La LOMLOE, ¿una oportunidad perdida? (Foro de Sevilla para eldiariodelaeducacion.com)

 Artículo del Foro de Sevilla para eldiariodelaeducacion.com

• Sin menospreciar las derogaciones que se han realizado en esta nueva ley y que eran muy necesarias, la propuesta de la LOMLOE mantiene el modelo curricular característico de nuestro país, con currículos extensos y memorísticos, reforzados con evaluaciones externas que imponen lo que hay que enseñar y controlan las prácticas escolares quitando autonomía profesional a los y las docentes.

Coincidimos con personas pertenecientes a la comunidad escolar, sindicatos y organizaciones sociales, en que los gobiernos de izquierda no han articulado un proyecto educativo ilusionante para nuestro país, con un perfil diferenciado de la derecha. No hemos sido capaces de superar aquella etapa oscurantista, que dio forma a gran parte de nuestra cultura escolar, con la tergiversación de la historia, la condena del laicismo y de la coeducación y una concepción negativa de la infancia (la cultura del esfuerzo lo llaman ahora). Y no han logrado proponer leyes progresistas adaptadas al mundo actual. Su visión responde a una docencia anclada en el academicismo, con una idea descontextualizada del conocimiento, aprendizajes superficiales y memorísticos y la utilización de métodos simultáneos que enseñan a muchos como si fueran uno solo. Consiguen la domesticación del alumnado potenciando la exclusión, el abandono escolar y sirviendo a la acreditación y la meritocracia.

El sistema educativo público debe ser parte de un proyecto social donde se promueva la democracia, la convivencia y la cohesión social. Las medidas que se han promovido con la LOMLOE no afectan al fondo del problema educativo. Al conservadurismo con el que se fomenta el modelo arcaico del conocimiento, la disciplina, la cultura del esfuerzo y la segregación por sexos, culturas y niveles sociales, se añade una nueva cultura del éxito escolar donde prima la enseñanza del individualismo y la competitividad frente a la cooperación y el cuidado como base de la conducta humana.

Políticas que, como se está comprobando, lejos de ser democráticas y buscar la justicia social para todo el alumnado convierten a la escuela en pequeñas empresas, fomentan la competitividad, el “homo economicus”, y generan desigualdad en lugar de preocuparse por la formación de ciudadanos y ciudadanas en los que crezca la libertad de pensar y de ser con la adquisición de un conocimiento con sentido que los haga conscientes ante el mundo y capaces de transformar la sociedad.

En el mundo de hoy, con una sociedad altamente tecnologizada, no podemos seguir enseñando contenidos cerrados y preparados para su reproducción. El alumnado debe ser capaz de acceder, seleccionar y transformar la información para convertirnos en una sociedad del conocimiento justa y solidaria.

El derecho a la educación requiere un sistema educativo flexible con capacidad para incluir y atender las necesidades de todo el alumnado y asegurar sus derechos. Eso significa que, además de evitar los itinerarios y las clasificaciones del alumnado, propuestos por la LOMCE, se debe desterrar la evaluación como un mecanismo de sanción y de desafección del alumnado por lo estudios. Una educación en la que se realicen aprendizajes relevantes, que no se midan en función de las ganancias, sino con vista a promover un desarrollo personal y social. Con un conocimiento emancipador, laico y crítico con el que puedan comprender el mundo, cuestionándolo y proponiendo su transformación.

Son muchos los retos de la humanidad a los que la educación debe responder: la globalización económica, la degradación medioambiental, las desigualdades sociales, las dificultades económicas o financieras…

Los principios rectores de una democracia deben salvaguardarse, pero nos encontramos una vez más que la educación sirve para tiempos electorales con las promesas tantas veces escuchadas en inversión y en leyes, pero una vez más los pactos políticos utilizan a la educación como un instrumento para el intercambio político.

Sin menospreciar las derogaciones que se han realizado en esta nueva ley y que eran muy necesarias, la propuesta de la LOMLOE mantiene el modelo curricular característico de nuestro país, con currículos extensos y memorísticos, reforzados con evaluaciones externas que imponen lo que hay que enseñar y controlan las prácticas escolares quitando autonomía profesional a los y las docentes y proponiendo una enseñanza homogénea. A la vez, se mantiene alejada de una enseñanza laica propia de una educación democrática, no doctrinaria, y deja en manos de las comunidades autónomas el aumento de la privatización, la competitividad entre las escuelas y, como resultado, la segregación escolar, que nos ha puesto a la cola de la Unión Europea y de la OCDE en igualdad en muy pocos años. Es una ley que propone aquello que debería limitar, los suspensos, la inclusión, la selección del alumnado…, invitando al profesorado a ser el único responsable de los resultados académicos y del funcionamiento del sistema educativo.

Los nuevos tiempos se preocupan de una falsa autonomía, que viene a reforzar las políticas de elección de centro (porque no las impide), la imposición de los intereses espurios del mercado que desea una formación vocacional y especializada para el mundo del trabajo y para conseguir aumentar el PIB, cuestión por otro lado discutible. Una escuela que anticipa y reproduce las divisiones y jerarquías del mundo laboral y se especializa en saberes productivos que no cuestionan los marcos que los sustentan.

Una triste oportunidad perdida.

Carmen Rodríguez Martínez, Jordi Adell, Francisco Imbernón, José Gimeno Sacristán, Rodrigo J. García, Rocío Anguita y Javier Esteban Marrero. Pertenecen al Foro de Sevilla.

Manifiesto por otra educación en tiempos de crisis: 25 propuestas ( “Foro de Sevilla. Por otra política educativa” en ELDIARIODELAEDUCACION.COM)

ELDIARIODELAEDUCACION.COM publica este Manifiesto

• Vivimos momentos de excepcionalidad y de incertidumbre que nos sitúan en un tiempo crucial. Percibimos que, tras el confinamiento, existe la tentación y puede que el intento de ejercer mayor control y autoritarismo sobre la ciudadanía. Sin embargo, hemos de aprovecharlo para dar continuidad a la solidaridad mostrada estos días y para pensar juntos salidas para que los Derechos Humanos y de la Infancia salgan reforzados. Uno de los más importantes es el derecho a la educación, imprescindible para avanzar hacia la equidad.

Se pide al alumnado confinado que siga actuando como si estuviera en la escuela (entendida como institución que incluye todo los niveles educativos), al mismo ritmo y con mayor exigencia si cabe, como si nada pasase, cuando en realidad todo es diferente y más si tenemos en cuenta los desiguales
contextos sociales y familiares.

Todo lo que sucede nos exige una reflexión profunda y un posicionamiento claro. No podemos sentirnos atenazados por el miedo sino animados por la esperanza de salir reforzados para un tránsito hacia una sociedad más humana y una educación más inclusiva, justa, cuidadosa y equitativa. Nos parece urgente promover un espacio y un tiempo donde cuestionarnos, dialogar, reflexionar colectivamente y hacer un acercamiento racional a la pregunta por la educación que queremos hoy y en el futuro.

Qué hacer en la situación actual

Por ello nos atrevemos a hacer una valoración de lo que estamos viviendo en el ámbito educativo con una serie de consideraciones y propuestas. Estas primeras son relativas al actual de confinamiento y hasta los inicios del próximo curso.

1. La educación escolar no va a ser igual tras esta experiencia que confirma las diferencias con que se realiza el trabajo escolar en casa, porque no todo el mundo dispone de los mismos medios ni de la misma situación habitacional, familiar y social.

2. Si la educación es un derecho, una situación de emergencia no debería destruirlo, especialmente para aquellos niños y familias con más necesidades o en condiciones de pobreza. Constatamos que esta situación está aumentando la desigualdades sociales que ya teníamos. En todos los casos no se trata de avanzar en el temario, sino de desarrollar actividades atractivas y de valor cultural: ver buenos documentales sobre naturaleza, películas en versión original subtituladas, escuchar música, pintar, leer, escribir, etc.

3. En esta situación de emergencia y confinamiento consideramos que la rigidez de las medidas tomadas deberían ser más flexibles teniendo en cuenta los derechos de la infancia.

4. No sabemos cómo será el futuro de la educación, pero sí deseamos y nos gustaría que fuera otro. La vuelta a la normalidad, de la que el alumnado en situación de vulnerabilidad y pobreza nunca formó parte, será imposible porque lo que nos está pasando no nos llevará a un retorno sino a otra normalidad diferente y por construir.

5. Cuando se regrese a las aulas habrá necesidad de cercanía, el alumnado necesitará conversar, expresarse, abrazarse… El espacio y el tiempo educativos de la escuela lo debería facilitar sin la presión de los resultados, las evaluaciones, los deberes, con calma, dándose tiempo.

