El Gobierno se abre ahora a financiar con fondos europeos plazas de Educación Infantil en centros privados (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

 Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

Catalunya, Euskadi y Madrid votan contra el plan de Educación porque rechazan que haya que destinar el dinero obligatoriamente a crear nuevas plazas públicas; Andalucía, que había rechazado los fondos en un principio, se abstiene y los pedirá finalmente

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25 de noviembre de 2021 

El Ministerio de Educación abre ahora la puerta a que los fondos europeos que se iban a destinar a la creación de plazas públicas de Educación Infantil se utilicen para otras cuestiones, como concertar plazas privadas, hacerlas públicas o financiar otros servicios como el comedor, tal y como le han pedido varias comunidades en la Conferencia Sectorial que se ha celebrado este jueves.

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La cartera que dirige Pilar Alegría había diseñado y pactado con Bruselas un plan de tres años para avanzar hacia la universalización y gratuidad del primer ciclo de Infantil, el del alumnado de 0 a 3 años, que aprobó la semana pasada en el Consejo de Ministros. Pero el proyecto de Educación, que establece que los fondos han de destinarse exclusivamente a crear nuevas plazas gratuitas, se ha topado con varias comunidades, que apuestan por otros modelos para el 0-3 y que no acaban de aceptar que tras la financiación del plan durante tres años les toque a ellas seguir poniendo el dinero. España cuenta con una tasa de escolarización media en esta etapa del 36% y una fuerte presencia de centros privados, casi la mitad del total, lo que deja fuera de de los centros a las familias con menos recursos.

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional  Creado con Datawrapper

Finalmente, como el plan está dividido en tres años y ha de aplicarse gradualmente, las comunidades han votado a favor de la ejecución de esta primera partida, que sí deberá estar destinada a crear las plazas públicas porque los fondos son europeos y así se pactó con Bruselas, según han explicado fuentes de Educación. Solo Madrid, Catalunya y Euskadi han votado en contra, cada una por sus motivos. Andalucía, que es la única región que había rechazado explícitamente los fondos a través de una carta que envió al ministerio, se ha abstenido finalmente porque Educación se ha comprometido a negociar con Bruselas que la partida del año siguiente pueda utilizarse para otra cosa distinta a crear plazas.

El sentido del voto emitido este jueves en la Conferencia Sectorial no presupone ni la aceptación de los fondos ni el rechazo de los mismos. Una vez se formalice la aprobación del plan de Educación, las comunidades deberán solicitar una a una su parte (aquí está el reparto completo), por lo que Madrid, Andalucía, Catalunya y Euskadi aún estarán a tiempo de participar del plan. El reparto de fondos debe realizarse antes del 31 de diciembre.

Andalucía acepta los fondos
El cambio de criterio de Educación al aceptar los cambios que han propuesto algunas comunidades ha convencido a Andalucía, que tras anunciar que iba a rechazar el dinero en primera instancia, lo ha aceptado, condicionado el primer año a la creación de plazas públicas, porque tiene el compromiso del secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, de que se flexibilizara a partir del segundo, informa Daniel Cela. Con esta postura, la Junta da marcha atrás a su decisión, expresada por carta a la ministra, de "no participar" en el programa de gratuidad del Gobierno hasta que no cambiasen los criterios, extremo que aún no se ha producido, según fuentes de la Consejería de Educación.

Preguntada por si Andalucía va a crear las 4.023 plaza públicas el primer año, tras aceptar los 37 millones, Educación rehusó ser clara al respecto: "Vamos a esperar a que el ministerio responda a la solicitud de Andalucía", han explicado las fuentes.

El modelo de gratuidad andaluza, basado en bonificar a las familias con menos recursos pero escolarizadas en centros privados conveniados, lo diseñó, desarrolló y perpetuó el PSOE durante sus años de gobierno, y el volumen de escuelas –más de 2.000, el 66,4% privadas– y de personal laboral –15.000 trabajadores– hacía "inviable" cambiar a un modelo 100% público en tres años, sostiene la Consejería.

Madrid, que ha votado en contra, lo ha hecho por los criterios utilizados por el Ministerio para repartir los fondos, "especialmente lesivos con la Comunidad de Madrid. Con el 14,8% del alumnado, nos dan un 10% de los fondos, mientras que a Cataluña, con solo 1,9 puntos más de alumnos, reciben un 44,7% más", ha explicado un portavoz, sin aclarar si pese a todo solicitará la partida. El ministerio replica que los criterios de reparto (el nivel de estudios de la población de 25 a 64 años, que correlaciona con el trabajo y por tanto los ingresos que se tienen; la tasa de escolaridad en esa etapa y la dispersión de la población) se basan en datos objetivos y están destinados a buscar un mayor equilibrio entre autonomías.

Catalunya también ha rechazado el plan porque la Generalitat quiere flexibilidad de criterios y que los fondos no solo se puedan destinar a la creación de nuevas plazas. Aduce Educació que el voto negativo tiene un componente de protesta porque el ministerio diseñase el plan con Bruselas sin consultar a las comunidades y que hace años que está haciendo un esfuerzo para crear estas plazas, un esfuerzo que no se verá reconocido, informa Pau Rodríguez. En una postura similar está Euskadi, que tiene la red 0-2 "muy adelantada" y no cree que este plan resuelva sus necesidades, según un portavoz de Educación.

Otras comunidades que sí han votado a favor, como La Rioja, han valorado "muy positivamente" el plan, que en su caso se concretará en la creación de 154 plazas el primer año, una reacción muy similar a la de Castilla-La Mancha.

Con este acuerdo se cierra esta primera convocatoria, que tendrá continuidad en 2022 y en 2023 en unas condiciones aún por determinar, solo pendiente de que las comunidades soliciten formalmente su parte de los fondos (aquí está el reparto entero). Tras las numerosas quejas recibidas en la Sectorial de este jueves por la obligatoriedad de destinar el dinero a plazas públicas, Educación se ha avenido a negociar que las comunidades puedan básicamente dedicar el dinero a lo que consideren, siempre dentro de la etapa de 0-3. Convertir plazas privadas en públicas, concertarlas o dedicar los fondos a asegurar al pago de servicios como el comedor, como propone Andalucía, por ejemplo, son algunas de las cuestiones que piden las comunidades, pero que tendrá que aceptar Bruselas, que es quien pone los fondos.

Una etapa desigual
El primer ciclo de la Educación Infantil es una etapa particular y muy desigual, independientemente del indicador que se elija para evaluarla. Es desigual entre las comunidades, con grandes diferencias en las tasas de escolarización; es desigual entre las familias, con realidades muy distintas en función de la renta, del nivel de estudios de los progenitores o incluso si la madre está ocupada o no, y es desigual entre los municipios en función de su tamaño.

Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional  Creado con Datawrapper

De media, en España uno de cada tres menores de tres años está escolarizado (un 36% el curso pasado), aunque este es uno de esos datos que apenas es representativo de ninguna situación. Solo la Comunidad Valenciana y Catalunya se encuentran en este parámetro, con un 35,3% y un 34,1%, respectivamente. Después, la escolarización va desde el 17,8% de Murcia o el 18,5% de Castilla y León hasta el 50,3% del País Vasco o el 45,9% de Madrid.

En esta etapa, no obligatoria ni universalizada de facto como sí lo está el 3-6, la presencia del sector privado es más alta: el 46,3% del alumnado está matriculado en centros de iniciativa particular, también con grandes diferencias entre comunidades. Las hay, como Asturias o Extremadura, que rozan el 90% de plazas públicas, o, en el otro extremo, Andalucía solo tiene uno de cada tres alumnos en una escuela de la administración.

