Ayuso reconoce que no ha detectado “nada relevante” en los libros de texto que señaló por adoctrinamiento (David Noriega para eldiario.es)

 Artículo de David Noriega para eldiario.es

• La Inspección Educativa no ha detectado nada relevante en la revisión que ha efectuado de 180 libros”, ha reconocido la presidenta madrileña

• — Ayuso admite que su campaña contra los nuevos libros de texto se basa en “lo publicado en los medios”

9 de junio de 2022 10:53h (Actualizado el 10/06/2022 18:39h)

Más de una semana después de que la Comunidad de Madrid señalase a los libros de texto para el próximo curso escolar por adoctrinamiento, Isabel Díaz Ayuso ha tenido que asumir este jueves que “la Inspección Educativa no ha detectado nada relevante en la revisión que ha efectuado de 180 libros”. Con esta frase ha respondido a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Carolina Alonso, que le había preguntado si “de verdad cree que hay un problema de sectarismo o si es una estrategia que se ha montado para que no hablemos de su pésima gestión”.

Educación, el último campo de batalla en la cruzada de Ayuso contra el Gobierno

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El pasado miércoles, Ayuso aseguró que su Gobierno “va a trabajar para acabar con el entrenamiento (en el ”sanchismo“) que pretende el Ministerio de Educación hacia todos los niños, especialmente, como hemos visto en estos días, con los libros de texto”. En ese trabajo, el Ejecutivo regional incluía un plan especial para que la Inspección Educativa revisase esos contenidos, una competencia que, de hecho, tienen, y que en esta ocasión ha arrojado un resultado diferente a lo que la propia presidenta y varios de sus consejeros llevan días señalando: no se ha encontrado “nada relevante”.

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  Como había indicado la Comunidad de Madrid, “el servicio de Inspección Educativa madrileño revisará los nuevos libros de textos a través de un plan especial, ya que su supervisión y la de otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas, que deben velar por el respeto a los principios y valores de la Constitución y lo dispuesto en la ley”. Un respeto a los principios y valores constitucionales que, en esos 180 libros inspeccionados, no se vulnera, pese a los descalificativos que han sufrido los textos en los últimos días. El propio consejero de Educación y portavoz del ejecutivo regional, Enrique Ossorio, leyó en plena rueda de prensa varios contenidos de esos borradores cuya responsabilidad atribuyó al “bodrio” de la reforma educativa.
  
  Mientras la Comunidad continúa con su guerra de recursos y contra-decretos contra la reforma educativa estatal, la Lomloe, la Inspección Educativa desactiva uno de los ejes del debate que ha planteado Ayuso en base a unos libros de texto que, como reconoció la propia presidenta este mismo miércoles había conocido “a raíz de lo publicado en lo medios de comunicación”. De hecho, la Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (ANELE) señaló hace unos días que “los libros de texto presentados en los últimos días en los medios de comunicación son prototipos que aún están sujetos a cambios”.
  
  Los editores reclamaron así mismo no se “utilizados como arma arrojadiza del juego político”. Pese a todo, tras esa petición, Ayuso siguió afirmando que esos contenidos “tienen una altísima carga ideológica” que no ha detectado la Inspección Educativa, que ha analizado 180 textos.
  
  Tras la respuesta de la presidenta este jueves en la Cámara regional, Alonso ha concluido que “entonces está reconociendo que es otra cortina de humo más”. “¿Sabe lo que es adoctrinar? Sacar a todos los niños al patio de un colegio para que aplaudan al señor Almeida”, ha acusado la co-portavoz de Unidas Podemos, que ha asegurado que Ayuso “ha puesto en pie de guerra a editores, libreros, profesores y a toda la comunidad educativa porque no están de acuerdo con que se intervenga la educación pública”.
  
  Durante su intervención, Alonso ha acusado también a Esperanza Aguirre de intervenir la educación. “En sus libros de texto se señalaban como tres hechos históricos a Bonaparte, la Guerra Civil y Esperanza Aguirre”, ha dicho. Y ha elevado el tono afirmando que: “Si la tienen que estudiar a usted los estudiantes madrileños la van a estudiar por haber convertido a enfermeras en médicos para tapar el colapso de la sanidad, por haber firmado unos protocolos de la vergüenza que han condenado a 7.000 personas mayores y porque tiene un concepto de la educación que se parece más al de la Alemania nazi que al que se presupone de una democracia consolidada”.
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• “En este pleno ya me han relacionado con los nazis, con Putin y con que fomento las violaciones, lo que demuestra que hemos tocado mucha la tecla y es muy importante lo que estamos haciendo con la educación”, ha afirmado Ayuso, que acusó al Ejecutivo de Sánchez de haber aprobado una reforma educativa en la que “no hay consenso”. “Nosotros no haríamos lo mismo”, aseguró la presidenta, obviando que la reforma educativa de Wert se aprobó con el rodillo de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.
  
  “Para mi, sinceramente, lo que sí que es censura es regalar el aprobado, la cultura de los porros o de las pagas. Eso es censurar a las nuevas generaciones las oportunidades y probablemente ustedes quieran cambiar a los romanos por los perroflautas, a los Reyes Católicos por los reyes de Galapagar o el derecho romano por el derecho a la ocupación o las sátiras de Quevedo por las de Echenique”, ha acusado Ayuso.

"Escuelas de segunda oportunidad" (Julio Rogero para EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN)

ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica este artículo de Julio Rogero



Es nuestra responsabilidad que se conozca todo lo bueno que tiene la escuela de titularidad pública, difundiendo sus éxitos y no solo mostrando sus carencias, que reconocemos que son muchas, así como reivindicar más recursos y los mejores profesionales para este alumnado.

“La disolución de las fronteras entre lo público y lo privado alimentan una corrupción impune que envilece a las sociedades y pervierte la política en su papel de insustituible instrumento de acción ciudadana y de organización y funcionamiento de la sociedad en función de las necesidades de las personas” (Manifiesto de ATTAC-ESPAÑA (2013)

Hace unos días apareció en el Diari de la Educació la sorprendente noticia de que “Barcelona pone en marcha una escuela de segunda oportunidad. La primera de estas características de titularidad pública de todo el Estado. La gestión se ha adjudicado a Salesianos San Jordi y la Fundación El Llindar”. La noticias señala que las “escuelas de segunda oportunidad son escuela situadas en los márgenes, como sus alumnos, normalmente adolescentes que han dejado colgado sus estudios prematuramente y a los que algunas entidades sociales intentan dar una alternativa”.


