombrado ministro, mantendrá una doble actitud y un doble lenguaje:  de consenso en la primera comparecencia en el Congreso y de enfrentamiento con los Consejeros de Educación y con los rectores, pasados los primeros meses, además de adoptar medidas como el cambio en Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Después, lo que ha venido en estos dos años de ministerio ha sido una cascada de medidas de recortes y de declaraciones, unas veces manipuladoras y siempre provocadoras, de mitin y no de debate. La respuesta a esta doble actitud la ha dado él mismo hace unos días, tras la aprobación de la LOMCE, en su charla en el Club Siglo XXI al afirmar que “comparte absolutamente” los principios y el programa del PP. Veamos.

Lo que dijo.  

-“Mi gestión al frente del Ministerio es en la rendición de cuentas y la fiscalización de resultados”.

-“Así que uno de los primeros cuidados que deben ocupar a los representantes de un pueblo grande y generoso es la educación pública”.(Citando a Argüelles…)

-“Quiero reivindicar aquí el pacto constitucional en materia educativa, que se plasmó en el artículo27 de la Constitución”.

-“Lo que ha sucedido estos años, Señorías, es que se han centrado los esfuerzos en dotar al sistema de muchos recursos para compensar el desequilibrio de partida de la educación española en relación a los países de nuestro entorno”.

-“El problema de la educación española no es fundamentalmente un problema de recursos”.

-“Centrarnos en la mejora de la calidad”.

-“Nuestra intención es hacerlo desde el diálogo y la participación con toda la comunidad educativa (profesores, alumnos, familias, sindicatos, instituciones educativas etc.). Con todos ellos, formularemos una Estrategia Nacional de Calidad”

-“Nuestra voluntad de entendimiento es sincera. Prueba de ello es que no hemos caído en la tentación de aprovechar la amplia mayoría que nos han confiado los

españoles para aprobar una nueva ley general educativa. No sería bueno que la educación española pasara de nuevo por un trance que sólo genera inestabilidad y desconcierto”.

-“Manteniendo y reforzando la equidad básica, que es la igualdad de oportunidades”.

-“Nuestro sistema educativo durante mucho tiempo ha desterrado por completo la “cultura de evaluación”. Durante casi 30 años la educación ha carecido de herramientas fiables para conocer el grado de progreso de los alumnos en competencia con…

Lo que ha hecho

Su metáfora culinaria de la “nación deconstruida” le lleva a proponer las medidas para reconstruirla, a su manera, esto es, destrozando los logros de leyes anteriores.

Difumina el sistema educativo público. Con la redacción tan abstrusa del artículo 2 bis (y otras medidas que complementan este objetivo), equipara a la educación pública con la privada y con todo lo que encuentra: las administraciones, profesionales, agentes, titulares de centros, relaciones, estructuras… Ya en la Ley del 70  y posteriores quedó claro el carácter subsidiario de la enseñanza privada y así lo explicó García de Enterría en un conocido informe. La situación de la educación en España hasta los años 70 fue debida a la consideración inversa: que el Estado era subsidiario de la enseñanza privada y, especialmente, de la religiosa. Aquí puede haber motivo de recurso constitucional, como lo hubo contra la LOECE, de Otero Novas, en 1980, y se ganó. 

Rompe el ciclo único 6-16 años. La enseñanza obligatoria y común hasta los 14 años en 1970 (LGE) y hasta los 16 (LOGSE), común-comprensiva, ahora baja a los 15 años de hecho, aunque mantenga el principio general de los 16 años. Así la Secundaria Obligatoria la divide en dos ciclos: el primero de 3 años (hasta los 15) y el otro ciclo de un año (a los 16). Pero a ese 4º curso ya no llegan todos. Prueba: desde los 15  e incluso desde 2º de ESO se pasa a la FP Básica y se da a los alumnos un certificado de lo que han estudiado y salen del sistema de la ESO.