Y este factor, la alta presencia de la escuela privada, se traduce en diferencias entre las familias según sea su nivel adquisitivo, uno de los argumentos que utiliza el Ministerio de Educación para defender su apuesta por las plazas públicas: el 52% de las familias que sostiene no tener cubiertas sus necesidades educativas infantiles no recurre a las escuelas por no poder permitírselo, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

En este apartado, argumenta Educación, es donde se dan grandes diferencias entre las familias, que pretende reducir avanzando hacia la gratuidad mediante la creación de plazas públicas. La estadística refleja que las familias con menos recursos presentan tasas de escolarización hasta tres veces inferiores a las más adineradas: uno de cada cuatro hogares en el primer quintil de renta (el 20% que menos gana) lleva a sus hijos a centros de educación infantil, mientras en el quinto quintil (el 20% que más gana) son un 62,5%.

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, INE  Creado con Datawrapper

Alrededor de este dato orbitan otros dos, que ahondan en las desigualdades entre familias en el acceso a las escuelas infantiles: las familias cuyos progenitores tienen estudios superiores presentan una tasa de escolarización del 49,6%; las que no pasan de los estudios obligatorios se quedan en un 31,3%. Una diferencia similar se da en función de que la madre trabaje o no: las familias en las que tienen un empleo duplican el uso de escuelas infantiles de las que no lo tienen.

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Mascarillas (Manuel Menor)

 Otras mascarillas tras la COVID-19

¿El esfuerzo de los docentes y sanitarios en los meses de pandemia volverá a ningunearse con decisiones que  propicien su precariedad? 

El solsticio de verano es una posición del Hemisferio Norte respecto al Sol en que proliferan los rituales festivos, las hogueras de San Juan y el recuerdo de tradiciones milenarias que tratan de reconciliarnos con una armonía de la Naturaleza que no controlamos. Este año, en muchos lugares esta tradición ha tenido restricciones a causa de la pandemia, por más que acaba de cesar la obligatoriedad de las mascarillas en espacios exteriores y la cifra de vacunados supera los 15 millones. Por fortuna, el descontrol de la Naturaleza ha hecho que invocáramos más a la Ciencia; el que “inventen ellos” parecía reivindicar como propia  la contemplación, pero este año se ha reclamado una inversión sistemática para depender menos de los inventos que la ignorancia no remedia; las vacunas de la Covid-19 lo han evidenciado. 

Este San Juan nos ha evidenciado también un gran desajuste con el pacto constitucional que venía rigiendo la convivencia. De hacer caso a lo declarado por los indultados del procés, es muy probable que haya servido de poco la generosidad de este Gobierno para un “diálogo” fructífero y tranquilo. Y de atender a los tres sectores de derechas que se sientan en el Congreso, a las quejas ante los tribunales,  a la prensa amarilla, y al número que montan quienes alegan  sentirse humillados y ofendidos, parece que  el panorama político se inclina hacia la frustración. A este amplio grupo de supuestos afectados, no les vale que la cúpula empresarial, la prensa internacional más influyente o la Comisión Episcopal, hayan bendecido el expectante cambio que podrían derivarse de estos indultos. Se sienten –dicen- traicionados por un Gobierno que no tendría otra aspiración que vivir en la Moncloa, e igual que los “acusicas”, que a la mínima se “chivan” al maestro para preservar su intangibilidad, han ido a Bruselas a decir que estos chicos que gobiernan en España son tramposos de origen y merecen ser castigados no dándoles, por ejemplo, el dinero de la recuperación pospandémica. 

No se acuerdan de la leña que han echado al fuego y se hacen los indignados sin reconocer que no tienen alternativa para un conflicto tan serio. Es curioso, por otro lado, que para pintarlo, tanto los benevolentes como los indignados han recurrido al lenguaje religioso. Estos días vuelan por los aires palabras de perdón, “acto de fe”, “indulgencia plenaria”, caridad cristiana, diálogo o concordia, e Iceta dijo en el Congreso preferir el Nuevo Testamento, el del perdón. Esta recreación simbólica de la cultura hegemónica en la confesionalidad proporciona un marco recurrente para explicarse, aunque de poco valdrá si su antropología subyacente no avanza más allá; argumentos para el anatema y para el perdón no faltan en ese círculo de lo religioso, donde siempre ha habido de todo, incluso en algunas de las parábolas neotestamentarias. No debiera olvidarse que, siguiendo la dureza veterotestamentaria, judíos llegados a Palestina en 1947 no han cesado en la intolerancia en ese área;  y tampoco, que cuanto menos entendimiento mostraron nuestros antepasados, más tuvo que dibujar Castelao a Atila paseándose por Galicia en los años 30 del siglo xx, igual que Goya a comienzos del siglo xix, en un supuesto panorama de menor secularidad que el actual.

 Café para todos

Parece, pues, que haya que espabilar y no quedarse en el inmovilismo de las metáforas; la interpretación de la “unidad de España” requiere para su “utilidad pública” una flexibilidad que no tiene el nominalismo a que se la quiere reducir. Habrá que modernizar, en lealtad  con el entendimiento colectivo, ese bagaje sentimental, tan apto para no entendernos, empezando por reconocer que, incluso para los mínimos acordados en la CE78, hubo fuertes desavenencias y que, entre lo que más guerra dio, estuvo el “café para todos” de Manuel ClaveroArévalo, con  una descentralización administrativa de la territorialidad peninsular,  pretextada en la igualdad y la solidaridad, dos actitudes difíciles de aprender.

Aquellos tiempos de la Transición no fueron unánimes, pero fueron vitales para una evolución acorde con las necesidades de la convivencia y la modernidad. Desde 1978 tenemos un  modelo de Estado descentralizado que reparte los recursos para ejercer competencias en ámbitos de gran importancia para los ciudadanos, entre que sobresalen la Sanidad, la Educación o la atención a unos servicios en que tiene creciente relevancia la Dependencia de los mayores. El ejercicio diferencial de prestaciones rige desde entonces, pero una interpretación rígida del Título viii, sobre “la organización territorial del Estado”, propicia el conflicto comparativo, que no es seguro pueda evitarse del todo con fórmulas más federales, confederales o como quieran denominarse. 

En Educación, en particular, tampoco ha sido fácil el intento de armonizar un café homologable para todos; pesan las tensiones sociales, no todas de igual dimensión en cada territorio, como también lo hace el influjo diferencial de los interesados en una educación democrática y democratizadora. Las competencias educativas que, desde los años noventa, se fueron extendiendo a todas las Comunidades son formalmente las mismas, pero su desarrollo es muy distinto en unas u otras, además de que tampoco con la descentralización tienen todos necesariamente la educación que se les debe en derecho. La simetría formal se traduce a menudo en  resoluciones y resultados muy diferentes en cuanto a equidad de atención a los niños y niñas; al final, desde el valor que los ciudadanos atribuyen a la teórica proximidad de un servicio fundamental para su bienestar, pueden estarse fortaleciendo las brechas de la desigualdad: desiguales recursos, desigual atención a las necesidades reales, desigual eficiencia, y desiguales valores convivenciales a desarrollar en los centros.   