Esas son algunas de las características de esas escuelas que recogen alumnado de fracaso y abandono escolar en riesgo de exclusión social. A raíz de la lectura de esta noticia, surgen muchas preguntas desde le asombro. La primera es: ¿Cuál es la novedad? ¿No había y hay en Cataluña centros públicos que han intentado e intentan dar respuestas de nuevas o segundas oportunidades al alumnado que ha abandonado o estaba a punto de abandonar el sistema educativo?, ¿por qué se ignora y silencia que hay muchas escuelas de segunda oportunidad que son públicas y que desde hace mucho tiempo, cuando empezaron los programas de “garantía social” (de desafortunado nombre), dan una magnífica respuesta alternativa a la que les dio de forma inadecuada la escuela ordinaria?

La segunda pregunta que surge es: ¿Cómo denominamos “de titularidad pública” a lo que es gestionado y puesto en manos privadas? ¿Es una confusión intencionada? ¿Dónde queda lo público, en facilitar el negocio de las entidades privadas? ¿Por qué no se ponen en manos de profesionales públicos bien preparados y comprometidos con este alumnado que, sin ninguna duda, hay muchos en Cataluña? No acabo de entender esta iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona, que creía que tenía una opción clara por la educación pública y el derecho de todos a la educación, y no por poner en manos del mercado a personas en situaciones tan sensibles. Si es la escuela de titularidad pública la que ha segregado a este alumnado, es la escuela pública la que debe darles respuestas de segunda oportunidad para que lleguen al éxito educativo y profesional.


Tenemos escuelas de titularidad pública de segunda oportunidad, aunque no se llamen así, que son modélicas en muchos sitios. Conozco directamente estas escuelas de la Comunidad de Madrid, las Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL), en las que trabajé mis últimos diez años de docencia, y los resultados de su labor inclusiva son sobradamente conocidos desde hace ya 30 años. Es verdad que son escuelas silenciadas porque están en los márgenes y en las afueras del sistema educativo, como lo está su alumnado, y uno tiene la sensación de que son “no-lugares” vergonzantes de un sistema que sigue expulsando a muchas personas del derecho a la educación.

Dice la noticia que: “En España se creó hace tres años la Red Española de Escuelas de Segunda Oportunidad, de la cual forman parte 39 centros, todos ellos nacidos de la iniciativa privada, de las cuales 7 están situadas en Cataluña. Las administraciones han reconocido el valor de esta escuela, las han reconocido y subvencionado, pero por primera vez una administración pública ha decidido crear una”. Lo que no dice la noticia es que las UFIL, como centros públicos, formaron parte de la red europea de escuelas de segunda oportunidad, donde fueron un referente importante de las acciones de inclusión social que se estaban llevando a cabo con este colectivo.

Es peligroso publicitar como positiva la penetración de lo privado en lo público, con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona. No es este el papel que deben jugar las administraciones públicas que, como en este caso, parecen no fiarse de sus profesionales de la educación y ponen un programa tan importante en manos de entidades sociales privadas de las que podemos dudar que puedan dar mejor respuesta que los servidores públicos. La noticia nos llena de sonrojo a muchas personas que luchamos por una escuela pública de todos, para todos y con todos.


Me parece bien que la Administración reconozca a estas escuelas. Lo que no es comprensible es magnificar un hecho, sin duda importante, como el de la noticia, cuando se silencian las realidades positivas, consolidadas y esperanzadoras de la escuela pública. Quizás sea que no somos capaces de hacer visibles los valores y éxitos de nuestra escuela. Quizá es que la escuela privada sabe vender, en el mercado educativo y propagandístico, como buenas sus virtudes e, incluso, sus defectos y errores. Es nuestra responsabilidad que se conozca todo lo bueno que tiene la escuela de titularidad pública, difundiendo sus éxitos y no solo mostrando sus carencias, que reconocemos que son muchas, así como reivindicar más recursos y los mejores profesionales para este alumnado.

"Prevenir el absentismo escolar" (Pedro Uruñuela para EL DIARIO DE LA EDUCACIÓN)

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Las causas y los primeros pasos que acabarán en el absentismo de algún alumno suelen pasar desapercibidos. No es solo un problema escolar y otras instancias pueden ayudar y lo hacen. Hagamos prevención y actuemos lo antes posible.

La semana pasada participé en unas jornadas sobre absentismo escolar organizadas por el Ayuntamiento de Valdepeñas, en la provincia de Ciudad Real. Asistieron profesores y profesoras, profesionales de la orientación y técnicos de servicios sociales. Una vez más, hay que reconocer el esfuerzo e interés de los municipios a la hora de abordar problemas y situaciones importantes en el ámbito educativo.

Las jornadas pusieron de manifiesto temas y conclusiones importantes, de las que destaco dos: la necesidad de abordar las situaciones de absentismo desde una óptica comunitaria, que tenga en cuenta a todos los agentes sociales implicados en su solución, ya que la escuela por sí sola no es suficiente para abordar satisfactoriamente estos problemas. A la vez, se planteó la necesidad imperiosa de que este tema ocupe un lugar más importante en los propios centros educativos, constatando que apenas se le dedica tiempo en las reuniones de claustro, comisión de coordinación pedagógica y otros órganos de coordinación del profesorado.

Es fácil detectar una definición insuficiente de lo que es el absentismo que, aunque es correcta, impide plantear acciones de prevención y de actuación sobre este cuando está empezando. Suele definirse el absentismo como la ausencia injustificada, sistemática y reiterada del alumnado en edad de escolarización obligatoria, es decir, entre los seis y los dieciséis años, situando la causa de dichas ausencias en factores ajenos al propio alumnado, en su situación familiar, socioeconómica o cultural.

Definir así el absentismo supone referirse solamente a la última etapa de este problema, cuando ha alcanzado su máximo exponente, olvidando el análisis de cómo un determinado alumno o alumna ha llegado hasta ahí. Esta definición olvida el carácter procesual que tiene y, sobre todo, dificulta la respuesta que se puede dar, ya que es al final del proceso cuando se toma conciencia de este, dificultando así las actuaciones que se pueden plantear para su solución.

El absentismo es, en primer lugar, un largo proceso que recorren los alumnos y alumnas y que culmina en esas ausencias prolongadas o permanentes. Es necesario analizar cómo empieza dicho proceso, cómo se va manifestando, cómo va creciendo y, sobre todo, qué respuestas se van dando. Y, sobre todo, es necesario centrarse en el alumnado, en su decisión personal de desconectar del proceso educativo que está viviendo, en las emociones que está sintiendo, en su respuesta de rechazo a lo que le ofrece la escuela y en los diversos grados y escalas que adopta dicho rechazo.

El Observatorio Estatal de la Convivencia realizó en el año 2008 un estudio sobre la situación de convivencia que se vivía en los centros, cuyos resultados se hicieron públicos en el año 2010. En este estudio se ponía de manifiesto la buena situación general que se vivía en los centros, a pesar de los problemas puntuales que se detectaban. Una pregunta, relativa a la valoración que hacía el alumnado y el profesorado (pág. 64, tabla 48), llamó la atención: un 34,5% de los alumnos y alumnas manifestaban que apenas se enteraban de lo que explicaba el profesorado en clase, y un 67,7 % decía que apenas le interesaban lo temas que les explicaban sus docentes. He aquí el origen de muchas situaciones de absentismo.