6. Ahora, al acabar este curso, se hace necesaria la promoción automática en todas las etapas educativas incluida la universidad. En esta situación de emergencia no tiene sentido hacer exámenes de evaluación, por eso proponemos la supresión de las pruebas de selectividad, dando por buena la nota media del bachillerato, entre otras posibles alternativas. En Formación Profesional será necesaria una progresiva recuperación de las prácticas.

7. Nos hemos obsesionado con las notas, las calificaciones y los resultados y no por la permanencia de los aprendizajes que sirven para una vida digna. Pero ahora es el momento de resaltar los valores que estamos aprendiendo como la solidaridad, la empatía, la generosidad, la afectividad, el apoyo y el cuidado mutuo, la cooperación… porque hoy toca hacer pedagogía y primar esos valores más humanizadores.

8. Creemos que el verano debería ser un espacio inclusivo, con el fin de disminuir las desigualdades, donde toda la infancia y la adolescencia tenga acceso a campamentos, colonias u otras actividades educativas de tiempo libre, donde se combine el arte, la música, la cultura, el juego y el contacto con la naturaleza.

9. Nos parece necesario que el primer trimestre del próximo curso sea un periodo de adaptación y transición entre los dos cursos, con una tutorización y un acompañamiento intensivos.

10. La experiencia de crisis nos invita a repensar los tiempos, espacios y recursos de que disponemos, y la función de apoyo que podrían desarrollar la TV, la radio, las redes sociales y TIC, sin perder el contacto con el medio natural y social.

11. Otra lección es que quizás tengamos que vivir la vida con más calma, también en la escuela, dando tiempo y respetando los procesos de aprendizaje de cada persona… El estrés que se está generando en familias y niños y niñas por las tareas académicas en casa, hemos de frenarlo con otras formas de hacer más creativas y respetuosas de los intereses de la infancia.

12. Todo lo que está sucediendo nos lleva a poner en cuestión el actual modelo educativo para poder avanzar hacia un modelo alternativo. Sencillamente porque esta situación nos está mostrando que hay otras maneras de educar.

Cómo avanzar en el futuro

En esta segunda parte incluimos propuestas de pensamiento y acción para avanzar hacia la educación que queremos:

13. Repensar juntos, tras esta parada en el camino, cómo mejoramos y cambiamos lo que tenemos y cómo reinventamos la educación, cuestión que se nos presenta cada vez con mayor urgencia. Este cierre del espacio escolar debería servirnos para resignificar la educación y romper el ritmo frenético y la presión que ejercemos sobre la infancia y la adolescencia.

14. Poner la mirada en las necesidades de la infancia y la adolescencia. Es necesario que vuelvan a apasionarse por aprender por sí mismos y desde sí mismos, a jugar, a tener tiempo libre en el que puedan aburrirse, a relacionarse libremente, a no engancharse a las pantallas para encontrarse con la naturaleza.

15. Hacer una revisión a fondo de la estructura y el contenido del currículo escolar. Para que los contenidos interdisciplinares y transdisciplinares, de complejidad creciente e interconectados, tomen la centralidad de los aprendizajes escolares. Estos saberes han de proporcionarnos un conocimiento más profundo del mundo y de los problemas de la humanidad.

16. Introducir un currículo ecosocial que promueva contenidos y valores para combatir la emergencia climática y favorecer el desarrollo sostenible. La supervivencia del planeta Tierra exige conciencia y acción desde todos los ámbitos.

17. Introducir un currículo feminista, que cuestione el modelo patriarcal, que condene todas las violencias de género, que reconozca la plena igualdad de derechos y promueva las prácticas de la coeducación en todos los ámbitos educativos.

18. Incorporar como elemento central el acompañamiento en el aprendizaje, mediante el tránsito de la información al conocimiento para saber vivir, conocer el mundo y tratar de transformarlo, orientando, a su vez, los procesos madurativos integrales.

19. Dinamizar el diálogo, la conversación, el pensamiento crítico como instrumentos pedagógicos básicos para la construcción y autocreación de personas autónomas, sujetos en proceso permanente de producción de sus propias vidas.

20. Potenciar la dimensión relacional de la educación a través de la convivencia positiva y la experimentación de la democracia, donde el diálogo deliberativo y el acuerdo son centrales.

21. Recuperar el sentido comunitario y democrático de la escuela, devolviendo a las familias y a los niños y niñas su espacio de responsabilidad colectiva en el procomún de la educación, haciendo más efectivos los actuales canales de participación y creando otros.

22. Repensar las políticas educativas, protegiendo y extendiendo la escuela pública y eliminando procesos de privatización, desde las nuevas perspectivas sociales para que garanticen el protagonismo de la ciudadanía y del pueblo, asegurando el derecho de todos a la educación y los derechos de la infancia para una vida digna.

23. Promover el compromiso en la lucha contra las desigualdades dentro y fuera de la escuela con políticas compensadoras y de discriminación positiva hacia la infancia y la adolescencia, víctimas de esta injusticia social y escolar.

24. Abrir el sistema educativo a la sociedad y a la vida, que tiene en cuenta lo que aporta la comunidad local y la global. Basado en la dignidad humana, la cooperación, la comprensión de la interdependencia, la empatía y la relación fraterna y humana como bases sólidas de cualquier modelo educativo.

25. Situar en primer plano, ahora ocultada y socialmente poco valorada, la función docente con una sólida formación cultural y pedagógica y como dinamizadora central de la socialización de la infancia, de la convivencia positiva y de la creación de ambientes de aprendizaje compartidos y cooperativos.

Entendemos que estos podrían ser algunos de lo elementos constitutivos del camino por el que avanzar en el tránsito hacia una nueva educación. Demos una salida positiva y constructiva a la quiebra que, constatamos, vive el actual sistema educativo en una sociedad en situación de emergencia.

Sabemos que es posible hacerlo y animamos a que pensemos y construyamos juntos y juntas lo que queremos de la educación.

El confinamiento y sus consecuencias no pueden ser instrumento de segregación y de inequidad educativa añadidas (Iniciativas que confluyen). 15-4-2020 Plataforma de Madrid por la defensa de la Etapa de Educación Infantil 0-6 años

La respuesta del sistema educativo a las consecuencias de la pandemia ha de cuidar mucho no seguir siendo, aunque sea inconscientemente, un instrumento añadido de inequidad. Ya hemos expresado en numerosos post anteriores y lo haremos en otros posteriores, la discriminación que ha supuesto respecto al primer ciclo de Educación Infantil del que poca gente se acuerda, lo que ha supuesto para la alimentación de niños y niñas en peores condiciones socioeconómicas en Madrid.

Dedicamos este post a otra inequidad que se está favoreciendo en este tiempo de confinamiento, y en las actuaciones posteriores que se están anunciando, en relación con las diferentes posibilidades de aprendizaje, al ponerse el énfasis en aspectos que no son los posibles e importantes en estos momentos, sobre todo para grandes sectores de la población que se haya en el umbral de la pobreza o que están siendo abocados a aumentar esa bolsa vergonzosa de pobreza que ya teníamos, especialmente de pobreza infantil.

Y es que hay un enorme empeño en que niños y niñas no "pierdan aprendizajes", en todas las etapas educativas, y hay que reflexionar sobre ello y sobre si, por el contrario, se podría extraer una consecuencia resiliente que nos hiciera más fuertes, permitiéndonos construir otra realidad más humana, también desde lo educativo.

Dejamos a continuación propuestas que han ido en esa dirección de:

1.  Francesco Tonucci quien, en este artículo de El País, anima a docentes de las distintas etapas a no perder el tiempo mandando tantos deberes y a orientar a las familias para que empoderen su conocimiento y enseñanza propia con cosas realmente importantes, las que la vida que hemos llamado normal les ha hurtado por no poder pasar tiempo en familia. (Para leer el artículo completo y ver el vídeo pincha aquí)

2.  La "Carta abierta a la Ministra de Educación y a los Consejeros y Consejeras de Educación: para que el COVID-19 no marque educativamente a una generación es tiempo de actuar" que ha promovido Save The Children y que han firmado numerosas organizaciones y personalidades del mundo educativo. (Para leerla y descargarla pincha aquí).

3.  El "Manifiesto por otra educación en tiempos de crisis: 25 propuestas" (Foro de Sevilla, por otra política educativa), cuyos autores (Jaume Carbonel, Jaume Martínez Bonafé, José Gimeno Sacristán y Julio Rogero) afirman:

      Vivimos momentos de excepcionalidad y de incertidumbre que nos sitúan en un tiempo crucial.            Percibimos que, tras el confinamiento, existe la tentación y puede que el intento de ejercer mayor        control y autoritarismo sobre la ciudadanía. Sin embargo, hemos de aprovecharlo para dar                continuidad a la solidaridad mostrada estos días y para pensar juntos salidas para que los                  Derechos Humanos y de la Infancia salgan reforzados. Uno de los más importantes es el derecho        a la educación, imprescindible para avanzar hacia la equidad.