Lo legal y lo justo

Si el ejercicio competencial no es homologable en equidad, de poco nos vale que -contando solamente los diez últimos años- hayamos conseguido que la expresión “plan de estudios” aparezca 54.231 veces en el BOE, o que “interés píblico” sea mencionado 8.374 veces; no vamos a ningún lado  si en ese afán administrativista por el “dominio público” y las “concesiones”, los elásticos decretos-ley no cuidan los mimbres del bien común y la verdadera utilidad de cuanto concierne a todos. Un signo de que la precariedad democrática puede ser –como está mostrando la Covid-19- tanta o más solapada que en las viejas políticas centralistas, es que las actuales no sean homologables en equidad, como muestran reiteradamente todos los informes educativos, las reclamaciones de los sindicatos y las de las AMPAS. Una vez descubierto con la Covid-19 que la fortaleza que hayamos tenido para superar sus graves problemas ha dependido de un Estado reconvertido al  keynesianismo, mal va a casar que, en nombre de la libertad, volvamos a políticas obsesionadas por los recortes y privatizaciones, como ya se aventura en algunas comunidades para el curso entrante. Si el ejemplo dado por docentes y sanitarios en estos meses pasados se vuelve a ningunear con precariedad para los más pobres, muy grave se pondrá la cohesión unitaria. 

Está trazado el camino a recorrer y, como muestra la cuestión catalana, no va a ser fácil continuar todos unidos; 2.030 veces  ha contabilizado Eva Belmonte la palabra “indulto” en el BOE, y son muchas más las amnistías e indultos que tenemos que hacer con cuanto no hemos sabido gestionar con más respeto a las diferencias en una unidad que ha de reinventarse cada día. No son pequeños, además, los inconvenientes que ponen cuantos pelean por sostener distancias inaceptables, como pretende Orbánen Hungría en cuestiones de homofobia y educación, o sus homólogos en algunas autonomías españolas. Educar directamente para sostener la diferencia como problema ni es democrático ni inteligente: ponerse la mascarilla de lo natural para violentar la biodiversidad humana nos deshumaniza.

Manuel Menor Currás

Madrid, 26.06.2021

Gobierno y comunidades pactan que el próximo curso las clases tengan más alumnos y menos distancia de seguridad (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

 Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

• Educación pide a las comunidades que mantengan el número reducido de alumnos por aula del curso anterior y las contrataciones de profesores, pero la decisión quedará en manos de los Gobiernos autonómicos; Sanidad se abre a vacunar a los jóvenes de 12 a 16 años antes de que empiece el curso

• — Digitalización, formación del profesorado y equidad: así va a gastar el Gobierno los fondos europeos en Educación

19 de mayo de 2021

Habemus plan de inicio de curso, al menos de momento. Gobierno y comunidades autónomas han acordado este miércoles cómo será el próximo año académico, que parece diseñado en base a un escenario en el que el coronavirus contagiará menos. Pero el curso arrancará con la posibilidad de volver a las clases más grandes (hasta 25 en Infantil y Primaria), romper los grupos burbuja en 4º y 5º de Primaria y menos distancia de seguridad, que se permitirá bajar de 1,5 metros a 1,2 metros. Varias comunidades querían rebajar aún más esta distancia, aunque finalmente no se ha considerado. "No conozco a nadie que quiera 1,5 metros de distancia, algunos querrían bajar a un metro", ha explicado la ministra Isabel Celáa tras la reunión. Un documento de Sanidad y Educación explica que "se recomienda que en espacios cerrados con gente donde las personas pasan periodos de tiempos más largos la distancia sea mayor a un metro cuadrado".

Además, también se ha acordado apostar por la presencialidad absoluta en todas las etapas (solo cuatro comunidades han aguantado el curso entero con todo el alumnado a diario en los centros) en función de los indicadores de incidencia del coronavirus. La suma de grupos más grandes y apuesta por la presencialidad apunta a que se prescindirá el próximo curso de, al menos, una buena parte de los 35.000 profesores de refuerzo contratados durante 2020-2021 para bajar la densidad de estudiantes por aula.

Sí se mantienen los llamados grupos burbuja en Infantil y los primeros cursos de Primaria (hasta 4º, incluido), en los que el alumnado no necesita mantener distancia de seguridad entre sí, aunque no se puede mezclar en los espacios comunes con otros grupos. En los últimos cursos de Primaria, 5º y 6º, se permite a las comunidades elegir si mantener los grupos burbuja (aislados y sin distancia) o tratarlos como a la ESO o el Bachillerato y la FP (al menos 1,2 metros de distancia y todos los alumnos que quepan en un aula hasta el máximo de 25 que marca la normativa estatal). Se mantiene, como este año, el uso obligatorio de la mascarilla a partir de los seis años (1º de Primaria), la toma de temperatura y la higiene de manos obligatorias al entrar al centro y la obligatoriedad de que cada colegio tenga un responsable COVID.

Las medidas pactadas no han tenido demasiada buena acogida entre los profesionales de la educación. Los principales sindicatos educativos, las federaciones de directivos y profesores de toda España a través de las redes sociales han expresado su rechazo a título personal a la ampliación de las ratios y la disminución de la distancia de seguridad. La primera medida, por ser educativamente regresiva, aducen. La segunda, por no estar sostenida por ningún criterio científico. ¿El virus contagiará menos en septiembre?, se preguntan.

Además, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha informado en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud de que los adolescentes de 12 a 16 años podrían ser vacunados antes de que empiece el curso escolar. Darias ha explicado que si la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueba la solicitud de Pfizer para poder vacunar a los jóvenes, se trasladará la posibilidad de inmunizar a este grupo de estudiantes al Consejo Interterritorial de Salud. Si este lo aprueba, ha afirmado la ministra, se procederá a vacunar a esta población, idealmente antes de que empiece el curso escolar en septiembre. Quede por ver cómo afectará este hecho, si se produce, a la programación del curso escolar.

Ratio pre-pandemia

Uno de los principales cambios de lo acordado este miércoles y la propuesta que realizó el Gobierno a las comunidades autónomas la semana pasada, sobre la que los gobiernos autonómicos han realizado sus aportaciones, es el aumento del tamaño de las clases, que en la primera versión estaba fijado en 20 alumnos por clase para Infantil y 25 para Primaria y ahora se amplía a 25 para todos. El curso que acaba ahora se pactó que se realizara con unos máximos (teóricos, no se han respetado en todas las comunidades) de 20 alumnos por clase en los grupos burbuja, aunque legalmente las ratios nunca se llegaron a cambiar. El nuevo plan supone permitir, de facto, la vuelta al número de alumnos reales prepandemia (25 en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato, con carácter general).

Educación recomienda a las comunidades que mantenga las ratios bajas, pero su postura no pasa de la recomendación. "Es una medida sanitaria", ha afirmado la ministra Celáa, que ha descargado en el Ministerio de Sanidad esta decisión. La responsable de Educación ha defendido la importancia de esta medida, aunque el ministerio ha evitado bajarlas por ley. "La pandemia ha puesto de manifiesto las fortalezas de nuestro sistema educativo. Como en todas las crisis, también en esta situación sin precedentes hemos de ver una oportunidad para que el sistema avance. Algunas de las medidas adoptadas con carácter extraordinario deben permanecer para consolidar el gran cambio que estamos impulsando en nuestro sistema educativo", ha solicitado. Este curso se han contratado entre todas las comunidades más de 35.000 docentes para reforzar las clases.