Cuando se revisan los partes de expulsión de clase y las sanciones que impone el profesorado en la educación secundaria, se observa un porcentaje importante, en torno a un 14-15%, que hacen referencia a la pasividad que muestra el alumnado: “no hacen nada”, “no trae el material para trabajar”, “no tiene cuaderno a estas alturas del curso”, “dice que mientras no moleste puede hacer lo que quiera en clase” y otras manifestaciones semejantes. Estas conductas del alumnado suelen ser tratadas como problemas de disciplina, y se les aplica un tratamiento sancionador. Pocas veces se analizan como síntoma de un problema más profundo y, mucho menos, son consideradas como el inicio, los “pródromos” del proceso de absentismo que están empezando a recorrer estos alumnos y alumnas.

Poco a poco el proceso va creciendo, y se va concretando en retrasos (a primera hora, después del recreo…), en ausencias puntuales (a una clase concreta, no más de cinco ausencias al mes), en ausencias más habituales (a una determinada materia, a primera o a última hora) en una ausencia ya más permanente (faltar una semana, quince días), hasta llegar a ausencias importantes de un mes o más días y a una situación de desescolarización. Paralelamente, el control y papel de la familia va perdiendo fuerza y presencia, pasando de justificar cualquier ausencia a no contestar los requerimientos que se le hace desde el propio centro.

Son muchos los factores de tipo familiar, económico y sociocultural que pueden estar condicionando estas conductas, pero me parece importante, por ahora, centrarnos en aquellos factores propios del centro, los que pueden ser controlados por el profesorado y que permiten una actuación eficaz sobre el mismo. Es necesario preguntar al profesorado y plantearse como equipo docente la atribución de las causas de estas conductas, a qué o a quiénes se atribuye la responsabilidad de lo que sucede en el centro.

Suelen predominar atribuciones externas, señalando la responsabilidad que corresponde a instancias ajenas al propio centro: las conductas aprendidas en la familia, la influencia de la televisión y otros medios de comunicación, la sociedad que favorece e impulsa este tipo de conductas, etc. Pocas veces se parte de un análisis sistémico de lo que sucede en el centro, un estudio de los factores interdependientes que tienen lugar en el aula, las relaciones existentes o el curriculum en sus diversos aspectos. Nos centramos en los cambios que debe realizar el alumnado, olvidando otros posibles factores causales.

Señala Pennac (Mondadori, pág. 228) que el profesorado suele tener una idea equivocada respecto de su alumnado, considerando que el alumno/a más normal es el que está deseando estudiar y recibir las enseñanzas de su profesorado. Por el contrario, el alumno más habitual es el “zoquete”, a quien no solamente hay que enseñarle la propia asignatura, sino también la importancia que tiene el conocimiento y el aprendizaje. Sólo un cambio de estas ideas previas puede hacer posible una respuesta adecuada al absentismo y al desinterés del alumnado que aparece al inicio de este problema.

Es necesario también plantearse la repercusión que las acciones del profesorado tienen en sus alumnos/as. O, lo que es lo mismo, cómo damos clase los profesores/as y cómo estos planteamientos condicionan la respuesta y actitudes del alumnado. No sólo son éstos quienes deben cambiar, también debemos hacerlo el profesorado, ya que el alumnado no es el único responsable de lo que sucede en el aula y en el centro.

Es necesario, en primer lugar, revisar y plantear cómo son las relaciones interpersonales que tenemos con el alumnado, cómo es el clima de aula, cómo estamos construyendo el grupo, cómo es la comunicación habitual en la clase, cómo gestionamos los conflictos, cuál es el papel del alumno/a, si es pasivo o, por el contrario, tienen suficiente protagonismo. En segundo lugar, es necesario revisar los “elementos motores” del alumnado, es decir, sus emociones y sentimientos y, a la vez, los motivos que les mueven en relación con su trabajo. Es necesario, por último, analizar también los elementos internos del aula: los contenidos academicistas e inabarcables; la metodología poco activa para el alumnado; las formas de evaluación no formativa; la estructura espaciotemporal de la secundaria, la organización del aula, las normas y sanciones en el aula, la forma en que tratamos las conductas disruptivas; la ausencia de una tutoría eficaz y pedagógica …

Es cierto que este planteamiento no agota los problemas del absentismo, que se trata de un fenómeno más complejo que necesita la actuación de otras instancias, como he señalado. Pero no olvidemos lo principal: hagamos prevención, actuemos lo antes posible y no dejemos que el problema empiece a crecer y a hacerse incontrolable. Pongámoslo entre las prioridades y temas importantes del centro educativo.

Pedro Mª Uruñuela Nájera. – Asociación CONVIVES

13-5-19: Madrid, Ciudad Educadora: "La Renovación hoy. Renovar más que innovar..." con Julio Rogero y Pedro Uruñuela (19:00 h, CentroCentro, Plaza de Cibeles 1A. Madrid)

El Ayuntamiento de Madrid, a través de su Oficina de Derechos Humanos y Memoria, y en colaboración con la Fundación Ángel Llorca, ha organizado el ciclo de Conferencias “Madrid, ciudad educadora 1898/1938. Memoria de la escuela pública” que junto con la exposición del mismo nombre que se muestra en el Museo de Historia de Madrid, pretende visibilizar el papel de la escuela
pública madrileña en la renovación pedagógica española del primer tercio del siglo XX y contribuir a diseñar el futuro de la acción educativa desde una perspectiva renovadora en el marco de las necesidades sociales y ambientales que hoy se plantean.

El ciclo pedagógico que se desarrollará a lo largo de los meses de abril, mayo y junio, supondrá un espacio de reflexión en el seno de la comunidad escolar y de la sociedad. Hoy tenemos el placer de invitarle a la conferencia del día 13 de mayo “La renovación hoy. Renovar más que innovar. Convivir, un valor necesario y renovador en la escuela” a cargo de Julio Rogero (maestro,
articulista y autor de varios libros sobre educación. Miembro del MRP Escuela Abierta de Getafe) y Pedro Uruñuela (Presidente de la Asociación CONVIVES y ponente en formación para la convivencia. Ha sido profesor de instituto, y Subdirector General de la Alta Inspección del Ministerio de Educación).

Se adjunta invitación y programa con información para siguientes conferencias. Se ruega confirmación. La dirección y teléfono de confirmación está en la invitación.

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Programa completo del ciclo de Conferencias "Madrid, Ciudad Educadora"

24-4-2019: Acto informativo sobre las Pruebas de evaluación externas. Juan José Reina (17:30 h, Salón de Actos del CEIP Bravo Murillo. C/ Fermín Caballero 82)

Hola!! 