 Para leerlo completo y descargar pincha aquí.

4. Mareas por la Educación Pública, que denuncian la ambigüedad que en este terreno han tenido las diferentes Administraciones, Marca el camino del fin del curso escolar, donde defienden que, ante situaciones excepcionales, también han de tomarse medidas excepcionales, medidas que en ningún caso pueden significar el aumento de la inequidad y la sobrecarga académica. Son siete propuestas que puedes leer pinchando aquí.

Además, y con el HT principal #FinDeCursoExcepcional, y los secundarios #NoALaSegregación / #NoAlSálveseQuienPueda / #MásIgualesQueNunca, Mareas por la Educación Pública ha lanzado hoy, 15 de abril, una campaña, desde todas las Mareas del Estado, para hacer saber al Ministerio, a la ministra Celaá, a consejeros y consejeras de educación de todo el Estado y a diputados y diputadas, mediante el envío de Twits, el mensaje que simboliza, tanto el HT principal como los secundarios.

Fuente: plataformademadrid06.blogspot.com

Entradas relacionadas:

• Mareas por la Educación Pública marca el camino del fin de curso escolar ante la ambigüedad de las administraciones educativas. En situaciones excepcionales, medidas excepcionales (Comunicado. 11-4-2020)

• Enlaces a la información sobre el coronavirus: Consejería de Educación, comunicados,...

La educación pública está en peligro (Foro de Sevilla en El Diario de la Educación)

Artículo del Foro de Sevilla publicado en eldiariodelaeducacion.com

Queremos escuchar a todos los políticos decir que la educación pública en nuestro país está blindada y no corre ningún peligro. Porque todos los niños y niñas tienen el mismo derecho a disfrutar de una escuela con la misma calidad y plural.

La modernización conservadora que plantea la derecha quiere que se rompa el derecho a la educación y se convierta en un derecho de mejor escuela para las familias de clase media y alta, y que continúe la reproducción social más fuerte que nunca. Estamos entre los cuatro países europeos que tienen una mayor oferta de plazas en centros privados a través del régimen de conciertos que se creó con la LODE en el año 1985. En concreto España ocupa el tercer lugar de Europa en escuela privada-concertada en primaria (con un 28,5%) y el cuarto lugar en educación secundaria (con un 30,7%) (Eurydice, 2015).

Desde el curso 1990-1991 hasta el curso 2010-2011 (20 años después) las unidades escolares han aumentado un 30,4% en centros públicos y un 45% en centros privados, lo que muestra que, aunque la privada-concertada naciera con la vocación de ser un complemento de la pública, habría ido creciendo en toda España y sobre todo en las comunidades gobernadas por ejecutivos de tendencias conservadora-liberal (PP y nacionalistas).

Dos hechos han sucedido recientemente que nos vuelven a poner en alerta acerca del peligro que corre la educación pública en nuestro país. Se pretende reforzar y acelerar un proceso de desmantelamiento nuevamente y generar una gran desconfianza de todo lo que es público.

Uno es el Decreto que prepara Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, para que los centros privados puedan acceder al sistema de conciertos en las enseñanzas no obligatorias, en bachillerato y Formación Profesional. Que sirve para afianzar y asegurar las políticas de esta Comunidad que ya ofrecían ayudas a las familias que matriculan a sus hijos en las escuelas privadas.

No podemos olvidar que el aumento de la privatización de la educación secundaria ocurrió cuando se amplia con la Logse en dos años la etapa y se reducen las ratios, recurriendo a un periodo transitorio para la ampliación y adecuación de conciertos a estas enseñanzas.

El segundo hecho, la prioridad del PP para negociar con Ciudadanos el gobierno de Andalucía con la rebaja fiscal y el impulso a la educación concertada. Expresado como “el blindaje de los padres para elegir la educación que quieran para sus hijos”. Tema en el que será fácil llegar a acuerdos por la similitud programática en estos temas.

Esto no es algo nuevo porque el PP en las comunidades que ha gobernado ha creado nueva normativa para modificar el espíritu de la LODE cambiando la ampliación de las zonas de influencia, la inclusión de la proximidad al lugar de trabajo, la reducción relativa del peso de la renta familiar o la posibilidad de que los centros contemplen criterios propios de admisión.

La elección de los centros, que siempre ha sido una obstinación de la derecha, es otro de los elementos clave para avivar la competencia y para ello nada mejor que hacer públicos rankings de centros educativos, que ordenan los resultados de las evaluaciones y ofrecen información a las familias. Como ya se ha hecho también en comunidades autónomas donde ha gobernado el PP. Todo ello conduce a la creación de centros de diferente categoría y a una mayor desigualdad. Se realiza una selección del alumnado, excluyendo los centros privado-concertados a aquellos que pertenecen a los entornos socio-económicos desfavorecidos y, especialmente, a los inmigrantes.

Los centros concertados, sin embargo, no muestran una mayor eficiencia en sus resultados, como informa PISA. La escuela privada-concertada, contrariamente a los criterios de rentabilidad y eficacia con los que se propaga, no ofrece una mejor calidad de aprendizaje y, por supuesto, no ofrece equidad. Las políticas de gestión empresarial y privatizadoras conseguirán centros con desiguales estándares de aprendizaje, en los que la libertad de elección sirve para clasificar en segmentos sociales.

En servicios o bienes que deben tener la misma calidad y proporcionar los mismos derechos básicos para todo el mundo, como es la educación, se genera una creciente diferenciación entre centros que tendrá como resultado una segregación del alumnado que contribuye a la desigualdad de nuestro sistema educativo.

La segregación escolar por nivel socioeconómico conduce a una segmentación del sistema educativo en el que existe una clara diferenciación entre la experiencia escolar a la que acceden la mayoría y la que está reservada a las élites. En España el índice de inclusión social del alumnado, que refleja que en la escuela conviven alumnos y alumnas plurales y diversos, ha pasado de 74 puntos en 2012 a 69 en 2015, ocupando la antepenúltima posición de los países de la OCDE en Europa y la quinta por la cola de toda la OCDE (Rogero, 2017). España segrega por la distribución del territorio (con un sur más pobre), la educación privada (tercer país en Europa con un 32%), clasificación interna en los centros de secundaria por niveles educativos, programas de bilingüismo y de bachillerato de excelencia, que son nuevas formas de ‘apartheid’ dentro de las mismas escuelas y, finalmente, con políticas de elección de centro.

Hemos de evitar dar poder al mercado y a la libre competencia sin ningún tipo de control o regulación por parte del Estado olvidando que el mercado codicioso nunca se preocupará del bienestar común. La educación necesita ser pública para garantizar la formación de una ciudadanía plural con objetivos sociales, bienestar común y cumpliendo el derecho a la educación de nuestra Constitución.

El mercado nunca se preocupará de una oferta de calidad y adecuada para todos porque su objetivo es el negocio y la rentabilidad económica y hemos de preservar y continuar luchando por una educación pública de calidad porque si no se convierte en subsidiaria de la privada y profundiza la brecha social.

Carmen Rodríguez, Javier Marrero, Rodrigo J. García y Francisco Imbernón. 

Comisión Permanente del Foro de Sevilla.

Decálogo para una Nueva Ley Universitaria Consensuada con la Comunidad Universitaria (Por otra Política Educativa. Foro de Sevilla)

POR OTRA POLÍTICA EDUCATIVA publica este decálogo:

Este Decálogo pretende desarrollar una universidad pública entendida como servicio al bien común y a la sociedad, para contribuir a hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas, con una elevada formación cultural, científica y profesional.

1.- GRATUITA: Establecer como objetivo la gratuidad de los estudios universitarios, priorizando en los de Grado. Garantizar, con carácter inmediato, que las tasas universitarias no sean superiores a las de las anteriores licenciaturas y la equiparación de los precios públicos en los postgrados a los precios vigentes en los grados.

2.- PLANIFICADA PÚBLICAMENTE: Planificación por la Administración de la oferta de plazas universitarias, acorde con las necesidades sociales y no sólo en función de la demanda voluble y temporal del mercado, configurando un mapa universitario que garantice, en la medida de lo posible, el acceso libre a la opción de estudios elegida a través de una universidad pública. No eliminando titulaciones necesarias, aunque haya menor número de alumnado.

La creación de universidades privadas debe ser aprobada por la Conferencia General de Política Universitaria, en el marco de la planificación general de la enseñanza universitaria, y evaluarán su continuidad en función del respeto y cumplimiento de los requerimientos establecidos que garanticen una formación equilibrada en Ciencias y Letras y completa de grados y unas infraestructuras dignas.