El plan aprobado también plantea distintas medidas en función de cómo evolucione la pandemia. Así, se plantea mantener la máxima presencialidad y la distancia de 1,2 metros entre el alumnado en aquellas comunidades en un escenario de riesgo 1 o 2 (una IA a 14 días máxima de 150 y una tasa de ocupación de las UCI de un 15%), pero se podrá pasar a semipresencialidad a partir de 3º de la ESO y ampliar la distancia a 1,5 metros si se superan esas cifras.

Los sindicatos docentes y las asociaciones de directivos de centros públicos han aireado su disgusto por la vuelta a la era prepandémica en cuanto a las ratios. El curso, con todas sus dificultades y sin entrar a valorar otras cuestiones, ha funcionado bastante bien con ratios reducidas desde el punto de vista meramente educativo, explican, y desandar ese camino es perder una oportunidad. CCOO ha mostrado "su más absoluto desacuerdo con las rebajas de esta medidas: volver a las ratios anteriores (...), disminuir la distancia de seguridad (...), prescindir del profesorado Covid (...), sobre todo cuando la pandemia no está superada", lamentan en una nota. El sindicato calcula que haría falta prorrogar las 35.312 contrataciones de este curso y sumarles otras 30.000 incorporaciones "para garantizar la educación presencial en todos los niveles". Según CCOO, garantizar esta presencialidad manteniendo un bajo nivel de ratios le costaría al Estado 2.654 millones de euros (el 0,24% del PIB).

El Gobierno propone la vuelta completa a las aulas el curso que viene con distancia y mascarilla (Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es)

Artículo de Daniel Sánchez Caballero para eldiario.es

Educación y Sanidad proponen la vuelta a las aulas en Secundaria, Bachillerato y FP, que en muchas comunidades han estado en régimen de semipresencialidad, aunque el Gobierno matiza que es una propuesta sujeta a cambios; la decisión se tomará el miércoles que viene en la reunión entre Gobierno y comunidades autónomas

13-5-2021 

El Gobierno ha propuesto a las comunidades autónomas recuperar la presencialidad en las aulas de cara al curso que viene en Secundaria, Bachillerato y la Formación Profesional. Para ello, el Ejecutivo propone que se mantengan durante el curso las medidas de seguridad que se han implementado este año, como el uso de mascarillas a partir de los seis años o la distancia interpersonal. La novedad a este respecto es que la propuesta permite flexibilizar (reducir) esta distancia a 1,2 metros para permitir que quepan más alumnos en las aulas y hacer posible este retorno, que el Ejecutivo considera necesario por motivos de rendimiento académico, bienestar emocional y equidad. Este curso se partía, a priori, de una distancia de 1,5 metros.

Así figura en el documento Propuesta de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022 que el Gobierno ha enviado a las comunidades para que lo evalúen de cara a la reunión de la Comisión de Salud Pública de esta tarde. La decisión definitiva se tomará, en principio, el próximo miércoles en la reunión conjunta entre el Ministerio de Educación, el de Sanidad y las comunidades autónomas.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ya había advertido ayer de que su intención era que hubiera una vuelta generalizada a las aulas. España es, junto con Suecia, el país europeo que más ha mantenido los colegios abiertos. Según Educación, el número de aulas cerradas nunca ha superado el 2% (sobre un total de 420.000), lo que el ministerio considera un éxito.

El documento plantea distintos escenarios en función de la evolución de la pandemia y los niveles de alerta en que se encuentren durante el curso. Así, las que estén en el 1 o el 2 garantizarán la máxima presencialidad en todas las etapas, y si el nivel de alerta subiera al nivel 3 o al 4 se podría pasar a la semipresencialidad al alumnado a partir de 3º de la ESO. Algo parecido sucedería con la distancia de seguridad: se permite flexibilizarla a 1,2 metros (este año ha sido 1,5) con el fin de que entren más alumnos en cada clase, aunque habría que volver al metro y medio en el caso de que suba el nivel de alerta.

El sindicato CSIF se pregunta a qué se debe este cambio en la distancia de seguridad. "Reclamamos al Gobierno que nos aclare cuáles serán estos nuevos requisitos para el próximo curso escolar 2021-22 y los criterios científicos que justifican las medidas de seguridad e higiene anunciadas hoy, como la de reducir las distancias en las aulas", reflexionan en una nota de prensa enviada este jueves. "No es razonable (...), reclamamos que se mantenga este requisito, que permite también reducir las ratios de alumnado por clase y supone un incremento del número de profesores", sostiene la organización.

Grupos burbuja más grandes, sin ratios en Secundaria

La propuesta del Gobierno incluye mantener los grupos de convivencia estable que ha habido este año en Infantil y Primaria, y fija un máximo de 20 alumnos por grupo en Infantil y 25 alumnos en Primaria (este curso han sido, en teoría, 20 en ambas etapas). En Secundaria y Bachillerato no hay más límite que el que marquen las ratios habituales (30 y 35 alumnos por aula con un margen extra del 10%). El texto se limita a recomendar que los grupos sean lo más reducidos posibles. Para la FP la propuesta es una distancia de seguridad de 1,2 metros, ampliable a 1,5 metros en los escenarios peores. En todos los casos se mantiene el uso obligatorio de la mascarilla a partir de Primaria (seis años). Para el curso que viene se propone en Secundaria y Bachillerato permitir la interacción entre grupos del mismo curso.

Por último, se mantiene la toma de temperatura a la entrada del centro educativo y las medidas higiénicas de limpieza y ventilación de las aulas (resumidas en: lo máximo posible, idealmente de manera continua), se propone realizar todas las actividades al aire libre que sea posible y no se recomienda la compra generalizada de medidores de CO2 más allá de usos puntuales si existen dudas sobre los niveles de la calidad del aire en las aulas. También seguirá existiendo la figura del responsable COVID

Queda por ver las modificaciones que plantean las comunidades autónomas a esta propuesta el próximo miércoles, cuando se vean las caras los ministerios de Educación y Sanidad con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas. Ese día se aprobará, en principio, el documento definitivo. A partir de él, los gobiernos autonómicos tendrán que definir su estrategia específica para el curso que viene, lo que incluye el tamaño que van a tener las clases y, por tanto, la contratación o no de más profesores de refuerzo, como ha sucedido este año.

Gobierno y comunidades descartan cerrar los colegios por el incremento de los contagios (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

 Publicamos esta información de ELDIARIO.ES

¿Qué hacer con la vuelta al colegio? Acaban las vacaciones navideñas, suben los casos de contagio en España y familias, profesores, sindicatos y expertos debaten en torno a cómo afrontar la (temida, al menos en algunos sectores) vuelta de la actividad educativa. ¿Debe mantenerse el retorno como estaba planeado? ¿Es conveniente retrasarlo? Mientras en algunos países europeos como Reino Unido, Alemania o Dinamarca ya han decretado el cierre de los centros durante un tiempo para tratar de contener la pandemia, en España hay regiones donde ya se ha vuelto y de momento solo Extremadura ha decidido que los alumnos de la ESO en adelante no regresen a la actividad presencial por la alta incidencia de la COVID en la región (la mayor del país, 716 casos por 100.000 habitantes, frente a los 321 de media según datos de este jueves).

Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, la han retrasado atendiendo al otro elemento que preocupa a los actores implicados: la ola de frío que recorre España en un escenario en el que la ventilación de las aulas es imprescindible. Docentes de aquellos lugares donde este jueves ya han dado clase han dejado constancia de las condiciones sufridas durante la primera jornada del temporal. "No he pasado más frío dando clase en mi vida", explicaba un docente. La mayoría de las comunidades, de momento al menos, mantienen la fecha prevista o como mucho la aplazaron ya hace unas semanas hasta el próximo lunes. En cualquier caso, algunos gobiernos autonómicos están evaluando la situación y podrían cambiar de parecer según evolucione el fin de semana.