Crea un sistema selectivo y segregador. La evaluación continua, los informes a las familias, la tutoría, la decisión colegiada del equipo de profesores, el sistema común y básico en el período obligatorio llevó a la supresión de las reválidas. Ahora se reponen las reválidas y las eufemísticas “evaluaciones generales” son el instrumento de la política selectiva. Política selectiva que se extiende en brazos de la especialización de centros, de proyectos especiales, de itinerarios. A la par, se aplican medidas segregadoras de los alumnos, a los que se echa del camino común porque ya no hay. Y el cinismo llega al justificar y pagar, esa sí, la segregación de alumnos por sexo.

Los nuevos valores. Dijo que quería “restablecer un sistema de valores de inspiración humanista”, pero rebuscando en las aportaciones lo que hay es la supresión de “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”, común para todos. A cambio, vuelta a la contrarreforma: “Religión” o “Valores sociales y cívicos” como materias troncales y también como optativas en la ESO. En Bachillerato incluye solo a la Religión entre las posibles materias específicas. Pero falta la aportación moderna y liberal: parte de la concepción de que cada alumno recibe talentos distintos (la párabola bíblica: 5, 3 y 1 talentos) y que lo mejor para la educación ciudadana es fomentar el “espíritu emprendedor”,-objetivo en Primaria-, y trabajar el “emprendimiento”, que luego aparece como materia en el primer ciclo de ESO y en 4º curso. Y la competitividad.

La participación. Este tema, -logro de la LODE, de 1985-, es, seguramente, al que le tenía más ganas el ministro y está política, social y constitucionalmente ligado al anterior, a los valores democráticos,  en oposición a la enseñanza autoritaria y a la dictadura política. En su curso en la Faes, Wert habla de la “deriva democrática”, del “concepto abusivo e invasivo de comunidad escolar”, del “cogobierno” en los centros y se pone con ahínco a desmontarlo: recorta las funciones decisorias del Consejo Escolar, de los profesores y se las da al director. A la vez, en los centros concertados vuelve a la situación de la LOECE, danto todo el poder a los titulares, aunque se financien con fondos públicos. ¿Qué va a hacer con los directores de centros?

Formación Profesional. Está orientada como otra red, con difíciles enganches con el sistema general, y concebida como un proceso selectivo. La FP Básica es el primer desenganche del ciclo obligatorio y común hasta los 16 ó 18 años. Con acceso desde los 15 años, un certificado y sin titulación. ¿Esto mejorará las estadísticas?

Las lenguas cooficiales. La filosofía de la “renacionalización de los partidos políticos” y el “restablecimiento de una visión positiva de la identidad nacional” la plasma en el tratamiento que da las otras lenguas de España, quitándolas del grupo de materias troncales y diluyéndolas en lo que regulen las administraciones en que existan esas lenguas. Da otra lectura al artículo 3 de la Constitución, considerando a las lenguas como manifestaciones folclóricas, lo que no se ha hecho en ninguna ley, ni en la LOCE con mayoría absoluta de Aznar.

Los profesores. España tuvo, en el curso 2012-13, 664.325  profesores en los niveles de enseñanzas de régimen general no universitarios (18.642 menos que en el curso 2011-12) y la LOMCE, que ellos tienen que ejercer día a día, no los nombra ni una vez en la declaración de intenciones del preámbulo de la ley, de 10 abigarradas páginas. En el articulado mantiene el nombre donde estaba en la LOE, pero no se fía de ellos y les quita la capacidad de decisión en las reválidas, lo que le interesa, y en la participación en el gobierno de los centros. Pero les ha tirado buenos viajes.

Habrá que analizar estos puntos con más detalle y escudriñar cuáles son las medidas de calidad que propone la ley, que se irán viendo en los decretos de desarrollo ya en marcha. Ha hecho una ley en solitario, sin consulta, oída la conferencia episcopal, roto el pacto constitucional, rota la equidad. Aprobada la ley, ha acudido al Eclesiastés (¡tendrá valor¡) para decir que “es tiempo de construir”. ¡Pues sí que ha hecho amigos¡

P.D. La intervención de Wert en el campus Faes en junio de 2010 (“La sociedad española ante la agenda de reformas”) ha desaparecido. No se puede acceder a ella desde enlace y tampoco aparece en el fondo de la Fundación, aunque sí está la intervención de otros, como de Guindos, en el mismo curso. Su artículo “España,¿la nación deconstruida?” tampoco responde al enlace y hay que encontrarlo buscando en “Cuadernos de pensamiento político”, octubre de 2006.