3.- ACCESO LIBRE: a la Educación Superior sin pruebas de acceso generalizadas de carácter selectivo (“reválidas, EBAU, etc.”). En caso de limitación de acceso, éste se debería basar en la calificación obtenida en los estudios previos, normalizada por los centros educativos públicos.

4.- FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y GLOBAL: Revisar el sistema de titulaciones, evitando supeditar su planificación a los intereses exclusivos de las empresas privadas, y garantizando también una formación global, polivalente, crítica, laica y científica de los estudiantes, para que en un futuro puedan reorientar su actividad profesional y puedan desarrollar los conocimientos adquiridos y su capacidad investigadora en la construcción de una sociedad más justa y mejor al servicio de toda la sociedad. Formando ciudadanos y ciudadanas críticos, capaces de intervenir activamente en el mundo y transformarlo. Con tiempos de formación y estudio que permitan compatibilizar estudiar una carrera con trabajar simultáneamente.

5.- BECAS-SALARIO: Sistema generalizado de becas-salario, no condicionadas a notas sino a situación socioeconómica, que posibiliten la plena dedicación al estudio de todo el estudiantado universitario sin depender de su familia, especialmente destinado al acceso de los sectores económicamente desfavorecidos. El estudio es una actividad socialmente útil, y por lo tanto debe ser retribuido, con sujeción naturalmente a responsabilidad en su desempeño, regulando a tal efecto la continuidad de los estudios universitarios.

6.- AUTONOMÍA Y AUTOGOBIERNO DEMOCRÁTICO UNIVERSITARIO: Defendemos una Universidad gestionada por la propia comunidad universitaria, superando los modelos gerencialistas centrados en costes y rendimientos. Potenciando la participación y la corresponsabilidad de sus miembros, mediante la toma de decisiones colegiada, la electividad de sus cargos y una gestión interna responsable basada en el trabajo en equipo, la corresponsabilización de la comunidad universitaria, la cooperación y la transparencia. Equilibrando la representación democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno. Conversión de los Consejos Sociales en órganos de colaboración y control, por parte de la sociedad civil comprometida socialmente, respecto a la utilización de los recursos públicos en las Universidades y la orientación de los objetivos de las mismas hacia intereses sociales generales: la preservación del planeta y sus recursos naturales, la paz, la justicia social, la economía para el bien común, la igualdad de género…

7.- MEJORA DE LAS CONDICIONES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN: Supresión de la contratación precaria (especialmente la figura de profesorado asociado y la doble vía de contratación laboral con menos derechos y mayor precariedad) y dignificación de salarios, dotando a todas las Universidades Públicas de recursos y personal suficiente para poder llevar a cabo una docencia personalizada y atenta al desarrollo académico, así como poder realizar una investigación rigurosa. Carrera docente e investigadora que valore la docencia y la renovación pedagógica tanto como la capacidad investigadora, y establezca un sistema, consensuado con los representantes del personal universitario, accesible y equitativo para acceder a la estabilización en el trabajo, así como las condiciones para la promoción. No utilizando la docencia para penalizar al profesorado que no promociona en investigación.

8.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO: Formación didáctica inicial obligatoria, vinculada a la práctica en el aula, para el profesorado universitario novel de al menos 100 créditos: ser buen investigador/a es condición necesaria, pero no suficiente, para ser buen profesor/a de Universidad. Así como formación permanente sobre su propia práctica docente y las necesidades formativas, que se debe valorar y tener en cuenta en los procesos de promoción al mismo nivel que la actividad investigadora. Facilitar las condiciones y recursos necesarios para que la docencia pueda desarrollarse con metodologías activas y participativas, en pequeños grupos, seminarios y tutorías. Reducción significativa y efectiva de la ratioalumnado-profesorado (no superando los 20 estudiantes por gran grupo-clase).

9.- EVALUACIÓN PARA LA MEJORA: Evaluación que englobe todos los componentes universitarios (docencia, investigación, gestión, Administración y transferencia) y facilite información para mejorar en todas estas dimensiones, y no para la clasificación de las universidades en rankings. Evaluación de la actividad docente universitaria mediante intercambio y deliberación para la mejora y la autoevaluación, que valore la renovación y formación pedagógica del profesorado. Evaluación de la producción científica sobre la base de modelos de Ciencia Abierta u Open Science para el bien común y la paz, que fomenten el carácter social y colaborativo de la investigación, priorizando las publicaciones de acceso abierto, en consonancia con el mandato europeo “Horizonte 2020” y posibilite que la transferencia de conocimiento tecnológico y social sea de dominio público. Evaluación de la dimensión de compromiso social de la Universidad como agente dinamizador para la transformación social y la vinculación del proceso de formación universitaria con el componente de compromiso social con el entorno social en el que se desarrolla su labor.

10.- FINANCIACIÓN PÚBLICA: Garantizar un blindaje de la financiación pública de las Universidades Públicas de un suelo mínimo del 2% del PIB, que garantice la suficiencia económica y no obligue a depender de otras fuentes de financiación privadas que condicionen su independencia y rigor. Garantizar también financiación, con porcentajes del PIB similares a la UE, de la investigación básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y artísticas, las cuales generan las bases del conocimiento de una sociedad, aunque no sean inmediatamente aplicables o rentables para el mercado.

MESA REDONDA: REFORMA DE LA CONSTITUCION. ALTERNATIVAS AL ARTICULO 27 ( Foro de Sevilla / Por otra política educativa)

EN DEFENSA DE UNA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y NO DE LA SEGREGACIÓN ESCOLAR (Foro de Sevilla)

MANIFIESTO del ‘Foro de Sevilla’.
Adhesiones: Europa Laica, MCEP, Asamblea Marea Verde Madrid, Red IRES, Federación de Enseñanza de CGT, Plataforma en Defensa de la Educación Infantil 0-6, Confederación Estatal MRP.

El Partido Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en defensa de los conciertos educativos, de cara a marcar una línea roja en el futuro pacto educativo que invalida cualquier diálogo y entendimiento posible al exigir que la ciudadanía siga financiando con los recursos comunes el negocio de unos pocos. Se queja en ella de que los gobiernos de buena parte de las comunidades autónomas no autoricen unidades concertadas si existen plazas vacantes en los colegios públicos y que no se renueven los conciertos en la educación no obligatoria, como venían haciendo anteriores gobiernos del PP infringiendo la legislación educativa.

Lo más sorprendente de esta PNL es que equiparan libertad de enseñanza y educación concertada. Como si por el hecho de que una empresa o un grupo monte un negocio educativo, tengamos que pagárselo entre todos. Se han acostumbrado a que les rescatemos sus negocios, sean bancos o autopistas o fraudes como el del proyecto ‘Castor’, y lo asimilan de forma automática al mundo educativo. El Estado debe velar por el bien común y garantizar el derecho a la educación de toda la sociedad con una planificación de centros públicos, con recursos y dotación adecuada y suficiente, que faciliten la mejor educación posible y no puede destinar los recursos comunes a financiar opciones particulares. Quien quiera educación privada que se la pague.

En un primer momento, se subvencionan centros privados a través de los conciertos educativos como complemento a una red pública que no podía cubrir una creciente demanda de plazas escolares, por el fuerte crecimiento demográfico (baby boom) y la ampliación de los años de escolarización obligatoria. Sin embargo, la notable e indiscutible mejora cuantitativa y cualitativa de la red pública de centros hace que, en el momento actual, el mantenimiento o el crecimiento del número de unidades escolares en centros privados financiados públicamente ya no se puedan justificar por la insuficiencia de los centros públicos para atender la demanda, sino por otro tipo de razones ideológicas (Fernández y Muñiz, 2012). Además, en una coyuntura de crisis económica duradera y escasez de recursos públicos, se plantea un evidente problema al derivar los fondos públicos a financiar opciones particulares privadas.

A pesar de ello, la financiación pública de opciones educativas privadas ha aumentado año tras año, de la mano del PP y del PSOE. España se ha convertido, en este sentido, en una anomalía dentro del panorama internacional en lo que se refiere a su red de centros educativos privados sostenidos con fondos públicos (conciertos escolares). Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta; y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB). En todos los demás países (Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros) la educación es fundamentalmente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).