Mario Gutiérrez, del CSIF, explica que hay "mucha inquietud en los centros", protesta porque las decisiones se toman "de forma unilateral por parte de las administraciones" y pide que "se actualicen los protocolos" ante unos datos "preocupantes". Tanto él como Mari Luz González, responsable de acción sindical de STES, lamentan que ninguna comunidad tienen un plan claro para la vuelta que pase por hacer test masivos al alumnado y profesorado –aunque hay regiones como Andalucía que sí los han anunciado–.

En los últimos días, son varias las voces que piden que al menos se retrase la vuelta a los centros educativos para mitigar el posible, dicen, aumento de los contagios tras el periodo vacacional. Las peticiones vienen tanto de personas individuales como de algún médico o dirigente político. En Catalunya hay cierta polémica en los últimos días a raíz de la publicación de una carta, firmada por una veintena de científicos, en la que le piden a la Generalitat que retrase la vuelta alegando que la tasa de positividad casi duplica el valor recomendado (9,51% frente al 5%) y la mayor infectividad de la cepa británica.

El director general de Centres Públics d'Educació, Josep Cambray, ya ha rechazado la petición bajo el argumento de que "los beneficios de las escuelas abiertas superan los riesgos" y porque "los expertos también nos decían de no abrir en septiembre y la experiencia ha sido un éxito". También la Sociedad Catalana de Pediatría (SCP) ha rechazado las afirmaciones respecto a la seguridad y sostiene que "en algunos entornos de la comunidad científica se ha hecho una interpretación errónea" de los datos asociados a la cepa británica: "El grupo de menores de 9 años estaría hiperrepresentado [en el informe que respaldaría esta supuesta infectividad] porque las escuelas estaban abiertas y el resto de la población confinada. Así, esta variante del virus no afecta más a los infantes y mantiene una afectación por franjas de edad similar a la anterior", explica la SCP.

En una línea similar se manifiesta el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés) en un informe del pasado 23 de diciembre: "Hay un consenso general en que la decisión de cerrar escuelas para controlar la pandemia de COVID-19 debería utilizarse como el último recurso. El impacto físico, sobre la salud mental y la educación de los niños de cerrar las escuelas, además del impacto económico a nivel global, sería mayor que los beneficios" de hacerlo. Un mes antes, la Comisión Europea había aconsejado retrasar la vuelta al menos una semana pasadas las vacaciones.

Hasta el Gobierno ha entrado en la cuestión. María José Sierra, subdirectora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha explicado este jueves que el centro no recomienda actualmente cerrar colegios. "Durante todos estos meses abiertos ha sido uno de los ámbitos en los que mejor comportamiento ha habido y más control", ha ahondado en esta línea de argumentación. "No ha habido brotes importantes, ha habido casos sueltos enseguida controlados y confinados. Habría muchas más medidas que tomar a nuestro entender técnico antes que el cierre de colegios", explicó en rueda de prensa.

Un cierre asociado al confinamiento

Enric Álvarez, investigador del grupo BIOCOMSC de la Universidad Politécnica de Catalunya, explica que el cierre educativo solo tiene sentido en un contexto determinado: "La discusión debería ser si con las incidencias actuales se debe hacer un confinamiento total o no", comenta. ¿Cree este experto que debe haberlo? "Si solo hubiera implicaciones epidemiológicas habría que cerrar, pero hay más cuestiones a considerar", expone.

El pediatra y epidemiólogo clínico Quique Bassat también se manifiesta "abiertamente en contra de retrasar la vuelta". Este experto compara la situación actual con la que se vivió en agosto, cuando se decía que la apertura de los centros educativos iba a ser un desastre (que los datos desmintieron) y explica que "los colegios reflejarán la transmisión de las comunidades, que es alta, pero no la amplifican. Son una buena barrera de contención, un mecanismo para aislar positivos de los niños y que estos no contribuyan a diseminar el coronavirus". Pero también tiene una petición para esta vuelta: "Si se mantienen las escuelas abiertas uno de los factores adicionales que deberíamos incluir en los planes es que los profesores sean personal prioritario para la vacunación", propone. Los docentes forman un grupo propio dentro de los 15 establecidos por el Gobierno en su plan de vacunación, pero no está entre los prioritarios.

Dicen los opositores a la vuelta que el informe del ECDC no contempla las nuevas variantes de la COVID, en alusión a la ínclita cepa británica, a la que se le presupone una mayor capacidad de contagio. El propio estudio del centro europeo advierte de este extremo, en efecto. Pero los expertos advierten de que no hay evidencia científica que respalde esa presunta capacidad infectiva. Y que lo sí está demostrado es que los niños transmiten menos la infección.

"Los niños pequeños se infectan menos, aunque sí hay mucha discusión sobre si transmiten igual o menos", ilustra Álvarez, de la UPC. "Pero como se infectan menos hay indicios de que transmiten menos también. Con las mascarillas, las distancias y la ventilación, en un entorno de movilidad regulado (esto no es como la universidad) tienen menos tendencia a generar cadenas", argumenta.

Bassat añade a estos argumentos de tipo sanitario otros de tipo actitudinal. "Mirando el histórico de los niños, los datos confirman muy bien la evolución, qué pasa cuando están en el colegio, bien controlados, y cómo se desmadra la situación cuando no están bajo este paraguas de vigilancia. Entre septiembre y mediados de diciembre es cuando más baja ha sido la transmisión en el grupo de edad de los niños. Y ha sido empezar las vacaciones y ha vuelto a aumentar la transmisión entre ellos", sostiene. La Sociedad Catalana de Pediatría apunta en la misma dirección en su comunicado de ayer: "La incidencia relativa en los menores ha sido menor respecto a la población general en meses plenamente escolares", escriben. "En verano, hay indicios de que la incidencia relativa en los niños subió; menos vigilancia o más interacción con adultos más contagiosos pueden ser posibles razones".

Álvarez sí explica que tampoco es lo mismo hablar de Primaria que de Secundaria. Tanto a nivel de transmisión entre personas como de sus hábitos sociales y la movilidad que tienen como grupo, factores ambos que influyen en su capacidad de transmitir el virus. "Sabemos que es diferente. A partir de los 12 años, quizá hasta los 14, va aumentando la capacidad de contagio hasta los 16, quizá 18 años. Hay una diferencia clara entre la Primaria y la Secundaria, sobre todo la postobligatoria", explica. "Además, la estructura de movilidad es diferente entre ambas etapas. No está tan bien documentada como la de la Universidad en cuanto a contactos, interacciones, etc. pero sí sabemos que es diferente, el ECDC también lo explica así". Aún así, mantiene, la recomendación del centro europeo sigue siendo mantener abierto porque los beneficios superan a los inconvenientes. La misma línea de actuación que recomienda Álvarez en base a la información disponible. "A menos que haya un confinamiento completo", recuerda.