Desde La AFA Bravo Murillo organizamos un acto sobre las pruebas de evaluación externas LOMCE y queremos invitaros a participar el próximo 2⃣4⃣ de abril  en el Salón de Actos del CEIP Bravo Murillo (entrando por C/ Fermín Caballero 82), a las 17:30 horas.

Contamos para el acto con Juan José Reina, Inspector Educativo, evaluador experto y pedagogo que nos explicará en qué consiste este tipo de evaluación que los próximos días 2⃣9⃣ y 3⃣0⃣ de abril afectará al alumnado de 6° de Primaria.

Posteriormente habrá un turno de palabra ‍♂ para que los asistentes al acto puedan expresar su opinión.

Contaremos con ludoteca ‍‍‍‍, para lo que necesitaríamos saber cuántas familias van a utilizar ese servicio. Os rogamos que nos lo comuniquéis a través del correo

afaceipbravomurillo@gmail.com

Para más información visita nuestra web:

https://sites.google.com/view/afaceipbravomurillo/actualidad-y-noticias?authuser=0

Recibid un cordial saludo y os esperamos 

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• ¡NO a las pruebas LOMCE 2019!

Casado propone "reforzar" la inspección educativa y "darle competencias sancionadoras ante el adoctrinamiento" (ELDIARIO.ES)

Reproducimos esta información de EL DIARIO

El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha abogado en materia educación por "reforzar la inspección y además darle competencias sancionadoras". "Si hay algún colegio está adoctrinando a nuestros hijos, la inspección podrá denunciarlo y actuar contra ese funcionario y contra ese colegio; se acabó lo de jugar con nuestros hijos para proyectos políticos ideológicos, sectarios", ha apuntado en Salamanca.

Casado ha dado a conocer las líneas programáticas de los 'populares' en materia educativa, en un mitin en el Teatro de la Plaza de Santa Teresa de Salamanca, que se ha llenado y que ha contado con las intervenciones del presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la número tres al Congreso por Madrid, Edurne Uriarte, el presidente provincial, Javier Iglesias, y el cabeza de lista a la Cámara Baja por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro.

Sobre sus compromisos en educación, el candidato a La Moncloa ha comenzado con su defensa de la "libertad de elección" y acabar así "con las zonas, con los códigos postales", y que "cada familia lleve al niño al colegio que quiera".

A continuación, Pablo Casado ha defendido las pruebas para los alumnos al final de cada ciclo y que en Bachillerato sea "vinculante", y "garantizar que el castellano sea lengua vehicular en toda España". También, en su intervención en Salamanca, ha apostado por unas "materias troncales" que "se estudien en todas las zonas" y reforzar los conocimientos de humanidades junto a las matemáticas, la tecnología, la ciencia y la ingeniería.

Casado ha continuado con su apoyo al bilingüismo en inglés y la "educación en libertad" con su defensa de la concertada y la especial para las personas con algún tipo de discapacidad si así lo quieren; además de su respaldo a la educación rural, para "dar facilidades" a las familias y que se queden en sus pueblos si así lo desean.

En el apartado de "prestigiar la profesión docente", ha reseñado que "un país se mide por la calidad de su profesorado" y ha mostrado su respaldo a que "en España haya un Mir educativo para seleccionar a los mejores".

Finalmente, además de recordar su apuesta por la "conciliación", ha subrayado el interés por la formación dual, "prestigiar" la Formación Profesional dual y que las empresas traten de "participar en el desarrollo" también de los alumnos en la etapa universitaria.

2-4-2019:"Pruebas externas. 3º y 6º de Educación Primaria y 4ª ESO. ¿Cómo funcionan? ¿Qué evalúan? ¿Son obligatorias?" con Juan José Reina (10:00 h, en el CRE Julio Verne. Sede de la FAPA. C/ Logroño, 2. Fuenlabrada)

20-3-2019: Charla "Pruebas externas. 3º y 6º de Educación Primaria y 4ª ESO. ¿Cómo funcionan? ¿Qué evalúan? ¿Son obligatorias?" con Juan José Reina (1800 h, Paseo de Guadalajara, 5. San Sebastián de los Reyes)

Madrid cierra sin multas los expedientes a 167 colegios concertados por cobros irregulares a las familias (Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es)

Artículo de Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es

• La Comunidad de Madrid informa de que se han "subsanado" las irregularidades detectadas en uno de cada tres centros sobre la información y el pago de las actividades extraescolares

• La "supervisión" de dichas actividades se da por zanjada y no se incluirá en el Plan General de Actuación de la Inspección de este curso, según CCOO 

• En paralelo, Gobierno está inmerso en una campaña de defensa de la "libertad de elección": ha abierto 190 aulas nuevas y quiere subvencionar el Bachillerato

El Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha dado carpetazo a los 167 expedientes abiertos a centros concertados de la región tras detectar irregularidades en el cobro a las familias. En todos los casos las indagaciones de la inspección tenían que ver con la gestión de las actividades extraescolares y, en todos los casos, se han cerrado porque los centros "han acreditado que han subsanado estos problemas", aseguran fuentes de la Consejería de Educación a eldiario.es.

La intervención de la inspección se produjo tras comprobarse que los centros no informaban a las familias de que las actividades eran voluntarias y no lucrativas, no reflejaban adecuadamente en la información que se remitía a la Administración la existencia de estas actividades, las ofrecían en bloque, sin desglosar precios y sin posibilidad de elección o incluían conceptos erróneos como servicios complementarios.

Estas actuaciones fueron confirmadas por la exviceconsejera de Organización Escolar María José-Patrón, destituida por el presidente Ángel Garrido cuando tomó posesión de su cargo tras la dimisión de Cristina Cifuentes. Y, según fuentes de la Consejería de Educación, ya no se producen tras el toque de atención de la administración. Los colegios se enfrentaban a multas económicas que oscilan entre el total y el doble de una parte del dinero público reservado a ese concierto que habrían dejado de percibir. Concretamente el reservado en las partidas a "otros gastos": entre 6.900 y 9.200 euros por aula al año, según el nivel educativo. 

La oposición considera que el Gobierno ha cerrado el asunto sin entrar en el fondo de la cuestión: "Las cuotas voluntarias generales que son, en realidad, obligatorias".  "Eso no se ha arreglado y es vox populi", sentencia la portavoz de Educación de Podemos, Beatriz Galiana.  La patronal de la escuela concertada ha reconocido en varias ocasiones, también a eldiario.es , la existencia de estas cuotas con la justificación de que el dinero público que reciben las entidades por cada plaza –los módulos fijados por el Ministerio de Educación– es insuficiente para prestar el servicio.

Todas estas irregularidades, también las detectadas por la inspección, contravienen el articulado de la Lomce, que marca que "en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos". Una resolución de la Comunidad de Madrid de 2016 establece las sanciones en caso de incumplimiento. 