El Presidenre de la Real Academia Galega considera que la Ley Wert es "infame" y el Ministro, "el caradura más grande que dio Europa desde el s.XIII"

EL PAÍS.COM: Alonso Montero: “Wert me parece el caradura más grande desde el siglo XIV”

"Wert me parece el caradura más grande que dio Europa desde el siglo XIV o más bien desde el XIII". El presidente de la Real Academia Galega, Xesús Alonso Montero, se mostraba así de crítico con la gestión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, y en concreto con la nueva reforma de la enseñanza, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), una norma que considera "infame".

"Ya la supresión de Educación para la ciudadanía me parece un atentado a la inteligencia humana", ha señalado Alonso Montero en una entrevista en la Radio Galega en la que critica además la presencia que tendrá la asignatura de Religión, tanto como académico como ciudadano. Ante esta situación ha avanzado que la Academia, a raíz de una propuesta de Manuel Rivas en el último plenario, está estudiando un pronunciamiento que hará "muy en breve" sobre la llamada 'Ley Wert' y que será "un texto muy articulado" que incluirá referencias técnicas a algunos fragmentos de la norma "que afectan al porvenir" de la lengua gallega.

Tras siete meses ocupando la presidencia de la institución, Alonso Montero ha ratificado la "normalidad esperable" en el trabajo diario de la academia, que "va mejor de lo que iba" tras la situación "estrictamente anómala" producida tras la dimisión de su antecesor, Xosé Luís Méndez Ferrín. En este sentido, ha asegurado que la RAG tiene en cuenta las opiniones de los académicos y que "todos están comprometidos", a pesar de que hubo "algunas personas" que no estaban totalmente de acuerdo con los criterios de su programa.

De este modo ha rechazado que la RAG este paralizada y ha considerado que las opiniones de Ferrín al respecto no fueron "bien recogidas", dado que no cree que sea "tan arbitrario" para "hacer una afirmación" de ese tipo. También ha avanzado, además, que están trabajando en un manifiesto conjunto con sus homólogas vasca y catalana, que presentarán en Madrid, en el que trasladarán a la opinión pública cuales son sus "problemas", recordado que "para cumplir objetivos" la RAG necesita "recursos económicos", aunque desde el Estado "no son proclives" a "satisfacer" sus "necesidades". Para colaborar con los recursos económicos de la Academia ha confirmado que "desde el primer día" se desplaza en tren para trasladarse a A Coruña, lo que según sus cálculos supone un ahorro de más de 12.000 euros a la RAG, en la que "nadie" del pleno gana nada.

 

#StopLeyWert! El Gobierno estudia cambiar los horarios de Religión y su asignatura espejo

europapress.es: El Gobierno estudia cambiar los horarios de Religión y su asignatura espejo

Para poder cursar ambas

El Gobierno está estudiando modificar los horarios de la asignatura de Religión y de su asignatura espejo en la Ley Orgánica de Mejora para la Calidad Educativa (LOMCE), entre otras posibilidades, para que las materias no coincidan en el tiempo y puedan ser ambas cursadas por todos los alumnos, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado.

Así se desprende de una respuesta parlamentaria del Ejecutivo dirigida a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, recogida por Europa Press, respecto a si el Gobierno está dispuesto a seguir las informaciones dictadas en el informe del Consejo de Estado sobre la nueva reforma educativa.

En concreto, la formación magenta preguntaba al Ejecutivo por "la controversia" que genera la asignatura de Religión en la reforma educativa y que comenta el informe del Consejo de Estado.

"Llega a hablar de discriminación para los alumnos que se queden sin formación ético-cívica por elegir la asignatura de Religión señalando que 'hay que advertir que la proyectada reforma establece como optativa a la Religión la materia de Valores Culturales y Sociales, o Valores éticos, de modo que su mantenimiento, en su caso, discriminaría a los alumnos que al elegir la primera no cursarán asignatura alguna sobre valores sociales y éticos a lo largo de toda su formación'", señalaba UPyD, recogiendo las valoraciones del informe del Consejo de Estado en su pregunta al Ejecutivo.