El frío gélido en las aulas

Y parece, al menos por el momento, que esa va a ser la vía. Mientras, profesionales y familias se preocupan también por la otra realidad, quizá más inmediata: el frío gélido en las aulas los próximos días. María Luz González, responsable de acción sindical de STEs, lo expone con crudeza: "De Madrid para arriba, con un frío gélido, si la COVID no acaba con los alumnos lo hará el frío. Van a estar dando clase con temperaturas bajo cero, cuando no se debería trabajar por debajo de 17º", advierte. En Aragón, al menos en algunos de sus centros, esto ya ha ocurrido este jueves 7, donde se ha impartido clase con las ventanas abiertas mientras fuera nevaba. "La calefacción encendida desde las cuatro de la mañana y con frío en las aulas, no puede ser de otra manera con las ventanas abiertas", explica una profesora.

En este contexto, al menos parte de Aragón y la Comunidad Valenciana han vuelto a las aulas. Este viernes tienen previsto hacerlo en Baleares, Asturias y Galicia. El próximo lunes, si se mantienen las previsiones, será el turno de Madrid, Cantabria, Catalunya, Canarias, Castilla y León o Navarra. Otras como el País Vasco, Andalucía o Murcia tendrán una vuelta escalonada por provincias, municipios o incluso centros.

El Ministerio asegura que el adelanto de la matriculación no tiene efectos reales (ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

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• El presidente del PP, Pablo Casado, aseguró el pasado fin de semana que las comunidades gobernadas por su partido y el cualición con Ciudadanos, adelantarán el periódo de matriculación para el próximo curso para no verse afectadas por la Lomloe.
• Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación ha asegurado que se vería afectado, como en otros procesos de escolarización, este trámite para el próximo curso. Nada más.

Esta mañana se ha celebrado una nueva Conferencia Sectorial que ha vuelto a reunir a todas las administraciones autonómicas y centrales. Sobre la mesa, el balance de los primeros tres meses de curso 2020-2021. Según la ministra Celaá, comunidades y Gobierno se encuentran satisfechos por el camino que ha ido tomando este curso y sobre la decisión de la vuelta a las aulas en todas las etapas.

Las cifras que ha expuesto Celaá en relación a contagios y cierre de centros le dan la razón. En la última semana han disminuido todavía más los cierres de centros educativos. Aseguró la ministra que nunca han sido más de 35 en todo el país al mismo tiempo. Menos del 0.2% del total. Al mismo tiempo, nunca han sobrepasado el 2% las aulas cerradas en España en este tiempo en una semana.

«Esta semana, ha dicho la ministra, solo hay un 0,04% de centros cerrados y solo el 0,7% de las aulas están en cuarentena, frente al 0,9% de finales de septiembre». La tendencia parace corroborarla las cifras que ofrece el Ministerio de Sanidad cada viernes, en las que aparecen los datos de brotes nuevos y contagios asociados, en centros educativos, en los últimos días.

Boicot a la Lomloe

Pablo Casado, presidente del PP, anunciaba este fin de semana que las comunidades autónomas gobernadas por su partido, en solitario o en coalición con Ciudadanos (y el apoyo de la extrema derecha), harían boicot para frenar los efectos de la futura ley de educación, la Lomloe. Hoy por hoy el texto se encuentra en el Senado. Este jueves se debatirá el informe de la ponencia que pasará al pleno el viernes, 18 de diciembre.

El boicot consistiría en el adelanto de los procesos de escolarización para el próximo curso 2021-2022 con el objetivo de que los preceptos relativos a la demansa social y la libertad de elección de centros sigan todavía vigentes y, de esta manera, se ofrezca protección, al menos en dichas comunidades autónomas, al statu quo actual. Hasta que no se apruebe la Lomloe (tras el paso por el Senado tendrá que volver al Congreso para su ratificación definitiva), los peridos de matriculación para el próximo curso seguirán rigiéndose por la ley en vigor, es decir, la Lomce.

Tanto la ministra Celaá como el secretario de Estado, Alejandro Tiana, han quitado hierro a las declaraciones de Casado y a la intención de torpedear la ley desde las comunidades autónomas que controlan. Tanto una como otro han hablado de que ya en otros cursos anteriores se han adelantado dichos procesos y que, en cualquier caso, la decisión de ese adelanto de fechas, solo afectaría al proceso de matrícula, no al desarrollo posterior de la ley.

Satisfechos

Isabel Celaá ha dedicado buena parte de su intervención tras la Sectorial a destacar lo positivo de la decisión adoptada a finales de agosto (y «a pesar de las presiones mediáticas», ha dicho) para reabrir las escuelas tras las vacaciones de verano. Ha vuelto sobre la idea de la importancia de la educación presencial, mayor que los «posibles riesgos» de que niñas, niños y jóvenes volvieran a las aulas a pesar de que las cifras de contagio, en aquel momento, estaban en aumento.

En las últimas semanas, poco a poco, las cifras de brotes y contagios asociadas publicadas por el Ministrio de Sanidad han ido mostrando, primero, el estancamiento en su número y, después, un ligero descenso de los datos. Según los últimos disponibles, del viernes 11 de diciembre, se habían registrado  91 brotes nuevos, a los que se asociaban 593 casos de contagios.

La semana anterior se habían contabilizado 157 brotes con 1.028 casos asociados y en la del 27 de noviembre fueron 223 brotes con 1.293 casos asociados.

El miedo, lógicamente, es qué puede pasar en las próximas semanas, cuando comiencen las vacaciones navideñas a partir de este viernes, y hasta después de la fiesta de Reyes. La ministra Celaá ha insistido en la necesidad de que todas las familias se tomen en serio las medidas de precaución y limiten todo lo posible los encuentros sociales y familiares para evitar nuevas oleadas de contagio o que estas lleguen a ser un problema para la vuelta a las aulas en enero.

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Las comunidades gobernadas por el PP adelantarán la inscripción del próximo curso educativo para retrasar la ley Celaá (ELDIARIO.ES)

Las comunidades gobernadas por el PP adelantarán la inscripción del próximo curso educativo para retrasar la ley Celaá (ELDIARIO.ES)

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Las comunidades autónomas gobernadas por el PP en solitario o en coalición con Ciudadanos (Galicia, Castilla y León, Andalucía, Madrid y Región de Murcia) adelantarán el plazo de inscripción para el próximo curso escolar para sortear las "limitaciones" en la elección de centro contempladas en la ley Celaá.


Así lo ha asegurado Pablo Casado durante su visita a una cooperativa de distribución mayorista farmacéutica de Murcia, justificando esta decisión en que las familias puedan seguir "eligiendo libremente" el centro educativo para sus hijos.

Tras repetir que el PP derogará esta "injusta" norma cuando vuelva a gobernar y que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional y la UE, Casado ha enfatizado que su partido hará "todo lo posible" dentro del marco competencial autonómico para que la "mala" Ley Celaá "no afecte a la libertad de las familias, la calidad educativa y la vertebración del sistema nacional de educación".

En el caso de Galicia, la única comunidad gobernada por el PP con dos lenguas cooficiales, el presidente de los "populares" ha apuntado que se mantendrá el castellano como "vehicular, al igual que el gallego", y se añadirá el inglés para pasar del "bilingüismo al trilingüismo cordial".

Casado ha indicado que estas cinco autonomías van a seguir "fomentando la cultura del esfuerzo y la competitividad” frente a la posibilidad introducida por la nueva ley educativa, que se está tramitando actualmente en el Senado, que permite pasar de curso con asignaturas suspensas.

Por otra parte, el presidente del PP ha propuesto al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, un pacto de Estado por la investigación para dedicar inmediatamente al sector un dos por ciento del PIB español, además de reclamar recursos públicos y privados para combatir enfermedades y mejorar la salud de "muchos" enfermos.