La PNL que ha presentado el PP argumenta que pretende “garantizar una oferta educativa plural” exigiendo al gobierno que siga financiando los conciertos en aras de lo que denominan “libertad de elección”. Pero la pretendida “libertad de elección de centro escolar” realmente es preferencia de selección escolar. Algunas familias muestran una cierta predilección por los centros concertados a la hora de escolarizar a sus hijos e hijas, frente a la opción de los centros públicos, aun cuando estos últimos presentan condiciones objetivas más favorables para la educación de calidad (por ejemplo, contando con aulas menos masificadas o con profesorado seleccionado en pruebas objetivas que respetan igualdad, mérito y capacidad). Pero los datos no respaldan que esa demanda sea porque los centros concertados ofrezcan una mayor calidad en la educación académica, o una mejor formación en comportamientos sociales, ni siquiera porque el factor religioso sea determinante en la elección de centro.

Lo que sí respalda la evidencia estadística es la creencia de los padres y las madres en que los ‘contactos’ sociales y los compañeros y las compañeras de aula pueden influir en los resultados educativos y en el futuro sociolaboral de sus hijos e hijas, motivo por el cual suelen preferir centros concertados (Fernández y Muñiz, 2012; Rogero y Andrés, 2014; Rodríguez, Pruneda y Cuerto, 2014; Rogero y Andrés, 2016), donde las características socioeconómicas medias del alumnado y de sus familias parecen proporcionarles más ventajas en las relaciones futuras. Lo cierto es que las investigaciones demuestran reiteradamente que, como dice Gimeno Sacristán (1998), detrás de muchas invocaciones a la “libertad” de elección de centro lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase. El informe de la OCDE denominado “Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja”, indica claramente que “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos, y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos”.

En definitiva, el sistema de “elección de centro” se basa en la lógica individualista de la “ética del más fuerte” y no en la lógica igualitaria de la pluralidad y la convivencia. Así entendida, la libertad de elección es un privilegio y no un derecho, además de una estrategia para situar la educación dentro del proceso de privatización del mercado. Siendo razonable que las familias que puedan accedan al centro educativo que deseen, no se puede equiparar la preferencia de selección de colegio con un derecho fundamental. Las preferencias particulares se las tienen que pagar cada uno, como antes se hacía en España. Si la Educación es un bien público no puede mantenerse como un negocio privado. El Estado debe velar por el bien común y no fomentar un mercado educativo con rankings de colegios, en donde las familias compiten para conseguir la mejor oferta, como si de un gran supermercado se tratara.

Es más, el carácter de empresa privada de los centros concertados también sirve de excusa para la selección/discriminación ideológica (“carácter propio” o ideario, en su mayoría de carácter religioso confesional), por más que la libertad de conciencia (y más de un alumnado en periodo de formación) es un derecho universal a respetar en todo centro educativo que imparte enseñanza reglada y oficial.

La lucha por una educación pública para todos y todas está estrechamente ligada a la lucha contra la pobreza, el racismo, la violencia, la guerra, la corrupción, la desigualdad, la ausencia de respuestas al drama migratorio y otra serie de injusticias que nos devuelven una imagen decepcionante de nuestro país. Una realidad legislativa y de prácticas políticas, económicas y culturales que, en lo referente a la regulación del derecho a la educación, no soportaría un juicio moral, ni responde a las promesas de una democracia sustantiva. Promover y afianzar la educación pública es una de las luchas con más sentido en nuestro siglo, por ser una de las pocas esferas en la que es posible desarrollar culturas formativas de pensamiento crítico, disidencia, alfabetización cívica y de promoción de movimientos sociales capaces de luchar contra las fuerzas antidemocráticas que nos van trasladando a tiempos oscuros y salvajemente egoístas.

Estas razones, entre otras, nos llevan a ser críticos con el encubrimiento de este tipo de intereses particulares que defiende el PP en la PNL, tratando, además, de amparar su defensa en la Constitución. Pero la Constitución no ampara los conciertos. La Constitución establece que la educación es un derecho social que los poderes públicos están obligados a garantizar y organizar a través de la planificación general de la enseñanza, la creación de centros docentes públicos y la participación efectiva de la sociedad en su gestión. La libertad de enseñanza reconocida por la Constitución Española (Artículo 27) se concreta en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. Pero en modo alguno se contempla en nuestra Constitución, ni en el derecho comparado, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos. El texto constitucional establece que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no prescribe que el Estado esté obligado a garantizar esa gratuidad en colegios privados, por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado y gestionado por los poderes públicos. Si el artículo 27 consiguió un claro consenso con respecto al derecho a la educación, gratuidad y obligatoriedad de la educación básica, ha generado ambigüedad en la interpretación al plantear una disyuntiva entre el derecho a la educación y la elección de centro que en una reforma constitucional tendría que ser revisada.

Esto estableció la posibilidad de construir dos redes financiadas con fondos públicos, una privada y otra pública, y posteriormente a confundir el derecho a crear centros privados con el de las familias a recibir una ayuda pública para elegirlos, como extensión del derecho de las familias a la elección de centro y como consecuencia de las sucesivas modificaciones que se han hecho a la LODE para facilitar que la planificación educativa incluyera a la vez centros públicos y privados con financiación pública que han ido en contra de la pluralidad y la equidad. El Estado no está obligado a otorgar gratuidad a la educación en aquellos centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos.

Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985, de 10 de julio, dictada por su Sala Segunda: “…siendo del todo claro que el derecho a la educación -a la educación gratuita en la enseñanza básica- no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera Centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.”

Por lo que los gobiernos de la Comunidad Valencia, Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura o Asturias están actuando correctamente y en la dirección educativa adecuada al ir suprimiendo progresivamente la financiación de los centros privados concertados, supeditándolos a una planificación pública del sistema educativo, eliminando las unidades concertadas no necesarias para asegurar la escolarización, priorizando los centros públicos e implantando de nuevo la zonificación escolar para que los niños y niñas puedan estar escolarizados en su entorno social y vecinal.

De ahí, que el Foro de Sevilla aplauda las iniciativas emprendidas por estas comunidades autónomas que el PP denuncia y que inste a todos los grupos políticos que no tengan una ideología claramente neoliberal y no consideren la educación como un negocio o un mercado, que velen para que las administraciones educativas garanticen una red planificada y suficiente de centros de titularidad y gestión pública, que atienda toda la demanda educativa desde los 0 años en las diferentes etapas y modalidades, y que cuente con todos los recursos y servicios necesarios para asegurar el derecho a la educación de todos los niños y niñas sin segregación, como pretende mantener el PP.

Apoyamos la propuesta consensuada por las Redes por una Nueva Política Educativa que plantean en el Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo Social y Político Educativo como solución establecer en todo posible acuerdo que se articule para una nueva ley de educación, como un eje fundamental la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. La actual financiación pública de una doble red conduce al desmantelamiento del modelo de escuela pública como un proyecto solidario de vertebración social. Es urgente e imprescindible, por tanto, la apuesta por una red única de centros de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados.

Acceso en pdf: 17.07 Manifiesto ‘En defensa de una planificación educativa…’

https://porotrapoliticaeducativa.org/2017/07/31/en-defensa-de-una-planificacion-educativa-al-servicio-de-la-ciudadania-y-no-de-la-segregacion-escolar/#more-2432

La Marea Verde reclama la inclusión del Documento de Bases para una Ley de Educación en la negociación de un pacto educativo

ELDIARIODELAEDUCACIÓN.COM: Organizaciones de la comunidad educativa hacen presión ante la negociación de un Pacto en el Parlamento

En los últimos días, tras la aceptación por parte del Congreso de la puesta en marcha de una subcomisión de educación que conduzca las conversaciones para dar los primeros pasos hacia un pacto educativo, organizaciones civiles de la izquierda se han puesto en pie para reivindidar y reclamar el papel de las y los docentes, de las familias así como del alumnado en las negociaciones.

Por un lado, las organizaciones firmantes del Documento de Bases para una Ley de Educación, salido del trabajo del Foro de Sevilla, así como de organizaciones como La Educación que nos une, diferentes sindicatos, partidos u organizaciones como Ceapa o Sindicato de Estudiantes, se reunieron hace unos días para reclamar la inclusión de Documento de Bases en la futura ley educativa.

Hoy mismo la Plataforma Estatal por la Escuela Pública lanzó un comunicado llamando a la movilización para hacer presión al Gobierno para que muestre interés por mantener diálogos con la comunidad educativa. De hecho, asegura el comunicado, “la Plataforma seguirá adelante con la posibilidad de una huelga general educativa en el primer trimestre de 2017”.

Derogación de la Lomce, reversión de los recortes, recuperación de las ayudas y becas como derecho o la recuperación de las plantillas de profesorado están sobre la mesa como condiciones previas al Pacto, como explicaba Guadalupe Jover hace unos días.

Mientras desde la Plataforma Estatal se entiende que la movilización y la protesta son fundamentales a la hora de cambiar las políticas del gobierno, como pasara con las reválidas, según explicacan, desde los colectivos promotores del Documento de Bases, además de posibles movilizaciones, hay una apuesta clara por influir en los partidos políticos para que, finalmente, la subcomisión del congreso adopte su documento como la base en la que se fundamente la nueva ley educativa.