Una medida "cosmética" para los sindicatos

El Ejecutivo ha dado por zanjado el asunto y no incluirá esta supervisión de las actividades extraescolares en el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de este curso. Al menos así consta en el borrador, según informa Comisiones Obreras a eldiario.es. El plan correspondiente al curso pasado incluía una referencia explícita a estas actuaciones de "supervisión de actividades complementarias y extraescolares y de servicios complementarios en centros privados sostenidos con fondos públicos", para continuarlas y completarlas, un punto que según el sindicato la Consejería ya ha informado que va a eliminar. 

"Es evidente que esta medida de supervisión ha sido meramente cosmética, habida cuenta, además, que el Plan General de Actuación de la Inspección del curso actual, según el conocimiento que tenemos de su borrador, ha suprimido tal actuación", explica la secretaria general de Educación de CCOO Madrid, Isabel Galvín. 

190 aulas concertadas nuevas este curso

El Gobierno de Ángel Garrido ha iniciado una campaña para reforzar la "libertad de elección" de las familias como respuesta a lo que, asegura el PP, es un ataque del Ejecutivo del PSOE de Pedro Sánchez a este modelo educativo. Si Madrid era 2014 era la cuarta comunidad autónoma –solo por detrás de Euskadi, Navarra y Baleares–  que dedicaba más presupuesto público a este modelo educativo (943 millones de euros, uno de cada cinco euros del gasto total), la cifra ha escalado en cuatro años hasta los  1.028 millones (9% más) con la apertura de 190 aulas para este curso, según datos ofrecidos por la Consejería de Educación. Todas, justifican fuentes de este departamento, se ubican en centros que ya tienen concierto educativo y son "para dar respuesta al crecimiento vegetativo".  

Durante el verano, Garrido se reunió con los representantes de la escuela concertada en un encuentro que se saldó con dos compromisos: un nuevo decreto de regulación específico para estos centros y la financiación a cargo de las arcas públicas de equipos de orientación educativa para Primaria. Además, ha prometido, si continúa como presidente de la Comunidad de Madrid (y para eso primero tiene que ser candidato, algo que no está decidido en el PP), subvencionar a cargo de las arcas públicas los estudios de Bachillerato en centros privados que no tengan concierto a 3.000 alumnos y alumnas. Ocho de millones de euros para este proyecto piloto, muy mal recibido por PSOE y Podemos y los defensores de la escuela pública. 

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• Garrido redobla su apuesta por la concertada y anuncia un cheque para subvencionar Bachillerato en centros privados (ELDIARIO.ES)

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• Uno de cada tres colegios concertados de Madrid puede ser sancionado por cobrar irregularmente a las familias (Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es)

"Pruebas externas, evaluación y dosis de realidad" (Miguel Ángel Quer)

El profesor Miguel Ángel Quer nos envía este escrito:

En estos días, nuestros alumnos e hijos van a realizar unas pruebas de evaluación externas, pero ¿qué se evalúa de verdad en los centros de enseñanza? las capacidades, las competencias clave (7), los estándares de aprendizaje (entre 40 a 70 por nivel y asignatura), las rúbricas, ¡uf!, esto es demasiado, en general se reduce a evaluar lecciones o contenidos elaborados por otros en editoriales.

Somos generalizando, buenos aplicadores de un currículo que casi nadie cuestiona, ni en coherencia , ni  en organización y estructura , ni en cantidad, por cierto excesivos los contenidos, estándares… para los tiempos de dedicación horaria de cada asignatura ( “voy fatal, no llego a dar el temario o la programación”), no atiende a la madurez de los alumnos ( la redacción y tecnicismos no se ajustan a las edades a los que va dirigido, “no comprenden lo leído”), no atiende a la diversidad proponiendo niveles de complejidad a veces asimilables en general por los chicos más avanzados, de capacidades altas y buena memoria ( “da lo mismo así el próximo año irán más sueltos”), esto no hay pacto educativo que lo arregle.

Los servicios de inspección nos indican que centremos la evaluación en competencias y que trabajemos en equipo, estableciendo contenidos comunes o transversales y que eliminemos los repetitivos, pero ni se “tala” los contenidos ni se trabaja en equipo, ni se selecciona los estándares básicos o imprescindibles, aplicando el mismo rasero para todos,  incluyendo a los alumnos con dificultades, acnees y acneaes.

En los coles e institutos, los Directores ya les han aleccionado para que no transmitan “ideología” en relación a las pruebas y estarán estrechamente vigilados para que el absentismo a las mismas, no supere el 10 %.

Los maestros y profesores ya entrenan las pruebas en sus clases, mandan deberes que son antiguos controles de los CDI de Madrid, etc…, todo vale para sobrevivir al sistema y salir bien en la “foto” (los ranking, clasificaciones…).

Las familias y alumnos, gastan recursos económicos en profes particulares, academias de todo tipo, tutores todo terreno, o sacrificando familiares…”para no perder el hilo y  no quedarse atrás…”, en definitiva, posicionar a nuestros hijos y alumnos lo mejor posible, para un futuro más esperanzador y de rebote favorecer un aprendizaje paralelo a la escuela pública, en honor a la calidad.

Ciudadanos y PP ven rechazadas sus propuestas para la "despolitización" de la educación entre duras críticas a Rivera (Carmen Moraga para ELDIARIO.ES)

ELDIARIO.ES publica este artículo

Ciudadanos y el PP han visto este martes rechazadas por la mayoría de los grupos del Congreso las dos propuestas que han presentado por separado para reforzar los controles en los colegios y evitar "el adoctrinamiento político" en los alumnos. Todos los partidos han anunciado que votarán en contra de ambas propuestas, salvo Ciudadanos y el PP que se han dado apoyo mutuo a sus dos iniciativas, pese a discrepar en sus planteamientos. La votación se pospone hasta el jueves. 

El propio Albert Rivera, que es el segundo revolcón que sufre en el Congreso sobre el mismo tema, ha querido subir a defender la iniciativa de Ciudadanos: una proposición de ley encaminada a poner en marcha una Agencia independiente de Alta Inspección Educativa que sustituya al organismo actual, que creen "inoperante" y que no ejerce las funciones que recoge el artículo27.8 de la Constitución.

Durante el debate, Rivera ha protagonizado un duro rifirrafe con Mari Luz Martínez Seijo, portavoz del PSOE, cuyo grupo ha presentado una enmienda a la totalidad del texto que los de Rivera han pedido, sin éxito, que retiraran, o al menos que se abstengan en la votación para evitar la derrota de su propuesta. "No hagan el juego a los separatistas", les ha espetado Rivera a los de Sánchez ante las protestas de la bancada del PSOE.

Rivera ha cargado con dureza contra los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE,  a los que ha acusado de "llevar más de 37 años de retraso" para lograr consensuar un sistema educativo duradero, que en su opinión "es absolutamente necesario". "Nos jugamos el modelo de país".