Casado también ha mostrado su "plena colaboración" al Gobierno para que comience lo antes posible el calendario de vacunación contra el coronavirus. Finalmente, ha abogado por la "transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad" en la gestión de los fondos europeos y ha mostrado su temor a que el ejecutivo español favorezca a los ejecutivos autonómicos socialistas y a empresas mediante una gestión "clientelar".

¿Son fuertes las instituciones? (Manuel Menor)

Manuel Menor nos envía este artículo:

La propia Ciencia es puesta en cuestión por quienes tienen que tomar decisiones que no se atreven a tomar.

Cuando se habla de las instituciones, no queremos tener en cuenta que son fórmulas organizativas que los humanos nos damos para que parezca que somos racionales. Olvidamos el lado irracional que también tenemos, que puede hacer que se queden vacías de sentido mientras seguimos diciendo que son fuertes o débiles, cada cual según vea o le interese.

¿Cogobernanza?

Hace nada, la abanderada reunión de la Puerta del Sol insistía en la unidad y la cogobernanza; nos vendían la idea de que se iban ayudar mucho el gobierno autonómico y el central, porque lo importante era la salud de los ciudadanos. Faltaron unas horas para que el criterio teórico decayera; cada cual por su lado y con los intereses electoralistas primando sobre lo principal. Nadie se atreve o no quiere tener la responsabilidad de tomar las medidas más convenientes para atajar el problema y cada día que pasa entra más en crisis la cuestión organizativa de este país. Para llegar tarde ya han dado bastantes muestras desde el mes de marzo y para ponerse palos en las ruedas unos a otros también, y no parece que la tan invocada “responsabilidad individual” de los ciudadanos sea capaz por sí sola de arreglar lo que no le corresponde: qué se haya hecho con la atención primaria, los rastreadores, la infraestructura sanitaria pública o la investigación científica. Qué decir de lo no hecho en el ámbito educativo, donde las aulas, los profesores y los medios on-line se arbitran en cada sitio a su manera.

De los cambios de criterio respecto a cómo gestionar la pandemia hemos tenido amplia experiencia en estos meses. Siempre hemos dudado de que fueran criterios “científicos” los que primaban, simplemente porque es increíble que la propia ciencia sea un compuesto aséptico e indiferente a cuestiones de intereses e ideologías. Sucede con la ciencia algo parecido a lo que la nueva elegida para jueza del Supremo de EEU, Amy Coney Barrettt, dijo de su imparcialidad ante la ley pese a sus prejuicios ultraconservadores a la hora de tratar asuntos controvertidos. 

Tan poco serios somos en las decisiones supuestamente científicas respecto a la COVID-19 que siempre hemos podido ver variaciones no solo en las mediciones y sus propios criterios no coincidentes -pues ni siquiera sabemos la cifra de fallecidos- y, sobre todo, en las maneras de aplicarlos en lo que supuestamente servía de baremo para conocer y decidir sobre el problema. Que había otras interferencias en las decisiones era evidente: la economía y especialmente la de algunos sectores primando sobre otros, prestos a la hora de reclamar o indicar soluciones que no solucionaban nada, fue inmediato. Cada cual a lo suyo, sin coherencia común.

Y lo que acaba de suceder era predecible: siendo tantas las cabezas pensantes en 17 comunidades, la cogobernanza no podía ser tan maravillosa como nos decían. Desde el principio, fueron visibles múltiples discordancias en cuanto al control principal y ahora es más visible la secuencia de lo ocurrido, hasta el punto de que, en Madrid, lo que antes se dijo ya no vale, porque, según su guión ideológico, hay que decir exactamente lo contrario, válido ahora aunque hace dos días no lo fuera. Al parecer, la ciencia o los criterios científicos –ahora de 500 casos por cada 100.000 habitantes- no sirven, porque no es lo mismo un territorio que otro: Madrid no es igual que otros territorios. Pero no dicen que tampoco es lo mismo el Norte que el Sur de Madrid; la “diagonal de Madrid” es sobradamente conocida por muchos sociólogos, con un diferencial de más de cuatro años de esperanza vida por el mero hecho de haber nacido en una u otra vertiente de esa línea nada imaginaria que va del NW al SE madrileño. ¡Qué más da! Llevamos así desde que hay memoria de los barrios madrileños en la literatura documental, sin que nadie le haya puesto remedio a esta modernidad de cada momento del pasado: es una curiosidad antropológica, excepcional para el turismo de proximidad.

Ignorancia selectiva

La mitad de los artículos de Larra en los años 30 del siglo XIX podrían repetirse como si no hubieran pasado casi dos cientos años; no hemos aprendido nada; sería romper una tradición de ignorancia selectiva. Nos ahorramos imaginación:  una buena parte de los dibujos de Goya en sus extraordinarios cuadernos –el Cuaderno C, sobre todo- valen para ilustrar noticias de ahora mismo. Y entre tanta improvisación que sigue a tanta supuesta reunión para seguir discutiendo y no encontrar criterios a compartir, vuelve a tener cierta razón el refrán tonto: “reunión de pastores oveja muerta”. Los casos de contaminación crecen y la muerte acecha en cada esquina a los más despistados o en situación de riesgo por edad, pobreza o directa exclusión social: si no sabemos el número de mayores fallecidos por esta pandemia, menos sabremos el de quienes se hayan muerto por abandono o dejadez, indiferentes a si son galgos o podencos quienes les hayan hincado el diente mortal.

Mientras, gana la partida la Covid-19 y tampoco parece que pierda el tiempo el desmantelamiento de la asistencia pública y la reconversión del bienestar común en cotización privada: cada cual vaya viendo cómo se las apaña para entenderse con lo que le caiga, sobre todo en asuntos de salud, edad biológica y, si está en edad de tener hijos a su cargo, respecto a la educación de sus hijos. ¿Para qué querremos entonces las Autonomías y el propio Estado, si no va a servir para proteger a todos, sino tan solo para que unos pocos estén tranquilos en lo que al fin será enteramente suyo?  ¿Quiénes los atenderán cuando todos los demás hayan perecido? Antonino Nieto, poeta excelso de Verín  (Ourense), acaba de escribir: “A veces pienso en llamarte, madre. ¿Estás bien? ¿Qué me cuentas de todo esto que nos diluye…?”

Manuel Menor Currás

Madrid, 28.09.2020

Gobierno y comunidades acuerdan flexibilizar la Selectividad y permitir la contratación de profesores sin el máster de Secundaria (Daniel Sánchez Caballero para ELDIARIO.ES)

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El Gobierno central y las comunidades autónomas han alcanzado una serie de acuerdos para mejorar el desarrollo del curso escolar, que ha comenzado de manera "correcta", según ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras una reunión entre su cartera, la de Educación y los Gobiernos regionales. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha explicado las medidas tomadas, entre las que destacan que se va a flexibilizar la prueba de acceso a la Universidad ante las dificultades para desarrollar los temarios íntegros en este curso convulso y que se facilitará la contratación de docentes rebajando los requisitos para ejercer para que las comunidades puedan rebajar el máximo de alumnos por aula.

Creen el Gobierno y las comunidades que el inicio del curso, desde el punto de vista de la Salud Pública, ha empezado bien. Los últimos datos sobre aulas clausuradas, ofrecidos por Celaá en rueda de prensa tras la reunión, hablan de 2.852 unidades (clases) cerradas sobre un total de 380.000, lo que supone un 0,73% del total. El objetivo del Gobierno, ha insistido la ministra varias veces, "es mantener los centros abiertos y garantizar la presencialidad".