"Reválidas: un golpe bajo de Rajoy a la educación" (Agustín Moreno)

Reproducimos este artículo de Agustín Moreno publicado en CUARTO PODER.ES

Como en los mejores tiempos del franquismo, en vísperas de vacaciones y cuando se forman colas kilométricas de automóviles camino de las playas, el gobierno en funciones de Mariano Rajoy ha aprobado un Real Decreto que regula las reválidas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato. Lo hace precisamente cuando la gran mayoría de la comunidad educativa proponía a los partidos políticos que van a negociar la formación de gobierno una serie de medidas urgentes para evitar daños irreparables al alumnado. No atendiendo el clamor de la mayoría de comunidades autónomas que vienen pidiendo al Ministerio de Educación que pospusiera la aprobación de las pruebas externas por ser contrarias a ellas, como lo demostraron con el boicot a las de primaria. Por último, desprecia el acuerdo del anterior Congreso de los Diputados que aprobó en abril la paralización de la LOMCE por una amplia mayoría. En resumen, el gobierno del PP es todo imposición y  nada de diálogo.

El Real Decreto, que regulan las evaluaciones finales de ESO y de Bachillerato, fija las materias troncales, las específicas y las optativas, el porcentaje de peso de las notas académicas (60%) y de las reválidas (40%), quién realiza las pruebas, las correcciones, establecimiento de fechas, etc. Los alumnos de ESO se examinarán de 7 asignaturas con 60 minutos por prueba, y los de Bachillerato de 8 asignaturas con una duración 90 minutos por cada una. Las reválidas durarán entre 4 y cinco días.

Solo podrán presentarse a ellas los alumnos que tengan un máximo de dos asignaturas suspensas en ESO (siempre que no sean Lengua y Matemáticas) y con todas aprobadas en Bachillerato. Los alumnos que no obtengan la nota suficiente no obtendrán los correspondientes títulos de ESO o de Bachillerato, aunque en el curso 2016/17 no tendrán aún efectos académicos. La reválida de Bachillerato sustituirá a la Prueba de Acceso a la Universidad.

El alumnado de ESO que no apruebe las dos convocatorias no obtendrá el título y no podrá seguir estudiando otra cosa que no sea la Formación Profesional Básica (FPB). Esto es un importante retroceso ya que supone ofertarles un itinerario pensado como final de trayecto. Hay que recordar que la FPB está siendo un rotundo fracaso en la opinión de los expertos, ya que al suspender la mitad del alumnado se convierte en una vía muerta.

Por ello las críticas no se han dejado esperar. Los directores de los centros educativos denuncian que estos alumnos quedarían en un auténtico limbo sin salidas y supondría aumentar el fracaso escolar y su práctica expulsión del sistema. La Confederación Estatal de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha anunciado que estudiará acciones jurídicas contra el gobiernopor aprobar el Real Decreto estando en funciones.

El fondo del rechazo de la comunidad educativa a las reválidas es por el carácter segregador que tienen; porque establece pruebas externas de carácter finalista en las que el alumnado se juega a una carta el resultado final de muchos años de escolarización; porque no tienen en cuenta realmente el progreso del alumno y el contexto socioeconómico del centro; y porque sustraen la evaluación última al profesorado que les ha dado clase y les conoce. Las reválidas nos retrotraen medio siglo en el tiempo: al mismo sistema clasista que había antes de la ley de Educación de 1970.

Llegado a este punto, hay que hacer una afirmación: por supuesto que los profesionales no nos oponemos a la evaluación. El Foro de Sevilla la define bien: en la educación obligatoria la evaluación debe tener un claro propósito formativo, de conocimiento y apoyo a los procesos de aprendizaje y desarrollo personal. Una evaluación excluyente, sancionadora y de control –como plantea la LOMCE-, basada en pruebas frecuentes y estandarizadas, es contraria a su sentido educativo y a la diversidad humana, generando abandono y exclusión.

En resumen, el gobierno en funciones tiene legitimidad política cero para aprobar estas medidas que son las más polémicas de una que tiene un amplio y profundo rechazo. Y hay que sacar dos conclusiones. Una sobre la movilización: en septiembre la Marea Verde tendrá que volver a la calle en defensa de la Educación Pública. Otra política ahora que se está hablando de la investidura: lo realmente importante no estriba en qué gobierno se forma, sino para qué política y ya va siendo hora de dejar el teatro y hablar de las grandes cuestiones como la educación, el paro o las pensiones. Y en torno a ellas formar la mayoría de gobierno. Frente a la pesadilla de un nuevo gobierno del PP, debería de valer la mayoría que aprobó la paralización de la LOMCE en el Congreso de los Diputados.

"Medidas urgentes para evitar los destrozos de la LOMCE" (Agustín Moreno)

reproducimos este artículo d Agustín Moreno, publicado en CUARTO PODER.ES

A medida que avanza la aplicación de la LOMCE se generan más riesgos sobre el sistema educativo en España. Por ello, una gran representación de la comunidad educativa y muchos expertos y organizaciones sindicales, sociales y políticas han debatido y elaborado una serie de propuestas dirigidas a los partidos políticos que tendrán que negociar la formación del nuevo gobierno.  El objetivo es evitar el negativo impacto de la ley en la exclusión de una parte del alumnado y el retroceso en la democracia en los centros educativos.

Corregir el fracaso escolar, recuperar la equidad y la democracia es la esencia de las medidas que se pide a los partidos para evitar más deterioros en la educación, antes de que se aborde la negociación de una nueva ley. La profesora de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga, Carmen Rodríguez, de la permanente de colectivos que ha elaborado la propuesta, justifica la iniciativa con el siguiente razonamiento: “El documento de medidas urgentes persigue que no se pongan en marcha acciones que pueden ser irreversibles para muchos de nuestros alumnos y alumnas. Medidas como itinerarios, reválidas o subida de tasas en la Universidad significan desplegar mecanismos selectivos y excluyentes que conducen a la expulsión del alumnado de su derecho a la educación y al aumento del fracaso escolar.

Las propuestas se clasifican en tres bloques:

1. Frenar el aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros.Que se concretan en: evitar la doble vía en el cuarto curso de la ESO, que impide para muchos alumnos/as la posibilidad de cursar bachillerato; recuperar la diversificación curricular (prolongación del PEMAR) en cuarto de la ESO con la posibilidad de titulación; posibilitar la titulación de quienes sigan o hayan seguido los programas de formación profesional básica y paralización la misma; eliminar las Evaluaciones finales de etapa de la LOMCE y los rankings. En el campo de la universidad, se propone la supresión de las subidas de tasas universitarias (realizadas a partir de 2012), un aumento de la política de becas y la paralización del 3+2 en las universidades.

2. Restituir la democracia en los centros escolares. A través de la eliminación del modelo LOMCE de nombramiento de directores y directoras, y restituyendo las competencias de los consejos escolares.

3. Apuesta por la equidad. Supone: no más recortes en la escuela pública y en las universidades y revisión de los que se han hecho; no a la supresión de líneas en los centros educativos públicos para favorecer la educación privada-concertada; en tanto que el sistema de conciertos siga existiendo, retirada inmediata de los mismos a los centros que incumplan las exigencias establecidas; detener la privatización; paralización de la aplicación del Real Decreto de creación, reconocimiento y acreditación de universidades y centros universitarios; apoyo a la universalización de la educación infantil pública y a la educación compensatoria; restituir los servicios complementarios de comedores, transporte, etc. También se propone que la religión quede fuera del currículum y del horario escolar y, como medida urgente, que sea considerada no evaluable y sin valor académico. En relación al profesorado, se plantea frenar los recortes de plantilla y restituir sus condiciones laborales (recuperar ratios, horarios y condiciones de trabajo). Y una contratación justa del profesorado interino: reconocimiento de su experiencia como criterio preferente, garantizar su estabilidad laboral, incluido el pago de sus vacaciones, teniendo en todo momento las mismas condiciones que sus compañeros/as.

Carmen Rodríguez, que también es miembro del Foro de Sevilla, alerta del riesgo de que “el aumento de la privatización y la desigualdad entre los centros acaben con la educación como derecho social y la transformen en un derecho de mercado que será favorecida con la libertad de elección de centros”.