El líder de Ciudadanos ha defendido en este sentido la necesidad de impulsar una Alta Inspección Educativa "independiente del Gobierno" para salvaguardar "el pilar mas importante de un país" y vigilar que no entre "la política ni el adoctrinamiento en las aulas". 

"El nacionalismo siempre ha tenido como objetivo trabajar por la liquidación y la destrucción de España, llevan décadas intentándolo", ha sentenciado Rivera. "Les pido que no hagan el juego a los nacionalistas", ha insistido dirigiéndose a los socialistas, a los que ha acusado de haber pactado con ellos durante años de "forma oscura".

"No queremos libros de texto que mientan ni esteladas en las escuelas, queremos una educación en libertad". "Hay alumnos señalados en los colegios por ser hijos de guardia civiles", ha lamentado el líder naranja, para sentenciar seguidamente: "Ciudadanos no vino aquí para ser comparsa de los que quieren destruir este país".  "Queremos una ley educativa igualitaria, no la de rojos o azules", ha dicho el líder de Ciudadanos al finalizar su primera intervención.

Rifirrafe con la portavoz del PSOE

La portavoz socialista, Mari Luz Martínez Seijo, ha salido a la tribuna para replicar a Rivera y para calificar su proposición de ley de "bodrio", reprochando al líder naranja su "demagogia", sus  "vaivenes" y su "oportunismo". Entre otras cosas, le ha dicho que no están de acuerdo con su Agencia de Inspección "porque no  respeta las competencias de las Comunidades Autónomas".  "Viene usted aquí a hacer campaña, señor Rivera, de lo contrario ¿por qué sube usted a defender la iniciativa si usted no tiene nada que ver con la Educación?. A hacer campaña váyase a Catalunya", le ha invitado.

Rodríguez Seijo no ha ahorrado críticas contra la ley de Ciudadanos al considerar que no tiene "consistencia" y encima no va a lograr el consenso necesario que requieren los temas educativos. "Lo que  pretender es volver a traer control y censura en los centros educativos", le ha afeado.

"No entendemos ese empeño que tiene de querer duplicar y externalizar órganos ya existentes", ha añadido la portavoz del PSOE, que tampoco ve "ninguna urgencia" en traer a la Cámara más propuestas cuando hay una subcomisión abierta en el Congreso que la que se está ultimando un pacto de Estado en esa materia. "Están siendo desleales con el pacto,  torpedeándolo", le ha reprochado.

"Es muy peligroso instrumentalizar la Constitución. Es una barbaridad y vergonzoso el uso de la educación que está usted haciendo por un puñado de votos", le ha espetado en diversas ocasiones la socialista a Rivera. "Dejen de jugar con la educación", ha añadido.

En su réplica, el líder naranja ha llegado a acusar el PSOE de defender los mismos planteamientos en Educación que ERC, con los que no duda de que el PSC busca volver a formar un "tripartito". "Si quieren estar con ERC  y con Bildu nosotros no. Ustedes están fagocitados por el PSC. ¿Prefieren que sea Carod Rovira el que vigile la educación?", ha ironizado Rivera. "No confundan el pacto con pasteleo", ha añadido.

El PP apoya la propuesta pero critica también a Rivera

Después, uno a uno, el resto de los portavoces se han unido a las críticas del PSOE contra Rivera. Aunque también posteriormente contra el PP. 

Incluso la diputada del grupo conservador, Ana Isabel Alós, pese a apoyar la propuesta, se ha sumado a la retahíla de reproches que los demás portavoces  le habían lanzado antes a Rivera.

Alós ha atacado a Rivera por su "oportunismo político", por su "irresponsabilidad" al traer a la Cámara cambios en la ley de Alta Inspección porque a su juicio supone, entre otras cosas,  una "injerencia en la fiscalía". Y, en definitiva, por considerar que con su propuesta solo busca  "réditos electorales".

Su compañera de bancada, Sandra Moneo, defendía poco después desde la tribuna de oradores la propuesta del PP, muy similar aunque  encaminada a buscar un "acuerdo de refuerzo de las medidas de la Alta Inspección Educativa", que solo ha sido apoyada por Ciudadanos.

Moneo ha anunciado la "voluntad de consenso" de su grupo.  Pero, sobre todo, ha querido dejar claro "el compromiso" de su grupo con el pacto educativo. La diputada ha querido distanciar de los de Rivera y ha afirmado: "No estamos aquí ni por oportunidad ni por oportunismo, somos un partido de Gobierno. Nuestra propuesta tiene el respaldo de los ciudadanos y del sector educativo", ha contrapuesto.

Marta Martín, portavoz de Educación de Ciudadanos, ha devuelto las criticas al PP. "Ustedes nos traen aquí la proposición no de ley del arrepentimiento, quieren subsanar su grave error y hacen un propósito de enmienda", ha dicho con sarcasmo, para adelantar que "por eso la vamos a apoyar".

"Aunque es raro que un partido de gobierno traiga a la Cámara una iniciativa en la que se insta a sí mismo a que se ejecute su proposición", se ha extrañado. "Estamos esperando con interés su mejoras y las aportaciones que dicen que nos van a traer", ha zanjado.

Los demás portavoces, especialmente los de los grupos nacionalistas, han salido en tromba contra Rivera.

"Usted es hijo del sistema educativo catalán. ¿Cómo puede sostener lo que sostiene? Míreme a los ojos?, le ha espetado Sergi Miquel Valentí, del PDeCAT.

"Están ustedes obsesionados con el adoctrinamiento", le ha afeado el portavoz del PNV, Joseba Agirretxea.

Por su parte, el diputado de ERC, Joan Olòriz, ha ironizado: "¿Hasta cuando abusará de nuestra paciencia?. Se le ha visto su verdadera cara señor Rivera".

Pastor pide al diputado de En Comù que retire la expresión de "gorrinos"

El representante de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea, Joan Mena, ha protagonizado a su vez un episodio con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a cuenta de una expresión que ha utilizado para críticar a la vez al PP y a Ciudadanos.

Mena ha sacado al iniciar su intervención una tiza "con la que han trabajado nuestros maestros durante todos estos años, pero que ustedes la han destrozado". "Han traído aquí la ley mordaza del sistema educativo catalán. Son unos irresponsables", le ha espetado a Rivera.

Pero los reproches los ha repartido a partes iguales sobre el partido de Rivera y el PP. "Parecen gorrinos peleando en una charca de barro para demostrar el adoctrinamiento inexistente".

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, le ha pedido que retirara la expresión de "gorrinos". Mena ha tenido un lapsus  y se ha dirigido a Pastor llamándola "señora Rivera". Luego se ha disculpado por la equivocación pero se ha negado a retractarse de sus palabras alegando que "no he insultado a nadie,  solo he dicho que se comportan como gorrinos".

Ante su negativa, Pastor le ha indicado que ella ordenaría que el "insulto" se retirara de las actas.