En este contexto, el Gobierno insiste en que esta materia no tiene un "tratamiento sustancialmente diferente" en el proyecto de la LOMCE que en la Ley Orgánica de Educación socialista actualmente vigente.

"Que sea una materia evaluable no quiere decir que se incluya en las evaluaciones nacionales. Asimismo, conviene recordar que la Religión no es una materia troncal sino optativa, y se está induciendo a la opinión pública a una confusión considerable", apunta el Gobierno.

En este sentido, indica que el Consejo de Estado pone de relieve que en el anteproyecto de ley orgánica desaparecen las asignaturas relacionadas con la formación ético-cívica, sin que se pueda considerar la nueva asignatura 'Valores culturales y sociales' "suficiente" porque se estudiaría como alternativa a Religión.

Es más, dice que el proyecto de ley de la LOMCE considera "esencial" la preparación para la ciudadanía activa y la adquisición de las competencias sociales y cívicas, recogidas en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.

EDUCACIÓN CÍVICA EN TODAS LAS ASIGNATURAS

De hecho, apunta que esta ley orgánica aborda la necesidad de forma transversal al incorporar la educación cívica y constitucional "a todas las asignaturas" durante la educación básica, de forma que la adquisición de competencias sociales y cívicas se incluya en la dinámica cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje y se potencie de esa forma, a través de un planteamiento conjunto, su posibilidad de transferencia y su carácter orientador.

No obstante, reitera que se está valorando el procedimiento para acoger la observación del Consejo de Estado, si bien se considera que el entonces anteproyecto de ley es respetuoso con las recomendaciones citadas.

LENGUAS COOFICIALES

Por lo que respecta a las recomendaciones del Consejo de Estado en cuanto a las lenguas cooficiales, el Gobierno asegura que se mantendrá el núcleo esencial del tratamiento que ha sido expresamente dictaminado como favorable por el Consejo de Estado, "pero se están valorando diversas fórmulas para garantizar el derecho de todos los españoles a recibir la enseñanza en la lengua oficial del Estado, en los términos en que el Tribunal Constitucional se ha manifestado".

Además, especifica que el Consejo de Estado coincide en que existe un derecho opcional y no "incondicionado" de conseguir ser escolarizado con el castellano como lengua vehicular porque en todos los sistemas en que existe una lengua cooficial propia y se aplica por parte de la Administración educativa una programación monolínea de bilingüismo integrado, "no existe este derecho de opción".

Por ello, defiende que se ha introducido, "de una forma extremadamente cuidadosa", un sistema de garantía en el que el anclaje competencial es la obligación que existe para el Estado de garantizar que ese derecho, reconocido en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que "tiene alguna efectividad".

"Todo ello con el objetivo de que no exista exclusión del castellano y, en segundo lugar, y no menos importante, que el hecho de que el catalán sea utilizado como lengua predominante, vehicular en la enseñanza no quiere decir que el castellano no lo sea también para aquellos alumnos cuyos padres así lo soliciten", subraya el Gobierno sobre esta cuestión.

EDUCACIÓN DIFERENCIADA

Por último, el Gobierno hace referencia a las recomendaciones del Consejo de Estado sobre la educación diferenciada, en las que señala que es una opción reconocida en un conjunto de países desarrollados, y que ha sido objeto de análisis y valoración positiva en distintas instancias jurisprudenciales internacionales, incluido el Tribunal de Justicia Europeo.

Eso sí, indica que el Consejo de Estado considera que el entonces anteproyecto de la LOMCE debería contener alguna previsión que permita exigir una justificación objetiva y razonable de la excepción general de la coeducación, y la concreción de un programa y de las medidas académicas a implementar para favorecer la igualdad, sin perjuicio del resto de los requisitos exigidos para los conciertos. Por ello, asegura que desde el Gobierno se está valorando la forma de incorporar al texto de la ley la observación realizada.