Los colectivos y organizaciones sociales, sindicales y políticas que apoyan el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación y respaldan esta declaración, son una garantía de conocimiento de lo que sucede en los centros y de equilibrio en sus propuestas para la mejora de la calidad educativa. Algunas de las firmantes son:

Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Europa Laica, Foro de Sevilla, Junta de Portavoces de educación infantil, Mareas por la educación pública, Plataforma Crida de las Illes Balears (formada por madres, padres, estudiantes y profesorado), Proyecto Roma y Stop Ley Wert/La educación que nos une, que incluye: Attac. España (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), OXFAM Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Plataforma 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES (Investigación y Renovación Escolar), Rosa Sensat y Yo Estudié en la Pública, Ciudadan@s en defensa de la Escuela Pública, Sindicato de Estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino, Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado, Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras , Confederación Stes-intersindical, Sindicato de Enseñanza de Madrid de la CGT, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, y otros colectivos en representación del mundo de la educación.

Estas organizaciones quieren dejar claro que solo son medidas con carácter de urgencia para que entren en vigor el curso 2016/17 que comenzará en un mes. No son propuestas para reformar a la carrera la LOMCE con cuatro retoques. Luego tendrá que venir la elaboración de una nueva ley que sustituya la actual ley con la participación y el debate con toda la comunidad educativa. La LOMCE debe de ser derogada, tal y como se comprometieron la mayoría de los partidos políticos y pide la comunidad educativa, y ser sustituida por un marco legal con vocación de continuidad en el futuro. La profesora Rodríguez concluye que “una educación democrática siempre debe ser consecuencia de una acuerdo social y político que dará estabilidad al sistema educativo. Nuestro principal objetivo es derogar la LOMCE, pero para ello necesitamos tiempos de acción parlamentaria”. Ahora se trata de parar los destrozos.

Intervención de Asamblea Marea Verde en el Congreso con los Partidos Políticos (28-04-2016)

El 28 de abril Asamblea Marea Verde presentó el Documento para una Nueva Ley de Educación a los partidos del Congreso de los Diputados. Tras la intervención de l@s ponentes se estableció un debate donde más colectivos y personas a título individual mostraron las principales preocupaciones y exigencias para la educación pública. Se pidió que estos encuentros tuvieran una continuidad, antes y después de las elecciones así como el compromiso nuevamente de derogar la ley y que este documento que cuenta con amplios consensos pueda ser punto de partida para la elaboración de la nueva Ley Educativa.

Intervención en el Congreso con los Partidos Políticos

Pertenezco a la Asamblea Marea Verde, un espacio de coordinación y movilización, donde preocupadas por las consecuencias de los recortes para la educación pública, y la situación a la que se ven abocadas nuestras niñas/niños y jóvenes, planteamos hace tiempo la educación que queremos en un espacio de coordinación estatal en las MareasxLaEducaciónPública y colaboramos, en este documento que hoy os presentamos.

Nuestra premisa no puede ser otra que el Derecho a la Educación es un Derecho Universal y debe ser garantizado y preservado por los Poderes Públicos, y la sociedad en su conjunto. Por ello la política educativa es cosa de tod@s es “una política pública, y debe ser “discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía”.  Por ello ahora el reto más importante a la hora de redactar un Proyecto de Ley, es desbordar una concepción restringida y rígida, y construir entre tod@s y para tod@s una nueva Ley Educativa, de manera que derive en una actividad colectiva,  abierta a la participación desde su concepción, que aborde su elaboración desde el cuestionamiento crítico del estado actual de la Educación.

Desde La Marea Verde entendemos que la estabilidad de la ley será posible si se habilitan vías para la participación de la sociedad y la comunidad educativa, para adaptarla de una manera realista, flexible y democrática a las micro-realidades sociales, culturales, ambientales, territoriales y se dota a la ley de mecanismos para ello.

Asimismo, deberá estar centrado en el alumno/a y su educación integral, desde una óptica radicalmente democrática. Una ley que no favorezca idearios particulares, intereses especulativos, o la financiación, con presupuesto público de modelos segregadores, bien al contrario sus principios deben ser guiados por los ideales inspiradores de nuestra Carta Constitucional, y recogidos en la Legislación Internacional, Declaración de derechos humanos y de la Infancia: igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad, antiautoritarismo y coeducación.

Pero sólo puede avanzarse en unas condiciones dignas, y por ello es preciso la derogación normativa de las leyes y normas que respaldan las políticas de recortes y las que segregan al alumnado, para lo cual proponemos y pedimos vuestro compromiso y el compromiso de todos y todas por mejorarlo.

El derecho a la Educación de los niños, niñas y jóvenes, como derecho universal y servicio público debe ser garantizado por una financiación presupuestaria mínima y sin techo. Además ejercido en igualdad, por lo que la educación debe ser gratuita, con sistema educativo garantizado por una red de centros públicos, así como la eliminación progresiva de los conciertos[i] educativos.

Entendemos que el sistema educativo debe compensar las desigualdades y que la finalidad de la Educación ha de ser el desarrollo integral de la persona a través de todas las inteligencias y capacidades individuales y colectivas frente al actual modelo mercantilista. Con desarrollos normativos y dotación presupuestaria  que permitan la gratuidad también de los materiales en todas las etapas educativas, becas, transporte y comedor, teniendo especial relevancia en el contexto rural.

Desde la Marea Verde afirmamos que la educación es la herramienta de futuro para una mejor convivencia, por ello hoy queremos recordar a las mujeres asesinadas, a las víctimas del maltrato y la violencia, y que además de los medios para acabar de forma imperativa con esta lacra os recordamos, que un verdadero cambio comienza por eliminar la concepción patriarcal del currículum y de las prácticas educativas. Una nueva ley educativa debe ser inclusiva y favorecer el empoderamiento de las personas, independientemente de su género y que fomente el respeto de las múltiples identidades sexuales.

Por ello entendemos que la educación debe ser inclusiva, lejos del adoctrinamiento. Un sistema educativo que construya valores como el respeto a la diferencia y a la no discriminación, el espíritu crítico, la paz activa, la justicia social, la defensa del medio ambiente, la promoción de la salud y el valor de la interculturalidad. Inclusividad que sirva para organizar el currículum, el centro, con el fin del éxito escolar de todo el alumnado, que atienda a la diversidad y  que tenga en cuenta el carácter plurinacional y pluricultural del Estado.

Con un currículo sin idearios particulares y centros que deben tener un carácter laico[ii] donde se respete la libertad de conciencia y se eduque sin dogmas. Queremos una educación racional e integral que elimine el adoctrinamiento a través del currículo escolar. Por una educación, científica, humanística, artística y creativa.

MEDIDAS URGENTES:

1. Paralización de las pruebas de evaluación externa en todas las etapas, eliminarlas para la condición de titulación en ESO y Bachillerato.  Titulación única para la educación obligatoria.
2. Incremento del PIB dedicado a educación e invertir de forma preferente en la educación pública hasta subsanar los déficits derivados de recortes en la educación pública. (Financiación garantizada constitucionalmente del 7% del PIB como suelo de la inversión educativa para una gratuidad real de la enseñanza.)
3. Cubrir todas las necesidades escolares de 0 a 6, Inclusión de la etapa infantil, íntegra (o-6)  como parte del sistema educativo.; Infantil, primaria y secundaria: rebajar ratio por aula y centro; ampliar personal, apoyos,  refuerzo desdobles y atención a la diversidad.
4. Recuperar los recursos y plantillas en los centros públicos anteriores a la política de recortes.
5. Recuperar la democracia en los centros: devolver el poder de decisión a los Consejos Escolares y Claustros. (La nueva Ley debe profundizar en la democratización, la participación y la transparencia.).
6. Aumento de la cuantía de las becas, No a pago de tasas, cheques guardería o rebaja de impuestos, sino que abogamos por la gratuidad, y en caso de gastos, la cantidad sea equitativa, según capacidad adquisitiva de las familias.
7. Recuperación de la formación presencial del profesorado, adecuándola a las necesidades reales.
8. Dejar sin aplicación el valor académico que la LOMCE da a la asignatura de religión.
9. Recuperar las horas de enseñanzas artísticas, en el currículo y ampliar la oferta pública de unidades de Escuelas de Artes  y Conservatorios.
10. Iniciar, con plazos concretos, el proceso de debate de una nueva ley educativa, inclusiva, participativa y democrática.

(Nos preocupan los plazos, estos son cortos en la vida de un estudiante, de los niños y niñas, sus ciclos vitales y escolares  no coinciden con los ciclos políticos)

Desde la Marea por la Educación Pública, desde la Marea Verde, ponemos en valor años de movilizaciones, de acciones, de resistencia activa…, estamos expectantes, esperamos vuestras respuesta como representantes políticos, queremos un cambio legislativo y apelamos a vuestra capacidad para llevarlo a cabo.