Así es la Alta Inspección de Educación, un cuerpo limitado y burocrático que el PP quiere que supervise los colegios (Pau Rodríguez y Laura Galaup para EL DIARIO)

Reproducimoseste artículo de ELDIARIO.ES

La Alta Inspección Educativa está pensada para supervisar que la legislación autonómica no choque con la estatal, por eso cuenta con poco personal

El Congreso vota una proposición del PP este martes para que la Alta Inspección pueda hacer requerimientos e inspecciones en los centros

"Si se lleva adelante, sería una recentralización", asegura Francesc Colomé, inspector durante años y primer director de la Alta Inspección en Catalunya

No es ningún secreto que PP y Ciudadanos quieren intensificar el control sobre lo que ocurre en los colegios catalanes, en los que aseguran que se dan casos graves de adoctrinamiento político. Los populares quieren reforzar el papel de la Alta Inspección de Educación para que asuma esta tarea, y así lo han dejado por escrito en una proposición que se vota este martes en el Congreso. Pero, ¿está pensado este cuerpo para supervisar las escuelas? ¿Cuenta con suficientes efectivos? ¿No es esa una función que corresponde a los inspectores de cada comunidad autónoma? 

Las competencias de la Alta Inspección, que depende del Ministerio de Educación, consisten principalmente en comprobar que los programas educativos y la legislación de cada comunidad autónoma no choque con las leyes y los currículos estatales. Una "supervisión burocrática" que el PP, con  su proposición no de ley (PNL), quiere superar para que este cuerpo pueda también realizar requerimientos e inspecciones en los centros educativos, algo que hasta ahora ha correspondido a la Inspección Educativa, que depende de las administraciones autonómicas. 

"Si se llevara adelante, sería una recentralización", asegura Francesc Colomé, inspector durante años y primer director de la Alta Inspección en Catalunya, durante el mandato socialista de Felipe González. "La Alta Inspección no está pensada para ir a los centros", incide Colomé. Durante sus ocho años al frente del organismo sólo acudió una vez a un colegio para levantar un acta, mientras que, asegura, dedicó buena parte de su tiempo a "prevenir" conflictos competenciales entre el Gobierno y la Generalitat, vinculados a decretos y leyes educativas. 

Además de esto, la Alta Inspección también tiene como cometido, según la LOE –la última ley que especifica sus funciones–, comprobar las condiciones para la obtención de títulos y para la concesión de becas, así como "velar" por "la igualdad de todos los españoles" en materia de educación, con mención especial a "sus derechos lingüísticos". Si el Gobierno asumiera las propuesta del PP en el Congreso, a ello cabría añadir la actuación "de oficio o a instancia de parte" para hacer inspecciones en centros y garantizar "la neutralidad ideológica y política de los centros docentes". 

Un equipo muy reducido 

Con todo, para reforzar la Alta Inspección no bastaría con extender sus competencias, sino que habría que ampliar sustancialmente el cuerpo. En Catalunya, por ejemplo, la Alta Inspección está integrada  sólo por su director y un inspector –ambos cargos de libre designación–, además de un equipo de funcionarios que les da apoyo administrativo. Nada que ver con los 243 profesionales del cuerpo de inspección catalán, que asume cada uno de ellos una veintena de centros educativos. 

Colomé ve absurda la voluntad de PP y Ciudadanos de intensificar la supervisión en los colegios. "El papel del inspector debe ser de prevención de conflictos: aunque pongas diez, quince o cincuenta personas en la Alta Inspección es improbable que sepan lo que ocurre en las aulas cuando se cierra la puerta", afirma.

Otro de los inspectores consultados para este reportaje, Antoni Domènech, que dirigió la Alta Inspección en Catalunya de 2005 a 2011, ve un motivo de alerta añadido a la hora de dar competencias a la alta inspección para que controlen la actividad de los colegios: que pese a ser personal de libre designación, la alta inspección "podría pasar por encima de la inspección técnica, que accede al puesto por oposiciones, que consisten en capacidades y méritos". 

Domènech recuerda que si la inspección depende de las comunidades autónomas es porque éstas son la Administración educativa en España. No tendría sentido, argumenta, que fuera otra administración la que gestionara y analizara las quejas cuando corresponde en este caso a la Generalitat resolverlas. 

La coordinación entre inspecciones

Desde la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) verían un error que la Alta Inspección interfiriera en las tareas adjudicadas a la inspección territorial. Sí creen que estos dos cuerpos deberían "colaborar y coordinarse" para garantizar un mejor funcionamiento de la supervisión en los centros. "Son competencias distintas, y deben ir coordinadas. La visita al centro es propia de la inspección territorial, si alguien de la Alta Inspección necesita algo sobre este tema debería en ponerse en contacto con los inspectores territoriales", apunta un portavoz de la USIE. 

De hecho, acaban siendo estos inspectores ordinarios los que se encargan de investigar las quejas que el Ministerio de Educación traslada al departamento de Enseñanza, como ha sucedido con los dos requerimientos posteriores al 1 de octubre relacionados con supuestos casos de adoctrinamiento. 

El Ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, habló también de la inspección educativa en su última  comparecencia en la Comisión de Educación,  e invitó a los grupos políticos a que reflexionasen sobre ello  en las negociaciones del Pacto. "Mi impresión es que la alta inspección tiene poca capacidad de reacción inmediata y depende de la buena voluntad y de la buena disponibilidad de la inspección de las comunidades autónomas", apuntó, y aseguró que la intervención de este cuerpo es "subsidiaria". En su caso, no fue más allá en la propuesta. 

Una agencia independiente a propuesta de C's

Este martes se debate también en el Congreso de los Diputados una  propuesta de ley de Ciudadanos sobre la inspección . Con esta iniciativa, la formación naranja pretende crear una agencia independiente que asuma las funciones de la alta inspección. "Es importantísimo para el futuro de España que esta ley se ponga en marcha, los únicos que pueden ponerse en contra de esto son los que cuelgan propaganda, los que manipulan a los niños, los que manipulan libros de texto o los que no cumplen la ley", aseguró Rivera en la presentación de este articulado.

Además de los cometidos actuales de este organismo, Ciudadanos pretende que los profesionales de esta agencia "visiten los centros docentes públicos y privados", accedan a documentación académica y administrativa que precisen, así como que se dirijan a la Fiscalía General del Estado "si aprecian alguna ilegalidad de relevancia o transcendencia penal". De nuevo, asumirían funciones de la inspección territorial.

En la propuesta presentada también incluyen una disposición para garantizar "la neutralidad ideológica del sistema educativo y la protección del denunciante". Entre las medidas destacadas, esta agencia podrá acordar la adopción de "medidas cautelares” contra docentes o responsables de un centro educativo. La formación naranja propone que esta institución esté formada por un director y un consejo, formado por miembros elegidos por el Gobierno.