Las administraciones son conscientes de las dificultades que puede suponer para los 2º de Bachillerato cumplir con los temarios en un curso con tanta incertidumbre y docencia online, de manera que lleguen correctamente preparados a la Ebau (en su acrónimo más común, también se utilizan Evau o PAU). Los profesores estaban exigiendo ya medidas para poder programar y tener certidumbres en un curso que no da tregua y va muy justo de tiempo. Han sido escuchados. "El modelo será similar al del año pasado, se adaptará a las circunstancias extraordinarias y lo haremos con carácter inmediato", ha explicado la ministra Celaá.

También se va a facilitar la contratación de docentes ante las dificultades que están encontrando algunas comunidades, ha explicado Celaá, para encontrar docentes que cumplan las condiciones necesarias para ejercer la docencia. Así, "de manera excepcional y limitada y hasta que concluya el curso académico de la pandemia", los Gobiernos regionales podrán contratar profesores que no hayan cursado el máster de Secundaria, obligatorio en circunstancias normales, si se han agotado las bolsas de interinos habituales. "Siempre que cumplan el resto de requisitos para ejercer la docencia", ha matizado Celaá. El agotamiento de las bolsas de interinas, ha comentado la ministra, se está dando en algunas comunidades autónomas, agravada también por la suspensión de las oposiciones docentes el pasado verano por la pandemia.

No son las únicas medidas adoptadas. La ministra Celaá ha informado de que en total se han adoptado ocho acuerdos, incluidos los dos mencionados. Además de estos, Gobierno y comunidades autónomas han pactado flexibilizar los currículos, en la línea de la propuesta de modificación de la Selectividad. "Vamos a adaptar las programaciones didácticas para recuperar los aprendizajes imprescindibles, competenciales, que no adoptaron el año pasado", ha explicado la ministra. "Muchas comunidades y centros han manifestado su dificultad para hacerlo debido a la rigidez del sistema".

Además, Gobierno y comunidades han acordado adaptar las prácticas de la Formación Profesional (FP), como se hizo el pasado curso. Se reducirá la duración de los módulos de formación en los centros de trabajo, ha informado la ministra, al mínimo de las horas contempladas en la ley.

Por último, las administraciones educativas también quieren "conseguir la presencialidad al 100% en los centros educativos", que en este momento no se está dando porque a partir de 3º de la ESO se está impartiendo docencia semipresencial en diferentes formas según las comunidades autónomas. Respecto a la presencialidad, la ministra ha informado de que las comunidades, con carácter general, no están reportando problemas relevantes por una alta incidencia con el absentismo causado por el temor de algunas familias a llevar a sus hijos a los centros educativos. La ministra sí ha señalado, sin embargo, que "hay grupos minoritarios culturales que sí persisten en la no asistencia a clase", según han informado tres Gobiernos regionales, y ha recordado que la abogacía del Estado acaba de concluir un informe sobre la cuestión que ratifica –ya se había dicho– "que la pandemia per se no exonera de la obligación de asistir al centro en la enseñanza obligatoria, pero que los centros son los que han de identificar las causas objetivas de no asistencia".

Cinco comunidades sin ley: la protección “desigual” de los niños trans en las aulas españolas (CUARTOPODER.ES)

CUARTOPODER.ES publica esta información

Con motivo de la vuelta al cole, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha presentado este lunes un informe en el que compara las distintas legislaciones entre las distintas comunidades autónomas que protegen derechos de infancia y juventud trans. Mientras Navarra o Aragón son de las regiones más avanzadas, aún hay cinco comunidades autónomas que no disponen de legislación específica vigente para las personas LGTBI: Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Principado de Asturias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En las conclusiones adelantadas del informe, titulado Realidad del alumnado trans en el sistema educativo, llama la atención sobre las desigualdades en el reconocimiento legislativo de derechos entre el alumnado trans español de distintas regiones. Aún así, solo analiza la existencia de las legislaciones, pero no su grado de cumplimiento. "Queríamos poner de manifiesto la necesidad de una ley estatal que proteja a todo el colectivo y también conocer las buenas prácticas", explica el coordinador de Educación de la FELGTB, José Luis Ferrándiz. 

En el informe ejecutivo, se concluye que "el alumnado trans, o disconforme con las normativas de género, vive una problemática compleja en el entorno educativo a la que, hoy por hoy, no se está dando una respuesta plena y satisfactoria", es decir, que no se garantizan aún de manera plena los derechos fundamentales. El documento considera que, pese a que, "España ya dispone de un cuerpo legal abundante que va a creciendo año a año", las normativas autonómicas son "desiguales, generan diferencias entre comunidades, no están implementadas (faltan reglamentos, protocolos, organismos de participación, etc.), son muy desconocidas y no son completas".

Además, el documento incide en una "buena noticia": el cambio social ya está en marcha, aunque algunos territorios vayan rezagados en materia legislativa: "La visibilidad que hoy tienen las personas trans en la infancia y la adolescencia permite que todos los cambios que se están produciendo se hagan con el apoyo y la comprensión de la mayor parte de la sociedad, especialmente de la juventud", asegura el documento.

El responsable de Educación pone el acento en la necesidad de que haya una ley estatal que no deje desamparado a ningún niño, ni los desiguale por territorios: "Estamos hablando de personas que viven una experiencia compleja y multidimensional que requiere protección legal", asegura Ferrándiz.

Aunque el documento asegura que en la gran mayoría de Comunidades Autónomas se reconoce el "derecho a la libre autodeterminación de género sin necesidad de aportar informe médico o psicológico
alguno que acredite su circunstancia", en Canarias y Galicia aún no lo contemplan. Si hablamos de la falta de un régimen sancionador que haga cumplir la ley, a estas dos comunidades hay que sumarle el País Vasco. "Es importante que la ley obligue y que quien la contravenga tenga consecuencias", explica Ferrándiz sobre el peligro de que las normas queden en papel mojado.

Gráfico: leyes que protegen a los alumnos trans en los coles

El informe también aprovecha para insistir en una legislación estatal que permita el cambio de la mención registral del sexo de "una manera sencilla, rápida, sin requisitos abusivos y sin connotaciones patologizantes, es decir, basada en la autodeterminación de género".

En cuanto a las acciones dentro del aula, el informe insiste en que hay que incorporar "diseños integrados de estrategias de intervención y atención que incluyan un enfoque multiprofesional y coordinado". Esto implica contar con toda la comunidad educativa, desde las familias a los equipos del centro, que debe tener "una correcta e imprescindible coordinación con servicios sociales y organizaciones externas".

El informe también pide a las administraciones públicas que hagan un "mayor esfuerzo para la formación a través de las AMPA y espacios de educación no reglada, como de prestarse especial atención al diseño, distribución y accesibilidad de materiales pedagógicos específicos y de apoyo".

Otro de los apartados a mejorar en la parte educativa es, a juicio de los autores del informe, "la ausencia de mecanismos de seguimiento, evaluación y redimensionamiento de los instrumentos de intervención" que garantice que los recursos funcionan bien y que sirven para apoyar a este alumnado.

Las conclusiones del informe también ponen en valor las alianzas entre administraciones y las organizaciones, que aportan su experiencia e información para difundir y sensibilizar en los centros. Además, también piden no "minusvalorar la importancia vital" de los referentes reales, en los que los alumnos y alumnas se vean reflejados y que sirvan de apoyo "en el desarrollo de la personalidad de las personas trans menores".