Solo deciros que estamos en las calles, en las plazas, estamos mirando cada uno de vuestros gestos, y queremos que deroguéis esta nefasta ley, la LOMCE, y queremos que escribamos juntos otro futuro para nuestro país invirtiendo en el mayor tesoro que tenemos en nuestras aulas, en nuestras manos: estudiantes que serán los futuros ciudadanos y ciudadanas .

Por ello queremos otra ley educativa, de futuro y de progreso. Porque es posible, Porque creemos firmemente en las razones que nos han lanzado a las calles y ahora es vuestra responsabilidad, pero también sigue siendo la nuestra.

Múltiples campañas están en marcha contra las pruebas externas y ya hay convocados paros parciales en Andalucía, está reciente la huelga de estudiantes, y diversos Movimientos apoyamos las campañas de escolarización para la matriculación en la escuela pública.

Es especialmente vergonzante cómo la trama púnica tiene su deriva en una trama púnica educativa, teniendo como consecuencia directa situaciones delirantes, como por ejemplo, que un instituto público en Madrid no pueda seguir construyéndose y sus alumnos no tienen aulas ni infraestructuras cuando se ha derrochado y se ha regalado dinero público para centros privados de una forma presuntamente corrupta. Queremos que se tomen medidas y se solucionen los problemas.

Muchas gracias por la oportunidad que nos brindáis, esperamos que no sea la última y que junt@s construyamos la ley educativa que merece nuestra ciudadanía.

Texto con la intervención (versión para imprimir) AQUÍ.

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Desde Mareas por la Pública queremos resaltar los valores que que están en este documento y que consideramos prioritarios.

http://porotrapoliticaeducativa.org/

Mareas por la Educación Pública: Carta por la educación pública:
http://mareaverdemadrid.blogspot.com.es/2015/09/carta-por-la-educacion-publica-mareas.html

https://drive.google.com/file/d/0B5KJBZiP4HZbUkg4NW5vWkYtVjA/view

La educación es un derecho desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida, basada en los principios de igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad, antiautoritarismo, coeducación.

Este derecho a la Educación de los niños, niñas y jóvenes, como derecho universal y un servicio público debe ser garantizado por una financiación presupuestaria mínima y sin techo. Además ejercido en igualdad, por lo que la educación debe ser gratuita, y garantizada por una red de centros de titularidad y gestión pública.

COLECTIVOS Y ORGANIZACIONES sociales, sindicales y políticas que han contribuido a la elaboración del “Documento de bases para una nueva Ley de Educación” y debatido en el “Encuentro social de debate por una nueva Ley Educativa”.

Colectivos Sociales Amesti Educació (Associació de Mestres Grup de Treball per la Infancia), Asamblea Marea Verde Madrid, Colectivo Infancia, Foro de Sevilla, Junta de Portavoces de educación infantil, Proyecto Romay Stop Ley Wert/La educación que nos une, incluye: %Attac. España (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana), OXFAM Intermón, Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, Europa Laica, Plataforma 0-6, Ecologistas en Acción, Foro Mundial de Educación, Juventud Sin Futuro, Red IRES (Investigación y Renovación Escolar), Rosa Sensat, Yo Estudié en la Pública, Plataforma Crida de las Illes Balears (formada por madres, padres, estudiantes y profesorado).

Sindicatos de Estudiantes

Sindicato de estudiantes, Federación de estudiantes progresistas del Estado y Colectivo Estudiantil Salmantino.

Asociaciones de Madres y Padres

Confederación Española de Padres y Madres del Alumnado.

Organizaciones Sindicales

Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras , Confederación Stes-intersindical y CGT Madrid

Partidos Políticos

Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida y Podemos

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[i] CONCIERTOS

En España la desigualdad socio-económica se expresa, entre otras de sus manifestaciones, en el carácter dual del sistema existente, que está formado por los subsistemas público y privado. El problema, esencialmente, no reside en que exista un subsistema privado, sino en el hecho de que representa una tercera parte del sistema no universitario (un 31,7% del alumnado), tres veces más que la media de la UE, y porque un 80.1% del mismo es concertado, es decir, financiado con recursos públicos, con ventajas fiscales y reforzado en algunas Comunidades Autónomas a través de cheques escolares. Hay una representación muy desigual de centros concertados por Comunidades

Autónomas, que oscila desde el 4% hasta el 40%. El tratamiento de los problemas que se plantean en este sector se complica porque la mayor parte del mismo pertenece a la Iglesia Católica, lo que, debido a los pactos entre el Estado y la Iglesia, el incumplimiento de las cláusulas de los conciertos (falta de gratuidad, selección del alumnado, separación por sexos...) y el hecho de que se refuerce un ideario confesional, se convierten en un problema institucional de primer orden. Se incumple el principio de igualdad porque genera dos subsistemas desiguales en función de la procedencia social del alumnado que asiste a uno u otro. Por otro lado, se atenta contra la libertad de conciencia cuando se requiere la aceptación de un ideario como condición para la entrada en alguno de esos centros privados que están subvencionados con fondos públicos, teniendo en cuenta que el ideario deesos centros difunde contenidos en contra de la propia Constitución Española y los derechos universales, ya que la Conferencia Episcopal declara públicamente sus dudas sobre el papel de la mujer en la sociedad y su equiparación de derechos respecto al hombre, o la descalificación pública de las personas con orientación sexual distinta a la heterosexual.

La libertad de elección de las familias, argumento esgrimido para su defensa, es una opción que genera desigualdad y hurta el derecho de alumnos y alumnas al ejercicio de su libertad.

Concreciones y propuestas.

- El Estado no puede desempeñar un papel subsidiario con respecto a la iniciativa privada en la escolarización.

- Establecer controles para impedir las desviaciones que se han producido en el régimen de conciertos: por la falta de gratuidad, haciendo negocio en centros financiados con recursos públicos, o los centros que adoptan prácticas de segregación del alumnado por sexos y de selección por nivel académico, etnia y religión.

- Auditoría de la escuela privada y pública, establecer mayores controles sociales y democráticos en los conciertos y en los procesos de escolarización y exigir más transparencia en el funcionamiento de los centros.

- Denunciar y evitar los procesos de privatización: uso de suelo público para centros privados, licitación y gestión privada de las escuelas infantiles, externalización de servicios públicos...

- No puede existir ideario alguno en los centros educativos que atente contra los Derechos Humanos, centros que deben tener un carácter laico donde se respete la libertad de conciencia y se eduque sin dogmas. Queremos una educación racional e integral que elimine el adoctrinamiento a través del currículo escolar.

- Hay que denunciar el concordato firmado entre el Gobierno Español y el Vaticano como paso previo a la eliminación de estos idearios religiosos, de la asignatura de Religión en la escuela y de los actos y la simbología religiosa de los centros escolares, una reminiscencia franquista impropia de un Estado aconfesional.

- Reapertura de aulas e infraestructuras cerradas, planificación de nuevas construcciones y plan de recuperación y restauración de las infraestructuras existentes.

- Creación de una red única de centros (a partir de los 0 años) de titularidad y gestión pública que, progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre los centros privados concertados. Entretanto, y de forma inmediata, se obligará a los centros privados concertados a que se cumpla la gratuidad total.

Asimismo, hay que suprimir los conciertos en aquellos centros que practiquen cualquier tipo de discriminación.

- Impedir que haya ampliación económica para el capítulo de conciertos, de tal forma que no se aumenten los conciertos, ni las plazas en la privada concertada, ni el precio de los módulos.

[ii] SISTEMA EDUCATIVO LAICO

Un sistema educativo laico sin idearios particulares El carácter laico debe respetarse en el conjunto del sistema educativo. A las Administraciones educativas corresponde preservar el marco escolar común frente a cualquier tipo de discriminación o de segregación en su seno e impedir la injerencia de intereses particulares, tanto materiales como ideológicos, como es el adoctrinamiento y el proselitismo confesional, en tanto que son contrarios al respeto del derecho universal, a la libertad de conciencia, de pensamiento y expresión. Los centros escolares no deben ser, en ningún momento, un lugar de exclusión y discriminación. Niños y niñas no deben ser separados en función de las creencias o convicciones de las familias. En consecuencia, la religión, en sus formas confesionales, debe salir del currículo y del ámbito escolar. Una exigencia que debe extenderse al conjunto de la enseñanza regulada oficialmente, pero con mayor motivo a la de titularidad pública o financiada con fondos públicos.

Ha de prevalecer, por encima de todo, “el interés superior del niño”, frente a la invocación de cualquier otro interés privado, incluso el de las propias familias. Porque así se recoge en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y en la posterior Convención de 1989 que sostiene que “los Estados respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”, obviamente conculcado cuando, sin tener desarrollada su autonomía, se ve sometido a un adoctrinamiento religioso o de cualquier otra naturaleza.