PSOE y Unidos Podemos, en contra

Unidos Podemos considera que la función de la inspección se debería debatir en la subcomisión del Pacto y no en el pleno, como sucederá con las propuestas de PP y Ciudadanos. "No sé si pretenden reventar las negociaciones, ya que es uno de los temas que mayores desacuerdos puede generar", responde Joan Mena, diputado de En Comú Podem. "El adoctrinamiento no es un problema generalizado y se están realizando de cara a una elecciones catalanas para legitimar su relato", apunta Mena. Sobre este asunto, cree que "hay una competición entre el PP y la formación de Albert Rivera para posicionarse. Su formación, y también el PSOE, según ha podido saber este diario, se opondrán a ambas iniciativas.

Mena, que ha sido muy crítico en el Congreso con la tesis defendida por Ciudadanos sobre el adoctrinamiento en la escuela, considera que con estas propuestas se está "legislando para casos muy concretos". Este grupo considera que esta iniciativa va en contra de la postura defendida por el grupo de Rivera centrada en "adelgazar" la estructura de las administraciones públicas, ya que según sus estimaciones sacarla adelante podría suponer dos millones de euros.

Domènech coincide que "el replanteamiento de la alta inspección habría que hacerlo con calma y consenso". "No se puede hacer en caliente, porque esta comunidad y otras podrían sentirse agraviadas porque invaden sus competencias: se está replanteando el modelo de Estado autonómico y no parece el momento más oportuno", sostiene este inspector barcelonés. 

Uno de cada tres colegios concertados de Madrid puede ser sancionado por cobrar irregularmente a las familias (Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es)

Artículo de Sofía Pérez Mendoza en eldiario.es

• Los inspectores de la Comunidad de Madrid vuelven este trimestre a 167 centros a los que abrieron expediente por incumplir la normativa 

• Educación avisa de que pondrá sanciones si no han subsanado las irregularidades, que suponen la retirada de parte del dinero público con el que funcionan

• La administración ha detectado que estos centros ofrecen servicios en bloque de pago obligatorio o no rinden cuentas adecuadamente con la Consejería

Los inspectores de la Comunidad de Madrid están volviendo desde principios de octubre a los 167 centros concertados de la región a los que abrieron expediente tras detectar irregularidades en su gestión de las actividades extraescolares. Son casi uno de cada tres colegios (32%) visitados por la inspección, que pasó por 522.  Todos los que, según la Consejería de Educación, ofrecen este tipo de servicios fuera de horario lectivo y que son un 92% de los 566 centros privados que funcionan con fondos públicos en la Comunidad. 

Estos centros, según una respuesta del Gobierno de Cristina Cifuentes al Grupo Socialista, no informan a las familias de que las actividades son voluntarias y no lucrativas, no reflejan adecuadamente en la información que remiten a la administración la existencia de estas actividades, las ofrecen en bloque, sin desglosar precios y sin posibilidad de elección o incluyen conceptos erróneos como servicios complementarios. 

Estas actuaciones, confirmadas también por la viceconsejera de Organización Escolar María José García-Patrón, contravienen el artículo 88 de la Lomce, que dice que "en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos". Y la ley prevé sanciones en caso de incumplimiento, a las que hace referencia una resolución de la Comunidad de Madrid de 2016.

"Los inspectores tienen que reflejar si el centro ha subsanado las deficiencias comunicadas. Y en caso contrario se propondrá la medidas previstas en la norma", dijo en septiembre la viceconsejera García-Patrón, que explicó que una vez detectada la irregularidad, la administración debe abrir una Comisión de Conciliación –compuesta por el titular del centro, una persona del Consejo Escolar y otra en representación de la administración– que acuerde medidas para corregirla. Por el momento solo ha abierto una, pese a que se han detectado 166 casos más. 

Lo que sale de esa comisión es de obligado cumplimiento para el centro, que cometería una infracción grave si no actúa como se marca. Estas infracciones conllevan multas económicas que oscilan entre el total y el doble de una parte del dinero público reservado a ese concierto que dejarían de percibir. Concretamente el reservado en las partidas a "otros gastos": entre 6.900 y 9.200 euros por aula al año, según el nivel educativo. 

Multas de más de 100.000 euros

Por ejemplo, en un colegio de Primaria de tamaño medio con dos clases por nivel la sanción ascendería a 124.200 euros por curso. Multiplicada por dos, 350.000. Y a mayor número de aulas, mayor cuantía en la multa. Estas sanciones, no obstante, solo se extienden según normativa durante dos años. Después prescriben. 

Pasa lo mismo con las muy graves, ligadas a la retirada del concierto, aunque los titulares podrían volver a solicitarlo pasados tres años. Para que la administración considere que la sanción llega a este nivel, el centro debe reincidir en incumplimientos graves, como "impartir las enseñanzas objeto del concierto contraviniendo el principio de gratuidad" o "incumplir los acuerdos de la Comisión de Conciliación". 

La normativa –recogida en los artículos 61 y 62 de la LODE– también habla de "incumplimientos leves", que prescriben en un curso, conllevan apercibimiento de la administración y, de demostrarse que tienen como fin último el ánimo de lucro, pueden convertirse en graves.

Son la mayoría de los detectados por la inspección. Entre ellos, "percibir cantidades por actividades escolares complementarias o extraescolares o por servicios escolares que no hayan sido autorizadas por la Administración educativa o por el Consejo Escolar del centro" o "i nfringir el principio de voluntariedad y no discriminación de las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios". 

Cuotas de 148 euros al mes

En cualquier caso, la norma marca un largo recorrido para que la sanción llegue a hacerse efectiva y da oportunidades a los titulares para subsanar las irregularidades, señaladas además de por los propios datos de la Consejería de Educación, por informes de la Organización de Consumidores y Usuarios y más recientemente por dos estudios encargados por la FAPA Giner de los Ríos y CICAE a consultoras privadas. 

Estos últimos concluyen que el 100% de los centros visitados exigen un pago fijo obligatorio que alcanza los 148 euros de media al mes. El 77% de ellos no menciona la voluntariedad de cuotas en la visita informativa de los padres, y de estos el 39% tampoco lo refleja por escrito. Los que sí lo cuentan a las familias y lo ponen por escrito, de manera verbal explican, según los informes, que tienen carácter obligatorio e incluso que "la Administración les obliga a ponerlo así".

La Comunidad de Madrid tiene un volumen de escuela concertada muy superior al de otras regiones. Es la cuarta comunidad autónoma –solo por detrás de Euskadi, Navarra y Baleares–  que dedica más presupuesto público a este modelo educativo: fueron 943 millones de euros en 2014, uno de cada cinco euros del gasto total en educación (20%). La media está en un 14,7%.

Y sigue creciendo este curso. El Gobierno de Cristina Cifuentes ha incrementado la partida para 2017-2018 en 15 millones de euros, lo que se traduce en el aumento de 210 aulas.